Moria: el horror que esconde Europa

Fotografía de EFE

Llovizna en el monte y comienza a refrescar. Cuatro personas duermen en una tienda de campaña para dos, y otras seis lo hacen en un diminuto habitáculo techado. Los primeros buscan una manta para evitar que el agua se cuele. Muchos se quejan, protestan por las condiciones. Cunde la indignación y elevan el tono. Safi, sin embargo, no.

«Nunca volveré a Somalia -asegura-. Esto es mejor que estar allí. Si puedo pasar aquí diez años, estaré bien. No quiero volver a escuchar el sonido de las balas y de los coches bomba. Quiero vivir».

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UN CÓCTEL EXPLOSIVO

Solo lleva unos días en suelo griego, pero sus ojos ya han visto lo que hay: verjas, alambradas, bolsas de basura amontonadas, peleas diarias, agresiones sexuales, intentos de suicidio y colas de tres horas para recibir un plato de comida. Bienvenido a Moria.

Ubicado en la isla de Lesbos, el campo, unas instalaciones militares preparadas para albergar a 3,000 soldados de forma temporal, acoge ya a cerca de 18,000. Está tan masificado que se extiende por dos laderas contiguas fuera del recinto. Y las llegadas no cesan.

La gravedad de la situación ha llevado al nuevo Gobierno griego, de signo conservador, a anunciar su cierre. ¿La solución? Construir varios Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), uno de ellos en Lesbos, que sustituirán las deficientes instalaciones utilizadas ahora. El objetivo del Ejecutivo es restringir los movimientos de quienes piden asilo, que hasta hoy pueden moverse por la isla sin demasiados problemas.

«Moria está peor que nunca, vengo en shock», cuenta Philippa Kempson, quien trabaja junto a su marido Eric en la ONG británica Hope Project. Llevan más de cuatro años en Lesbos.

La llegada de refugiados marca el día a día de esta región, una pequeña isla bañada por el mar Egeo con cierto desarrollo turístico donde viven unas 80,000 personas. Cerca de 35,000 lo hacen en su capital Mytiline, con sus casitas blancas, sus bares, sus pubs de moda y su puerto náutico. Refugiados, voluntarios, locales y turistas conforman un ecosistema de contrastes. Hay tensión en el ambiente. Si el campo de Moria y sus aledaños fuera un núcleo poblacional, sería el segundo municipio más importante de una isla.

Solo en 2019 Lesbos ha recibido más de 27,000 nuevos solicitantes de asilo -en toda España, con una superficie 300 veces superior, se registraron 32,000-, según datos de la ONU, que reflejan cómo el flujo de pateras se disparó desde el verano hasta niveles que no se veían desde 2016.

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GEOPOLÍTICA COMO TRASFONDO

Safi es somalí, una minoría dentro del campo. Lo contrario que Zainab Mohammadi, de 19 años, nacida en Afganistán como el 80 % de los «vecinos» de Moria. Llegó hace once días procedente de la costa turca, en patera. Desde entonces duerme al raso junto a otros miembros de su familia, a la espera de conseguir una tienda de campaña. Unas mantas colocadas en el suelo delimitan su espacio. Están fuera del campo, en las laderas de la montaña, como otras miles de personas.

«Vinimos en un bote, fue aterrador… Tengo miedo al agua. Fueron dos horas de viaje, junto a otras 35 o 40 personas. Ahora mismo no sabemos dónde está nuestro padre, le perdimos el rastro en Turquía y no sabemos nada de él», relata.

La historia le suena. Es testigo cada noche. Se llama Edgar Garriga, tiene 29 años y es de Tarragona (España). Ingeniero informático, socorrista y patrón de barco. Colabora con la ONG Refugee Rescue, que rastrea a diario la costa en busca de pateras a las que guiar a tierra para que no encallen, como las que llevaron hasta allí a Zainab y Safi. En última instancia, se encargan de rescatar a quienes caen al agua.

No muy lejos de su cuartel general, en el norte de la isla, se encuentra el llamado «cementerio de chalecos», una suerte de vertedero con miles de estas prendas acumuladas junto a barcos y lanchas destrozados, ropas y restos. Erigido en un icono de la crisis humanitaria, incluso Google Maps señala el punto exacto donde se encuentra pese a la ausencia de indicaciones oficiales. Alejado de cualquier núcleo poblacional, solo las cabras y algún curioso transitan el lugar.

«En el mar vemos cómo guardacostas turcos entran en aguas territoriales griegas, retienen las embarcaciones de los refugiados y las devuelven a Turquía. Es un acto ilegal, pero se sienten impunes por el tratado firmado con la UE», denuncia Garriga. Aunque Safi y la mayoría de sus compañeros no sean conscientes, la geopolítica tiene mucho que ver en esta crisis. El acuerdo entre Bruselas y Ankara entró en vigor en 2016. Al país otomano llegan cientos de miles de sirios desplazados por la guerra, de acuerdo con estadísticas oficiales, pero también muchos afganos e iraquíes, entre otras nacionalidades. La UE aporta fondos a Turquía para ayudar a recibir a este contingente, a cambio de que no pase a su territorio. Las ONG coinciden al denunciar que las autoridades turcas regulan el flujo migratorio aus conveniencia, como mecanismo de presión.

«Moria está así porque es una forma de mandar un mensaje: no vengáis, permaneced lejos», lamenta la líder de otra ONG bajo condición de anonimato.

Desesperación. Los voluntarios que trabajan en Moria lo describen como un campo de concentración, como un lugar peligroso y una bomba de tiempo.

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«SIEMPRE HAY PELEAS»

«Campo de concentración», «peligroso» e «inseguro» son tres de los calificativos más repetidos por voluntarios y refugiados a la hora de definir Moria. «Siempre hay peleas. Siempre», repite como una letanía Mahmud, un niño palestino de 10 años.

Moria, controlado por las autoridades griegas y donde rara vez se permite la entrada a periodistas, tiene un perímetro delimitado por verjas y alambradas de espino. También dispone de una una prisión para los que van a ser deportados tras rechazar su petición de asilo. Pero su imagen de «fortín» se desvanece al dar la vuelta a una esquina, ya que en uno de sus lados hay varios agujeros en las vallas que dejan entrar y salir a todo aquel que quiere hacerlo sin pasar por la única puerta oficial y controlada. El trasiego por estas aberturas es constante, se produce incluso a la luz del día.

Contiguo se encuentra el llamado «olivar», una ladera donde se apiñan miles de personas. Se calcula que vive más gente fuera que dentro de las instalaciones. Las condiciones de unos y otros no difieren demasiado, salvo la existencia de partes techadas y cuartos de baño corrientes en el caso de los «afortunados» con hueco en Moria, frente a la intemperie y las duchas portátiles de quienes duermen fuera. El grado de masificación es tan elevado que, además del «olivar», hay decenas de pequeños asentamientos en las inmediaciones del recinto. Safi es solo un «inquilino» más en estos últimos.

La saturación tiene sus consecuencias en el reparto de comida, con esperas de hasta tres y cuatro horas para recibir un plato. «Cuando voy a la fila para conseguir alimento, siempre es muy larga y hay peleas porque no hay suficiente para todos. Además, la comida no es buena, hasta los médicos lo dicen (…) Vivir aquí es muy difícil», dice Ahmad Fajim, afgano de 30 años, antes de salir corriendo para llegar a tiempo de lograr una ración, algo que no siempre consigue.

“En el mar vemos cómo guardacostas turcos entran en aguas territoriales griegas, retienen las embarcaciones de los refugiados y las devuelven a Turquía. Es un acto ilegal, pero se sienten impunes por el tratado firmado con la UE», denuncia Garriga. Aunque Safi y la mayoría de sus compañeros no sean conscientes, la geopolítica tiene mucho que ver en esta crisis.

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NIÑOS QUE SE AUTOLESIONAN

Dentro del campo, la salud de Safi y del resto de refugiados está directamente en manos de ONG, que cuentan con una especie de hospital de reducido tamaño en su interior en el que decenas de personas esperan a ser atendidas. Fuera, justo enfrente, Médicos Sin Fronteras (MSF) atiende sobre todo a mujeres y niños. En los casos más graves, una ambulancia del sistema sanitario griego llega y se lleva al paciente al hospital, donde los medios son escasos y no siempre hay intérpretes.

«Hay mucha gente con ataques de pánico, la mayoría de los problemas de salud que vemos son psicológicos. El resto se solucionarían con comer y dormir bien», explica una médico británica voluntaria en el centro. «Vemos cada tarde a cuatro o cinco chicos jóvenes con cortes en los brazos, nos llega mucha gente con tendencias suicidas», apunta otra colaboradora de la misma ONG.

Lo constata el coordinador de MSF en Lesbos, Marco Sandrone: «Los números son increíblemente altos, vemos muchos casos de intentos de suicidio, incluso en nuestra clínica pediátrica, donde recibimos cada vez más niños que se quieren autolesionar». En su opinión, presentan «traumas» relacionados con lo vivido en su país de origen y durante el viaje hasta Europa, pero las condiciones de Moria y su insalubridad agravan la situación.

La falta de seguridad también se traduce en agresiones sexuales, tanto dentro como en los aledaños del campo. No hay cifras oficiales pero se trata de un secreto a voces. Tanto, que la ONG ya lo ha denunciado públicamente.

Clausura. La situación en la que viven los refugiados en Moria ha llevado al nuevo gobierno griego a anunciar el cierre de estas instalaciones.

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EL ARDUO PROCESO BUROCRÁTICO

El estatus de refugiado es una figura reconocida en el Derecho Internacional. Para recibir asilo es condición «sine qua non» estar perseguido o que la vida del solicitante corra peligro. En Lesbos, en torno al 40% de las solicitudes son rechazadas. Y el «no» significa la deportación.

El proceso para lograr el estatus de refugiado arranca nada más tocar suelo griego, pero la saturación y la burocracia hacen que el recién llegado tarde meses en recibir su tarjeta de demandante de asilo. Es el caso de Safi, quien durante ese período no recibirá la ayuda de 90 euros al mes que la UE entrega a cada uno de ellos -a través de Acnur-. Los comienzos son duros.

La clave del procedimiento es una entrevista en la que se pregunta al solicitante los motivos que le han llevado a salir de su país y se le pide documentación para comprobarlo, tras lo que cual se toma una decisión. Actualmente se están concediendo citas para esta entrevista a casi dos años vista (para 2022), según denuncian desde la ONG Legal Centre Lesvos.

Para la mayoría, el mejor escenario es lograr la condición de refugiado en un plazo de entre dos y tres años. Y después? Comienza a contar un plazo de seis meses, tras el cual se pierde el derecho de alojamiento y asignación mensual con la expectativa de que la persona encuentre trabajo y logre sus propios ingresos, algo extremadamente difícil en Grecia, con una de las tasas de paro más altas de la UE (hoy en torno al 17 %). Además, la documentación obtenida da derecho a residir en Grecia pero no a hacerlo en el resto de la UE.

«En Atenas ya se está viendo lo que provoca esta situación, con mucha gente viviendo en la calle, desesperada. Están atrapados, primero en Turquía, después en la isla de Lesbos y más tarde en Grecia (en la parte peninsular)», protesta Lorraine Leete, la responsable de Legal Centre Lesvos.

A la espera de la entrevista se encuentra Javad Emami, de 24 años, nacido en Afganistán. Pintor de profesión, colabora con una ONG como profesor de dibujo. Vive donde da clases, literalmente: cuenta con un pequeño camastro debajo de una especie de escenario que preside el espacio. El lugar está ambientado con centenares de cuadros hechos por refugiados que reflejan con crudeza la situación: barcos que encallan, verjas, cárceles, lágrimas.

Éste es su segundo intento. El primero le llevó como «ilegal» a Noruega, Alemania y Francia, entre 2015 y 2017, hasta que fue deportado a su país de origen. Ahora regresa. «Yo ya le dije a mi abogado que yo no quiero volver. Ahí no tengo nada».

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VIVIR EN LA EDAD DE PIEDRA

Safi, el somalí de 32 años que no quiere volver, era camionero en su país natal. Acaba de llegar hace cinco días a Moria y ya ha sido víctima de un robo junto a varios de sus amigos, lo que les lleva a buscar cobijo fuera del campo «oficial». Con el cielo cubierto de nubes y las gotas de lluvia comenzando a caer, reconoce que no se esperaba una situación tan dantesca. Aún así, pone al mal tiempo buena cara: «Si no hay comida, puedo ser paciente. Si no hay agua, puedo ser paciente. Si no tengo un techo, puedo ser paciente. Aunque tenga que estar al raso, con conseguir unas mantas ya está bien. Gracias a Grecia, ahora soy libre. Vivir como en la Edad de Piedra no es el problema». Y suelta una carcajada.

Respuesta. El gobierno griego espera aplacar la scríticas con al construcción de varios Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), uno de ellos en Lesbos.

Puerto Rico sin plan de acción ante terremotos

Destrucción. Un hombre observa los daños causados por el terremoto este martes en una casa en Puerto Rico.

H​​​​​​​ace más de dos años, el huracán María reveló que Puerto Rico no estaba en absoluto preparada para un poderoso huracán, pese a encontrarse en una de las regiones más vulnerables del mundo a las tormentas.

Ahora, una serie de sismos que incluyó un terremoto de magnitud 6.4 que mató a una persona y dañó cientos de edificios ha hecho que muchos vuelvan a acusar al gobierno de falta de preparación.

«Quedó demostrado que Puerto Rico no está preparado para un movimiento sísmico», dijo Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Gestores de Emergencias de la isla. «El gobierno tiene que ser proactivo, y vimos que no fue de esa manera hasta que tenían el agua al cuello».

Lugo, exdirector de gestión de emergencias de Puerto Rico, dijo a que el gobierno no activó su centro de mando de emergencia hasta al día siguiente del sismo más grande, incumpliendo el protocolo.

Esto provocó comparaciones con la gestión del huracán María en 2017, que devastó la isla y mató a miles de personas. Los críticos señalaron que para cuando llegó la tormenta, las autoridades locales y federales contaban con suministros limitados en una isla con infraestructura mal mantenida, lo que provocó demoras en la respuesta debido a una falta de comunicación y organización.

Una serie de pequeños sismos empezó a golpear a Puerto Rico el 28 de diciembre. El 6 de enero, día de los Reyes Magos, un importante feriado en la isla, un temblor de magnitud 5.8 rompió una conocida formación rocosa en la costa.

«El primer día, cuando se estaban repartiendo juguetes, se debió haber tomado una determinación de comenzar un proceso de activación gubernamental», señaló.

Eso no ocurrió hasta el terremoto de magnitud 6.4 que golpeó el martes antes del amanecer. El sismo dejó sin electricidad a todo el territorio, derribó casas y escuelas y agrietó puentes. Muchos residentes en la costa sur se quedaron sin agua corriente y más de 4,000 personas buscaron cobijo en refugios del gobierno.

Tareas. La fachada de un edificio quedó dañada tras el sismo de 6.4. El suroeste de Puerto Rico continúa inmerso en tareas de ayuda a un número creciente de refugiados.

Aunque muchos puertorriqueños se sorprendieron, los científicos no. Era el caso de Christa von Hillebrandt, exdirectora de la Red Sísmica de la isla y gestora del programa de alerta de tsunami de la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional.

«Por décadas, científicos y personas como yo hemos estado informando y alertando a la comunidad y al gobierno de Puerto Rico de la amenaza física», señaló. «Sobre los pasados 30 años definitivamente se elevó la conciencia sísmica en Puerto Rico, pero faltó mucha acción (…) Uno veía mejoras, pero algunas áreas críticas no recibieron suficiente atención».

Apenas unos días después del desastre natural, el director de gestión de emergencias, Carlos Acevedo, admitió a la prensa que el gobierno aún no había completado un protocolo de actuación en caso de terremoto en la isla.

Juan Alicea, presidente de la Sociedad puertorriqueña de Ingenieros Profesionales, dijo que no recibió un borrador del plan hasta el 5 de enero.

