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Una agenda legislativa a favor de los derechos humanos

La falta de visión en muchos candidatos de la «oposición» se traduce en propuestas populistas, irrealizables, y sin una ideología clara; mientras la población salvadoreña más desprotegida, continúa sufriendo diferentes estigmas.

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Estamos a escasos cinco meses de las próximas elecciones legislativas, y los diferentes partidos políticos y sus candidatos deberán presentar sus propuestas muy pronto. Dentro de la oposición, abundan los candidatos y las candidatas cuya única carta de presentación es ser eso: «oposición». Genera preocupación que, dentro de este grupo heterogéneo, hay voces que ven la protección a los derechos humanos en un segundo plano. Pareciera que lo único que les califica para obtener una diputación es evitar una «dictadura», o el control total de la Asamblea Legislativa por parte del oficialismo. Demostrando así, una visión muy cortoplacista y sin objetivos.

Pese a que es muy temprano para exigir propuestas, sí es un buen momento para demandar a los partidos políticos que no pierdan el enfoque. Esta legislatura (al igual que sus antecesoras), ha prolongado el debate para proteger derechos humanos fundamentales. Aunque la actual legislatura finaliza en mayo de 2021, la coyuntura electoral podría frenar cualquier discusión.

Entre los temas pendientes de legislar, figura la protección de derechos de los pueblos indígenas, que aseguraría sus derechos económicos, sociales y políticos. Igualmente, se ha prorrogado la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas Transgénero y Transexuales. Esta falta de reconocimiento incide en la exclusión del sistema escolar, acceso a salud, e inclusive, en generar impunidad en crímenes de odio basados en la orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, la protección de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, permanecen siendo temas pendientes en materia legislativa. Esto preocupa aún más en un contexto en el que los ataques desde el oficialismo a activistas de derechos humanos y periodistas están incrementando. Por otro lado, no retomar la discusión sobre la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, mantiene en la impunidad muchas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, permitiendo la falta de acceso a justicia y verdad.

De igual forma, los derechos de la población salvadoreña más empobrecida permanecen siendo violentados ante la falta de legislación que regule el acceso a agua potable y alimentación de calidad. Parte de este problema, es que el agua y la alimentación no son vistos como un derecho, sino como un negocio. Por último, permanece pendiente la reforma del artículo 133 del Código Penal que salvaguardaría el derecho a la salud reproductiva y la vida de las niñas, adolescentes y mujeres salvadoreñas.

La falta de visión en muchos candidatos de la «oposición» se traduce en propuestas populistas, irrealizables, y sin una ideología clara; mientras la población salvadoreña más desprotegida, continúa sufriendo diferentes estigmas. Ante la eventual incapacidad de la actual Asamblea Legislativa por retomar estos temas, los candidatos deberán demostrar su compromiso con la aprobación de esta legislación.

Es importante mantener el sistema de pesos y contrapesos, y el rol fiscalizador de la Asamblea Legislativa, pero esto no es excluyente de protección de derechos humanos, que es uno de los elementos de un Estado Democrático de Derecho. No podemos vivir en democracia si no aseguramos los derechos de gran parte de la población salvadoreña que ha vivido excluida y violentada. La oposición debe tener una postura clara y fuerte en cuanto a asegurar los derechos de la población salvadoreña. Creer que los derechos humanos no son prioritarios, también atenta contra nuestro mismo sistema democrático.

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