Niños migrantes retornados en México, sin apoyo educativo

Niños migrantes retornados en México, sin apoyo educativo.

Después de vivir 16 años en Estados Unidos, Karla, su esposo y sus hijos de 1, 11 y 14 años, los tres norteamericanos por nacimiento, tuvieron que mudarse a Hermosillo, Sonora, donde los niños tuvieron que ingresar a una escuela mexicana sin hablar cien por ciento español. Los menores no tuvieron apoyo para su transición educativa, dado que no existe un programa oficial que facilite su incorporación.

Un evento familiar, más la política migratoria de Donald Trump, los hizo volver a México: El suegro de Karla falleció y no pudieron acudir a despedirse de él porque ya no tenían papeles para volver de manera legal a Estados Unidos, lo que la deprimió ante la idea de que le sucediera algo con otros seres queridos y no pudieran acompañarlos. Finalmente, ella y su marido prefirieron regresar a Sonora, de donde son originarios.

“Nunca pudimos arreglar papeles, nos fuimos con la visa de turista y se nos venció a los diez años y ya no pudimos volver a México. Nos quedamos allá, con la esperanza de alguna vez poder legalizarnos por trabajo o por amnistía, pero no. Y luego, ahora que entró el nuevo presidente (Donald Trump), las cosas se pusieron peor”, cuenta Karla.
La pareja no encontró contratiempos para reintegrarse en México. Pronto encontraron trabajo y una ocupación. El problema lo vivieron sus hijos.

Victoria, de 14 años, y Roberto, de 11, dejaron la escuela y a sus amigos en Tulsa, Oklahoma, para ingresar en un colegio en Hermosillo, Sonora, a terminar la primaria y la secundaria, respectivamente.
En su nueva escuela, Victoria y Roberto han enfrentado el reto de estudiar, con dificultades para atender materias como español e historia de México.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda elaborado, en 2015, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen 550,492 personas de entre 0 y 17 años con nacionalidad estadounidense y 32,675 de otros países.

En 2010, 121,582 niños y jóvenes de entre 5 y 19 años nacidos en Estados Unidos y 402 de otros países se encontraban viviendo en México, según datos del Censo de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En cinco años, el número de menores extranjeros en México aumentó un 478 %.
Aunque el número de niños y jóvenes que llegan a México desde Estados Unidos continúa en aumento, las autoridades mexicanas desconocen con certeza cuántos son y en qué escuelas están, pues el único registro oficial sobre extranjeros inscritos en el país es el número de beneficiarios del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), mecanismo que facilita la validación de los documentos oficiales estadounidenses para facilitar la inscripción de estudiantes.

El desconocimiento por parte de las autoridades federales sobre las dimensiones reales del problema queda evidenciado por sus propias estadísticas: en 2017, la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) solo registró a 14,035 niños que contaban con experiencia educativa en Estados Unidos y fueron inscritos en escuelas mexicanas a través del PROBEM: 8,580 mexicanos, 1,955 “latinos” y 2,500 mexicanos que vivieron y estudiaron en años previos en el país del norte.

Sin embargo, estos no son el total de niños que vienen de otros países inscritos en escuelas mexicanas: tan solo en Baja California, el mismo año las autoridades estatales reportaron 53 mil 219 trámites de revalidación de documentos escolares a través del PROBEM.

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LAS DIFICULTADES
Roberto, quien pasó a sexto de primaria, dice que lo que más le ha dificultado el adaptarse a la escuela es que las maestras en Sonora “son muy estrictas”, pues en Estados Unidos él podía expresar cuando estaba en desacuerdo con algo de la clase o corregir al profesor sin que este se ofendiera, y en México eso es considerado una falta de respeto grave.

Tampoco ha logrado acostumbrarse a utilizar el uniforme, y extraña que en su escuela anterior podía ir vestido diario con bermudas y playeras.

Para Victoria, lo difícil ha sido integrarse a tercero de secundaria sin el nivel de aprendizaje en las materias de español e historia de México que tiene el resto de sus compañeros. “Todo lo que tiene que ver con México es muy trabajoso, porque nosotros solo teníamos información de Estados Unidos, o hay cosas que ya sabíamos, pero acá las enseñan diferente”, explica Victoria. Cuando no entiende, pregunta a sus amigas el significado de las palabras o expresiones que desconoce, porque los profesores “me tiran de a loca”.

A pesar de que uno de los principales problemas que enfrentan los alumnos extranjeros en escuelas mexicanas es el idioma, fue en agosto de 2017 que el presidente Enrique Peña giró la orden de “atender al 100 % de los jóvenes migrantes que regresan a México con desconocimiento del español”. Al 30 de junio de 2018 la SEP atendió solo a 12 jóvenes, según consta en el Sexto Informe de la SEP de la administración federal anterior.

Sin norma. Las adecuaciones que las instituciones hacen para recibir a niños que vienen de sistemas educativos distintos no están estandarizadas.

EN BUSCA DE LAS RAÍCES
A pesar de las dificultades, Victoria y Roberto no quieren volver a Estados Unidos, porque en México está su familia.
Su madre coincide con ellos, pues señala que a su regreso a Sonora sintió “como si nunca me hubiera ido, porque estoy con mi gente, en mi país, ya con tranquilidad, porque allá tenía la preocupación de que si salíamos nos podían quitar a nuestros hijos. Los que están batallando son los niños, porque nacieron allá. La escuela se les ha hecho muy difícil”.

De acuerdo con la doctora Gloria Ciria Valdez, coordinadora del Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora, a pesar de que el número de menores en esta situación crece cada año, el gobierno no cuenta con registro de cuántos son, ni con apoyos que les permitan adaptarse a las escuelas a las que asisten.

Desde el seminario Niñez Migrante, académicos han estudiado por diez años el fenómeno de la migración en México, y desde hace cinco, investigan también el del retorno; sin embargo, Gloria Ciria Valdez reconoce que el gobierno y la academia han fallado para contabilizar y apoyar a las personas que se encuentran en esta situación.
“En los últimos cinco años, nosotros no terminábamos de investigar acerca de la migración en tránsito de niños, niñas y adolescentes, cuando nos llegó otra situación: el retorno, porque se observaba que estaba llegando, las escuelas comenzaron a crecer”, explica la especialista.

Hasta la fecha “como gobierno y como academia hemos fallado para contabilizar el retorno: no sabemos cuántos son, no sabemos dónde están, ni sabemos quiénes son, especialmente en la educación básica”.
“Nos dimos cuenta también de que no hay estrategias, no hay una política estatal ni regional de corte transversal que llegue a todas las áreas para atender al migrante y sus familias”, asevera.

La principal dificultad que enfrentan los niños migrantes en escuelas de México es que no hablan español. La imagen de los menores fue publicada y reproducida con autorización de sus padres.

En el último ciclo escolar, 14,961 niños migrantes de retorno se encuentran inscritos en escuelas de educación básica del estado, según datos del Sistema de Información, Control y Registro Escolar de Sonora (SICRES). 1,864 de estos menores viven en Hermosillo.

Sin embargo, dice la investigadora, “dudamos de estas estadísticas”, por lo que en compañía de otras académicas del Colson va escuela por escuela preguntando cuántos niños y niñas extranjeras o migrantes de retorno estudian en cada plantel.