«Yo lo veo como una falta», dijo. «Tenemos que todos asumir nuestras responsabilidades».

Acevedo no respondió a mensajes pidiendo comentarios, y ha insistido en que Puerto Rico está preparada en caso de que se produzca otro temblor importante.

Von Hillebrandt se mostró de acuerdo en parte con esa afirmación, señalando que para 2003, las autoridades locales habían identificado las zonas de riesgo en caso de tsunami y en 2015 se completaron los mapas de evacuación. En 2016 se certificó que todas las poblaciones costeras estaban preparadas para un tsunami.

En octubre de 1918, un terremoto de magnitud 7.3 golpeó la costa noroeste de Puerto Rico, desencadenando un tsunami y matando a 116 personas.

Pese a las reservas sobre los preparativos de Puerto Rico, las autoridades federales han elogiado la respuesta del gobierno local.

“Por décadas, científicos y personas como yo hemos estado informando y alertando a la comunidad y al gobierno de Puerto Rico de la amenaza física”, señaló. “Sobre los pasados 30 años definitivamente se elevó la conciencia sísmica en Puerto Rico, pero faltó mucha acción. Uno veía mejoras, pero algunas áreas críticas no recibieron suficiente atención”.

Jeff Byard, de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés), dijo estar extremadamente satisfecho con la operación tras los sismos.

«No puedo elogiar lo suficiente a la mancomunidad por la actitud proactiva con la que han proporcionado los recursos iniciales, el apoyo inicial», dijo.

Desde el 28 de diciembre se han registrado más de 1,280 sismos en el sur de Puerto Rico, más de dos docenas de ellos de magnitud 4.5 o más, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Dada esa actividad, Alicea dijo que es muy preocupante que unas 200,000 viviendas del territorio no cumplan las normas urbanísticas, como demostraron los daños de los últimos días.

«Si no se hace algo, nos va a costar mucho dinero y muchas vidas», dijo.

Otra preocupación es que unas 500 escuelas públicas de Puerto Rico se construyeron antes de 1987 y no cumplen con los nuevos planes urbanos, lo que pone en riesgo a los alumnos, señaló Alicea. El gobierno ha invertido dinero para actualizar muchas otras escuelas, pero las que quedan no están construidas para soportar terremotos.

El temblor de ese martes derribó varias escuelas y causó daños en una veintena de centros, obligando a las autoridades educativas a demorar el inicio de las clases en dos semanas y abrir solo las escuelas que pasen una inspección. El gobierno ha dicho que está identificando las escuelas más vulnerables y creando un plan para reforzarlas, un proceso que podría llevar meses y costar entre uno y cinco millones de dólares por centro.

Entre tanto, gente como Nancy Torres, de 58 años, prometieron no volver a su casa hasta que la tierra dejara de temblar.

Torres dormía con su marido en la parte delantera de un pequeño auto compacto de cuatro puertas, mientras que su hijo de 21 años dormía en la parte trasera. Su suegro construyó la casa en la que dormían cuando se produjo el terremoto, y ella no se fiaba de la estructura.

«Yo ni me podía levantar de la cama» el día del terremoto más grande, recordó. Si vuelve a la casa, señaló, es por periodos de tiempo muy cortos. «Uno ni se puede bañar bien».

Prioridad. Las autoridades puertorriqueñas tratan de que los miles de refugiados en el suroeste de la isla por los terremotos reciban la atención necesaria.

La naturaleza, una gran farmacia cargada de remedios

Fotografía de EFE

Jabier Herreros Lamas es un apasionado de las plantas medicinales en las que lleva investigando más de treinta años para lograr su objetivo, la consecución de una vida saludable para los seres humanos y la naturaleza.

La finca Azaroa, ubicada en el Valle de Lecrín, en Granada (Andalucía, España), constituye la base de su gran proyecto hecho realidad y donde desde hace 15 años el ingeniero agrícola experimenta con las plantas para «obtener resultados en el organismo a niveles físicos, cognitivos y emocionales».

En Azaroa, explica Herreros Lamas, «he podido cultivar, investigar y divulgar los beneficios del uso de las plantas medicinales y de la relación y contacto con la naturaleza para nuestro organismo. Ahora este proyecto ha llegado a su fin y sigo en el mundo de los cuidados, ya no sólo de las plantas sino, sobre todo, de las personas».

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ALEJARNOS DE LA NATURALEZA

Para el técnico agrícola esta labor «quizás tenga un poco que ver con eso que se llama biofilia. Esto no es otra cosa que el amor por la vida y el mundo vivo. Tenemos una necesidad innata, debido a que hemos evolucionado conjuntamente con la naturaleza, de contactar con ella. Nos sentimos bien, en situaciones normales (no de peligro) inmersos en ella».

«En la actualidad el problema es que parece que no necesitamos la naturaleza para sobrevivir o eso es lo que parece que creemos con nuestro comportamiento».

En los planes de diseño urbanístico de las ciudades superpobladas, la naturaleza no ha sido incluida, sino que, al contrario, mantiene Herreros, ha supuesto un obstáculo para ellas.

Sin embargo, piensa que es más bien la implantación de un modelo del pensamiento del ser humano que se ha extendido, que es la ambición de querer ser urbano y considera que también se ha propagado por el mundo rural, «donde la batalla contra la naturaleza no lo es menos que en la ciudad».

Herreros Lamas indica que “la terapia hortícola es una herramienta sociosanitaria que propone que, mediante el trabajo en un huerto o en un jardín en contacto con el aire libre podemos, no solamente trabajar en el desarrollo y estimulación de nuestros sentidos, sino lograr unos efectos muy positivos en el tratamiento para la mejora de enfermedades a nivel psicomotriz, a nivel cognitivo y a nivel emocional”.

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EFECTOS DEL ALEJAMIENTO

«Desde mi punto de vista, estamos condicionados genéticamente para vivir con la naturaleza. Nuestros ritmos respiratorios, cardíacos y de actividad están también muy condicionados por sus propios ritmos estacionales, electromagnéticos y cósmicos. Nuestro estilo de vida nos impone reglas nuevas que entran en desfase con estos ritmos», indica. Y subraya que el estrés crónico es uno de los más graves efectos al que debemos hacer frente.

Herreros Lamas argumenta que «la terapia hortícola es una herramienta sociosanitaria que propone que, mediante el trabajo en un huerto o en un jardín, en contacto con el aire libre, podemos trabajar en el desarrollo y estimulación de nuestros sentidos y lograr unos efectos muy positivos en el tratamiento para la mejora de enfermedades a nivel psicomotriz, a nivel cognitivo y a nivel emocional».

Mediante la realización de actividades orientadas y centradas para diversas problemáticas, según el experto, podemos conseguir una reducción significativa del dolor, de la ansiedad, de la fatiga física y mental, de la frecuencia cardíaca y respiratoria, así como la recuperación de habilidades físicas, emocionales y cognitivas.

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¿QUÉ ES UN BAÑO DE BOSQUE?

Herreros Lamas explica en qué consiste el baño de bosque del que habla en sus libros: «Si en la terapia hortícola la acción es la del hacer (sembrar, plantar, regar, recolectar,…), en el baño de bosque la acción es la «no acción». Un baño de bosque es un paseo tranquilo por un bosque en el que nos marcamos como uno de nuestros objetivos centrarnos en el momento que estamos viviendo».

«Observamos, no analizamos, no buscamos causas, miramos desde dentro, no desde fuera, nos concentramos en lo que vemos, en lo que tocamos, en los que oímos, en lo que probamos o en lo que olemos. Precisamente uno de los responsables de los efectos que produce en nosotros un baño de bosque se centra en la acción de las fitoncidas o esencias de los árboles», mantiene el ingeniero agrícola.

Fotografía de EFE

Para Herrero Lamas, estas esencias son fundamentalmente terpenos como el limoneno (con acción antioxidante y estimuladora del sistema inmunológico) o el beta pineno (con acción broncodilatadora, antiinflamatoria o fortalecedora de la memoria). Estas esencias se concentran también en el resto de la vegetación del bosque y en sus rocas.

Según el especialista, «cuando llueve, las esencias se dispersan de un modo especial. La tierra, debido a la presencia de unas bacterias que fortalecen nuestro sistema inmunológico, las Mycobacterium vaccae, también desprenden sus esencias. Cuando paseamos por un bosque ingerimos bacterias, fortalecemos nuestra flora intestinal y gracias a ellas mejoramos nuestro sistema defensivo y segregamos serotonina, la hormona de la felicidad».

«Sería fabuloso contar con un sistema de salud que pensara en huertos, jardines, bosques y granjas como partes de un sistema sanitario que orientara hacia ellos prescripciones médicas y tratamiento para múltiples afecciones. No digo que sea una panacea y que con esto solucionamos todo el problema. De lo que sí estoy seguro es de que, al menos, se conseguiría reducir de forma importante la cantidad de medicación con la que nos alimentamos diariamente», concluye Jabier Herreros Lamas.

Minorías son más vulnerables a abusos sexuales de curas

Fotografía de AP
Fotografía de AP

Los Sample eran una familia de raza negra de Chicago con seis hijos y pocos recursos. El sacerdote los ayudaba con las matrículas, ropa y las cuentas. Les ofrecía la promesa de oportunidades, de una vida mejor.

También abusaba de los niños.

No se lo dijeron a nadie. Temían que no les creyesen y perder lo poco que tenían, según uno de los muchachos, Terrence Sample. Y nadie preguntó nada, hasta que un abogado que investigaba presuntos abusos del mismo cura lo hizo romper un silencio que mantuvo durante 33 años.

«Alguien tenía que hacer el esfuerzo», dijo Sample. «¿Por qué no fue la iglesia?».

Si bien se comprometió a castigar a los curas depredadores y apoyar a las víctimas de los abusos de sacerdotes, la iglesia ha hecho poco por identificar y asistir a las víctimas de abusos sexuales. Para los sobrevivientes «de color», como les dicen en Estados Unidos a las minorías, que a menudo enfrentan barreras sociales y culturales adicionales si denuncian los abusos, la falta de apoyo de parte de la iglesia implica una menor difusión de sus dramas y más oportunidades de que los abusos continúen, sin ser detectados.

De las 88 diócesis que respondieron a una consulta de la Associated Press, siete conocían la etnicidad de las víctimas. Si bien quedó claro que al menos tres tenían archivos de algún tipo, solo una dijo que decidió recopilar esa información como parte del proceso de denuncia. Los pueblos originarios, afroamericanos, hispanos, asiáticos, hawaianos y oriundos de las islas del Pacífico constituyen el 46% de los fieles en Estados Unidos, según el Centro de Investigaciones Aplicadas en el Apostolado, una fuente confiable de información sobre la religión católica. Pero la Iglesia Católica no hizo esfuerzo alguno por seguirle el paso a esas víctimas.

«La iglesia tiene que salir de las sombras y encontrar a las personas que fueron víctimas, especialmente la gente de color», expresó Sample. «Hay otras personas como yo y mi familia que no van a hacer la denuncia a menos que alguien los vaya a buscar».

Brian Clites, profesor de la Case Western Reserve University de Cleveland y especialista en el tema de los abusos sexuales de los curas, dijo que la iglesia tiende a reasignar a los sacerdotes depredadores y a enviarlos a comunidades pobres, de minorías, donde las víctimas tienen mucho más que perder si hacen la denuncia.

«Es menos probable que sepan dónde buscar ayuda o que tengan dinero para un abogado, y son más vulnerables a contragolpes» de la iglesia, que contrata investigadores para perjudicar a los sobrevivientes, afirmó Clites.

Alaska tiene las tasas de violencia sexual más altas del país y según Florence Kenney la iglesia católica es en parte responsable de que se perpetúen los abusos de los pueblos originarios allí.

Kenney, quien hoy tiene 85 años, dijo que fue víctima de abusos en la Holly Cross Mission de Holy Cross, Alaska. Kenney es indígena y describió la relación entre la iglesia católica y los pueblos originarios de Alaska como depredadora y simbiótica al mismo tiempo: La iglesia ofrecía comida, dinero y recursos para el pueblo, indicó Kenney, a cambo de trabajo y de su silencio.

Levi Monagle, abogado de Albuquerque cuya firme tiene casi 200 clientes, incluidos indígenas e hispanos, dijo que hay cuestiones culturales y logísticas que impiden contactar a los sobrevivientes que no han hecho denuncias. “No vas de puerta en puerta haciendo preguntas, incluso si hay un depredador en serie y un sobreviviente que dice que sabe que hay otros monaguillos que viajaban con este tipo”, declaró Monagle.

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«La iglesia necesitaba a esa gente y esa gente necesitaba a la iglesia», expresó. «Una familia podía sacrificar uno o dos hijos, hacer la vista gorda, para preservar su relación con la iglesia en beneficio de los demás».

No hay estimados confiables de cuántas personas sufrieron abusos de curas. Un informe especial encargado por la procuraduría general de Colorado que analiza los abusos en siete diócesis y que fue difundido en octubre determinó que «las víctimas de abuso sexual de menores y sobre todo las que fueron violadas por curas son menos proclives a denunciar los abusos que las víctimas de otros delitos».

En cuanto a los sobrevivientes pertenecientes a minorías, las diócesis rara vez recaban información demográfica.

La AP contactó a 178 diócesis para ver si recababa esa información. Pocas de las que respondieron sabían la raza o la etnicidad de los denunciantes. Algunas dijeron que el componente demográfico no era relevante, mientras que otras mencionaron cuestiones de privacidad.

Una diócesis de Alexandria (Luisiana) compartió su información sobre los sobrevivientes, incluidos los datos demográficos, aunque sin usar sus nombres. La diócesis empezó a recabar esa información en el 2015, cuando Lee Kneipp se hizo cargo de la coordinación de la asistencia a las víctimas. Kneipp dijo que conocer la raza y la etnicidad de las víctimas ayuda en las investigaciones y facilita un estudio más profundo de los archivos y la detección de más víctimas que no han hecho denuncias.

Al estudiar la denuncia de un afroamericano, Kneipp pudo dar con otras dos víctimas de abusos pertenecientes a minorías de la misma parroquia. El cura, indicó, abusaba solo de nichos de comunidades negras de bajos recursos.

Levi Monagle, abogado de Albuquerque cuya firme tiene casi 200 clientes, incluidos indígenas e hispanos, dijo que hay cuestiones culturales y logísticas que impiden contactar a los sobrevivientes que no han hecho denuncias. «No vas de puerta en puerta haciendo preguntas, incluso si hay un depredador en serie y un sobreviviente que dice que sabe que hay otros monaguillos que viajaban con este tipo», declaró Monagle.

Agregó que algunas comunidades están muy aisladas y no tienen acceso a la prensa.

Richard King, de 70 años, dice que fue víctima de abusos cuando era niño en la reserva de Assiniboine, en Fort Belknap, Montana. Contó que los tabúes y la vergüenza hicieron que guardase silencio. Y cayese en las drogas y el alcohol. Señaló que esa era la forma en que los miembros de la tribu lidiaban con los abusos, en lugar de denunciarlos.

La tribu de su madre era muy católica y él pensó que no le creerían si hacía una denuncia.

«Si un chico les dice a sus padres que un cura abusó de él, lo más probable es que le den una paliza. Me hubieran dado una en la casa y otra en la iglesia», sostuvo King. «Te dicen, ‘¡cállate, esas cosas no pasan!».

Empezó a hablar de su abuso ante pequeños grupos a los que aconsejaba. Pero pasaron 50 años antes de que contactase con un abogado, Andrew Chasan. Estaba listo para contar lo que le había pasado y para hablar con la prensa.

Víctima. Terrence Sample, ahora de 58, era un estudiante de secundaria cuando fue abusado por un sacerdote.

Cuando la Sociedad de Jesús, Provincia de Oregon, enfrentó numerosas denuncias de abusos de curas, se declaró en bancarrota. King hizo una denuncia y recibió una compensación. En un comunicado enviado a la AP la organización religiosa dijo que el cura que abusó de King no era un jesuita.

