Cierres intermitentes

El SARS-CoV-2, comunmente conocido como «coronavirus», sumió al mundo en una crisis sin precedentes. Sistemas de salud colapsaron, miles han muerto, millones han enfermado. Tras la detección de los primeros casos y con pocas nociones sobre cómo enfrentarlo, rápidamente se esparció y se convirtió en pandemia.

Mientras médicos, científicos e investigadores iniciaron jornadas maratónicas para tratar de entender el comportamiento del nuevo virus, para tratar de encontrar un tratamiento efectivo o una vacuna, las autoridades mandaron cuarentenas y cierres para tratar de contener el covid-19.

Junto a la crisis sanitaria y humana, avanzaba también la económica. Potencias mundiales reportan ya decrecimiento, hay millones de desempleados, y mientras grandes empresas reducen operaciones o anuncian quiebras, la Organización Mundial del Trabajo ha advertido que los profesionales independientes y quienes laboran en el sector informal se llevan la peor parte.

Los modelos económicos tradicionales no aplicaban para esta crisis. Todo se ha ido construyendo sobre la marcha. El combate a la pandemia ha sido una carrera contra el tiempo y en la obscuridad, en la que apenas ahora se comienzan a ver las primeras luces, con países reportando reducciones significativas en los nuevos contagios, y empresas farmacéuticas anunciando que están cercanas a encontrar una vacuna.

Ahora, gran parte de los países que cerraron sus economías para evitar una mayor propagación de la enfermedad están iniciando sus reaperturas. Al igual que con la crisis sanitaria, el nuevo reto de reactivar los aparatos productivos y tratar de impulsar las machacadas economías se ha enfrentado con vagas nociones de lo que se debería o no hacer.

La mayoría de gobiernos ha optado por esquemas en fases, dividiendo a las empresas y negocios según su importancia para la economía en su conjunto y el riesgo que enfrentan sus empleados, o incluso, como en el caso de Honduras, zonificando al país según la cantidad de habitantes y casos positivos que se han registrado. La idea generalizada, por ejemplo, en los países de Centroamérica, es que se debe abrir poco a poco, evaluando si cada fase no conlleva que se disparen los casos nuevos, y dando prioridad a los sectores que se consideran indispensables, como los alimentos y medicamentos.

En El Salvador no hay un plan de apertura, pero dos instancias académicas, el regional INCAE y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) que elaboraron sus propuestas. De nuevo, estas se basan en aperturas graduales, en fases, determinadas por una serie de indicadores que combinan variables de salud y económicas.

El plan de la ESEN, por ejemplo, recoge el concepto de cierres intermitentes que ya ha hecho eco en el ámbito internacional: relajar medidas de contención, evaluar los efectos de ello y, de ser necesario, volver al estadio anterior de restricciones. Por ello, el modelo de la ESEN determina periodos de tres semanas entre aperturas, para tener suficiente tiempo para medir cómo estas inciden o no en nuevos contagios.

El presidente de la República, Nayib Bukele, ha dicho públicamente que las propuestas del INCAE y de la ESEN serán los insumos para el modelo de reapertura económica en El Salvador, que se espera arranque en junio, según los acuerdos que personeros del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa alcancen en su mesa de trabajo que, al cierre de esta columna, aún no había tenido resultados, pero que esperamos sí los tenga para cuando estas líneas sean publicadas.

Es importante que como población internalicemos ese concepto. No se puede pedir que las cosas vuelvan a ser como antes de un día para otro. Comenzar a abrir la economía significará que algunas empresas comiencen a operar de forma parcial, solo con una parte de sus trabajadores, con turnos y horarios escalonados, manteniendo en trabajo remoto los puestos cuyas funciones lo permitan, y aplicando estrictos protocoles de higiene y distanciamiento dentro de sus instalaciones.

Luego se necesitará data confiable y precisa para medir qué tanto podemos ir avanzando en la reapertura sin poner en riesgo la capacidad de atención del sistema de salud ni la reducción en la cantidad de nuevos casos. Se necesitará un seguimiento meticuloso y franco para que el levantamiento de las medidas de restricción no implique pérdida de vidas.

Esperemos que los actores involucrados en que esto sea así tengan la conciencia de lo importante que es asumir la nueva realidad. Y eso nos incluye a todos.

Guerra de desinformación

El año 1895 fue trascendental para el periodismo salvadoreño. Ese año nació el Diario del Salvador, dirigido por el escritor Román Mayorga Rivas. En sus páginas escribirían Arturo Ambrogi, David J. Guzmán, Francisco Gavidia, entre muchos otros. La publicación era diferente a lo que los lectores salvadoreños estaban acostumbrados. El Diario del Salvador emulaba al periodismo norteamericano: en formatos, imprentas y hasta en su sistema de distribución a través de niños «canillitas«. Incluso sus oficinas estuvieron ubicadas en el céntrico edificio Ambrogi, que fue, por mucho tiempo, el edificio más alto de la ciudad de San Salvador y era llamado «el primer rascacielos de Centroamérica» con sus cuatro pisos.

