En Nicaragua, la oposición al régimen Ortega-Murrillo, se consolida y pretende hacerse fuerte en busca de unas elecciones, más parecidas a un plebiscito, que le permitan a la ciudadanía recuperar la democracia en este país de dictaduras, dice en esta entrevista Juan Sebastián Chamorro, el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada por diferentes sectores de la sociedad nicaragüense con una postura contra el régimen. Estos meses de crisis política, desde abril del año pasado, han dejado más de 300 muertos, cientos de exiliados, incluidos periodistas, y el cierre de medios de comunicación. Lo que pasa, no solo en Nicaragua, sino en la región, es para Chamorro una «reivindicación de los gobernados».

Una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega

Una entrevista de Stanley Luna

Fotografías de Javier Aparicio

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Juan Sebastián Chamorro es el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo opositor a Daniel Ortega y Rosario Murillo que está conformado por diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Además, fue el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y fungió como viceministro de Hacienda en el periodo del expresidente Enrique Bolaños Geyer.

A finales de octubre, Chamorro estuvo en El Salvador y conversó con esta revista sobre las perspectivas de la consolidación de un oposición que pueda vencer al régimen orteguista en las próximas elecciones. Para él, estas futuras elecciones tendrían características de un plebiscito, pues será una consulta ciudadana para saber si los nicaragüenses quieren estar en democracia o seguir con una dictadura que ha dejado muertos, exiliados y cierre de medios de comunicación.

Para esta semana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentaría un informe elaborado por una comisión especial encargada de documentar lo ocurrido en este país centroamericano, sin embargo, este informe tuvo un atraso.

Con los recientes despliegues militares, los chilenos dicen que han vuelto al tiempo de la dictadura. En Nicaragua ustedes viven la misma situación desde abril del año pasado. ¿En qué focaliza usted el declive de las democracias en América Latina?

En el desconecte que hay entre gobernantes y gobernados. Creo que las lecciones que nos han dado, primero, los procesos electorales en América Latina, han sido hacia un cambio. Si notamos las tendencias de los resultados en Bolivia, Argentina, Uruguay y Colombia, en todas ellas se vio un proceso electoral donde la población rechazó al gobernante y va por un cambio. Eso creo que tiene una implicancia importante y también se nota un interés de desprenderse de los extremos.Menciono, por ejemplo, el caso de este joven que fue electo alcalde de Medellín (Daniel Quinteros) en el pleno centro uribista, viene de una clase trabajadora, pero esforzado. Estudió, llegó a la Kennedy (Harvard Kennedy School of Government, EE.UU.), tiene un máster en negocio, educado, fue viceministro. Muestra de que es posible, en las sociedades latinoamericanas, tener ascenso socioeconómico, social y tener capacidad de llegar a cargos públicos.

A lo que está pasando en los países latinoamericanos, yo le llamaría, más que ser una lucha ideológica entre izquierdas y derecha, una lucha por la reivindicación de los gobernados, de exigirle a la clase política que atienda las necesidades de la población. El caso chileno es un caso emblemático también, aunque ahí no hay proceso electoral, pero hay un proceso de protesta. En ese proceso de protesta se nota la ausencia en el liderazgo de los partidos políticos tradicionales. En ese sentido, se parece mucho al movimiento auto convocado en Nicaragua, donde no hay en la vanguardia un partido político, sino que está un movimiento juvenil. En el caso de Nicaragua, fueron los jóvenes los que se revelaron y lo hicieron de una manera muy similar al caso chileno. Sin embargo, yo creo que el caso chileno no es una protesta en contra o para cambiar el sistema de libre mercado que predomina en Chile, sino es para perfeccionarlo, para mejorarlo, pero la respuesta de Piñera fue muy atinada, de pedir disculpas, perdón, como clase política gobernante, por la falta de visión de la clase política chilena y ese paquete de políticas sociales, creo que viene a iniciar, ojalá, un proceso de atención en lo que el modelo se ha quedado un poco corto, que es una política social más incluyente y que llene las aspiraciones de la juventud.

En este momento clave para la región, ¿qué papel deben asumir los jóvenes en cambiar la forma de hacer política?

