Una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Juan Sebastián Chamorro es el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo opositor a Daniel Ortega y Rosario Murillo que está conformado por diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Además, fue el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y fungió como viceministro de Hacienda en el periodo del expresidente Enrique Bolaños Geyer.

A finales de octubre, Chamorro estuvo en El Salvador y conversó con esta revista sobre las perspectivas de la consolidación de un oposición que pueda vencer al régimen orteguista en las próximas elecciones. Para él, estas futuras elecciones tendrían características de un plebiscito, pues será una consulta ciudadana para saber si los nicaragüenses quieren estar en democracia o seguir con una dictadura que ha dejado muertos, exiliados y cierre de medios de comunicación.

Para esta semana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentaría un informe elaborado por una comisión especial encargada de documentar lo ocurrido en este país centroamericano, sin embargo, este informe tuvo un atraso.

Con los recientes despliegues militares, los chilenos dicen que han vuelto al tiempo de la dictadura. En Nicaragua ustedes viven la misma situación desde abril del año pasado. ¿En qué focaliza usted el declive de las democracias en América Latina?

En el desconecte que hay entre gobernantes y gobernados. Creo que las lecciones que nos han dado, primero, los procesos electorales en América Latina, han sido hacia un cambio. Si notamos las tendencias de los resultados en Bolivia, Argentina, Uruguay y Colombia, en todas ellas se vio un proceso electoral donde la población rechazó al gobernante y va por un cambio. Eso creo que tiene una implicancia importante y también se nota un interés de desprenderse de los extremos.Menciono, por ejemplo, el caso de este joven que fue electo alcalde de Medellín (Daniel Quinteros) en el pleno centro uribista, viene de una clase trabajadora, pero esforzado. Estudió, llegó a la Kennedy (Harvard Kennedy School of Government, EE.UU.), tiene un máster en negocio, educado, fue viceministro. Muestra de que es posible, en las sociedades latinoamericanas, tener ascenso socioeconómico, social y tener capacidad de llegar a cargos públicos.

A lo que está pasando en los países latinoamericanos, yo le llamaría, más que ser una lucha ideológica entre izquierdas y derecha, una lucha por la reivindicación de los gobernados, de exigirle a la clase política que atienda las necesidades de la población. El caso chileno es un caso emblemático también, aunque ahí no hay proceso electoral, pero hay un proceso de protesta. En ese proceso de protesta se nota la ausencia en el liderazgo de los partidos políticos tradicionales. En ese sentido, se parece mucho al movimiento auto convocado en Nicaragua, donde no hay en la vanguardia un partido político, sino que está un movimiento juvenil. En el caso de Nicaragua, fueron los jóvenes los que se revelaron y lo hicieron de una manera muy similar al caso chileno. Sin embargo, yo creo que el caso chileno no es una protesta en contra o para cambiar el sistema de libre mercado que predomina en Chile, sino es para perfeccionarlo, para mejorarlo, pero la respuesta de Piñera fue muy atinada, de pedir disculpas, perdón, como clase política gobernante, por la falta de visión de la clase política chilena y ese paquete de políticas sociales, creo que viene a iniciar, ojalá, un proceso de atención en lo que el modelo se ha quedado un poco corto, que es una política social más incluyente y que llene las aspiraciones de la juventud.

En este momento clave para la región, ¿qué papel deben asumir los jóvenes en cambiar la forma de hacer política?

Esta rebelión de abril de 2018 comienza, precisamente, con una rebelión de estudiantes y de juventud que se lanza a las calles por la incapacidad de Ortega de resolver las aspiraciones, las necesidades de la juventud, que luego se traduce en un movimiento social mucho más amplio, que incluye, no solamente los estudiantes, sino que también incluye población en general, campesinos, que venían con una lucha anti proyecto canal interoceánico desde hace varios años, y empieza a formarse este descontento. Se realiza la rebelión de abril, se llama a un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal. Nos llaman a esta mesa de negociación, sin existir la Alianza Cívica, y fue precisamente la mesa de la negociación la que nos provoca o la que genera esta Alianza Cívica que ahora ya tiene más de 17 meses de formación.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se caracteriza por tener una participación fuerte de cinco movimientos juveniles, estudiantiles, principalmente, pero también está el movimiento campesino, está la intelectualidad, hay representantes de la costa Caribe, hay representantes de los sindicatos y hay representantes del sector privado. Esa es una alianza bien inusual en estas luchas sociales, y es inusual, porque las condiciones de represión y de dictadura que existe en Nicaragua son inusuales. La dictadura en de Ortega es, probablemente la dictadura, no solamente que ha amasado más poder en Nicaragua, que es un país de dictaduras, hemos tenido más de 10 dictaduras en 200 años, es brutal, una dictadura con una represión muy por encima de lo que otras dictaduras han hecho, hay más de 328 muertos por el uso letal de las armas.

Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales.

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A inicios de octubre, con otros opositores orteguistas, usted estuvo en San Salvador reunido con la comisión de alto nivel de la OEA para contarle todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Para noviembre esta comisión debe presentar un informe de esto. ¿Qué espera la oposición de este informe cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro ha dicho que «Ortega gobierna Nicaragua, pero Maduro reprime Venezuela»?

Ortega reprime en Nicaragua, Ortega es una dictadura. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, en Nicaragua hay una dictadura represiva. Eso a todas luces está demostrado. De hecho, si uno ve en la cantidad de asesinados que existió en Nicaragua, en términos absolutos y relativos, es mayor a la de Venezuela. El reporte de la Comisión de Alto Nivel será el 13 de noviembre, que se cumplen los 75 días de mandado que se le dio a la Comisión. Nosotros esperamos que en esta Comisión de Alto Nivel, que ya es la segunda instancia que la OEA ha puesto a trabajar -la primera fue el grupo de 12 países, el grupo de trabajo, que fue formado en agosto de 2018-. El grupo de la comisión especial se formó a partir de la Asamblea General de Medellín, que fue en julio de este año, y ahí mandata a escribir este reporte.

Nosotros creemos que ya aquí se están agotando los canales y las vías de la OEA. Está, por un lado, la posibilidad de la aplicación del artículo 21 (De la Carta Democrática Interamericana), que es la suspensión de Nicaragua, pero también existen otras alternativas. Veremos qué dice la comisión, qué recomienda la comisión de la OEA. En este momento es muy prematuro adelantarse a lo que pueda decir, pero sí podemos hablar desde el punto de vista nuestro. Como Alianza Cívica hemos impulsado mucho la idea, y espero que la comisión especial lo retome, de la importancia que tiene las reformas electorales. En Nicaragua existe un sistema electoral totalmente corrupto. Existe un desprestigio total a la institución electoral, a diferencia de muchos países americanos. En la mayoría de los países latinoamericanos no se duda si se roban o no se roban los votos, o hay fraudes electorales; en el caso de Nicaragua, no se discute si hay fraude o no, eso está clarísimo. Nadie defiende, ni siquiera los sandinistas mismos, defienden la integridad del Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a encuestas que se han hecho durante años. Está comprobada la comisión delitos electorales y de fraudes electorales.

A nosotros nos interesa muchísimo el adelanto de las elecciones e impulsar un plan de reformas electorales que le traigan y lo devuelvan al ciudadano nicaragüense la confianza en el sistema electoral, que actualmente no la tiene.

¿Desde la oposición ya inició este plan de reformas electorales?

Sí, estos planes de reforma, en realidad, tienen varios años de estarse gestando. Comenzaron haciéndolos los partidos políticos, que son los más conocedores de los procesos. La Alianza, una organización joven, ha retomado cada uno de los planteamientos y en este momento estamos en un proceso de homologar todas las propuestas y hay bastante congruencia en lo que se debe hacer como reformas electorales.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha hablado también de la constitución de una coalición para poder ganar las elecciones a Ortega. ¿Cómo se está consolidando esta coalición?

La Alianza Cívica ha sido una organización clave en este proceso, opositora a Ortega. Siempre hemos planteado la necesidad de resolver este problema vía elecciones. Al cerrar las puertas de la mesa de la negociación, en julio de este año, cuando el gobierno no llegó a la convocatoria que nos hiciera la Asamblea General de la OEA, al llamarnos a ambas partes del conflicto y sentarnos, estamos planteando, replanteando, qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, hemos tomado la decisión estratégica de trabajar en la formación de esta coalición.

Esta coalición tiene que ser lo más amplia posible, tiene que ser sin distingos de ninguna índole, porque, precisamente, la represión que se dio en Nicaragua fue una represión contra personas que tenían distintas característica ideológicas, no fue un ataque a uno en particular, sino que fue generalizada. Lo que tenemos ahí es una situación de que esta elección debe de tener unas características de orden más plebiscitaria. Se debe parecer más a un plebiscito, decir no más dictadura y un cambio hacia la democracia. No va a tener, creemos nosotros, un tinto de debate ideológico, sino va a ser democracia versus dictadura. En ese sentido creemos nosotros que es muy factible conseguir una unidad, una unión entre todas las distintas organizaciones políticas, porque el objetivo es precisamente estar unificado.

La economía nicaragüense, según las últimas proyecciones del Banco Mundial, decreció -5 % en 2019. El año pasado, cuando se dio la crisis, el decrecimiento fue del -3.8 %. ¿Qué postura está asumiendo el sector empresarial ante el régimen Ortega-Murillo?

Es una postura de la necesidad de resolver el problema a través del diálogo político. La caída económica, que ha sido la peor crisis que ha estancado a Nicaragua en las últimas décadas, no se resuelve con políticas económicas, se resuelve precisamente con un diálogo político adecuado, honesto, que trate de resolver los problemas políticos, que son el origen de la crisis actual. No es a través de medidas económicas, como está pretendiendo el gobierno, que se va a solucionar el problema, hay un problema político. Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales. De hecho, el gobierno firmó un acuerdo, el 28 de marzo, en el cual aceptaba que se estaban violando derechos a la manifestación, a la reunión, derecho a portar la bandera nacional, incluso, y esos derechos, el gobierno firmó que los iba a restituir, y hasta el día de hoy no han sido restituidos.

Todavía hay medios de comunicación cerrados, como el caso de 100 % Noticias y todavía hay periodistas como Carlos Fernando Chamorro, del Confidencial, que está transmitiendo desde el exilio. Entonces no es cierto que las condiciones estén dadas, que estén normales, como ellos lo están planteando.

¿Puede la oposición y la comunidad internacional obligar a Ortega a celebrar elecciones presidenciales y que los resultados signifiquen la recuperación de la democracia en Nicaragua?

Ortega está obligado a hacerlo, por Constitución. Él es un dictador, pero si no llama a elecciones, estaría todavía violentando más. Él ha dicho que, incluso, está de acuerdo con reformas electorales, como lo estamos nosotros, solo que tiene que ser unas reformas electorales producto de un diálogo, y no de medidas unilaterales, porque solo va a ser cambio cosmético que le van a beneficiar a él. Hay temas fundamentales que se tienen que hablar, como la reelección presidencial, que ha sido problema histórico en Nicaragua, que ha fomentado el caudillismo. Yo estoy convencido que una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega, que nunca ha llegado arriba del 38 % en ninguna elección. En las elecciones donde ganó el doctor Alemán (José Arnoldo Alemán) y el ingeniero Bolaños (Enrique José Bolaños), el voto del sandinismo no llegó al 35 %. Y en el caso de cuando ganó, fue porque el voto liberal se partió en dos partes iguales y él obtuvo el 38 %, más un cambio constitucional que hizo, eso le permitió subir a la presidencia, pero nosotros creemos que después de todo lo pasado, Ortega ha perdido muchos seguidores, porque precisamente mucha de la represión ha sido en contra de los sandinistas mismos. Entonces, creo que si aquí se permiten condiciones electorales adecuadas, condiciones para poder hacer una elección justa, transparentes, y por eso es importante la observación electoral, Ortega no tiene chance de ganar.

El 14 de octubre la Unión Europa adoptó una serie de medidas a aplicar contra violaciones de derechos humanos, cometidas por individuos o instituciones, pero entiendo que hasta la fecha, estas medidas no se han ejecutado, pese a que organismos registran, usted lo ha dicho también, la muerte de 328 personas en Nicaragua. ¿Cómo recibió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia esta noticia?

Nosotros creemos que es importante que a los violadores de derechos humanos en Nicaragua, que están documentados, que están registrados, y que se sabe con ciencia cierta el involucramiento de fuerzas paramilitares, paraestatales, en el uso letal de la fuerza, estos responsables que, en muchos de los casos, a nivel de jefaturas, están identificados, deben de ser sancionados por la comunidad internacional.

Esto ha comenzado. No solamente lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Canadá. Obviamente la Unión Europea, por ser una entidad multinacional, tiene un proceso un poco distinto y antes de pasar al proceso de sanciones específicas, tiene que aprobar un marco general de sanciones y eso es lo que estamos en este momento. En este momento, la Unión Europea no ha llegado a sancionar a individuos específicos y creemos nosotros que esto ejerce presión.

Las sanciones generales contra el pueblo nicaragüense, creemos que ayudan muy poco, no ayudan para nada a la solución del problema político. No estamos a favor de que la Unión Europea modifique el acuerdo comercial en Nicaragua, por ejemplo. Eso sería, más bien, afectar de manera general. Y aquí lo que se quiere es conseguir qué violadores de derechos humanos sean sancionados.

Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela.

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Encarcelamiento de periodistas, cierre de medios y también castigo a los periódicos críticos al régimen. De seguir así la crisis, ¿cómo se agravarían las amenazas a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua?

La libertad de expresión está en su peor momento en la historia de Nicaragua. Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela. Miguel Mora, Lucía Pineda estuvieron más de 10 meses en cárcel, y tenemos, aproximadamente, 70 periodistas que están actualmente en el exilio. Algunos de ellos acá en El Salvador.

Realmente la situación de derechos humanos, derechos individuales y derechos a la información están en el peor momento en las últimas décadas. Ortega ha cercenado estos derechos de una manera abrupta, a punta de cárcel, confiscación, destierro y asesinato. Porque hay periodistas asesinados, como el caso de Ángel Gaona, un periodista, incluso, de tendencia sandinista, que fue asesinado en las manifestaciones, mientras cubría un evento en Bluefields.

El régimen todavía no liberta a todos los presos políticos y algunos que ya han sido liberados, al igual que líderes opositores, denuncian el acecho u acoso de las autoridades en sus casos. En los acuerdos logrados entre el gobierno y la alianza, quedaron pendientes acciones a ejecutar por parte del gobierno, entre estas la liberación de todos los presos y la restitución de las libertades públicas. Si esto no se cumple, ¿la oposición se niega a dialogar y esperará unas posibles elecciones?

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Esos dos acuerdos no han sido cumplidos a la totalidad. Todavía quedaron presos políticos de las listas conciliadas, en cárcel, lo cual atestigua sobre la falta de interés y respeto al acuerdo firmado. Ese es el primer acuerdo, el de liberación de todos los presos políticos. Y los presos que han sido excarcelados, o sea, estas personas sufren asedio y sufren continuos ataques y persecuciones con motorizados, paramilitares que llegan a sus casos, tomas de fotos, etc. Inclusive, el día de hoy, la Asociación de Madres de Abril está denunciando el acoso a los familiares de los asesinados. Estamos hablando de profanación de tumbas con pintas, diciéndoles que son terroristas, que no pudieron ni podrán. Tenemos fotos de estas cosas. A este nivel de maldad llega esta dictadura, de agarrar a los familiares de los asesinados, y profanar las tumbas de los asesinados.

Y está también al acuerdo del 28 de marzo, precisamente, ese segundo, de restitución de derechos y garantías constitucionales, donde hay 18 puntos que ellos no los han cumplido. El día sábado pasado, precisamente, tuvimos una manifestación donde no se nos permitió marchar en las calles.

Los poetas ante la poesía

Ilustración de Moris Aldana

Marco Antonio de la Parra publicó no hace mucho en un diario madrileño un artículo en el que, con buenos argumentos, incitaba al lector a leer poesía: «Atrévase. Rompa de verdad su rutina, deje que entre en su vida amaestrada por los hábitos y la existencia programada el aliento quemante del poema. Hágalo ahora, antes de cambiar de opinión, como un impulso, antes que cambie el viento, siguiendo el siempre incierto camino de los astros, solo, en compañía, en silencio, en voz alta». Y más adelante concluía: «Lea. Poesía. Que no muerde». Todo el artículo me pareció excelente, menos el final. Porque el problema es ése: que la poesía muerde. Por ser libre, preguntona, transgresora, cuestionante, subjetiva, fantasiosa, hermética a veces y comunicativa en otras. Por eso muerde. Y por eso buena parte del público (me refiero al que lee, claro) prefiere la prosa, que a menudo contiene respuestas, obedece a planes y estructuras, suele ser objetiva, sabe organizar sus fantasmas y en general no muerde, especialmente cuando le ponen (o se pone) bozal. Aun en tiempos de censura, y habida cuenta de que los censores no suelen ser especialistas en metáforas, la poesía suele pasar las aduanas con mucho más donaire que la prosa.