Irónicamente, el 1895 también sería un año bisagra para el periodismo norteamericano que se trataba de replicar en el país. Ese año, en la ciudad de Nueva York, se desató una guerra abierta entre el New York Journal y el New York World, dos de los periódicos con mayor circulación de la ciudad estadounidense. Una batalla sin cuartel que enfrentó a Joseph Pulitzer –propietario del World– con William Randolph Hearst –dueño del Journal–. Ambos se pelearon periodistas, compitieron por tener el precio más bajo por edición y su lucha por ganar lectores conllevó el nacimiento y uso sistemático del amarillismo.

Obsesionados por superar a su rival, cada edición era una lucha por contar las historias más truculentas, encontrar los personajes más bizarros y hacer las críticas más injustificadas. Hasta que todo se fue desbordando y comenzaron a inventar historias completas para sacarle ventaja a la competencia. Una guerra de desinformación en la que los lectores quedaron en el medio y sin saber distinguir entre lo que era real y lo falso. Un escenario con bastantes similitudes a lo que se vive ahora con las redes sociales y muchos «medios» que tergiversan noticias para beneficiar a determinado político, partido o Gobierno.

Y hoy, como a finales del siglo XIX, la guerra mediática llegó a su punto más álgido en medio de una crisis. Después de estar enfrascados en su particular guerra por casi tres años, Hearst usó la crisis en Cuba, en el contexto de su revolución independentista contra España, para manipular a la opinión pública y presionar a Estados Unidos a que incursionara en el conflicto. El 15 de febrero de 1898, una explosión fortuita al interior del acorazado de segunda clase Maine, que estaba en el puerto de La Habana, mató a 256 tripulantes y fue la excusa perfecta para Hearst y su New York Journal.

Aunque desde el primer momento se indicó que todo había sido un accidente, el periódico vendió la noticia falsa de que, en realidad, fue un ataque de los españoles. En los días siguientes, alimentó la teoría de una conspiración contra los Estados Unidos hasta que los norteamericanos atacaron a los europeos. Hearst pasó años presumiendo de que Estados Unidos decidió ir a la guerra por él. Era un multimillonario megalómano con un ego tan grande que incluso mandó a construirse su propio castillo. Las autoridades siempre lo desmintieron, pero él se enorgullecía de la máquina de desinformación que había creado.

Ahora, en el 2020 y en medio de una crisis como la pandemia del Covid-19, parecemos vivir en otra guerra de desinformación. Una con herramientas mucho más sofisticadas y que transcurre en el mundo digital. Tras el escándalo de Cambridge Analytica, hay gobiernos que han calificado estas estrategias en las redes sociales como armas de manipulación psicológica. La crisis por el Covid-19 ha sido solo la excusa perfecta para utilizarlas a granel. Pero su objetivo, en 1895 y 2020, siempre será el mismo: manipular a la mayor cantidad de personas posibles para cumplir sus intereses. El manual no cambia: crear enemigos, difundir miedo y entender la comunicación como una batalla. Siempre hay alguien que se beneficia del caos.

¿Hora de reactivar?

El covid-19 mantiene actualmente bajo medidas de confinamiento a una cuarta parte de la población mundial. La pandemia ha superado los 3 millones de casos confirmados, ha costado decenas de miles de vidas, y ha borrado años de crecimiento económico.

Por la alta virulencia de esta enfermedad, la principal medida de prevención es el aislamiento: millones de personas permanecen en sus casas por orden de sus respectivos gobiernos, en un intento desesperado por frenar la propagación de este nuevo tipo de coronavirus.

Como consecuencia, buena parte de la actividad económica ha parado, y algunas industrias, como la aeronáutica y el petróleo, se han llevado la peor parte. Con aeropuertos cerrados y nadie viajando, las aerolíneas han frenado sus operaciones, y con una población mundial que se transporta poco, el petróleo llegó en abril a negociarse a precios negativos, es decir, los productores llegaron a pagar porque se retirara el producto de sus almacenes.

Paralelamente, la Organización Internacional del Trabajo calcula que se perderán unos 50 millones de empleos, y que el mayor impacto -un 80 % en el caso de América Latina- se lo llevarán los trabajadores independientes. La población más pobre no ha podido salir a ganarse el sustento y la previsión global es que la desaceleración económica supera a la que se tuvo para la crisis de 2008.