Phillip Aaron, abogado de Seattle que representa a la familia Sample, dijo que tiene cientos de clientes afroamericanos que dicen haber sido víctimas de abusos por parte de curas, quienes guardaron silencio por temor al ridículo o a cosas peores.

«Era un gran estigma», explicó Aaron. «Todavía hoy. Hay muchas víctimas negras que no han hecho denuncias, que sufren en silencio por el estigma».

Algunas víctimas, como Sample, guardaron silencio porque no querían que se suspendiese la ayuda que daban los curas abusadores, expresó Aaron.

Sample, quien hoy tiene 58 años, asistía a la Escuela Católica San Procopio cuando un cura le puso el ojo. Lo preparó, aislándolo y abusando de él por varios años, relató.

«Me decía a mí mismo que tenía que guardar el secreto», manifestó Sample. «Teníamos que comer, tenía que seguir en la escuela y esto sería fatal para mi madre si se enteraba».

El secreto de Jacob Oliva respondía a otras razones. Se crió en California, hijo de inmigrantes mexicanos, y su padre era la personalización del machismo: Fuerte, callado, estoico. Oliva fue violado por un cura a los seis años y cuando su padre se enteró, le dijo que no dijese nada. No se volvió a tocar el tema, comentó. No recibió terapia ni tuvo la oportunidad de procesar lo que le había pasado.

«Tenía que quedarme callado, olvidarme de todo», dijo Oliva.

«Así funciona la comunidad hispana. Sienten reverencia por la iglesia. No se cuestiona nada. Se respeta a la iglesia y se respeta al padre», declaró. «Creo que fue algo que hizo que mi padre se sintiera orgulloso: El cura se interesa en mi hijo».

Fotografía de AP

Los ojos perdidos de Chile

“Yo perdí un ojo, pero con ese ojo veo más que lo que veía cuando tenía los dos”. Manuel Véliz, joven chileno que sufrió trauma ocular.

Desde que el 18 de octubre estalló en Chile la crisis social y política que aún afecta a ese país –con sus respectivas marchas ciudadanas–, 352 personas han resultado con traumas oculares debido a perdigones, balines y bombas lacrimógenas lanzados por la policía durante las manifestaciones. algunas de las víctimas han perdido uno o los dos ojos. Manuel Véliz, un obrero de la construcción de tan solo 21 años, es uno de esos dramáticos casos. Esta es su historia y su testimonio.

Se dio vuelta, rápido, para ver a qué distancia estaban los policías que reprimían con gases lacrimógenos y disparos a los manifestantes que corrían de un lado a otro en el centro de Santiago. Él no corría; él iba caminando. Aún masticaba el sándwich que se había comprado recién en la calle. Fue entonces que decidió girarse sobre sí mismo: quería mirar para atrás y ver dónde estaban exactamente los carabineros. Alcanzó a divisarlos apenas un segundo, situados a unos 20 metros de él. Luego no pudo ver más, porque toda la mirada se le tiñó de rojo. Un perdigón había entrado en su ojo derecho. Y Manuel Véliz (21 años), frente a la gravedad del asunto –la sangre en su rostro, en sus manos, en su ropa, en el pedazo de acera que lo rodeaba– lo supo enseguida: que había perdido la visión de ese ojo. Eso dice él. Que, en ese momento, esa certeza fue más fuerte que el dolor.

Manuel no ha sido el único que ha debido enfrentar tal realidad. Desde que el 18 de octubre estalló en Chile una crisis política y social –que aún tiene al país remecido y de la cual aún no sabe cómo salir–, los ojos chilenos han sufrido. Según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entregado el 6 de diciembre, en siete semanas 352, personas han resultado con traumas oculares producto de disparos de perdigones o de bombas lacrimógenas por parte de Carabineros, institución encargada de resguardar el orden y la seguridad. Todas las víctimas han resultado con algún grado de disminución de visión. De ellas, 21 sufrieron estallido ocular con pérdida total de alguno o ambos ojos.

Fotografías de El Tiempo

El mismo día que Manuel fue herido por la policía, el viernes 15 de noviembre, se conoció un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile sobre la composición de los perdigones que usa la policía chilena para dispersar manifestantes en medio de estas protestas. Había sido encargado por la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, que ha recibido a la mayoría de los heridos en los ojos. El informe universitario concluyó que estos balines, al contrario de lo que afirma Carabineros sobre estas municiones que disparan con sus escopetas antidisturbios, están compuestos sólo en un 20 por ciento por goma: el 80 es de silicio, sulfato de bario y plomo. Esa composición de material mineral y metálico le da una dureza y un peso que provocan más daño. Mientras un balín de goma solo debería rebotar; este otro penetra y rompe la zona que impacta.

Pocos días después de conocido este informe, el general director de Carabineros, Mario Rozas, anunció que se suspendería el uso de balines y perdigones policiales en las manifestaciones: solo se dejarían como «medida extrema y exclusivamente para legítima defensa cuando haya peligro de muerte». Pero para entonces, mucho del daño ya estaba hecho. Había cientos de heridos por esos disparos, cifra que hoy bordea los 2.000 sólo por esta causa (los heridos por distintas causas son en total 3.449, según el INDH). Entre ellos está quien se ha convertido en un caso emblemático: el universitario Gustavo Gatica. El 8 de noviembre, este estudiante de sicología tomaba fotos en una manifestación en Plaza Baquedano -considerada la zona cero de las protestas, en el centro de Santiago-, cuando recibió perdigones en ambos ojos. Hoy, completamente ciego, se ha convertido en un símbolo de las protestas y de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que han acompañado la actual crisis.

Distintos informes internacionales han dado cuenta de esa situación. Primero, el 21 de noviembre, fue el de Amnistía Internacional, que condenó la excesiva violencia en Chile y habló de «fuerza innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta». Apenas cinco días después se conoció el informe de Human Rights Watch, que coincidía en ese desborde de la policía contra manifestantes y también contra quienes solo transitan por los lugares de protestas. Alertó de «graves violaciones a los derechos humanos» y llamó a una «reforma policial urgente». A principios de diciembre se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA. En su documento llamó a las autoridades a ordenar el «cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado». En Carabineros, hoy hay más de 400 sumarios en curso. Mientras, la Fiscalía Nacional investiga las muertes de 26 civiles ocurridas desde que estalló la crisis.

El Colegio Médico de Chile informó hace dos semanas que si bien la restricción del uso de balines y perdigones en las manifestaciones disminuyó de manera importante el número de personas con traumas oculares por esa causa, aumentó la cifra de quienes han sufrido lesiones en los ojos por bombas lacrimógenas. Así, el número de afectados lamentablemente sigue creciendo.

Fotografía de El Tiempo

«Esto no se detiene. Es difícil creer que haya gente tan mala». Eso dice Manuel Véliz, sentado en su casa en Cerro Navia, en el nororiente de Santiago. Es el segundo de cuatro hijos que su madre, María Isabel, ha criado sola después de que el padre los abandonó hace años. Viven juntos y apretados en una casa humilde que comparte terreno con las viviendas de sus abuelos y de sus tíos. En esta familia todos lloran al hablar del disparo que le quitó un ojo a Manuel. Todos lloran, excepto él. Él se ha armado como un hombre fuerte. Que asumió la figura paterna con sus hermanos. Que ha soportado asaltos en la calle donde lo han apaleado duro. Que se puso a trabajar apenas terminó el colegio. Que es, o más bien era, el principal apoyo económico de su madre. Trabajaba como obrero de la construcción, un oficio inestable y con bajo salario. A él, sin embargo, nunca le había faltado dónde trabajar. Hasta septiembre pasado, cuando quedó cesante. Le estaba costando encontrar un nuevo empleo como enfierrador, dice. De hecho, ese viernes 15 de noviembre en que un perdigón entró por su ojo derecho a las 7:10 de la tarde, él venía de todo un día de búsqueda de trabajo. Ni siquiera estaba participando en la manifestación.

¿Nunca había ido a las manifestaciones?

Sí, fui a varias. Estuve en protestas toda la semana antes de que me pasara esto. Hay un lugar supertranquilo un poco hacia el oriente de la Plaza Baquedano, donde hay un parque. Allí hay gente con tambores, bailando, vendiendo cosas para comer. Igual los pacos (policías) molestan. Ellos incitan a que uno les tire piedras. Siempre están provocando.

Las protestas son por una mejor educación y salud, por mejores jubilaciones, por sueldos mínimos más dignos. Para que seamos un país con menos desigualdad. ¿Apoya todo esto?

Claro. Me da impotencia. Un ejemplo: mi abuelo, que trabajó desde los 12 años en construcción, recibe una jubilación de 100.000 pesos (437.000 pesos colombianos). ¿Qué puede hacer él con eso? Solo seguir trabajando, a sus 76 años, porque su pensión no le alcanza para vivir.

El viernes 15 de noviembre es un punto de quiebre en su vida. Usted lo había destinado para buscar trabajo. Pero terminó con un estallido ocular.¿Cómo una cosa puede llevar a la otra?

¡Uf!, es un día que no voy a olvidar nunca… Salí de la casa un poco antes de las 11 de la mañana. Me fui a buscar trabajo a Tobalaba [en la zona oriente de Santiago]. Allí hay construcciones. Pregunté en varias si había trabajo. Me respondían que no. Estuve todo el día en eso, caminando, sin comer nada. Cuando decidí irme, habían cerrado el Metro, por protestas creo. Así que me puse a caminar hacia el centro, donde sí había estaciones abiertas para irme a mi casa. Como a las 6 y media de la tarde llegué a este parque que está al lado de la Plaza Baquedano. Me senté. Antes de irme me compré un completo (perro caliente) y me lo fui comiendo mientras caminaba.

Cruzó Plaza Baquedano y siguió hacia el poniente. ¿Había desórdenes?

Sí, los pacos estaban tirando lacrimógenas. A mí me salían lágrimas. Entonces un tipo que pasaba me dio unas antiparras de plástico, bien gruesas. Me las puse y seguí caminando, comiéndome el completo.

“Era tanta sangre que me salía del ojo… enseguida lo di por perdido. Fue una desesperación grande. Cerraba el ojo bueno, y ya por el otro no veía nada. Pensé en mi mamá, que me había dicho que ese día no saliera de la casa”.

 

¿Caminaba? Todo el mundo corría…

Sí, caminaba. Sentía que los pacos aún venían bastante atrás. Poco más allá, a pocas cuadras de la plaza, me di vuelta para ver dónde estaban. Entonces sentí el impacto en el ojo. También me llegaron tres bombas lacrimógenas cerca de los pies. Pero ya no le presté atención a eso ni a nada. Quizás por el dolor. Veía mi sangre chorreando en la calle.

¿Supo enseguida que era grave?

Sí. Era tanta sangre que me salía del ojo… Enseguida lo di por perdido. Fue una desesperación grande. Cerraba el ojo bueno, y ya por el otro no veía nada. Pensé en mi mamá, que me había dicho que ese día no saliera de la casa… Pero es que uno nunca se imagina que puede pasarle esto.

¿Qué sintió? ¿Miedo, rabia, angustia?

Rabia. No puede ser que esta gente te dispare a la cara.

¿Vio al carabinero que le disparó?

Cuando me di vuelta, vi al grupo de pacos. Vi al que tenía la escopeta.

¿Quién lo auxilió cuando estaba herido?

Se me acercó alguien, no me acuerdo si era hombre o mujer, y me dijo: «Hermano, ven». Me tomó del hombro.

¿Usted había caído al suelo?

No, yo estaba de pie. Sin gritar ni nada. Me dije: «Tengo que quedarme tranquilo».

¿Y qué hizo la persona que lo ayudó?

Me llevó a un sector de primeros auxilios ahí en la calle. Me echaron agua en la herida y trataron de ponerme un parche, pero la sangre lo empapaba enseguida. Después me llevaron corriendo a la acera del frente, protegido con un escudo, porque los pacos seguían disparando. Desde ahí pidieron una ambulancia.

En la ambulancia llamó a su madre. Ella me contó que le pidió perdón. ¿Por qué?

Porque ella me había dicho que no saliera… Además, porque no iba a poder trabajar ni ayudarla… Pero no le conté lo que había pasado. Solo que iba en una ambulancia. Más tarde la llamaron desde la clínica. Ella llegó allá como a la medianoche, llorando.

Esa medianoche,¿a usted ya le habían confirmado el diagnóstico?

Me habían hecho un escáner. Pero antes que el doctor me dijera los resultados, yo ya sabía que había perdido el ojo. Los médicos de la clínica no sabían cómo decírmelo, pero finalmente lo hicieron. Y yo se lo dije a mi madre cuando entró a la pieza.

¿Lloró?

No. Es que sé que si mi familia me ve llorando, va a ser peor para ellos.

¿Ha llorado después?

No.

¿No le dan ganas?

Sí, pero no frente a ellos.

Y a solas, ¿lo ha hecho?

Es que no tengo espacios solo, en la casa comparto pieza con mi hermana.

Al día siguiente de ser herido, lo trasladaron alHospital del Salvador, donde lo operaron. ¿Sabe exactamente qué le hicieron?

Me sacaron el globo ocular… Porque además del balín, tenía restos de la antiparra plástica que se había reventado también.

El 17 de noviembre le dieron de alta. ¿Qué tratamiento sigue?

Me controlan en el hospital cada martes. Ya me sacaron los puntos externos. Falta sacar los internos. Yo me hago la limpieza del ojo y me echo gotitas.

¿Le dijeron cuándo podrían ponerle la prótesis ocular?

No hay fecha. Además, en el hospital se hará un sorteo de prótesis: porque hay más heridos que prótesis. Si no sales sorteado, uno debe comprársela. Ya he estado cotizando. Me gustaría una prótesis con movimiento, no esas fijas que se ven tan mal.

¿Cómo ha hecho con los gastos de la clínica, delhospital, de los medicamentos?

Primero, en la clínica me dijeron que iba a pagar yo. Pero después que no, porque llegué allí por la Ley de Urgencia. Lo mismo el hospital. Lo mismo los remedios. Imagínate que las gotas que uso cuestan 98.000 pesos, lo mismo que la jubilación de mi abuelo.

De lo que ha vivido estos días en su casa, ¿qué hasido lo más complicado?

Depender de los demás. Sobre todo al principio. Que me limpiaran el ojo. Tener que salir con alguien porque me mareaba. Uno exige mucho la vista los primeros días y se te cansa el ojo bueno; lo único que quieres es dormir…

Debe ser difícil ver solo con un ojo. No solo porque se ve la mitad, sino que, me imagino, hay que aprender a recalcular las distancias, recontextualizarse en el espacio.

Sí, los primeros días no calculaba la distancia, pensaba que las cosas estaban muy lejos. Pero me he ido adaptando. Sí me pasa aunque a veces estoy durmiendo de lado, con el ojo bueno aplastado con la almohada, y cuando despierto no puedo ver nada.

¿Sueña?

Más en los primeros días. Soñaba, por ejemplo, que estaba peleando, no recuerdo con quién; entonces despertaba y me estaba pegando en la cabeza. Otra cosa que me ocurría era cerrar los ojos un momento y ver de inmediato el instante en que me hirieron. Ahora ya no es tanto. Lo que sí siento es que los días pasan más rápido que antes.

Fotografía de El Tiempo

¿Ha tenido apoyo sicológico?

No. Esta semana tengo una hora con el sicólogo. No estoy bien psicológicamente. Tengo mucha rabia. Si tuviera ahora un paco enfrente, no sé qué haría… Sé que no son todos iguales, pero hay mucha gente mala allí.

¿Y siente, a veces, rabia contra usted? Por haber estado en ese lugar, en ese momento, por no haber hecho las cosas de otra forma. Puede ser injusto, pero es humano autoculparse.

Cuando veía los videos de gente que le pasaba esto, me preguntaba si ellos se arrepentían de haber salido. Pero cuando me pasó a mí, me contesté: ‘yo no me arrepiento’. ¿Por qué me voy a arrepentir? Si yo andaba buscando trabajo, no le estaba haciendo mal a nadie.

