El escritor Sergio Ramírez también tiene un pasado político. Conoce de cerca a Daniel Ortega, el dictador que se niega a abandonar el poder en una Nicaragua reprimida. Fue su compañero de fórmula como vicepresidente de la república entre 1985 y 1990, pero hoy es un crítico del orteguismo. En esta entrevista habla sobre la crisis en su país y la opacidad de la democracia sin medios de comunicación que ejerzan su labor con libertad. También se refiere a las expectativas que desde afuera se tienen sobre El Salvador y su nuevo gobierno.

Donde el régimen de Ortega no ha podido penetrar es en los medios

Una entrevista de Stanley Luna

Fotografías de Archivo

Sergio Ramírez, escritor
Sergio Ramírez, escritor

Sergio Ramírez llegó a un salón del piso 15 de un hotel de San José, Costa Rica. Era la mañana del viernes 17 de mayo, el último día del Festival Centroamérica Cuenta, celebrado desde 2012. Al fondo casas y edificios, pero más al fondo, cubierta de nubes, la Cordillera Volcánica Central, que atraviesa 80 kilómetros de este país.

No es casualidad que el festival, que siempre se realizó en Nicaragua y es organizado por un equipo al que pertenece Ramírez, tuviera como sede para 2019 Costa Rica. El año pasado, la sexta edición fue suspendida por la crisis política nicaragüense que estalló el 18 de abril, pero esto no calló a las letras. La nueva edición del festival fue paralela a la Feria Internacional del Libro de San José, y como por costumbre, volvió a juntar en una semana a escritores, periodistas y académicos.

Ramírez es un escritor de 76 años con una vasta trayectoria literaria. Se ha agenciado prestigiosos premios otorgados a escritores en lengua española, como el Premio Internacional de Novela Alfaguara (1998), Premio Casa de las Américas (2000) y el Premio Cervantes (2017).

También tiene un pasado político. En 1977, en este país donde atendió la entrevista, comenzó a encabezar el Grupo de los Doce, como una respuesta contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, el último Somoza que gobernó Nicaragua hasta julio de 1979 y quien se fue del país con el triunfo de la revolución sandinista. El grupo estaba integrado por empresarios, intelectuales y sacerdotes, y era apoyado por el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), del cual él ya es disidente.

Ramírez conoce de cerca a Ortega. Junto con él y otros cuatro nicaragüenses conformaron en 1979 un gobierno transitorio llamado la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que tenía como misión reconstruir a una Nicaragua que había atravesado una dictadura de casi medio siglo. Y de 1985 a 1990 fue su compañero de fórmula, como vicepresidente de la república.

«Son dos etapas muy diferentes», precisó al consultarle sobre cómo ve a la Nicaragua gobernada por el mismo presidente en dos periodos marcados por 16 años de diferencia. Para él, desde que Ortega volvió al poder en 2006, intentó contentar a la población con donativos y «paliativos» por medio de la cooperación venezolana y el dinero del petróleo proveniente de Venezuela, y logró, además, un pacto con la empresa privada y cierto grado de estabilidad política y económica.

Ramírez consideró al gobierno orteguista un «caudillismo cualquiera», además de neoliberal. Un gobierno que pensó que a causa de sus acciones, la población no iba a percibir la ausencia de democracia, ni la falta de libertades públicas, que no iba a registrar las crecientes agresiones contra los movimientos populares y el «candado» contra las universidades estatales para que los estudiantes no se movilizaran. Antes de este escenario, dijo Ramírez, faltaban «pocas chispas» para que todo estallara.

La investigación periodística #Petrofraude, realizada por CONNECTAS en alianza con cinco medios de comunicación, incluido LA PRENSA GRÁFICA, reveló que Nicaragua es el país más beneficiado con Petrocaribe, una alianza petrolera con 14 países afines a Venezuela, creada por Hugo Chávez en 2005.

