«Se está creando una literatura que afuera se considera de calidad»

Allan Barrera, escritor salvadoreño

Allan Barrera es un escritor salvadoreño que desde el año pasado vive en la Ciudad de México. Tiene 34 años y el 13 de mayo recibió, en Costa Rica, el VII Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve por su cuento «2 de noviembre». Se convirtió en el segundo salvadoreño que, de forma consecutiva, gana este galardón para escritores jóvenes.

En esta entrevista, el también ganador de dos premios florales en poesía, habla de sus procesos creativos y cómo –para él– es El Salvador en el que le tocó crecer. Este país que, con su cotidianidad, convirtió la infancia y la memoria en sus fuentes de creación.

Para mí, el proyecto político de transformación social excede a la izquierda partidaria y articula a todos los sectores de izquierda del país.

Pero no deja de lado referirse a su paso por la Secretaría de Cultura del FMLN, el partido de izquierda que ayer salió del Gobierno después de una derrota histórica en las elecciones presidenciales de febrero, que solo superó a las elecciones presidenciales de 1994, el año en que por primera vez compitió como partido político.

Allan estuvo en esa secretaría entre 2012 y 2018. Fue parte del equipo que elaboró la Ley de Cultura, aprobada en agosto de 2016. Para él, una de las muchas deudas que deja el FMLN es, precisamente, la apuesta por la cultura. Reconoce que al expresidente Mauricio Funes, hoy asilado en Nicaragua por acusaciones de corrupción, no le importó la cultura. Mientras que en la administración de Salvador Sánchez Cerén, dice, la cultura no fue vista como un eje estratégico y faltó presupuesto y voluntad política para una gestión de largo alcance.

El cuento con el que ganaste es como un diálogo con vos mismo, ¿desde cuánto estabas esperando hablarte así?

Casi nunca pienso que voy a hacer tal cosa. Las cosas van floreciendo a su ritmo, de manera natural. Nunca me imaginé que iba a estar escribiendo relato corto, cuento. El cuento tiene cierto dato autobiográfico, pero también está ficcionalizado con muchas cosas.

Escribir es una experiencia sanatoria. Es un ejercicio que me ha curado. Jacinta Escudos decía que ella nunca podía escribir desde la felicidad y yo, de alguna manera, también soy un poco así, que no puedo escribir desde otro lugar. Siempre escribo desde el dolor. Y sí, suena cliché, pero en vez de pagar un psiquiatra, mejor me siento a escribir. Siempre me ha costado expresar mis cosas con la gente, pero en la escritura se me da más fácil y lo siento como un ejercicio terapéutico.

¿Ya tenías una idea de lo que querías hacer con «2 de noviembre»? ¿Cómo fue el proceso de creación?

Ese cuento a mí me surgió de un tirón. Iba caminando y se me ocurrió que podía escribir un cuento sobre un hijo que tiene remordimiento sobre su madre fallecida y sobre la visita a un cementerio, porque yo, en algunas ocasiones, visité el cementerio de La Bermeja y veía cómo enterraban ahí a los muertos. Es la visita a la tumba de la madre fallecida. Y claro, me salió el cuento en bruto y luego lo pasé puliendo unas tres semanas.

El hecho que El Salvador haya sido ganador dos veces nos dice que hay historias muy interesantes y muy importantes en nuestro país para comunicarlas, para contarlas a los demás países centroamericanos, y que son realidades que exceden lo local. Son realidades que ocupan a toda Centroamérica ahora. También devela que se está creando una literatura que afuera se considera de calidad e historias muy importantes.

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Hay una atmósfera construida por la muerte. ¿Cuál fue tu primera experiencia con la muerte?

Fue la muerte de mi madre. Y de alguna manera viví un duelo un poco similar a ese. Creo que también, en algún modo, a veces, me da miedo mostrarme frágil, aunque soy frágil.

¿Cómo fue la relación de madre e hijo? ¿Y cómo esta relación ha marcado tu literatura?