Es sabido que los poetas, al menos cuando escriben, no son tímidos. Como bien señaló Aleixandre: «No hay un solo poeta que no modifique el mundo». Y eso no se perdona fácilmente, ya que la ampliación verosímil es: «No hay un solo poeta que esté conforme con el mundo». Y claro, eso suele provocar bien entendidos y malentendidos.

Porque aunque parezca mentira, hay mucha gente que está conforme con el mundo. Y no me refiero a los muy pudientes ni a los muy poderosos (por lo corriente, ni unos ni otros están conformes, pues sus ansias de dinero y de poder son inagotables), sino más bien a cierto tipo de ciudadano medio, dueño de un mediano confort y una sobria mezquindad que ni siquiera aspira a leer, no sea que alguien lo convenza a su derecho a la osadía, o del resquicio de solidaridad que está a su alcance.

Es cierto que cada poeta modifica el mundo, o al menos trata de modificarlo, aunque pocas veces tenga éxito, como suele acontecer con los francotiradores. Sin embargo estos, en contadas ocasiones dan en el blanco, y aciertan con una palabra, con una imagen, que puede ser más reveladora que un discurso. «El poema», escribió el brasileño Fernando Ferreira de Loanda, «hecho de nadas, es intrínseco, / no depende de la miel o de la lluvia». La poesía, precisamente por ser intrínseca, o sea íntima, esencial, no convencional, ilimitada, puede llegar a ser reveladora. Por eso es una lástima que el lector corriente quede al margen de esa revelación. La poesía enriquece la vida, aunque la ponga en duda, aunque la cuestione, aunque la muerda. «Sé que estoy escribiendo/ para exorcizarme», dice la nicaragüense Gioconda Belli, pero la poesía puede también servir de exorcismo a quien la lea. En la vida de cada lector suele haber algún poema que significó para él una revelación o tal vez un diagnóstico de su vida interior.

Porque aunque parezca mentira, hay mucha gente que está conforme con el mundo. Y no me refiero a los muy pudientes ni a los muy poderosos (por lo corriente, ni unos ni otros están conformes, pues sus ansias de dinero y de poder son inagotables), sino más bien a cierto tipo de ciudadano medio, dueño de un mediano confort y una sobria mezquindad que ni siquiera aspira a leer, no sea que alguien lo convenza a su derecho a la osadía, o del resquicio de solidaridad que está a su alcance.

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Hace unos quince años, en las paredes del Hospital Neuropsiquiátrico de Buenos Aires, figuraba esta inscripción: «En el país de los ciegos, el tuerto está preso». Solo la lucidez de la demencia podía quitarle al tuerto su antigua corona. Aquella absurda ironía fue interpretada entonces (hubo una revista que se arriesgó a difundirla) como un duro fustazo al talante represivo del gobierno, pero las represiones pasan y las burlas quedan.

Quizá la poesía sea el tuerto de la literatura. Un tuerto que nunca es rey, ni siquiera en el país de los burriciegos. Puede que a veces vea solo con el ojo izquierdo y otras veces solo con el ojo derecho. Pero ve. Es un tuerto que está preso y ha sido incomunicado por el desaire, el arrinconamiento o el desdén. Aunque de vez en cuando el azar le confiere algún premio Nobel. Tuerto pero ve. Y si los historiadores se vuelven anacrónicos, los poetas sirven muchas veces para transmitir la esencia de una época, de un ciclo, de una civilización.

Cuando tuvo lugar el tan mentado boom de la novela latinoamericana, nadie se acordó de traer en esa ola a la poesía. Los editores mercantiles (y más ahora, que se integran en conglomerados trasnacionales) llevan su minuciosa contabilidad-ficción, y a partir de sus asientos y contrasientos, llegan a autoconvencerse de que la poesía «no es negocio». Cómo saberlo exactamente? Algún editor se animó, en relación con un libro de poesía, a bombardear propagandísticamente el mercado con el mismo empuje que generalmente dedica a sus novelistas? Por supuesto (y por ejemplo), hay en España algunas pocas editoriales que se animan a publicar sólo poesía, y a la vista está que sobreviven. Pero son la excepción.

Ilustración de Moris Aldana

Hasta los poetas son convencidos por la propaganda. Hace exactamente veinte años publiqué un libro de reportajes, «Los poetas comunicantes», y allí pregunté sobre este tema a varios de los entrevistados. Nicanor Parra, por ejemplo, me respondió: «Siempre hay un aparato comercial en torno a la novela, que es un elemento de comercio, una mercadería. La poesía nunca lo ha sido». La respuesta del ecuatoriano Jorge Enrique Adoum fue más pesimista: «No se hace justicia desde luego con la poesía, pero no creo que esto se deba exclusivamente a un problema de empresa comercial o económica. Creo que más bien se debe a la falta de clientes para la poesía». Juan Gelman, por su parte, señalaba que «nuestra sociedad es cada vez más antipoética», pero al menos los inscribía en otro contexto: «El capitalismo es lo más antipoético que ha conocido la humanidad, en el sentido amplio del término, y también en el sentido técnico».

Una cosa es cierta: la poesía latinoamericana no necesitó del boom para situarse en un nivel óptimo. Pero ese nivel no es una novedad de estos últimos años. Antes de Nicanor Parra, Gonzalo Rojas y Enrique Lihn, de Octavio Paz y Jaime Sabines, de Eliseo Diego y Fayad Jamis, de Roberto Juarroz, Francisco Urondo y Juan Gelman, de Ernesto Cardenal e Idea Vilariño, está la formidable columna vanguardista (Vallejo, Neruda, Huidobro, Guillén, Girondo), y antes de los vanguardistas están nada menos que José Martí, Rubén Dario y Delmira Agustini.

Cuando la narrativa latinoamericana se hallaba todavía embretada en esquemas o en maniqueísmos, los poetas ya experimentaban libremente, eran sensibles a la fluidez natural de la existencia comunitaria, y además buceaban infatigablemente en su vida interior. Cuando los narradores de nuestra América empezaban a imitar, con un atraso de veinte o treinta años, los modelos que llegaban lentamente desde Europa (por vía marítima, claro, y no por satélite o por fax, como sucede ahora), los poetas, con Darío primero, con Huidobro o Neruda después, ya influían sobre sus colegas europeos, algo empachados en su copiosa tradición.

El sobre salto que -partícipes o no del boom- produjeron en narradores como Rulfo, Cortázar, Guimares Rosa, Onetti, Arguedas, García Márquez, Vargas Llosa, Carpentier, Fuentes, se debió no sólo a su calidad intrínseca, sino también al salto cualitativo y en cierto modo a la ruptura que su aporte artístico significaba con respecto a nombres como Gallegos, Güiraldes, Rivera, e incluso algunos más cercanos, como Mallea, Ciro Alegría o Céspedes. En poesía, en cambio, no existe esa grieta, sino más bien una sobria continuidad, que, por cierto, no se niega a sí misma en su constante vaivén. Si la narrativa, con su brincos y esplendores, con sus terremotos y relámpagos, se ha pasado entrando a, y saliendo de nuestra realidad y nuestra historia, la poesía, en cambio, sin tanto ruido, se ha conformado en atravesar por dentro esa historia y realidad. A veces su recorrido es casi invisible, pero sin embargo está ahí, como un río subterráneo que impregna otras zonas y otros quehaceres, incluida entre estos la mismísima narrativa, que en su momentos de mayor eclosión muestra inequívocos síntomas de «entrismo» poético.

Una curiosa característica de la poesía latinoamericana en este siglo que concluye, es su diversidad, su mestizaje. Una aleación que detecta en la zona poética de cada país en particular. Las formas y los contenidos se endosan como los cheques, hasta que alguien los hace efectivos y les otorga su mejor identidad. Sin embargo, el mestizaje estético puede aparecer en la trayectoria de un mismo poeta. Esto ya fue reconocible en los grandes nombres de la poesía latinoamericana. Verbigracia: en la obra de Neruda van desfilando las muy superrealistas «Residencias», la magistral intensidad de «Alturas de Macchu Picchu«, la conciencia política de «España en el corazón», el erotismo de «Veinte poemas de amor y una canción desesperada», recuperado casi treinta años después en «Los versos del capitán»; en Vallejo, el vanguardismo de «Trilce» y la entrañable comunicación de los «Poemas humanos»; en Nicolás Guillén, el ritmo y la música verbales de «Sóngoro cosongo«, junto al versolibrismo de algunos poemas de «West Indies Ltd«, y el humor travieso de «El Gran Zoo». «Todo mezclado», escribió precisamente Guillén en un poema que hizo fortuna. Todo mezclado pero no por ello una tendencia se estorba con la otra, más bien se complementan. Un movimiento se origina en el anterior, casi sin contradecirlo, simplemente abriendo sus cauces, generando afluentes, incorporando palabras recién nacidas.

Quizá la poesía sea el tuerto de la literatura. Un tuerto que nunca es rey, ni siquiera en el país de los burriciegos. Puede que a veces vea solo con el ojo izquierdo y otras veces solo con el ojo derecho. Pero ve. Es un tuerto que está preso y ha sido incomunicado por el desaire, el arrinconamiento o el desdén.

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Alguna vez escribió Fernández Retamar que «el posvanguardismo (?) es practicado por la misma generación vanguardista». Hoy casi podríamos decir que el poscoloquialismo es practicado por los mismos poetas coloquiales. Siguen conversando con el lector, claro, pero el coloquio se ha refinado, inventa temas y los ilumina, quiere comunicar pero también revelar, avisar, contagiar, participar su reflexión al lector.

La vocación de síntesis en la poesía latinoamericana viene de lejos y hasta aparece en dos palabras inventadas que luego se convertirán en dos de los títulos más sonoros de la vanguardia: «Altazor» (que en realidad es «alto azor») de Huidobro, y «Trilce» (contracción de triste más dulce) de Vallejo.

Por último, cómo ven la poesía los propios poetas de América Latina? Si hacemos un rápido y obviamente limitado inventario, comprobaremos aquí también su diversidad. Octavio Paz le dice a la poesía: «Eres tan sólo un sueño, / pero en ti sueña el mundo/ y su mudez habla en tus palabras». Nicanor Parra se pregunta en inglés: «What is poetry?» y responde en chileno: «Todo lo que se dice es poesía/ todo lo que se escribe es prosa/ todo lo que se mueve es poesía/ todo lo que no cambia de lugar es prosa». Para el mexicano Jaime Sabines: «Salen los poemas del útero del alma/ a su debido tiempo. / (Salen del alma?)». El chileno Gonzalo Rojas identifica la poesía con la amada: «Tú/ Poesía, /tú, /Espíritu, /nadie», y en otra parte dice: «para el oficio de poetizar desde el asombro, todo es nuevo». El cubano José Lezama Lima cree que «la poesía se vuelve sobre sí misma para oír su propio silencio». El brasileño Carlos Drumond de Andrade brinda en el banquete de las musas: «Poesía, marejada y náusea / poesía, y canción suicida, / poesía que recomienzas/ desde otro mundo, en otra vida». Para el salvadoreño Roque Dalton «la poesía es como el pan de todos», pero también escribe: «Poesía/ perdóname por haberte ayudado a comprender/ que no estás hecha solo de palabras». Para el peruano Sebastián Salazar Bondy la poesía «es una habitación a oscuras». Para el chileno Enrique Lihn, lo que el poeta espera pescar es «algo de vida, rápido, que se confunde con la sombra/ y no la sombra misma ni el Leviatán entero». Gelman, por su parte confiesa: «Nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos, / rostros oscuros los escriben como tirar contra la muerte». El colombiano Juan Gustavo Cobo Borda dice en su «Poética»: «Cómo escribir ahora poesía, / por qué no callarnos definitivamente, / y dedicarnos a cosas mucho más útiles?». Loable intención, pero hasta ahora no se ha callado; sigue escribiendo. Para Vicente Huidobro su arte poética consistía en esto: «Que el verso sea como una llave / que abre mil puertas». Para Borges la poesía es «inmortal y pobre» y «vuelve como la aurora y el ocaso». Neruda sólo dice en su «Oda a la poesía»: «y subiste en mi sangre/ como una enredadera. / Luego/ te convertiste en copa», y finalmente:»Tanto anduve contigo/ que le perdí el respeto». Para el mexicano José Emilio Pacheco, «la poesía es la sombra de la memoria/ pero será materia del olvido». Para el argentino César Fernández Moreno, la poesía es «un balbuceo muy bien impostado/ un abuso del lenguaje (…) hace converger la vida en las palabras/ dos bosques vecinos uniendo sus incendios». El peruano Martín Adán escribe simplemente: «Poesía es asá. Yo no sé poesía, / sino escribir callando, todo lo que me escribo/ como si fuera real todo lo que querría». Otro peruano, 37 años más joven, Antonio Cillóniz, es más contundente: «Con mi verso construyo/ lo que quiero/ que en la tierra quede destruido». En cuanto a lvaro Mutis, hay para elegir, por un lado ha declarado: «La condición de poeta me parece detestable», y también: «le veo un futuro negro a la poesía». Pero asimismo ha reconocido que «el conocimiento per se es el más completo de los conocimientos, sin dudas el que va más lejos». La argentina Alejandra Pizarnik, que se suicidó en 1972, escribió con angustia: «Repasar un poema es repasar la herida fundamental. Porque todos estamos heridos». Y en un texto revelador: «oh ayúdame a escribir el poema más prescindible/ el que sirva ni para/ ser inservible». Por su parte, Roberto Juarroz, un refinado argentino de provincias, publicó este poema pleno de sugerencias:

El poema respira por sus manos,

que no toman las cosas; las respiran

como pulmones de palabras,

como carne verbal ronca de mundo.

Por último, el uruguayo Humberto Megget (1926-1951), que en su obra fue un malabarista de las cosas, culmina sin embargo uno de sus lúdicos poemas con esta curiosa definición de la poesía, que parece augurar la invasión informática de estos años noventa: «La poesía está en el orden creado. / Está en el mecanismo de un tiempo. / Está en lo ordenado del elemento ordenador».

Con cuál de estas definiciones o aproximaciones o negaciones estaría el lector de acuerdo? Acaso con ninguna. O con todas. El poeta, ni siquiera cuando cree que predica, es un predicador. ¡Pobre de aquel poeta que escribe para ganar lectores feligreses! Sin embargo, como lector a menudo disfruto con la manera astuta o brillante, sobria o incisiva, que un poeta encuentra para decir lo opuesto a lo que pienso o siento. El buen poeta es casi siempre un provocador. Frente a los demás. Frente a sí mismo. Y ello no impide que la provocación pueda ser, sea casi siempre un acto de amor.

Ilustración de Moris Aldana

Decía Valéry (que en poesía se las sabía todas) que «al bosque encantado del Lenguaje, los poetas van expresamente a perderse, a embriagarse de extravío, buscando las encrucijadas de significado, los ecos imprevistos, los encuentros extraños, no temen ni los rodeos, ni las sorpresas, ni las tinieblas». El mismo Valéry cuenta que el pintor Degas «en ocasiones hacía versos y ha dejado algunos deliciosos». Según narró a Valéry el mismo Degas, este un día le dijo Mallarmé: «Su oficio es Infernal. No consigo hacer lo que quiero y sin embargo estoy lleno de ideas». Y Mallarmé le respondió: «No es con las ideas, mi querido Degas, con lo que se hacen los versos. Es con las palabras».

Comprendo que después de haber citado tantas definiciones de diversos poetas, quizá espere el lector mi propia definición del quehacer poético. Yo no quiero decirlo sólo con ideas sino (siguiendo el consejo de Mallarmé) también con palabras. En los últimos veinticinco años he escrito por lo menos tres poemas que pretendían ser otras tantas artes poéticas, pero creo que, después de todo, la que prefiero es la más antigua, tal vez porque es la menos explícita, y, para suerte del lector, la más breve: «Que golpee y golpee/ hasta que nadie/ pueda hacerse ya el sordo/ que golpee y golpee / hasta que el poeta/ sepa/ o por lo menos crea/ que es a él/ a quien llaman». Pero tampoco me tomen (ni nos tomen) al pie de la letra. Las definiciones de los poetas son tan indefinidas que cambian como el tiempo. Algunos días son despejados, y otros, parcialmente nubosos, a veces llegan con vientos fuertes, y otras, con marejadilla. Pero lo más frecuente es que se formen entre bancos de niebla.