¿Ha cambiado en estas tres semanas la percepción de usted mismo?

Yo siempre me sentí una persona tan protegida. Me he salvado de tantas. Un día en un asalto me dieron seis palos en la cabeza y quedé medio sordo. He tenido peleas en mis entrenamientos de artes marciales. He tenido golpes. Me sentía con suerte… pero cuando te pasa esto de un momento a otro, todo es muy diferente. A mí hoy me da mucho miedo perder el ojo que me queda.

¿Piensa en el futuro?

Pienso en que el Estado debe responderme por todo lo que me pasó.

Con su abogado interpuso una querella, que ya abrió una investigación. Cientos de personas también lo han hecho. En su caso, es por los delitos de tortura y de lesiones gravísimas. Contra todos quienes resulten responsables.

Sí. Y además de las responsabilidades de quienes corresponda, el Estado debería indemnizarme por el daño que me hizo. Con ese dinero podría ayudar a mi hermana a estudiar. Y podría estudiar yo también. Me gusta la informática; y también la construcción civil. Podría estudiar algo así.

¿Ha conocido a otros heridos por balines en los ojos? ¿Se produce empatía instantánea?

He visto muchos casos, pero no me relaciono con ellos. Yo estoy en lo mío y ellos en lo suyo. Solo con un chico, Fabián, me acerqué más, porque caímos juntos a la misma hora y en el mismo lugar. Nos llevaron en la misma ambulancia a la misma clínica, y nos fuimos a operar al mismo hospital. Tenemos el mismo abogado.

He escuchado testimonios de heridos oculares que dicen que si de todo esto sale un mejor país, haber perdido un ojo no habrá sido en vano. ¿Está de acuerdo?

Puede ser. Pero lo que sí sé es que uno puede vivir así, que te acostumbras con el tiempo. Yo no me siento discapacitado por perder el ojo. ¿Y sabes?, con un solo ojo veo más que lo que veía con los dos.

¿Cómo es eso?

Antes veía hasta donde mis ojos lo permitían; ahora veo más allá. Veo entre las personas, veo el futuro, pienso.

Fotografía de El Tiempo

Digamos que perdió visión, pero ganó mirada…

Sí. Una vez me habló un caballero. Yo tenía 18 años. Él tenía un solo ojo, el otro lo había perdido en un accidente; y me contó que él no solo veía hasta donde le permitía el ojo que le quedaba, sino más allá. Veía experiencias, aprendizajes. Yo me acordé de él ahora y de lo que me dijo. En ese tiempo, para mí era un escenario ajeno. Hoy lo entiendo. Cuando tienes que vivir así, debes pensar de otra forma. No echarse a morir por perder el ojo, sino pensar en otras cosas y ver más allá.

Gustavo Gatica, el caso símbolo en Chile, incluso dijo desde la clínica: «Regalé mis ojos para que la gente despierte».

Él ha sufrido mucho más que yo, perdió los dos ojos. Para mí, eso es una muerte en vida. No verá nunca más, dependerá toda la vida de los demás. Supongo que esa frase es para encontrarle sentido a lo que le pasó y para que la gente siga luchando.

Si pudiera enviar una frase, como lo hizo Gustavo, ¿cuál sería?

Yo perdí un ojo, pero con ese ojo veo más que lo que veía cuando tenía los dos.

Condenados al racismo perpetuo en Brasil

Fotografía de EFE

Un cementerio de esclavos enterrados bajo un puñado de piedras sin nombre ni fecha, en la espesura de la mata atlántica, muestra los primeros vestigios de un racismo ignorado que aún mata y segrega en Brasil.

La población negra, mayoritaria (56 % de 210 millones de habitantes), es la más golpeada por el desempleo, la que más muere en operaciones policiales y la menos representada en las esferas de poder.

El mayor país latinoamericano se formó por sucesivas oleadas de migrantes europeos y asiáticos, los esclavos venidos de frica y las etnias indígenas, pero la integración nunca funcionó en el último país de América en abolir la esclavitud (1888).

Hoy, en pleno Gobierno de la ultraderecha, el presidente Jair Bolsonaro afirma que el racismo es una cosa poco frecuente en Brasil, pero las estadísticas dicen lo contrario: el 73 % de los 52.5 millones de pobres que había el año pasado eran negros, según datos del propio Ejecutivo.

RACISMO QUE MATA Y TORTURA

Fabio Pereira Campos recuerda el día en el que cuatro jóvenes negros, como él, fueron abatidos por la Policía en la calle de atrás de su casa, en la humilde barriada de Americanópolis, en la zona sur de Sao Paulo.

También cuando dos presuntos traficantes asesinaron a balazos a un amigo suyo, negro también, que se disponía a celebrar su dieciocho cumpleaños. «Nos pidieron que nos levantáramos las camisetas, dijimos que no teníamos nada y ahí ellos simplemente descargaron las cuatro pistolas que llevaban en la cara del chico», relata.

Hoy, con 41 años, Fabio es uno de los pocos de su pandilla que no está muerto o en la cárcel.

En la periferia de Sao Paulo, de mayoría negra, frente a pudientes barrios como Pinheiros, de amplia mayoría blanca, escasean las oportunidades para escapar de la espiral de violencia, drogas y pobreza.

La Policía actúa en estas regiones con extrema dureza. A inicios de diciembre, en Paraisópolis, la segunda mayor favela de Sao Paulo, una incursión de un grupo de agentes terminó en tragedia.

En plena madrugada, unos 5,000 jóvenes disfrutaban de una fiesta de funk -un estilo de música que mezcla el rap y la música electrónica muy popular en estas barriadas-, cuando la patrulla irrumpió con bombas de gas lacrimógeno y balas de perdigones. Aseguraron que buscaban a dos sospechosos que se habían escondido entre la multitud.

La acción provocó una estampida que dejó nueve jóvenes muertos, cuatro de ellos menores de edad. La mayoría de las víctimas eran negras.

Según el Atlas de la Violencia de 2019, un informe elaborado a partir de datos oficiales, el 75.5 % de las víctimas de los homicidios registrados en 2017 (65,602) fueron personas negras. La tasa de homicidios por cada 100,000 negros fue de 43.1, casi el triple que la registrada entre la población blanca (16).

Fabio, hoy estudiante de Trabajo Social en la universidad y miembro de la Asociación de Amigos y Familiares de Presos (Amparar), es uno de los muchos que aseguran que existe un genocidio contra ellos.

Él también fue víctima de esa marginación en la que se mezcla color de la piel, pobreza, narcotráfico, corrupción y una educación extremadamente precaria.

Empezó a usar drogas cuando tenía tan solo 14 años y no paró hasta los 31: La calle es más atractiva para un chaval de suburbio que no tiene otras perspectivas.

En 2004, veinte gramos de crack le costaron una condena de cuatro años de cárcel, tres en régimen cerrado y uno en la condicional.

Los negros también son mayoría en las cárceles brasileñas, representan el 61.6 % de la vasta población carcelaria del país, que es de unas 812,000 personas, la tercera mayor del mundo.

Cuando salió de prisión, volvió a Americanópolis y al mundo de las drogas.

Tras casi morir de sobredosis y vivir bajo la amenaza de unos policías que le extorsionaban para evitar un nuevo arresto, Fabio, el menor de seis hermanos, es la excepción que confirma la regla. Rehizo su vida y estudió en la universidad.

El racismo volvió a sacudir Americanópolis en julio de este año, cuando un adolescente negro de 17 años fue torturado durante cerca de 40 minutos por dos agentes de seguridad privados en el interior de un supermercado de la red Ricoy, tras robar unas chocolatinas. Las imágenes, grabadas por uno de los agentes y que circularon por las redes sociales, conmocionaron al país. En ellas se ve al joven desnudo, amordazado y recibiendo latigazos con unos cables eléctricos.

El racismo volvió a sacudir Americanópolis en julio de este año, cuando un adolescente negro de 17 años fue torturado durante cerca de 40 minutos por dos agentes de seguridad privados en el interior de un supermercado de la red Ricoy, tras robar unas chocolatinas. Las imágenes, grabadas por uno de los agentes y que circularon por las redes sociales, conmocionaron al país. En ellas se ve al joven desnudo, amordazado y recibiendo latigazos con unos cables eléctricos.

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LA HUELLA DE LA ESCLAVITUD

Se estima que Brasil recibió cerca de cinco millones de cautivos africanos de los 12.5 millones que embarcaron rumbo a América a lo largo de más de tres siglos.

Los que llegaban vivos eran subastados o enviados directamente a su nuevo dueño.

Algunos lograron huir y fundaron sus propios asentamientos, hoy conocidos como quilombos, lugares de resistencia. Ivaporunduva es el más antiguo de la región del Vale do Ribeira, en el estado de Sao Paulo. Data del siglo XVI y en este viven unas 110 familias, rodeadas de una explosión de verde y varios ríos que dificultan el acceso a ellos.

Viven de la pesca y los cultivos de arroz, frijol, maíz, caña de azúcar y banana, el principal motor económico de la zona. Para los ciclos de la cosecha se guían por las fases de la Luna, una de sus muchas tradiciones centenarias.

La Iglesia, centro de esta comunidad, fue construida en el siglo XVII por los propios esclavos, obligados a convertirse a la fe católica.

Cuando sus descendientes necesitan recargar energías realizan la ruta del oro, un camino repleto de ríos, puentes hechos con troncos y enormes árboles de palmito, hasta llegar al cementerio de sus ancestros, donde se erigen montículos de piedra a modo de lápidas.

Mi sangre también está ahí derramada, dice Vandir Rodrigues, de 69 años.

Ahí, en medio del bosque atlántico, están enterrados decenas de esclavos, algunos de ellos, sepultados poco después de morir de puro agotamiento mientras bateaban en busca de oro.

Si moría una persona, la ponían ahí debajo y lo llenaban de piedras, por qué?.

Porque habiendo piedras encima, era una señal de que ahí no se podía revolver más, narra.

Se estima que de esta zona salieron unas 400 arrobas de oro, equivalente a unas seis toneladas, rumbo a Lisboa, capital del entonces imperio colonial.

Durante décadas, los quilombos estuvieron aislados del progreso. Esa segregación forzosa propició que hasta hace pocas décadas tuvieran que hacer fuego chascando piedras.

Las personas de la región del Vale do Ribeira dicen que el quilombo dificulta el desarrollo de la región. «Para las empresas somos un problema porque quieren explotar estas tierras», explica Benedito Alves, de 64 años, uno de los líderes de la comunidad.

La Constitución de 1988 reconoció el derecho de propiedad sobre sus tierras (artículo 68) y obligó al Estado a emitir tales títulos, pero la demora en el reconocimiento oficial se cuenta por años.

En 2017, siendo diputado federal, Bolsonaro aseguró que visitó un quilombo y dijo que sus habitantes no hacían «nada» y que no servían «ni para procrear».

El hoy presidente fue condenado en primera instancia a pagar una multa.

Insatisfecho, recurrió a la Corte Suprema y el máximo tribunal del país rechazó las acusaciones de racismo.

Antes de las elecciones del año pasado que le llevaron al poder, Bolsonaro atribuyó a los propios negros; la responsabilidad del tráfico de personas en la época colonial y aseguró que los portugueses ni pisaron frica.

Sin opciones. En las zonas pobladas por mayoría negra escasean las oportunidades de empleo, educación y desarrollo en general.

RACISMO EN EL TRABAJO

Adriana Aparecida vivió con su madre en la zona para empleados domésticos del apartamento de una familia de clase alta en el barrio noble de Moema, en Sao Paulo.

No le estaba permitido entrar por la puerta principal del bloque de vecinos. Tampoco podía utilizar el ascensor de los propietarios ni la piscina de la urbanización. «Me afectaba mucho», reconoce.

Los niños con los que jugaba, hijos de propietarios, todos blancos, le recordaban constantemente el color de su piel. La primera ofensa era llamarme mono, o decían negrita sal de aquí, eso era normal.

Su madre, Benita, trabajó toda la vida como sirvienta de personas blancas. A sus 71 años, recuerda amargamente su paso por una hacienda de Baurú cuando era una adolescente.

Yo era una esclava. Me despertaba en la madrugada, aún era de noche para trabajar, lavar aquel enorme jardín, cuidar de los perros, ir por el pan… Yo era muy pequeña, hacía las cosas, pero me maltrataban mucho y fue una época en la que intenté suicidarme, narra.

Adriana está desempleada desde septiembre.

Cuando hacemos entrevistas de trabajo, si hay diez personas blancas y yo soy la única negra o hay algún negro más, a la hora de conocer el resultado, vemos que entre los seleccionados no hay ninguno de los negros que estábamos allí presentes, asegura.

Según datos oficiales del año pasado, dos de cada tres personas sin trabajo en Brasil eran negras (64.2 %). La tasa de analfabetismo es de 3.9 % entre blancos y del 9.1 % en la población negra del país. Adriana tuvo que dejar la facultad por falta de recursos.

La divergencia en salarios también es grande. En 2018, el sueldo medio mensual de las personas ocupadas blancas llegó hasta los casi 2,800 reales (680 dólares), un 73.9 % más que el de los negros (1,608 reales o 390 dólares).

La Ley urea de 1888 abolió la esclavitud sobre el papel, pero socialmente se mantuvo, especialmente en las relaciones laborales.

El proyecto antinegro continúa funcionando. Lo antinegro es una política, una insignia, un proyecto, asegura Regina Marques, investigadora sobre los efectos psíquicos del racismo y profesora de la Universidad Federal de Bahía.

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RACISMO EN LA POLÍTICA

«Me dijo que no iba a jugar conmigo porque sus padres le habían dicho que las personas de mi color robábamos juguetes». Fernando Holiday tuvo que escuchar ese comentario de boca de uno de sus compañeros blancos de la guardería.

Convertido en el concejal más joven de la historia de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, aún tiene que seguir escuchando, a sus 23 años, ese tipo de injurias en el pleno municipal.

Esta vez el autor del ataque no fue un niño, sino el concejal Camilo Cristófaro, del Partido Socialista Brasileño (PSB), un político veterano. Le llamó mono de auditorio, una expresión antigua que en Brasil se usa para designar a una persona fanática, pero que en este caso tuvo un sentido racista.

Holiday es un rara avis. Su ideología, de derechas y contraria a las cotas raciales en las universidades, le ha generado problemas entre los militantes de izquierda y del movimiento negro, quienes le consideran un traidor a la causa.

Él sostiene que las cotas raciales -que han permitido que en 2018, por primera vez, los negros sean mayoría en las instituciones de educación superior (50,3 %)- ayudan a reforzar el prejuicio y los estereotipos en relación a los negros.

Por ello defiende legislar en función de criterios socio-económicos y no por el color de la piel. Naturalmente los mayores beneficiados serían los negros porque ellos forman la mayoría de esa población.

La presencia de negros en la política está lejos de ser mayoritaria en Brasil.

Representan apenas un 24.4 % de los diputados federales, un 28.9 % de los diputados regionales y un 42.1 % de los concejales.

Tampoco lo son en el Poder Judicial, donde el 83,8 % de los magistrados son blancos, según datos del Consejo Nacional de Justicia, ni en el Ejecutivo. De los 22 ministros que componen el Gobierno de Bolsonaro, ninguno es negro.

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LA RESISTENCIA

Frente a la discriminación, resistencia, como la que propone Black Money, un movimiento que nació en Estados Unidos y que poco a poco gana adeptos en Brasil.

El objetivo es conectar a empresarios, trabajadores y consumidores negros e intentar que el dinero circule el mayor tiempo posible entre ellos. Pero, además, impulsar proyectos educativos y en definitiva crear una red de «afroempresariado«.

Nina Silva, nacida en una favela de Río de Janeiro hace 37 años, es fundadora de la versión brasileña de Black Money. A ella también la llamaron «macaco» cuando iba a la escuela. Estudió Administración en la Universidad Federal Fluminense y se convirtió en consultora de tecnología, un sector donde «las mujeres eran pocas y las personas negras, cero».