La relación con mi madre en los últimos años fue complicada. Entre ella y yo había un muro muy grande que fue la drogadicción de mi hermano, su adicción al crack. Esta terminó destruyendo nuestra familia, y también, por supuesto, la vida de él y la de mi madre. Antes de eso tuvimos una buena relación. Le estoy profundamente agradecido. Ser madre soltera en las circunstancias que le tocaron no fue fácil, y ella asumió toda esa carga sola. Me parece admirable. En cuanto a cómo esta relación mía con ella ha marcado mi literatura, pues la ha marcado mucho. En ese cuento con el que acabo de ganar me inspiré en ella. Y en algunos de mis poemas también está presente.

¿Cómo dimensionás tu infancia a tus 34 años?

En términos creativos, veo mi infancia como una fuente inagotable de materiales literarios. Recurro mucho a ella para escribir. A veces soy muy nostálgico y la idealizo demasiado, y otras veces me duele un poco. Yo crecí solo con mi madre en San Jacinto, en la colonia Santa Marta. Una colonia de clase trabajadora. Tengo muy buenos recuerdos de ese lugar con los amigos con los que crecí, también fui testigo de cómo fue evolucionando la violencia social en esos espacios después de la firma de los Acuerdos de Paz. Pasábamos mucho tiempo en la calle. Recuerdo que la mayoría de padres no tenían muchas proyecciones sobre sus hijos, la meta más alta era graduarse del bachillerato, encontrar un trabajo, tener hijos y ya. Yo me metí a la universidad porque mi hermano, que se había hecho hippie, me convenció de que lo hiciera. Él abandonó la carrera al segundo año, yo me quedé, y de repente estaba escribiendo sobre todo eso.

Ahora que lo veo con el distanciamiento de mi edad, pienso que la infancia es un fantasma que está presente a la hora que escribo.

Según el jurado del Premio Carátula, tu cuento es una metáfora de El Salvador y sus habitantes. ¿Cómo resumís un país, desde tu historia, en 13 páginas?

No había pensando en esa interpretación. Cuando lo escribí, no pensé en una metáfora que resumiera en 13-14 páginas, como dicen ellos, el contexto de no sé qué, ¿de violencia? Pero si mucha gente que está viviendo esto se puede mirar en ese cuento, lo que describo ahí, eso ya es una ganancia y algo que me llena de mucha satisfacción, que la gente pueda mirarse ahí a sí misma, que puedan sentirlo y conmoverse. También que hay un montón de familias que están viviendo eso.

Es el segundo año consecutivo que un salvadoreño gana el Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve, ¿qué nos dice eso del terreno que está ganando el cuento joven en El Salvador y en Centroamérica?

El hecho que El Salvador haya sido ganador dos veces nos dice que hay historias muy interesantes y muy importantes en nuestro país para comunicarlas, para contarlas a los demás países centroamericanos, y que son realidades que exceden lo local. Son realidades que ocupan a toda Centroamérica ahora. También devela que se está creando una literatura que afuera se considera de calidad e historias muy importantes.

¿Cómo te encontraste en el cuento? Antes solo escribías poesía.

Creo que el cuento me ha permitido expresar otras cosas y explorar otras cosas de mí que en la poesía no se me presentaban de la misma manera. Me parece que es un género más versátil en el que uno se puede extender más y en el que uno puede decir más cosas con un lenguaje más referencial.

Aparte, ha sido una experiencia de estar aprendiendo, porque para mí es un género nuevo, y me gusta ver que cada día depuro un poco más, que de alguna manera me vuelvo más limpio y que siento que estoy creciendo un poco en ese género. Cuando veo lo que comencé a escribir de narrativa a lo que estoy escribiendo ahora, veo que hay cierto crecimiento y eso me gusta.

¿Cómo hacés para llevar el proceso de la poesía que es totalmente diferente al proceso de escritura de cuento? ¿Te ves conviviendo con ambos géneros?

Quisiera seguir cultivando los dos géneros. Los dos géneros me gustan. Ahorita me he dedicado más a la narrativa, pero yo quiero seguir escribiendo poesía. Yo no quiero que el narrador termine comiéndose o matando al posible poeta que hay.