Salud a discreción de la política

Samuel Mairena Rocha, herido de muerte por la policía orteguista durante la rebelión de abril en los barrios orientales de Managua. Samuel también fue a un hospital público donde le hicieron malos procedimientos de operación para causarle la muerte.

Una mañana de inicios de agosto de 2019, el doctor José Luis Borge intenta meter una camilla por una puerta angosta en una casa que, vista desde afuera, luce como cualquiera en Managua. Sin embargo, sus cuartos se han convertido en pequeños consultorios. Borge y otros médicos terminan de trasladar muebles y desempacar medicamentos, después de que su anterior clínica clandestina fue asediada por la Policía Nacional y ellos tuvieron que cambiar de domicilio. Por eso, todavía hay pastillas, jeringas y bolsas de sueros en los pasillos de la vivienda.

Borge detecta un automóvil parqueado en la calle cerca de la residencia. Dice que ya lo había visto desde hace días en ese lugar. Sospecha. «Es peligroso que nos vigilen para nuestros pacientes, porque después pueden seguirlos y capturarlos», afirma. De un cuarto minutos después sale un hombre de 32 años en una silla de ruedas y detrás suyo viene el médico José Vásquez, quien explica que su paciente es parapléjico, porque recibió un balazo en la columna y no lo atienden en el sistema de salud público, porque lo tienen «estigmatizado» como golpista, la etiqueta con que el gobierno descalifica a los opositores que protestaron contra el ejecutivo desde abril de 2018.

Borge y Vásquez pertenecen a la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), una organización que se define como independiente al ejecutivo y que atiende a quienes el Estado rechaza por razones políticas en los hospitales públicos. Formada por 605 médicos en los departamentos de Managua, Matagalpa, Estelí y Carazo, ellos han dado más de ocho mil consultas entre abril de 2018 y agosto de 2019, lo que significa un promedio de 16 atenciones al día, siendo los primeros cuatro meses de la crisis cuando hubo más casos. La organización asegura que entre los beneficiados con sus atenciones hay ex presos políticos, 105 personas han sido intervenidas de balazos en la cabeza, espalda, cuello y piernas. Ocho heridos han quedado parapléjicos con secuelas permanentes y tres murieron.

El caso más conocido del rechazo estatal a un paciente fue el de Álvaro Conrado, de 15 años, quien fue herido en abril del año pasado durante las protestas por el disparo de un francotirador, luego fue trasladado a un hospital público y no lo atendieron. Murió en un centro de atención privado minutos después. Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar lo sucedido entre el 19 de abril y 30 de mayo de 2018 en el país, al menos nueve personas murieron por falta de atención médica. Se trata de otro ángulo de la crisis surgida tras la represión en las protestas, que dejó 328 muertos y más de 2.000 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo que no se sabía es que continúa la situación de discriminación en la atención, lo que se suma a las carencias que enfrenta ya el país. Nicaragua está apenas por encima del parámetro de trabajadores para cubrir las necesidades básicas según la Organización Mundial de la Salud con 2.6 empleados por cada mil habitantes, entre médicos, enfermeras y parteras, cuando el promedio es de 2.3 por cada mil. El gobierno invierte además 77.19 dólares por persona, el más bajo de Centroamérica.

CONNECTAS, la plataforma líder de periodismo colaborativo en la región, solicitó para esta investigación una entrevista a inicios de agosto de 2019 a la directora general de Regulación Sanitaria, Martha Ligia Rosales, sobre las denuncias, pero no respondió. Los doctores de UMN no son los únicos que dan tratamiento de modo clandestino a los opositores. También existe la Asociación Médica Nicaragüense (AMN) y otros especialistas como Alejandro Lagos, quien atiende con sus propios recursos a los heridos en un contexto donde se denuncian represalias contra el gremio, expresadas en despedidos. Solo esta organización tiene registrado que 411 trabajadores de la salud han sido echados de los hospitales públicos por estar inconformes con la decisiones políticas: 121 médicos especialistas, 28 médicos subespecialistas, 79 médicos generales, 54 enfermeras y 129 del personal de apoyo.

«Esto es un subregistro porque muchos médicos tienen temor de denunciar», dice Borge, presidente de la UMN. Con más de 28 años de experiencia, este médico fue despedido el año pasado del hospital público «Antonio Lenín Fonseca» por atender a opositores.

Formada por 605 médicos en los departamentos de Managua, Matagalpa, Estelí y Carazo, ellos han dado más de ocho mil consultas entre abril de 2018 y agosto de 2019, un promedio de 16 atenciones al día, siendo los primeros cuatro meses de la crisis cuando hubo más casos. La organización asegura que entre los beneficiados con sus atenciones hay ex presos políticos, 105 personas han sido intervenidas de balazos en la cabeza, espalda, cuello y piernas. Ocho heridos han quedado parapléjicos con secuelas permanentes y tres murieron.

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LA HISTORIA DE SAMUEL MAIRENA

Según médicos privados consultados, que le han dado seguimiento a Samuel Mairena, de 32 años, él es uno de quienes fue atendido de forma negligente en los hospitales públicos «Fernando Vélez Paiz» y «Roberto Calderón» en Managua, donde no le retiraron dos balas que tenía en la espalda. Su historia inicia el 19 de junio de 2018 cuando fue herido mientras resguardaba una de las barricadas levantadas en su barrio. Los impactos provocaron que el paciente quedara en estado de paraplejia, que le impide mover sus piernas. CONNECTAS intentó comunicarse con las autoridades de ambos hospitales, María Virginia García y Kenia Grillo, respectivamente, pero tampoco respondieron.

A Mairena se le formaron dos llagas de más de diez centímetros de diámetro en una de sus nalgas y la cadera. Los médicos lo operaron de los intestinos para que pudiera defecar y le colocaron una sonda en la vejiga para que pudiera orinar. Sin embargo, la epicrisis del hospital Fernando Vélez Paiz, emitida el cinco de diciembre de 2018, indica que «no sufría ninguna complicación», mientras se descartó «paraplejia«.

Sanción. Las autoridades del país han sido sancionadas por Estados Unidos por negar atención a los manifestantes. En la imagen, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, junto al presidente Daniel Ortega.

Desde hace 71 años, la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció que el acceso a la salud es un derecho fundamental «sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social». Sin embargo, opositores y sus familiares describen un panorama distinto en el país centroamericano según esta investigación publicada en NICARAGUA.CONNECTAS, el espacio creado por esta organización para contar la realidad del país centroamericano en un contexto adverso para la libertad de expresión.

El tratamiento que le recetaron a Mairena en el primer hospital que estuvo fue acetaminofén y una pastilla para el dolor de estómago tras ver la epicrisis. A los tres meses recayó y fue internado en el otro centro médico, debido a que las úlceras en sus piernas estaban infectadas. «En los hospitales me quisieron matar», dice Mairena en su casa en el barrio capitalino Villa Austria. «Una enfermera me dijo que mejor me fuera del hospital (Fernando Vélez Paiz) porque la orden que le habían dado a ella era que me atendieran lo menos posible por ser uno de los manifestantes», revela.

Existen reportes de pacientes que aseguran que la influencia política garantiza una mejor atención en el sistema público. CONNECTAS conoció la historia de una joven que le detectaron cáncer y diabetes en un hospital público, y le pidieron llevar una carta del político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para poder hacerle el tratamiento con quimioterapias. «El líder del barrio me dijo que me daba la carta si yo aceptaba andar de casa en casa recogiendo firmas para condenar a los presos políticos (del gobierno) que llamaban terroristas», dice ella que prefiere no identificarse porque en contra de su voluntad hará el trámite que le exigieron para acceder a esos servicios médicos.

La represalia contra los médicos opositores se explica por el control que ejercen operadores del partido gobernante en el Ministerio de Salud (MINSA) desde la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud). Una de las evidencias del afecto al Presidente a manos de ese sindicato ocurrió el 25 de agosto de 2019 en el hospital San Juan de Dios en Estelí, al norte del país, cuando hicieron una fiesta para celebrar la continuidad de Ortega en el poder.

El secretario ejecutivo de Fetsalud desde hace 25 años es el diputado Gustavo Porras, cercano a la vicepresidenta de Nicaragua. Él es el actual presidente de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo. Fetsalud nació en 1974 cuando se oponía a la dictadura somocista. A partir de 1990 fue ocupado como un brazo de presión para desestabilizar a los gobiernos con protestas en las calles y constantes huelgas que buscaban negociar ventajas políticas para el FSLN y hoy es un órgano de «vigilancia», según el cirujano y urólogo José Luis Borge.

Ninguno de los casos críticos del sistema público están incluidos en el último informe que brindó la Vicepresidenta Rosario Murillo el 26 de agosto de 2019 sobre la implementación de la Ley de Atención Integral a Víctimas de la crisis. El documento, no obstante, señala que «equipos muldisciplinarios» del Minsa, Ministerio de Familia y Adolescencia y Niñez y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, visitaron a 768 familias víctimas de la violencia entre el 24 de junio y el 9 de agosto de este año; de las cuales 146 personas fueron remitidas a los centros hospitalarios. El documento revela que encontraron 67 personas con discapacidad «físico-motora, visual, auditiva, psicosocial e intelectual», las cuales han sido ingresadas a un programa para garantizarles su rehabilitación física y apoyarlos.

El paciente Samuel Mairena, que está parapléjico, dice que no ha llegado ninguna delegación estatal a visitarlo. «La única vez que vino alguien del gobierno fue a pintarme de rojinegro (el color de la bandera del partido gobernante) la acera y el poste de la casa», lamenta, mientras señala las pintas «FSLN«. Según sus padres y médicos consultados, Mairena estaba anémico, desnutrido, deprimido y con llagas supurando pus; tenía fiebre, vómito y diarrea. «Fueron los ocho meses más difíciles de mi vida», dice él, sentado en una silla de ruedas. Su madre Nordia Rocha asegura que se estaba muriendo. Como lideresa de una iglesia evangélica y, al verlo en ese estado, ella buscó a un pastor para que orara por él. El religioso salió tan impactado que prometió ayuda. Tres días después, apareció en su puerta Alejandro Lagos, el médico que atiende gratuitamente a los manifestantes y quien fue contactado por el reverendo.

En la calle. El médico José Luis Borge en una manifestación meses atrás en Nicaragua. Ahora atiende a pacientes rechazados por el sistema de salud por razones políticas.

El 22 de febrero de 2019, una tomografía reveló a Lagos que Mairena tenía dos balazos en la espalda, uno rozó su médula espinal y era el que le impedía mover sus piernas. El doctor le dio una buena y una mala noticia al lesionado. La mala era que las úlceras habían adquirido una bacteria multirresistente que solo podía ser combatidas con un tratamiento de más de mil dólares. Pero la buena era que lo podían operar. «No sabía que tenía esos balazos en la espalda. Lo único que me decían en el hospital era que así iba a quedar (sin poder mover mis piernas). Me habían desahuciado».

Desde el diagnóstico, Mairena dejó de ir a los hospitales públicos. El 30 de marzo de 2019, el paciente fue operado con éxito. La otra bala, ubicada en el disco de la columna, todavía la tiene. Aunque la recuperación ha sido lenta, las llagas están cerrando, la bacteria fue eliminada, puede comer sin vomitar y a veces tiene sensibilidad si le tocan con fuerza las piernas. Su padre cura sus llagas, mientras su madre limpia el cuarto. El progenitor cambia la bolsa donde defeca y ella donde orina.

El paciente Samuel Mairena, que está parapléjico, dice que no ha llegado ninguna delegación estatal a visitarlo. “La única vez que vino alguien del gobierno fue a pintarme de rojinegro (el color de la bandera del partido gobernante) la acera y el poste de la casa”, lamenta, mientras señala las pintas “FSLN”.

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SANCIONES AL SISTEMA PÚBLICO

Las máximas autoridades de salud nicaragüenses ya fueron sancionadas por Estados Unidos, debido a su participación en la represión. El 21 de junio de 2019, el legislador Gustavo Porras, médico y operador del Frente Sandinista, fue descrito como quien «ejerce un control significativo sobre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Minsa con la aprobación de la vicepresidenta», en el comunicado del Departamento del Tesoro. La exministra Sonia Castro también fue castigada ese día «por dirigir el Ministerio de Salud que violó los derechos humanos de los manifestantes heridos».

Doctores consultados confirmaron que el 20 de abril de 2018 Castro bajó la orden de no atender a los opositores heridos. «La orden se dio. Si está escrito en algún lugar o estuvo, nadie lo podrá saber. Pero sí había un patrón en todas las unidades de salud: no atender a los manifestantes», dice Ricardo Pineda, médico de la Asociación Médica Nicaragüense (AMN).

Cuando todavía era ministra en febrero de este año, en entrevista con la televisora Canal 10, Castro lo negó. «Se reforzó la atención médica, los turnos, el proceso de traslado, la clasificación, porque llegó un momento en que algunos hospitales tenían mucha demanda», dijo. Sin embargo, la resolución estadounidense señala que «el Minsa rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión, lo que empeoró las lesiones e incluso condujo a la muerte de algunos manifestantes por la falta de atención médica».

En esa entrevista, con la bandera del partido gobernante a su espalda, Castro aseguró que durante las protestas, que ella llamó «intento de golpe de Estado», los hospitales públicos atendieron a 2,600 personas «sin distinción de clase, sexo, religión o creencia». Sin embargo, sus declaraciones que describen una ausencia de injerencia de política en el sistema de salud contrastan con la historia de María Espinoza, sobrina de Blas Espinoza Ordoñez, un leñador que murió el 23 de febrero de 2019 porque nunca consiguió un carnet de militante del Frente Sandinista para que lo atendieran en un programa para personas que sufren insuficiencia renal crónica, lo que ella asegura ocurrió porque lo consideraban opositor.

La atención a los pacientes sin ningún distingo es una responsabilidad ética, según el cirujano Gabriel Guzmán, quien labora en el hospital privado Vivian Pellas, un centro que atendió gratuitamente a heridos durante la crisis. El 24 de junio de 2019, el nefrólogo Víctor Manuel Zeledón, de la ciudad de León, al occidente del país, se vio obligado a atender durante 14 días a sus pacientes en los pasillos del hospital porque la directora del mismo centro le prohibió la entrada y él quería evitar que lo despidieran acusándolo de abandono de trabajo. Él había sido víctima de persecución de simpatizantes sandinistas.

Según el médico internista Freddy Gabino, las consecuencias de las pérdidas de especialistas la sufre la población que está recurriendo más a los hospitales públicos. Entre febrero de 2018 y febrero de este año, 149,049 personas dejaron de cotizar al INSS, un grupo que era atendido en programas privados y ahora van los centros de atención públicos, de acuerdo con datos oficiales publicados en la investigación de CONNECTAS. En febrero de 2019, la exministra de Salud dijo que los despidos de los médicos fueron por «medidas disciplinarias y fallas internas». En esa ocasión, Castro informó que se contrataría a 350 trabajadores de la salud. «Plaza que se va saliendo, es una plaza que se repone por cualquier causa», dijo.

Prueba. Esta la bala que le extrajeron médicos privados a Samuel Mairena, luego que en los hospitales públicos no lo hicieron.

La injerencia de la política ocurrió también en el espacio académico para evitar otra protesta. A finales de junio de 2019, más de 100 universitarios se graduaron en sandalias y ropa informal después de que las autoridades de la Universidad Americana, en la que tiene acciones el Ejército de Nicaragua, suspendieron la ceremonia de graduación en el Teatro Nacional porque los graduandos pretendían hacer un homenaje en memoria de Raynéia Lima, estudiante de Medicina de este recinto asesinada durante las protestas. Entre los universitarios se encontraba Ariana Ortega, nieta del mandatario, quien se negó a participar en el evento y llegó al último día del ensayo de la graduación con una chaqueta rojinegra, colores del partido en el poder, un gesto que tomaron como una provocación política.