“Nosotros dudamos de estas estadísticas porque el SICRES no es retroalimentado y se borra cada año. Además, porque en campo, por ejemplo, en la Secundaria Técnica Federal n.º 72 Profesor Joaquín Enríquez Flores, el Sistema de Información dice que tiene dos alumnos de ciudadanía estadounidense, pero yendo personalmente a esta escuela vimos que son 23 estudiantes migrantes”, señala.

De acuerdo con la académica, la razón por la que no se puede tener certeza acerca de cuántas personas se encuentran en situación de migración de retorno, o llegada a México a establecerse para vivir, es porque el único trámite del que el gobierno tiene registro es el de repatriación y deportación de mexicanos en Estados Unidos. No hay manera de contabilizar a aquellos que llegan al país de manera “voluntaria”.

Para Victoria, lo difícil ha sido integrarse a tercero de secundaria sin el nivel de aprendizaje en las materias de español e historia de México que tiene el resto de sus compañeros. “Todo lo que tiene que ver con México es muy trabajoso, porque nosotros solo teníamos información de Estados Unidos, o hay cosas que ya sabíamos, pero acá las enseñan diferente”, explica Victoria. Cuando no entiende, pregunta a sus amigas el significado de las palabras o expresiones que desconoce, porque los profesores “me tiran de a loca”.

Para apoyar a los niños y niñas migrantes de retorno, binacionales o extranjeros que estudian en las escuelas de Hermosillo, Sonora, en 2017 la doctora Ciria Valdez creó un programa de tutorías para regularizar a los menores.
Cada semana, algunos menores acuden a las instalaciones del Colegio de Sonora, donde académicas de la institución les dan orientación para que entiendan el significado de algunas expresiones del español que no conocen, y les dan regularización en historia y geografía de México, matemáticas y otros temas de su interés.
Sin embargo, son pocos los estudiantes que reciben, porque hallarlos no es sencillo.

Animal Político consultó a la SEP acerca de la disparidad en la información sobre el número de menores extranjeros y migrantes de retorno de Estados Unidos inscritos en escuelas mexicanas, y sobre las políticas públicas con que cuentan para atenderlos, sin que hasta el momento de la publicación haya tenido respuesta.
Victoria cuenta con alegría que la llaman “gringa” y que desde el principio consiguió adaptarse y hacer amigos en Sonora. Roberto dice que además de haber hecho muchas amistades, tiene apoyo de su maestra siempre que lo necesita.

Ella y su hermano coinciden en que la amabilidad de la gente en su comunidad y su familia los han hecho sentir muy cómodos. Karla, por su parte, se siente aliviada con el apoyo que sus hijos han encontrado en el Colegio de Sonora.
“Nos recibieron muy bien, hemos hecho muchos amigos, además estamos con la familia, gente a la que no conocíamos ni teníamos en Estados Unidos”, cuenta Victoria. Por eso, afirma, no quiere volver.

AUMENTA LA DESERCIÓN
Antes de llegar a Ahuatenco, estado de México, Alberto vivió 14 años en Estados Unidos. La imagen de los menores fue publicada y reproducida con autorización de sus padres.
La vida de Alberto cambió abruptamente el día que tuvo que huir de Estados Unidos, con sus padres, por amenazas de muerte en su contra. En una semana, tuvo que dejar la escuela en California y abandonar la vida que tuvo por 14 años para regresar a México, de donde él y su familia son originarios.

Al llegar a México, la principal dificultad para la familia fue que Alberto ingresara a la escuela. Como solo tuvieron una semana para salir de Estados Unidos, debido a que una pandilla los amenazó por haber denunciado ante las autoridades a uno de sus integrantes, no pudo realizar la validación de sus documentos oficiales, pues había estudiado el kínder, primaria y secundaria en California.

Aunque lleva seis años viviendo en Ahuatenco, una comunidad del estado de México, Alberto cuenta que continúa sin adaptarse a su vida en México, pues pasó de vivir en una ciudad “de primer mundo” a un pueblo que de acuerdo con el Censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenía 745 habitantes, y es considerado por la Secretaría de Desarrollo Social como un sitio en alta marginación.

Recién terminó la preparatoria, que tuvo que cursar en dos escuelas distintas. Para estudiar la secundaria también estuvo en dos planteles.
Su experiencia fue complicada desde el inicio, pues validar sus documentos de la escuela estadounidense donde estudió no fue sencillo. Para lograrlo tuvo que trasladarse con su madre en seis ocasiones de Ahuatenco a Toluca, capital mexiquense, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Educación del estado, a dos horas de camino desde su casa.

Una vez inscrito en la escuela, el joven experimentó dificultades para entender las clases, pues él no hablaba bien español y sus profesores desconocían el idioma inglés.

 

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EXCLUIDOS E INVISIBLES
El doctor David Rocha, académico de la Universidad Autónoma de Baja California, explica que conforme los municipios a los que llegan las familias migrantes se alejan de las fronteras del norte y sur del país, su presencia se vuelve más invisible, no solo para las autoridades gubernamentales, sino también para las comunidades escolares, donde son excluidos e invisibilizados.

“En diferentes estudios que se han hecho recientemente hemos encontrado la presencia de los jóvenes que vienen con sus padres de Estados Unidos, deportados o que retornan de manera voluntaria, pero son invisibles para el sistema educativo mexicano, sobre todo fuera de la frontera”, señala.
Según cifras de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI , la mayoría de estos niños y adolescentes migrantes de retorno (19 %) vive actualmente en Baja California, 16 % en Chihuahua, 10 % en Tamaulipas, 8 % en Sonora y 7 % en el estado de Jalisco.

Otras de las principales entidades en donde se asientan los migrantes de retorno y extranjeros son Michoacán (6 %), Guanajuato (4 %), Coahuila (3 %), Zacatecas (7 %) y Nuevo León (2 %). En total, estos 10 estados concentran el 78 % de esta población.
Aunque la mayoría de ellos migran a México desde Estados Unidos, en las escuelas mexicanas también hay niños provenientes de Venezuela, Colombia, Guatemala, España, El Salvador, Honduras Cuba, Brasil, China, Canadá, Costa Rica, Macao, Perú, Italia, Corea y otros países.

De acuerdo con el académico, en la frontera los migrantes son más visibles porque la dinámica de intercambio entre ciudades fronterizas ha acostumbrado a las personas a compartir y convivir de manera constante con los “del otro lado”, pero en los estados del centro o sur del país no es tan común encontrar a estos niños, “entonces el sistema que no está acostumbrado a ellos los invisibiliza, porque es difícil incorporarlos”.

En soledad. Los niños son estadounidenses de padres mexicanos y llegan a un México que, aunque cercano por su familia, en realidad no les pertenece. El choque cultural es algo que deben resolver por su cuenta, porque no hay apoyo.

La falta de conocimiento sobre la existencia de estos menores resulta en que las escuelas y profesores no cuentan con capacitación para atenderlos de manera adecuada, detalla.

A las complicaciones para regularizar sus documentos y la dificultad de aprender español, se sumó la frustración que Alberto experimentó porque en la primera secundaria donde lo inscribieron, en Ahuatenco, su profesor de inglés le arrebataba sus cuadernos para usarlos como guía para calificar a sus compañeros, pero lo regañaba si llegaba a corregirle frente a otros alumnos algún error de escritura o pronunciación.