Entre el temor natural por la enfermedad, y la crisis económica que han ya generado el covid-19 y las medidas de confinamiento asociadas al mismo, la gran pregunta es cuándo reabrir las economías. En Estados Unidos, el país con mayor impacto por el coronavirus, este proceso ya inició, en medio de críticas por una posible segunda ola de contagios al permitir que más gente salga a las calles para retomar las labores en industrias y comercios que, durante las últimas semanas, permanecieron cerrados.

El economista Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional y profesor en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, fue uno de los primeros en advirtir que la pandemia tendrá serias implicaciones macroeconómicas para la mayoría de loa países. Hausmann está a favor de las medidas que lleven a aplanar la curva de contagios, como el confinamiento, pero aclara que para reducir los efectos de estas medidas sobre las empresas y el empleo, como aplicar medidas de alivio a negocios y personas.

Un punto clave, y en el que se centra actualmente el debate en el país, es cómo volver a retomar la actividad normal después de una cuarentena como la aplicada en El Salvador. El experto aboga por mantener aislados a los adultos mayores antes de levantar la cuarentena, y retomar de forma gradual las diferentes actividades económicas, y ajustar el ritmo de reapertura de las empresas a medida que se cuente con mayor información sobre la evolución de la enfermedad.

El experto sugiere movilizar todos los recursos que sean posibles hacia la lucha contra la enfermedad, aun cuando esto implique adquirir nueva deuda. La prioridad del gasto debe ser el rubro de salud, seguido por la protección de los individuos y, en tercer lugar, de las empresas.

El plan de alivio económico presentado por el Gobierno, que requiere una inversión de $1,000 millones, no aborda la reapertura de la actividad económica, sino más bien medidas para dar liquidez a las empresas, como una prórroga de plazos fiscales, préstamos a bajo interés, y un subsidio a las planillas.

El cómo y cuándo retomar la actividad económica está, por el momento, fuera de la discusión oficial, pese a que el mismo Ministerio de Trabajo ha trabajado ya, junto a gremiales como la de los industriales, protocolos para retomar los procesos productivos de forma más segura.

El covid-19 cambió la forma en la que debemos hacer las cosas. Empresas y gobiernos deben pensar en maneras creativas de reabrir las economías, sin que esto implique volver a dar especio a la pandemia.

Del paludismo al covid-19

Es la historia de un poblado que es diezmado por una enfermedad. Sus habitantes van cayendo, uno por uno, víctimas de un padecimiento que puede ser letal. Es un mal extraño que los postra rápidamente y deja a sus familias llenas de incertidumbre. El protagonista de esta historia es el pescador Marcos Vallecillos, a quien le toca ver como enferman los que lo rodean, incluyendo su esposa Eulogia. Es el cuento «Fiebre en la costa» del salvadoreño Hugo Lindo, autor nacido en La Unión en 1917, unos meses antes de que comenzara la pandemia de la gripe española que azotó el planeta.

En su texto, Lindo ilustra cómo los pobres de El Salvador se enfrentaban a las enfermedades en la primera mitad del siglo XX. Y tristemente se parece mucho a la actualidad. En este caso se enfoca en el paludismo y las penurias que se vivían para hacerle frente. Cuando la esposa de Marcos enferma, a él no solo le toca sufrir por ver a Eulogia muerta de frío, envuelta en colchas chapinas, en cama, durante los mediodías costeños; sino que saber que tiene menos de cinco colones y una olla de frijoles para sobrevivir. Una situación que lo obliga a salir a pescar a mar adentro y dejar sola a su esposa enferma.

Marcos se arriesga como se arriesga la gente que vive del día a día. Si no hay pesca, no hay nada para llenar el estómago. En las últimas semanas, hemos sido testigos de esa misma encrucijada. Miles de salvadoreños se juegan su salud y la de sus familias para tratar de sobrellevar su precaria economía en el marco de una pandemia como la de la covid-19. Salen por su misma necesidad y la de los suyos. Así son las crisis, siempre desnudan a los más pobres y se puede ver con mayor claridad el verdadero rostro del país, surcado por la precariedad y demacrado por el estrés de no tener que comer.

Y en ese contexto, el pescador –como el agricultor o el obrero– es el salvadoreño luchador por antonomasia. El que arriesga mucho por tan poco. A bordo de sus lanchas, que muchas veces son muy básicas, se enfrenta a tempestades que lo pueden hacer naufragar en cualquier momento. Todo solo para subsistir. Marcos se arriesga acompañado de su ahijado de doce años. Los dos salen a remo, al atardecer, hacia el amplio mar. De entrada, la suerte parece sonreírles, cuando pescan un enorme «boca colorada» que a duras penas logran subir al bote. El gran pez era un salvavidas económico ante la enfermedad de Eulogia.