La mayoría reprobó esa actitud y el tributo se realizó de forma espontánea cuando los estudiantes exigieron sus diplomas en un auditorio. La nieta del gobernante se ausentó, pero se tomó una fotografía, de toga y birrete, celebrando el título y acompañada únicamente por simpatizantes sandinistas, la que se divulgó en las redes sociales horas más tarde. Así como la política afecta al sector educativo, lo que muestran este caso, también ha cambiado las prácticas profesionales de los médicos que decidieron atender a los opositores, desafiando al sistema desde clínicas improvisadas y clandestinas para cumplir con el juramento hipocrático.


Este trabajo fue realizado en el marco de NICARAGUA.CONNECTAS, un espacio para contar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión

Protesta de los estudiantes. Los estudiantes de la Universidad Americana exigieron su título, después de la cancelación de la graduación, y lo fueron a recoger en sandalias. Al otro lado, Ariana Ortega, nieta del mandatario, se tomó una fotografía con su título, al lado de simpatizantes de su partido y en otra imagen apareció con su birrete cobijada con una bandera del FSLN.

Los millones de la fe en Nicaragua

El líder sandinista Daniel Ortega se ha declarado como católico practicante. En su vida política, el gobernante ha aparecido incluso en misas comulgando.

Un grupo de pastores evangélicos nicaragüenses y el sacerdote católico Antonio Castro se reúnen con seguidores del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional en la rotonda Hugo Chávez de Managua. Son visibles las banderas rojinegras en esta jornada de ayuno por la paz en Nicaragua realizada en mayo de 2018, un mes después que iniciaron las protestas contra la administración de Daniel Ortega.

El gobierno es denunciado por violaciones a derechos humanos contra los manifestantes, pero el sacerdote Castro se dirige en su mensaje televisado por el oficialismo a la multitud que protesta inconforme con Ortega e intenta apaciguarla. «No (se) puede decir soy cristiano y estoy lleno de odio y resentimiento», afirma. Los sandinistas se mantienen en su sitio, pese al día lluvioso. Escuchan y oran. La propaganda estatal agrega, al presentar después la nota sobre el evento, que la estabilidad y la paz son factores necesarios para que «el país siga progresando».

Las palabras del religioso son particularmente influyentes en Nicaragua, un país de 6.2 millones de habitantes, según los datos del Banco Mundial en 2017. Los católicos representan el 44.3 %, mientras los evangélicos representan el 38.1 % de los que no se consideran católicos, acorde a una encuesta de M&R Consultores publicada en febrero pasado, cuyos datos son citados en esta investigación realizada por La Lupa en alianza con CONNECTAS, y que forma parte de un espacio informativo para contar la realidad del país centroamericano.

El reverendo Neftalí Cortez, presidente del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Nicaragua, dice más de un año después de la jornada de aquel día de mayo que los evangélicos se mantienen en oración permanente por «el comandante y la vicepresidenta, para que la Asamblea Nacional legisle leyes que beneficien a Nicaragua».

Un sector de los líderes evangélicos se siente agradecido con el gobierno, porque aseguran que les ha cumplido sus promesas. Con ellos, Ortega ha implementado la estrategia de legalizar fundaciones religiosas y donarles propiedades.

Las posturas públicas de religiosos, apuntalando la imagen de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en momentos de crisis, son el resultado de una estrategia calculada del presidente nicaragüense con la que se ha granjeado el apoyo de sectores católicos y evangélicos. Por un lado, el ejecutivo implementa la política estatal de asignar recursos a iglesias u organizaciones vinculadas a líderes religiosos, las que en el presupuesto anual son enlistadas bajo el título de subvenciones. También usan otros recursos como nombramiento en cargos, legalizaciones de terrenos para sus obras o la creación de nuevas iglesias en el caso de los evangélicos, lo que se ha conocido públicamente a partir de las noticias publicadas por los medios oficialistas.

Aunque el artículo 14 de la Constitución de Nicaragua declara que el Estado no tiene religión oficial, el gobierno de Ortega financió con casi veinte millones de dólares entre 2007 y 2018 a iglesias, fundaciones y a una universidad privada fundada por un alto jerarca católico fallecido.

«Todo el tema del uso de los recursos públicos para comprar conciencias ha ocurrido tanto con la Iglesia Católica como con la Iglesia Evangélica, pero como la Iglesia Católica tiene más poder, pues por mucho tiempo le dieron más recursos no solo para restaurar iglesias también para comprar sacerdotes. Este gobierno les ha dado recursos como una manera de comprarlos, y a los que no pudieron comprar por supuesto que los alejaron, que los discriminaron, que incluso los atacaron en cierto momento», explica la socióloga nicaragüense, María Teresa Blandón a CONNECTAS, la plataforma líder de periodismo colaborativo en la región.

Según esta investigación periodística, basada en informes oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el período 2007-2018, más de 150 iglesias y organizaciones religiosas fueron beneficiadas por año con partidas de fondos públicos que no especifican el destino específico en cada caso de los fondos, es decir si por ejemplo serían usados para reparar techos o hacer remodelaciones concretas. En total, de los 19 millones 939 mil dólares, el 44.21 % del presupuesto fue dirigido al sector católico, el 12.50 % a protestantes y el 43.29 % asignado a la Universidad Católica Redemptoris Máter. Esta casa de estudios, fundada en 1992 por el fallecido cardenal Miguel Obando, quien fue aliado de Ortega hasta su muerte el año pasado, está bajo control de la familia del expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, quien ocupa el cargo de vicerrector académico. La rectora es su hermana Michelle Rivas Reyes y otra de sus hermanas, Carol M. Rivas Reyes, es directora de registro académico según la gaceta diario oficial del 15 de julio pasado.

La relación de Obando con los Rivas surgió hace más de treinta años. La madre de Rivas, Josefa Reyes Valenzuela, fue asistente del Cardenal y su familia mantuvo una amistad con el religioso que duró décadas. Al ser el presupuesto de la UNICA equiparable a todo el resto de las iglesias y templos del país, Ortega financió con fondos públicos a una institución educativa en la que también participa Rivas, señalado por la oposición de convertirse en el contador de votos del FSLN.

CONNECTAS solicitó una entrevista con las autoridades de la Universidad a finales de septiembre, pero la solicitud no fue respondida. La idea era abordar en qué invierten los fondos públicos que el gobierno ha mantenido en un promedio de 600 mil dólares cada año desde 2007. Rivas desapareció de la escena pública desde su salida del CSE, consecuencia directa de las sanciones impuestas por Estados Unidos en diciembre pasado cuando el Departamento de Estado lo acusó de «corrupción significativa».

«Como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, con un salario del gobierno de $ 60,000 por año, Roberto José Rivas Reyes (Rivas) ha sido acusado en la prensa de acumular una riqueza personal considerable, que incluye múltiples propiedades, aviones privados, vehículos de lujo y un yate. Rivas ha sido descrito por un Contralor General nicaragüense como «por encima de la ley», y las investigaciones sobre su corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense. También ha perpetrado fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua», dice la resolución del departamento del Tesoro de EUA.

María Teresa Blandón, socióloga nicaragüense.

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LA DIVISIÓN ENTRE LÍDERES CATÓLICOS

El ejecutivo no se comportó como hizo con Obando con los otros miembros de la Conferencia Episcopal. Ortega intentó dividir a esa institución que es presidida desde 2005 por el Cardenal Leopoldo Brenes, el sucesor de Obando y líder de la Conferencia de los jerarcas católicos. Los obispos bajo el liderazgo del actual arzobispo se pronunciaron a favor de los derechos humanos, el Estado de derecho y el respeto a la institucionalidad en contraste con los intereses gubernamentales.

En el contexto de las protestas contra el gobierno, sacerdotes han recibido amenazas por respaldar a la población en sus demandas de justicia y democracia. El seis de octubre pasado, el Cardenal Brenes denunció esto en declaraciones al canal católico de Nicaragua. «Muchos sacerdotes no solo de la Arquidiócesis, sino también de otras Diócesis están en esta situación. A nosotros eso no nos preocupa», sostuvo el religioso.

El intento del gobierno por comprar sacerdotes fue denunciado desde finales de diciembre de 2012 por el Obispo Auxiliar de Managua, Silvio José Báez, hoy en Roma a pedido del papa Francisco, quien dijo públicamente que ofrecían dinero y prebendas para evitar la crítica desde los púlpitos. «Yo he tenido, y lo puedo denunciar, información de algunos sacerdotes que el gobierno les ha ofrecido dinero limpio para que lo usen, sin dar cuentas, a cambio de olvidar su conciencia y eso nos preocupa», afirmó el prelado al diario La Prensa en aquel tiempo.

La socióloga Blandón, autora de la investigación «Uso y abuso de Dios y la Virgen, su impacto en la vida de las mujeres nicaraguenses», afirmó que este gobierno no es ni socialista, ni cristiano, ni solidario como se autoproclama en la propaganda estatal. «No puede haber un gobierno cristiano por la sencilla razón de que el gobierno no es una persona. No encajan en los 10 mandamientos de la Ley de Dios que se construye o que constituye el núcleo de la moralidad cristiana», afirma.

De acuerdo con el presupuesto de la nación, la Catedral de León, un monumento histórico del país adonde se encuentra la tumba de Rubén Darío, recibió del erario 1 millón 65 mil 579 dólares entre 2007 y 2018. La Diócesis de León fue dirigida durante veinte años, hasta junio de 2019, por monseñor Bosco Vivas, a quien los opositores cuestionaron por evitar críticas públicas personales a Ortega en el contexto de las protestas desde abril del año pasado, aunque suscribió los textos de los obispos como grupo colegiado al demandar institucionalidad.

Caritas de la Arquidiócesis de Managua, cuyos documentos contables se encuentran bajo revisión del Ministerio de Gobernación según han publicado los diarios nicaragüenses, recibió 506 mil 724 dólares. En los primeros diez puestos, de los beneficiados, figura la Iglesia La Merced con 231 mil 655 dólares. El párroco de este último templo es el sacerdote Antonio Castro, el mismo que participó en la jornada de oración por la paz el año pasado.

«No sólo es a los templos católicos también es a las organizaciones evangélicas, etcétera. El gobierno desde hace mucho tiempo destina presupuesto para las catedrales como la de León que los feligreses no van a poder (mantener) ese edificio», explica monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua.

A criterio del exdiputado opositor Enrique Sáenz, el gobierno ha seguido una estrategia de «manipulación de la religiosidad popular, las religiones y la jerarquía utilizando la vía presupuestaria, el discurso cargado de frases bíblicas, dividir la jerarquía católica y otorgar concesiones a connotados pastores evangélicos».

«La pareja presidencial aparece como grandes conversos religiosos, y pretenden pasar de cometer delitos de lesa humanidad (durante las protestas de abril del año pasado) a ser catequistas. Ortega dice en algunos de sus discursos «Dios quita reyes y pone reyes», eso va directo a la mente de gente sencilla que asocia eso que dice con la frase bíblica y entonces el origen del poder (del gobernante) se convierte en divino», explica.

Las posturas públicas de religiosos, apuntalando la imagen de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en momentos de crisis, son el resultado de una estrategia calculada del presidente nicaragüense con la que se ha granjeado el apoyo de sectores católicos y evangélicos.

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A UNOS CON DINERO Y A OTROS CON PERMISOS

La legalización de terrenos para los protestantes y la aprobación de nuevas fundaciones religiosas en el Parlamento son parte de la estrategia gubernamental con el sector evangélico. En total, se crearon 1 mil 32 organizaciones evangélicas desde 2007 según información oficial del diario La Gaceta. El propósito de las mismas es «construir iglesias para predicar el evangelio de nuestro señor Jesucristo», acorde con los estatutos. De otras 68 organizaciones legalizadas por el poder Legislativo, adicionales a las evangélicas en el período 2007-2018, 33 correspondieron a católicas, 25 adventistas, cinco bautistas, una islámica, una krishnaismo, otra taoísta, una mixta y una judaista, conforme a esta investigación periodística. Estas fundaciones le permiten tener una estructura legal para gestionar recursos.

El segundo secretario de la junta directiva de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wilfredo Navarro, ha promovido la legalización de 53 fundaciones evangélicas por separado. «Apoyo todo lo que es bueno para el país y si estás haciendo el bien y desarrollando el país te voy apoyar. Eso no tiene nada que ver, no es un compromiso con los evangélicos, así como apoyamos a la católica se apoya a la iglesia evangélica, pero si hacemos un balance el mayor apoyo era para la iglesia católica y ahí está en los presupuestos», les dijo a periodistas para esta investigación.

Otros colegas de Navarro en la Asamblea Nacional, que promueven también la legalización de organizaciones evangélicas en el país, son los sandinistas Filiberto Rodríguez, Juan Ramón Jiménez y Carlos Emilio López con 50, 45 y 39 en sus gestiones respectivas. Sumado a eso, públicamente, el Parlamento entregó en septiembre pasado un reconocimiento público a 41 pastores por «su aporte a la promoción de la paz desde la Biblia», lo que fue celebrado por la vicepresidenta Murillo en los medios oficialistas.

lideres evangélicos nicaragüenses
Legalizaciones. Un sector de los líderes evangélicos se siente agradecido con el gobierno, porque aseguran que les ha cumplido sus promesas.

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EVANGÉLICOS AGRADECIDOS CON ORTEGA

Un fuerte sector de los líderes del sector evangélico ha manifestado agradecimiento con el gobernante sandinista. El reverendo Neftalí Cortez, quien dijo que como comunidad religiosa viven en oración permanente por los gobernantes de Nicaragua, asegura que han crecido por la apertura de la actual administración. «Nosotros en 2007 tuvimos la presencia del comandante y apoyamos su candidatura con una promesa que hizo a las iglesias evangélicas que iba a crear la Plaza de la Biblia, la cual cumplió y también iba a dar apertura a las iglesias en muchas formas», añadió.

Cortez preside el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Nicaragua, cuya organización ha recibido 341 mil 262 dólares desde 2007 hasta 2018. En la repartición del presupuesto, no sobresalen templos particulares, sino asociaciones de pastores que han sido reconocidos por la población como cercanos al ejecutivo durante los últimos años: La Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos le asignaron 253 mil 510 dólares; las Iglesias de la Región Autónoma del Atlántico Norte y Atlántico Sur con 373 mil 805 dólares; la Fundación El Camino del diputado del Parlamento Centroamericano, Guillermo Osorno, con 155 mil 395 dólares; la Alianza Evangélica de Nicaragua con 131 mil 836 dólares; la Sociedad Bíblica de Nicaragua con 127 mil 765 dólares; la Red Nacional para la Fundación de Iglesias con 76 mil 570 dólares; El Concejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua 72 mil 672 dólares; La Iglesia Evangélica El Mesías con 55 mil 539 dólares y el Centro de Adoración Familiar sumó 46 mil 194 dólares.

Desde 2007 hasta marzo de 2018, la iglesia evangélica aceptó además de la Procuraduría General de la República la legalización de 853 propiedades para «la construcción de templos». Según Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, quedaron pendientes de tramitar entonces dos mil solicitudes. No se tienen detalles de dónde están ubicadas ni el costo que podría tener cada propiedad.

«Hay pastores prominentes que han utilizado esa prominencia para entrar en contubernio con el régimen», explica el exdiputado Sáenz, quien considera que el financiamiento a las iglesias no solo sale del presupuesto sino también de «los fondos que se les asignan a los diputados». Se trata de una partida de aproximadamente 1. 1 millón de dólares que es entregada cada año para obras sociales y que es repartida a un promedio de 12 mil dólares por cada legislador. Son 92 diputados los que tiene el Parlamento.

«Los evangélicos cobraron su propia cuota porque dijeron: bueno, pero qué es esto ustedes (al gobierno) no pueden tener privilegios solo para la iglesia católica entonces pusieron a (reverendo) Miguel Ángel Casco en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Otros carguitos a otros y les dieron dinerito a algunos pastores evangélicos, para que más o menos se contentaran y también de vez en cuando los ponían en la tarima (presidencial), aunque no aparecían públicamente», afirmó la socióloga Blandón.

Las iglesias. Este es el número de asociaciones religiosas aprobadas por la Asamblea Nacional, un poder del Estado de mayoría sandinista.

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RELIGIÓN Y MISTICISMO, LA MEZCLA DEL PODER EN NICARAGUA

El estilo del gobierno de Nicaragua está caracterizado por una mezcla de religiosidad y el misticismo atribuido a la vicepresidenta Rosario Murillo. Un día se le puede escucharse a ella, en los medios oficialistas, anunciar los «tiempos de victoria» bajo la guía de Dios y en otro sus funcionarios, o sus hijos, pueden participar en celebraciones católicas y evangélicas. Son acciones que, a criterio de Blandón, «no le corresponde al Estado porque son celebraciones de la iglesia católica».