Tras una temporada en Estados Unidos, en 2017 conoció a su socio, Alan Soares, del área de finanzas, y fundaron Black Money Brasil pensando en esa «falta de espacios negros de poder».

Nina fue elegida por la prestigiosa revista Forbes como una de las 20 mujeres más poderosas de Brasil y es taxativa contra aquellos que la acusan de fomentar la segregación.

«A esos les digo que vayan a su restaurante preferido y observen dónde está la segregación, observen quién les está atendiendo y quién está siendo servido. Que miren en la calle y vean quién está en los bancos de la plaza, quién está encarcelado, quién está desempleado, quién está muriendo…».

Analfabetismo. La discriminación sí se puede medir: la tasa de analfabetismo entre blancos es de 3.9 % entre blancos y del 9.1 % en la población negra de Brasil.

Préstamos Gota a Gota: la esclavitud financiera de los más pobres en Latinoamérica

Por CONNECTAS

Fue a finales de los noventa en la ciudad de Medellín, cuna de uno de los mayores carteles del narcotráfico en Colombia, cuando empezó a gestarse un fenómeno económico clandestino que se conoce en varios países de Latinoamérica como ‘gota a gota’, una modalidad de préstamo que fue creada para el lavado de dinero, pero que condena a la esclavitud financiera a los más pobres del continente y que ahora está en 16 países como lo confirmó esta investigación realizada por El País de Cali en alianza con la principal plataforma que promueve el periodismo colaborativo en la región, CONNECTAS.

Blanquear todo el dinero que ingresaba a Colombia como ganancia del narcotráfico era una misión imposible. Así, empieza a aparecer la figura que hoy recorre las calles de los países de América Latina: el ‘gota a gota’, ‘chulco’ o ‘pagadiario’. Aunque es imposible precisar la dimensión de este fenómeno, un informe realizado por la Universidad Central de Bogotá revela que el ‘gota a gota’ mueve diariamente cerca de un millón de dólares, solo en Colombia.

Andrés Nieto, analista de seguridad en la Universidad, aseguró tras el estudio que “Es tanta la cantidad de dinero que mueve el ‘gota a gota’, que de alguna manera se asemeja a las ganancias del narcotráfico”. La problemática de tinte regional ya ha causado encuentros entre varios países latinoamericanos, para plantearse soluciones concretas que ayuden a combatir este modelo de préstamo ilegal.

Sus víctimas han sido vendedores callejeros, pequeños comerciantes, amas de casa, mecánicos, conductores y todas aquellas personas que no tienen acceso a un crédito bancario. El ‘gota a gota’ no detalla si la persona tiene capacidad de pago, no exige trámites ni fiadores. Basta el documento de identidad y el dinero se entrega en minutos. La intimidación y la violencia es la prenda de garantía de que no se perderá el dinero.

México, Ecuador, Perú y Brasil son los países en los que hay mayoría de colombianos detenidos por delitos afines a los cobros del ‘gota a gota’.

En diferentes países de América Latina las estructuras armadas que trabajaban para los carteles del narcotráfico salieron a la caza de ‘beneficiarios’. La necesidad llevó a la población más pobre del continente a negociar directamente con el crimen organizado.

Una vez recibido el crédito, un cobrador, muchas veces en motocicleta, llegará a la misma hora durante los próximos 20 días para recoger una cuota que en el mejor de los casos terminará pagando un interés del 20 por ciento. Por un préstamo de 100 dólares se puede cobrar una tarifa hasta de seis dólares durante 20 días. La persona terminaría pagando un total de 120 dólares.

 

Ecuador fue el primer país que importó esta modalidad en el año 2008 y posteriormente las redes de colombianos hicieron presencia con estos créditos en mercados y zonas marginales de Perú, adonde llegaron en 2009. Ya en 2010, probado el modelo exitoso en ganancias, hubo auge de esta modalidad, que empezó a colonizar a Chile y Argentina en parte debido a la migración de colombianos hacia esos países. Asimismo, esta investigación obtuvo reportes de que ese mismo año una comunidad grande de colombianos que empezó a radicarse en el sur de Bolivia y ya en 2011 estas redes rompieron la barrera del idioma y se tomaron algunos de los estados de la periferia de Brasil, llegando incluso a Sao Paulo y Río de Janeiro.

Los primeros prestamistas en llegar a México para abrir rutas lo hicieron en 2012, pero a partir de 2014, con la eliminación de la visa para los colombianos, se consolidó su accionar gracias a la alianza que lograron con bandas de crimen organizado en ese país. Posterior a esto, la conquista en Centroamérica se realizó entre 2013 y 2014, cuando los créditos sin requisitos ni fiadores se tomaron los comercios y zonas marginales de Honduras y Guatemala, donde trabajan también en alianza con las marcas salvadoreñas.

Alrededor de 300 personas, entre deudores y cobradores, han muerto en los últimos años en América Latina por retaliaciones relacionadas con ‘gota a gota’.

Aunque a comienzos de 2019 Panamá reportó el primer caso de capturas de colombianos por ‘gota a gota’, en 2015 se registró una serie de actos violentos y de muertes relacionados con esta actividad ilícita en la capital del país. Personas de nacionalidad colombiana y nicaragüenses indocumentados fueron las víctimas de estas redes.

Uruguay es el último país en el que aterrizó este fenómeno, a comienzos del 2017, y ya se tienen reportes de una persona asesinada y un cobrador colombiano desaparecido.

 

Para que desde el 2008 empezara la expansión del fenómeno del ‘gota a gota’ por América Latina fue necesario reclutar a decenas de jóvenes colombianos graduados de bachillerato, sin empleo y sin la posibilidad de continuar una carrera universitaria.

Otros factores también fueron fundamentales para la expansión de este cruel modelo de préstamo por la región: los altos índices de corrupción en los gobiernos de algunos países, la desigualdad social en el continente y la corrupción de algunas autoridades policiales en países como Colombia, Perú, Ecuador y México.

Asimismo, las organizaciones colombianas dedicadas a este tipo de delitos en el extranjero operan con la complicidad de los carteles o las bandas criminales de cada uno de esos países tal como ha ocurrido en Perú, Honduras, Brasil y México.

 

Ante una realidad evidente de expansión, representantes de los gobiernos de diez países se reunieron en agosto del 2017 en la ciudad de Puebla, en México, para firmar un acuerdo de cooperación internacional a fin de combatir la corrupción y la delincuencia organizada. En el evento, uno de los temas tratados fue el de la presencia de legiones de colombianos dedicados al préstamo ilegal de dinero, bajo el modelo de ‘cobradiario’ o ‘gota a gota’.

Dueño del capital, administradores, cajeras y cobradores, entre otros, hacen parte del negocio del ‘gota a gota’.

De acuerdo con la respuesta entregada por la Cancillería colombiana a un pedido de información para este reportaje, entre el año 2014 y julio del 2019, fueron asesinados 337 colombianos en 14 países de América Latina, en su mayoría por casos relacionados con préstamos ‘gota a gota’ y microtráfico. Hay además 152 casos más en los que las circunstancias de su muerte están ‘por determinar’.

El ‘gota a gota’ es, en últimas, la sumatoria de la desigualdad en América Latina. Salvador Guerrero, director del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, dice que este no es un asunto punitivo policial, sino de política social “porque quienes necesitan el dinero como quienes lo cobran, prácticamente pertenecen al mismo segmento de población depauperada que es utilizada por las organizaciones del ‘gota a gota’ a nivel continental”.

Amplíe la información sobre el nacimiento y desarrollo del modelo ‘gota a gota’ en los diferentes países de la región acá.


* Esta historia fue realizada por Hugo Mario Cárdenas para El País de Cali, Colombia, en alianza con CONNECTAS.

Everglades: Una batalla contra el reloj… y el clima

Everglades

Aferrándose a una mata para conservar el equilibrio, Tiffany Troxler avanza cuidadosamente por un entablado improvisado al adentrarse en el pantano. El tablón se hunde y ella queda con agua color té hasta las rodillas.

«Esta es la parte más traicionera», comenta la investigadora de la Universidad Internacional de la Florida. «El nivel del agua es alto».

Este terreno de tono marrón y manglares del Parque Nacional Everglades puede parecer saludable, pero Troxler sabe bien lo que hay debajo de la superficie oscura. Señala hacia un sector de césped: debajo de la línea del agua, las raíces están expuestas. Esto revela que la gruesa capa de turba (combustible fósil formado por residuos vegetales acumulados en sitios pantanosos) que sustenta este ecosistema está desapareciendo. Y las investigaciones hacen pensar que la responsable de esto es el agua marina que se ha adentrado en la zona.

«Puedes ver a estas tierras como tu cuenta bancaria», dice Troxler, directora adjunta del Centro para Soluciones del Nivel del Mar de la Universidad Internacional de la Florida. «En las condiciones actuales de este pantano, las perspectivas no son buenas».

Formados hace unos 5,000 años, durante un período de subida del nivel de los mares, los Everglades eran mucho más grandes.

«El milagro de la luz se derrama sobre la extensión verde y marrón de la hierba y de agua, que brilla y se mueve lentamente, la hierba y el agua que son la esencia de Los Everglades«, escribió en 1947 la periodista y activista Marjory Stoneman Douglas. «Es un río de hierbas».

En el último siglo, no obstante, se perdió la mitad del sistema original, por los cultivos o la pavimentación, para nunca volver. Los 8 millones de habitantes del sur de la Florida se lo apropiaron para vivir, trabajar y divertirse allí.

La zona está hoy llena de canales y diques que reconfiguraron el paisaje y alteraron el hábitat de los animales, contaminado por los campos cultivados aguas arriba, transformado por especies invasores. Y ahora, el creciente nivel de las aguas -esta vez causado por el hombre- amenaza con arruinar lo que construyó la naturaleza a lo largo de miles de años.

Lo que sobrevive ya no es realmente un ecosistema natural, sino lo que queda de él, que depende -y está a merced- de una red de más de 3,360 kilómetros (2,100 millas) de canales, 3,200 kilómetros (2,000 millas) de diques y cientos de compuertas, estaciones de bombeo y otras estructuras para controlar el agua.

Lo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército describe como un «sistema muy controlado», otros le dicen «Los Everglades de Disney«.

Dos décadas y 4,000 millones de dólares después de que se pusiese en marcha un Plan Integral de Restauración de los Everglades -un ambicioso proyecto a nivel estatal y nacional adoptado en el 2,000-, nuevos informes acerca del cambio climático plantean interrogantes acerca de qué porcentaje de los Everglades se puede salvar y lo que eso significa.

«Tiendo a pensar que se puede salvar todo», dice Fred Sklar, del Distrito de Manejo del Agua del Sur de la Florida que administra la infraestructura de los Everglades. «Restaurarlo es otra historia».

“Estamos empezando a ver que la vegetación responde. Hay más turba, más de esos cenagales de aguas abiertas”, dice Stephen Davis, ecólogo de la Fundación Everglades. “Confío mucho en que podemos restaurar el ecosistema. Por restauración quiero decir que podemos mejorar el funcionamiento de lo que queda”. “Pronto podremos ver si el trabajo de los últimos 20 años servirá de algo o no”, dice William Nuttle, consultor del Centro para la Ciencia del Medio Ambiente de la Universidad de Maryland, que empezó su carrera en los pantanos del sur de la Florida.

***

«Aquí no hay nobles picos que buscan el cielo, ni portentosos glaciares ni arroyos que erosionan la tierra», dijo el presidente Harry S. Truman en 1947 durante la inauguración del Parque Nacional de los Everglades. «Aquí hay tierra, tranquila en su serena belleza, que no sólo es una fuente de agua sino también la última receptora de ella. A su abundancia natural le debemos la espectacular vida animal y vegetal que distingue este sitio de todos los demás en nuestro país».

En el centro de todo esto estaba el Lago Okeechobee, el «corazón líquido» de los 1,890 kilómetros cuadrados (730 millas cuadradas) de los Everglades.

Hoy sabemos que los sistemas naturales como el de los Everglades ofrecen muchos beneficios: filtran el agua, permiten la reproducción de peces y otros animales silvestres, protegen de las tormentas y hasta absorben carbono. Pero para los habitantes de la Florida del siglo 19, el agua -y los mosquitos y reptiles que alberga- impedía el progreso.

Y cuando la Florida pasó a ser un estado en 1845, una de las primeras medidas de la Legislatura fue aprobar una resolución que pedía al Congreso que investigase esos pantanos «sin absolutamente ningún valor… con miras a su reciclaje».

A partir de la década de 1880, una serie de entidades empezaron a drenar el pantano. Cavaron canales al este y el oeste del Lago Okeechobee, que portaban agua llena de nutrientes que alteraron la salinidad de los estuarios costeros e hicieron proliferar algas tóxicas. Sembraron desde el aire una planta australiana que consume mucha agua llamada maleleuca. Los manzanares de la costa sur del lago fueron quemados.

El suelo de turba que se había acumulado por miles de años se secó y fue arrastrado por el viento. El resultado: en una estación de Investigaciones de la Universidad de la Florida de Belle Glade se hundió un medidor de cemento en el suelo orgánico hasta tocar la capa de piedra caliza y se comprobó que se había hundido más de unos 180 centímetros (seis pies) desde 1924.

No obstante eso, siguieron sin hacer nada.

En la década de 1960, el Cuerpo de Ingenieros empezó a enderezar el zigzagueante río Kissimmee, que se desborda fácilmente. Rodeado de pantanos tan exuberantes que se les dice «los Pequeños Everglades«, este río de más de 200 kilómetros (130 millas) de extensión fue lo que un experto en la vida silvestre describió como un «criadero de peces». Hacia 1971, los ingenieros habían enderezado el río, que dio paso a un canal con una extensión de 90 kilómetros (56 millas) y una profundidad de unos 9 metros (30 pies), burocráticamente bautizado C-38.

Pero fue un evento de 1928 el que más alteró los Everglades. Ese año, un huracán destruyó un dique en la costa sur del lago Okeechobee, causando una inundación que mató a 3,000 personas, la mayor parte de ellas campesinos negros, pobres. Se empezó a construir entonces la Represa Herbert Hoover, de 10 metros de altura y una extensión de 230 kilómetros (143 millas), que está casi terminada y que rodea el lago, aislándolo permanentemente del parque.

La principal misión del Cuerpo de Ingenieros era proteger a la gente, no el medio ambiente. Como dijo el narrador del documental de la década del 50 «Waters of Destiny» (Las aguas del destino), el Cuerpo se vio a sí mismo como victorioso en una guerra contra la naturaleza.

«El agua fluía desenfrenadamente. Agua que arruinó una tierra rica. Que mató personas y la tierra. Que causó desastres y la muerte de la tierra. Ahora, espera allí, tranquila, pacíficamente. Lista para acatar las órdenes del hombre y sus máquinas».

Daño. A partir de la década de 1880, una serie de entidades empezaron a drenar el pantano. Esto constituyó un daño de alta consideración, pero nadie hizo nada.

Los científicos estiman que más de 2,600 millones de litros de agua fresca bañaban anualmente lo que es hoy el Parque Nacional Everglades. En la actualidad, recibe 1,120 litros.

Muchos de los mismos canales, diques y bombas que ayudaron a drenar los Everglades están siendo usados para tratar de salvarlos. Junto a las plantaciones de caña de azúcar y de vegetales de invierno al sur del lago Okeechobee, grandes extensiones están siendo adaptadas para que puedan almacenar y limpiar agua a ser usada cuándo y dónde sea necesaria.

Tal vez el paso más importante que se ha dado hasta ahora es la recuperación del Camino de Tamiami, una carretera de este-oeste que sirvió como un dique en el corazón de los Everglades desde la década de 1920. A partir del 2013, trabajadores elevaron 5.28 kilómetros (3.3 millas) del camino, permitiendo que el agua fluya libremente hasta el Cenagal de Shark River, históricamente la parte más profunda de los Everglades.