Pero en ese momento que sabe a gloria, la enfermedad les da otro revés. A bordo del bote, el niño de doce años comienza a temblar del frío y, por el esfuerzo de la pesca, cae con fiebre en ese preciso momento. El mar se comienza a picar y Marcos rema como loco, pero no puede avanzar por la fuerte marea. Es como «una cáscara de mangle a merced de la reventazón». Cae la noche y cada vez parecen más lejos de la costa. El niño delira por la fiebre acostado junto al gran pez. Marcos llora amargamente, pero no deja de remar y, al amanecer, logra llegar a la orilla.

Cuando vuelve a casa, Eulogia se siente mejor después de ser atendida por una fortuita brigada médica que llegó a la comunidad. Pero su ahijado de 12 años está mal y muere a los pocos días por el paludismo. Los médicos no pueden hacer nada por él después de lo que pasó mar adentro. El niño fallece víctima de la enfermedad, pero también de sus circunstancias. Las mismas que no han cambiado para miles de salvadoreños que enfrentan con incertidumbre a la covid-19. En plena pandemia, aún sin tener claro el alcance de la crisis socioeconómica que conlleva, la precariedad nos sigue matando.

Quedémonos en casa

El mundo enfrenta una situación sin precedentes. En pocos meses, una enfermedad ha puesto bajo cuarentena a una cuarta de la población mundial, ha paralizado buena parte de la economía y ha cobrado decenas de miles de vidas. Cada día se reportan nuevos contagios, y pese a que la carrera por encontrar un tratamiento eficaz o una vacuna avanza a todo vapor, no se tendrá fármacos aprobados y viables hasta dentro de unos 18 meses.

El COVID-19 es la enfermedad causada por un tipo de coronavirus descubierto a finales de 2019 en China. En pocas semanas se esparció por el mundo y se convirtió en pandemia. Es altamente contagiosa, y la evidencia recabada hasta hoy muestra que un 20 % de los casos termina necesitando atención médica. La mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es del 2 %.

Para una gran parte de quienes se contagian, no pasa de manifestarse como una gripe. En personas con condiciones preexistentes, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, males renales o incluso obesidad, suele ser más grave.

La propagación del COVID-19 se da principalmente por la exposición a pequeñas gotas de secreción que el portador del virus expulsa al estornudar o toser. El virus también puede sobrevivir en distintos tipos de superficies, principalmente sobre acero y plástico, por lo que las principales medidas de prevención que los expertos aconsejan son el lavado constante de manos y el aislamiento social.

En El Salvador se decretó cuarentena domiciliar obligatoria el pasado mes de marzo, cuando aún no se registraban muertes por la enfermedad. La medida, que generó polémica en cuanto su ejecución y el efecto que tendría sobre la economía y los ingresos de las personas, es la más acertada y la que están recurriendo cada vez más países.

No hay, por el momento, una cura probada para el coronavirus. Los casos reportados como recuperaciones van desde personas en las que los síntomas no fueron tan agudos, hasta pacientes que sí debieron estar incluso con respiración asistida por complicaciones en la neumonía que les generó el COVID-19.

En El Salvador hay, hasta este viernes 3 de abril, medio centenar de casos confirmados y tres muertes a raíz de la enfermedad. A poco más de dos semanas de haberse iniciado la cuarentena obligatoria, las cifras comienzan a despuntar y, extrañamente, la población parece más relajada, se ven más personas y vehículos circulando por la calle, pese a que las autoridades han advertido que a quien se encuentre violando la cuarentena sin una justificación válida, se le trasladará a los centros de contención, donde poco más de 4,000 salvadoreños están recluidos.

Hay varias excepciones de circulación aún, como los empleados de sectores como los alimentos y el área de salud, los medios de comunicación y los trabajadores de diferentes ámbitos del aparato estatal, así como la Corte Suprema y la Asamblea Legislativa.

La cuarentena y otras medidas aplicadas durante la emergencia están amparadas en diferentes decretos ejecutivos, que en su momento también han generado polémica. Realmente la situación es sumamente seria y grave. Más allá de estar pensando en que un decreto va a dejar de estar vigente para irme para la calle, todos deberíamos estar pensando en forma para reducir nuestras salidas al mínimo posible. El Salvador es un país con un sistema de salud con muchísimas carencias, y el gran reto debe ser reducir al máximo el riesgo de contagio, para no saturar el sistema.

El encierro es desesperante; sí, veremos reducidos nuestros ingresos económicos, sí; la economía sufrirá, sí, pero será todavía peor que no logremos reducir la propagación de la enfermedad, que nuestro sistema de salud colapse y que se dispare la cifra de fallecidos.

Más allá de los decretos y las órdenes desde el Ejecutivo, más allá de lo que apruebe el Legislativo, si le es posible, quédese en casa. Hay aún miles y miles de salvadoreños que deben seguir circulando, porque de ellos depende que aún contemos con los servicios básicos y de alimentos a disposición, pero si no es su caso, no se guíe por los legalismos, guíese por el sentido común, por la razón, por el amor a los suyos.

