Carta Editorial

En El Salvador la participación económica de los hombres es del 80 %, mientras que la de las mujeres es de 45 %, de acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estos números contrastan con los que miden el promedio de años de educación, que para hombres es de 7.9 % y para mujeres es 7.4 %. Quiere decir que las mujeres y los hombres estudian casi lo mismo, pero ellos ganan casi el doble que ellas. La institución también ha difundido que así como los hombres dedican un 9.93 % de su tiempo al trabajo doméstico no remunerado, para las mujeres esto escala hasta el 21 %. En este país en el que las desigualdades son del tamaño de las montañas es que el grupo de escritoras que presentamos en esta edición nació, creció y buscó desarrollarse. Aquí, también, encontraron todo eso que después transformaron en obra.

Y esto es lo que las distingue, su capacidad de transformar el dolor, las carencias, los recuerdos o las ausencias en algo que las hace crecer a ellas y a quienes consumen lo que crean.
Entre estas nueve salvadoreñas escritoras está contada una buena parte de la historia salvadoreña. Ellas han tomado las piezas de los grandes cambios que se han vivido en colectivo y las han incorporado a sus relatos, unos que van de guerras y violencias, pero también de colores y sonrisas.

Sirvan estas páginas para hacer un reconocimiento necesario a Maura Echeverría, Carmen González Huguet, Aída Párraga, Susana Reyes, Claudia Meyer, Ana Escoto, Jeannette Cruz, Nicole Membreño Chía y Ana María Rivas. Tener un nombre en la literatura cuesta en este país más que en cualquier otro lado. No debería ser así, pero pasa. Nada de esto, sin embargo, las ha detenido.
Sus luchas nos representan y sirven de guía para muchas generaciones más.

Carta Editorial

“La regla fundamental del taller se divide en dos partes: a) usted no defiende su texto, su texto se defiende solo. Esto nos permite alejarnos de explicaciones complejas y accesorias. Si el texto se explicaba a sí mismo, si comunicaba las intenciones del autor (aun dentro de la infinita polisemia del lenguaje) el texto se había defendido como un animal salvaje. Entonces era bueno. Y b) usted se aguanta las preguntas, críticas y ediciones de sus compañeros, y las recibe tal cual son: ofrecimientos respetuosos de mejora, oportunidades de refinar un texto; esto sin olvidar que es usted quien debe tomar las decisiones finales. Estas ediciones pueden ser brutales.

Cuando uno se ha tardado días o meses desarrollando un cuento, verlo siendo despedazado como pajarito indefenso no es necesariamente agradable. Pero es necesario. Los sobrevivientes, y lo que de ellos perdura, terminan siendo más fuertes”, escribe Jeannette Cruz en la nota introductoria de la antología de cuentos que se titula El territorio del ciprés.

El libro es el resultado de un proceso de creación colectivo. Los autores formaron parte de un taller de escritura y edición; de hacer, deshacer y volver con un planteamiento que ya no era propiedad de uno, sino que de todos. Los cuentos que adelantamos en esta edición son brutales, dejan el corazón azorado entre la angustia de los hechos que describen y la satisfacción de lo bien narrado.

Hacer literatura en El Salvador sigue siendo una aventura, un riesgo, un salto sin paracaídas. Los autores de El territorio del ciprés ejercen con audacia y alcanzan en ello gran calidad; pero no sin sacrificios, como plasma Cruz: “Ponemos en sus manos a los guerreros que sobrevivieron a la batalla, transformados durante el proceso. Estos están medio vivos, pues nos dedicamos a escribir acerca de la violencia y la muerte: nuestro pan de cada día”.

Carta Editorial

A cada persona desaparecida la cubre un grueso manto de impunidad que permite que todos los días desaparezcan más y más y más. Esta es la segunda de las entregas que cada último domingo del mes vamos a dedicar a esta búsqueda interminable.

En nuestras leyes, la única desaparición considerada como delito es en la que están involucrados los cuerpos de seguridad, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Esta es, justamente, la que menos se denuncia.

La razón de este fenómeno no se puede adjudicar solo a que no se comete. Al contrario, representantes de cada institución consultada para este reportaje reconocen un considerable subregistro de estos casos.

