Las ciudades sin parques

Fotografía de Frederick Meza

A pocos metros de la zona centro del municipio de Ayutuxtepeque, desde hace 38 años, vive Félix Huezo. Lo hace en una de las zonas más populares. Mientras describe el municipio, comenta algo que le parece una curiosidad en la que no había caído: que en el casco de Ayutuxtepeque no existe ninguna área verde. Y concluye que es un fenómeno que, en gran parte, se debe a la sobrepoblación: «Las áreas menos pobladas son los cantones. El resto está».

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), Ayutuxtepeque cuenta con una población de 38,414 y una extensión territorial de 8.14 kilómetros cuadrados. Hasta 2018, según la mesa tripartita que incluye a la Policía Nacional Civil (PNC), Medicina Legal (ML) y a la Fiscalía General de la República (FGR), Ayutuxtepeque fue colocado como unos de los 10 municipios con mayor tasa de homicidios.

El Área Metropolitana de San Salvador se compone de 14 municipios, que no necesariamente pertenecen a un mismo departamento. Los unen más características que tienen que ver con urbanidad y también un organismo que entre sus responsabilidades está velar por la distribución del espacio. Es la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Según la OPAMSS, en los 14 municipios en donde se agolpan más de 2 millones de personas, la cantidad de áreas verdes disponibles apenas llega a un 30 % de lo que se considera básico de acuerdo con cálculos internacionales.

En comunidad. De acuerdo con indicadores internacionales, los espacios públicos deben ser inclusivos. Una cancha, por ejemplo, no la utilizan todos.

La AMSS está muy lejos de alcanzar los 16 metros cuadrados por habitante que demanda la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los nueve que establece como mínimo la Organización Mundial para la Salud (OMS). «La mayor parte de las zonas de Ayutuxtepeque no tienen áreas verdes, de hecho, no hay parque central, lo que hay es una plaza y no tiene estos espacios verdes», comenta Félix.

Félix vive en un condominio en el que hay pequeños espacios de recreación para las personas que lo habitan. Sin embargo, asegura: «Fuera de los condominios no hay espacio; es más, hasta hace poco, no había ni aceras». Al menos las dos áreas verdes que tiene el condominio donde vive son espacios utilizados por niños, jóvenes y adultos. Es una zona poblada de árboles, que son cuidados y protegidos por los habitantes de ese lugar. Hay mesas en donde comúnmente están jóvenes que se reúnen a platicar. También hay juegos, como columpios, en donde es visible el involucramiento de los niños.

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La OPAMSS determinó que Ayutuxtepeque y Cuscatancingo son los dos municipios con menos área libre por habitante. Los dos están abajo de 0.65 metros cuadrados. La abogada y gestora ambiental Alma Sánchez se hace una pregunta: «¿En dónde va a poder desarrollarse una persona con buena salud mental, si no tiene los espacios verdes necesarios para su recreación?»

Para Sánchez, que haya áreas verdes dentro de zonas residenciales, como los condominios de Félix, genera un impacto positivo, pero no cumple con la misión de integración que facilitan también los espacios comunales. «Viven en una isla que ya no interacciona con el resto de la ciudad, entonces, se vuelve una segregación espacial. Eso divide más a la sociedad, que de por sí ya está dividida».

La Ley de Urbanismo y Construcción considera que «la gran mayoría de las urbanizaciones que se han llevado a efecto en la ciudad capital lo han hecho en forma desordenada, mirando por regla general solo el beneficio de los urbanizadores y no el de las personas».

Félix recuerda que, cuando estaba pequeño, iba a cortar fruta o a dar un paseo de domingo al cerro El Carmen; era el área verde más grande de Ayutuxtepeque. Pero, hace algunos años, fue ocupado para construir viviendas. «Fue eliminado casi todo. Ahora es una zona en donde está la mayor parte de una populosa colonia», cuenta.

«Hemos encontrado en algunas colonias áreas que estaban reservadas para espacios públicos y han sido invadidas por asentamientos informales que se quedaron ahí, apropiándose de estos espacios», expone el técnico de la Unidad de Planificación Urbana de la OPAMSS, Carlos Calderón.

Sin espacio. En Mejicanos no hay espacios públicos que fomenten la interacción y el esparcimiento. Las personas ocupan, para esto, un área frente a la alcaldía municipal.

El déficit de áreas verdes no es solamente un problema del crecimiento acelerado de la población, sino también de la falta de interés por parte de las instituciones a las que compete el cuidado de estos espacios. La Política de Espacios Públicos considera que «dentro de las municipalidades las asignaciones presupuestarias son deficientes para el mantenimiento de los espacios verdes. Además, no hay asignación para la creación y el mantenimiento de los espacios públicos».

En 2015 fue cercado con tubos y malla ciclón el parque Balboa, ubicado en Los Planes de Renderos, por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). En ese momento, las autoridades de la institución en su página web informaron que pretendían brindar un mejor mantenimiento e iluminación al parque.

El abogado y defensor ambiental Camilo Melara es vecino de la zona y lleva ya cinco años realizando gestiones y organizando a la comunidad para que se conserven las áreas verdes y también para que estos espacios sean accesibles para todos y gratuitos. Con los vecinos de su lugar de residencia han unido esfuerzos para hacer llegar su demanda a las autoridades. Sin embargo, hasta la fecha no ha logrado una respuesta por parte de la Asamblea Legislativa y el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU).

Cuscatancingo es el segundo municipio con menos espacio verde del Área Metropolitana de San Salvador. Con más de 25 años de residir en este municipio, Sofía Calderón explica que el hecho de que haya pocas áreas verdes y que sean pequeñas, como el caso de su lugar de residencia, dificulta los espacios de recreación. «A lo mucho hay unas dos áreas verdes. Y no tengo entendido que la alcaldía esté ejecutando algún plan para erradicar el déficit de áreas verdes acá en el municipio», expone Calderón.

Félix, por su parte, considera que «Ayutuxtepeque también se ha vuelto un problema de sobrepoblación. Todo el espacio en el que se podría crear un área verde ya está ocupado por residenciales, incluso el mismo cerro está casi totalmente poblado».