Debido a que Alberto no se encontraba cómodo en esa secundaria, sus padres lo cambiaron de escuela, esta vez en Cuentepec, Morelos, una comunidad ubicada a 10 kilómetros de su casa, de donde es originaria su madre.
Los meses que estudió en Cuentepec, donde terminó la secundaria, además de las dificultades para comunicarse en español, el joven se enfrentó a un nuevo reto: sus compañeros hablaban náhuatl, por lo que no podía entender en absoluto lo que decían.

“A veces me hablaban en náhuatl a propósito, para que no entendiera. El español también me costó un poco, porque había palabras que no podía pronunciar, pero me fui acostumbrando”, recuerda Alberto.
Para estudiar la preparatoria, sus padres lo inscribieron en un colegio particular donde intentaron estafarlos aumentando arbitrariamente el costo de las colegiaturas, con la idea de que no necesitaba una beca porque había llegado de Estados Unidos y tenía dinero. Luego de eso, decidieron cambiarlo a una escuela pública.

A pesar de las dificultades que experimentó en el aprendizaje y para relacionarse con sus compañeros, Alberto concluyó el bachillerato hace unos meses. Ahora espera poder entrar a estudiar la Licenciatura en Física, y mientras se dedica a cuidar a su hermano menor, de dos años, para que su madre pueda hacer trabajo doméstico en Cuernavaca y su padre se dedique a sembrar frutos, maíz y frijol.

Han pasado seis años desde su regreso a México, pero Alberto dice que no ha conseguido hacer amistades en la comunidad donde vive y ha perdido comunicación con sus compañeros de Estados Unidos. A diario, permanece aislado, con algunas excepciones, cuando acude al único café internet de Ahuatenco a pasar algunas horas navegando en la web. Generalmente pasa el tiempo dibujando.

Aunque la mayoría de ellos migran a México desde Estados Unidos, en las escuelas mexicanas también hay niños provenientes de Venezuela, Colombia, Guatemala, España, El Salvador, Honduras Cuba, Brasil, China, Canadá, Costa Rica, Macao, Perú, Italia, Corea y otros países.

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UN BONO DEMOGRÁFICO PERDIDO
Ariadna, quien nació en EUA y tuvo que venir a México con sus padres, abandonó la escuela porque no logró adaptarse.

Ariadna, una joven de nacionalidad estadounidense que actualmente radica en Jojutla, Morelos, llegó a México con su familia en 2013 porque su padre tenía una orden de deportación cuando vivían en Los Ángeles, California.
Ella y sus tres hermanas –todas de nacionalidad norteamericana– vinieron con sus padres para que la familia no se dividiera.

Desde el inicio, dice, no le gustó tener que venir a México, porque a sus 14 años estaba a punto de ingresar en la preparatoria en Estados Unidos, y al llegar a Morelos tuvo que volver a cursar tercero de secundaria sin tener conocimiento del idioma español y con dificultades para relacionarse con sus compañeros, “porque pensaban que como era extranjera era payasa y se burlaban de cómo hablaba”.

Otras dificultades que experimentó fue el pelear con sus maestros, quienes llegaban a mofarse de su falta de conocimiento sobre historia de México y matemáticas diciéndole que cómo no sabía algunos datos “si ya estás bien vieja, estás en secundaria”. Tampoco logró acostumbrarse a utilizar uniforme.

Cuando concluyó la secundaria, pudo inscribirse en una preparatoria del estado, pero ante las dificultades económicas que experimentó su familia, el estrés que le generaba atender las clases y el maltrato con sus compañeros abandonó sus estudios el primer semestre.

De acuerdo con la doctora Betsabé Román González, investigadora del Colegio de Sonora, algunos menores deciden abandonar la escuela ante la falta de empatía por parte de profesores y alumnos, a lo que se suma que no existen apoyos de bienvenida para los estudiantes que desconocen por completo el sistema educativo mexicano.
Esta falta de apoyo y empatía, señala la académica, provoca que los niños añoren regresar a Estados Unidos.
Sin embargo, explica la investigadora, “a su regreso a Estados Unidos ya han perdido las competencias adquiridas durante su vida previa en dicho país, porque pierden años en México y al final no cuentan con las capacidades para estudiar o trabajar en ninguno de los dos países”.

Eso fue lo que ocurrió con Ariadna: la falta de oportunidades laborales en México la llevó a volver a Estados Unidos, su país natal, para enviar dinero a sus padres. Sin embargo, allá tampoco tuvo éxito.
“Me decían que tenía tiempo fuera del país y que quizás no sabía manejar el idioma, que me iba a atorar… me ponían muchos peros y nada más no me daban el trabajo”, cuenta.

De padres en situación irregular. Los niños que retornan a México son estadounidenses por nacimiento. Pero, por lo general, sus padres han tenido un ingreso irregular o se han quedado con visas de turista más tiempo de lo permitido.

* Este reportaje fue realizado por Eréndira Aquino para Animal Político en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Bogotá: donde confluye el universo indígena

El trabajo. En Bogotá, los indígenas tienen diversos oficios y profesiones. Algunos de ellos adaptaron su conocimiento ancestral, por ejemplo, en el cuidado de la naturaleza.

En la cxhab wala (gran ciudad), como la llaman los nasa, los indígenas colombianos trabajan, estudian, hacen rituales, nombran sus autoridades y se organizan para fortalecer sus tradiciones y para reclamar sus derechos.

Han logrado que la administración de la ciudad establezca una política pública para la población indígena, reconozca la existencia de 14 cabildos y financie el funcionamiento de la Casa de Pensamiento Indígena, un espacio donde se gesta el fortalecimiento de sus saberes ancestrales.

También existe un cabildo indígena universitario. Sus integrantes caminan en dos mundos: se apegan a sus tradiciones, pero se conectan a través de internet y usan las redes sociales para promover sus actividades.
Los indígenas más visibles son los embera. Permanecen en los alrededores del Museo del Oro y en la tradicional carrera séptima, que atraviesa toda la ciudad de sur a norte. Allí venden sus collares de diseños y colores alucinantes y les piden dinero a los peatones. Viven en condiciones difíciles mientras sueñan con un regreso improbable a sus territorios.

Otros indígenas lograron acomodarse a las exigencias de la urbe y escalaron en el complejo entramado de esta metrópoli de 8 millones de habitantes. Una joven arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, llegó hace algunos años al concejo de Bogotá. Otra mujer de la misma etnia es magistrada de la Justicia Especial de Paz. Existen, además, decenas de profesionales de distintas áreas que trabajan como consultores y empleados públicos. La mayoría, sin embargo, tiene empleos de obrero raso o en el comercio informal.

Bogotá, además, alberga a los descendientes de los muiscas o chibchas, quienes poblaban una amplia región de Cundinamarca y Boyacá a la llegada de los conquistadores españoles. En esta Bogotá mestiza (Bakata para los muiscas) sobreviven nombres como Usaquén, Teusaquillo, Usme, Engativá y Fontibón; además de docenas de apellidos que resistieron a la espada y el mestizaje.

Por esa razón, aunque extraños en esta caótica urbe del siglo XXI, los indígenas que viven en Bogotá saben que estas tierras les pertenecieron a los muiscas y que el espíritu de los zipas que aquí gobernaron se mantendrá vivo mientras conserven el camino del conocimiento propio.

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DOS ROSTROS DEL FENÓMENO

Lucía Teresa Morillo es una indígena kankuama del municipio de Atánquez, en el departamento del Cesar. Llegó sola a Bogotá en 2007, cuando tenía 16 años. Su mayor ilusión era estudiar Derecho en la Universidad Nacional, la principal universidad pública de Colombia.