Las instituciones no gozan de la confianza de la población. Es uno de los enormes costos de la corrupción. Cuando algo falla, no hay a quién acudir. El resultado es que la cultura de denuncia es débil, no termina de asentarse. Y la situación se complica más cuando es al mismo Estado al que hay que denunciar como violador de las leyes que debería respetar y hacer respetar.

La periodista Valeria Guzmán profundiza en ese oscuro mundo en el que el ciudadano está solo, esa realidad alterada en el que no hay nadie fiable a quien pedir seguridad y justicia.

Hay familias para las que las búsquedas nunca acaban. Y El Salvador, aunque es el país más pequeño de América continental, es todavía demasiado amplio como para encontrar sin ayuda a un desaparecido.

Estas familias mantienen en el presente a sus seres queridos. Van de aquí para allá con los retratos, los nombres, el tipo de sangre, las señales que puedan ayudar a identificarlos. Pero son ellos contra el aparato estatal. En una región que da a luz toda clase de tragedias todos los días, ellos y sus dramas de incertidumbre y angustia casi nunca se ven. Y, si llegan a llamar la atención, lo hacen a la luz del prejuicio y la criminalización de la falta de recursos.

La barrera entre el empleo formal y el VIH

Fotografía de Archivo

Aquella noche, el VIH le salvó la vida. Mario pudo haber salido a las calles a buscar clientes junto a Katherine y Tania. A eso se dedicaba. Pero declinó, porque al siguiente día debía estar a las 6 de la mañana en el hospital para pasar consulta y recoger sus antirretrovirales. Era 2009, 8 de junio.

Mario fue a su cita. Le dieron sus medicamentos. Casi al mismo tiempo en que él dejaba el hospital, el cadáver de Katherine (Samuel Flores, de 17 años) era hallado a la orilla de la avenida Jerusalén, entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán, en la finca en donde ahora funciona el parque Bicentenario. Su cuerpo estaba muy dañado, murió por golpes y asfixia. A Tania (Cristian Ardón, de 24 años), la encontraron siete días después, en las profundidades de la misma finca. Su cadáver también era una enumeración de violencias. Tras una larga agonía, la mataron los golpes en la cabeza.

Mario tenía en ese momento 23 años. Ya llevaba seis viviendo con su diagnóstico. Veló a sus amigas. Las lloró. Pero no dejó las calles. No pudo. No tenía alternativa, pese a que las amenazas eran constantes.

“Nos tiraban los carros queriendo atropellarnos. Seguido nos pasaba que acabábamos puros monitos colgándonos de los palos”. Cuenta Mario entre risas que solo se entienden en la lógica de quien sobrevivió a los disparos desde carros en movimiento. “Nos tirábamos al suelo, donde fuera nos metíamos con tal de que no nos mataran”. Después de los ataques, siempre tocaba seguir trabajando.

Al final era eso: una forma de obtener ingresos en un país con débiles instituciones de protección social y con alto grado de intolerancia a la diversidad sexual. A Mario le tocó verse solo en las calles desde que tenía 12 años, cuando su familia lo echó de su casa en el interior del país porque “le gustaban los hombres”. Vino a San Salvador y durmió entre los huecos de la infraestructura del Centro Histórico. En aceras, bajo pasos a desnivel, en la oscuridad y el frío, sus compañeros eran otros adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“Una amiga que conocí en la calle me dijo que ella me prestaba ropa, que así podía dejar de dormir con los piperos y huelepegas, porque ahí no iba a durar mucho”; y comenzó en una ocupación que cinco años después, con 17 cumplidos, lo colocó de frente a una prueba de VIH que dio reactiva.

“Me dijo la enfermera ‘aquí lo que pasa es que usted tiene sida y le quedan tres meses de vida’, y ya, nada más”. Ese diagnóstico no sacó a Mario del trabajo sexual. Era 2003, él no tenía estudios ni familia. Y el sistema de salud pública recibía apoyo de instituciones internacionales para no faltar en la entrega gratuita de medicamentos. Pero para cambiar su forma de vida, Mario requería más que eso.

Hoy, la entrega de medicamentos se mantiene gratuita y la hace el Ministerio de Salud, que atiende también a los beneficiados de Bienestar Magisterial (docentes) y a los de la Fuerza Armada. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por su parte, brinda servicio a los empleados públicos y privados que cotizan. La ayuda internacional se ha reducido según lo pactado.