Y aún así, este avance de la mancha urbana no ha sido suficiente para resolver otro problema. En 2018, el «Estudio sobre el Estado de la Vivienda en Centroamérica», elaborado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLADCS) del INCAE, reveló que el país tiene un déficit de casi 1.4 millones de viviendas dignas de las cuales 245,369 deben construirse nuevas y el 82 %, equivalente a unas 1.5 millones de las casas, debe renovarse.

«En Ayutuxtepeque, por ejemplo, hay colonias en donde las viviendas son muy accesibles para vivir», afirma Félix. La densidad poblacional de Ayutuxtepeque ascendió a los 3,373 habitantes por kilómetro cuadrado, según el último censo. El aumento en la población ha propiciado que se construyan más complejos habitacionales y se reduzca el espacio de las áreas verdes.

Según el jefe de la Unidad de Turicentros y Parques Recreativos del ISTU, Héctor Galdámez, la falta de áreas verdes en el Área Metropolitana de San Salvador es un problema de urbanismo, y adjudica al alto grado poblacional la construcción de más espacios habitacionales y menos áreas verdes.

El déficit de áreas verdes no es solamente un problema del crecimiento acelerado de la población sino también de la falta de interés por parte de las instituciones a las que compete el cuidado de estos espacios. La Política de Espacios Públicos considera que “dentro de las municipalidades las asignaciones presupuestarias son deficientes para el mantenimiento de los espacios verdes. Además, no hay una asignación para la creación y el mantenimiento de los espacios públicos”.

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A 300 metros del centro de Ayutuxtepeque vive Carlos Clará, en una residencial con un aproximado de 40 casas. En medio del bullicio que genera vivir en una de las partes más transitadas de este municipio, Clará comenta que no solo existe escasez de áreas verdes, además, las que existen no son visitadas por la crisis delincuencial que atraviesa el territorio. En 2018, LPG Datos por medio de las estadísticas brindadas por la PNC, Medicina Legal y la FGR colocó a Ayutuxtepeque como uno de los municipios más violentos del país.

«A los gobiernos centrales y municipales no les interesan los temas ambientales. Deberían poner énfasis en la seguridad, las personas no van a ir a una zona verde si a lo que pueden ir es a perder la vida. Lejos de ser lugares agradable para recrearse con la familia, se han convertido en lugares para delinquir», comenta el inspector ambiental de la Alcaldía Municipal de Mejicanos, Orlando Roque.

Según Sánchez, los espacios públicos deben ser inclusivos para que permitan democratizar y dar una dosis de sanidad mental, psicológica y física a los habitantes, que son derechos constitucionales. La Política de Espacios Públicos contempla que, al diseñar y habilitar los espacios públicos de recreación, no se ha considerado a toda la población y la diversidad de sus necesidades. Esto deja de lado a sectores que tienen limitadas oportunidades de acceso.

Libre entrada. Hay comunidades que se han organizado para exigir que los parques sean gratuitos y así facilitar a la población ejercer uno de sus derechos.

«Una cancha es lo que tradicionalmente se ha considerado un espacio público barrial, en la mayoría de los casos no ofrece todas las ofertas para todas las personas», acota el jefe del Observatorio Metropolitano de la OPAMSS, Tito Arias. Félix, el vecino de Ayutuxtepeque, comenta que el único espacio que ha sobrevivido de aquel cerro El Carmen en donde iba a recoger fruta es, justamente, una cancha.

Por su parte, Calderón considera que, por nuestra cultura, el espacio público recreativo lo concebimos y lo mezclamos con actividades deportivas, en otros países lo separan completamente. «Por eso se da el fenómeno de que cuando uno va a hacer un espacio público, lo primero que la gente pide es una cancha; en ese caso, estoy excluyendo a la otra parte de la población, a los adultos, a las mujeres y a los niños. En una cancha de fútbol, los que van a hacer uso son los 22 jugadores, pero no las demás personas», expresa Calderón.

Además, los espacios públicos deben estar dotados de áreas verdes. «Muchos alaban la revitalización urbanística del espacio público que hizo el gobierno de Nayib Bukele en su periodo como alcalde de San Salvador, en la plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral. Es una plaza bella por la noche, pero, al mediodía, ¿quién se va a ir a sentar o interactuar a una plaza de cemento, si no hay áreas verdes?», comenta la abogada y gestora ambiental Sánchez.

Actualmente, la OPAMSS es la única institución que mide el área verde por cada habitante en la Zona Metropolitana de San Salvador. Sin embargo, este indicador no toma en cuenta la calidad del espacio público, es decir, si es accesible, si se encuentra en buen estado, si está siendo funcional, si se encuentra en desuso o si las autoridades correspondientes le brindan mantenimiento.

Además, los espacios públicos deben estar dotados de áreas verdes. “Muchos alaban la revitalización urbanística del espacio público que hizo el gobierno de Nayib Bukele en su periodo como alcalde de San Salvador, en la plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral. Es una plaza bella por la noche, pero, al mediodía, ¿quién se va a ir a sentar o interactuar a una plaza de cemento, si no hay áreas verdes?”, comenta la abogada y gestora ambiental Sánchez.

Para sacar el indicador de cuánto espacio verde hay por cada habitante, la OPAMSS realiza las mediciones con 10 metros cuadrados por habitante, como parámetro. En 2015, se encontró que existía 3.17 metros cuadrados por habitante. En 2018, la cifra bajó a 3.14. Es decir, hay menos área verde para cada habitante.

«Si la población aumenta, debería de aumentar proporcionalmente el espacio público, pero eso no está pasando. Entonces, el déficit de áreas verdes aumenta», asegura Calderón. La Ley de Medio Ambiente plantea que debe existir un equilibrio entre los asentamientos humanos, es decir, el lugar donde se establece una persona o comunidad y las medidas de conservación del medio ambiente y de interacción de la comunidad, en este caso, las áreas verdes.

Roque considera que existe una construcción irresponsable no solo en complejos habitacionales sino también en la industria, porque se han construido empresas extranjeras, fábricas y gasolineras en zonas verdes. Expone el caso de grandes industrias que fueron ubicadas en lugares donde antes eran áreas verdes.

Ante la falta de áreas verdes, los habitantes no tienen la oportunidad de socializar con otras personas. «La carencia de estos espacios limita la convivencia con otras colonias, con otras personas, el compartir con nuestros hijos y que ellos hagan amigos. Llegamos del trabajo, nos encerramos en la casa, pero es un micromundo que podría ser más grande», comenta Clará.

