Las horas más bajas de la Policía

Nunca, desde que se desplegó en el país entre 1993 y 1994, la Policía Nacional Civil de El Salvador había visto horas tan aciagas. Nunca, desde que nació, la PNC se había parecido tanto a los nefastos cuerpos de seguridad a los que debió sustituir después de los Acuerdos de Paz de 1992.

Por primera vez desde que aquellos pactos le dieron la responsabilidad constitucional absoluta de la seguridad pública y reiteraron su calidad de órgano auxiliar en la investigación criminal, la PNC asume hoy el vergonzoso lugar de sumisión antidemocrática al presidente de la república, más allá de lo que establece la ley.

Esto es complicado en un momento como este en que ese presidente, Nayib Bukele, parece entender que el estado, incluidos el Legislativo y el Judicial, le deben también sumisión, y vende ante El Salvador que ese estado de cosas es la única forma de gobierno posible.

La historia de nuestra Policía fue difícil desde el principio. En pleno despliegue territorial, en 1994, la PNC sufrió su primer boicot cuando la administración de Alfredo Cristiani, con la complicidad del FMLN, mintió a Naciones Unidas para asegurar que jóvenes tenientes y capitanes del ejército y los recién extintos cuerpos de seguridad quedaran al mando de la nueva Policía. Con un decreto ejecutivo, el número 221 de ese año, el gobierno metió a la PNC de forma irregular a 25 oficiales del ejército, incluido el director actual.

Lo que pasa ahora es que el mando de la PNC, formado por esos oficiales que nunca comulgaron con la civilidad de la institución, encontraron protección para ser, de nuevo, una policía política. Son oficiales que nunca renegaron de la doctrina militar según la cual el principal enemigo, más que cualquier organización criminal, es el adversario político interno del poder de turno, sea este un periodista, un ciudadano común o el fiscal general de la república.

A partir de entonces, y salvo breves periodos, oficiales acusados de complicidad con el narcotráfico, de torturas, de crear o tolerar grupos de exterminio son los que mandan en la PNC. A ellos, un gobierno que les permite torcer la ley en aras de la seguridad del estado y un presidente que les posibilita la matonería como argumento les ha dado un contexto ideal para operar.

Mauricio Arriaza Chicas, el actual director y uno de los oficiales que llegó a la PNC sin haberse dado de baja del ejército en los 90, ha operado bajo esa premisa de que todo está permitido si lo hecho satisface al comandante en jefe. Y me atrevo a escribir que, en el esquema doctrinario del comisionado, que en público hace cosas como desvirtuar el carácter civil de la Policía al vestir uniformes del ejército, el presidente es eso, su comandante militar, al que debe obediencia absoluta.

Hoy sobre Arriaza pesa la posibilidad de un antejuicio por sospechas de que ha transgredido la ley para favorecer a funcionarios de la administración Bukele. Si Arriaza deja la dirección policial por este proceso, es muy posible que alguno de sus compañeros de aquella promoción de capitanes y tenientes que, en contra de los Acuerdos de Paz, entraron a la PNC, asuman más poder.

Uno de los nombres que vuelve a estar en la palestra del poder interno es el del comisionado Douglas Omar García Funes, otro de los favorecidos por el decreto 221 de 1994 y actual subdirector de Áreas Especializadas de la PNC, quien, según una nota de El Faro, intentó impedir el 10 de noviembre pasado que fiscales realizaran allanamientos en el Ministerio de Salud en el marco de la investigación por presunta corrupción de la administración Bukele más importante a la fecha.

García Funes, según multitud de documentos oficiales, investigaciones internas y legajos judiciales, ha sido sospechosos de favorecer a narcotraficantes, de abuso de poder, de negligencia en el manejo de explosivos entre otras cosas. Hoy, su poder es tal que no se arruga al intentar impedir investigaciones de la Fiscalía General.

Lo dicho, nunca la PNC había visto horas tan bajas.