En este momento, de acuerdo con Ana Nieto, directora del Programa Nacional ITS/VIH-sida del Ministerio de Salud, el Estado asume en su totalidad los costos de los antirretrovirales. El apoyo del Fondo Mundial todavía representa un 60 % de la inversión que se hace en reactivos para hacer las pruebas. Pero el principal reto del abordaje va más allá de lo que se puede hacer solo desde el sector sanitario. El estigma y la discriminación todavía interfieren en la calidad de vida de las personas con VIH.

En El Salvador, hasta 2017, había 17,940 personas viviendo con VIH, de acuerdo con los datos más recientes publicados por el Programa Nacional ITS/VIH-sida. Entre estas personas había 6,999 mujeres y 10,941 hombres. El VIH se concentra entre personas que van de los 19 a los 39 años. Es decir, en edad económicamente activa.

“No hay documentos o investigaciones que crucen el VIH con el acceso a empleo formal. La mayoría de personas con este diagnóstico se dedican al trabajo informal”, explica William Hernández, de la organización no gubernamental Entre Amigos.

El informal puede llegar a ser un empleo de precariedad y riesgo físico en El Salvador. “Lo primero que hay que ver es que si la persona no tiene garantizada la alimentación, tampoco va a poder ser adherente a un tratamiento que requiere disciplina. Sin fuente de ingresos, hay un deterioro veloz que no depende solo de los medicamentos”, señala Hernández.

Para un plato de comida al día y el pago del alquiler de un dormitorio era justo para lo que daba el trabajo en la calle por el que Mario se arriesgaba a ser víctima de violencias. Cuando había suerte, podía darse un lujo, que no era otro que la posibilidad de guardar $1; a veces, hasta $2. Una práctica que acabó siendo fundamental para él.

Hace casi 10 años, Katherine y Tania fueron secuestradas y asesinadas con brutalidad por gente que se hizo pasar por clientes. Ellas pensaban que les iban a pagar por un servicio y acabaron matándolas. Mario tenía 23 años y estaba en esa misma dinámica del trabajo sexual, porque en el sistema laboral no tenía cabida.

Abandonado por su familia a los 12 años, Mario no pudo terminar ni la educación básica. Para poner un negocio que diera suficiente para pagar comida y techo, necesitaba al menos un capital semilla para invertir y no calificaba para préstamos. Diez años después, la situación de acceso a empleos formales no ha cambiado demasiado.

La cantidad de personas que vive con VIH y está afiliada al Instituto Salvadoreño de del Seguro Social fluctúa entre 2,300 y 2,800, de acuerdo con Ana Nieto, directora del Programa Nacional ITS/VIH-sida. En otras palabras, cuanto mucho, el 22 % de personas mayores de edad que viven con VIH tiene un empleo formal con beneficios sociales, como seguro y pensión por vejez o invalidez. Esta cifra es inestable, porque –al margen de las campañas de sensibilización en políticas de VIH en las que están inscritas cerca de 120 empresas privadas– cuando alguien conoce su diagnóstico mientras goza de empleo, su vulnerabilidad aumenta.

“Sabemos de casos de fuga de información sobre el diagnóstico en la empresa o en la institución en la que trabaja la persona con VIH. En esos casos, las personas no son despedidas, pero son obligadas a laborar en un ambiente hostil para que acaben renunciando”, explica Nieto.

El Ministerio de Trabajo conoció ocho denuncias por discriminación a causa de VIH en 2017. Se dice conoció, porque no siguieron el proceso y tampoco fueron colocadas en esta cartera de Estado. “La gente no denuncia por temor a que se tomen represalias. No es solo que no hay cultura de denuncia, es que la gente todavía se siente desprotegida si lo hace”, explica Roxana Martínez, educadora de Fundasida.

Tener un empleo fijo ha llegado a convertirse en un privilegio, algo a lo que pocas personas con VIH acceden. Y no solo es necesario desde el punto de vista económico, sino que también tiene un poder terapéutico. “No hay ninguna duda de que la gente que lleva su diagnóstico y a la par tiene un trabajo está física y emocionalmente en mejor condición, no se enferma”, ilustra Hernández, quien al frente de la Asociación Entre Amigos reconoce que de los 34 empleados, “dos o tres viven con VIH”.

