El Chaparral, monumento al fracaso

Es como avistar un ave en peligro de extinción. El Estado rara vez aparece en áreas inhóspitas como las montañas del norte del país. Su presencia se limita a escuelas precarias y unas cuantas calles pavimentadas. Y cuando se asoma lo hace para mal, usualmente para hacer más complicada la ya complicada existencia de la gente. Eso ocurrió con el fracaso al que han denominado “El Chaparral”. El Gobierno llegó al norte del departamento de San Miguel para edificar una central hidroeléctrica. El plan implicaba reubicar gente, talar parte de un territorio boscoso y cambiar el paso del río Torola. La idea generó recelo desde el primer momento en las comunidades y en el padre Antonio Confesor Carballo. El Gobierno fue visto por los moradores de aquellas montañas como un ave de mal agüero.

Muchos los tildaron de locos por oponerse “al desarrollo” y a un “proyecto de país”. Algunos de estos pobladores ni siquiera tenían energía eléctrica en sus casas. Eran los últimos meses del año 2008. El tiempo les terminó dando la razón. Si algo ha quedado claro en la década que ha transcurrido desde que empezó el proyecto es que todo fue un fiasco. Desde los estudios previos durante las administraciones de ARENA, el inicio de la construcción en la presidencia de Antonio Saca, hasta los dos periodos consecutivos del FMLN. Un millonario fiasco que representa muy bien al Gobierno salvadoreño, sin distinción. En un inicio, la obra costaría $219 millones, pero ha terminado valorada en $400 millones, y con un caso abierto en la Fiscalía General de la República (FGR), relacionado con presuntos actos de corrupción.

La primera vez que fui al sitio donde construyen la represa era mayo de 2010. Un funcionario de la CEL decía, confiado, que El Chaparral comenzaría a funcionar a mediados de 2012. Las lluvias de la temporada comenzaban a llegar con más frecuencia a esos cerros apartados. Era un día gris y una leve llovizna inició a las 4 de la tarde. Un campesino llamado Porfirio Díaz observaba el ruidoso ir y venir de las máquinas en esas montañas donde siempre había reinado el silencio. Había algo de tristeza en su mirada. La CEL le ofreció reubicarlo y construirle una casa, pero prefirió quedarse cerca de donde vivía. Compró unos terrenos en un cerro cercano y miraba como las montañas donde había vivido eran heridas por la maquinaria.

Regresé al sitio un mes después y todo era distinto. La actividad era casi nula. Aquello era la crónica de un abandono. Un italiano fanfarrón de la empresa italiana Astaldi explicaba que el cese de obras se debía a que las fuertes lluvias de la tormenta tropical Agatha habían inundado todo y que la montaña de un margen de la presa se estaba moviendo. Un argumento que en la misma junta directiva de la CEL nunca tuvo mucha validez. Ese sería solo el comienzo de un penoso litigio que conllevó el paro de las obras, el supuesto pago de sobornos para rescindir el contrato en la administración Funes, el rediseño de El Chaparral, que el costo –ya caro desde el inicio para una generación de 66 MW– fuera incrementándose, y que más de una década después aún no exista una represa.

No hubo ni una sola mención a El Chaparral en la presentación del informe “El Salvador productivo, educado y seguro 2014-2019” del presidente Sánchez Cerén. Un fracaso no solo de esta administración sino de, por lo menos, las últimas tres. El costo final del proyecto es un insulto a la ciudadanía. En un país con tantas necesidades, con tanta hambre, se debe cuidar hasta el último de los recursos disponibles. Es una burla para los habitantes de San Antonio del Mosco, Carolina, San Luis La Reina y todo el país. Ahora se proyecta que la obra esté lista a finales de 2019. Si es que se termina algún día, El Chaparral debería de llevar una placa que ilustre que se logró su construcción a pesar del mismo Gobierno.