Al principio vivió en casas de amigos kankuamos, la mayoría de ellos desplazados por la violencia. Habitó en sectores deprimidos de la capital, como el barrio Las Cruces o la localidad de Ciudad Bolívar.
“Los primeros semestres fueron muy difíciles porque extrañaba a mi familia, y además no tenía dinero para los pasajes o la alimentación diaria. Estuve a punto de devolverme muchas veces, pero mis papás me decían ‘estudia y sé alguien’”, recuerda esta abogada de 27 de años, quien tiene una hija de nueve que nació cuando hacía el tercer semestre de su carrera universitaria.

Hoy dice que todos los esfuerzos que realizó valieron la pena. Terminó su carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y luego hizo un posgrado en esa misma institución. Desde hace tres años trabaja en el colectivo de abogadas indígenas Akubadaura, y vive en Ciudad Bolívar con su hija, una sobrina y su perro.

Lucía es una de las cerca de 37,000 personas indígenas que residen en el distrito capital, y que han migrado por dos razones principales: buscar oportunidades para estudiar y trabajar, y huir del conflicto armado. Un caso que ejemplifica lo anterior es Luis Hernando Pechené, gobernador del cabildo nasa en Bogotá, víctima del desplazamiento por el conflicto armado.

“Mis papás, quienes eran dirigentes, recibieron amenazas por parte de grupos armados. En Inzá, Cauca, de donde vengo, la guerrilla se entraba al municipio los fines de semana, en los días de mercado. Eso empezó a complicarse, hubo muertos, entonces tocó salir y buscar otros medios de pervivencia”, afirma.

Casi 90 % de las 573 familias nasa que viven en la capital han sido desplazadas por el conflicto en el Cauca, una región montañosa del suroccidente del país. En zonas como Cauca, Tolima y Caquetá tuvieron mayor presencia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Todos los días llegan indígenas, no solamente nasa, sino de diferentes pueblos acá a Bogotá y a otras ciudades como Medellín, Cali y Pereira”, dice Pechené, quien porta un bastón de madera, símbolo de su rango, con cintas de colores en las que sobresalen las verdes (por la naturaleza) y las rojas (por la sangre de los indígenas asesinados en sus regiones en las luchas por la tierra).

El líder expresa que a pesar de la firma del acuerdo de paz entre Gobierno y las FARC aún no existen las garantías para el retorno de las comunidades.

“La garantía que el nasa pide es la directa administración de nuestros propios territorios como autoridades que somos y los resguardos por ser parte de nuestras autoridades territoriales”, señala.

Casi 90 % de las 573 familias nasa que viven en la capital han sido desplazada por el conflicto en el Cauca, una región montañosa del suroccidente del país. En zonas como Cauca, Tolima y Caquetá tuvieron mayor presencia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Todos los días llegan indígenas, no solamente nasa, sino de diferentes pueblos acá a Bogotá y a otras ciudades como Medellín, Cali y Pereira”.

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LAS CIFRAS DEL ÉXODO

En Bogotá nadie sabe con exactitud cuántos indígenas llegaron a la ciudad en los últimos tres años. Los datos más recientes son de 2014 y corresponden a una encuesta multipropósito realizada por la Secretaría de Planeación del Distrito Capital.

Según el estudio, hasta ese año habitaban en Bogotá 37,266 indígenas (18,713 hombres y 18,553 mujeres) provenientes de selvas, llanos, montañas y del desierto de La Guajira.

La etnia con mayor presencia en la urbe es la pijao, originaria del Tolima, un departamento cercano a Bogotá y marcado por el conflicto armado, seguida por la kichwa, integrada por diversas comunidades de Bajo Putumayo y de Ecuador, y la wayúu, de La Guajira, en el extremo norte del país.

En la capital hay una presencia masiva de nasa, misak y yanacona del Cauca, una zona caracterizada históricamente por la guerra entre el ejército, organizaciones paramilitares y grupos insurgentes, minería ilegal, cultivos ilícitos y luchas por la tierra.

Otros pueblos que tienen una presencia significativa en Bogotá son los kankuamos y arhuacos (Cesar), embera (Risaralda), zenú (Córdoba), pasto (Nariño) e inga, kamëntsá, uitoto y kofán (Putumayo). Además, algunas familias indígenas provenientes del Amazonas, Meta, Casanare, Vaupés y la costa Pacífica, entre otros.

En la capital también hay comunidades del pueblo muisca, descendientes de los habitantes prehispánicos de lo que hoy es Cundinamarca, Boyacá y Bogotá. En la última década, los cabildos muiscas de las localidades de Suba y Bosa han tratado de recuperar una pequeña porción de la tierra de sus ancestros en la ciudad y sus alrededores.

“Sus reclamos para consolidar un resguardo son particularmente difíciles debido a los altos costos de la tierra en un contexto de gran ampliación urbana”, señala Diana Bocarejo Suescún, profesora de la Universidad del Rosario, autora de la investigación “Tipologías y topologías indígenas en multiculturalismo colombiano”.

La mayor parte de los indígenas llegan a Bogotá en condiciones difíciles. Una gran parte de ellos se hacinan en inquilinatos y casas donde habitan hasta 10 o más familias. Según la Alcaldía Distrital, las localidades con mayor presencia de indígenas son Bosa, Kennedy, Suba, Engativá, Usme, Ciudad Bolívar. Les siguen Los Mártires, Rafael Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito.

En estos sectores, la mayoría ubicados en el sur de la ciudad, los indígenas pagan arriendos acordes con los salarios que ganan en actividades como el servicio doméstico, el comercio informal, la construcción y vigilancia.

Existen localidades como Fontibón, por ejemplo, donde ya es común ver por sus calles el típico traje azul de los misak, uno de los pueblos más organizados en el cultivo y mercadeo de productos agrícolas en sus territorios. Los misak escogieron Fontibón debido a la cercanía con los cultivos de flores de exportación en los municipios cercanos, donde su trabajo es apreciado.

CONNECTAS fue la voz consejera de este especial realizado por un equipo de 12 reporteros de Agenda Propia, en alianza con OEA Fellowship Gobierno Abierto y ONIC.

Invisibilizados. Colombia es el hogar de muchos pueblos indígenas, que han dejado su impronta en la cultura de ese país suramericano.

Informe río Sonora: la omisión que quitó vida a miles

Informe río Sonora

Un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora, puesto en los techos y patios de las casas de siete poblados, parece la huella que quedó de la tragedia ambiental que el 6 de agosto de 2014 contaminó con 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos el río Sonora. Una tragedia que Buenavista del Cobre, la mina más grande de México y la tercera más importante del mundo, pudo haber evitado.

Óscar Encinas Gámez, de 64 años, uno de los afectados, dejó de sembrar maíz y alfalfa al saber que la toxicidad del agua, provocada por un derrame en la mina Buenavista del Cobre, duraría más de 90 años. Como él, un total de 22 mil personas se vieron afectadas de manera directa por la omisión de autoridades federales y locales, al no haber realizado las inspecciones de rutina en la minera.

Ninguna autoridad supervisó a la minera perteneciente a Grupo México durante los últimos 14 años. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) solo revisó las instalaciones cuando el desastre ya había ocurrido. Su anterior visita había sido 10 años atrás.