Aunque, según las estadísticas de la OPAMMS, existen municipios como Antiguo Cuscatlán que cuentan con espacios verdes con los que se superan el indicador de 10 metros cuadrados por habitante. Pese a ello, la distribución de este espacio verde no es equitativa, ya que este municipio cuenta con residenciales en las que los parques están adentro y no todos tienen acceso a ellos.

«El indicador puede decir que en cuanto a número está muy bien, pero en cuanto a distribución de ese espacio público no está distribuido de la mejor manera o no es accesible para la mayoría de personas que lo visita. A parte que Antiguo Cuscatlán es un municipio con menos población que el resto de los medidos por la OPAMMS», explica Tito.

Sin embargo, en medio del déficit de áreas verdes que existe, aún hay parques que se convierten en un intento por solventar estos vacíos, entre ellos el parque Bicentenario, el parque El Recreo y el parque Satélite que son de las áreas verdes más grandes del país. Aunque existen otros 14 parques que son administrados por el ISTU, entre ellos el Cerro Verde, el parque Walter Thilo Deininger y el parque Balboa. El acceso a estos espacios verdes genera un costo.

«En otros países el acceso a espacios verdes cuesta entre $10 y $12 la entrada, en cambio en el país nosotros cobramos $1.50, que se utiliza para el mantenimiento de estas áreas naturales. También se destina a educación ambiental para prevenir que las áreas verdes no se continúen dañando», acota Galdámez. El ISTU recibe un subsidio por parte del Gobierno, el resto de los ingresos los generan a partir de las cuotas que las personas deben pagar para acceder a estos lugares naturales.

Desde Los Planes de Renderos, Camilo Melara recuerda que, una mañana, las autoridades del ISTU llegaron al parque Balboa y lo cercaron, comenzaron a cobrar una cuota por cada visitante. Lo que él considera que generó menos visitas, un declive en el comercio y un aumento de la delincuencia.

«A la hora de definir los cobros, tenían que considerar la capacidad económica de las personas, cobran $1.50 cuando el salario mínimo ni siquiera incluye recreación; es injusto», aclara Melara. Sin embargo, Galdámez considera que «el costo es mínimo y los ingresos se ocupan para el mantenimiento de las áreas verdes que se encuentran bajo nuestra responsabilidad», como el caso del parque Balboa.

Melara considera que «la Asamblea Legislativa debería interesarse en el déficit de áreas verdes y el Gobierno debe invertir en estos espacios. Es fundamental para el bienestar de la ciudadanía, porque no se está haciendo nada sobre el tema».

Entre sombras. Diseñar áreas de recreación y esparcimiento implica también hacerlas cómodas y funcionales, con árboles para que la estancia sea agradable y segura a cualquier hora del día.

El estudio «Los espacios verdes en las ciudades» establece que, desde el punto de vista social, las áreas verdes son lugares de encuentro donde se practican determinadas actividades, generalmente recreativas, que requieren de mayor espacio que el que nos ofrece una vivienda. En la actualidad es muy común observar ciudadanos que utilizan los parques y plazas como lugar de entrenamiento para correr o de aquellos que corren como actividad sana o de interacción con otros. También son utilizados para un paseo familiar o para convivir con otras personas del mismo sitio.

Según Calderón, en el país no hay lugares de sano esparcimiento. Los jóvenes, que son los más vulnerables, no tienen donde ocupar su tiempo libre en espacios de recreación. Pese a los esfuerzos que ciudadanos como Melara han realizado para lograr la conservación de las áreas verdes, en el país sigue existiendo una diferencia abismal entre los parámetros que proponen organizaciones como la OMS y lo que realmente se tiene. En lugar de que el déficit se reduzca, con el paso de los años, aumenta.

Las áreas verdes son sitios para recreación en la mayoría de las ciudades, especialmente para los habitantes con menos ingresos. Estos tienden a frecuentar más los parques, sin embargo, al tener un costo monetario, la probabilidad para acceder es menor. «Una familia de escasos recursos, de al menos cinco personas, ya no entra, para ellos significa un gasto grande», detalla Melara.

Melara expone que cuando cercaron el parque Balboa y comenzó junto con sus vecinos a hacer demandas al ISTU y a la Sala de lo Contencioso Administrativo, las autoridades no mostraron interés en responder a las solicitudes, por lo que esperan que el nuevo gobierno pueda implementar medidas ambientales que contemplen el mantenimiento y la accesibilidad de las áreas verdes como espacios libres y vitales para la recreación de los ciudadanos.

Una utopía llamada reinserción

Fotografía de Franklin Zelaya

Hamilton fue condenado en 2007, cuando tenía 18 años. Comenzó a pagar su condena en lo que él recuerda que sus compañeros denominaban «un infierno llamado Mariona», cuando en las cárceles del país no existían programas de reinserción, ni había indicios de intentar garantizar lo que por derecho les corresponde a los privados de libertad.

Ahora, más de 10 años después, continúa su condena en el penal de Apanteos, donde el Estado da los primeros pasos de lo que sería, en algún momento, la garantía integral del derecho a la reinserción. De acuerdo con lo que establece la Ley Penitenciaria en el artículo 27, inciso 3 de la Constitución de la República, es obligación del Estado «organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los internos, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos».

Por esto, la socióloga Nidia Umaña considera que «la cárcel se puede convertir en una nueva vulneración de derechos para los privados de libertad», por las condiciones en las que se encuentran las cárceles.

«Cuando se tiene una institución en crisis permanente es difícil implementar programas, porque si vive una crisis interna, la institución como tal padece un desgaste de gestión. La dinámica adentro era desordenada, sin control. Hubo masacres», expone Luis Rodríguez, quien trabajó en las bases de la ejecución del Yo Cambio y es el actual comisionado de Proyectos de la Presidencia de la República.

A partir de la institucionalización del modelo penitenciario en 2014, después de cuatro años de haber comenzado como una práctica en el penal de Apanteos, una parte de los privados de libertad comenzó a ser incluida, a participar en talleres educativos, culturales, artísticos y de servicio social. Sin embargo, en los centros penales en los que se implementa, el programa no ha logrado la participación de una parte de la población carcelaria que pertenece a pandillas.