¿Por qué?, ¿te da miedo?

A mí me gusta mucho la poesía. Me gusta leer mucha poesía y lo que pasa es que es un género, como te decía, que no lo puedo cultivar… o sea, a veces, puedo pasar 4 horas en un verso. En cambio, en narrativa, yo creo que en 4 horas he redactado unas cuatro páginas. Aunque no estén tan buenas, pero sentís que te has ejercitado. Para escribir poesía siento que tengo que estar como más cerca de mis emociones. Es un género que va imponiendo su propio ritmo en uno.

No son géneros que se excluyen entre sí. Son complementarios. A mí lo que me gustaría sería mezclar. Utilizar ciertos recursos poéticos para mis cuentos. Me gustaría poetizar más mis cuentos.

Pandillas, migración, homicidios, problemas que mencionás en tu cuento, ¿cuáles de estos te golpearon directamente en El Salvador?

Todos. Donde crecí la invitación a volverse pandillero siempre estuvo presente, o te hacías metalero o marero o evangélico. Esas me acuerdo que eran las tres opciones. Un amigo muy querido de infancia, por ejemplo, se hizo pandillero y me tocó ver su transformación de cerca. Finalmente terminó desaparecido. Si se trata de migración, la mitad de mi familia paterna migró en los ochenta a Estados Unidos; y si se trata de homicidios, yo vi varios muertos. Una vez –con una novia que tenía en ese entonces–, era primera vez que la llevaba a mi casa, nos bajamos del bus en la parada de mi colonia y acababan de matar a tiros a un pandillero de otra zona. Todas esas cosas uno las termina normalizando. No me gusta hablar mal del país, pero al final eso es lo que viví y son los resultados de la pobreza y la violencia estructural. Es una violencia que tiene responsabilidades históricas, no es anónima.

Recibiendo premio.

¿Por cuáles de esas tres opciones de vida que mencionás optantes para sobrevivir en tu colonia?

Desde que nací hasta la adolescencia fui adventista, no porque yo quisiera, sino porque mi mamá pertenecía a esa secta. Luego, cuando tenía 16 años, afortunadamente el rock me sacó de ahí y me volví metalero; y más adelante ateo, cuando entré a la UES. Pienso que ese tránsito evitó que yo cayera en esas tentaciones de violencia pandilleril. Recuerdo, por ejemplo, el bachillerato, cuando estudié en un instituto del centro, ubicado a una cuadra del parque Libertad, estaba muy de moda esa rivalidad estúpida de estudiantes de secundaria entre técnicos y nacionales. A la mayoría de compañeros les seducía todo eso. A mí me interesaba muy poco. Yo pertenecía a un grupito de compañeros en el que todos éramos metaleros. En ese tiempo estaba muy de moda los pantalones tumbados, pata de elefante, y nosotros llegábamos con pantalones apretados y botas. Eso hizo que no nos metiéramos en nada, y mejor, porque en esos años el centro era bien complicado.

¿Por qué te fuiste de El Salvador?

Por razones más personales. No me fui huyendo de la violencia ni de la pobreza ni nada de eso.

«Gobierno de mierda» decís en «2 de noviembre», tras hablar de 12 muertos por día. ¿Qué pensás del FMLN como proyecto político? ¿Qué fue de «su lucha por el pueblo» en estos 10 años de gobierno? Estos días está promoviendo, junto con ARENA y desde la Asamblea Legislativa, una ley para no castigar los crímenes de la guerra.

Sí, digo «Gobierno de mierda» para canalizar la rabia e impotencia del personaje de mi cuento.