Esta rebelión de abril de 2018 comienza, precisamente, con una rebelión de estudiantes y de juventud que se lanza a las calles por la incapacidad de Ortega de resolver las aspiraciones, las necesidades de la juventud, que luego se traduce en un movimiento social mucho más amplio, que incluye, no solamente los estudiantes, sino que también incluye población en general, campesinos, que venían con una lucha anti proyecto canal interoceánico desde hace varios años, y empieza a formarse este descontento. Se realiza la rebelión de abril, se llama a un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal. Nos llaman a esta mesa de negociación, sin existir la Alianza Cívica, y fue precisamente la mesa de la negociación la que nos provoca o la que genera esta Alianza Cívica que ahora ya tiene más de 17 meses de formación.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se caracteriza por tener una participación fuerte de cinco movimientos juveniles, estudiantiles, principalmente, pero también está el movimiento campesino, está la intelectualidad, hay representantes de la costa Caribe, hay representantes de los sindicatos y hay representantes del sector privado. Esa es una alianza bien inusual en estas luchas sociales, y es inusual, porque las condiciones de represión y de dictadura que existe en Nicaragua son inusuales. La dictadura en de Ortega es, probablemente la dictadura, no solamente que ha amasado más poder en Nicaragua, que es un país de dictaduras, hemos tenido más de 10 dictaduras en 200 años, es brutal, una dictadura con una represión muy por encima de lo que otras dictaduras han hecho, hay más de 328 muertos por el uso letal de las armas.

Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales.

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A inicios de octubre, con otros opositores orteguistas, usted estuvo en San Salvador reunido con la comisión de alto nivel de la OEA para contarle todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Para noviembre esta comisión debe presentar un informe de esto. ¿Qué espera la oposición de este informe cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro ha dicho que «Ortega gobierna Nicaragua, pero Maduro reprime Venezuela»?

Ortega reprime en Nicaragua, Ortega es una dictadura. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, en Nicaragua hay una dictadura represiva. Eso a todas luces está demostrado. De hecho, si uno ve en la cantidad de asesinados que existió en Nicaragua, en términos absolutos y relativos, es mayor a la de Venezuela. El reporte de la Comisión de Alto Nivel será el 13 de noviembre, que se cumplen los 75 días de mandado que se le dio a la Comisión. Nosotros esperamos que en esta Comisión de Alto Nivel, que ya es la segunda instancia que la OEA ha puesto a trabajar -la primera fue el grupo de 12 países, el grupo de trabajo, que fue formado en agosto de 2018-. El grupo de la comisión especial se formó a partir de la Asamblea General de Medellín, que fue en julio de este año, y ahí mandata a escribir este reporte.

Nosotros creemos que ya aquí se están agotando los canales y las vías de la OEA. Está, por un lado, la posibilidad de la aplicación del artículo 21 (De la Carta Democrática Interamericana), que es la suspensión de Nicaragua, pero también existen otras alternativas. Veremos qué dice la comisión, qué recomienda la comisión de la OEA. En este momento es muy prematuro adelantarse a lo que pueda decir, pero sí podemos hablar desde el punto de vista nuestro. Como Alianza Cívica hemos impulsado mucho la idea, y espero que la comisión especial lo retome, de la importancia que tiene las reformas electorales. En Nicaragua existe un sistema electoral totalmente corrupto. Existe un desprestigio total a la institución electoral, a diferencia de muchos países americanos. En la mayoría de los países latinoamericanos no se duda si se roban o no se roban los votos, o hay fraudes electorales; en el caso de Nicaragua, no se discute si hay fraude o no, eso está clarísimo. Nadie defiende, ni siquiera los sandinistas mismos, defienden la integridad del Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a encuestas que se han hecho durante años. Está comprobada la comisión delitos electorales y de fraudes electorales.

A nosotros nos interesa muchísimo el adelanto de las elecciones e impulsar un plan de reformas electorales que le traigan y lo devuelvan al ciudadano nicaragüense la confianza en el sistema electoral, que actualmente no la tiene.

¿Desde la oposición ya inició este plan de reformas electorales?

Sí, estos planes de reforma, en realidad, tienen varios años de estarse gestando. Comenzaron haciéndolos los partidos políticos, que son los más conocedores de los procesos. La Alianza, una organización joven, ha retomado cada uno de los planteamientos y en este momento estamos en un proceso de homologar todas las propuestas y hay bastante congruencia en lo que se debe hacer como reformas electorales.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha hablado también de la constitución de una coalición para poder ganar las elecciones a Ortega. ¿Cómo se está consolidando esta coalición?

