Hamilton fue condenado en 2007, cuando tenía 18 años. Comenzó a pagar su condena en lo que él recuerda que sus compañeros denominaban «un infierno llamado Mariona», cuando en las cárceles del país no existían programas de reinserción, ni había indicios de intentar garantizar lo que por derecho les corresponde a los privados de libertad.

Ahora, más de 10 años después, continúa su condena en el penal de Apanteos, donde el Estado da los primeros pasos de lo que sería, en algún momento, la garantía integral del derecho a la reinserción. De acuerdo con lo que establece la Ley Penitenciaria en el artículo 27, inciso 3 de la Constitución de la República, es obligación del Estado «organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los internos, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos».

Por esto, la socióloga Nidia Umaña considera que «la cárcel se puede convertir en una nueva vulneración de derechos para los privados de libertad», por las condiciones en las que se encuentran las cárceles.

«Cuando se tiene una institución en crisis permanente es difícil implementar programas, porque si vive una crisis interna, la institución como tal padece un desgaste de gestión. La dinámica adentro era desordenada, sin control. Hubo masacres», expone Luis Rodríguez, quien trabajó en las bases de la ejecución del Yo Cambio y es el actual comisionado de Proyectos de la Presidencia de la República.

A partir de la institucionalización del modelo penitenciario en 2014, después de cuatro años de haber comenzado como una práctica en el penal de Apanteos, una parte de los privados de libertad comenzó a ser incluida, a participar en talleres educativos, culturales, artísticos y de servicio social. Sin embargo, en los centros penales en los que se implementa, el programa no ha logrado la participación de una parte de la población carcelaria que pertenece a pandillas.

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EN EL SECTOR 9 DEL CENTRO PENITENCIARIO de Apanteos, entre caminos estrechos y paredes ocupadas por murales que han pintado los privados de libertad, llega el día de visita. Cerca de las 10 de la mañana, la orquesta Yo Cambio Band, integrada por 20 reos condenados por delitos comunes, toca al ritmo del género tropical.

Entre la multitud algunos reos bailan y cantan, otros con su atuendo de payasos divierten a los niños que llegan a la visita, en medio de una tarima cultural están otros queriendo parecerse a algunos personajes de la televisión. Por un momento parece que aquel lugar es todo, menos un centro penal.

Las paredes están pintadas de amarillo y negro, los colores emblema del Yo Cambio. Los internos están uniformados con camisetas blancas. Todo parece en orden. Para llegar hasta el sector 9, se debe pasar por una galería creada por los privados de libertad, en donde están expuestas las pinturas que realizan dentro del taller de arte y cultura.

Al menos el 90 % de los integrantes de la orquesta no tenía conocimiento sobre música o instrumentos, lo aprendió en la cárcel. Hamilton reconoce que su sueño era ser cantante de un grupo, pero no tuvo la oportunidad hasta que llegó a la cárcel. «Acá fue donde comencé a aprender verdaderamente sobre música, no tenía modulación de mi voz, ni cómo llegar a una nota musical tan alta», cuenta el vocalista principal.

Por ello, la socióloga Umaña expresa que «habría que evaluar si se están reinsertando o, contradictoriamente, la cárcel se ha vuelto una opción para insertarse realmente, para que les reconozcamos como sujetos de derecho, porque nadie puede ser privado de la libertad o de sus derechos si no los ha gozado o reconocido antes».

A tres años de haber ingresado al centro penal, cuando le faltan siete años para cumplir su condena, Fernando Aguilera toca la conga en la orquesta, recuerda que, a pesar de que sabía tocar instrumentos como la batería, el piano y la güira, nunca fue parte de una agrupación de música hasta que llegó al centro penitenciario. Estudió hasta noveno grado. Actualmente, cursa primer año de bachillerato a distancia dentro de la cárcel. «Es una experiencia en la que se supera y aprovecha el tiempo el que quiere», comenta Aguilera.

Para los pandilleros el proceso de integrar el Yo Cambio se vuelve difícil por el cambio social que han experimentado con estos grupos. «Su arraigo social lo encontraron en la pandilla, por tanto, alcanzan un sentido de lealtad y pertenencia, pero como la pandilla migró a una práctica criminal hasta convertirse en crimen organizado. Ese vínculo les limita poder participar de manera masiva en estos programas», acota quien hasta el 31 de mayo asumió como director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima.

El involucramiento de los privados de libertad en las actividades de rehabilitación pretende ser un puente para llevarlos a los procesos de reinserción social. Según Lima, cerca de 24,500 personas que se denominan procesadas y condenadas por delitos comunes, es decir, que no pertenecen a pandillas, participan en un 100 % en el Yo Cambio. Hamilton y sus compañeros de orquesta forman parte de esta población. Rodríguez considera que «se les abre la puerta de forma diferente».

«Si un día le hicimos sufrir por nuestra mala conducta, le pedimos mil perdones. Hoy con nuestra música queremos hacerle reír y gozar», repite constantemente Hamilton en una de sus presentaciones en el museo del ferrocarril. Según la última encuesta sobre medidas extraordinarias del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), se reveló que el 57.6 % de los salvadoreños encuestados considera que, con las condiciones adecuadas, cualquier persona puede recuperarse.