Desabasto de agua potable, mermas económicas y daños a la salud son algunas de las afectaciones de una tragedia que siguen padeciendo la mayoría de los habitantes cercanos a la zona, y que pudo prevenirse si las autoridades mexicanas hubieran hecho su trabajo.

En su momento, Grupo México, dueña de la minera, informó que el derrame fue ocasionado por el exceso de lluvias en la zona, pero la versión fue desmentida al comprobarse que durante los días previos no hubo precipitaciones.

“Se nos acabó la tranquilidad porque empezaron a venir enfermedades de la piel, y al día de hoy mucha gente está saliendo con cáncer, son enfermedades que antes no se veían aquí en la zona del río”, recuerda María del Socorro Domínguez Valenzuela, una de las pobladoras de la comunidad de El Sauz. Fue así como de ordeñar vacas, sembrar chile verde y fabricar quesos algunos de los habitantes se familiarizaron con las cámaras.

La realidad que se quería ocultar era que Buenavista del Cobre no cumplía con instalaciones adecuadas para el manejo de residuos peligrosos y las autoridades no lo sabían, pues tenían más de 14 años sin inspeccionarlos.

Datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información de la PROFEPA, revelan que de 2000 al 2018, funcionarios solo visitaron dos veces la mina: el 9 septiembre y el 1.º diciembre de 2014, después de ocurrido el derrame.

En estas revisiones se detectaron 55 irregularidades plasmadas en cuatro expedientes, que en un total de 8,128 hojas confirman que la mina operaba con fallas, violando la ley e incumpliendo con regulaciones elementales.

Las autoridades mexicanas no hicieron públicos los hallazgos ni tampoco revelaron que se multó a la empresa con 22,959,000 pesos, es decir $2 millones al día de hoy. Un monto insignificante contra los multimillonarios beneficios económicos que produce la mina para sus accionistas, entre ellos Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país.

Luis Miguel Cano, abogado de la organización PODER, explicó que a la empresa le resultaba menos costoso pagar la multa que cumplir con las especificaciones mínimas para evitar el derrame. “Cualquiera podría preguntarse cómo es que una empresa que causó el peor desastre de la industria minera puede estar tan tranquila, seguir en operaciones… No le cuesta nada cuando a la gente de la región le costó todo. Hace sospechar de un sistema de impunidad, de un sistema que no funciona”.

En el expediente PFPA/32.2/2C.27.1/0078-14 se detalla que la mina no contaba con sistemas de detección para garantizar que los residuos tóxicos almacenados no fueran vertidos al exterior. “Cuando un derrame de sustancias peligrosas permanece sin ser atendido, puede causar daños constantes y crecientes al suelo, subsuelo, agua y a otros recursos naturales”, señalaba la notificación que ordenó la clausura temporal de las instalaciones.
Buenavista del Cobre no dio aviso inmediato a las autoridades cuando ocurrió el derrame, lo que provocó que mucha gente siguiera utilizando el agua para riego, para lavar, para bañarse e incluso para consumo.

“Del día del evento al momento en que se avisó vía telefónica habían transcurrido más de 25 horas (7 de agosto de 2014 a las 11 h)”, detalla el informe.

En el documento también se puede observar que hubo negligencia, pues las instalaciones donde ocurrió el derrame aún estaban en construcción, lo que permitió la fuga de los químicos.

“Se nos acabó la tranquilidad porque empezaron a venir enfermedades de la piel, y al día de hoy mucha gente está saliendo con cáncer, son enfermedades que antes no se veían aquí en la zona del río”, recuerda María del Socorro Domínguez Valenzuela, una de las pobladoras de la comunidad de El Sauz. Fue así como de ordeñar vacas, sembrar chile verde y fabricar quesos algunos de los habitantes se familiarizaron con las cámaras, con la presencia de reporteros que empezaron a acudir a sus pueblos para comprobar cómo es vivir en una zona de desastre.

Sin embargo, en muchos aún persiste la sensación de abandono en la tragedia, al recordar que pese a la dimensión de la misma nunca se hizo presente el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

PROFEPA advirtió que la empresa debía mejorar las instalaciones para el manejo de residuos tóxicos, como se detalló en el expediente PFPA/3.2/2C.27.5/00003-14.

Localidad. Cananea es el municipio donde se ubica Buenavista del Cobre. Cuenta con 31,500 habitantes y la industria minera es su principal actividad económica.

En el mismo reporte se explica que la mina no contaba con pozos de monitoreo de los procesos de lixiviación. Esto quiere decir que los químicos que se usaban para extraer el mineral no eran monitoreados ni tampoco había medidas para evitar que fauna silvestre ingresara a zonas donde estaban minerales como el sulfato de cobre acidulado. “No se confirma técnicamente que las instalaciones cumplan con criterios ecológicos de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo”, apunta.

El expediente PFPA/3.2/2C.27.1/00018-14 resume que la compañía que Buenavista del Cobre contrató para el manejo de residuos peligrosos tampoco estaba autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con esta fórmula, concluye el informe, la minera obtuvo beneficios económicos al violar la normatividad de no dar un manejo adecuado de sus contaminantes.

En otro informe de PROFEPA, se habla sobre si la minera cumplía con la normatividad en materia de prevención y control de contaminación de la atmósfera. Este documento detalla que, además de carecer de Licencia Ambiental Única, Buenavista del Cobre no reportaba los resultados de las evaluaciones sobre emisión de gases y concluye que “las infracciones se consideran graves porque pueden provocar daños a la salud pública (…) además pueden generar desequilibrios ecológicos y provocar afectación de los recursos naturales o de la biodiversidad”.

Todos estos reportes se hicieron después de ocurrido el derrame tóxico.

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PERDIENDO LA VIDA TODOS LOS DÍAS
Como si el termómetro no marcara 45 grados centígrados a la sombra, un hombre cruza caminando la plaza del municipio de Ures, cargando un garrafón de agua vacío en la mano.
Su trayecto finaliza en un negocio que –con letras rojas y grandes– tiene escrito en la pared “elaborada bajo proceso de filtros de arena, carbón activado, suavizadores, ósmosis inversa y rayos ultravioleta”.

Ya con el recipiente de 20 litros lleno –después de haber gastado 12 pesos por ello, casi un dólar– el hombre regresa a su casa, pero pronto deberá repetir el camino porque en Ures y en otros seis pueblos de Sonora, la gente utiliza agua purificada para todo.
Abrir la llave dejó de ser opción desde el fatídico 6 de agosto de 2014.

Ese día, la mina Buenavista del Cobre, la principal explotadora de este metal en México, derramó en el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos compuestos por metales pesados como níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio. Una contaminación que se esparció por el afluente que alimenta los municipios de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.

Además de perjudicar el ecosistema, la emergencia les marcó la vida a los pobladores. Quienes tenían vacas tuvieron que tirar la leche y cesaron en la fabricación de quesos y otros productos derivados, pues sus animales bebían del afluente contaminado. Para los agricultores la toxicidad en el río Sonora significó dejar de sembrar, pues el agua con la que regaban sus cosechas estaba contaminada.

La noticia ahuyentó a los visitantes que acostumbraban pasear por la zona los fines de semana dejando en la ruina a restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios turísticos. Nadie quería arriesgarse.