«Hay muchísimos, muchísimos funcionarios de este gobierno que actúan como si fueran pastores evangélicos. También le están haciendo la competencia a la iglesia católica por los siervos, por las almas, por los corderos a los cuales van a pastorear. Se han convertido en una especie de pastores evangélicos desde el propio Estado y utilizando para ello los recursos públicos», insiste Blandón.

La repartición de los fondos públicos según el tipo de iglesia, según lo dispuesto por el gobierno, entre 2007 y 2018. Infografía: Luis González.

La última misión religiosa que los Ortega encomendaron a un funcionario público fue la del diputado Carlos Emilio López, enviado para instalar 10 mil comisiones de paz y reconciliación a nivel nacional como una medida de respuesta a la crisis surgida por la represión estatal el año pasado. En esos grupos, participan los simpatizantes políticos del FSLN incluyendo pastores evangélicos. El principal problema es que la violencia contra la ciudadanía continúa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue denunciando la falta de garantías reinante en el país. En un video publicado en las redes sociales, el legislador López clama por la paz y la reconciliación, pero sin mencionar una sola palabra sobre los 328 asesinados en el contexto de las manifestaciones. El funcionario está en Wiwilí, en el departamento de Jinotega al norte nicaragüense, y, mientras le dice a la población que deben comprometerse a seguir los lineamientos del «Maestro», en referencia a Jesús, un grupo de simpatizantes sandinistas juntan sus manos como símbolo de unidad.

La pareja presidencial de Nicaragua exalta sus vínculos con Dios en las actividades públicas. El 19 de julio pasado, durante el 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, Ortega reúne a un grupo de reverendos y sacerdotes con Antonio Bolainez, asesor en temas religiosos del expresidente estadounidense Barack Obama y el reverendo Ralph Drollinger, guía espiritual del gabinete de Donald Trump. Según una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, publicada en agosto pasado, a este último Ortega lo invitó para que instaure un ministerio en su gobierno. Públicamente de ese tema no hablan ante los simpatizantes congregados para la celebración de la caída de Somoza. Viéndolos a los religiosos juntos, el gobernante saluda a sus simpatizantes como el orador principal de la actividad. Luego el gobernante dice sobre su visión de la religión: «católicos y evangélicos compartimos, porque desde niño me formé en el catolicismo, y aprendí a lo largo del tiempo que, entre católicos y evangélicos, hay un punto de unidad y es ¡Cristo!». Simpatizantes y religiosos lo aplauden.

Para ver los aportes económicos a las diferentes denominaciones religiosas vea acá: Los millones de la fe: la inversión del Estado de Nicaragua


*Este reportaje hace parte de NICARAGUA.CONNECTAS.ORG, un espacio para contar al país centroamericano en un contexto adverso para la libertad de expresión.

Pescan en medio de manchas de petróleo en el Lago Maracaibo

Fotografías de AP

No hay nadie que esté sufriendo de las consecuencias ambientales del colapso de la industria petrolera de Venezuela más que los humildes pescadores en las aguas sucias y negruzcas del Lago Maracaibo.

El célebre lago del occidente de Venezuela, ubicado en una zona de intensa producción petrolera, ahora se ha convertido en un desolado lodazal de donde emana crudo de oleoductos y plataformas resquebrajadas. Gran parte de la sustancia oleaginosa cubre los pescados y mariscos recogidos por los pescadores, que deben limpiarlos y fregarlos antes de poder venderlos para la exportación.

Las manchas cubren las lanchas pesqueras y les malogran los motores y redes. Al final de cada acalorado día, los pescadores se lavan afanosamente las manos y pies con gasolina pura. Les salen erupciones en la piel pero dicen, resignados, que ese el precio que deben pagar para poder subsistir.

«Esto es como el fin del mundo», dice Lenin Viera, de 28 años, uno de los pescadores que reconoce la dura realidad del trabajo allí, en las cercanías de la ciudad de Cabimas: Si no salen a pescar, sus familias no comen.

Venezuela tiene las reservas de crudo más abundantes del planeta, hecho que convirtió al país en uno de los fundadores de la OPEP, en uno de los más prósperos hasta fines de la década de 1990. La ciudad de Maracaibo, que le dio nombre al lago, con más de un millón de habitantes, se ganó el apodo de «la Arabia Saudí de Venezuela» debido a sus lujosos restaurantes y tiendas y al descomunal puente de 8,7 kilómetros (5,4 millas) de largo que cruza el lago.

Pero atrás quedaron los días de prosperidad. La producción petrolera venezolana ahora es apenas una quinta parte de lo que era hace dos décadas. Muchos atribuyen la crisis a la «revolución socialista» del ahora fallecido Hugo Chávez. Su sucesor, el actual presidente Nicolás Maduro, dice que la culpa la tiene una «campaña imperialista» lanzada por Estados Unidos para derrocarlo.

Expertos ambientales dicen que la contaminación petrolera en el Lago Maracaibo comenzó en la década de 1930, cuando se cavó allí un canal para permitir la navegación de buques petroleros grandes. En poco tiempo entró agua salada de mar, lo que mató a parte de la fauna lacustre. Aparte de eso, se desarrolló la agricultura en la zona cercana al lago, lo que vertió fertilizantes a sus aguas y destruyó parte del ecosistema.

Contaminación. Las manchas de petróleo cubren las lanchas y causan daños en su motores y redes. Mientras que a los pescadores les salen erupciones en la piel.

Ni el ministerio de comunicaciones de Venezuela ni el presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) respondieron a pedidos de comentario para este reportaje.

Hoy en día, el lago es un desolado lodazal donde los desechos sucios y manchados aparecen en la ribera. Un hedor fétido permea la zona y llega a las aldeas aledañas, de viviendas humildes hechas de ladrillos y techos de zinc.

Esa no es la realidad que vislumbraba Yanis Rodríguez, hoy de 37 años, cuando empezó a pescar allí siendo adolescente. En ese entonces soñaba con comprarse un carro nuevo y mandar a sus hijas a una escuela privada.

«Ya no sueño eso», declaró Rodríguez, quien vive bajo un régimen de racionamiento de electricidad y a duras penas consigue agua limpia para beber, bañarse o lavar. «Aquí las cosas van de mal en peor».

Aparte del riesgo a la salud que implica vivir cerca de aguas contaminadas, hay peligros más inmediatos. Una explosión dejó gravemente quemados a tres pescadores recientemente cuando encendieron el motor de su lancha justo en el lugar donde vertía un escape de gas, envolviéndolos en llamas.

Los residentes locales dicen que la primera vez que vieron manchas de petróleo en la orilla fue a comienzos del gobierno de Chávez, cuando la industria petrolera empezó a deteriorarse. A medida que los empleados de PDVSA huían del país en busca de empleos mejor remunerados, la infraestructura cayó en el deterioro y el desuso.

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Las primeras manchas de petróleo

Los residentes locales dicen que la primera vez que vieron manchas de petróleo en la orilla fue a comienzos del gobierno de Chávez, cuando la industria petrolera empezó a deteriorarse. A medida que los empleados de PDVSA huían del país en busca de empleos mejor remunerados, la infraestructura cayó en el deterioro y el desuso.

En una zona cercana llamada Punta Gorda, una calurosa tarde reciente, un grupo de pescadores sacaba cangrejos del agua, un producto que empezó a ser exportado a Estados Unidos luego que un empresario petrolero de Luisiana en 1968 detectó gran cantidad en el lago y se lo contó a su hermano, que estaba en la industria del marisco.

Los pescadores, descalzos, contaron hasta tres y empujaron juntos la lancha hacia el lago, en medio de las aguas manchadas de petróleo. De dos en dos colocaron las cajas sobre la balanza para pesarlas mientras los cangrejos se agitaban en un intento desesperado de soltarse.

Sobrevivencia. Para los lugareños, la pesca es una forma de vida. Los pescadores limpian y friegan el pescado antes de venderlo o exportarlo.

Los pescadores sacaban uno a uno cada cangrejo manchado de petróleo y lo tiraban en recipientes. Sus esposas, sentadas en la sombra de una choza cercana, limpiaban el producto con trapos y cepillos de dientes, y a veces chillaban cuando una de las tenazas les pellizcaba.

Seguidamente la carga es colocada en camiones para ser llevada a plantas procesadoras, de donde será comercializada en otras partes de Venezuela o exportada a la vecina Colombia o a Estados Unidos. En ninguna parte se informa que el producto fue sacado de aguas contaminadas.

Cornelis Elferink, profesor de farmacología y toxicología de la Universidad de Texas en Galveston, dijo que el ingerir ocasionalmente cangrejo recogido de aguas contaminada probablemente no implica un riesgo a la salud. Elferink no ha inspeccionado los productos que salen del Lago Maracaibo, pero encabezó un sondeo de cinco años sobre la contaminación de la fauna marina tras el derrame petrolero en el Golfo de México ocurrido en el 2010.

Sin embargo, Elferink considera que los que sí están en grave riesgo son los pescadores, que deben trabajar en un ambiente contaminado día tras día. El agua oleaginosa, los vapores tóxicos y la ingestión diaria de los productos contaminados pueden causar una gran variedad de enfermedades como dificultades respiratorias, lesiones dérmicas e incluso cáncer, estimó.

Enfermedades. El agua del Maracaibo, los vapores tóxicos y el consumo de productos del lago pueden causar diferentes enfermedades, entre ellas respiratorias, lesiones dérmicas e incluso cáncer.

«Esos pescadores venezolanos tienen una existencia infernal», declaró Elferink. «Están en el epicentro de todo».

Simón Bolívar, de 53 años, dice que ha sido pescador en el Lago Maracaibo desde que tenía 7 años de edad. Al igual que sus compañeros, termina todos los días hundiendo sus pies en un recipiente de gasolina y lavándose el petróleo de sus manos y rostro. Dice que ya está acostumbrado al ardor en la piel.

Con la crisis política y la escasez de alimentos que afectan a Venezuela, Bolívar ha perdido 21 kilos (46 libras) en años recientes, y mantiene a su familia básicamente gracias a los cangrejos y otros productos que saca del lago.

«Deberíamos tener miedo», dice Bolívar, bautizado con el nombre del prócer independentista sudamericano. «Si no pescamos, ¿qué comemos? Nadie va a venir a salvarnos».


La corresponsal Sheyla Urdaneta contribuyó con este reportaje desde Cabimas, Venezuela.

Leones matan ganado, hombre mata leones: ¿Ciclo inevitable?

Cambio de vida. Los animales depredadores pierden su hábitat cuando los bosques y sabanas pasan a ser granjas o ciudades.

Saitoti Petro busca señales de la presencia del principal depredador de la sabana africana en un camino de tierra del norte de Tanzania. «Si ves un león», dice, «detente y míralo a los ojos. Nunca salgas corriendo».

Petro detecta la huella fresca de una zarpa. Camina algunos metros observando las huellas como si se tratase de un arqueólogo descifrando jeroglíficos, tratando de encontrar un significado a esas marcas en la tierra. Luego de un momento, anuncia que un león macho, grande, pasó por allí hacía unas dos horas. «Camina lentamente. Ves que de repente saca las garras. Tal vez persigue a una presa o le escapa a algo».

El hombre, alto y delgado, de 29 años, camina con otros cuatro jóvenes que pertenecen a un pueblo seminómada llamado masái. Debajo de su gruesa capa, lleva un machete afilado. Hace pocos años, los hombres de la edad de Petro que perseguían leones seguramente querían matarlos porque habían matado a su ganado.

Pero Petro explica que el problema ahora es que hay muy pocos leones, no demasiados. «Sería una vergüenza si los matamos a todos», asegura. «Sería una gran pérdida si nuestros hijos no ven nunca un león».

Por eso Petro participa de los esfuerzos por proteger a los leones, asegurándose de que no tienen acceso a los animales que podrían matar en busca de comida.

Petro es uno de más de 50 miembros de comunidades masái que patrullan diariamente a pie la zona para ayudar a los pastores a proteger su ganado. Tienen el apoyo de una pequeña organización sin fines de lucro llamada Pueblos y Fauna Africanos. En la última década este grupo ayudó a más de mil familias a construir corrales más seguros, hechos de acacias y cercos metálicos para proteger los animales de noche.

Este tipo de intervención es en cierta medida un gran experimento. La supervivencia de los leones –y de muchas otras especies de la sabana que peligran, desde jirafas hasta elefantes– probablemente dependa de que se encuentre la forma en que personas, ganado y animales salvajes puedan convivir.

En toda África, la cantidad de leones ha mermado más de un 40% en dos décadas, de acuerdo con información difundida en el 2015 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que coloca a los leones en la lista de especies que los expertos consideran «vulnerables» a la extinción. Ya no se los ve en el 94% de las tierras que habitaban.

La principal razón por la que los leones abandonan las tierras es que viejas pasturas están dando paso a campos de cultivos y ciudades. La pérdida de su hábitat es la mayor amenaza que enfrentan los animales salvajes en África y el resto del mundo. Pero en las sabanas que los leones todavía frecuentan, la caza ilegal y las venganzas son su principal peligro.

Los leones son considerados adversarios respetables por la cultura masái. Se dice que todo aquel que lastima a más de nueve está maldito. La matanza de un león para vengar la muerte de una vaca fina, sin embargo, genera respeto, como si se tratase de un duelo para vengar la pérdida de un familiar.

Las venganzas se han tornado más mortíferas en los últimos años, pues los ganaderos ya no persiguen a un animal en particular, sino que dejan animales muertos envenenados, que pueden acabar con una manada entera de leones y con otros animales que coman la misma carne.

En las elevadas llanuras de Tanzania, los pueblos nómadas están acostumbrados a convivir con la fauna silvestre, a hacer pastar vacas, cabras y ovejas en las mismas sabanas donde habitan cebras, búfalos y jirafas, y donde leones, leopardos y hienas se alimentan de otros animales.

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¿Qué pasaría si se previene esta dinámica?

«Nuestros mayores mataban a los leones y casi acaban con ellos», dice Petro. «A menos que cambiemos de mentalidad, se extinguirán».

Es así que Petro recorre la estepa y trata de enseñarle a la gente cómo vivir en paz con grandes depredadores.

Una mañana de julio, se detiene súbitamente y señala hacia un barranco con árboles. Las huellas que seguía se salieron del camino, por lo que supone que el animal se dirigió a un arroyo en el desfiladero. Las huellas parecen recientes ya que no hay asomo de césped en ellas.

Mientras Petro y su gente caminan hacia la hondonada, escuchan las campanas de una vaca. «Tenemos que ir y ver si hay alguien cerca», dice Petro. «Hay que alertarlos». Pronto encuentran dos pastores preadolescentes sentados bajo un árbol de acacia, jugando con unas frutas amarillas que usan como pelotas. Las dos docenas de cabezas de ganado que cuidan se dirigen al barranco.

Petro se arrodilla para saludar a los chicos y les alerta acerca del león. Los hombres ayudan a los muchachos a cambiar la dirección del ganado, usando un silbato que los animales reconocen, y mandándolos a pastar a un sitio más seguro. Petro conoce a la mayoría de las familias de la zona. Más tarde las visitará.

En casi todos los rincones del planeta, la coexistencia del hombre con los grandes depredadores no es fácil. Cuando los bosques y las sabanas dan paso a granjas y ciudades, los animales pierden su hábitat. Y los depredadores permanecen en los alrededores de las tierras cultivadas y a menudo son satanizados o exterminados.

Pero en las elevadas llanuras de Tanzania, los pueblos nómadas están acostumbrados a convivir con la fauna silvestre, a hacer pastar vacas, cabras y ovejas en las mismas sabanas donde habitan cebras, búfalos y jirafas, y donde leones, leopardos y hienas se alimentan de otros animales.

Reducción. La cantidad de leones ha disminuido en un 40 % en las últimas dos décadas en África, según señaló la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en 2015.

Es uno de los pocos sitios de la Tierra donde la coexistencia todavía podría ser posible. Pero el equilibrio es delicado. Y lo que suceda aquí en Tanzania puede ayudar a determinar el destino de esta especie: en Tanzania se encuentra más de un tercio de los 22,500 leones africanos que se cree sobreviven, de acuerdo con informes de la Universidad de Oxford.

Hay indicios de que las medidas recientes están funcionando.

En el 2005, Loibor Siret, un pueblo de 3,000 habitantes en las estepas masái, registró tres ataques de depredadores al ganado por mes. En el 2017, hubo uno al mes. El principal cambio en el ínterin fue que unas 90 familias construyeron corrales reforzados que mantienen a raya a los depredadores.