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EN EL SECTOR 9 DEL CENTRO PENITENCIARIO de Apanteos, entre caminos estrechos y paredes ocupadas por murales que han pintado los privados de libertad, llega el día de visita. Cerca de las 10 de la mañana, la orquesta Yo Cambio Band, integrada por 20 reos condenados por delitos comunes, toca al ritmo del género tropical.

Entre la multitud algunos reos bailan y cantan, otros con su atuendo de payasos divierten a los niños que llegan a la visita, en medio de una tarima cultural están otros queriendo parecerse a algunos personajes de la televisión. Por un momento parece que aquel lugar es todo, menos un centro penal.

Las paredes están pintadas de amarillo y negro, los colores emblema del Yo Cambio. Los internos están uniformados con camisetas blancas. Todo parece en orden. Para llegar hasta el sector 9, se debe pasar por una galería creada por los privados de libertad, en donde están expuestas las pinturas que realizan dentro del taller de arte y cultura.

Lugar de ensayos. Se les ha permitido a los integrantes de la orquesta hacer sus ensayos por las mañanas en un pequeño cuarto. Por la tarde, algunos estudian.

Al menos el 90 % de los integrantes de la orquesta no tenía conocimiento sobre música o instrumentos, lo aprendió en la cárcel. Hamilton reconoce que su sueño era ser cantante de un grupo, pero no tuvo la oportunidad hasta que llegó a la cárcel. «Acá fue donde comencé a aprender verdaderamente sobre música, no tenía modulación de mi voz, ni cómo llegar a una nota musical tan alta», cuenta el vocalista principal.

Por ello, la socióloga Umaña expresa que «habría que evaluar si se están reinsertando o, contradictoriamente, la cárcel se ha vuelto una opción para insertarse realmente, para que les reconozcamos como sujetos de derecho, porque nadie puede ser privado de la libertad o de sus derechos si no los ha gozado o reconocido antes».

A tres años de haber ingresado al centro penal, cuando le faltan siete años para cumplir su condena, Fernando Aguilera toca la conga en la orquesta, recuerda que, a pesar de que sabía tocar instrumentos como la batería, el piano y la güira, nunca fue parte de una agrupación de música hasta que llegó al centro penitenciario. Estudió hasta noveno grado. Actualmente, cursa primer año de bachillerato a distancia dentro de la cárcel. «Es una experiencia en la que se supera y aprovecha el tiempo el que quiere», comenta Aguilera.

Para los pandilleros el proceso de integrar el Yo Cambio se vuelve difícil por el cambio social que han experimentado con estos grupos. «Su arraigo social lo encontraron en la pandilla, por tanto, alcanzan un sentido de lealtad y pertenencia, pero como la pandilla migró a una práctica criminal hasta convertirse en crimen organizado. Ese vínculo les limita poder participar de manera masiva en estos programas», acota quien hasta el 31 de mayo asumió como director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima.

El involucramiento de los privados de libertad en las actividades de rehabilitación pretende ser un puente para llevarlos a los procesos de reinserción social. Según Lima, cerca de 24,500 personas que se denominan procesadas y condenadas por delitos comunes, es decir, que no pertenecen a pandillas, participan en un 100 % en el Yo Cambio. Hamilton y sus compañeros de orquesta forman parte de esta población. Rodríguez considera que «se les abre la puerta de forma diferente».

«Si un día le hicimos sufrir por nuestra mala conducta, le pedimos mil perdones. Hoy con nuestra música queremos hacerle reír y gozar», repite constantemente Hamilton en una de sus presentaciones en el museo del ferrocarril. Según la última encuesta sobre medidas extraordinarias del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), se reveló que el 57.6 % de los salvadoreños encuestados considera que, con las condiciones adecuadas, cualquier persona puede recuperarse.

Las pandillas, sin embargo, siguen siendo la parte de la población carcelaria que no está incluida en su totalidad en el Yo Cambio. En el centro de seguridad de Ciudad Barrios hay una población de 3,470 personas de las cuales 2,420 no participan en el programa. Este es un centro en donde están cumpliendo condena personas que pertenecen o han pertenecido a una pandilla.

“Cuando se tiene una institución en crisis permanente es difícil implementar programas, porque si vive una crisis interna, la institución como tal padece un desgaste de gestión. La dinámica adentro era desordenada, sin control. Hubo masacres”.

La Yo Cambio Band hace sus presentaciones fuera y dentro del centro penal. Desde la creación de la agrupación musical han llevado la orquesta alrededor de 100 lugares distintos del país. Siempre están acompañados por al menos tres custodios.

«Cuando salimos del centro penal seguridad nos acompaña. Llegamos a un lugar y la gente no sabe quiénes somos, entonces cuando se bajan los custodios, piensan que andamos hasta seguridad privada», expresa Hamilton, con un gesto de risa.

Cuando la orquesta hace su presentación, las personas bailan, cantan, toman fotografías, incluso algunos lloran cuando Hamilton menciona que son de un centro penal. «La aceptación que tenemos de parte de la sociedad es muy buena, aunque hay ocasiones en las que dirán que nos quemen a los presos; pero cuando salimos y hacemos este tipo de actividades, les demostramos que, por medio de la música, realmente podemos cambiar», dice Hamilton.

Dentro de la agrupación musical existe «un abanico diverso de delitos», expresa el director del centro penal de Apanteos, Geovany Cartagena. Entre estos delitos están homicidios, extorsión, delitos relativos a la administración pública, lavado de dinero, entre otros. Las penas oscilan entre los siete y 21 años.

«El reo que sabe enseña a los reos que no saben. Acá había personas que no sabían nada de música. Ahora cuando ya salgan hasta instructores de una banda de guerra pueden ser», repite Guillermo Girón, director de la Yo Cambio Band, uno de los pioneros de orquestas como Sangre Morena y Sangre Latina, reconocidas en el país por su trayectoria artística.

Girón cuenta que sus compañeros, que ahora son vocalistas, tenían el talento, pero no lo habían desarrollado, porque «allá afuera no se les habían dado las condiciones ni el espacio», expresa.

Con los instrumentos.