Tras analizar documentos y consultar diversas fuentes, el equipo de periodistas estableció que bajo un esquema de compensación –que consistía en exportar productos alimenticios a cambio de petróleo–, Nicaragua recibió hasta junio de 2018 más de $3 millones en préstamos petroleros y exportó productos que representaron casi el 80 % de los montos en ese mecanismo, a través de ALBA Alimentos de Nicaragua (Albalinisa). Esto, según los hallazgos, hizo que Ortega sostuviera buenas relaciones con organizaciones agropecuarias vinculas al FSLN, con empresarios locales agroindustriales y centroamericanos.

Ya cuáles son los alcances de la democracia (en El Salvador), si la democracia produce bienestar social, si produce justicia, si produce equilibrios sociales, si la democracia es capaz de acabar con esta realidad oscura de las pandillas juveniles, de la corrupción, del narcotráfico. Eso depende la habilidad del gobernante.

El detonante de la crisis, la polémica reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, incluía el aumento de la tasa de contribución de los trabajadores y empleados. La más cuestionada: los jubilados tendrían que aportar el 5 % del dinero que recibieran de pensión.

Días antes del estallido de la crisis, los jóvenes también habían protestado, recordó Ramírez, en referencia a las acciones que tomaron debido al incendio Reserva Biológica Indio Maíz, que acrecentó el malestar social. Ese incendio no fue atendido de inmediato por el Gobierno y duró 10 días. Arrasó más de 5,000 hectáreas. Los jóvenes, dijo Ramírez, le reclamaron al orteguismo por la pasividad para proteger las áreas forestales en riesgo.

«Estos fueron simplemente detonantes de un malestar muy grande que había, sobre todo, en los jóvenes», sostuvo. Agregó que las nuevas generaciones en Nicaragua están repitiendo en 2019 el itinerario de la resistencia del año pasado, ya que conmemoran los «hitos» de las movilizaciones que comenzaron en abril. Esto lo consideró importante, porque la gente se motiva a continuar con la lucha.

Sergio Ramírez, escritor

El 30 de mayo pasado, por ejemplo, se celebró una misa en la catedral de Managua para conmemorar el asesinato de 19 jóvenes a manos de policías y paramilitares en la llamada «Madre de todas las marchas», la mayor marcha realizada en Nicaragua contra la dictadura Ortega-Murillo desde que comenzó la crisis y que fue convocada por madres que hasta entonces habían perdido a sus hijos.

Desde el 28 de septiembre de 2018 las marchas fueron ilegales, lo que viola el derecho constitucional de las manifestaciones pacíficas. Ramírez opinó que desde entonces ha habido «prudencia en la lucha», ya que la gente quiere prevenir más daños, pero eso no significa que esta lucha esté enterrada. Sin embargo, según el escritor, al haber oportunidad de salir a las calles, la gente lo hará y por miles.

A pesar de la represión, los nicaragüenses comenzaron el uso de una serie de códigos para protestar, como lanzar globos azules y blancos a las calles, los colores de la bandera del país; y en el caso de las mujeres, y algunos hombres, a pintarse los labios con labial rojo. Esto es conocido como «pico rojo» y se hizo famoso en octubre del año pasado, cuando Marlen Chow, una socióloga organizada, se pintó de labial rojo los labios en señal de protesta dentro de la cárcel El Chipotle, donde ella y otras 37 personas fueron llevadas por exigirle al Gobierno que liberara a los presos políticos.

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Medios sin trabas ni cortapisas

El Gobierno y la Alianza Cívica –conformada por estudiantes, agricultores, ambientalistas y empresarios– negociaron en marzo pasado la liberación de los presos políticos. Ortega incumplió la promesa de liberarlos en mayo y el 11 de junio sacó de la cárcel a 54, tres días después que la Asamblea Nacional aprobó una propuesta exprés de Ley de Amnistía que perdonaba las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis.