El Gobierno de México ordenó cerrar los pozos. Exhortó a la gente a no acercarse al río y anunció que implementaría un plan de emergencia para atender el caso. También responsabilizó a la empresa minera Buenavista del Cobre por lo sucedido y anunció que Grupo México sería multado y obligado a pagar económicamente por todos y cada uno de los daños ocasionados.

Sin embargo, a cuatro años de ocurrida esta catástrofe, el plan de remediación no revirtió el daño.
Grupo México destinó, desde el 15 de septiembre de 2014, dos mil millones de pesos a través del Fideicomiso Río Sonora. De acuerdo con el contrato el Gobierno mexicano, mediante un comité técnico se encargó de administrar el dinero y también de vigilar que se cumpliera la limpieza del río, la instalación de 36 plantas potabilizadoras de agua e indemnización económica.

También hubo el compromiso con quienes presentaran afectaciones a la salud derivadas por la exposición por metales pesados, por lo que construirían una clínica enfocada exclusivamente a atender y vigilar estos casos.

Pero el dinero no alcanzó, las afectaciones al agua contaminada continúan, y ni siquiera existen plantas potabilizadoras que funcionen u hospitales de atención especializada.

“Las acciones no han servido de nada, de tantas plantas potabilizadoras de agua que iban a poner nomás pusieron una. Hoy compré seis galones de agua a la semana y no me alcanzan”, comentó Dolores Valenzuela, habitante de El Sauz, un ejido ubicado en el municipio de Ures.

Así como Dolores, los pobladores le reclaman al Gobierno mexicano la mala administración del dinero del fideicomiso, pues se hizo sin transparencia y con el fin de favorecer a la empresa por encima de los pobladores.

No se instalaron las 36 plantas potabilizadoras. El hospital que supuestamente serviría para atender a los enfermos, hoy está abandonado y nunca fue inaugurado.

Julieta Lamberti, coordinadora de investigación estratégica de PODER, organización que impulsa la defensa legal de los habitantes afectados por la contaminación del río Sonora, expone que las autoridades no han hecho nada para mejorar la situación de las personas y en contraste, la minera no ha tenido ninguna afectación económica. Al contrario, sus números han ido en aumento.

“A la empresa no le significó costo o pérdida contaminar con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado el agua de 22 mil personas. A la empresa le salió más barato violar la ley y pagar la multa, que hacer todo lo que necesita hacer para proteger el medio ambiente”, asegura Lamberti.

Cuando ocurrió la tragedia ambiental ganaderos, agricultores, prestadores de servicio y en general todos los pobladores fueron citados para recibir diferentes sumas de dinero que supuestamente compensarían las pérdidas económicas sufridas por el derrame.

El reparto comenzó sin que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México realizara previamente un estudio socioeconómico para saber cuánto tenía que recibir cada persona de acuerdo con sus actividades productivas, por lo cual, desde sus inicios, el fideicomiso generó inconformidades.

Cerca de 22 mil habitantes de los siete pueblos recibieron un tinaco y aproximadamente 8 mil pesos por familia, dinero que supuestamente serviría para que compraran garrafones de agua.

Tras la entrega de los apoyos, los pobladores no recibieron más dinero, pues se les dijo que el resto del recurso económico serviría para la instalación de plantas potabilizadoras, limpieza del río y atención a la salud.

En febrero de 2017, el Fideicomiso Río Sonora cerró, sin que se transparentaran los recursos. Esto fue así, debido a que el dinero del instrumento financiero era privado, es decir, provenía de recursos otorgados por Grupo México. Nunca tuvo recursos públicos.
Fue en julio de ese año cuando los habitantes se enteraron que el dinero se había acabado y también que Grupo México no aportaría más, bajo la justificación de que la reparación de daños ya había concluido.

El Gobierno mexicano estuvo de acuerdo con la empresa, por lo que no la obligó a continuar atendiendo a los habitantes, que a cuatro años de la tragedia ambiental sufren de diversas formas las consecuencias del incumplimiento.

En 2019, la mina Buenavista del Cobre cumplirá un siglo y a pesar de haber ocasionado el peor desastre de la industria minera en México, celebrará su primer siglo de vida expandiendo sus instalaciones, buscando convertirse en la mayor productora de cobre del mundo.

¿Cómo es seguir viviendo en la zona donde ocurrió el peor desastre de la industria minera en México? Los testimonios coinciden en lo mismo: miedo a beber agua contaminada, temor a enfermarse, afectaciones económicas y ganas de que se haga justicia.

La vida no volvió a ser la misma en estas poblaciones luego del 6 de agosto de 2014.

María del Socorro Domínguez Valenzuela, como muchos de los habitantes del municipio de Ures, tenía la costumbre de utilizar el agua de la llave para beber, cocinar y bañarse, hábitos que tuvo que cambiar a raíz del derrame. “De repente dejamos de hacerlo y empezamos a transportarnos a Hermosillo para traer galones, yo tengo 28 en mi casa y voy cada dos semanas a traerlos, tenemos miedo”.

Otra vecina de Ures, Dolores Pesqueira, asegura tener dos nietos con afectaciones cutáneas. “La piel se les llena de ampollas, les da mucha comezón, todo esto comenzó después del derrame”, comenta.

Manuel López, otro de los habitantes considera que lo peor del derrame tóxico fue el montaje que hicieron las autoridades de una supuesta remediación de los daños. Poblador de la comunidad Guadalupe de Ures, recuerda que cuando el Gobierno de México anunció que resarciría las afectaciones económicas entregando dinero, creyó que realmente había compromiso en ayudarlos, pero todo fue una farsa.

“A algunos nos dieron 5 mil pesos, pero a otros 300 o 400 mil pesos. Hoy sufrimos escasez de agua en este pueblo que es muy trabajador, pero que en la mentalidad de la gente de fuera solo quedó plasmado lo malo”.

Al igual que otros pobladores, el señor Manuel cuenta que en su familia se han presentado enfermedades y que la instalación de plantas potabilizadoras ha sido un montaje.

Lo último que imaginaron los afectados por el derrame tóxico en el río Sonora era que el hospital que se comenzó a construir para atender a los afectados, quedara a medio hacer. Abandonado. Inútil. El edificio, que llevaría por nombre Unidad de Vigilancia Epidemiológica (UVE), es para los habitantes del municipio de Ures la prueba más grande y evidente del incumplimiento del gobierno federal y Grupo México.

En febrero de 2016 comenzaron los trabajos de edificación del inmueble, el cual tendría como objetivo brindar atención médica, realizar análisis y en general atender a los afectados.

Después del derrame, las afectaciones en la piel fueron las más recurrentes, pero con el paso del tiempo y al ver que la contaminación no cesaba, la percepción de los pobladores fue que el agua provocó enfermedades renales y que provocó en varias personas cáncer. Algo que nunca se ha logrado probar científicamente.

En un principio los pacientes fueron atendidos en una clínica improvisada en una casa rentada en Ures, pues supuestamente al inaugurarse el hospital, todos los casos en curso y los que surgieran serían atendidos en el inmueble.

Vestigios. Estos tanques son en la zona de las pocas evidencias de asistencia a los pobladores tras el desastre ecológico.

La construcción del hospital cesó en febrero de 2017. El motivo sería conocido en julio cuando se informó que los 2 mil millones de pesos que Grupo México destinó al Fideicomiso Río Sonora se habían terminado y que no aportaría más dinero, pues para ellos, la remediación de los daños había quedado concluida.