«Estamos empezando a ver que la vegetación responde. Hay más turba, más de esos cenagales de aguas abiertas», dice Stephen Davis, ecólogo de la Fundación Everglades. «Confío mucho en que podemos restaurar el ecosistema. Por restauración quiero decir que podemos mejorar el funcionamiento de lo que queda». «Pronto podremos ver si el trabajo de los últimos 20 años servirá de algo o no», dice William Nuttle, consultor del Centro para la Ciencia del Medio Ambiente de la Universidad de Maryland, que empezó su carrera en los pantanos del sur de la Florida.

El tiempo, no obstante, no ayuda a los Everglades.

En la última década los científicos empezaron a notar una alarmante tendencia en los pantanos cerca del extremo sudoeste del parque, «cavernas» con agua llenas de vegetación muerta. El agua marina, dice Nuttle, estaba haciendo que amplias zonas de turba saludable «quedasen inutilizadas como sweaters de lana comidos por polillas».

La falta de agua fresca del norte y la intromisión de agua del mar han aumentado el nivel de salinidad de los pantanos, señalaron Troxler y otros, lo que parece estar afectando el crecimiento de las plantas.

Los científicos confían en que los manglares y otras plantas que toleran mejor la sal migren a tierra firme, hacia los llanos de turba, y creen una nueva barrera natural contra el cambio climático. Pero este cambio tal vez no llegue a tiempo. Cuando los autores del proyecto de restauración lanzaron su iniciativa en el 2000, pensaban que el mar subiría unos 18 centímetros (6 pulgadas) para el 2050. Pero el mar crece a un ritmo mucho más acelerado. Desde el 2000 ya creció 15 centímetros (5 pulgadas).

En su informe más reciente al Congreso, un equipo de la Academia Nacional de la Ciencia, la Ingeniería y la Medicina exhortó a hacer una amplia reevaluación del proyecto de restauración, advirtiendo que los trabajos actuales no avanzan a la velocidad del cambio climático y que podría tomar 65 años completar el proyecto con los niveles de financiación actuales.

«A este paso, es más imperativo todavía que las agencias se preparen para los Everglades del futuro», escribieron.

Invasores. Los Everglades se ha llenado de especies invasoras que alteran el equilibio, una de ellas es la serpiente pitón birmana, a la que en el estómago le han encontrado tanto roedores como pájaros.

El Parque Nacional de los Everglades cuenta con una impresionante variedad de vida silvestre.

Hay más de 360 especies de aves y se dice que es el único lugar de la tierra donde pueden convivir los caimanes de agua dulce y los cocodrilos de agua salada.

También hay numerosas especies no nativas que confunden a la naturaleza.

Una mañana de fines de octubre muy calurosa, el biólogo especializado en vida silvestre Ian Bartoszek, director de un programa de investigación y remoción de víboras de Conservancy of Southwest Florida, chapotea por un pantano con cipreses en las afueras de Naples.

En su mano derecha sostiene una antena con forma de H y escucha cómo aumenta la señal de un aparato en su otra mano. «A medida que el sonido se hace más fuerte, la víbora gigantesca está más cerca», expresó.

De todas las especies invasoras de los Everglades, la serpiente pitón birmana es la más conocida y probablemente la más arisca. Nadie sabe bien cómo fue que esta serpiente del sudeste asiático llegó a la Florida a fines de la década de 1970, aunque muchos creen que todo empezó con unos animales que eran mascotas y se escaparon. O fueron liberados. Se calcula que hay algunos cientos, si no miles, y se sabe que son voraces.

En el 2015, el equipo de Bartoszek capturó una hembra de 14 kilos (31.5 libras) que estaba digiriendo un cervatillo de 16 kilos (35 libras). Este grupo investigador y sus socios documentaron los restos de 23 especies de mamíferos y de 43 especies de aves en los estómagos de las pitones.

Los científicos sospechan que la pitón es la responsable de la desaparición de hasta el 99% de los conejos de los pantanos, los mapaches y otros mamíferos pequeños del parque nacional.

Las pitones pueden permanecer debajo del agua hasta media hora. Su tono negro, marrón y castaño les permite pasar inadvertidas. Todo esto hace que sea casi imposible detectarlas. Por ello, desde el 2013 Bartoszek está usando pitones para pillar otros pitones.

Todas las semanas sobrevuela el área, recogiendo las señales que emiten unos transmisores implantados en 25 serpientes y toma nota de su ubicación. La esperanza es que los guíen a otros animales, sobre todo hembras en edad de procrear.

Este día en particular recogieron la señal de la pitón número 21, un macho de poco más de 30 kilos (50 libras) y 3,5 metros (11 pies y medio) llamado Johnny Rebel que los ayudó a encontrar 20 pitonas adultas, incluidas ocho que tenían unos 560 huevos.

«Es nuestra pitón más valiosa», dice Bartoszek.

Bartoszek se ata un machete y con un gesto a la Sherlock Holmes, se adentra en el bosque. Siguiendo el rastro de un venado, él y su colaborador Ian Easterling pasan por encima de un viejo cerco de alambres de púas y de árboles malaleuca caídos mientras el receptor los guía más adentro de los arbustos. El sonido se intensifica.

«Nos acercamos», dice Bartoszek. «Debería estar por aquí».

«¡Veo una cabeza por allí!», grita Bartoszek poco después. «¡Confirmado!».

«Hay una serpiente que se mueve por allí», responde Easterling. Metiéndose entre los arbustos, Bartoszek se detiene un momento. «Pueden ser dos pitones».

Da la impresión de que Johnny tiene una novia.

Luego de recuperar el aliento, Bartoszek y Easterling meten la cabeza en el matorral, donde la serpiente está enroscada, y mirando a Easterling le dice «¡no te asustes!».

Easterling la toma de la cola mientras Bartoszek le pasa la mano por detrás de la cabeza. Ella está mudando su piel, lo que hace que resulte más difícil aferrarla.

«Ahora viene el momento decisivo», grita el biólogo mientras el reptil se retuerce de dolor, dejándose caer sobre sus muslos. Con un gemido profundo, deja ir el contenido de su tubo digestivo.

Se acabó la pelea.

De vuelta en el laboratorio, pesan y miden su botín: poco más de cuatro metros (14 pies) de largo y pesa 43 kilos (95 libras). Después de ponerla en una caja y encerrarla en un depósito, Bartoszek estudia sus excrementos y encuentra pedazos de huesos y lo que resultan ser las pezuñas de un venado de cola blanca, la presa preferida del leopardo de la Florida, una especia nativa en peligro de extinción.

«El laboratorio a veces parece ser parte de (la serie televisiva) ‘CSI: Escena del Crimen’», comenta. «Es la prueba del delito, lo que sucede allí en los Everglades«.

En los últimos seis años, el equipo de preservación de la naturaleza ha retirado más de 500 pitones con un peso combinado de 5,900 kilos (13,000 libras) en un área de 129 kilómetros cuadrados (50 millas cuadradas). A pesar de eso, Bartoszek dice que la erradicación total de la pitón «es imposible».

«Parece estar adaptándose y evolucionando en tiempo real en el ecosistema de los Everglades«, expresó. «Tal vez ya no corresponda hablar de la pitón birmana en los Everglades. Ahora es nuestra. Son de aquí».

Los científicos confían en que los manglares y otras plantas que toleran mejor la sal migren a tierra firme, hacia los llanos de turba, y creen una nueva barrera natural contra el cambio climático.

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Cuando se adoptó el plan de restauración de los Everglades en el 2000, el objetivo era volver a los tiempos previos al drenaje, del relato de Douglas. Pero con la subida de los mares y las fluctuantes temperaturas y lluvias, los expertos coinciden en que eso no será posible.

«La restauración de los Everglades siempre fue un proyecto ambicioso y complejo», declaró el panel de la Academia Nacional de Ciencias. «Nuestra visión actual pone énfasis en lo dinámico que es y en la importancia de enfocarse en la restauración de los Everglades del futuro, no en los del pasado».

Este año un grupo de expertos de distintas dependencias del gobierno que incluyó al Cuerpo de Ingenieros y el Servicio de Parques Nacionales difundió un nuevo informe sobre el estado del Sistema de los Everglades y no fue alentador.

«En términos generales, los Everglades de la Florida luchan por sobrevivir en medio de presiones sostenidas de actividades humanas y del creciente impacto del cambio climático», señaló el grupo. «Las anotaciones bajas del informe indican que los ecosistemas de la región se están degradando y que los beneficios ecológicos de la restauración todavía no se ven».

De todos modos, hay algunas señales positivas.

Se percibe alguna adaptación. Los científicos que examinen los estómagos del corocoro blanco, un «indicador de especies», encontraron señales de que está comiendo el jewelfish africano, un pez que no es nativo. Y un caracol de la región en peligro de extinción (el snail kite) está mostrando preferencia por otra especie exótica del molusco, que llegó no hace mucho a los Everglades.

Tal vez el elemento más alentador de todos es un proyecto de 578 millones de dólares que busca restaurar 103 kilómetros cuadrados (40 millas) de la cuenca del río Kissimmee. Desde la demolición de algunas represas, una parte del río encontró su viejo lecho. Están reapareciendo los pantanos y también la vida silvestre.

Thomas Van Lent, vicepresidente de ciencia y educación de la Fundación Everglades, hace poco recorrió en una lancha poco más de 3 kilómetros (2 millas) restaurados del río.

«Había caracoles por todos lados», comentó. «Es sorprendente ver el impacto» de la restauración.

Su colega Stephen Davis cree que el plan puede ofrecer protección de inundaciones -además de agua potable y recreación- al tiempo que recupera y preserva las funciones originales de los Everglades.

«Creo que hay quienes piensan que la restauración es lo mismo que arreglar un viejo automóvil para que se vea como en sus buenos tiempos», manifestó. «Ese no es el caso con la restauración de los Everglades«.

En el 2015 el Cuerpo de Ingenieros presentó un informe al Congreso y calculó que la restauración costará unos 16,000 millones de dólares, casi el doble de lo estimado inicialmente. No sorprende que haya mucha gente que cuestiona el gasto de semejante cantidad sin que haya garantías de éxito.

Una mañana reciente extremadamente calurosa, Michael Todd Tillman observó cómo tres grandes bombas que funcionaban las 24 horas del día desde mediados de año despedían agua en el Canal L-29 junto al Camino de Tamiami a un ritmo de 7 centímetros cúbicos (25 pies cúbicos) por segundo.

«Me van a llenar de agua», dijo el operador de la lancha, cuya familia tiene un campamento recreativo en el parque.

Tillman afirma que comprende lo que tratan de hacer los ingenieros, pero se pregunta si él y los demás pueden sobrevivir en base a las suposiciones de alguien.

«Han cometido grandes errores en el pasado», señaló. «¿Saben cuál es la respuesta indicada ahora?».

Sea cual fuere el precio final, Nuttle dice que los humanos crearon este «ecosistema híbrido» y que les corresponde a ellos mantenerlo, por el bien de la naturaleza y el nuestro.

«En el sur de la Florida le declaramos la guerra al ecosistema», manifestó. «No estamos pagando por una restauración, sino por una restitución».

Sin marcha atrás. La tarea de los científicos es salvar lo que queda. El retroceso en el daño ya causado a Los Everglades es imposible.

La fábrica de pruebas de la Policía de Nicaragua

Fotografías de CONNECTAS

La escena atrajo a decenas de curiosos. El cadáver del estadounidense Sixto Henry Vera, de 48 años, yacía ensangrentado y desnudo en el pavimento desde las primeras horas de la mañana de aquel 2 de junio de 2018. A su espalda, en los alrededores del barrio Rubenia en Managua, su vehículo y otro supuestamente utilizado por sus asesinos ardían hasta convertirse en cenizas. El Instituto de Medicina Legal determinó horas después que la muerte fue violenta y homicida desde el punto de vista legal.

Vera era hijo de ecuatorianos, nacido en New York, con un restaurante en Nicaragua. Dedicarse a ese negocio podía significarle salidas nocturnas en su rutina laboral. Pero la de la madrugada antes de su asesinato fue de otra naturaleza. Celebró su cumpleaños escuchando mariachis hasta que una llamada telefónica, avisándole que un amigo estaba en problemas, lo obligó a salir en su búsqueda sin saber que sería su último viaje, según las versiones de la prensa local.

De manera sorprendente, cuarenta y ocho horas después de que la embajada de Estados Unidos lamentara los hechos, la Policía de Nicaragua señaló a los supuestos responsables del crimen: Ezequiel Gamaliel Leiva García y Néstor Enmanuel Molina Tiffer. Eran dos desconocidos, cuyos nombres se sumaban al cúmulo de sucesos violentos ocurridos en el contexto de las protestas. Hasta entonces habían muerto 108 personas según los datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), reportados por la prensa internacional. Meses más tarde aumentaría a 328 muertos y más de dos mil heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló el uso excesivo de la fuerza a manos del Estado contra los manifestantes.

Sin embargo, la trama policial que dio por esclarecido el asesinato de Vera se enredó. Los señalamientos contundentes, proferidos por el comisionado general Sergio Gutiérrez, segundo jefe de Managua, se tambalearon a la luz de los hechos. Leiva García se encontraba en coma en el hospital Salud Integral desde el 31 de mayo por una herida de bala que le ocasionaron tres días antes cuando participaba en las manifestaciones. Según la explicación de su padre, Ezequiel Leiva, quien salió en defensa del honor de este mostrando una constancia del centro médico, era imposible que el joven hubiese atacado al estadounidense. Los tiempos no cuadraban.

El 17 de septiembre Leiva García murió, y el titular de las noticias reportó el fallecimiento de uno de los acusados por el caso. La muerte sería también el destino de Molina Tiffer, el otro señalado por las autoridades y quien sería encontrado sin vida por agentes, en un ataúd, un mes después de la versión policial al requisar un camión. Según la Policía, este fue víctima de un enfrentamiento entre los miembros de una barricada levantada en la zona central del país. El vocero policial, comisionado César Cuadra, dijo que el fallecido fue víctima de «grupos delincuenciales» que se dispararon mientras estaban ebrios.

El caso del estadounidense, que tuvo amplia resonancia a nivel nacional, dejó la sensación de que había sido un montaje, lo que se suma a los cuestionamientos realizados por organismos de derechos humanos a la Policía de Nicaragua, entre los cuales se encuentran asesinatos a ciudadanos, detenciones arbitrarias de líderes estudiantiles, campesinos y opositores en general al gobierno de Daniel Ortega.

En septiembre pasado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, recordó en un informe que se documentaron violaciones a DDHH cometidas entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018, «tales como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención».

Una investigación de Onda Local en alianza con CONNECTAS recopiló siete testimonios de víctimas que fueron inculpadas públicamente por la Policía, pero además levantó una base de datos de las notas de prensa oficiales en las cuales la institución los señaló por la comisión de delitos, lo que sirvió de base para que posteriormente fueran acusados por la Fiscalía y sentenciados por jueces simpatizantes del partido de gobierno.

Para la socióloga Elvira Cuadra, investigadora nicaragüense en temas de seguridad, la actuación de la Policía Nacional no corresponde con los parámetros de un cuerpo profesional, sino «a un aparato armado que responde a intereses específicos del grupo Ortega-Murillo», refiriéndose al gobernante y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. La especialista ha criticado la involución institucional de la Policía desde el ascenso de Ortega al poder al recordar que, aunque fue fundada en los años de la revolución sandinista, después de 1990 inició un proceso de fortalecimiento institucional pasando de ser «sandinista» a «nacional». Luego todo cambió y se politizó.

«La Policía venía en un proceso de deterioro institucional en relación a su actuación, observancia y protección de los derechos humanos desde antes de abril de 2018 (el inicio de las protestas). Lo que sucedió después de esa fecha fue que se agudizó profundamente. El papel de la institución se ha distorsionado», afirmó Cuadra.

Régimen. El presidente Daniel Ortega junto a la entonces jefa policial de Nicaragua, la primera comisionada Aminta Granera, hoy retirada, y a su sucesor, Francisco Díaz Madriz, consuegro del mandatario.

