Pandillas: cuento de políticos cobardes

Todos las condenaron ante el micrófono, casi siempre en campaña electoral. Todos las utilizaron para presentarse al respetable votante como los más duros de los duros. Todos vendieron que exterminar a las pandillas y la inseguridad que generaban iba a ser marca de sus gobiernos. Todos lucraron políticamente de ellas. Todos mintieron.

La versión más reciente de este cuento lo está contando el fiscal general Raúl Melara con las dos acusaciones que ha presentado a políticos salvadoreños de distinto signo por negociar con los pandilleros beneficios electorales a cambio de dinero, condiciones carcelarias y, lo más importante para efectos de seguridad pública, control territorial.

Así es: las pandillas procurarían votos a cambio de que los políticos garantizaran que serían ellas, la MS13 y el Barrio 18, las que seguirían mandando en los barrios, colonias y cantones del país.

No es poca cosa. El trato electoral que, sabemos hoy, adelantaron ARENA y FMLN implicaba garantizar a las pandillas su existencia como actor político territorial, como fuerza viva social y como interlocutor directo con el poder.

Insisto, el meollo del asunto aquí no son los 100,000 dólares que según un testigo la ARENA de Jorge Velado y Ernesto Muyshondt pagaron a las pandillas, o los millones de dólares en programas de rehabilitación que, se supone, ofrecieron el arenero Norman Quijano o los efemelenistas Arístides Valencia y Benito Lara en el contexto de las presidenciales de 2014. El asunto aquí es que los dos partidos políticos más importantes de la posguerra decidieron que los votos que necesitaban para ganar aquellas elecciones bien valían que el estado cediera definitivamente el control a las pandillas en amplias zonas del país.

La moneda de cambio real, en estos pactos propuestos, era esa, el control de territorio. El dinero no fue más que el aditivo para que MS13 y Barrio 18 decidieran si hacían campaña por un partido o por otro. Y, estratégicas como son, las pandillas decidieron pactar a dos bandas: en la primera vuelta del 2014 se aliaron con el FMLN y en la segunda vuelta con ARENA.

Estos pactos no fueron, por supuesto, ideas novísimas de los equipos de campaña de Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén. Si las cosas son como explica la acusación fiscal, los tratos electorales habían empezado en 2003, en la previa de la campaña que llevó al arenero Tony Saca al poder, continuaron y alcanzaron su pico durante la campaña y el gobierno de Mauricio Funes del FMLN, cuando la tregua de 2012 empoderó a las pandillas como interlocutores políticos, y siguió con el fallido intento de la ARENA de Quijano, Velado y Muyshondt.

Toda la narrativa antipandillas, que ponía como objetivo primero del odio y la fuerza estatal a estas agrupaciones juveniles creadas por marginados que huyeron a Estados Unidos y volvieron deportados a un país de estado débil, economía estancada y políticos sin escrúpulos, es hoy más farsa que antes. Por mucho tiempo creímos, muchos, que el manodurismo era solo una política fallida a la que acudieron areneros y efemelenistas para ganar votos. Hoy entendemos que, en los últimos años, fue una mentira que esos políticos ocuparon para esconder sus tratos bajo la mesa.

Este asunto tiene un epílogo real: el control territorial que permite a las pandillas, entre otras cosas, seguir controlando las cifras de violencia, como creo ha ocurrido en estos meses que van de la administración de Nayib Bukele.

Pero hay un epílogo no escrito, que también tiene que ver con Bukele. Al presidente le ha venido muy bien que el fiscal Melara acuse a areneros y efemelenistas y se haya olvidado, por ejemplo, del actual ministro de Gobernación, quien también ha hablado con las pandillas. Que los acusados sean Quijano, Muyshondt, Lara y Valencia permite al presidente seguirse rasgando las vestiduras sin hablar de los tratos que, según las investigaciones de Policía y Fiscalía, él y los suyos han tenido con emeeses y dieciochos.