La Alianza Cívica denunció que todavía falta por libertar a otros 89 presos. El plazo consensuado para hacerlo venció el pasado martes. Sin embargo, un mes antes de estos hechos, Ramírez señaló que las únicas armas de la Alianza Cívica eran la moral y la ética, y si el orteguismo no cumplía con lo que acordó, tocaría seguir presionando. Las negociaciones nunca son fáciles, dijo, más si se trata de un régimen que quiere dilatarlas hasta 2021 –el año de las elecciones– porque no quiere abandonar el poder, sino realizar comicios amañados. Mientras que a la comunidad internacional le compete estar vigilante de lo ocurra en Nicaragua.

Por otra parte, agregó, existe una población desencantada que ya no respalda la fórmula de Ortega-Murillo, sino que quiere ver elecciones libres, presos políticos liberados, el regreso de los nicaragüenses exiliados y el funcionamiento de los medios de comunicación «sin trabas ni cortapisas».

La noche del 13 de diciembre, la policía entró a la fuerza a las instalaciones del periódico El Confidencial, donde también eran producidos los programas «Esta noche» y «Esta semana», medios críticos del régimen dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro. Los policías incautaron computadoras y equipos a periodistas.

«Saquearon nuestra redacción. Un ataque brutal contra la libertad de prensa y libertad de empresa», denunció Chamorro en su cuenta de Twitter la mañana del siguiente día de los hechos. En la misma publicación hizo responsable de ello a Daniel Ortega, por ser el jefe de la policía nacional.

Sergio Ramírez, escritor

Chamorro fue a reclamar por el equipo incautado dos días después de estos hechos a la Policía Nacional de Nicaragua, ubicada en Managua, pero él y el grupo que le acompañaba fueron reprimidos. Días después, en enero, se exilió en Costa Rica.

A finales de diciembre también fueron allanadas las instalaciones del Canal 100 % y fueron detenidos Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de Información de este medio independiente. Fueron acusados de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, y liberados el pasado 11 de junio.

A estos ataques de la prensa se suman la retención de papel para las ediciones de los periódicos impresos La Prensa y El Nuevo Diario, que siguen funcionando con pocos recursos. Más los periodistas, que como Chamorro, se han ido al exilio.

«Donde el Gobierno no ha podido, el régimen no ha podido penetrar, es en los medios, en las redes sociales. Una batalla perdida. Busca cómo contrarrestar control con mentira, con redes falsas, pero ahí está la fortaleza de la difusión de noticias que el régimen quisiera no escuchar», apuntó Ramírez.

De acuerdo con el escritor, la democracia en Nicaragua sufre una amenaza muy grave, porque los medios de comunicación no están funcionando como deberían. Señaló que el hecho que de haya periodistas exiliados lanza una voz de alerta sobre la manera que los mismos medios deben fortalecer sus posibilidades de penetrar en la gente con una alternancia en las redes sociales –menos vulnerables a estos ataques–, dijo, y a acostumbrar al público a informarse con estas plataformas.

Desde que estalló la crisis en Nicaragua, las redes sociales han sido los medios desde los cuales los ciudadanos se han informado, organizado y denunciado la represión del régimen, incluidos los periodistas y académicos. Fue usual ver circulando el #SOSNicaragua en referencia a la señal de socorro. También hubo mujeres y hombres con «el pico rojo» que subían sus fotografías a redes sociales.

A inicios de julio del año pasado, hubo un video que se hizo viral. Eran dos universitarios detrás de una barricada en Managua. «Mamá, mamá, perdóname. Salí a defender mi patria. Te amo», decía una joven llorando. «Si logra ver esto, díganle que la quiero mucho, y que no me arrepiento de nada», le secundaba otro joven con la mira asustada, mientras al fondo se escuchaban gritos y disparos.

La Iglesia católica también ocupó las redes sociales para denunciar. El ex obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua Silvio José Báez lo hizo a través de un Facebook Live con 100 % Noticias, el 27 de abril. Habló, llorando, sobre las torturas a los jóvenes luego de ser capturados por el régimen de Ortega.

