Espacio Divergente
Incoherencias de la A hasta la Z
Existía un mito según el cual esta era la institución que más había cumplido los Acuerdos de Paz, pero esta administración no solo le ha brindado mayor protagonismo, también le ha regresado su rol intervencionista en la toma
de decisiones.
Estamos a unos meses que se cumplan 40 años de una de las peores masacres ocurridas en Latinoamérica. Durante la Operación Rescate, soldados del Batallón Atlacatl masacraron a 1,725 personas del cantón El Mozote y lugares aledaños. La mayoría de las víctimas fueron niños y niñas. Casi 40 años después de ese fatídico diciembre de 1981, el Estado salvadoreño no ha tenido un verdadero compromiso contra la impunidad.
De las administraciones de ARENA nunca se esperó mucho. Su rol de encubrimiento y protección a criminales de guerra estuvo siempre claro. El FMLN, que se proyectó como un cambio, se jactó de pedir perdón y reconocer la responsabilidad del Estado en la masacre. Pero, más allá de derramar lágrimas en El Mozote, continuó la negativa de revelar los archivos militares. Si bien es cierto este compromiso lo tuvieron que asumir las administraciones pasadas, ahora esta responsabilidad recae sobre el gobierno de turno. Y, en este caso, la administración de GANA ha sido, cuanto menos, incoherente y ha manejado un doble discurso.
En sus primeros días, el presidente ordenó eliminar el nombre del coronel Domingo Monterrosa del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería. Pero, al mismo tiempo, eliminaron la Secretaría Técnica y la Secretaría de Inclusión Social, encargadas de coordinar las medidas de reparación hacia las víctimas. Para evitar críticas a esa medida, el presidente sostuvo una reunión con las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Sin embargo, el presidente nombró viceministro de Defensa al apoderado legal de acusados en la masacre de El Mozote. Posteriormente, el presidente expresó su compromiso con la verdad, al prometer abrir los archivos militares «de la A hasta la Z».
Cuando llegó el momento de la verdad, el Gobierno ya no se adhirió a sus compromisos. En marzo, el Estado Mayor negó el ingreso de las comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública, quienes llegaron a realizar una diligencia administrativa para conocer archivos militares relacionados con la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. Y más recientemente, desobedeciendo una orden judicial, se bloqueó la inspección de archivos militares que podrían esclarecer la masacre de El Mozote.
Este último hecho es el que preocupa, ya que la negativa del Gobierno no solo viola la independencia judicial, también podría incurrir en posibles delitos penales. Es preocupante también el rol que la Fuerza Armada está teniendo, la cual no se apega a su mandato constitucional o a un poder civil. Existía un mito según el cual esta era la institución que más había cumplido los Acuerdos de Paz, pero esta administración, no solo le ha brindado mayor protagonismo, también le ha regresado su rol intervencionista en la toma de decisiones, desmitificando lo que se creía.
El falso compromiso de esta administración es un menosprecio hacia las víctimas, a quienes se les engañó de la manera más burda. Cuando el presidente vetó la Ley de Justicia Transicional, dijo que era absurdo que las víctimas del conflicto armado esperaran 40 años por justicia. Negarse a abrir los archivos militares solo confirma su compromiso con la impunidad, y si el presidente continúa negándose, los años se irán sumando. En este punto es válido preguntarse, ¿a qué intereses responde el presidente? ¿Quién gobierna el país, las Fuerzas Armadas o el presidente de la República?