Lo del COVID-19 es grave y va para largo, la OMS calcula que América alcanzará el pico de casos en dos meses. Más lejana aún está la esperanza de una cura o una vacuna. Por el momento, nuestra única arma es exponernos lo menos posible. Muchos no podrán, pero los que sí, por favor, quédense en casa.

Presos del miedo

Estamos en el año 2020 y son días aciagos. Apenas van tres meses y hemos vivido largos días que van a ser difíciles de olvidar. Millones de personas en todo el mundo están en cuarentena domiciliar por la pandemia del Covid-19. Las avenidas de las ciudades lucen desoladas, como muchos guionistas visualizaron el principio del fin del mundo. Casi con exactitud a 100 años de la «gripe española» que mató a más de 20 millones de personas. Encerrados en casa, vemos las noticias que llegan de China, Italia, España y Estados Unidos; principales focos de la infección. Como si fuéramos presos que en el lugar de contar los días que faltan de la condena cuentan los contagiados y fallecidos por la enfermedad. Estos son días de incertidumbre, pero, sobre todo, son los días del miedo.

En El Salvador, la gente ya se agolpó a los supermercados y vació lo que pudo en las que llaman «compras de pánico». Empujados por el miedo a quedarse sin comida mucho antes que se hiciera oficial el primer caso de coronavirus en el país. En una prisión del norte del Perú, se esparció el rumor de que había un preso con Covid-19 y ocurrió un intento masivo de fuga que terminó con heridos que tuvieron que ser hospitalizados. En Honduras, la policía dispersó con gases lacrimógenos a personas que se comenzaban a manifestar por la falta de alimentos. En toda la región, la ansiedad crece para muchas personas que están en el sector informal de la economía y viven del día a día. Con la urgente necesidad de ganarse el sustento diario, pero con miedo a enfermar.

Y somos más vulnerables cuando sentimos miedo. Las personas están dispuestas a creer cualquier cosa que les dé un poco de tranquilidad. Incluso información falsa que circula por redes sociales. Los políticos también saben que, en el contexto de una emergencia, la población es más sensible ante los temas que conlleven su bienestar. Muchos solo tratan de aprovecharse y llevar agua para su molino. Hay quienes se visten de salvadores y otros que tratan de dar seguridad al decir que el coronavirus está bajo control y que la vida puede seguir su curso normal –como en Nicaragua o en México–. Pero en el caso de la Presidencia salvadoreña se ha buscado infundir más miedo ante la pandemia.

Incluso en cadena nacional, transmitiendo el video de un médico español al borde de las lágrimas o proyectando las gráficas del peor escenario posible de contagios. Como si el único objetivo fuera manipular a las personas a través del temor. Y los salvadoreños sabemos lo que es el miedo. Nos lo siembran desde pequeños. Hay cosas que no se pueden hacer, lugares a los que no se puede ir, personas que se deben evitar, el miedo al otro, a lo distinto, parece que la consigna es que se debe tener cierta dosis de miedo para sobrevivir. Prevenir es, en realidad, asustar. Así ha sido el manejo que se ha dado a la pandemia del Covid-19 desde el Gobierno. El temor masivo como una poderosa arma de persuasión.

Para justificar cualquier abuso que se pueda dar –ya sacaron a los militares a las calles– o cualquier millonario desembolso. El miedo siempre será un mal consejero. Dicen que las crisis pueden sacar lo mejor y lo peor de las personas. Todo en el mismo contexto: las muestras de solidaridad más genuinas o los robos a los pobres que se dan después de un desastre como un terremoto. Lo hemos vivido con anterioridad, hay que exigir que la historia no se repita. Parte de crecer es aprender a dominar el miedo, aunque este siempre nos acompañe.

Cosas imprescindibles

¿De qué nos sirven las leyes e instituciones? ¿Por qué le cedemos poder sobre nosotros a las autoridades? ¿De qué me beneficia la existencia de cosas tan abstractas como la República, la democracia, el orden constitucional?

Como humanos, tendemos a vivir en grupos. Con el paso de los siglos, la organización humana dio forma a sistemas políticos y a normas de convivencia plasmadas en leyes: qué se vale, qué no, qué me es permitido, qué definitivamente no se debe tolerar, qué merece castigo y cuál será ese castigo. Las reglas básicas del juego social y ciudadano.

Sin leyes, todo sería un caos. Imagine vivir en un entorno en el que no hubiera reglas que definieran qué es un crimen , su persecución y su castigo. Usted estaría bajo un constante sálvese-quien-pueda, expuesto a todo tipo de abusos y vejámenes, sin nadie a quien recurrir más que su propia fuerza y recursos. Los más débiles y pobres llevarían las de perder, bueno, más todavía.

