Chichigalpa es un municipio de Chinandega, Nicaragua. Aquí es imposible separar las zonas de residencia de las áreas agrícolas. Las casas han crecido entre los cultivos de, principalmente, caña de azúcar. El dilema es que lo que le hace bien a la producción no beneficia por igual a los residentes. En este contexto, Enfermedad Renal Crónica ha marcado las vidas de los pobladores de la zona.
Estas comunidades, dada su vulnerabilidad, hoy deberían contar con la atención urgente y prioritaria de muchas instituciones del Estado.
Con una población que sobrepasa varias veces su capacidad instalada y con un presupuesto que no da lugar a nada más que a la miseria, el sistema carcelario de este país sigue sumando a los problemas en lugar de a las soluciones.
Mantener en números rojos a la PGR, también significa colocar como inaccesible la justicia en este país.
Las mujeres en El Salvador se enfrentan a acciones de violencia laboral como la inequidad salarial, amenazas de despidos por permisos, cese de su contrato por maternidad o por edad.
No es una excepción. Pasa con casos que han llamado la atención de la opinión pública y han ocupado amplios espacio noticiosos. Y, con mucha más frecuencia, pasa con casos que permanecen en la oscuridad.
Al menos el 90% de las personas diagnosticadas con Enfermedad Renal Crónica en Costa Rica se dializa en casa. El objetivo de todo el sistema sanitario es lograr que los hospitales no se saturen con gente que debe pasar en tratamiento depurador varias horas al día, y de tres a cuatro veces por semana. Esto obliga a construir o adecuar un cuarto estéril. La medida implica un gasto importante para familias que ya viven en la línea de la pobreza y a las que, además, esta enfermedad deja sin ingresos, ya que los ingenios, avalados por el gobierno, hacen pruebas de daño renal antes de contratar personas. Si encuentran resultados alterados, no las emplean. Los casos se concentran en una de las provincias con más peso agrícola: Guanacaste.
Ellos no se pueden mudar para alejarse de condiciones adversas. Tampoco tienen demasiadas opciones de empleo.
La Ley del Archivo General de la Nación detalla que la institución es la encargada de la conservación de manuscritos históricos y administrativos del gobierno central y municipal desde 1660.
El daño causado por décadas de políticas raquíticas en el arte y la cultura es, a estas alturas, enorme. Lo grave, es que no parece que la dirección de esas políticas vaya a tomar el giro que se necesita.