Antes de responderte a esta pregunta quiero decir que yo trabajé seis años en la Secretaría de Cultura del FMLN, pero antes de eso ya era militante. Siempre he creído que la única manera de cambiar el estado de cosas es organizándose. El FMLN, si bien en estos 10 años, no realizó cambios sociales, económicos y culturales que alteraran la estructura económica ni revirtió el neoliberalismo, sí realizó importantes logros en materia de inversión social e inclusión que beneficiaron a aquellos sectores históricamente marginados por los gobiernos de la derecha. Solo para mencionar algunos: la gratuidad de la UES, el programa de alfabetización, los paquetes escolares, la reforma de salud, el aumento al salario mínimo, la pensión básica universal y toda la infraestructura que deja el MOP.

Estas cosas jamás se hubieran dado con los gobiernos de ARENA. Por su puesto, se va con muchas deudas del Ejecutivo, una de ellas es cultura. Ahora, yo, más que proyecto político, lo veo como un instrumento político. Para mí, el proyecto político de transformación social excede a la izquierda partidaria y articula a todos los sectores de izquierda del país. Por lo que veo desde lejos, el partido ahorita está en una crisis de horizonte político. Hay gente que tiene intereses más corporativos dentro del partido, que lo quieren derechizar, y otra gente que lo quiere hacer regresar a sus valores de izquierda. Yo me ubico más en el segundo grupo. Dependerá mucho de las elecciones internas y de si se está reflexionado sobre un horizonte político alternativo de izquierda. La reflexión clave será, como ya antes había mencionado Julia Évelyn (Martínez), si continuarán asumiendo una posición de resistencia contra el capitalismo o si creen que pueden humanizarlo y acomodarse a él.

Habrá que ver si el nuevo gobierno entrante logra desburocratizar esa institución, cuyo 90% de su presupuesto se va en pagar burocracia y un 10 % en la creatividad de los artistas que son su razón de ser. Y también si logra hacer cumplir aquellos mandatos de la ley de cultura que benefician a los artistas y los trabajadores de la cultura.

En cuanto a la ley que decís que están promoviendo, no sé cuáles serán las justificaciones, pero desde donde lo veo, me parece un error. Ahí lo más importante son las víctimas. Hay mucha gente que todavía tiene heridas abiertas, familiares desaparecidos y masacrados por el ejército, quienes todavía esperan que haya justicia y reparación, y que se sepa la verdad. Pienso que antes que aprobar una ley de esa naturaleza hay que escucharlos a ellos y a los demás organismos de derechos humanos.

¿Ves posible que luego de la apatía de la juventud a la política pueda surgir una nueva izquierda con representatividad política? ¿Quiénes tendrían que liderarla?

Antes que dar por clausurada la representación política del Frente, habrá que ver su reconfiguración después de sus internas. Si esta nueva reconfiguración ya no logra la representación política de las mayorías, supongo que el espacio es propicio para crear otros instrumentos partidarios de izquierda, pero mientras tanto yo preferiría esperar.

Pero en estas internas del FMLN no se le apuesta a la juventud, sino a rostros gastados de la política, como Arístides Valencia y Óscar Ortiz. El primero señalado en investigaciones periodísticas de negociar con pandillas; y el segundo, de tener supuestos vínculos con el narcotráfico. ¿Creés que aún así puede haber una reconfiguración de un partido que obtuvo uno de los peores resultados históricos en las elecciones presidenciales?, ¿o cómo podría levantarse?

Tengo entendido que ellos no son los únicos dos candidatos, pero aún así, preferiría esperar a ver qué rumbo tomará el partido después de las elecciones.

Si, como mencionás, acá la violencia es estructural y tiene causas históricas. ¿Qué opinás de que el partido del que vos fuiste militante aprobó en 2016 una serie de medidas extraordinarias para continuar con la represión de la violencia, que ya venía desde los gobiernos de derecha, y que no haya aceptado las ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué no sentar un diálogo y tener el respeto a los derechos humanos como una posible solución a la violencia?