Esta decisión provocó enojó y desconcierto entre los habitantes, pues de acuerdo con el convenio firmado entre la mina Buenavista del Cobre y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el compromiso era brindar atención médica a los afectados hasta 2019. Este documento, firmado del 19 enero de 2017 detalla que desde que ocurrió el derrame y hasta esa fecha, habían identificado 381 casos de personas enfermas que requerían seguimiento y monitoreo constante. Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se respondió que por la salud de 359 personas se gastaron 7,825,333 pesos.

El listado detalla que en los siete pueblos se detectaron casos de dermatitis, tiña, intoxicación por cobre y hasta quien fue diagnosticado con “sospecha de metales pesados”.

Otras enfermedades presentadas fueron: dolor abdominal, parálisis facial, xerosis, enfermedades de vías biliares, diarreas, alopecia, entre otros padecimientos de la piel. Sin embargo, las afectaciones a la salud podrían seguir surgiendo, sostiene el único estudio que se ha realizado en los últimos cuatro años sobre el tema.

La investigación fue realizada por la Universidad Autónoma de México entre 2015 y 2016 por petición de Grupo México, que pagó a esta institución 58 millones de pesos para realizar el diagnóstico. Aunque los derechos de la investigación pertenecen a la minera, la organización PODER logró obtenerlo mediante una batalla legal.

El documento titulado “Diagnóstico ambiental en la cuenca del río Sonora afectada por el derrame del represa Tinajas 1 de la mina Buenavista del Cobre, Cananea” detalla graves hallazgos como concentraciones altas de metales pesados en frutas, hortalizas y lácteos, mortalidad de árboles y presencia de substancias cancerígenas en alimentos, así como un grave daño ecosistémico en la zona.

También indica que más del 70 % de la población del municipio de San Felipe de Jesús podría tener niveles elevados de plomo en la sangre, lo cual representa un alto riesgo de presentar en el futuro diversas afectaciones a la salud. Para María del Socorro Domínguez Valenzuela, habitante de la zona afectada, el tema de las enfermedades es algo común en el municipio de Ures, por lo que vive con miedo de ser la siguiente. “Hay enfermedades de la piel y a la fecha ha salido mucha gente con cáncer, enfermedades que antes no se veía aquí en el río, muchas operaciones de la vesícula, 150 me dijeron en la clínica. Son muy constantes”, agregó.

Más del 70 % de la población del municipio de San Felipe de Jesús podría tener niveles elevados de plomo en la sangre, lo cual indica un alto riesgo de presentar en el futuro diversas afectaciones a la salud. Para María del Socorro Domínguez Valenzuela, habitante de la zona afectada, el tema de las enfermedades es algo común en el municipio de Ures, por lo que vive con miedo de ser la siguiente.

Manuel López, otro de los pobladores contó que cuando su nieto enfermó, fue sometido a diversos estudios de los que nunca les dieron el diagnóstico. “Le hacían análisis, pero nunca veíamos los resultados”, agregó.

Esperanza García vive en Baviácora y narró que se han presentado extraños tipos de cáncer en la zona entre personas jóvenes.

Julieta Lamberti, investigadora de la organización PODER, asegura que los metales pesados son bioacumuables, y por ello las enfermedades tardarán en aparecer en la mayoría de la población. Sin embargo, dijo que es preocupante que las autoridades aún no hayan elaborado estudios epidemiológicos de largo alcance, lo cual debió de haber sido prioridad del fideicomiso que se destinó para resarcir los daños.

Óscar Encinas Gámez, asegura que se sienten minimizados y que conformar un comité de cuenca para defenderse no significa que estén en contra del sector minero. Quieren remediar la situación y que no ocurra otro derrame. “Nosotros vamos a luchar porque cada persona, del más pequeño al más grande, tenga una indemnización total, no vamos a cansarnos, me duele mi gente y me duele lo que pasó”, dice.

Tras comprobarse legalmente que Grupo México operaba sin los permisos necesarios, sin licencias ambientales y sin cumplir reglamentaciones básicas, las demandas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación –máxima autoridad judicial en México– fueron caminando a favor de los habitantes.

El 11 de abril de 2018 lograron que se aprobara el expediente que plantea que el Fideicomiso Río Sonora es susceptible a ser cuestionado con un juicio de amparo, debido al interés público, detalla el expediente SEFA 27/2018.

De la misma forma la corte también atrajo otra demanda que busca definir si quienes viven en las zonas aledañas al río Sonora tienen la posibilidad de cuestionar el funcionamiento de una nueva presa construida por Grupo México.

Con ambos juicios atraídos por la Suprema Corte de Justicia y mediante los comités de cuenca del río presentes en los siete pueblos afectados, a cuatro años del derrame tóxico los residentes tienen esperanza de que se haga justicia.

Fuente de vida. Por la cercanía con el río, las comunidades utilizaban el agua del afluente para sus actividades diarias.

Este reportaje fue realizado por la periodista Priscila Cárdenas, la fotografía, realización y edición del video es de Aarón Alcaraz, para Proyecto Puente y Aristegui Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

Desangre gota a gota

Defectos. Desde 1973 existe la Ley de Prestamistas No Bancarios en el país, pero tiene deficiencias para las regulaciones a los prestamistas no formales.

Juan es un barbero que vive en San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas de Honduras. Una emergencia doméstica lo obligó a pedirle a un cercano que lo pusiera en contacto con unos “colombianos” que le prestarían dinero para salir del apuro. Eran conocidos por otorgar “préstamos exprés” a cambio de una simple firma.

Tras esa jugosa oferta, tendría que pagar intereses más altos que en cualquier institución de crédito formal. Además, el retraso de un solo día en los pagos le costaría amenazas en contra de su vida.

“Me dijeron que pagaría caro el retraso”, relató Juan al describir cómo fue el proceso para que le prestaran $200, de los cuales terminó pagando $253 en un plazo de un mes.

Así es como opera una red que según unidades de investigación policial en Honduras están compuestas por al menos 20 colombianos.

La red se moviliza por las ciudades para ofrecer préstamos sin mayor garantía. Colocan direcciones de sus empresas en lugares fantasma y reclutan a mujeres, en su mayoría hondureñas, para el cobro de los pagos cuando no hay retrasos.

Algunos de estos extranjeros ya fueron arrestados por las autoridades porque se les encontraron sumas de dinero que no pudieron justificar. Sin embargo, siguen operando en las ciudades donde el acceso a la banca formal es casi imposible para el dueño de un pequeño negocio.

Los prestamistas exprés tienen como clientes a dueños de pulperías, taxistas, salones de belleza, pequeños comerciantes, tortilleras, vendedores ambulantes y locatarios de mercados, entre otros, quienes caen en esta red por la facilidad con la que se les otorga el dinero.

El grupo de extranjeros que se ubican en al menos ocho ciudades de este país centroamericano (San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, La Esperanza, Marcela y La Paz) se registran con empresas de fachada. Estas no aparecen registradas en el sistema mercantil hondureño. La operación de estas redes mantiene a grupos de investigadores tras una pista que señala que estos fondos provienen de delitos asociados a la usura, el robo y lavado de dinero.

De acuerdo con indagatorias de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, actualmente se sigue la pista a varios grupos de extranjeros que tienen uno o dos años de estar operando bajo la modalidad de los préstamos exprés.