Fotografía de Archivo

Mario parece un ejemplo de esta relación entre trabajo y salud. El guardadito que fue dejando se transformó en $20. Y ese dinero se convirtió en una puerta. Fue la oportunidad que aprovechó y que ahora, una tarde de viernes, lo tiene hablando desde la cima de su propio éxito.

En 2003, tras recibir el resultado de la prueba que dio positivo, Mario empezó a integrarse en algo más que solo recibir el medicamento. La estrategia de Salud comenzó a hacer eco de la urgencia de enfrentar el VIH en colectivo. “Los grupos de apoyo se crearon porque la gente necesitaba un espacio para hablar. A partir de ahí fueron evolucionando y ahora se han convertido en grupos interdisciplinarios, pero el punto inicial fue que la gente quería un espacio para sentirse en confianza y compartir con otros en condiciones similares; esto porque siempre ha existido el estigma”, explica Roxana Arias, de Fundasida.

Esos grupos ahora sirven para más que el desahogo. Ahí se habla de adherencia al medicamento, de disciplina, pero también de dietas y de emprender negocios. “Se comparte conocimiento; si alguien sabe hacer donas, entonces un día lo explica y es conocimiento que ya es de todos. Se le muestra a la gente cómo crear sus propias alternativas de ingresos”, continúa Arias, con la certeza de que muy pocos pueden obtener ingresos de otra manera que no sea un espacio hecho a medida.

En uno de esos grupos, Mario conoció a una amiga que también vivía con VIH y que tenía un puesto callejero de accesorios para celulares en el centro de San Salvador y le cedió un espacio. Mario, con el primer guardadito compró un paquete de calcetines y un paquete de tangas. Vendió los calcetines a dos coras y las tangas a dólar.

En esa transición entre el trabajo sexual y el comercio informal, había noches en las que Mario no podía pagar el cuarto ni las comidas completas. Comía una vez en el día y, para dormir ocupaba el puesto de su amiga. Aun así, obtuvo ganancias con las que siguió alimentando el guardadito para comprar más calcetines y más tangas.

Los grupos de apoyo se convirtieron en norma. Ahora tiene que haber uno funcionando en cada hospital en donde se entrega terapia antirretroviral. Y se han levantado también como una de esas contadas oportunidades de empleo formal para personas con VIH, ya que al menos uno de los que integra el comité interdisciplinario debe vivir con este diagnóstico. Francisco Ortiz, director de Fundasida cree que esto abona a que los recién llegados tengan más confianza y se aferren más rápido a la idea de que el VIH no es una condena mortal, si se cumplen los protocolos.

Mario ya no está en las calles. Las dejó hace rato. Ya tampoco vende calcetines ni tangas ni nada que tenga que ver con ropa. Ahora empieza jornada a las 6 de la mañana y la termina entrada la noche. Tiene una plancha para hacer pupusas y varios carretones de minutas. Su negocio ofrece desayuno, almuerzo, cena y emplea a otras seis personas que conocen su diagnóstico y no lo discriminan.

“A veces me dicen que no me creen que yo tengo ‘eso’; así, dicen que, aunque tenga ‘eso’, yo me veo más fuerte que ellos”, cuenta. Su carga viral, de hecho, es indetectable. Esto se alcanza con una adherencia religiosa al medicamento y a todas las recomendaciones. Mario mira hacia atrás y se siente satisfecho. Su lucha, sin embargo, sigue siendo una entre miles.

El informal puede llegar a ser un empleo de precariedad y riesgo físico en El Salvador. “Lo primero que hay que ver es si la persona no tiene garantizada la alimentación, tampoco va a poder ser adherente a un tratamiento que requiere disciplina. Sin fuente de ingresos hay un deterioro veloz que no depende solo de los medicamentos”, señala Hernández.

Roxana Arias cuenta que en los grupos y en las orientaciones se recomienda que las personas con VIH no elijan como negocio de subsistencia uno relacionado con comida. “Lamentablemente, hay gente que todavía piensa que el virus se puede transmitir por la manipulación de alimentos”.

Mario confirma que en el negocio que fundó de la nada, él se dedica a preparar los materiales como la masa y los frijoles de las pupusas, pero a escondidas, sin que los posibles comensales lo vean: “Por ese tipo de cosas, cuando ya abrimos, me quedo solo en caja, cobrando, así nadie dice nada ni piensa que si me hiero los voy a ‘contagiar’”.