La violencia responde a causas estructurales y tiene responsabilidades históricas. La violencia es un problema que afecta solo a los pobres. Si afectara a los ricos, el problema ya se hubiera resuelto. Yo nunca he conocido a un hijo de rico que se haya hecho marero. Ahora, en cuanto a las medidas extraordinarias, nunca he estado de acuerdo. La política represiva del gobierno del FMLN siempre me pareció un error. Obviamente la situación de violencia y criminalidad en el país es alarmante, pero así como se han empleado estas medidas extraordinarias, se van un montón de jóvenes en la colada que nada que ver. Haber sacado a los militares a la calle y otorgarles el poder para arremeter contra los ciudadanos fue una medida que no solucionó para nada el problema. Supone más bien un retroceso, pues la PNC se fundó después de la guerra, para que la Fuerza Armada dejara de reprimir a la gente. En todo caso, mejor se hubiera ampliado el cuerpo de la PNC.

Los artistas esperaban mucho de los dos gobiernos de izquierda. Sin embargo, en ambos no hubo acciones concretas para respaldarlos. Siguen sin existir espacios para una formación sistemática, que es una de las demandas históricas. En la marcha del 1.º de mayo, por ejemplo, un grupo de artistas señaló que el Ministerio de Cultura les había mentido con la creación del Instituto Superior en Artes y con becas que les ofrecieron para seguirse formando. ¿Qué le pasó al FMLN en estos 10 años? ¿Por qué abandonó a los artistas?

Las expectativas era muy altas y los resultados quizá muy bajos. Lo más importante que deja el FMLN es la Ley de Cultura, que se aprobó durante el último periodo de Salvador Sánchez Cerén. De esta ley se desprende la creación del Instituto Superior en Artes y también de ahí surgió la idea de elevar de rango a la Secretaría de Cultura a ministerio. El problema es que no se le destinó recursos a esta ley, ni tampoco se cumple lo que ahí se estableció, en parte porque no tiene un reglamento claro. A Mauricio Funes no le importó la cultura, y en el periodo de Salvador Sánchez Cerén, quienes tomaban las decisiones en el Ejecutivo, tampoco la vieron como un eje estratégico. Hizo falta destinar más recursos, pero también tener mayor voluntad política en querer desarrollar una gestión estatal de la cultura de largo alcance. Aparte se nombraron personas para que dirigieran la SECULTURA, a quienes, además de presupuesto, les hizo falta creatividad. Habrá que ver si el nuevo gobierno entrante logra desburocratizar esa institución, cuyo 90 % de su presupuesto se va en pagar burocracia y un 10 % en la creatividad de los artistas que son su razón de ser. Y también si logra hacer cumplir aquellos mandatos de la ley de cultura que benefician a los artistas y los trabajadores de la cultura.

Allan Armando Barrera Galdámez

Hasta los huesos

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

El terremoto del 13 de enero de 2001 les dañó la casa. Ya para entonces, seguir en el trabajo en el que estaba en el área de seguridad le implicaba riesgos. Un segundo terremoto, ocurrido exactamente un mes después, terminó de botar paredes y también dudas. La única alternativa era partir a Estados Unidos para ayudar a su padre enfermo y a sus hermanos menores a reconstruir la casa y a levantar, ahora sí, una posibilidad más certera de mejorarse la vida, porque, hasta ese momento, no había ninguna. Se llamaba Juan Carlos López. Tenía 24 años. Se fue.

“¿Cuánto puede cambiar una persona en 18 años?”, se pregunta Luis López en el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE), una organización de la sociedad civil que es todo lo que su nombre dice y de la que ha llegado a ser director. “Aquí no dejamos de buscar a nadie, no importa si han pasado 18 años, como en el caso de mi hermano, Juan Carlos”.

La migración irregular era en 2001 -es en 2019- un tema que se mide más en las remesas que recibe El Salvador una vez el migrante está en su destino. De las etapas previas, El Salvador no da cuentas claras. Hay cálculos inexactos, subregistro y desinformación. Una nebulosa que se tragó al padre de Juan Carlos y de Luis y a una prima cuando intentaron poner una denuncia por una desaparición que no fue aquí, que fue en un allá que ni el padre, ni la prima, y quizá tampoco el policía que los recibió en ese 2001 conocían bien. Desde un desasosiego al que el tiempo le vació el drama, Luis lanza otra pregunta: “Si el desaparecido en territorio nacional no existe, menos existe el que se ha perdido afuera, donde nadie conoce, ¿qué podían hacer en la delegación de la PNC con un caso de una persona que se desapareció huyendo?”