Hamilton y la mayoría de sus compañeros comentan no haber formado parte de una agrupación musical, ni podían tocar un instrumento o cantar. Fue hasta que llegaron a la cárcel que les dieron la oportunidad de hacerlo. «Cuando uno ve el perfil de la población carcelaria, se da cuenta de esta criminalización de estos sectores, que son poblaciones que ya tenían vulnerados sus derechos», acota Umaña. Por eso Cartagena expresa que «lo que no pudieron lograr allá afuera, por alguna razón, en el centro penitenciario lo logran».

«Nunca pensé que por cuestiones de la vida iba a venir aquí, y que acá, en Apanteos, me darían un espacio y la oportunidad de desempeñarme en la música», expresa Girón al recordar su trayectoria.

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PESE A LAS IMPLICACIONES ECONÓMICAS que conlleva desarrollar estos programas, el modelo penitenciario Yo Cambio no cuenta con una línea presupuestaria. Hasta el gobierno de Sánchez Cerén, lo que ha recibido ha sido como parte de una contribución especial. Por ello, Rodríguez expresa que «la voluntad política puede mover montañas o puede llevarnos a 10 años atrás».

«No hemos presentado nosotros una línea presupuestaria, eso es lo que estamos solicitando al Ministerio de Hacienda que va a entrar en el presupuesto de 2019-2020. Hemos recibido montos de la contribución especial. En cada trimestre hemos recibido cerca de $2 millones para compra de insumos, como instrumentos para las orquestas», afirma Lima.

Al inicio de la orquesta, Hamilton, vocalista de la Yo Cambio Band, recuerda que comenzaron con cubetas de pintura e instrumentos que sus familias les donaban, botes de sardina con piedritas adentro, que simulaban una maraca. No había micrófono ni sonido. Aclara que «fue un proceso difícil en muchas áreas, porque no es fácil estar haciendo música en un penal». Rodríguez recuerda que el Yo Cambio inicio sin fondos.

Los instrumentos. La Yo Cambio Band inició con instrumentos artesanales. Actualmente, entre trompetas, baterías y congas, cada uno de los integrantes tiene su propio instrumento.

«El proyecto nace con dificultades, porque en un principio en el penal nadie creía en algo así. Incluso ni las autoridades, ni la misma administración», cuenta Inmer Rivas, quien paga una condena de 14 años. En la precariedad del proceso para consolidarse como una agrupación musical, Girón recuerda que le dijo a Hamilton «un día vamos a grabar un disco». Actualmente, se encuentran a un par de meses de lanzar sus primeros dos videoclips con arreglos originales de la orquesta.

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A DIFERENCIA DE OTROS TALLERES del programa Yo Cambio, la orquesta no recibe una compensación económica. Distintas municipalidades solicitan a la dirección general la prestación de la orquesta. Sin embargo, la Yo Cambio Band y el resto de las agrupaciones musicales de los distintos centros penales hacen sus presentaciones de forma gratuita. El convenio es que quien lo solicita les da transporte y alimentación, aunque no es obligatorio.

A pesar de que no reciben una remuneración, los músicos han llegado a distintas festividades nacionales. Se han preparado con un repertorio de 60 canciones. Tocan un poco más de 3 horas en cada presentación. «Sin repetir ninguna canción», añade Girón.

En Perú, existe un modelo que se llama Cárceles Productivas y funciona con la participación de las empresas privadas, de lo que se produce el 40 % del dinero es para la familia del privado de libertad, el 30 % para la responsabilidad civil y el otro 30 % para el interno, es como un salario. Aunque en el país no sería un salario, porque no cumple el monto del salario mínimo, pero sí una compensación económica.

Sin embargo, el pertenecer al modelo penitenciario Yo Cambio no reduce condenas, tampoco ofrece privilegios a los reos. Según Lima, existe la posibilidad de que alguien pueda decir «estoy condenado, para pasarla bien voy a ingresar al Yo Cambio y de ahí cuando salga voy a ser el mismo». Otro puede decir que «solo quiero estar en el programa para no estar desocupado», aunque el cambio de conducta no sea total.

“Habría que evaluar si se están reinsertando o, contradictoriamente, la cárcel se ha vuelto una opción para insertarse realmente, para que les reconozcamos como sujetos de derecho, porque nadie puede ser privado de la libertad o de sus derechos si no los ha gozado o reconocido antes”.

La Ley Penitenciaria en su artículo 105 establece que el trabajo penitenciario lo debe de realizar la persona en el marco del aprendizaje de un oficio, de un arte o de una técnica. Se admite la reducción de pena a aquel privado de libertad que participa con trabajos relacionados con la comunidad. Lima asegura que se hace más fácil evaluar a un privado de libertad porque estuvo participando en los diferentes programas que existen. Eso hace que se le tome en cuenta para que se vaya a un régimen de menor peligrosidad o de media pena.

Al trabajar en temas comunitarios, de interés social e institucional, el reo se vuelve acreedor a que se le evalué su trabajo y se le redima con la reducción de pena. En este caso, la reducción de pena es por cada día que trabaja le cuenta como dos días el cumplimiento de su condena. Si a una persona le faltan seis años y trabaja tres años, prácticamente se le reduce a la mitad, pero esa es una figura legal que existe, no es por pertenecer a un modelo penitenciario. Aunque no todos los delitos puedan optar a eso.

A Rivas le faltan nueve años para cumplir su condena por un delito común, es decir, un tipo de delito que puede ser realizado por cualquier persona y no se le exige ninguna condición natural o jurídica al sujeto; actualmente lleva cinco años dentro de la cárcel, y considera que por su participación activa y buena conducta en un periodo de dos años estaría recobrando su libertad.

El juez aprecia mucho la conducta, la relación con otros internos y el aprendizaje de un oficio al momento que dicta una libertad condicional o una libertad condicional anticipada. Aunque, Lima explica que cuando alguien cumple la media pena, pero no ha participado en los programas, entonces el juez no tiene elementos para evaluar y les sugiere que lo sometan al programa primero y después lo manden a evaluación.

Animación. Con un sonido que se escucha en todos los rincones de Apanteos, la Yo Cambio Band anima con su música los días de visita.

Al preguntarles a los privados de libertad que están condenados por delitos comunes, responden que su familia es la motivación para ser parte de un programa de rehabilitación dentro del centro penal. Muchos de ellos han dejado a sus padres, esposa e hijos. Por eso deciden involucrarse con la esperanza de que cuando salgan puedan ofrecerles mejores condiciones de vida.