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La democracia en El Salvador

Sergio Ramírez, además, se refirió a la realidad salvadoreña previo a la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de la república. Sobre él dijo que «tiene una personalidad muy explosiva, muy especial», pero no tiene la posibilidad de imponer sanciones a los medios de comunicación, como en Nicaragua, o quemar radios, cerrar televisoras, exiliar o encarcelar a periodistas, porque en El Salvador funciona un sistema institucional diferente al del régimen orteguista, y si esto ocurriera, no sería tolerado por la sociedad.

Sin embargo, aclaró que nadie está conforme con que exista un choque entre el poder político del gobierno y los medios de comunicación. «Los medios de comunicación, en cualquier contexto, tienen que desarrollar libremente su misión, que es informar y ser críticos. Sin una prensa crítica no hay democracia y yo espero que el nuevo gobierno de El Salvador va a amoldarse a esta realidad», dijo.

En los primeros días de su gestión, Bukele comenzó a usar su cuenta de Twitter como el medio de comunicación unidireccional. Desde el 1.º de junio, cuando fue juramentado como presidente de la república, dio su primera orden a través de esa red. Fue a la Fuerza Armada y consistió en retirar el nombre del comandante del batallón Atlacatl, acusado de perpetrar la masacre en El Mozote, el coronel Domingo Monterrosa, del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel.

Luego siguieron otras órdenes relacionadas con despidos de familiares de funcionarios o exfuncionarios del FMLN, según Bukele, de diferentes instancias del Gobierno.

Desde afuera de El Salvador, Ramírez dijo que la expectativa de este nuevo gobierno es que la democracia funcione, que el voto popular sea respetado, como lo ha sido desde la firma de los Acuerdos de Paz. Y sostuvo que la misma elección de Bukele es un signo de funcionamiento de la democracia, porque es un tercer candidato que se ha impuesto sobre las fuerzas políticas tradicionales del país, ARENA y el FMLN.

Es una población desencantada (la nicaragüense), que no respalda más esta fórmula (Ortega-Murillo), no respalda más al régimen y quisiera ver unas elecciones verdaderamente libres, quisiera ver a los presos políticos liberados, quisiera ver el regreso de todos los exiliados, el funcionamiento, otra vez, de los medios de comunicación sin una clase de trabas o cortapisa.

Además, el escritor apuntó que él quisiera ver cada vez mejores gobernantes, pero sin los mecanismos de la democracia no se puede hablar de esto. «Ya cuáles son los alcances de la democracia (en El Salvador), si la democracia produce bienestar social, si produce justicia, si produce equilibrios sociales, si la democracia es capaz de acabar con esta realidad oscura de las pandillas juveniles, de la corrupción, del narcotráfico. Eso depende la habilidad del gobernante», señaló.

La postura de Bukele frente al problema de las pandillas es la represión. El 12 de junio, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que el mandatario le había dado la orden de reprimir la violencia, y que por su parte, el Gobierno se dedicaría a la prevención.

El pasado martes, el presidente montó una conferencia en la que anunció medidas que incluiría en el Plan de Seguridad presentado a la Asamblea Legislativa. Entre ellas, cortar la comunicación de los reos en centros penales, hacia el exterior, una medida ya implementada tras la aprobación de las medidas extraordinarias. Además, atacar a los financistas de pandillas. Ese día por la noche, subió a Twitter una fotografía donde aparecía reunido con las autoridades de Seguridad Pública y dijo que el jueves a media noche comenzaría el «Proyecto control territorial», que consiste en desplegar a policías y militares en zonas con alto índice de delincuencia.

Mientras que el jueves las autoridades decretaron estado de emergencia en los 28 centros penales del país y el viernes hubo traslado de 1,041 reos a diferentes cárceles, según informó en un comunicado de Twitter la cuenta de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Pero sobre el combate a la corrupción, hasta el momento, Bukele no ha manifestado ninguna propuesta concreta, pese a los antecedentes por corrupción que tiene el país. Hay un expresidente encarcelado por lavado de dinero (Elías Antonio Saca, 2004-2009), mientras que el primer presidente de la izquierda, Mauricio Funes, acusado de delitos de corrupción, es prófugo de la justicia y se asila en Nicaragua.

Sergio Ramírez, escritor

 


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