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ANTE LA SOSPECHA DE UN DELITO, el primer impulso en una sociedad institucionalizada es buscar a la policía. Cuando se trata de migrantes, sin embargo, la policía no hace nada: no puede recibir una denuncia por un delito que en el país no existe. La legislación salvadoreña solo contempla la desaparición si la ejecuta un miembro de un cuerpo de seguridad. El otro delito relacionado es el de privación de libertad, pero, aunque una persona tenga sospechas de que su familiar fue privado de libertad mientras migraba, no le abrirán ninguna investigación, si el hecho sucedió fuera de las fronteras. Así, es inútil, por ejemplo, intentar colocar una alerta de migrante desaparecido en una delegación de la PNC o en una sede de la Fiscalía General de la República.

El tiempo que ha pasado entre 2001 y 2019 no ha sido suficiente como para que en las delegaciones de la Policía Nacional Civil se cuente con un protocolo para guiar a las personas hacia alguna de las tres instituciones salvadoreñas que sí reciben alertas de migrantes desaparecidos. El papá de Luis y la prima rebotaron por varios lugares hasta que llegaron a las oficinas de la INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal), donde pudieron informarle al Estado que su Juan Carlos se fue con rumbo a Estados Unidos, pero nunca llegó.

Esa denuncia en INTERPOL tampoco desató una búsqueda intensa ni sirvió para calmar las angustias del padre de Luis y de Juan Carlos. Les dijeron que la Procuraduría General de la República (PGR) les tenía que hacer llegar un mandato para que ellos empezaran a investigar. Los familiares fueron a la PGR y consiguieron colocar el caso.

La sospecha en ese momento era que Juan Carlos había sufrido un naufragio, y con él también estaban desaparecidos otros 18 migrantes. La respuesta de la INTERPOL fue exponer a esta familia a un conjunto de fotografías de cadáveres rescatados en ríos. Eran cuerpos muy lastimados, en los que no pudieron reconocer a Juan Carlos.

“La primera reacción es pensar en INTERPOL como la oficina regional de la policía. Sin embargo, la institución que realmente está llamada a tener competencia nacional para centralizar los casos es la cancillería. De modo que si la gente llega a un centro policial a reportar una desaparición de migrante, la remisión institucional se debería hacer a la división de derechos humanos de este ministerio”, explica Lissete Campos, asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la institución que ha colaborado con otras para hacer estudios sobre la migración, los desplazamientos forzados y las desapariciones, entre otros.

Para el padre de Luis y de Juan Carlos la búsqueda fue demasiado. Murió un año después de la partida del joven. Una serie de infartos sufridos en diferentes momentos terminó de debilitarle el corazón. Eso y la angustia. “Lo que hicieron con mi familia forma parte de lo que ahora como institución intentamos cambiar: es el trato que se le da al familiar”, explica Luis en 2019, cuando su búsqueda sigue tan activa como la de otras 300 personas más de quienes CONFAMIDE lleva los casos. Los uniforma la ausencia.

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EL AÑO PASADO, a El Salvador ingresaron $5,468.7 millones por remesas familiares. Esto representó un aumento del 8.4 % con respecto a lo recibido en 2017, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva. Las personas que migran, en este punto, cuentan.

Cuando se trata, sin embargo, de intentar obtener un número de denuncias o alertas por migrantes desaparecidos no hay una institución que se atribuya la responsabilidad. Lo explica, desde un punto de vista humanitario, Luis: “A nosotros nos tocó vivir la parte de la migración que no importó, porque no generó ingresos. La que no importó, porque no generó mano de obra; y la que no importó porque, al final, eran personas que no contaban físicamente para el Estado. Todo eso nos generó algo más que dolor, a nosotros todo eso se nos convirtió en coraje”.