“Se ha detectado a colombianos operando con empresas que no están registradas en el Sistema del Registro Mercantil en Honduras. Actúan en algunos casos asociados con hondureños. Los primeros indicios apuntan a que los recursos que utilizan para prestar a pequeños comerciantes tienen su origen en ilícitos que cometen y que estamos rastreando junto con la Policía de Colombia”, explicó uno de los agentes de esta unidad, entrevistado para este reportaje.

Con las unidades de investigación se determina la conexión que pueden tener con las operaciones, por ejemplo, del cartel Los Rastrojos.

Este cartel es conocido por ser una organización poderosa del narcotráfico cuyo origen se sitúa en Colombia y que inició operaciones desde 2002. Aunque varios líderes fueron capturados en 2012, se cree que varias células se dispersaron en otros países para continuar con el negocio a través de la extorsión y el secuestro.

“Son seis grupos de colombianos que están distribuidos en el territorio, se les sigue la pista porque todo apunta a que con ese mecanismo están lavando dinero”, informó uno de estos agentes cuando se solicitó información sobre el tema.

Parte del rastreo que las autoridades han realizado a los colombianos incluyen los movimientos migratorios que han tenido en los últimos dos años. Se ha identificado al menos cinco visitas a Colombia, cuatro a Guatemala.

“Como el caso está en investigación, no queremos revelar la identidad de los hombres y las mujeres que conforman esta red, pero sí confirmamos que estos falsos prestamistas andan fuertemente armados y tendrían nexos con bandas criminales colombianas”, explicó un agente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), quien por seguridad pidió no revelar su nombre.

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Lo que se vive en Honduras, según reportes de prensa, es una manifestación de un fenómeno de expansión criminal que tuvo su epicentro en los diferentes grupos criminales de Colombia y que ha llegado a países como Perú, Chile, Bolivia y Argentina. En general, son fértiles en zonas o actividades empobrecidas, con baja bancarización y falta a un sistema efectivo de justicia, como reportó BBC Mundo.

Las actividades transnacionales de estos grupos ya han motivado reuniones de coordinación policial entre varios países, como lo reportó el diario colombiano El Tiempo, pues han encontrado mucha dificultad para iniciar causa judicial por el delito de usura, pues las organizaciones prácticamente no dejan rastro y por eso enfocan sus investigaciones en las agresiones y amenazas que hacen a sus clientes para hacer efectivos los pagos.

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Aunque Juan sabía que no tenía otra posibilidad de allegarse dinero, también sabía que incumplirles a los prestamistas exprés le podría costar muy caro. A diario, una mujer llegaba a bordo de su motocicleta para pedir el pago de la cuota, la que llevaba el control de sus pagos en una hoja sin formalidades de las aportaciones que hacía a la cuenta.

El barbero solventó el problema de inmediato, pagó en un mes un total de $53 en intereses por $200 que le prestaron. Es decir, una tasa superior al 25 % mensual.

“Con una sola cuota que dejé de pagar empezaron las intimidaciones. Era una presión por cumplir con una cuota que no completé para pagarla a las cinco de la tarde. Al siguiente día llegaron incluso a decirme que si no pagaba las dos cuotas, la del día vencido y la de ese día; pagaría caro el retraso. Yo tuve miedo de que me hicieran algo y me tocó pedirle prestado a un primo para ponerme al día” explicó el sampedrano.

Lo mismo le ocurrió a Andrés, un vendedor de jugos en La Paz, ciudad ubicada en la zona central de Honduras, a unos 50 kilómetros de Tegucigalpa, donde a diario debía reunir el pago de 100 lempiras ($4) para cancelar las 2,500 lempiras ($110) que le prestaron. Muchas veces no lograba reunir esa cantidad y asegura que haber caído en esa red de prestamistas fue el peor error de su vida.

“Me iban a cortar la luz y además tenía que ajustar para el uniforme de mi hijo en la escuela y caí con estos prestamistas. Desde las 3 de la tarde empezaba a preocuparme, porque cuando la venta de jugo no me daba para ajustar las 100 lempiras, no hallaba qué hacer. Fue una ayuda en el momento de la necesidad, pero después los intereses nos consumen”, dijo Andrés.

El operar de este grupo se detectó primero en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, Marcala. Pero ahora también están presentes en los departamentos de La Paz, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Choluteca.

En San Pedro Sula, las autoridades están tras la pista de los extranjeros, que han diversificado su negocio asociándose con invasores de tierras. Ahí operan junto con la complicidad de una mujer que es identificada como líder de una asociación de vendedores de la ciudad.

“Ha resultado ser el enlace con el grupo de prestamistas. La mujer se encarga de ofrecer unos lotes de terrenos en venta. Esos lotes están en el perímetro de la ciudad. Su trabajo es convencer a los agremiados de comprar los lotes a través de los préstamos que dan los colombianos. Las operaciones se realizan en el parque central. Es allí donde les facilitan el dinero para el pago de la prima de los solares, pero esos predios son invasiones. La gente, ante la necesidad, cae en estas redes, donde si no cumplen con el pago pactado, no solo corren el riesgo de perder la tierra que compraron, sino que también hasta su vida”, explicó el agente de investigación de la Unidad de Inteligencia que sigue la pista de la red en Honduras.

La Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), entidad reguladora, asegura que en la actualidad supervisan a los bancos, las sociedades financieras y organizaciones privadas de desarrollo. Pero a los prestamistas no bancarios afirman que la ley no les da alcance.

“Solo se supervisa a las sociedades financieras, pero las empresas que no captan recursos del público son prestamistas no bancarios sobre los que no tenemos alcance. Para nosotros ellos solo son objeto de investigación” explicó una fuente de la CNBS.

Pese a que desde 1973 existe la Ley de Prestamistas No Bancarios en el país, esta presenta deficiencias para las regulaciones a los prestamistas no formales y por eso desde mayo de 2016, el diputado Tomás Zambrano introdujo en el Congreso Nacional de Honduras una iniciativa de ley para actualizarla y regular a los prestamistas que operan en la clandestinidad y de esta manera evitar los abusos.

Hasta ahora la ley sigue a la espera de ser aprobada para que exista una supervisión de las entidades y personas que facilitan dinero a alto interés a los hondureños.

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Detenciones. Por estos casos se han hecho pocas detenciones. Entre ellas está una pareja de
hermanos que no pudo justificar la posesión de más de $29,000.

En julio de 2014 fueron detenidos en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, capital de Honduras, los hermanos Wilmer Dubón Monsalve Mercado y Janet Marina Monsalve Mercado. Portaban $29,000 cuando pretendían viajar hacia Medellín y no reportaron la suma de dinero que transportaban.

Ese mismo año, en San Pedro Sula, las autoridades también detuvieron a Ricky Carrasquilla Suárez cuando al intentar abordar un vuelo rumbo a Colombia, se le encontró la suma de $58,000. En 2015 fueron acusados del delito de lavado de activos los colombianos Samuel Augusto Bautista Hernández y César Abel Niño Chitiva, quienes transportaban $150,000 en cinco paquetes dentro de una mochila azul que habían escondido en el asiento trasero del carro, donde se conducían en la colonia Los Alpes, en San Pedro Sula.

Sin embargo, los prestamistas exprés siguen operando en varias ciudades sin dejar de ofrecer dinero a cambio de prácticamente nada. O al principio, eso parece. El acoso, las amenazas y el pago desmedido de intereses continúa acechando a buena parte de los hondureños que tienen pocas posibilidades de tener acceso a los créditos formales.

Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.