De las personas mayores de edad que viven con VIH, solo dos de cada 10 tienen acceso a un puesto de trabajo en el que gozan de los beneficios de ley, como seguro social y pensión. Al resto, le toca fabricar su propio espacio para percibir ingresos. Este es un cruce en el que el estigma y la discriminación aún pesan.

La barrera entre el empleo formal y el VIH

Un reportaje de Glenda Girón

Fotografías de Archivo

Fotografía de Archivo

Aquella noche, el VIH le salvó la vida. Mario pudo haber salido a las calles a buscar clientes junto a Katherine y Tania. A eso se dedicaba. Pero declinó, porque al siguiente día debía estar a las 6 de la mañana en el hospital para pasar consulta y recoger sus antirretrovirales. Era 2009, 8 de junio.

Mario fue a su cita. Le dieron sus medicamentos. Casi al mismo tiempo en que él dejaba el hospital, el cadáver de Katherine (Samuel Flores, de 17 años) era hallado a la orilla de la avenida Jerusalén, entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán, en la finca en donde ahora funciona el parque Bicentenario. Su cuerpo estaba muy dañado, murió por golpes y asfixia. A Tania (Cristian Ardón, de 24 años), la encontraron siete días después, en las profundidades de la misma finca. Su cadáver también era una enumeración de violencias. Tras una larga agonía, la mataron los golpes en la cabeza.

Mario tenía en ese momento 23 años. Ya llevaba seis viviendo con su diagnóstico. Veló a sus amigas. Las lloró. Pero no dejó las calles. No pudo. No tenía alternativa, pese a que las amenazas eran constantes.

“Nos tiraban los carros queriendo atropellarnos. Seguido nos pasaba que acabábamos puros monitos colgándonos de los palos”. Cuenta Mario entre risas que solo se entienden en la lógica de quien sobrevivió a los disparos desde carros en movimiento. “Nos tirábamos al suelo, donde fuera nos metíamos con tal de que no nos mataran”. Después de los ataques, siempre tocaba seguir trabajando.

Al final era eso: una forma de obtener ingresos en un país con débiles instituciones de protección social y con alto grado de intolerancia a la diversidad sexual. A Mario le tocó verse solo en las calles desde que tenía 12 años, cuando su familia lo echó de su casa en el interior del país porque “le gustaban los hombres”. Vino a San Salvador y durmió entre los huecos de la infraestructura del Centro Histórico. En aceras, bajo pasos a desnivel, en la oscuridad y el frío, sus compañeros eran otros adolescentes en situación de vulnerabilidad.
“Una amiga que conocí en la calle me dijo que ella me daba ropa, que así podía dejar de dormir con los piperos y huelepegas porque ahí no iba a durar mucho”; y comenzó en una ocupación que cinco años después, con 17 cumplidos, lo colocó de frente a una prueba de VIH que dio reactiva.

“Me dijo la enfermera ‘aquí lo que pasa es que usted tiene sida y le quedan tres meses de vida’, y ya, nada más”. Ese diagnóstico no sacó a Mario del trabajo sexual.

Era 2003, él no tenía estudios ni familia. Y el sistema de salud pública recibía apoyo de instituciones internacionales para no faltar en la entrega gratuita de medicamentos. Pero para cambiar su forma de vida, Mario requería más que eso.

Hoy, la entrega de medicamentos se mantiene gratuita y la hace el Ministerio de Salud, que atiende también a los beneficiados de Bienestar Magisterial (docentes) y a los de la Fuerza Armada. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por su parte, brinda servicio a los empleados públicos y privados que cotizan. La ayuda internacional se ha reducido según lo pactado. En este momento, de acuerdo con Ana Nieto, directora del Programa Nacional ITS/VIH-sida del Ministerio de Salud, el Estado asume en su totalidad los costos de los antirretrovirales. El apoyo del Fondo Mundial todavía representa un 60 % de la inversión que se hace en reactivos para hacer las pruebas. El principal reto del abordaje va más allá de lo que se puede hacer solo desde el sector sanitario. El estigma y la discriminación todavía interfieren en la calidad de vida de las personas con VIH.

En El Salvador, hasta 2017, había 17,940 personas viviendo con VIH, de acuerdo con los datos más recientes publicados por el Programa Nacional ITS/VIH-sida. Entre estas personas había 6,999 mujeres y 10,941 hombres. El VIH se concentra entre personas que van de los 19 a los 39 años. Es decir, en edad económicamente activa.

“No hay documentos o investigaciones que crucen el VIH con el acceso a empleo formal. La mayoría de personas con este diagnóstico se dedican al trabajo informal”, explica William Hernández, de la organización no gubernamental Entre Amigos.