La protección de los animales cuando están pastando en campo abierto es más compleja, pero los individuos que patrullan la región tuvieron 14 intervenciones exitosas que probablemente hubieran terminado mal, con ganado y leones muertos, de acuerdo con registros de Pueblos y Fauna Africanos.

Si bien la caza de leones está mermando, todavía hay cazadores. En julio, una patrulla informó de una reciente matanza por venganza. Y suministró una foto del león muerto, al que se le habían cortado las cuatro zarpas y la cola, siguiendo un viejo ritual.

A pesas de esos reveses, la población de leones está repuntando.

Un estudio de la organización sin fines de lucro Tarangire Lion Project indicó que en el otoño del 2011 había solo 120 leones en cierta área, comparado con los 220 del 2004. Pero la población aumentó a partir del 2012 y para el 2015 había 160 animales.

«Cuando les das un lugar seguro, se reproducen rápidamente», dice Laly Lichtenfeld, ecóloga y cofundadora de Pueblos y Fauna Africanos.

Craig Packer, biólogo y fundador del Centro de Leones de la Universidad de Minnesota, que no participa del proyecto, dice que «estos esfuerzos para evitar conflictos sin duda ayudan a los leones, aunque sigue vigente el interrogante de si van a durar 20 o 50 años por el crecimiento de la población».

Las reservas para animales salvajes no son suficientes, al menos para las especies habituadas a deambular por grandes extensiones de terreno.

En el Parque Nacional Tarangire de Tanzania, los leones duermen en las riberas de los ríos y trepan los árboles –al final de cuentas, son felinos–, ignorando a menudo los vehículos con turistas que pasan por allí. En el parque están bastante seguros. Pero la parte protegida del parque es tan solo una de las áreas de las que dependen los leones y sus presas. Los animales migratorios grandes se mueven mucho, siguiendo sobre todo las lluvias en las sabanas del África oriental.

Las cebras y los ñúes que pasan los meses secos en el parque se van durante el lluvioso invierno, período en el que comen pasto más nutritivo y se reproducen. Leones, leopardos y chitas se van detrás y deambulan por la estepa masái.

Refuerzo. Los ataques a depredadores de ganados en Loibor Siret, un pueblo masái, han disminuido en los últimos años por la forma en la que sus habitantes han reforzado los corrales.

«Los animales de Tarangire pasan tanto tiempo afuera del parque que nunca podrías poner un cerco a su alrededor, porque impediría las migraciones», dice Parker.

Los científicos se dan cuenta de que en las tierras afuera de los parques nacionales también debe haber estrategias para la conservación de los animales. En un estudio publicado en marzo por la revista Ciencia, los investigadores relacionaron el acceso y el estado de las tierras del famoso ecosistema Serengeti-Mara que rodea el parque con la salud de los animales de adentro. Comprobaron que un pastoreo excesivo y otros factores obligaron a los animales a ocupar espacios más reducidos adentro.

«La forma de pensar actual no funciona», dice Michiel Veldhuis, ecólogo de la Universidad de Leiden, Holanda, y uno de los autores del estudio. Al elaborar estrategias para la conservación, afirma, «tenemos que pensar cómo incluir a los que viven cerca de las áreas protegidas».

Hay quienes se muestran escépticos. Algunos habitantes de las aldeas vecinas no ven con buenos ojos los esfuerzos de Petro.

«No queremos escuchar leones rugiendo cerca de noche», dice Neema Loshiro, una mujer de 60 años que vende anillos, collares y aros hechos a mano en una calle de Loibor Siret. Los únicos animales que quiere cerca son jirafas e impalas, porque «son lindos y no atacan a la gente ni se comen las cosechas».

De todos modos, la gente está cambiando. Petro Lengima Lorkuta, de 69 años, padre de Saitoti Petro, mató su primer león cuando tenía 25 años, clavándole una lanza después de que atacase su toro más grande. En esos días, «si matabas un león demostrabas que eras un guerrero fuerte», comentó.

Desde que su familia se mudó a una hacienda nueva e instaló un corral reforzado hace cuatro años, cuenta, ninguno de sus animales fue víctima de depredadores. «Los cercos modernos ayudan mucho», admite.

«Ahora me encanta ver leones», siempre y cuando no estén muy cerca de su casa, y apoya los esfuerzos de su hijo por educar a los vecinos acerca de cómo evitar situaciones no deseadas.

Petro se sigue levantando todos los días al amanecer para sacar a pastar a su ganado, como hicieron sus ancestros por generaciones. La cultura, no obstante, está cambiando de muchas maneras: En lugar de permitir que su padre arreglase sus matrimonios, como hacen la mayoría de los masái, Petro enamoró a sus dos esposas.

La asfixia a los periódicos nicaragüenses

Fotografías de CONNECTAS

Después de casi 40 años continuos de historia en Nicaragua, El Nuevo Diario publicó el pasado viernes 27 de septiembre la suspensión de su edición impresa. Una decisión que no se había tomado ni en la guerra civil que vivió este país en los años 80, ni en los duros retos de la transición a la democracia. Un editorial, que circuló  a la medianoche en la edición digital, informó al público en general que la decisión ocurre por dificultades “económicas, técnicas y logísticas que hacen insostenible su funcionamiento”.

Casi con las mismas palabras, el diario Metro, asociado del primero, anunció también la suspensión y se despidió de los lectores con un agradecimiento. La medida ocurre nueve meses después de que ellos mismos, el segundo de mayor circulación nacional, cerró también su periódico popular Qhubo. La razón: la asfixia a los principales medios impresos del país impuesta por la Dirección General de Aduanas que retiene el papel, la tinta y otros insumos desde hace más de un año.  La Prensa, el decano del periodismo nacional con sus 93 años de existencia, es la otra víctima notable de este tipo de control.

Fundado en mayo de 1980 por ex trabajadores de La Prensa que se identificaron con la revolución sandinista, El Nuevo Diario desde diciembre del año pasado había dejado de circular los fines de semana para alargar su existencia. Igual redujo su paginaje entre semana. El nueve de julio pasado, la DGA sorpresivamente les entregó 9.6 toneladas de papel, el 20 por ciento del material retenido desde el año pasado. Además 15 barriles de tinta, 6,000 planchas y un cargamento de químicos necesarios para la impresión del rotativo. Sin embargo no fue suficiente y, en medio de la crisis política que vive desde abril del año pasado, fue anunciada la suspensión de la publicación de este rotativo.

Adiós. El reportero gráfico Jorge Ortega salía de las instalaciones del periódico El Nuevo Diario después de conocer que el diario dejaba de circular.

“Estamos conscientes de la importancia de El Nuevo Diario como medio de comunicación clave en la cobertura periodística de varias etapas relevantes en la historia reciente de Nicaragua, desde su fundación”, se lee en el editorial que marca el final de esta etapa en el periódico que se había trasladado en fechas recientes al sector sur de Managua a las instalaciones donde tiene su rotativa para ahorrar recursos.

Bajo el gobierno de Ortega, cuestionado por su autoritarismo y señalado de violaciones a derechos humanos, el diario La Prensa se encuentra también bajo amenaza: su edición es de cuatro páginas cuando en sus mejores tiempos, en administraciones anteriores a la actual, llegó a circular con 96 hojas e incluso 108.

La decisión gubernamental del bloqueo a los medios impresos no ha sido explicada por autoridad alguna. CONNECTAS, la plataforma líder en promover el periodismo colaborativo en la región llamó a la oficina de Aduanas, dirigida por Eddy Medrano Soto, pero no ha respondido la solicitud de una entrevista.

Eduardo Enríquez, editor principal de La Prensa, explicó en agosto pasado que para afrontar las medidas de Aduanas en el último año el diario realizó cuatro reducciones en su edición impresa, despidos de personal, disminución de gastos administrativos y centraron sus esfuerzos en fortalecer su edición digital. Sin embargo, el tiraje sigue siendo el mismo “a pesar que circulamos con menos páginas”, una situación de la que interpreta que “la gente quiere seguir leyendo el periódico y encuentra que la información que le servimos es útil y que vale la pena aunque sea de una manera reducida”.

El pasado cinco de agosto, la escritora Gioconda Belli, una de las más reconocidas autoras nicaraguenses en lengua española, traducida a más de 14 idiomas, se lamentaba, a través de su cuenta de Twitter, de que a su casa no había llegado este periódico, lo que trastocaba su rutina diaria. “Aunque fueran cuatro páginas, las leía con el café todos los días”, escribió en referencia a la reducción del paginaje de La Prensa. “No puedo imaginar que este Gobierno mate por inanición a este diario, compañero de mis mañanas. ¡Qué tragedia la de este país!”, se quejó la poeta.

Cierre. El Nuevo Diario publicó un editorial confirmando la suspensión de sus publicaciones y agradeciendo a sus lectores.

Belli representa en el país a PEN Internacional, la asociación mundial de escritores que expresó, al conocerse la noticia de El Nuevo Diario, su “consternación” y llamó al gobierno de Ortega a detener la campaña de acoso, intimidación y agresiones contra los medios independientes, aquellos que siguen cuestionando el poder político y no se encuentran bajo el control del gobierno, a quienes la vicepresidenta Rosario Murillo llama “medios sandinistas”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado la retención de papel a los medios de comunicación en Nicaragua y ha reclamado su devolución en junio pasado. Durante su última visita a Nicaragua, el pasado 12 de julio, la SIP instó al Gobierno a terminar con estas “medidas de censura indirecta” en contra de los medios de comunicación.

La situación de la libertad de expresión en Nicaragua es valorada como “uno de los episodios más graves en la región”, según declaró en enero pasado al rotativo  La Prensa Edison Lanza, relator especial de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La historia de oposición de La Prensa al político sandinista data desde antes que Ortega retomara el poder en enero de 2007. El diario criticó sus posturas antidemocráticas desde los ochenta, cuando el actual presidente era el coordinador de la junta de reconstrucción, un órgano formado tras la caída de Somoza. Siguió siendo crítico durante la primera administración de él entre 1984 y 1990 y en sus años posteriores.  El cierre del diario parece inminente si se ve la bodega, ubicada a metros de la rotativa, donde antes rebosaba de papel y hoy solo se ven unas cuantas bobinas.

La asfixia a los medios contrasta con el discurso gubernamental que enaltece la libertad de expresión. En 2011, cuando era candidato presidencial, Ortega se comprometió a respetar la libertad de expresión al suscribir la declaración de Chapultepec. En el poder, el político sandinista ha atacado todo lo que ha concebido como crítica, sin distinguir entre medios y redes sociales.

En marzo de 2018, en un intento por controlar las redes sociales precisamente, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario, dijo que las mismas estaban influenciando negativamente a los nicaragüenses. Su bancada entonces propuso una consulta legislativa supuestamente para encontrar una manera de evitar la propagación de “noticias falsas”.

El 18 de agosto pasado, Ortega sostuvo que existe una absoluta libertad de expresión y religiosa en Nicaragua contra lo que dicen sus críticos. La familia del gobernante tiene un rol protagónico en este sector. Controla un grupo de  medios de comunicación desde donde publican propaganda que circula a nivel nacional y que incluye radios y cuatro televisoras, algunas de ellas dirigidas por hijos del mandatario.

Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y vicepresidente de la junta directiva de La Prensa, explicó a NICARAGUA.CONNECTAS.ORG, un espacio para contar el país centroamericano a Latinoamérica,  que “cuando se cierran medios de comunicación, cuando se reduce la información vos te sentís desamparado, te  sentís como que te están quitando el aire, te están quitando el conocimiento, te están quitando tu derecho a saber”.

La situación que ha estado viviendo el país desde abril del año pasado, cuando iniciaron las protestas contra el gobierno, ha sido difícil para los periodistas y los medios. Según un monitoreo de la Fundación Violeta Barrios, se han registrado al menos 1.080 casos de violaciones a la libertad de prensa entre abril de 2018 y 2019, el asesinato del periodista Ángel Gahona, el encarcelamiento de dos periodistas y también se ha dado la confiscación de las instalaciones del diario digital Confidencial y la televisora 100% Noticias. Fue así que apresaron a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda bajo acusaciones de incitación al odio. Ellos fueron liberados en junio tras seis meses de presidio.

Denuncias. El diario La Prensa denunció que, por las presiones de Aduanas durante el gobierno de Daniel Ortega, se podían quedar sin papel.

Mientras en el mundo entero los impresos viven duros momentos de sostenibilidad para sus ediciones con la llegada de la Era Digital, en el caso de Nicaragua, la prolongada agonía de la edición impresa de los periódicos también ha representado un aumento en los costos de producción. Enríquez precisa que en el caso de La Prensa ya “se ha acabado el papel periódico” y la empresa decidió utilizar otro tipo de papel para imprimir el diario, “pero es mucho más caro, lo que implica que hay mucho más costos de producción”. Sin embargo, esta ha sido la única manera que les ha permitido continuar circulando, según el editor.

Enríquez afirma que el diario “va usar hasta el último pedacito de papel que tengamos disponible” para continuar imprimiendo. “Calculamos que eso puede durar todavía varios meses. Es más costoso pero yo creo que podríamos terminar el año” con las reservas existentes.

Desde el 10 de septiembre de 2018, Aduanas mantiene retenidas 92 toneladas de papel a La Prensa, tinta, planchas, y repuestos para la imprenta. Estos materiales están valorados en 180.000 dólares y permanecen en un almacén fiscal desde esa fecha. En noviembre de ese mismo año, el diario apeló ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) que dio lugar a la queja, pero hasta ahora no entregan la mercadería.

El pasado cinco de agosto, la escritora Gioconda Belli, una de las más reconocidas autoras nicaraguenses en lengua española, traducida a más de 14 idiomas, se lamentaba, a través de su cuenta de Twitter, de que a su casa no había llegado este periódico, lo que trastocaba su rutina diaria. “Aunque fueran cuatro páginas, las leía con el café todos los días”, escribió en referencia a la reducción del paginaje de La Prensa.

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Enríquez señala que el Gobierno “no ha dado ningún argumento” sobre la retención de la materia prima. Trabajadores del rotativo se han acercado en múltiples ocasiones a la DGA para tratar de recuperar los materiales y lo único que les contestan los funcionarios “es que no tienen instrucciones para hacerlo, lo cual es un absurdo porque todos los requisitos se han llenado”.

En varias publicaciones, La Prensa ha asegurado que mientras la materia prima no sea entregada por las autoridades de aduanas, no se realizarán nuevas importaciones, ya que hasta ahora ni con el pago de los impuestos, que por ley deben ser exonerados, se ha logrado recuperar los materiales. Actualmente el temor de La Prensa es que los insumos puedan vencerse o dañarse por estar en las bodegas estatales.

Róger Lagos, responsable de compras de esta empresa, explicó en abril pasado en una nota publicada por el rotativo: “Lo que más nos preocupa es el papel, por ser un material más sensible en su almacenamiento: aunque los almacenes puedan fumigar y mantener sus medidas de higiene, el papel puede contaminarse con polillas, plagas, servir de nido de ratas o dañarse con la humedad… Puede ser que una vez que salga (la materia prima) no todo el papel nos sea útil”.

Enríquez considera que la razón del bloqueo aduanero en contra de La Prensa es porque su línea editorial se caracteriza por defender “principios democráticos” y eso no es bien visto por el Gobierno que “a partir de 2018 dejó de ser autoritario y pasó a ser una dictadura sanguinaria”.

Según las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que una misión vino al país a investigar las denuncias, la represión a los manifestantes causó el asesinato de 328 personas, más de 2.000 heridos y más de 60.000 exiliados, entre ellos unos 68 periodistas. Asimismo centenares de presos políticos que sumaron más de 700 hasta que, por la presión internacional, el gobierno liberó a una gran parte en junio pasado. Quedaron al menos 120 en las cárceles.  El ejecutivo ha negado la represión y ha dicho que fue víctima de un golpe de Estado. Todo lo que se publica en sentido contrario es descrito por funcionarios como “noticias falsas”.

Sin materia prima. En esta portada, el diario nicaraguense con 93 años de existencia, denunciaba que se le agotaba la tinta por la medida del gobierno.

 “Medios, el último reducto de libertad”

Cristiana Chamorro, señala que el bloqueo aduanero contra el diario y también contra El Nuevo Diario es otro ejemplo de esas agresiones gubernamentales. “Aquí hacer periodismo es saber que tu vida está en peligro, es saber que sí, que estás cumpliendo una misión de alto riesgo”, explica. Para ella, el gobierno de Ortega criminaliza el ejercicio del periodismo en Nicaragua.