A Ana Nieto este tipo de discriminación no le suena distante. Es la razón por la que en las empresas hay un trato hostil cuando se filtra que alguien vive con el virus. Lo alejan, no comparten mesa ni áreas comunes, como cafetería. “Las capacitaciones que vamos dando en empresas hablan sobre prevención de la transmisión, pero hace falta trabajo en que no se les discrimine”.

El Salvador recibe cada vez menos apoyo internacional para atender el VIH. Ana Nieto, desde la oficina del Programa Nacional que dirige, asegura que como país se ha cumplido con cada obligación y que la muestra es el estable acceso a medicamentos. Desde las ONG, sin embargo, se apunta hacia el vacío que hay en la eliminación de la discriminación y en el involucramiento de otras instituciones aparte del Ministerio de Salud, como los ministerios de Educación y de Trabajo. “Solo se está tomando en cuenta que la gente ya no se muere de sida y, claro, no se muere de esto, pero sí de hambre, porque a alguien que no tenga habilidades para comerciante, ¿qué le queda?”, pregunta Ortiz, de Fundasida.

Mario se sabe en una cumbre. Y sabe que, después, viene la bajada. No se atreve a calcular por cuánto tiempo más tendrá fuerzas para seguir al frente del negocio. Al margen del VIH, la vejez llegará y él no tendrá pensión. “Tengo una cuenta en el banco en la que voy depositando el guardadito, pero sé que si me sale una emergencia, voy a tener que agarrar de ahí; los antirretrovirales me los dan en el hospital, pero, a veces, tengo que comprar algún antibiótico que no tienen y en eso se gasta”. Hacia el frente, la angustia.

Carta Editorial

La discriminación a las personas que viven con VIH sigue siendo una realidad. Por encima de todos los avances médicos y administrativos que han estabilizado la entrega de los medicamentos antirretrovirales, esa otra parte, que tiene que ver más con la educación y la empatía, sigue siendo un lastre.

Una de las maneras en las que más impacta es en el acceso a oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, solo dos de cada 10 personas mayores de edad que viven con VIH cuentan con un empleo que les da acceso a un ingreso económico constante, a seguro social y pensión. Es necesario aclarar que muchas de ellas están contratadas en puestos que guardan relación con cómo prevenir o cómo vivir con este diagnóstico. Fuera de esta especie de campo conquistado, en la empresa privada y en el mismo Gobierno las oportunidades son muy limitadas.

Cuesta dar crédito a representantes de asociaciones cuando señalan que han escuchado testimonios sobre gente que sigue creyendo que hay un riesgo de transmisión por manipulación de alimentos. Pero en el despacho de las autoridades de salud pública, el cuento no es diferente. Ahí, en donde se manejan los hilos de la estrategia para el abordaje médico, también se habla de un tipo de discriminación que impera en empresas o instituciones en donde los empleados se niegan a compartir mesa o espacios comunes con alguien que vive con VIH. En estas actitudes queda claro que el miedo sin fundamentos no ha sido derrotado.

El VIH no es una condena a muerte, pero aún es una condena social. Los antirretrovirales, siempre que se aborden con disciplina, otorgan bienestar físico. ¿Y de ahí? ¿Es la norma vivir abiertamente con VIH y optar por oportunidades de estudio y empleo? No.

La misión todavía no está completa. Falta alcanzar el éxito en la parte más difícil.

Carta Editorial

Un portón hace toda la diferencia. Al cerrarlo, el caos, el peligro, el desorden, la hostilidad quedan afuera. Adentro está protegido un hogar. Ahí hay plantas, juguetes y familia. Al final de cuentas, lo que todos queremos es solo eso: un lugar para sentir que lo que más nos importa está seguro. Para el caso, hemos tenido que optar por encerrar lo que amamos para que no le pase nada.

Es una derrota por donde se mire. Representa que no hemos podido hacer de todo el país un lugar en donde se respire tranquilidad, entonces, hemos tenido que ir cerrando algunas áreas, casi como si fueran burbujas, una especie de conjuro para que afuera quede todo lo que no hemos podido resolver.

Tener acceso a vivienda digna es derecho de todos. En El Salvador actual este derecho no es universal. Depende mucho, como la educación y la salud, de tener dinero. En esta edición, la periodista Valeria Guzmán explora una alternativa con la que se pretende tumbar esa barrera que ha llevado a la vivienda digna, de ser un derecho, a convertirse en un auténtico privilegio.