La institución policial es presidida por el propio Ortega, dado que el Presidente es el jefe supremo de la institución según la Constitución nicaragüense. La dirección está en manos del primer comisionado Francisco Díaz Madriz desde agosto de 2018, cuando el mandatario lo ascendió obviando las críticas de que se trataba de su consuegro y que fue sancionado por la comunidad internacional tras las denuncias de violaciones a los derechos humanos. El subdirector general es el comisionado general Ramón Avellán, quien es cuestionado por la comisión de crímenes a manos de agentes policiales en el departamento de Masaya, al oriente del país centroamericano, donde dirigió personalmente la represión y se identificó públicamente con el gobierno.

El abogado Julio Montenegro, integrante de la Organización Defensores del Pueblo, un equipo legal que brinda acompañamiento a los reos políticos en Nicaragua, manifestó que la actuación de las autoridades policiales «ha sido prácticamente contrario a un debido proceso», ya que las detenciones han ocurrido de forma ilegal sin orden de captura, allanamiento y fuera de los tiempos establecidos en el Código Penal como ocurrió con Bryan Murillo, de 24 años.

Agentes policiales asesinaron a Murillo a las 5:20 de la mañana el 17 de julio de 2019 en León, al occidente de Nicaragua. La Policía alegó que un oficial disparó en defensa propia cuando el joven y otros dos los atacaron con machetes, lesionando al teniente Álvaro José Pichardo Salazar. Las autoridades calificaron a las víctimas de ‘delincuentes’ y ‘prófugos de alta peligrosidad’, pero sus familiares presentaron «certificados de conducta» de la institución, evidenciando que no tenían antecedentes criminales hasta un año antes del suceso.

Karen López, familiar de la víctima, sostuvo a la radio local Darío tras el crimen que ella vio cuando dos oficiales salieron de la casa. «Uno hizo una llamada y dijo ‘manden refuerzos que la encabé (cometí un error)’». La historia provocó inconformidad entre los ciudadanos que acompañaron el féretro hasta su última morada, protestando contra lo que consideraron un abuso de poder.

A Gennsy Efrén Mairena, originario de Matagalpa, lo capturaron fuerzas paraestatales, pero fue presentado públicamente por la Policía el 17 de octubre de 2018, acusado de los delitos de secuestro, tortura, lesiones, amenazas de muerte y portación ilegal de armas de fuego. Lo excarcelaron el 27 de febrero pasado y asegura que no usa armas. Para él, todas las acusaciones en su contra son falsas. Dice que su delito fue «protestar».

«Me dijeron que tenían una orden de captura, pero nunca me la mostraron. Me acusaron por una docena de delitos. Es ilógico que por salir a protestar sea acusado por delitos que nunca cometí. Lo que dice el comandante (Ortega), lo que él ordena, ellos lo hacen», añadió Mairena refiriéndose a las autoridades judiciales.

“La Policía venía en un proceso de deterioro institucional en relación a su actuación, observancia y protección de los derechos humanos desde antes de abril de 2018 (el inicio de las protestas). Lo que sucedió después de esa fecha fue que se agudizó profundamente. El papel de la institución se ha distorsionado”, Elvira Cuadra, socióloga e investigadora nicaragüense en temas de seguridad.

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POLICÍA JUZGÓ A OPOSITORES ANTE MEDIOS

Según la base de datos construida para esta investigación periodística por Onda Local en alianza con CONNECTAS y basada en las notas de prensa oficiales, al menos 251 personas de 1,900 detenidos entre mayo de 2018 y julio de 2019 fueron apresados por su participación directa en las protestas. Fueron remitidos de 10 de 15 departamentos del país centroamericano: Masaya, Managua, Carazo, Rivas, León, Chinandega, Chontales, Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia. También detuvieron en la Región Autónoma del Caribe Norte que tiene una categoría diferente a la departamental según la división administrativa del país.

A estos detenidos las autoridades los exhibieron públicamente como «terroristas», «delincuentes golpistas» y «cabecillas de tranques (barricadas)»; descalificativos que luego los acusadores (Fiscalía) usó en los procesos judiciales contra estos opositores.

Al menos 54 de los 251 manifestantes procesados lo fueron también por otros delitos comunes, como robo con intimidación (18), robos (13), abastecimiento de droga (4), tenencia ilegal de armas de fuego (4), transporte ilegal de explosivos (1), asesinato (11), alteración al orden público (1) y saqueo e incendio (2). El dato que resulta más destacable, sin embargo, es que, mientras las acusaciones oficiales a los opositores fueron de manera masiva por terrorismo, el mismo anuario de la Policía reconoció que reportaron 56 denuncias por ese delito y una por financiamiento al mismo en 2018, el año de la crisis. Según este mismo anuario, resolvieron 32. Si se revisan las estadísticas de 2017, en esa ocasión ni siquiera se reportó un caso de terrorismo.

Parte del marco legal para las operaciones policiales la aprobó el partido gobernante tres meses después de iniciadas las protestas del año pasado, es decir en julio de 2018. Se trata de una ley contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Para las autoridades, los opositores fueron acusados bajo la definición del Código Penal, sin embargo Amnistía Internacional consideró que la legislación pudo utilizarse «como herramienta para un uso indebido del derecho penal». La aprobación de la nueva ley coincide con el mes cuando los capturados fueron señalados como terroristas por el Estado.

«La calificación del término ‘terrorista’ por órganos del Estado, contra personas que no cuentan con una sentencia condenatoria firme, significa una afrenta a la honra, dignidad y reputación de la persona de acuerdo al artículo 11 de la Convención Americana», expresó el organismo en el informe «Sembrando el terror, de la letalidad a la persecución en Nicaragua», publicado en 2018.

Libertad. La madre del preso político Edward Lacayo, Estela Rodríguez, con una pancarta pidiendo la libertad de su hijo meses atrás.

Para Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, radicado en Costa Rica por amenazas del Estado, «al ponerle la etiqueta de delincuente a una persona se convirtió en una sentencia de muerte. Estigmatizaron a las personas masivamente como si ser delincuente, equivale a la pérdida de derechos», dijo para esta investigación publicada en el espacio para hablar sobre el país centroamericano en CONNECTAS.

Carrión fue víctima de una campaña de persecución estatal. El oficialismo señaló al jurista de encubrir a los asesinos de una familia que fue calcinada en junio de 2018. Según los testigos del caso, algunos de ellos sobrevivientes con los cuales él conversó, los autores del crimen eran parapolicías que actuaron protegidos por los agentes.

A pesar de esos cuestionamientos a la institución, el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, acusó de encubrimiento a Carrión, quien fungió como director jurídico del CENIDH hasta su salida del país centroamericano. El jefe policial declaró primero contra la jefa de éste. «Vilma Núñez (presidenta del organismo), mantuvo oculto a los sobrevivientes (en el caso del crimen de la familia calcinada) en contra de su voluntad, instigándolos a acusar al Gobierno y a la Policía Nacional, prometiéndoles tramitar visa estadounidense y costarricense, ofreciéndoles pagar sus costos de estadía en cualquiera de estos dos países», afirmó Pérez Olivas.

Según Carrión, la campaña de estigmatización contra los opositores se sostiene en la impunidad con la que el partido de gobierno protege a cualquier simpatizante sandinista.

Las declaraciones de Pérez Olivas concordaron, sin embargo, con el discurso institucional que respaldó al gobierno en su visión de que fueron víctimas de un golpe de Estado, tal como dijo el primer comisionado Francisco Díaz cuando asumió el mando nacional el 10 de septiembre de 2018.

Díaz lamentó entonces la muerte de 22 oficiales durante las protestas del año pasado, la destrucción de propiedades del Estado, mientras sostuvo que jamás atacaron a nadie, porque hicieron «uso legítimo de la fuerza» para garantizar la vida, integridad física y bienes de las personas, familias y comunidades.

«A partir del 19 de abril (de 2018), grupos terroristas intentaron un golpe de Estado, destruyendo la paz que durante más de 11 años habíamos disfrutado, cometiendo crímenes horrendos, abominables», acusó Díaz, que reconoció 198 fallecidos en el contexto de las protestas, mientras dijo que 900 policías resultaron además lesionados.

La opinión del jefe policial contrasta con los testimonios dados por víctimas de la represión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en que señalaron a la Policía, grupos de choque (pandillas) y parapolicías como los autores de los ataques a la población.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos, que lleva un registro de las denuncias contra estas estructuras represivas, aseguró que hubo resistencia interna a las órdenes de la jefatura. Al menos veinte policías se negaron a atacar a la población, renunciaron y se acercaron a denunciarlo al organismo. «A los que la institución (Policía) logró atrapar, los injurió mediáticamente», afirmó Pablo Cuevas, asesor legal del organismo.

Parapolicías. Un grupo de parapolicías, aliados del partido de gobierno en Nicaragua, operando meses atrás en un barrio de Managua, capital del país centroamericano.

Cuevas relata que en junio de 2019 conoció el caso del teniente Edwin Antonio Hernández Figueroa, un oficial antinarcóticos de la ciudad de León, quien fue capturado al intentar desertar. Pensaba huir por Honduras, pero lo detuvieron antes. Lo acusaron por tráfico de drogas y lo condenaron el jueves, 31 de octubre de 2019. El testimonio es revelador, porque permite entender cómo funcionarios del Estado, incluidos policías, realizaban labores de vigilancia política a la población.

«Desde su unidad en León los organizan en unidades de 10 y de 20 personas que realizan patrullajes; que estas unidades operativas están integradas por trabajadores del Estado (Poder judicial; Enacal-aguadora, etc.) y que son dirigidos por un oficial de inteligencia y antinarcóticos. Existe un rol por entidad: la misión es desplazarse por toda la ciudad y reportar a un mando cualquier sospecha de reunión no autorizada o formación de grupos sospechosos de alguna vinculación o actividad política adversa al gobierno», explicó Cuevas en su informe elaborado el 21 de octubre pasado.

El asesor legal de la CPDH ha denunciado en otras ocasiones la falta de independencia del sistema de justicia. En los expedientes judiciales de los opositores en general, se puede leer que los delitos por los cuales los acusan son «crimen organizado, terrorismo, financiamiento al terrorismo, asesinato, robo, lesiones, violaciones, incendio, secuestro» y una figura local denominada ‘entorpecimiento de servicios públicos’ por el levantamiento de barricadas en los barrios en protesta contra el gobierno.

De acuerdo con la investigación realizada por Onda Local en alianza con CONNECTAS, a partir de enero de 2019, la Policía empezó a acusar por delitos comunes, aunque fuesen casos políticos. Una de esas historias es la del preso político de Masaya, Edward Enrique Lacayo Rodríguez, declarado el 29 de julio de 2019 culpable por el delito de tráfico de drogas. Para el jurista Julio Montenegro, su abogado defensor, le fabricaron el delito. «Ese vicio se venía arrastrado, se cultivaba la prueba (se incrimina) para finalmente detenerlos (a los opositores), ahora estamos hablando que la fabricación de pruebas es mucho más drástica», precisó.

Montenegro explica que en estos procesos la mayoría de testigos suelen ser policías. Lacayo es también propietario de un pequeño negocio de muebles que heredó de sus padres, no tiene capitales y sus deudas alcanzan los 8.900 dólares. Existen videos y fotos en las protestas, pero toda esa prueba «me la eliminaron porque no estaba acorde con la teoría acusatoria» y se basaron en que las autoridades mostraron seis tacos de droga que el procesado «no llevaba» al momento de acusarlo, según él.

Estos juicios denunciados como irregulares, se explican por el control que ejerce el partido de gobierno en el sistema de justicia, el que ha sido reconocido por miembros del círculo cercano a Ortega. Cuando el ex magistrado Rafael Solís, padrino de bodas de la pareja presidencial, renunció en enero de este año se exilió en Costa Rica después de denunciar un «estado de terror» y una serie de juicios políticos que deben ser anulados. Según su criterio, las decisiones fueron tomadas en El Carmen, una alusión local que refiere a la residencia de Ortega por el nombre del reparto donde está ubicada.

De acuerdo con la investigación realizada por Onda Local en alianza con CONNECTAS, a partir de enero de 2019, la Policía empezó a acusar por delitos comunes, aunque fuesen casos políticos. Una de esas historias es la del preso político de Masaya, Edward Enrique Lacayo Rodríguez, declarado el 29 de julio de 2019 culpable por el delito de tráfico de drogas. Para el jurista Julio Montenegro, su abogado defensor, le fabricaron el delito. “Ese vicio se venía arrastrado, se cultivaba la prueba (se incrimina) para finalmente detenerlos (a los opositores), ahora estamos hablando que la fabricación de pruebas es mucho más drástica”, precisó.

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Así se encarcelaron a 777 presos políticos, según el Comité Pro Liberación de Presos políticos, formado por los familiares de las víctimas, un número que triplica a la cantidad de capturas reportadas por la Policía según la investigación realizada por Onda Local.

La influencia del ejecutivo nicaragüense en la justicia quedó en evidencia cuando el gobierno usó dos fórmulas legales para proceder a la liberación de 492 reos políticos después que fue presionado por la comunidad internacional que advirtió la posibilidad de sanciones si no los dejaban libres. Así las cosas, 386 salieron bajo el régimen de convivencia familiar (casa por cárcel) y 106 a través de una ley de amnistía aprobada por el partido gobernante.

Sin embargo, hay un debate público sobre la cantidad de reos que aún permanecen encarcelados que sería 285 si se toma como cierta la estadística inicial del Comité. En octubre pasado, el diario digital Confidencial contabilizó 139, incluidos nueve que fueron recapturados desde las excarcelaciones iniciadas en febrero pasado. Se desconoce con exactitud cuántos podrían estar desaparecidos o fueron excarcelados pero no se informó públicamente.

La situación de Nicaragua sigue manteniendo en alerta a los organismos de derechos humanos. En un comunicado divulgado el tres de noviembre de 2019, Erika Guevara Rosas, directora para América Latina de Amnistía Internacional, afirmó que la comunidad internacional debe tener claro que la crisis persiste y las autoridades no han mostrado ninguna voluntad de garantizar derechos. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, dijo en su cuenta de Twitter que en «Nicaragua cada día hay más represión y es selectiva».

El ejecutivo no ha investigado ninguna denuncia, mientras los diarios locales reportan que la represión policial continúa con el asedio a casas de excarcelados y a opositores en iglesias. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado por la Organización de Estados Americanos para desentrañar lo ocurrido entre el 18 de abril y 30 de mayo de 2018, denunció en diciembre de ese año la comisión de crímenes de lesa humanidad e instaron a una depuración de la Policía de Nicaragua. La investigación debería incluir un análisis sobre el papel del Presidente y la cúpula policial en la represión para considerarse seria, según los expertos de la OEA, que destacaron la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia por su parcialidad al poder político.

Diomedes Reyes, de 22 años y originario de la localidad de Quilalí, al norte en Nueva Segovia, era muy activo en las manifestaciones opositoras y su madre, Mélida Hernández Centeno, dijo a la prensa local que él no es un delincuente. Parapolicías y oficiales lo capturaron el 27 de mayo de 2019. Lo señalaron por portación ilegal de armas de fuego. Días antes se encontraba exiliado en Costa Rica cuando el gobernante anunció su «plan de retorno seguro y asistido» dirigido a quienes «huyeron» del país. Él decidió volver.

La acusación oficial señala que lo atraparon en un retén policial cuando viajaba en una motocicleta. Portaba supuestamente de manera ilegal una Colt calibre 45. Le fue decomisada y lo condenaron en el juzgado único de su localidad. La prensa local narra que su tío José Reyes Moreno contradijo la versión policial sobre la detención del joven. Al procesado lo sacaron a «golpes y patadas» de su hogar, lo subieron a una patrulla y se lo llevaron con rumbo desconocido. No era cierto lo del retén.

Violencia. El cuerpo del estadounidense Sixto Vera quedó tirado en los alrededores del reparto Rubenia, en Managua.