Entonces es necesario ese código que diga que si alguien me roba, me agrede, atenta contra mi vida, lo puedo denunciar. Que si alguien pasa por mi dignidad humana o mis derechos fundamentales, puedo también ponerle un alto. ¿Quién aplica ese código? ¿Quién vela que las leyes se apliquen? Las diferentes instituciones.

En la historia de El Salvador hemos visto varios experimentos totalitarios, dictatoriales incluso, manoseos de la democracia en los que la voluntad de las mayorías se desechaba en forma de urnas que desaparecían en apagones el día de la votación, o en papeletas encontradas, días después, deshechas en algún río.

La transición entre ese estado de cosas y la democracia que actualmente conocemos —en la que la alternancia nos ha llevado de gobiernos de derecha a otros de izquierda y a la actual administración, que se ha autodenominado «sin ideología»— fue desgraciadamente un conflicto armado que dejó cientos de miles de muertes, un país en ruinas, desintegración familiar y social, y una polarización política que parece solo cambiar de colores.

Nos dimos una nueva oportunidad como nación cuando decidimos dialogar para poner fin al conflicto armado. No me meteré en esta columna al debate sobre si se le debe llamar o no «la firma de la paz», sino al hecho de que se dejaron atrás las armas como método de imposición sobre el adversario político y decidimos apostarle, nuevamente, a la democracia.

Es difícil que quienes no vivieron el conflicto armado o los regímenes militares que le antecedieron le den la misma importancia a lo que ahora tenemos, que quienes sí sufrieron de represión y persecución. La falta de memoria histórica es una falla de nuestra sociedad y ahora vemos los resultados: se aplauden y defienden prácticas y actitudes que recuerdan a lo ya sufrido en los 70 y que dio pie a la guerra en los 80.

Sobre todo, hay un enorme desdén por cosas que se perciben abstractas y lejanas, y que ya mencionaba al principio: la República, la democracia, la institucionalidad. Y se les resta importancia pese a que son imprescindibles, a que nos han costado mucho y a que apenas comenzamos el proceso de perfeccionarlas.

Necesitamos leyes, e instituciones fuertes y probas que las apliquen, para defendernos a cada uno de los ciudadanos que cohabitamos este país. Requerimos de un sistema en el que el poder no se concentre para evitar los abusos que ha hemos vivido en el pasado. Urgimos de defender la democracia para que las decisiones no sean impuestas por sectores, sino reflejo de la voluntad popular, sin dejar de trabajar por mejorarla, por corregir lo que se ha venido haciendo mal y por volverla cada vez más representativa.

Hace falta trabajar para que los ciudadanos participemos y decidamos basados en el conocimiento, y no el rumor o el miedo. La salud, la educación, la protección de los más necesitamos deben dejar de ser temas marginales o apuestas de coyuntura electoral, para que crezcamos como país, como seres humanos, como tomadores de decisiones y como forjadores de nuestro propio futuro.

El miedo, la confrontación y la intimidación son precisamente todo lo contrario a este propósito.

Desmemoria nacional

Cuando el presidente Bukele entró al Palacio Legislativo con escolta militar fue como si un sismo de alta intensidad sacudiera a la política criolla. Hubo quienes simplemente se quedaron petrificados y hubo diputados que incluso abandonaron el edificio con cara de pánico. Y como sucede cuando nos sacude un terremoto, las réplicas del 9 de febrero se han sentido por semanas. Una a una se han sumado las voces e interpretaciones que reviven lo que pasó la tarde de aquel domingo. E incluso, El Salvador volvió a figurar en los noticieros internacionales por lo sucedido. La mayoría condenaba el uso de la Fuerza Armada para intentar amedrentar al Congreso. Pero esa, como todo en la vida, no fue una postura unánime y también hubo quienes minimizaron la incursión de los militares en el salón Azul de la Asamblea.

El escenario de estas voces no fue otro que el mundo virtual, donde parece que se dirimen todas las discusiones y pleitos de hoy. Y no todos son «troles» o fanáticos del político de moda, sino que son gente común, incluidos muchos jóvenes, que en realidad creen que no hay problema en que los militares y policías se desplegaran a sus anchas, con fusiles en mano, en el Órgano Legislativo. Muchos ni siquiera habían nacido cuando terminó la guerra civil y han crecido en un país donde la clase política dominante ha decidido enterrar la historia o modificarla según su conveniencia. Entonces ven lo sucedido el 9 de febrero como la puesta en escena de una película de Hollywood. «Los diputados se lo merecen», escriben, y como en las películas gringas -y fiel a la doctrina militar- los problemas se resuelven «por la razón o por la fuerza».