La respuesta está en el colectivo. La que presentamos acá es la historia de una mujer que construyó con sus manos la casa en la que vive y que sueña con dejar a sus hijos como patrimonio. No son solo paredes. Esa casa representa la esperanza que este sistema no le habría dejado alcanzar a ella sola. Ella forma parte de una cooperativa.

Esta mujer cierra el portón que protege su casa y las de otros y siente paz. Es un trabajo de equipo que se ha logrado con base en reglas claras. Esa calle sigue siendo una burbuja en medio de todo lo demás. Pero es una compartida que se ofrece como ejemplo de que todavía hay capacidad para ponerse de acuerdo en función de alcanzar un bienestar común.

Carta Editorial

«Me ha enseñado cuán líquida es la frontera entre la literatura y todo lo demás», confiesa Rodrigo Fuentes acerca de su primer y único libro: «Trucha panza arriba».

Fuentes es guatemalteco, pero vivió en Costa Rica, Chile y México hasta que en 1996, volvió a Guatemala, una que ya había firmado los Acuerdos de Paz.

En esta edición hemos elegido el cuento «De repente, Perla» como una muestra del talento que Fuentes expone en este libro del que, hace un mes, la casa Los Sin Pisto lanzó una nueva edición.

El libro de Fuentes también ha sido publicado en Guatemala, Bolivia y Colombia. Tiene una traducción al francés y se ha anunciado ya una traducción al inglés.

El de Fuentes por la literatura es un camino que recién comienza. Pero en esta ruta ya ha cosechado galardones. Ganó el Premio centroamericano de cuento «Centroamérica cuenta» para narradores menores de 35 años. Y fue finalista en el Premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, en 2018. Este es uno de los más prestigiosos de la región.

Y así, podríamos seguir leyendo mucho de los logros que cualquier jurado capacitado y especializado le puede otorgar a un joven con la pluma de Fuentes. El problema de estos países está más en el público. ¿Dónde está?

Por estos lados, el gran problema de la literatura es que sigue buscando cómo sobrevivir. No es que no haya gente que escriba. Es que a la gente que escribe debe comer, pagar casa, servicios, se enferma, envejece. Tiene necesidades más allá de talento y disciplina. A este punto, estamos de acuerdo en impulsar la literatura, pero no hemos terminado de aterrizar en que ese impulso requiere de contar con un público que aprecie y consuma. A este público hay que formarlo.

Hoy es día de elecciones. Para llegar acá se ha discutido hasta la saciedad la crisis política. Una discusión intensa pero, al fin de cuentas, vacía. Los problemas estructurales no se han abordado. Y van a seguir ahí gane quien gane. Es como decir que apoyamos la literatura, pero no apoyamos ni comprendemos que quien la hace es un ser humano con derechos. Vacío.

Este cuento de Rodrigo Fuentes es genial, tal cual. Y se puede ver como una metáfora muy cuidada de nuestras sociedades y sus injusticias silenciadas.

Carta Editorial

El último domingo de cada mes haremos una publicación que abone en la comprensión de las desapariciones en El Salvador. Esta es la primera y trata sobre la soledad.

¿Qué pasa cuando alguien no llega a su destino, no contesta el teléfono, nadie da razón de qué hizo? ¿A quién se acude en esas primeras horas de angustia? ¿En qué momento hay que denunciar? ¿Adónde? ¿Y si pasa una semana?, ¿un mes?, ¿y después?

En 2018, la Fiscalía General de la República registró más de 2,600 privaciones de libertad. Este dato no es preciso, ya que en el país solo se contempla como delito la desaparición cuando es forzada por cuerpos de seguridad, como la Policía o el Ejército. Que todas las demás desapariciones se califiquen como privaciones de libertad deja a las familias en un limbo en el que no se tiene claro ni siquiera a partir de qué momento es que se va a activar el mecanismo estatal para hacer una investigación.

El Código Penal arrastra desde el tiempo de la guerra civil esta categorización que desconoce un problema que va en aumento. Este es un fenómeno que no tiene como víctima solo a las personas de las que no se sabe el paradero, también afecta de manera irreparable a quienes se quedan esperando un regreso, una noticia, un cadáver, para, al menos, ponerle de nombre “luto” a todo el dolor prolongado.