*Este trabajo fue realizado por Onda Local en alianza con CONNECTAS, en el marco de NICARAGUA.CONNECTAS, un espacio para contar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.

Una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Juan Sebastián Chamorro es el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo opositor a Daniel Ortega y Rosario Murillo que está conformado por diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Además, fue el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y fungió como viceministro de Hacienda en el periodo del expresidente Enrique Bolaños Geyer.

A finales de octubre, Chamorro estuvo en El Salvador y conversó con esta revista sobre las perspectivas de la consolidación de un oposición que pueda vencer al régimen orteguista en las próximas elecciones. Para él, estas futuras elecciones tendrían características de un plebiscito, pues será una consulta ciudadana para saber si los nicaragüenses quieren estar en democracia o seguir con una dictadura que ha dejado muertos, exiliados y cierre de medios de comunicación.

Para esta semana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentaría un informe elaborado por una comisión especial encargada de documentar lo ocurrido en este país centroamericano, sin embargo, este informe tuvo un atraso.

Con los recientes despliegues militares, los chilenos dicen que han vuelto al tiempo de la dictadura. En Nicaragua ustedes viven la misma situación desde abril del año pasado. ¿En qué focaliza usted el declive de las democracias en América Latina?

En el desconecte que hay entre gobernantes y gobernados. Creo que las lecciones que nos han dado, primero, los procesos electorales en América Latina, han sido hacia un cambio. Si notamos las tendencias de los resultados en Bolivia, Argentina, Uruguay y Colombia, en todas ellas se vio un proceso electoral donde la población rechazó al gobernante y va por un cambio. Eso creo que tiene una implicancia importante y también se nota un interés de desprenderse de los extremos.Menciono, por ejemplo, el caso de este joven que fue electo alcalde de Medellín (Daniel Quinteros) en el pleno centro uribista, viene de una clase trabajadora, pero esforzado. Estudió, llegó a la Kennedy (Harvard Kennedy School of Government, EE.UU.), tiene un máster en negocio, educado, fue viceministro. Muestra de que es posible, en las sociedades latinoamericanas, tener ascenso socioeconómico, social y tener capacidad de llegar a cargos públicos.

A lo que está pasando en los países latinoamericanos, yo le llamaría, más que ser una lucha ideológica entre izquierdas y derecha, una lucha por la reivindicación de los gobernados, de exigirle a la clase política que atienda las necesidades de la población. El caso chileno es un caso emblemático también, aunque ahí no hay proceso electoral, pero hay un proceso de protesta. En ese proceso de protesta se nota la ausencia en el liderazgo de los partidos políticos tradicionales. En ese sentido, se parece mucho al movimiento auto convocado en Nicaragua, donde no hay en la vanguardia un partido político, sino que está un movimiento juvenil. En el caso de Nicaragua, fueron los jóvenes los que se revelaron y lo hicieron de una manera muy similar al caso chileno. Sin embargo, yo creo que el caso chileno no es una protesta en contra o para cambiar el sistema de libre mercado que predomina en Chile, sino es para perfeccionarlo, para mejorarlo, pero la respuesta de Piñera fue muy atinada, de pedir disculpas, perdón, como clase política gobernante, por la falta de visión de la clase política chilena y ese paquete de políticas sociales, creo que viene a iniciar, ojalá, un proceso de atención en lo que el modelo se ha quedado un poco corto, que es una política social más incluyente y que llene las aspiraciones de la juventud.

En este momento clave para la región, ¿qué papel deben asumir los jóvenes en cambiar la forma de hacer política?

Esta rebelión de abril de 2018 comienza, precisamente, con una rebelión de estudiantes y de juventud que se lanza a las calles por la incapacidad de Ortega de resolver las aspiraciones, las necesidades de la juventud, que luego se traduce en un movimiento social mucho más amplio, que incluye, no solamente los estudiantes, sino que también incluye población en general, campesinos, que venían con una lucha anti proyecto canal interoceánico desde hace varios años, y empieza a formarse este descontento. Se realiza la rebelión de abril, se llama a un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal. Nos llaman a esta mesa de negociación, sin existir la Alianza Cívica, y fue precisamente la mesa de la negociación la que nos provoca o la que genera esta Alianza Cívica que ahora ya tiene más de 17 meses de formación.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se caracteriza por tener una participación fuerte de cinco movimientos juveniles, estudiantiles, principalmente, pero también está el movimiento campesino, está la intelectualidad, hay representantes de la costa Caribe, hay representantes de los sindicatos y hay representantes del sector privado. Esa es una alianza bien inusual en estas luchas sociales, y es inusual, porque las condiciones de represión y de dictadura que existe en Nicaragua son inusuales. La dictadura en de Ortega es, probablemente la dictadura, no solamente que ha amasado más poder en Nicaragua, que es un país de dictaduras, hemos tenido más de 10 dictaduras en 200 años, es brutal, una dictadura con una represión muy por encima de lo que otras dictaduras han hecho, hay más de 328 muertos por el uso letal de las armas.

Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales.

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A inicios de octubre, con otros opositores orteguistas, usted estuvo en San Salvador reunido con la comisión de alto nivel de la OEA para contarle todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Para noviembre esta comisión debe presentar un informe de esto. ¿Qué espera la oposición de este informe cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro ha dicho que «Ortega gobierna Nicaragua, pero Maduro reprime Venezuela»?

Ortega reprime en Nicaragua, Ortega es una dictadura. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, en Nicaragua hay una dictadura represiva. Eso a todas luces está demostrado. De hecho, si uno ve en la cantidad de asesinados que existió en Nicaragua, en términos absolutos y relativos, es mayor a la de Venezuela. El reporte de la Comisión de Alto Nivel será el 13 de noviembre, que se cumplen los 75 días de mandado que se le dio a la Comisión. Nosotros esperamos que en esta Comisión de Alto Nivel, que ya es la segunda instancia que la OEA ha puesto a trabajar -la primera fue el grupo de 12 países, el grupo de trabajo, que fue formado en agosto de 2018-. El grupo de la comisión especial se formó a partir de la Asamblea General de Medellín, que fue en julio de este año, y ahí mandata a escribir este reporte.

Nosotros creemos que ya aquí se están agotando los canales y las vías de la OEA. Está, por un lado, la posibilidad de la aplicación del artículo 21 (De la Carta Democrática Interamericana), que es la suspensión de Nicaragua, pero también existen otras alternativas. Veremos qué dice la comisión, qué recomienda la comisión de la OEA. En este momento es muy prematuro adelantarse a lo que pueda decir, pero sí podemos hablar desde el punto de vista nuestro. Como Alianza Cívica hemos impulsado mucho la idea, y espero que la comisión especial lo retome, de la importancia que tiene las reformas electorales. En Nicaragua existe un sistema electoral totalmente corrupto. Existe un desprestigio total a la institución electoral, a diferencia de muchos países americanos. En la mayoría de los países latinoamericanos no se duda si se roban o no se roban los votos, o hay fraudes electorales; en el caso de Nicaragua, no se discute si hay fraude o no, eso está clarísimo. Nadie defiende, ni siquiera los sandinistas mismos, defienden la integridad del Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a encuestas que se han hecho durante años. Está comprobada la comisión delitos electorales y de fraudes electorales.

A nosotros nos interesa muchísimo el adelanto de las elecciones e impulsar un plan de reformas electorales que le traigan y lo devuelvan al ciudadano nicaragüense la confianza en el sistema electoral, que actualmente no la tiene.

¿Desde la oposición ya inició este plan de reformas electorales?

Sí, estos planes de reforma, en realidad, tienen varios años de estarse gestando. Comenzaron haciéndolos los partidos políticos, que son los más conocedores de los procesos. La Alianza, una organización joven, ha retomado cada uno de los planteamientos y en este momento estamos en un proceso de homologar todas las propuestas y hay bastante congruencia en lo que se debe hacer como reformas electorales.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha hablado también de la constitución de una coalición para poder ganar las elecciones a Ortega. ¿Cómo se está consolidando esta coalición?

La Alianza Cívica ha sido una organización clave en este proceso, opositora a Ortega. Siempre hemos planteado la necesidad de resolver este problema vía elecciones. Al cerrar las puertas de la mesa de la negociación, en julio de este año, cuando el gobierno no llegó a la convocatoria que nos hiciera la Asamblea General de la OEA, al llamarnos a ambas partes del conflicto y sentarnos, estamos planteando, replanteando, qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, hemos tomado la decisión estratégica de trabajar en la formación de esta coalición.

Esta coalición tiene que ser lo más amplia posible, tiene que ser sin distingos de ninguna índole, porque, precisamente, la represión que se dio en Nicaragua fue una represión contra personas que tenían distintas característica ideológicas, no fue un ataque a uno en particular, sino que fue generalizada. Lo que tenemos ahí es una situación de que esta elección debe de tener unas características de orden más plebiscitaria. Se debe parecer más a un plebiscito, decir no más dictadura y un cambio hacia la democracia. No va a tener, creemos nosotros, un tinto de debate ideológico, sino va a ser democracia versus dictadura. En ese sentido creemos nosotros que es muy factible conseguir una unidad, una unión entre todas las distintas organizaciones políticas, porque el objetivo es precisamente estar unificado.

La economía nicaragüense, según las últimas proyecciones del Banco Mundial, decreció -5 % en 2019. El año pasado, cuando se dio la crisis, el decrecimiento fue del -3.8 %. ¿Qué postura está asumiendo el sector empresarial ante el régimen Ortega-Murillo?

Es una postura de la necesidad de resolver el problema a través del diálogo político. La caída económica, que ha sido la peor crisis que ha estancado a Nicaragua en las últimas décadas, no se resuelve con políticas económicas, se resuelve precisamente con un diálogo político adecuado, honesto, que trate de resolver los problemas políticos, que son el origen de la crisis actual. No es a través de medidas económicas, como está pretendiendo el gobierno, que se va a solucionar el problema, hay un problema político. Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales. De hecho, el gobierno firmó un acuerdo, el 28 de marzo, en el cual aceptaba que se estaban violando derechos a la manifestación, a la reunión, derecho a portar la bandera nacional, incluso, y esos derechos, el gobierno firmó que los iba a restituir, y hasta el día de hoy no han sido restituidos.

Todavía hay medios de comunicación cerrados, como el caso de 100 % Noticias y todavía hay periodistas como Carlos Fernando Chamorro, del Confidencial, que está transmitiendo desde el exilio. Entonces no es cierto que las condiciones estén dadas, que estén normales, como ellos lo están planteando.

¿Puede la oposición y la comunidad internacional obligar a Ortega a celebrar elecciones presidenciales y que los resultados signifiquen la recuperación de la democracia en Nicaragua?

Ortega está obligado a hacerlo, por Constitución. Él es un dictador, pero si no llama a elecciones, estaría todavía violentando más. Él ha dicho que, incluso, está de acuerdo con reformas electorales, como lo estamos nosotros, solo que tiene que ser unas reformas electorales producto de un diálogo, y no de medidas unilaterales, porque solo va a ser cambio cosmético que le van a beneficiar a él. Hay temas fundamentales que se tienen que hablar, como la reelección presidencial, que ha sido problema histórico en Nicaragua, que ha fomentado el caudillismo. Yo estoy convencido que una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega, que nunca ha llegado arriba del 38 % en ninguna elección. En las elecciones donde ganó el doctor Alemán (José Arnoldo Alemán) y el ingeniero Bolaños (Enrique José Bolaños), el voto del sandinismo no llegó al 35 %. Y en el caso de cuando ganó, fue porque el voto liberal se partió en dos partes iguales y él obtuvo el 38 %, más un cambio constitucional que hizo, eso le permitió subir a la presidencia, pero nosotros creemos que después de todo lo pasado, Ortega ha perdido muchos seguidores, porque precisamente mucha de la represión ha sido en contra de los sandinistas mismos. Entonces, creo que si aquí se permiten condiciones electorales adecuadas, condiciones para poder hacer una elección justa, transparentes, y por eso es importante la observación electoral, Ortega no tiene chance de ganar.

El 14 de octubre la Unión Europa adoptó una serie de medidas a aplicar contra violaciones de derechos humanos, cometidas por individuos o instituciones, pero entiendo que hasta la fecha, estas medidas no se han ejecutado, pese a que organismos registran, usted lo ha dicho también, la muerte de 328 personas en Nicaragua. ¿Cómo recibió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia esta noticia?

Nosotros creemos que es importante que a los violadores de derechos humanos en Nicaragua, que están documentados, que están registrados, y que se sabe con ciencia cierta el involucramiento de fuerzas paramilitares, paraestatales, en el uso letal de la fuerza, estos responsables que, en muchos de los casos, a nivel de jefaturas, están identificados, deben de ser sancionados por la comunidad internacional.

Esto ha comenzado. No solamente lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Canadá. Obviamente la Unión Europea, por ser una entidad multinacional, tiene un proceso un poco distinto y antes de pasar al proceso de sanciones específicas, tiene que aprobar un marco general de sanciones y eso es lo que estamos en este momento. En este momento, la Unión Europea no ha llegado a sancionar a individuos específicos y creemos nosotros que esto ejerce presión.

Las sanciones generales contra el pueblo nicaragüense, creemos que ayudan muy poco, no ayudan para nada a la solución del problema político. No estamos a favor de que la Unión Europea modifique el acuerdo comercial en Nicaragua, por ejemplo. Eso sería, más bien, afectar de manera general. Y aquí lo que se quiere es conseguir qué violadores de derechos humanos sean sancionados.

Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela.

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Encarcelamiento de periodistas, cierre de medios y también castigo a los periódicos críticos al régimen. De seguir así la crisis, ¿cómo se agravarían las amenazas a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua?

La libertad de expresión está en su peor momento en la historia de Nicaragua. Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela. Miguel Mora, Lucía Pineda estuvieron más de 10 meses en cárcel, y tenemos, aproximadamente, 70 periodistas que están actualmente en el exilio. Algunos de ellos acá en El Salvador.

Realmente la situación de derechos humanos, derechos individuales y derechos a la información están en el peor momento en las últimas décadas. Ortega ha cercenado estos derechos de una manera abrupta, a punta de cárcel, confiscación, destierro y asesinato. Porque hay periodistas asesinados, como el caso de Ángel Gaona, un periodista, incluso, de tendencia sandinista, que fue asesinado en las manifestaciones, mientras cubría un evento en Bluefields.

El régimen todavía no liberta a todos los presos políticos y algunos que ya han sido liberados, al igual que líderes opositores, denuncian el acecho u acoso de las autoridades en sus casos. En los acuerdos logrados entre el gobierno y la alianza, quedaron pendientes acciones a ejecutar por parte del gobierno, entre estas la liberación de todos los presos y la restitución de las libertades públicas. Si esto no se cumple, ¿la oposición se niega a dialogar y esperará unas posibles elecciones?

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Esos dos acuerdos no han sido cumplidos a la totalidad. Todavía quedaron presos políticos de las listas conciliadas, en cárcel, lo cual atestigua sobre la falta de interés y respeto al acuerdo firmado. Ese es el primer acuerdo, el de liberación de todos los presos políticos. Y los presos que han sido excarcelados, o sea, estas personas sufren asedio y sufren continuos ataques y persecuciones con motorizados, paramilitares que llegan a sus casos, tomas de fotos, etc. Inclusive, el día de hoy, la Asociación de Madres de Abril está denunciando el acoso a los familiares de los asesinados. Estamos hablando de profanación de tumbas con pintas, diciéndoles que son terroristas, que no pudieron ni podrán. Tenemos fotos de estas cosas. A este nivel de maldad llega esta dictadura, de agarrar a los familiares de los asesinados, y profanar las tumbas de los asesinados.

Y está también al acuerdo del 28 de marzo, precisamente, ese segundo, de restitución de derechos y garantías constitucionales, donde hay 18 puntos que ellos no los han cumplido. El día sábado pasado, precisamente, tuvimos una manifestación donde no se nos permitió marchar en las calles.