La Alianza Cívica ha sido una organización clave en este proceso, opositora a Ortega. Siempre hemos planteado la necesidad de resolver este problema vía elecciones. Al cerrar las puertas de la mesa de la negociación, en julio de este año, cuando el gobierno no llegó a la convocatoria que nos hiciera la Asamblea General de la OEA, al llamarnos a ambas partes del conflicto y sentarnos, estamos planteando, replanteando, qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, hemos tomado la decisión estratégica de trabajar en la formación de esta coalición.

Esta coalición tiene que ser lo más amplia posible, tiene que ser sin distingos de ninguna índole, porque, precisamente, la represión que se dio en Nicaragua fue una represión contra personas que tenían distintas característica ideológicas, no fue un ataque a uno en particular, sino que fue generalizada. Lo que tenemos ahí es una situación de que esta elección debe de tener unas características de orden más plebiscitaria. Se debe parecer más a un plebiscito, decir no más dictadura y un cambio hacia la democracia. No va a tener, creemos nosotros, un tinto de debate ideológico, sino va a ser democracia versus dictadura. En ese sentido creemos nosotros que es muy factible conseguir una unidad, una unión entre todas las distintas organizaciones políticas, porque el objetivo es precisamente estar unificado.

La economía nicaragüense, según las últimas proyecciones del Banco Mundial, decreció -5 % en 2019. El año pasado, cuando se dio la crisis, el decrecimiento fue del -3.8 %. ¿Qué postura está asumiendo el sector empresarial ante el régimen Ortega-Murillo?

Es una postura de la necesidad de resolver el problema a través del diálogo político. La caída económica, que ha sido la peor crisis que ha estancado a Nicaragua en las últimas décadas, no se resuelve con políticas económicas, se resuelve precisamente con un diálogo político adecuado, honesto, que trate de resolver los problemas políticos, que son el origen de la crisis actual. No es a través de medidas económicas, como está pretendiendo el gobierno, que se va a solucionar el problema, hay un problema político. Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales. De hecho, el gobierno firmó un acuerdo, el 28 de marzo, en el cual aceptaba que se estaban violando derechos a la manifestación, a la reunión, derecho a portar la bandera nacional, incluso, y esos derechos, el gobierno firmó que los iba a restituir, y hasta el día de hoy no han sido restituidos.

Todavía hay medios de comunicación cerrados, como el caso de 100 % Noticias y todavía hay periodistas como Carlos Fernando Chamorro, del Confidencial, que está transmitiendo desde el exilio. Entonces no es cierto que las condiciones estén dadas, que estén normales, como ellos lo están planteando.

¿Puede la oposición y la comunidad internacional obligar a Ortega a celebrar elecciones presidenciales y que los resultados signifiquen la recuperación de la democracia en Nicaragua?

Ortega está obligado a hacerlo, por Constitución. Él es un dictador, pero si no llama a elecciones, estaría todavía violentando más. Él ha dicho que, incluso, está de acuerdo con reformas electorales, como lo estamos nosotros, solo que tiene que ser unas reformas electorales producto de un diálogo, y no de medidas unilaterales, porque solo va a ser cambio cosmético que le van a beneficiar a él. Hay temas fundamentales que se tienen que hablar, como la reelección presidencial, que ha sido problema histórico en Nicaragua, que ha fomentado el caudillismo. Yo estoy convencido que una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega, que nunca ha llegado arriba del 38 % en ninguna elección. En las elecciones donde ganó el doctor Alemán (José Arnoldo Alemán) y el ingeniero Bolaños (Enrique José Bolaños), el voto del sandinismo no llegó al 35 %. Y en el caso de cuando ganó, fue porque el voto liberal se partió en dos partes iguales y él obtuvo el 38 %, más un cambio constitucional que hizo, eso le permitió subir a la presidencia, pero nosotros creemos que después de todo lo pasado, Ortega ha perdido muchos seguidores, porque precisamente mucha de la represión ha sido en contra de los sandinistas mismos. Entonces, creo que si aquí se permiten condiciones electorales adecuadas, condiciones para poder hacer una elección justa, transparentes, y por eso es importante la observación electoral, Ortega no tiene chance de ganar.