Pero este no es un juego. La represión militar ha marcado la historia de El Salvador. Esa misma que ahora parece tan lejana para algunos jóvenes y que asusta tanto a los viejos. Los conflictos bélicos nos han dado nuestras principales tragedias como país. Nada bueno sale de ese pozo. Y llenar de militares el salón Azul de la Asamblea es anacrónico e innecesario. Buena parte del alto nivel de aceptación de la población hacia la Fuerza Armada es porque se ha mantenido alejada de la política después del fin del conflicto armado. El domingo, 9 de febrero primó el afán de deslumbrar y tener el apoyo de los que piensan que los uniformes verde olivo son «cool«, y que tenemos que ocupar a las filas militares para algo más que proteger la Soberanía Nacional, como lo manda la Constitución de la República.

Según LPG Datos, basados en datos de la Dirección General de Estadística y Censos, el 55% de los salvadoreños no había nacido o estaba en pañales cuando se firmó el cese al fuego entre la guerrilla y el Ejército en 1992. Una generación que ha vivido gobernada por partidos políticos que han hecho lo posible por ocultar lo que ocurrió en las décadas del conflicto armado. Han ignorado a las víctimas y minimizado su sufrimiento. Lo último fue aprobar, tan solo unas semanas después, una ley de reconciliación nacional que busca prolongar esa desmemoria y que todo siga su curso a su propia conveniencia. «El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla», reza el gastado dicho popular y que aplica en el círculo –que parece interminable– de la violencia salvadoreña.

Rodeado de militares, sentado en el lugar del presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente Bukele parecía atrapado en su propio juego. Rezó, lloró y se levantó de su silla seguido por sus escoltas armados. Para los que no recordamos lo vivido en la guerra civil fue un domingo extraño. Más parecido a días que solo existen en la memoria de nuestros padres y abuelos. Pareciera que nos perdimos en el bosque de la posguerra y ahora caminamos en círculos. El poeta Dante Alighieri ideó su infierno como si fuera un gigantesco embudo en el que uno va descendiendo hasta las profundidades. Quizás no tenga importancia o quizás simbolice que no hay nada peor que estar en un lugar destinado a vivir sus tormentos una y otra vez.

Penumbras

Todo lo que se escoge ocultar o hacer en las sombras, bajo la mesa, indefectiblemente genera sospechas. ¿Qué necesidad hay de ocultar algo que se está haciendo dentro de los límites de la legalidad, la ética y, vaya, si lo quiere agregar, de la moralidad? Si se escogen las penumbras o la oscuridad total, pocas veces es justificable.

El ámbito de la administración pública representa un ejemplo lleno de contrastes. Se trata de un aparataje amplio y complejo que funciona mayormente con los fondos que se obtienen de los tributos de toda la población, junto con préstamos que eventualmente serán igualmente pagados con impuestos de la gente. Además, las decisiones que se toman, las políticas, planes y proyectos que se definen, tienen una incidencia directa en el funcionamiento del país y en la calidad de vida de quienes lo habitan.

En la cosa pública, aunque suene a pleonasmo, no cabe lo oculto. Con contadas excepciones, como los casos en los que se alega riesgo de la seguridad nacional, el ciudadano debería poder saber cómo está operando la administración pública, qué hacen sus funcionarios, hacia dónde va el dinero, pero esto es aún, en muchos casos, una utopía.

El seguimiento a la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto general del Estado, el instrumento de política fiscal por excelencia donde además se definen los recursos para ejecutar el resto de políticas, sigue siendo una tarea difícil.

En la fase de formulación, muy pocas personas pueden saber cuánto, cómo y por qué se asigna a cada rubro. Es hasta que el proyecto del presupuesto llega a la Asamblea que se logra una mayor difusión de este, y acceso a su contenido. Sin embargo, el proyecto presentado y el aprobado suelen diferir, y requiere un trabajo muy minucioso encontrar las diferencias.

Finalmente, el presupuesto votado y el ejecutado también varían. Las transferencias entre partidas son difíciles de seguir y rastrear. La semana recién pasada, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) lanzó una herramienta para hacer este tipo de seguimiento que, sin embargo, presenta serias limitantes: la fuente de los datos es el mismo Gobierno, los mismos entes ejecutores, y no ha sido fácil obtener la información. Y es allí, en esos constantes movimientos entre partidas, donde pueden encontrarse los primeros indicios de mal manejo o corrupción. Hacerlo a ciegas, con la luz apagada, es casi imposible.

Luego vemos el debilitamiento al trabajo de entidades como el Instituto de Acceso a la Información Pública, cuyas órdenes y decisiones son abiertamente desobedecidas por los funcionarios, que optan por enfrentar las sanciones económicas o ampararse ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para no tener que dar la información que el IAIP ha solicitado. Más obscuridad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el temor a la transparencia y a la rendición de cuentas?