«A nosotros, para cambiar, nos mueven varios motivos, tenemos una familia. A veces, la sociedad nos puede estigmatizar y se le olvida que también nosotros tenemos familia. Tenemos personas que esperan por nosotros», expresa Rivas.

Aguilera comenta que en un futuro lo que está aprendiendo le va a abrir puertas tanto en su vida personal como profesional para que a la hora de recobrar su libertad ofrezca algo mejor a su familia.

Al cierre de la mañana del día de visita, los integrantes de la Yo Cambio Band se disponen a guardar los instrumentos en un cuarto que ha dispuesto el centro penal para que realicen sus ensayos. Es bastante pequeño, pero es suficiente para quienes hasta hace cinco años se les había negado el derecho a una vida digna y a procesos de reinserción social dentro de la cárcel. Aun cuando la Ley Penitenciaria lo estipuló desde hace de 20 años.

Ante las diferentes perspectivas de los programas que se desarrollan en los centros penitenciarios, Umaña considera que «en lugar de construir cárceles cada vez más grandes y más tecnificadas deberíamos construir escuelas para evitar el aumento de la población carcelaria». Por eso Rodríguez expresa que el reto de este gobierno es entrar en un proceso nacional de rehabilitación o recuperación de tejidos sociales que históricamente se han perdido, y que «el espíritu del Yo Cambio es el que debería tener cualquier política pública».

Integrantes. Cuando la orquesta inició tenía 10 integrantes. Actualmente son 17 tocando instrumentos y tres en staff, quienes se encargan del sonido.

Retratos de la esquizofrenia

Retratos de la esquizofrenia

Las primeras crisis delirantes aparecieron cuando era una adolescente. Aun así, estaba lo suficientemente bien como para continuar con sus estudios. Cuando empezó a estudiar Arquitectura, los síntomas se intensificaron tanto, que con frecuencia tenía que ser ingresada en un hospital. Ana Elsy tiene hoy 30 años y un diagnóstico de esquizofrenia hebefrénica, una de las más graves.

Jesús Martínez, médico psiquiatra del Hospital de Día de Psiquiatría del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), explica que los pacientes con esquizofrenia «es común que tengan ideas delirantes que no aceptan confrontación, pueden estar escuchando voces y viendo cosas que no existen. Expresan que alguien les está haciendo daño o que los quieren secuestrar».

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), la esquizofrenia se ha caracterizado por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta, lo que puede afectar el desempeño educativo y laboral de quien la padece.

Ana Elsy, en su intento por obtener un título universitario, continuó. Sin embargo, en el período de evaluaciones se descompensaba. Uno de los maestros de la universidad privada a la que asistía le dijo a Carmen, madre de Ana Elsy, que su hija no podía continuar sus estudios, «porque la universidad preparaba alumnos para la vida competitiva y con ese diagnóstico no calificaba, que no tenían las condiciones para atender ese tipo de problemas con los estudiantes», recuerda Carmen.

Las causas de la esquizofrenia no se han determinado por completo. Lo que sí está claro es que entre más temprano se identifique, más posibilidades existen de que el paciente no se descompense. Según datos del Ministerio de Salud (MINSAL), solo en 2017 fueron diagnosticados con esquizofrenia 2,425. Los nuevos casos encontrados en 2018 fueron 2,953.

Sin embargo, el principal problema de Ana Elsy no es la esquizofrenia. El mayor obstáculo es vivir en una sociedad que se niega a ser un puente de ayuda y comunicación para ella, quien además debe cargar con un sistema de salud sin los recursos necesarios para el control de su padecimiento. Cuando el medicamento no rendía efectos, Ana Elsy terminaba en una crisis. En toda la red de hospitales públicos hay 14,052 personas que reciben un tratamiento por esquizofrenia. El Instituto Nacional de Salud Mental afirma que cuando la esquizofrenia no se trata, el riesgo de que el paciente tenga conductas violentas o agresivas es mayor.

Los trastornos mentales son de los problemas de salud más frecuentes en el mundo y también son los que presentan un alto déficit de atención. Son producto de componentes biológicos, psicológicos y sociales que afectan al entorno en que se desenvuelve una persona, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Ana Elsy vivió casi 15 años de su vida sin socializar, sin comunicarse, entre incoherencias e inconsistencias, condenada a que la encasillaran como «loca o demente». Soportó el rechazo, las burlas y el aislamiento de los grupos que frecuentaba, «es que el mundo no está preparado para aceptarnos», repite Carmen.

Buscando ayuda fue como Carmen pasó la frontera del miedo y el estigma, aun sabiendo que uno de los caminos más pedregosos en el país es el de la salud mental. Hasta la creación de la Política Nacional de Salud Mental, la disponibilidad de recursos humanos fue de 10.01 por cada 100 mil habitantes, con un total de 92 psiquiatras en el sector público. Según datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NML), son los psiquiatras quienes examinan y diagnostican la esquizofrenia.

En 2019, el presupuesto para salud es de $662 millones. De los cuales, alrededor de $14 millones están destinados al Hospital Nacional de Psiquiatría Dr. José Molina Martínez, en donde es distribuido en la dirección y administración institucional y en servicios integrales de salud, según el MINSAL.

Sin embargo, cuando Carmen llegó a este hospital, se dio cuenta de que «las consultas son cada tres o cada seis meses, aunque el paciente tenga un cuadro delirante devastador y los medicamentos sean antiguos y causen efectos secundarios muy fuertes e intolerables, como en el caso de su hija», cuenta Carmen. La OMS afirma que por falta de recursos existen hospitales psiquiátricos a la antigua usanza que no son eficaces a la hora de proporcionar el tratamiento que necesitan las personas con trastornos mentales.

Pese a que, de cada 1,000 personas mayores de 15 años, cinco de ellas presentan un cuadro de esquizofrenia, según el MINSAL. «Los medicamentos en los hospitales nacionales se ponen escasos. Hay cuidadores que tienen que esperar que haya y eso hace caer en crisis al paciente», cuenta Yanira de Orellana, la presidenta de la Asociación Salvadoreña de Familiares y Amigos de Personas con Esquizofrenia y otras Discapacidades Mentales (ASFAE), quien trabaja con este tipo de casos.