El 14 de octubre la Unión Europa adoptó una serie de medidas a aplicar contra violaciones de derechos humanos, cometidas por individuos o instituciones, pero entiendo que hasta la fecha, estas medidas no se han ejecutado, pese a que organismos registran, usted lo ha dicho también, la muerte de 328 personas en Nicaragua. ¿Cómo recibió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia esta noticia?

Nosotros creemos que es importante que a los violadores de derechos humanos en Nicaragua, que están documentados, que están registrados, y que se sabe con ciencia cierta el involucramiento de fuerzas paramilitares, paraestatales, en el uso letal de la fuerza, estos responsables que, en muchos de los casos, a nivel de jefaturas, están identificados, deben de ser sancionados por la comunidad internacional.

Esto ha comenzado. No solamente lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Canadá. Obviamente la Unión Europea, por ser una entidad multinacional, tiene un proceso un poco distinto y antes de pasar al proceso de sanciones específicas, tiene que aprobar un marco general de sanciones y eso es lo que estamos en este momento. En este momento, la Unión Europea no ha llegado a sancionar a individuos específicos y creemos nosotros que esto ejerce presión.

Las sanciones generales contra el pueblo nicaragüense, creemos que ayudan muy poco, no ayudan para nada a la solución del problema político. No estamos a favor de que la Unión Europea modifique el acuerdo comercial en Nicaragua, por ejemplo. Eso sería, más bien, afectar de manera general. Y aquí lo que se quiere es conseguir qué violadores de derechos humanos sean sancionados.

Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela.

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Encarcelamiento de periodistas, cierre de medios y también castigo a los periódicos críticos al régimen. De seguir así la crisis, ¿cómo se agravarían las amenazas a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua?

La libertad de expresión está en su peor momento en la historia de Nicaragua. Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela. Miguel Mora, Lucía Pineda estuvieron más de 10 meses en cárcel, y tenemos, aproximadamente, 70 periodistas que están actualmente en el exilio. Algunos de ellos acá en El Salvador.

Realmente la situación de derechos humanos, derechos individuales y derechos a la información están en el peor momento en las últimas décadas. Ortega ha cercenado estos derechos de una manera abrupta, a punta de cárcel, confiscación, destierro y asesinato. Porque hay periodistas asesinados, como el caso de Ángel Gaona, un periodista, incluso, de tendencia sandinista, que fue asesinado en las manifestaciones, mientras cubría un evento en Bluefields.

El régimen todavía no liberta a todos los presos políticos y algunos que ya han sido liberados, al igual que líderes opositores, denuncian el acecho u acoso de las autoridades en sus casos. En los acuerdos logrados entre el gobierno y la alianza, quedaron pendientes acciones a ejecutar por parte del gobierno, entre estas la liberación de todos los presos y la restitución de las libertades públicas. Si esto no se cumple, ¿la oposición se niega a dialogar y esperará unas posibles elecciones?

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Esos dos acuerdos no han sido cumplidos a la totalidad. Todavía quedaron presos políticos de las listas conciliadas, en cárcel, lo cual atestigua sobre la falta de interés y respeto al acuerdo firmado. Ese es el primer acuerdo, el de liberación de todos los presos políticos. Y los presos que han sido excarcelados, o sea, estas personas sufren asedio y sufren continuos ataques y persecuciones con motorizados, paramilitares que llegan a sus casos, tomas de fotos, etc. Inclusive, el día de hoy, la Asociación de Madres de Abril está denunciando el acoso a los familiares de los asesinados. Estamos hablando de profanación de tumbas con pintas, diciéndoles que son terroristas, que no pudieron ni podrán. Tenemos fotos de estas cosas. A este nivel de maldad llega esta dictadura, de agarrar a los familiares de los asesinados, y profanar las tumbas de los asesinados.

Y está también al acuerdo del 28 de marzo, precisamente, ese segundo, de restitución de derechos y garantías constitucionales, donde hay 18 puntos que ellos no los han cumplido. El día sábado pasado, precisamente, tuvimos una manifestación donde no se nos permitió marchar en las calles.

 


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