El informal puede llegar a ser un empleo de precariedad y riesgo físico en El Salvador. “Lo primero que hay que ver es que si la persona no tiene garantizada la alimentación, tampoco va a poder ser adherente a un tratamiento que requiere disciplina. Sin fuente de ingresos hay un deterioro veloz que no depende solo de los medicamentos”, señala Hernández.

Para un plato de comida y un cuarto era justo para lo que daba el trabajo en la calle por el que Mario se arriesgaba a ser víctima de violencias. Cuando había suerte, podía darse un lujo, que no era otro que la posibilidad de guardar $1, a veces, hasta $2. Una práctica que acabó siendo fundamental para él.

Hace casi 10 años, Katherine y Tania fueron secuestradas y asesinadas con brutalidad por gente que se hizo pasar por clientes. Ellas pensaban que les iban a pagar por un servicio y acabaron matándolas. Mario tenía 23 años y estaba en esa misma dinámica del trabajo sexual porque en el sistema laboral no tenía cabida. Abandonado por su familia a los 12 años, no pudo terminar ni la educación básica. Para poner un negocio que diera suficiente para pagar comida y techo, necesitaba al menos un capital semilla para invertir y no calificaba para préstamos. Diez años después de este periplo de Mario, la situación de acceso a empleos formales no ha cambiado demasiado.

La cantidad de personas que vive con VIH y está afiliada al Instituto Salvadoreño de del Seguro Social fluctúa entre 2,300 y 2,800, de acuerdo con Ana Nieto, directora del Programa Nacional ITS/VIH-sida. En otras palabras, cuanto mucho, el 22 % de personas mayores de edad que viven con VIH tiene un empleo formal con beneficios sociales, como seguro y pensión por vejez o invalidez. Esta cifra es inestable, porque –al margen de las campañas de sensibilización en políticas de VIH en las que están inscritas cerca de 120 empresas privadas– cuando alguien conoce su diagnóstico mientras goza de empleo, su vulnerabilidad aumenta.

“Sabemos de casos de fuga de información sobre el diagnóstico en la empresa o en la institución en la que trabaja la persona con VIH. En esos casos, las personas no son despedidas, pero son obligadas a laborar en un ambiente hostil para que acaben renunciando”, explica Nieto.

El Ministerio de Trabajo conoció ocho denuncias por discriminación a causa de VIH en 2017. Se dice conoció, porque no siguieron el proceso y tampoco fueron colocadas en esta cartera de Estado. “La gente no denuncia por temor a que se tomen represalias. No es solo que no hay cultura de denuncia, es que la gente todavía se siente desprotegida si lo hace”, explica Roxana Martínez, educadora de Fundasida.

Tener un empleo fijo ha llegado a convertirse en un privilegio, algo a lo que pocas personas con VIH acceden. Y no solo es necesario desde el punto de vista económico, sino que también tiene un poder terapéutico. “No hay ninguna duda de que la gente que lleva su diagnóstico y a la par tiene un trabajo está física y emocionalmente en mejor condición, no se enferma”, ilustra Hernández, quien al frente de la Asociación Entre Amigos reconoce que de los 34 empleados, “dos o tres viven con VIH”.

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Mario parece un ejemplo de esta relación entre trabajo y salud. El guardadito que fue dejando se transformó en $20. Y ese dinero se convirtió en una puerta. Fue la oportunidad que aprovechó y que ahora, una tarde de viernes, lo tiene hablando desde la cima de su propio éxito.

En 2003, tras recibir el resultado de la prueba que dio positivo, Mario empezó a integrarse en algo más que solo recibir el medicamento. La estrategia de Salud comenzó a hacer eco de la urgencia de enfrentar el VIH en colectivo. “Los grupos de apoyo se crearon porque la gente necesitaba un espacio para hablar. A partir de ahí fueron evolucionando y ahora se han convertido en grupos interdisciplinarios, pero el punto inicial fue que la gente quería un espacio para sentirse en confianza y compartir con otros en condiciones similares; esto porque siempre ha existido el estigma”, explica Roxana Arias, de Fundasida.

Esos grupos ahora sirven para más que el desahogo. Ahí se habla de adherencia al medicamento, de disciplina, pero también de dietas y de emprender negocios. “Se comparte conocimiento; si alguien sabe hacer donas, entonces un día lo explica y es conocimiento que ya es de todos. Se le muestra a la gente cómo crear sus propias alternativas de ingresos”, continúa Arias, con la certeza de que muy pocos pueden obtener ingresos de otra manera que no sea un espacio hecho a medida.