Arturo Carranza, jefe de la Unidad de Salud Mental del MINSAL, asegura que no existe una línea presupuestaria para la salud mental en particular, por lo que considera que se necesitan más recursos y desarrollar ofertas de servicio descentralizadas para lograr apoyar a las familias en el territorio.

“Las consultas son cada tres o cada seis meses, aunque el paciente tenga un cuadro delirante devastador y los medicamentos sean antiguos y causen efectos secundarios muy fuertes e intolerables, como en el caso de su hija”, cuenta Carmen

Hasta 2017, solo se contaba con una Política Nacional de Salud Mental. En junio de ese año, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley de Salud Mental. No obstante, la legislación no contempló cada una de las patologías por separado, sino desde la generalidad. Estipula que el Estado, por medio del Ministerio de Salud es responsable de garantizar la protección de la salud mental de las personas, desde su prevención, promoción, atención, restablecimiento y rehabilitación en las diferentes etapas de desarrollo.

Nelson Flamenco, miembro de la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM), cuenta que para la creación de la ley no fueron tomadas en cuenta las asociaciones que trabajan en el país por este rubro, y que no existen recursos para el cumplimiento de la legislación. «Aprobaron una ley que no tiene presupuesto, qué hace una ley sin atención a familias, sin atención a las comunidades y sin descentralizar los servicios de salud mental», acota Flamenco.

La ley establece que a toda familia que tiene a su cargo una persona con trastornos mentales, el Estado debe garantizarle la participación en actividades culturales, recreativas, deportivas y de esparcimiento, para que contribuyan al desarrollo integral del paciente. Carranza asegura que aún les faltan retos a superar, y lo que se ha generado hasta el momento es una plataforma mínima.

Estabilidad. Ana Elsy encontró en ASFAE las terapias que necesitaba para mantener su estabilidad emocional.

«Cuando alguien presenta un problema de esquizofrenia, lo primero que se escucha del círculo social cercano son frases como: ‘no te preocupes’, ‘ya va a pasar’, ‘trata de sentirte mejor’, cuando lo que hay es un cuadro clínico al que se le debe de dar tratamiento profesional», explica Martínez.

Carmen repite con constancia: «No sabía qué hacer, no sabía dónde ir; yo quería gritar ‘auxilio’, el dolor y el impacto eran devastadores». Para lograr estabilizar a Ana Elsy y que tuviese los medicamentos adecuados para el control de la enfermedad comenzó a hacer préstamos. Aquel endeudamiento fue aumentando en la medida que Carmen no encontraba el apoyo ni los espacios que fuesen idóneos para su hija.

Según el informe «Personas con Trastornos Psiquiátricos Severos: Esquizofrenia», del MINSAL, el tratamiento se vuelve efectivo cuando hay un adecuado uso de psicofármacos y cuando en los espacios donde se mueve el paciente hay intervenciones psicosociales. De lo contrario, por ejemplo, una sobredosis o un medicamento sin control en la frecuencia con que sea consumido, puede tener efectos secundarios que podrían, incluso, causar la muerte.

Por ello, la atención a personas con esquizofrenia requiere de un mayor control. Carmen reconoce que su carga física, moral y emocional quebrantó su salud mental. Estaba pendiente de su hija las 24 horas, de su alimentación, de su aseo personal, de su tratamiento. Comenzó a padecer trastorno del sueño, estrés y ansiedad. Fue diagnosticada con el «síndrome del cuidador quemado o ‘burn-out’», un trastorno que se presenta en personas que cuidan a pacientes dependientes.

Inmediatamente se puso en tratamiento psicológico y continuó la incansable búsqueda. Desde su modesta vivienda en los alrededores de Cuscatancingo, viajaba a las consultas con Ana Elsy. Al sentirse desesperada, acudió a la trabajadora social para preguntarle si había alguna organización o algún grupo de apoyo terapéutico que le ayudara, y le recomendó a ASFAE.

Un sábado por la tarde, madre e hija encontraron un poco de esperanza en una de las salas del Policlínico Arce del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Fue cuando empezaron a formar parte de los talleres de ASFAE.

En las primeras sesiones, Carmen recuerda que Ana Elsy no hablaba con nadie. No saludaba ni sonreía. Se sentaba en una silla y se dormía durante todo el tiempo que pasaban ahí. El medicamento la agotaba y la dejaba sin energías.

Aun así, Ana Elsy fue integrada al taller de arte y recuperación con otros 40 pacientes con distintas enfermedades mentales, en el que dibujan, hacen manualidades, hacen galletas, salen a lugares de recreación, ven películas y hacen fiestas para distintas ocasiones, como el Día de la Madre. En el taller siempre hay alguien que los escucha.

Ahora, una de las formas en las que Ana Elsy expresa lo que siente es por medio de los dibujos que ahí hace, «no me toques, tengo miedo», colocó sobre uno de sus dibujos, en los que evidencia el temor que le provoca el hospital y el tratamiento.

Carmen fue incorporada al programa «De familia a familia», en donde a través de la educación de pares, una estrategia en la que las personas comparten sus problemas y experiencias, aprenden sobre la enfermedad y sus síntomas; a comprender al paciente y saber qué hacer en una crisis y cómo prevenirlas.

El programa contempla un espacio para ‘El desahogo’, así llaman en ASFAE, a uno de los segmentos de los talleres, en el cual Carmen y el resto de cuidadores cuentan lo que viven en la semana con sus familiares, se dan sugerencias de lo que pueden hacer en situaciones concretas y expresan sus emociones.

Un traje especial. Ana Elsy tiene en la sala de su casa un traje blanco. Cada vez que recuerda la venta de semillas se lo pone con mucho entusiasmo.

Entre las cuatro paredes de aquella sala de hospital, en la que se reúne Carmen y el resto de cuidadores, con tono de alerta suenan frases, como «mi hijo se aísla», «estoy desesperada», «no me hace caso»; y en ocasiones hace eco el llanto de alguno de los cuidadores a quien su hijo o hija fue hospitalizado por alguna crisis. Entre ellos se animan a continuar.