Chamorro advierte que actualmente en Nicaragua hay “un nivel de represión tan alto, que nadie se puede manifestar” y de alguna manera los medios de comunicación, pese a las limitaciones, se han convertido “en el último reducto de libertad” en este país. El periodismo independiente “se mantiene siempre en la primera fila informando… no los han podido callar”.

Al conocerse el cierre de El Nuevo Diario, Chamorro calificó el día como de “duelo nacional” y llamó dictadura a la administración de Ortega. “Nuestra solidaridad con todos sus trabajadores ahora en desempleo. Y como dijo Pedro Joaquín Chamorro, director asesinado de La Prensa en 1978: “Sin libertad de prensa no hay libertad””, sostuvo.

Editorial La Prensa S.A dejó clara su protesta contra el gobierno de Ortega por el bloqueo del papel y los otros insumos desde enero pasado. El 18 de enero de 2019, cuando se cumplían 20 semanas de retención de los mismos, el diario publicó una portada en blanco solo con la pregunta: “¿se ha imaginado vivir sin información?”.

En marzo de 2018, en un intento por controlar las redes sociales precisamente, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario, dijo que las mismas estaban influenciando negativamente a los nicaragüenses. Su bancada entonces propuso una consulta legislativa supuestamente para encontrar una manera de evitar la propagación de “noticias falsas”.

La pregunta estaba dirigida a la ciudadanía nicaragüense, cuya libertad de expresión y libertad de información “enfrentan el asedio de la dictadura”, explicó el diario en un editorial. La portada en blanco le dio la vuelta al mundo y generó un debate sobre la importancia de la libertad de expresión y la libertad de prensa como ejes transversales para la democracia.  Decenas de lectores tomaron el diario y llenaron la página con sus propios titulares, algunos de los cuales eran consignas de la lucha contra Somoza. Así, le dijeron a Ortega: “¡qué se rinda tu madre!”, por ejemplo y las publicaron en sus cuentas en redes sociales.

El compromiso de los reporteros de La Prensa con sus lectores, al dar cobertura a las protestas ciudadanas, fue reconocido el siete de agosto de 2019. La SIP otorgó el Premio a la Excelencia Periodística 2019, en la categoría de Noticias por Internet y la calificó como “valiente y exhaustiva”. El periódico informó, a través de videos, fotografías, tuits, textos, que los periodistas enviaban desde el lugar de los hechos, la mayoría de veces en riesgo para sus propias vidas.

La reportera Leonor Álvarez, de la sección de política de La Prensa y una de quienes cubrió la protesta en las calles, explicó que tenía miedo, adrenalina y unas ganas de que todos supieran lo que estaba ocurriendo en el país centroamericano. Álvarez dijo que ella estaba consciente de que estaba haciendo un trabajo, pero igual en esa situación adversa no podía controlar sus emociones. “Siempre me pongo a temblar cuando estoy en medio de los estallidos y los policías rodeándonos”, recordó.

En medio de la crisis de los medios impresos, la dirección ha rebautizado como la “República Digital”,  recordando que en los años de la censura de Somoza su director Pablo Antonio Cuadra lo llamó la República de Papel. Es un legado que defienden definiéndose como una mesa redonda de opiniones libres, en diálogo permanente, con libertad de crítica e iniciativas. Mientras tanto, el país centroamericano resiente la pérdida de El Nuevo Diario.


*Esta historia hace parte de NICARAGUA.CONNECTAS, la nueva iniciativa para mostrar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.

Emigrar o morir: las opciones de los pacientes con VIH en Venezuela

Fotografía de El Universal, México

“Cada vez que me entregaban mis medicamentos era un alivio. El conocer que iba a tener calidad de vida, mientras duraran las pastillas, me llenaba el cuerpo de una felicidad inmensa, aunque fuera por tan solo unos segundos. La incertidumbre del no saber si el próximo mes iba a correr con la misma suerte, me generaba angustia”.

El testimonio de Gabriel, un joven seropositivo al VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), es espejo de miles de pacientes que viven con la misma condición en Venezuela. La dificultad o imposibilidad de adquirir los antirretrovirales para atender este padecimiento los ha llevado a coincidir en la pregunta: ¿me quedo en el país o emigro?

En Venezuela, una amplia parte de su población percibe un salario mínimo de 40 mil bolívares (1 dólar con 82 centavos al cambio de este 29 de septiembre); el Estado, administrado por el gobierno de Nicolás Maduro, es el único que puede comprar y distribuir medicamentos, entre ellos los antirretrovirales, y no lo hace, lo que genera una necesidad de escape, en especial para quien vive con VIH, que ve como única solución salir de su país.

“Primero está mi vida”. La respuesta de Ronald Benítez, de 30 años de edad, fue inmediata. Desde el 2015, año en que fue diagnosticado, supo que a partir de ese momento su prioridad era vivir. Hace dos años y medio emigró a Bogotá, Colombia.

Hasta 2016, Benítez, como el resto de los 77 mil pacientes con VIH -de un total de 220 mil contagiados en el país- que reciben o están inscritos en el programa de obtención de medicamentos por parte del Estado venezolano -de acuerdo a las últimas cifras, del mismo año, aportadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela (MPPS)- pudo contar con los fármacos que controlan su padecimiento.

“Todo iba funcionando bien, luego se tornó a intermitente, para después, sencillamente, no recibir nada”, cuenta este joven de su experiencia en el centro hospitalario, ubicado en Caracas, en dónde le tocaba retirar su cóctel de medicamentos.

La situación obligó a Benítez a tomar la decisión de emigrar. “Llegué a tener un descontrol en mi medicación y eso es un lujo que los pacientes como yo no nos podemos permitir”, reflexionó.

Lo que seguía en la vida de Benítez estaba claro para él. Obligado a abandonar su país, optó por irse a Colombia, que era lo más cerca: “Fui, inicialmente, de vacaciones, y si las cosas funcionaban me quedaba”, pensaba.

Aunque aún no ha podido entrar a un programa que le garantice la adquisición de los antirretrovirales en Bogotá, por no contar con una permanencia legal en territorio colombiano, asegura que en comparación a como estaría en Venezuela, su calidad de vida es mejor en cuanto alimentación y otros factores necesarios para vivir con su condición de una manera digna.

Para Benítez nada ha cambiado ni mucho menos mejorado en el sistema sanitario venezolano. Pese a que todavía está inscrito en el programa del MPPS, sigue sin recibir los antirretrovirales que, por ley, tal como lo consagra la carta magna, le corresponde al Estado otorgarle para garantizar su derecho a la salud.

Desabastecidos. Los anaqueles de una farmacia en el centro de Caracas llevan varios meses vacíos

Así las cosas, fue en el mercado negro que consiguió este venezolano la alternativa para poder seguir con su medicación. Asegura que, por un tiempo, pagó mensualmente $30 a una enfermera en Venezuela que le vendía los antirrotrovirales. Su última compra fue en febrero. Aseguró su tratamiento por 8 meses. Luego de octubre 2019, si no regulariza su situación migratoria en Colombia, la incertidumbre para Benítez volverá.

Las posibilidades que ha tenido Benítez no son las mismas para quien vive con VIH y decide quedarse en Venezuela. En la otra cara de la moneda, la realidad es costosa, además de dura, de mucha paciencia y angustiante a la vez. Todos los sentimientos al mismo tiempo.

Día a día, los hospitales del país amanecen colmados de personas seropositivos que aguardan la esperanza de irse a casa con sus medicinas. El “vuelve después. Cuando lleguen (los antirretrovirales) te llamamos”, son palabras a las que deben hacer frente estos pacientes en medio de su desesperada e infructuosa búsqueda de la medicación.

Es el caso de Freddy Bravo. De los 13 años que lleva diagnosticado, los últimos 3 años han sido de preocupación constante. El no tener acceso al tratamiento que controla el virus en su organismo, ni dinero para comprarlo por su cuenta, lo ha hecho tomar “medidas extremas”.

“A partir 2016, cuando comenzó la falla en la entrega de los antirretrovirales, tuve que ingeniármelas. Comencé a tomarme las pastillas un día sí y otro no, aunque sé que eso estaba mal, o al menos, no era prudente. Mi salario no me alcanza para asumir lo costoso del tratamiento”, contó este hombre de 47 años de edad.

Desde hace ya varios años, desde que se agudizó la crisis en Venezuela, los análisis de carga viral y conteo de linfocitos CD4 dejaron de hacerse en los centros de salud públicos. Estos exámenes se pagan y son inalcanzables para la mayoría de pacientes seropositivos. En las pocas clínicas privadas que los realizan en Caracas, sus costos no son ni siquiera en moneda local: oscilan entre los $30 y $50. solo en algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país, resultan más económicos y permiten que sus precios, aunque dolarizados, sean pagados en bolívares.

“Yo he tenido que vender parte de mis pertenencias para poder hacerme esos exámenes. La situación económica y de salud del país es bastante difícil. He pensado en irme de Venezuela”, confesó Bravo, quien a la fecha ya tiene un año sin hacerse el conteo de sus linfocitos y de carga viral.

A finales de 2018, los pacientes portadores del virus vieron un rayo de esperanza. En reunión con autoridades sanitarias venezolanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONUSIDA diseñaron las guías del Plan Maestro para el reinicio del tratamiento antirretroviral.

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“PLAN MAESTRO”: VIVIR GRACIAS A DONACIONES

Desde 2016, el MPPS a través del Estado venezolano no ha comprado los medicamentos antirretrovirales ni reactivos para realizar los análisis de sangre de detección o seguimiento de la carga viral del VIH. Siendo esta la razón que origina la crisis, muchas han sido las alertas y las denuncias nacionales e internacionales por la falta de atención del gobierno de Nicolás Maduro da a este sector de la población.

Las ayudas han llegado de a poco, conforme el gobierno venezolano lo permite.

A finales de 2018, los pacientes portadores del virus vieron un rayo de esperanza. En reunión con autoridades sanitarias venezolanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONUSIDA diseñaron las guías del Plan Maestro para el reinicio del tratamiento antirretroviral en estas personas.

Para lograrlo, se destinaron casi 34 millones de dóalres que alcanzarán, en un principio, para la atención por tres años del VIH/Sida en Venezuela, con su única prioridad en la entrega de medicamentos.

A partir de febrero de 2019, el MPPS comenzó a distribuir esta donación.

“Yo agradezco que se buscó una solución a este problema, nuestros pacientes merecen estar bien”, expresó la infectóloga Patricia Valenzuela.

Pero aún no se ha resuelto todo, y está lejos de solucionarse. Los laboratorios clínicos siguen sin reactivos para la realización de pruebas diagnósticas, pruebas rápidas, y para la carga viral del VIH, que es el examen más importante que permite llevar el seguimiento a las personas que cumplen con el tratamiento.

“Es muy complicado una condición de salud en Venezuela, debido al desabastecimiento de medicamentos. Son momentos duros y difíciles para los infectólogos venezolanos. Vemos cómo perdemos y se viene abajo el trabajo de años de avance con los pacientes”, deploró la galena.

Valenzuela perdió la cuenta de cuántos de sus pacientes han tenido que emigrar por la falta de medicamentos en Venezuela: “Varias de las personas que atendía desde siempre se fueron marchando poco a poco para recibir los antirretrovirales, y les ha ido bien en esos países que le brindaron la mano”.

Hasta marzo, a la consulta de la doctora Valenzuela llegaban pacientes hasta con 10 meses sin recibir el tratamiento antirretroviral. “Durante ese periodo, hubo una serie de fallecimientos por la reaparición de enfermedades oportunistas, para las cuales no hubo, ni hay todavía tratamiento en el país”, lamentó.

“No es fácil, el paciente sufre y el tratante también”, reflexionó Valenzuela sobre la situación de salud en el país.

Solo de vista. Con lo poco que llegó de medicamentos a una farmacia caraqueña, solo alcanzará para rellenar la vitrina que ve el público. El resto del stock seguirá en números rojos.

Narcos aprovechan flaquezas de Uruguay

Sin ruta. La relaidad en Uruguay es que, pese al aumento de las exportaciones, desde 2009 no existe un plan de lucha contra el narcotráfico.

Dos escándalos consecutivos encendieron las luces rojas.

El 25 de julio se informó que en mayo un avión que había despegado de Uruguay aterrizó en Francia con 600 kilos de cocaína. Una semana después, en agosto, se anunció que 4,600 kilos de la misma droga fueron confiscados en Hamburgo dentro de un contenedor despachado en Montevideo. El director de Aduanas renunció al día siguiente en medio del escándalo y poco después la cadena alemana de noticias Deutsche Welle llamó a Uruguay «nueva bisagra del narcotráfico global», lo cual hizo sonar todas las alarmas nacionales.

Uruguay, un país de apenas de apenas 3,4 millones de habitantes, pocas veces es noticia mundial por temas de narcotráfico. Ahora, sin embargo, las autoridades en ambos lados del Atlántico han notado un cambio en los patrones de tráfico de cocaína desde Uruguay, y para algunos esto podría significar la reapertura de una ruta que se pensó cerrada.

Pero, ¿qué pasó? En Uruguay se cree que la explicación puede ser esta: en un afán por agilizar su comercio y bajar los costos, se descuidaron los controles aduaneros, y el narcotráfico lo comprendió. Las exportaciones uruguayas -que representan un 12.6% del producto interno bruto- son vitales y nadie quiere correr riesgos de que bajen.

«Somos una ruta, como hay otras. Pero es cierto que determinados controles están flaqueando o no están en los niveles que deberían», admitió el fiscal general Jorge Díaz.

Desde que se conocieron los primeros reportes de incautaciones de cocaína este año, se han organizado varias reuniones entre autoridades, despachantes de Aduana y exportadores buscando dónde está el error y cómo solucionar el problema, en medio de un gran hermetismo.

«Lo sucedido fue una conmoción y estamos trabajando muy fuerte para mejorar rápidamente los aspectos que debemos mejorar. Ahora es momento de trabajar y no hacer muchas declaraciones», dijo el viceministro de Economía, Pablo Ferreri.

Leonardo Couto, un despachante de aduana que está participando de las reuniones que buscan mejorar todo el sistema de control de exportaciones, admitió una parte de responsabilidad.

«Todos en la cadena fuimos omisos a no prestarle atención a este fenómeno, por ese afán de bajar y bajar costos, empezamos a relegar controles. No solo el estado. Todos», dijo el despachante que cada mes envía entre 300 y 400 contenedores con productos uruguayos a otras partes del mundo.

Couto explica que el énfasis de la Aduana siempre estuvo puesto en controlar las importaciones, que pagan impuestos mucho más elevados que las exportaciones.

En el puerto de Montevideo, el principal del país, están algunos de los eslabones débiles de la cadena: la terminal tiene un único scanner que es operado por funcionarios que solo trabajan en horario de oficina; jamás de noche. Además, la máquina se dedica en forma exclusiva a controlar importaciones.

Actividad. Cada mes salen entre 300 y 400 contenedores con productos uruguayos a otras partes del mundo.

Como inspeccionar uno por uno a todos los contenedores es imposible por los costos que tendría y las demoras que supondría, un programa informático inteligente –que toma en cuenta cuál es la mercadería, su destino, el empresario y otras variantes– determina cuáles son los pocos que son revisados, que no llegan al 3%.

El contenedor que fue descubierto en Alemania con cocaína era parte de un embarque poco usual: cuatro contendores con soja, un alimento que se suele embarcar en cantidades mucho mayores. El sistema, sin embargo, le dio la luz verde para salir sin ser controlado.

«La soja por lo general se exporta en barcos llenos, sin contenedores. Eso debió llamar la atención. Debió haber saltado que no parece lógico que una empresa exportara ese pequeño volumen de un producto que se vende de otra manera. Falló esa gestión de riesgo, no se hizo bien», dijo Couto.

El fiscal general Díaz ha visto de todo. Cocaína en embarques de carne y de lana; 500 kilos de cocaína disimuladas en redes de pesca que eran enviadas a Vigo y 2.000 kilos embarcados en un yate que se aprestaba a viajar a Serbia. Eso pasó entre 2003 y 2010. Después, comentó, hubo años de calma y se creyó que la ruta estaba cerrada. Pero los últimos hechos le demuestran que se ha vuelto a abrir. Quizás porque se bajó demasiado la guardia.

«Desde 2009 no existe un plan de combate al narcotráfico», dijo Díaz en una entrevista en la emisora Océano FM.

