Cloaca legislativa

La corrupción y el nepotismo nos son prácticas recientes en el sector público. Ya sea desde el ejecutivo o el legislativo, año tras año vemos tal seguidilla de escándalos que es difícil mantenerse pendiente de cada uno. Más allá del daño que estas prácticas hacen a la institucionalidad, vale la pena estimar de alguna manera el impacto monetario que esto tiene en el bolsillo de los contribuyentes.

Uno de los casos más recientes es el de Cristina López, la exdiputada por el PCN. La exdiputada ha estado cobrando un salario de $2,000 dólares mensuales desde mayo sin siquiera residir en El Salvador. La exdiputada denunció en Twitter el caso de al menos otras cuatro personas allegadas al PCN que también cobran un salario sin llegar a trabajar.

También tenemos el caso del diputado Gallegos de GANA (partido con el cual ganó la presidencia Nayib Bukele) a quien el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) le abrió una investigación por nepotismo. Se le acusa de haber contratado al menos a unas 7 personas con algún vínculo familiar a su esposa. El TEG ya había abierto otra investigación contra Gallegos por más de $500,000 dólares que se concedieron desde la Asamblea Legislativa a APDEMES, una asociación donde trabajaban su esposa y otros asesores legislativos.

Tenemos el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, a quien esta semana se le giró una orden de captura. Se le acusa de lavar $781,000 dólares a través de varias sociedades donde estarían involucrados familiares, empleados del IPSFA y empleados de la Corte de Cuentas. Reyes está ahora fuera del país y a su esposa se le ha dado libertad bajo fianza (entre $20,000 y $30,000) además de tener que usar un brazalete electrónico.

Así como estos casos seguramente podemos encontrar muchos más dentro de la Asamblea Legislativa. En 2008, la Asamblea tenía un total de 864 empleados estatales, número que ascendió a 2,367 empleados (300 de los cuales eran del área de «comunicación») en 2019, un aumento del 174%. Esto se traduce en unos $31 Millones de dólares adicionales que estamos pagando de manera anual para que parásitos estén viviendo de los fondos que el resto de la población genera. Además del impacto monetario también hay otro en la moral de algunos funcionarios públicos. Estoy seguro de que entre los empleados de la Asamblea Legislativa hay muchos que están muy bien preparados y con credenciales para estar en su puesto. No debe ser fácil para ellos ver esta invasión de gente incompetente, y al mismo tiempo ver que quienes están creciendo y subiendo de puestos de manera más rápida son los «compadres» de quienes los pusieron ahí y no quienes están agregando verdadero valor al trabajo legislativo.

Esperemos que estas investigaciones y acusaciones de corrupción a figuras importantes en la política salvadoreña dejen un buen precedente. Según el Fondo Monetario internacional, la corrupción en El Salvador nos cuesta unos $500 millones al año. Por lo menos ya vamos dimensionando el tamaño del problema del lado legislativo. Vale la pena hacer un ejercicio similar en el resto de los órganos del Estado. No me extrañaría que encontráramos un fenómeno similar en el ejecutivo, donde su líder tiene una definición bastante flexible y conveniente de la palabra nepotismo.