En uno de esos grupos, Mario conoció a una amiga que también vivía con VIH y que tenía un puesto callejero de accesorios para celulares en el centro de San Salvador y le cedió un espacio. Mario, con el primer guardadido compró un paquete de calcetines y un paquete de tangas: los calcetines a dos coras y las tangas a dólar. En esa transición entre el trabajo sexual y el comercio informal, había noches en las que Mario no podía pagar el cuarto ni las comidas completas. Comía una vez en el día y, para dormir ocupaba el puesto de su amiga. Aun así, obtuvo ganancias con las que siguió alimentando el guardadito para comprar más calcetines y más tangas.

Los grupos de apoyo se convirtieron en norma. Ahora tiene que haber uno funcionando en cada hospital en donde se entrega terapia antirretroviral. Y se han levantado también como una de esas contadas oportunidades de empleo formal para personas con VIH, ya que al menos uno de los que integra el comité interdisciplinario debe vivir con este diagnóstico. Francisco Ortiz, director de Fundasida cree que esto abona a que los recién llegados tengan más confianza y se aferren más rápido a la idea de que el VIH no es una condena mortal, si se cumplen los protocolos.

Mario ya no está en las calles. Las dejó hace rato. Ya tampoco vende calcetines ni tangas ni nada que tenga que ver con ropa. Ahora empieza jornada a las 6 de la mañana y la termina entrada la noche. Tiene una plancha para hacer pupusas y varios carretones de minutas. Su negocio ofrece desayuno, almuerzo, cena y emplea a otras seis personas que conocen su diagnóstico y no lo discriminan. “A veces me dicen que no me creen que yo tengo ‘eso’; así, dicen que, aunque tenga ‘eso’, yo me veo más fuerte que ellos”, cuenta. Su carga viral, de hecho, es indetectable. Esto se alcanza con una adherencia religiosa al medicamento y a todas las recomendaciones. Mario mira hacia atrás y se siente satisfecho. Su lucha, sin embargo, sigue siendo una entre miles.

El informal puede llegar a ser un empleo de precariedad y riesgo físico en El Salvador. “Lo primero que hay que ver es si la persona no tiene garantizada la alimentación, tampoco va a poder ser adherente a un tratamiento que requiere disciplina. Sin fuente de ingresos hay un deterioro veloz que no depende solo de los medicamentos”, señala Hernández.

Roxana Arias cuenta que en los grupos y en las orientaciones se recomienda que las personas con VIH no elijan como negocio de subsistencia uno relacionado con comida. “Lamentablemente, hay gente que todavía piensa que el virus se puede transmitir por la manipulación de alimentos”.

Mario confirma que en el negocio que fundó de la nada, él se dedica a preparar los materiales como la masa y los frijoles de las pupusas, pero a escondidas, sin que los posibles comensales lo vean: “Por ese tipo de cosas, cuando ya abrimos, me quedo solo en caja, cobrando, así nadie dice nada ni piensa que si me hiero los voy a ‘contagiar’”.
A Ana Nieto este tipo de discriminación no le suena distante. Es la razón por la que en las empresas hay un trato hostil cuando se filtra que alguien vive con el virus. Lo alejan, no comparten mesa ni áreas comunes, como cafetería. “Las capacitaciones que vamos dando en empresas hablan sobre prevención de la transmisión, pero hace falta trabajo en que no se les discrimine”.

El Salvador recibe cada vez menos apoyo internacional para atender el VIH. Ana Nieto, desde la oficina del Programa Nacional que dirige, asegura que como país se ha cumplido con cada obligación y que la muestra es estable con acceso a medicamentos. Desde las ONG, sin embargo, se apunta hacia el vacío que hay en la eliminación de la discriminación y en el involucramiento de otras instituciones aparte del Ministerio de Salud, como los ministerios de Educación y de Trabajo. “Solo se está tomando en cuenta que la gente ya no se muere de sida y, claro, no se muere de esto, pero sí de hambre, porque a alguien que no tenga habilidades para comerciante, ¿qué le queda?”, pregunta Ortiz, de Fundasida.

Mario se sabe en una cumbre. Y sabe que, después, viene la bajada. No se atreve a calcular por cuánto tiempo más tendrá fuerzas para seguir al frente del negocio. Al margen del VIH, la vejez llegará y él no tendrá pensión. “Tengo una cuenta en el banco en la que voy depositando el guardadito, pero sé que si me sale una emergencia, voy a tener que agarrar de ahí; los antirretrovirales me los dan en el hospital, pero, a veces, tengo que comprar algún antibiótico que no tienen y en eso se gasta”. Hacia el frente, la angustia.

 


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