Los familiares de desaparecidos a menudo son revictimizados. Llegan a instituciones que no están capacitadas ni actualizadas y que ponen en tela de juicio cualquier denuncia antes de procesarla. Pese a que ya ha sido avalado un protocolo interinstitucional para recibir de mejor manera estos casos, el camino para llegar a darles un acompañamiento integral es largo.

El último domingo de cada mes, estas páginas van a estar a disposición de quienes necesiten contar y hacer visible su lucha, su búsqueda, su soledad. Para asimilarlas, tenemos que ponernos frente a estas ausencias. Faltan personas y falta, también, un país que las busque.

Carta Editorial

¿Qué es corrupción? En Venezuela esta palabra es hambre. No hay comida en la mesa de las familias. No hay medicinas en los hospitales. La corrupción, tal cual, ya ha matado a quien sabe cuánta gente. Y, para terminar de armar la desgracia, tampoco hay justicia.

¿Cómo un país tan lleno de recursos llegó a quedarse sin nada qué ofrecer a sus ciudadanos? En esta edición la revista Séptimo Sentido forma parte de una publicación simultánea con otros tres medios de comunicación para responder a esta pregunta. Periodistas de El Confidencial, de Nicaragua; Diario Libre, de República Dominicana; y El Pitazo, de Venezuela, coordinados por la iniciativa de periodismo CONNECTAS han consultado a una gran variedad de fuentes para encontrar las piezas. Ahora se puede armar el mecanismo por medio del cual los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro entregaron petróleo venezolano a gobiernos aliados más como una forma de soborno, que como un sistema de abastecimiento para que las familias venezolanas tuvieran lo básico.

Este esquema no sirvió para llenar las alacenas ni botiquines. Pero sí fue exitoso en desviar dineros públicos a cuentas de funcionarios y familiares de Chávez y Maduro. El Salvador, por medio de empresas ligadas a ALBA, ha formado parte de esta red en la que no solo se transó dinero, sino que también poder.

Este trabajo es un ejemplo de cómo el periodismo está obligado a traspasar las fronteras, así como lo hace la corrupción. Es un enorme esfuerzo por explicar cómo se destruye un país y que, para hacerlo, hacen falta cómplices dispuestos a abandonar el papel para el que fueron elegidos y dedicarse a intereses retorcidos disfrazados de política externa.

Estas páginas son un mapa que ilustra que los muchos recursos naturales que tenga un país no son un escudo para resistir los desmanes de gobiernos populistas dedicados a imponer sus verdades y a blindarse.

La corrupción es capaz de arrasar con todo.

Carta Editorial

En México, un intento de controlar el robo de gasolina de los ductos ha derivado en desabastecimiento. El problema del robo de combustible ha sido el dolor de cabeza varios gobiernos. Petróleos Mexicanos (Pemex), en un afán por proteger el viaje del combustible a lo largo de kilómetros y kilómetros de tuberías, llegó a ocupar los servicios de miembros del Ejército. En un cambio de estrategia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha comenzado a hacer la distribución por medio de pipas. Un proceso menos expedito que ha dejado a grandes poblaciones desabastecidas.

¿Es el uso de pipas una manera de reconocer que los cuerpos de seguridad del Estado son incapaces de anular el funcionamiento de las bandas que se dedican a la sustracción de combustible? ¿Es esta una forma de admitir que el grado de penetración y control de las bandas en los estados no se puede combatir? El debate en México es álgido y está empapado de hastío ante las tantas veces en las que Pemex se ha visto ligada a casos de corrupción.

Esta edición también incluye un reportaje acerca de cómo Estados Unidos avala, pese al discurso antiinmigrante, las solicitudes de menores de edad extranjeros con el objetivo explícito de mantener una relación de pareja con adultos estadounidenses.

En EUA no está prohibido el matrimonio con menores de edad. Solo está regulado y debe cumplir ciertos requisitos. Así un estadounidense de 50 años de edad puede solicitar el ingreso de una guatemalteca de 13 o 15 años para unirse a ella de forma legal, sin levantar alarmas, sin que ninguna institución se oponga en nombre de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Los datos de este reportaje revelan el aumento de estas solicitudes que, bajo formas avaladas por las instituciones, esconden terribles abusos.