Acá podrían agregarse ejemplos como el de los procesos abiertos a funcionarios de la Corte de Cuentas de la República, o a los casos en los que la corrupción ha enquistado al mismo poder judicial. Los obstáculos para que la luz brille se acumulan, haciendo más densa la penumbra.

En El Salvador el combate a la corrupción se sigue limitando a juzgar y procesar, en el mejor de los casos y cuando no han huído del país, a ex funcionarios, una vez han dejado sus cargos y el dinero ha desaparecido. El verdadero reto es cerrar los espacios para que se den estos malos manejos, y la mejor forma de hacerlo es con las luces encendidas.

Lo que trae el río Lempa

Sus aguas son un espejo. Nuestro espejo. Un espejo de fracasos, luchas y búsquedas. Un reflejo de lo que intentamos ser y de lo que desechamos. Hay muchos ríos grandes y caudalosos, el Magdalena, el Usumacinta, el San Juan, el río Coco, el nuestro siempre ha sido el Lempa. Casi todos los caminos parecen morir, tarde o temprano, en el río. Y de vez en cuando nos llegan noticias suyas. Las últimas dicen que hay algas que han enturbiado su cauce más de lo normal. Los que comunican las noticias lo dicen tristes, como si estuviera peor de lo que ya sabíamos que estaba.

Es grave: el Lempa nunca ha sido un problema, sino que una solución. Como una fuente de respuestas a la hora de beber, sembrar, iluminarnos, pescar o simplemente estar. Ha funcionado así desde mucho antes que El Salvador fuera nombrado de ese modo. Sus 422 kilómetros –el mayor de los ríos que desembocan en el Pacífico centroamericano– son el raquis que sostiene esta tierra. Su afluente dibuja límites administrativos del país desde que entra por Citalá, Chalatenango, después de nacer en las montañas de Chiquimula, en Guatemala, y discurrir por 31 kilómetros en Honduras.

Su cauce caprichoso está al alcance de la mano, en el celular, basta con teclear su nombre y buscar su mapa. La línea azul que serpentea entre Chalatenango y Santa Ana y llega cerca del lago de Güija, ahora lleno de algas, las mismas que, según una hipótesis de las autoridades, pudieron llegar al Lempa a través del río El Desagüe. Este fenómeno no hubiera sido de tal magnitud si río abajo no se usaran esas aguas para suplir a más de un millón y medio de personas. La planta potabilizadora de «Las Pavas», la más grande del país, no fue capaz de revertir el estado del afluente.

Casi el 50 % del agua del Gran San Salvador se tiñó de color amarillento y olor fétido. Parecía una venganza, no un sabotaje político en busca de desestabilizar al Gobierno, sino de la misma naturaleza. Por casi tres décadas, esa planta en San Pablo Tacachico, La Libertad, ha tomado agua del Lempa para llevarla a miles de hogares. ¿Qué se le regresa al río? Aguas abajo, el Lempa se encuentra con una vertiente de aguas negras que llamamos río Acelhuate y llega desde el mismo San Salvador. Es un pacto cruel con el río: nos da vida, nosotros se la quitamos de una manera ingrata.

Con el agravante que no es lo único que nos da, desde que el norteamericano George A. Fleming convenció a los gobiernos militares, a finales de los cuarenta, que era viable generar electricidad construyendo represas a lo largo del Lempa. Lo que devino en la construcción de la presa 5 de noviembre (1954), Guajoyo (1963), Cerrón Grande (1976) y la 15 de septiembre (1983). Tan icónicas del «desarrollo» que la Cerrón Grande fue estampada en los billetes de 1 colón, como si la fuerza del Lempa fuera un motivo de orgullo nacional. La energía hidroeléctrica aún alimenta a por lo menos 3 de cada 10 hogares del país.

Pero en otro revés, llegamos a una época que nunca se pensó. Hace tan solo tres años, las autoridades de Ambiente indicaban que después de temporadas lluviosas raquíticas, el caudal del Lempa había disminuido en un 60%. El mayor de nuestros 590 ríos y riachuelos se debilita. Algo que afecta directamente el modo de subsistencia de miles de familias que viven en la ribera de su cuenca media y baja, que viven de la pesca y otras actividades agrícolas que necesitan del riego. Y también amenazando a las más de 40 especies de peces que habitan en su caudal.

Los científicos han establecido que el río Lempa tiene aproximadamente 2 millones de años. Primero fue un lago que estuvo en el actual Chalatenango. Una etapa que cuesta imaginarse, rodeado de frondosa naturaleza y paz. Después llegó el hombre, fue frontera entre pipiles y lencas, y solo en el siglo XX, el río fue testigo de masacres, la guerra civil y la construcción de puentes que unieron sus orillas. El río Lempa existió mucho antes de El Salvador, pero El Salvador no puede existir sin el Lempa.