Las pandillas, sin embargo, siguen siendo la parte de la población carcelaria que no está incluida en su totalidad en el Yo Cambio. En el centro de seguridad de Ciudad Barrios hay una población de 3,470 personas de las cuales 2,420 no participan en el programa. Este es un centro en donde están cumpliendo condena personas que pertenecen o han pertenecido a una pandilla.

“Cuando se tiene una institución en crisis permanente es difícil implementar programas, porque si vive una crisis interna, la institución como tal padece un desgaste de gestión. La dinámica adentro era desordenada, sin control. Hubo masacres”.

La Yo Cambio Band hace sus presentaciones fuera y dentro del centro penal. Desde la creación de la agrupación musical han llevado la orquesta alrededor de 100 lugares distintos del país. Siempre están acompañados por al menos tres custodios.

«Cuando salimos del centro penal seguridad nos acompaña. Llegamos a un lugar y la gente no sabe quiénes somos, entonces cuando se bajan los custodios, piensan que andamos hasta seguridad privada», expresa Hamilton, con un gesto de risa.

Cuando la orquesta hace su presentación, las personas bailan, cantan, toman fotografías, incluso algunos lloran cuando Hamilton menciona que son de un centro penal. «La aceptación que tenemos de parte de la sociedad es muy buena, aunque hay ocasiones en las que dirán que nos quemen a los presos; pero cuando salimos y hacemos este tipo de actividades, les demostramos que, por medio de la música, realmente podemos cambiar», dice Hamilton.

Dentro de la agrupación musical existe «un abanico diverso de delitos», expresa el director del centro penal de Apanteos, Geovany Cartagena. Entre estos delitos están homicidios, extorsión, delitos relativos a la administración pública, lavado de dinero, entre otros. Las penas oscilan entre los siete y 21 años.

«El reo que sabe enseña a los reos que no saben. Acá había personas que no sabían nada de música. Ahora cuando ya salgan hasta instructores de una banda de guerra pueden ser», repite Guillermo Girón, director de la Yo Cambio Band, uno de los pioneros de orquestas como Sangre Morena y Sangre Latina, reconocidas en el país por su trayectoria artística.

Girón cuenta que sus compañeros, que ahora son vocalistas, tenían el talento, pero no lo habían desarrollado, porque «allá afuera no se les habían dado las condiciones ni el espacio», expresa.

Hamilton y la mayoría de sus compañeros comentan no haber formado parte de una agrupación musical, ni podían tocar un instrumento o cantar. Fue hasta que llegaron a la cárcel que les dieron la oportunidad de hacerlo. «Cuando uno ve el perfil de la población carcelaria, se da cuenta de esta criminalización de estos sectores, que son poblaciones que ya tenían vulnerados sus derechos», acota Umaña. Por eso Cartagena expresa que «lo que no pudieron lograr allá afuera, por alguna razón, en el centro penitenciario lo logran».

«Nunca pensé que por cuestiones de la vida iba a venir aquí, y que acá, en Apanteos, me darían un espacio y la oportunidad de desempeñarme en la música», expresa Girón al recordar su trayectoria.

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PESE A LAS IMPLICACIONES ECONÓMICAS que conlleva desarrollar estos programas, el modelo penitenciario Yo Cambio no cuenta con una línea presupuestaria. Hasta el gobierno de Sánchez Cerén, lo que ha recibido ha sido como parte de una contribución especial. Por ello, Rodríguez expresa que «la voluntad política puede mover montañas o puede llevarnos a 10 años atrás».

«No hemos presentado nosotros una línea presupuestaria, eso es lo que estamos solicitando al Ministerio de Hacienda que va a entrar en el presupuesto de 2019-2020. Hemos recibido montos de la contribución especial. En cada trimestre hemos recibido cerca de $2 millones para compra de insumos, como instrumentos para las orquestas», afirma Lima.

Al inicio de la orquesta, Hamilton, vocalista de la Yo Cambio Band, recuerda que comenzaron con cubetas de pintura e instrumentos que sus familias les donaban, botes de sardina con piedritas adentro, que simulaban una maraca. No había micrófono ni sonido. Aclara que «fue un proceso difícil en muchas áreas, porque no es fácil estar haciendo música en un penal». Rodríguez recuerda que el Yo Cambio inicio sin fondos.

«El proyecto nace con dificultades, porque en un principio en el penal nadie creía en algo así. Incluso ni las autoridades, ni la misma administración», cuenta Inmer Rivas, quien paga una condena de 14 años. En la precariedad del proceso para consolidarse como una agrupación musical, Girón recuerda que le dijo a Hamilton «un día vamos a grabar un disco». Actualmente, se encuentran a un par de meses de lanzar sus primeros dos videoclips con arreglos originales de la orquesta.