Hay casos como el de Humberto Girón, miembro activo de la asociación. Su hija, Marcela, falleció hace cuatro años, después de 20 años de padecimiento, a causa de los efectos secundarios que le causaba el tratamiento para controlar el trastorno esquizoafectivo. Ahora, comparte su experiencia y acompaña a otros cuidadores que se encuentran en la incertidumbre de la esquizofrenia, y que llevan entre 20 y 30 años con ese diagnóstico.

A Carmen le gusta ver a Ana Elsy hoy. Nadie en aquel lugar saluda con la efusividad con la que su hija lo hace cuando conoce a alguien por primera vez. Sonríe y se integra. Entabla conversación con quien se siente a su lado.

La joven, quien ganó el premio Corazón de Oro otorgado cada año a las personas altruistas y que manifiestan sensibilización con las personas de la tercera edad por la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE), ha ganado independencia.

Con terapias Ana Elsy ha logrado lo que para otros no se podría lograr nunca. Es bilingüe, ayuda a su mamá en el hogar y es gerente de ventas en Industrias Innovadoras (INDEI), en dónde fabrican y venden todo tipo de semillas. Carmen recuerda nunca haberle dicho «déjalo, lo voy hacer yo. Vos no podes».

Por ello, Martínez considera que la red social de apoyo que brindan estos programas es como la red del equilibrista, cuando alguien presenta una descompensación por alguna circunstancia, es como que el equilibrista se cayera, si la red es pequeña puede tener consecuencias graves, pero si la red es grande y fuerte puede soportar, y el equilibrista puede volver a continuar con su vida.

“Cuando alguien presenta un problema de esquizofrenia, lo primero que se escucha del círculo social cercano son frases como: ‘no te preocupes’, ‘ya va a pasar’, ‘trata de sentirte mejor’, cuando lo que hay es un cuadro clínico al que se le debe de dar tratamiento profesional”, explica Martínez

Aunque todavía no pueda continuar una carrera universitaria, y aunque su tratamiento no corra por cuenta del Estado, Carmen sabe que su hija tiene derecho a aprender y a incorporarse en los sectores de los que antes la habían excluido.

ASFAE es de los pocos espacios que en el país han logrado darle una mejor calidad de vida a los pacientes con esquizofrenia y a sus cuidadores. Sin embargo, no cuentan con ayuda económica por parte del sistema nacional de salud para mantenerse. «No tenemos apoyo económico de ninguna institución, sobrevivimos de la colaboración que damos como familiares. De hecho, no tenemos un local, por eso nos dan un espacio prestado en el ISSS para que hagamos nuestras reuniones», asegura Orellana.

Los familiares y los cuidadores se acomodan en el espacio que les prestan, porque la idea de tener su propio espacio es muy lejana, por la falta de recursos. Carranza afirma: «El MINSAL no tiene asignación de fondos para asociaciones. El apoyo es más técnico, como prestar un espacio para realizar capacitaciones, brindar una charla y promover la salud mental».

Cuadro de emociones. Ana Elsy en el taller de arte y recuperación aprendió a retratar en dibujos sus emociones.

Según la OMS, en la región deben ampliarse y acelerarse los esfuerzos por transferir la asistencia desde las instituciones de salud mental hacia la comunidad. Al pensar en el esfuerzo que realizan para mejorar las condiciones de sí mismos y de quienes viven la misma situación, Carmen expresa que «le están haciendo el trabajo al Gobierno».

Sin embargo, el no contar con un apoyo gradual no es un impedimento para que «los alfareros del corazón», como recuerda Girón que su hija, Marcela, llamaba a la asociación, sigan emprendiendo luchas para dignificar a las personas que perfilan en la lista de los más de 14 mil pacientes con esquizofrenia, según datos del MINSAL.

Con un rostro que evidencia el agitado camino de una enfermedad que debilita también a quien la acompaña, y un cabello que delata el peso de los años, Carmen se pregunta con frecuencia «¿qué va a pasar con mi hija cuando yo no esté?»

El Hospital Nacional de Psiquiatría no cuenta con un programa que acoja a los pacientes que no tienen un familiar o un amigo que se haga responsable. En ese sentido, hay pacientes que quedan en el abandono. En ASFAE hay personas en esa situación.

Sentada en una esquina de la sala en donde Carmen espera a que inicie el taller de ASFAE, señala a Luis, a quien de cariño llama don Luisito. Él está sentado en el otro extremo, con la mirada baja. Mientras escribe, Carmen cuenta que los papás de «don Luisito» murieron hace varios años, era hijo único y al no tener a nadie quien se hiciera cargo de él, quedó en el abandono. Vive y come de la caridad y del apoyo que le dan en la asociación. Para asistir a los talleres, sus vecinos le dan dinero.

Sin embargo, existen otros casos en que «los pacientes terminan en la calle, hablando solos, sucios, recogiendo cosas, perdiendo completamente contacto con la realidad», específica Martínez.

Carranza explica que, hace un par de años, se eliminó el único programa del Sistema Asilar del Hospital Nacional de Psiquiatría, que recogía pacientes a los que su familia no quería cuidar o que quien lo hacía había fallecido. Actualmente, por falta de recursos no se encuentra ningún hospital o instancia pública que ampare a quienes no tienen quien cuide de ellos.

«No existe ningún programa social en la intervención de casos en situación de calle de pacientes con un cuadro esquizofrénico, porque no hay recursos», afirma Carranza, quien también expresa que el Sistema Asilar del Hospital Nacional de Psiquiatría no es bueno para la salud de ninguna persona, aún tienen un grupo de pacientes, pero que ya no están ingresando.

La angustia es palpable, pero Carmen con su esfuerzo devolvió a Ana Elsy la oportunidad de integrarse a espacios productivos, educacionales y laborales dirigidos, adaptados a la condición de ella, para que el infortunio de la calle no sea un pesar cuando ya no esté más.

En una tarde, en la sala de su casa, Ana Elsy ve una de sus películas favoritas, entre risas parece que se le escapa el dolor que le ha provocado todos estos años la esquizofrenia. Su mamá la observa, con una mirada alegre, porque su hija ha roto las barreras del padecimiento que le marcó la vida.

Independencia económica. Con un canasto de semillas, Ana Elsy sale a vender a sus vecinos y a las personas cercanas, con el fin de ayudarle a su mamá.