Laurent Laniel, investigador del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), dijo que este año comenzaron a notar embarques de droga desde Uruguay, aunque aún en cantidades menores a otras naciones sudamericanas.

Según el reporte más reciente de la OEDT, en 2017 se decomisaron 140 toneladas de cocaína, toda procedente de las Américas. Y según Laniel, Colombia, Brasil y Ecuador son los principales países desde donde llega la droga.

Sin embargo, una muestra del rol que podría estar jugando el tráfico desde Uruguay es lo que pasa en torno al puerto de Amberes, que de acuerdo con Laniel es el principal puerto de decomiso de cocaína procedente de las Américas.

Este año, entre enero y julio, las autoridades hicieron dos decomisos de cocaína procedente de Uruguay y con destino a esa ciudad belga: uno de 4,6 toneladas el 15 de julio –el ya citado cargamento descubierto en Hamburgo antes de llegar a Amberes– y otro de 1,2 toneladas el 23 de julio en un contenedor que ya estaba en el puerto.

Si uno quiere comparar, en todo 2018 sólo se hizo un decomiso de 120 kilos de cocaína que venía de Uruguay y que también tenían como destino el puerto de Amberes.

Ninguna autoridad señala a algún cartel de las drogas en específico.

Cada año se mueven 750 millones de contenedores en el mundo y apenas el 2% de ellos se abren para ser inspeccionados, dijo Bob Van Den Bergh, experto en aplicación de leyes del Programa de Control de Contenedores de Naciones Unidas y la Unión Mundial de Aduanas.

Uruguay solicitó hace un año sumarse al programa, que opera actualmente en 16 países latinoamericanos. Sin embargo, un paso previo es que un país desarrollado financie la llegada de técnicos internacionales a un nuevo país. Ninguna de las naciones que participa en la región lo hace con dineros propios, dijo Van Den Berghe.

En el puerto de Montevideo, el principal del país, están algunos de los eslabones débiles de la cadena: la terminal tiene un único scanner que es operado por funcionarios que solo trabajan en horario de oficina; jamás de noche. Además, la máquina se dedica en forma exclusiva a controlar importaciones.

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Mediante el programa, los técnicos viajan a los países y enseñan a los funcionarios locales a reconocer indicadores de riesgo en documentos comerciales, a percibir las manipulaciones de sellos y precintos, a detectar espacios ocultos en las estructuras del contenedor.

«Buscamos evitar que se abran contenedores sin razón, porque no queremos retrasar la cadena del comercio y perjudicar a empresas y puertos. Buscamos menos inspecciones con más resultados», dijo Van der Berghe. «Antes de que un policía o un aduanero abra un contenedor, tienen que estar casi seguros de que allí hay un problema».

En el puerto brasileño de Santos, luego de la implementación del programa, las incautaciones de droga aumentaron un 30%, aseguró.

En 2018, en los puertos de América Latina y el Caribe donde trabaja el programa, se incautaron más de 53 toneladas de cocaína y en 2019 ya van 44. También requisaron armas y municiones, precursores químicos, fauna, flora y maderas protegidas.

Para Laniel, el experto del OEDT, el tráfico tampoco puede entenderse sin la corrupción.

El fiscal Díaz está de acuerdo: «los sobornos detectados son la punta del iceberg. Para llegar a ese nivel de descaro tiene que haber muchos otros». Y el ministro de Defensa, José Bayardi, dijo a la AP que la presencia de narcomafias le preocupa porque cuando prosperan «terminan por generar la desestructuración de la institucionalidad del país».

Las autoridades no han detectado ningún caso específico de corrupción en el puerto de Montevideo, pero respecto al avión que aterrizó en Francia con 600 kilos de drogas, la justicia ya envió a la cárcel a un cabo de la Fuerza Aérea que cobró 30.000 dólares por hacer la vista gorda cuando las valijas con la droga pasaron por el scanner.

Claire Georges, portavoz de la agencia policial europea, Europol, dijo a la AP que desde 2018 han visto reportes en «fuentes abiertas» -como medios de comunicación- del uso creciente de Uruguay para enviar cocaína a Europa, aunque los países del viejo continente le han dado poca información concreta sobre eso.

Uruguay, con todo, está lejos de ser el epicentro del tráfico de América a Europa.

El caso de Uruguay, dijo Laniel, «es una cosita que acaba de surgir. Vamos a ver si toma más amplitud».

Fachada. A Alemania llegaron cuatro contenedores con soja que, en realidad, llevaban droga.

Violencia sexual en la represión

La Policía de Nicaragua ha sido señalada de abusos a los derechos humanos. Según la CIDH, 328 murieron tras la represión del gobierno contra las manifestaciones que surgieron en abril de 2018. Fotografía de Carlos Herrera.

Byron Cruz Calderón fue llevado en agosto de 2018 a las celdas de la Policía en Pueblo Nuevo, al norte de Nicaragua, en el departamento de Jinotega. Ahí fue acuchillado en el estómago y en sus genitales. Cruz dio su testimonio cuando se encontraba en el hospital, mientras sus familiares acudieron para hacer la denuncia a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), un organismo fundado hace 41 años que ha recibido las acusaciones de ciudadanos víctimas de la represión oficial con las que el gobierno de Daniel Ortega buscó frenar las protestas que surgieron el 18 de abril de ese año.

En la denuncia se señala a la Policía y civiles armados de atrapar a Cruz en su casa, en el sector de El Dorado. De agredirlo. El día de su captura, estaba tranquilo cuando llegaron a buscarlo. Él quiso escapar y para llevárselo le dispararon en la rodilla izquierda. Su caso se sumó a la lista de los 2.000 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta entidad también da cuenta de 328 muertos.

La historia Cruz, de 31 años, inició con las acusaciones de un oficial sobre su participación en las protestas de acuerdo con esta investigación de CONNECTAS, la plataforma líder de periodismo colaborativo en la región. Agentes y parapoliciales actuaron contra los manifestantes antigubernamentales que levantaron barricadas para defenderse del operativo que las autoridades bautizaron como “operación limpieza”, y que fue desarrollado hasta julio de ese año.

El uso excesivo de fuerza de las autoridades policiales, el ataque de grupos de choque del gobernante Frente Sandinista -algunas veces coordinado con los oficiales- o de civiles armados contra opositores son parte de lo vivido por Nicaragua desde entonces, de acuerdo con organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

Las golpizas a los opositores cuando son detenidos son algunas de las denuncias realizadas contra oficiales de la Policía Nacional. Ilustración de Luis González

Al menos 25 casos de presos políticos, cuyas historias han sido publicadas en los diarios de Nicaragua, Estados Unidos, o los han entrevistado organismos de derechos humanos, han permitido identificar un patrón de vejámenes cometidos contra los opositores detenidos: golpizas, desprendimientos de uñas y dientes, choques eléctricos, derrames de ácidos en el cuerpo, asfixia, quemaduras con cigarro, maltrato psicológico, abusos sexuales y violaciones.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la OEA y que investigó lo ocurrido en el país entre el 18 de abril y 30 de mayo, fueron expulsados en diciembre de Nicaragua horas antes de la presentación de su informe. Denunciaron la comisión de delitos de lesa humanidad y pidieron una investigación contra Daniel Ortega y la cúpula policial, lo que contradijo la versión oficial que sostiene que fueron víctimas de un golpe de Estado.

“Se ha registrado una gran cantidad de detenciones arbitrarias en el contexto de las protestas, incluyendo a decenas de adolescentes. Existen evidencias de malos tratos y abuso de la fuerza al momento de concretar las aprehensiones y durante los traslados de detenidos. Asimismo, existe información sobre condiciones inhumanas de detención en unidades policiales y penitenciarias y denuncias de torturas que será necesario investigar cuando existan las condiciones”, reveló el GIEI.

Los abusos sexuales contra mujeres y hombres son una manera de sometimiento a los opositores, señala una experta. Ilustración de Luis González

Nicaragua es uno de los países signatarios de la convención interamericana para prevenir y castigar las torturas, adoptada en el seno de la OEA en 1985. En ese documento se explica lo que se entiende por tortura, según el artículo dos, en que se describe que la misma se da cuando intencionalmente se inflige a una “persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.

El gobierno negó que practicara torturas contra los detenidos por las manifestaciones. En noviembre de 2018, el viceministro Luis Cañas sostuvo a la Voz de América que “si nosotros nos pusiéramos a atender esas noticias falsas, les aseguró que no trabajaríamos sólo en estar atendiendo esas noticias, no solo falsas, sino que malintencionadas”. Cañas es de Gobernación, órgano a cargo del sistema penitenciario y trabaja en coordinación con la Policía.

Ana Quiroz, directora del organismo no gubernamental de derechos humanos, Centro de Información y Servicio de Asesorías de Salud (Cisas), al que el Estado de Nicaragua le canceló la personería jurídica de ese organismo en noviembre pasado, informó que lograron documentar los abusos cometidos por las autoridades a ocho mujeres.

Quiroz narra que a las opositoras detenidas las obligaron a desnudarse, a hacer sentadillas ante agentes impasibles según este relato publicado en NICARAGUA.CONNECTAS.

Eso ocurre en las estaciones locales de la Policía como en El Chipote, que es la dirección de Auxilio Judicial adonde las autoridades trasladan a personas sujetas de investigación; en La Modelo, que es la cárcel de hombres, y La Esperanza, la de mujeres, ubicadas estas últimas al norte de la capital.

“La mayoría de las personas que han sido abusadas o violadas han salido del país”, dijo Quiroz. “Le decían a la gente: ¿qué preferís? ¿Qué te mate o que te viole, que te siga golpeando o que te viole?” -según ella- “poniendo en la responsabilidad de la mujer en este caso el ser víctima de violación”.

Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, asegura que ha recibido nueve denuncias de mujeres que han sido violadas por policías y por “paramilitares”. Entre los casos documentados por este organismo, está el de una joven de 21 años que fue violada por 18 policías y parapoliciales, en el departamento de Matagalpa.

Según los testimonios, además de policías, en la represión participaron civiles encapuchados. Ilustración de Luis González

Las denuncias expuestas ante este organismo de derechos humanos revelan que las víctimas han sido abusadas y violadas cuando han estado detenidas en la Policía. Sus casos poco se conocen. Carla, de 19 años, participó en las protestas. La capturaron en Managua el 13 de junio de 2018 oficiales y hombres vestidos de civil y encapuchados que se movilizaban en cuatro camionetas. Después de varias horas de interrogatorio, tenía frío y dolor de cabeza. Estando en El Chipote, ingresó un hombre encapuchado y vestido de civil para continuar.

“Me dijo: o te dejas coger (violar) o te turqueo (golpear). Mi respuesta fue: vos crees que tengo opción. Y pasó lo que pasó”, relató. El caso de ella ha sido documentado por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND), y Amnistía Internacional.

Los abusos cometidos por las autoridades contra presos políticos han ocurrido también en los centros de penitenciaría. Freddy Navas, líder del Movimiento Campesino y excarcelado el pasado 13 de junio tras ocho meses de encierro, relató que en el Sistema Penitenciario La Modelo, en Tipitapa, supo de violaciones. “Compañeros de celdas fueron violados (penetrados) con fusiles AK-47. Conocí dos casos: los golpearon hasta dejarlos inconscientes”, denunció. Según su relato, a las víctimas ni siquiera les atendieron médicamente.

En un caso parecido, la madrugada del 15 de mayo de 2018, dos líderes estudiantiles fueron abusados sexualmente. Varias camionetas con civiles armados y Policías sitiaron las barricadas cercanas al hospital San Juan de Dios, en Estelí, al norte del país. Ahí capturaron a un joven quien pidió anonimato a CONNECTAS para contar su historia.

Lo llevaron a la estación de la localidad y lo trasladaron finalmente a la capital, a las celdas de El Chipote, con otro de sus compañeros de lucha. Los mantuvieron desnudos hasta que los violaron con la punta de los fusiles AK-47. “Perdí el conocimiento del dolor, me quedé a oscuras, se me fue todo (la conciencia), es un dolor que nunca había sentido, sentía los minutos largos”, narra.

Sus agresores vestían de negro y se cubrieron el rostro con pasamontañas mientras los torturaban. Les hacían preguntas sobre quién pagaba las protestas, cómo se habían organizado, quién les daba las órdenes. Con tanto dolor, perdieron la noción del tiempo. Seis días después de su detención, ellos fueron liberados hasta que sus captores se convencieron de que no tenían información de su interés.

Los jóvenes fueron adonde el médico Josmar Briones, quien los atendió y contó meses después su historia al organismo Human Rights Watch, cuya sede está en Washington, capital de Estados Unidos. Briones es uno de los más de 200 médicos nicaragüenses que debieron salir al exilio por su seguridad en el contexto de las protestas. Muchos días después, el neurocirujano recuerda los rostros de las víctimas cuando llegaron a su clínica y no podían caminar.

Para la activista Ana Quiroz, la violación es la última forma de sometimiento, de ejercer el poder sobre las personas y de demostrarles en su concepción quienes son los que mandan. “Entonces para nosotras el uso de la violación, en primer lugar, es una forma de tortura; y en segundo, es una forma de someter a la persona quitándole hasta lo último de su dignidad. El uso de la violación es una forma de decirle aquí tu voluntad, tu integridad no vale nada y voy a destruirte en lo más íntimo, el tema de tu sexualidad”.

Una especialista en medicina que prefirió no ser identificada para este reportaje sostiene que el torturador persigue con la violación sexual crear terror y obtener información que el gobierno considera esencial. “Es el acto más cruel e inhumano que existe”.

Entre las agresiones denunciadas están el acoso sexual; amenazas de violación; encierro en ropa interior; golpes, quemaduras con cigarros y derramamiento de químicos en los genitales; así como choques eléctricos, mutilación, violación o violación sexual múltiple.

“Entonces para nosotras el uso de la violación, en primer lugar, es una forma de tortura; y en segundo, es una forma de someter a la persona quitándole hasta lo último de su dignidad. El uso de la violación es una forma de decirle aquí tu voluntad, tu integridad no vale nada y voy a destruirte en lo más íntimo, el tema de tu sexualidad”, Ana Quiroz, activista.

Abusos también fueron manosear a los familiares de presos políticos durante las requisas que ordenaban previo a la visita de estos a los reos de conciencia, pero la lista de atropellos empezó incluso antes de que las cárceles se llenaran con 700 presos políticos por la manipulación del sistema de justicia según los parientes de estos.

El asesinato de Carlos Antonio Flores, de 19 años, prueba este tipo de vejámenes. “A él me lo degollaron, en la cabeza me le dieron varios machetazos atrás, sus manitos, las dos manos, me le volaron su cosita (genitales), fue horrible esa muerte, él no era ningún vago, era estudiante”, dice Gioconda Ríos, la madre.

El muchacho se dirigía a unas prácticas de boxeo en el municipio de Ciudad Sandino, ubicado a 11 kilómetros al oeste de Managua. Era el 22 de abril de 2018 cuando lo asesinaron. Día de su cumpleaños. Él es otro de los fallecidos en el contexto de las protestas en Nicaragua. Era estudiante de secundaria y se preparaba para una pelea que tenía programada para el 14 de mayo de 2018, según su progenitora.

La entrada de El Chipote, en Managua, señalado como un centro de torturas de la Policía de Nicaragua. Fotografía de Carlos Herrera.

Se dirigía a la plaza del municipio para ejercitarse cuando fue atacado por un grupo de delincuentes y miembros de la Juventud Sandinista, explicó ella al hacer su denuncia ante la CPDH, que convocó a una rueda de prensa, en la que la progenitora habló de espaldas a las cámaras por temor a represalias.

El Grupo de Expertos Independientes, de la OEA, aseguró que el cadáver permaneció durante horas en la vía pública, a pesar de que sus familiares llamaron a la Policía para que iniciara las investigaciones y al Instituto de Medicina Legal para que trasladara el cuerpo para la autopsia. El croquis se hizo hasta tres semanas después de ocurrido el crimen.

Cuando la familia recibió el cuerpo, ellos notaron que tenía una herida en el cuello, las dos manos le fueron amputadas, tenía quemaduras y la mutilación genital. Al final, sus agresores lanzaron el cuerpo ensangrentado a la calle. Fue una vecina quien pidió llevárselo antes que “los victimarios le prendieran fuego”. Así Carlos fue una víctima más de la violencia sexual en la represión contra quien piensa distinto, un capítulo inédito de lo que ha ocurrido en Nicaragua desde las protestas del año pasado.


*Esta historia hace parte de NICARAGUA.CONNECTAS, la iniciativa para mostrar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.