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A DIFERENCIA DE OTROS TALLERES del programa Yo Cambio, la orquesta no recibe una compensación económica. Distintas municipalidades solicitan a la dirección general la prestación de la orquesta. Sin embargo, la Yo Cambio Band y el resto de las agrupaciones musicales de los distintos centros penales hacen sus presentaciones de forma gratuita. El convenio es que quien lo solicita les da transporte y alimentación, aunque no es obligatorio.

A pesar de que no reciben una remuneración, los músicos han llegado a distintas festividades nacionales. Se han preparado con un repertorio de 60 canciones. Tocan un poco más de 3 horas en cada presentación. «Sin repetir ninguna canción», añade Girón.

En Perú, existe un modelo que se llama Cárceles Productivas y funciona con la participación de las empresas privadas, de lo que se produce el 40 % del dinero es para la familia del privado de libertad, el 30 % para la responsabilidad civil y el otro 30 % para el interno, es como un salario. Aunque en el país no sería un salario, porque no cumple el monto del salario mínimo, pero sí una compensación económica.

Sin embargo, el pertenecer al modelo penitenciario Yo Cambio no reduce condenas, tampoco ofrece privilegios a los reos. Según Lima, existe la posibilidad de que alguien pueda decir «estoy condenado, para pasarla bien voy a ingresar al Yo Cambio y de ahí cuando salga voy a ser el mismo». Otro puede decir que «solo quiero estar en el programa para no estar desocupado», aunque el cambio de conducta no sea total.

“Habría que evaluar si se están reinsertando o, contradictoriamente, la cárcel se ha vuelto una opción para insertarse realmente, para que les reconozcamos como sujetos de derecho, porque nadie puede ser privado de la libertad o de sus derechos si no los ha gozado o reconocido antes”.

La Ley Penitenciaria en su artículo 105 establece que el trabajo penitenciario lo debe de realizar la persona en el marco del aprendizaje de un oficio, de un arte o de una técnica. Se admite la reducción de pena a aquel privado de libertad que participa con trabajos relacionados con la comunidad. Lima asegura que se hace más fácil evaluar a un privado de libertad porque estuvo participando en los diferentes programas que existen. Eso hace que se le tome en cuenta para que se vaya a un régimen de menor peligrosidad o de media pena.

Al trabajar en temas comunitarios, de interés social e institucional, el reo se vuelve acreedor a que se le evalué su trabajo y se le redima con la reducción de pena. En este caso, la reducción de pena es por cada día que trabaja le cuenta como dos días el cumplimiento de su condena. Si a una persona le faltan seis años y trabaja tres años, prácticamente se le reduce a la mitad, pero esa es una figura legal que existe, no es por pertenecer a un modelo penitenciario. Aunque no todos los delitos puedan optar a eso.

A Rivas le faltan nueve años para cumplir su condena por un delito común, es decir, un tipo de delito que puede ser realizado por cualquier persona y no se le exige ninguna condición natural o jurídica al sujeto; actualmente lleva cinco años dentro de la cárcel, y considera que por su participación activa y buena conducta en un periodo de dos años estaría recobrando su libertad.

El juez aprecia mucho la conducta, la relación con otros internos y el aprendizaje de un oficio al momento que dicta una libertad condicional o una libertad condicional anticipada. Aunque, Lima explica que cuando alguien cumple la media pena, pero no ha participado en los programas, entonces el juez no tiene elementos para evaluar y les sugiere que lo sometan al programa primero y después lo manden a evaluación.

Al preguntarles a los privados de libertad que están condenados por delitos comunes, responden que su familia es la motivación para ser parte de un programa de rehabilitación dentro del centro penal. Muchos de ellos han dejado a sus padres, esposa e hijos. Por eso deciden involucrarse con la esperanza de que cuando salgan puedan ofrecerles mejores condiciones de vida.

«A nosotros, para cambiar, nos mueven varios motivos, tenemos una familia. A veces, la sociedad nos puede estigmatizar y se le olvida que también nosotros tenemos familia. Tenemos personas que esperan por nosotros», expresa Rivas.

Aguilera comenta que en un futuro lo que está aprendiendo le va a abrir puertas tanto en su vida personal como profesional para que a la hora de recobrar su libertad ofrezca algo mejor a su familia.

Al cierre de la mañana del día de visita, los integrantes de la Yo Cambio Band se disponen a guardar los instrumentos en un cuarto que ha dispuesto el centro penal para que realicen sus ensayos. Es bastante pequeño, pero es suficiente para quienes hasta hace cinco años se les había negado el derecho a una vida digna y a procesos de reinserción social dentro de la cárcel. Aun cuando la Ley Penitenciaria lo estipuló desde hace de 20 años.

Ante las diferentes perspectivas de los programas que se desarrollan en los centros penitenciarios, Umaña considera que «en lugar de construir cárceles cada vez más grandes y más tecnificadas deberíamos construir escuelas para evitar el aumento de la población carcelaria». Por eso Rodríguez expresa que el reto de este gobierno es entrar en un proceso nacional de rehabilitación o recuperación de tejidos sociales que históricamente se han perdido, y que «el espíritu del Yo Cambio es el que debería tener cualquier política pública».