Después de constantes exigencias de los afectados que se organizaron, se establecieron tres instancias para alertar sobre la desaparición de alguien mientras intentaba llegar a otro país sin documentos: una oficina de atención al migrante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, las delegaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en todos los departamentos y la sede de COFAMIDE.

Cada una de las instituciones lleva su propio registro y sus propios números. Pero las tres coinciden en dos puntos. Uno es que el subregistro es tan grande que cualquier cálculo se quedará siempre pequeño. Y dos: el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador, que está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El banco ha sido una respuesta casi providencial al reclamo de los familiares para organizar búsquedas, ganar reconocimiento y apurar justicia. Antes de 2010, no había en El Salvador nada parecido a lo que este EAAF instaló. Y era tanta la sed, que la primera toma de muestras de ADN fue masiva. En una semana, el equipo argentino tuvo que realizar más de 100 tomas. Solo en 2010 quedaron registrados 188 perfiles genéticos de los 906 con los que contaba el banco hasta abril de este año.

Cuando una familia decide abrir un proceso de búsqueda de un migrante desaparecido se acerca a cancillería, a la PDDH o a COFAMIDE. Ahí aporta tantos datos como pueda tanto de la identidad como de la ruta que llevaba el migrante. Tras este paso, sigue la espera.

No todas las alertas terminan en una toma de muestra de ADN. La primera búsqueda se hace en vida. La institución que más facultades tiene para recorrer este primer tramo del camino es cancillería, porque debe activar a sus consulados para que estén pendientes de las novedades en hospitales, estaciones migratorias y centros de detención, entre otros. Su carácter de gubernamental le da credenciales para solicitar a las autoridades de otros países que se movilicen. Así, al menos, en teoría.

En la práctica, no hay nada que sistematice las comunicaciones entre cancillería y el familiar que demanda la búsqueda. Una llamada de una madre o padre angustiado se puede perder en la maraña de extensiones telefónicas de un ministerio. “Es que tampoco el rol de cancillería es ir en la búsqueda, porque el otro país no lo permite. Jugamos contra los tiempos y entiendo que es difícil, pero si el familiar no sabe ni dónde está la persona, se dificulta más, necesitamos pistas”, reclama Tania Rosa, directora de Derechos Humanos de este ministerio.

Si la alerta se coloca en delegaciones de la PDDH, la familia puede contar con apoyo psicosocial para contener los daños de una pérdida de este tipo, pero para hacer la búsqueda en vida, el caso siempre tendrá que llegar a cancillería. Y lo mismo pasa si se coloca en COFAMIDE.

La ventaja de COFAMIDE con respecto a las otras dos instituciones es la empatía. Cada uno de los miembros del comité tiene o ha tenido a un familiar migrante desaparecido. Además, cuando recibe una alerta, activa su red internacional de organizaciones hermanas para que ellas hagan parte de la búsqueda. Pero en caso de necesitar que se haga una coordinación con instituciones gubernamentales de otro país, como hospitales y centros de detención, de nuevo, la de las credenciales es cancillería.

“Es importante que la gente sepa que en COFAMIDE encontrará un abrazo y la calidez, pero la acción de búsqueda inmediata no está ahí. En tema de desapariciones el tiempo es fundamental. Lo que recomendamos es ir a ambos sitios, porque les van a dar cosas diferentes”, de acuerdo con Campos, del CICR.

“¿Qué hacen las demás instituciones por los migrantes en El Salvador?”, pregunta Rosa desde cancillería. La respuesta que da es una extensión de las manos en las que cae la responsabilidad con respeto, por ejemplo, a la promoción de mecanismos de denuncia: “No es cierto, más sí tenemos una ley, que esto sea un mandato exclusivo de la cancillería o de la Dirección General de Migración y Extranjería. Ambas instituciones hacemos nuestro rol de acuerdo a nuestras competencias. Pero ¿y los demás? ¿Quién dice que no pueden ejercer?”

Algunas familias nunca abandonan la idea de un encuentro en vida. Pero hay un momento en que, a escala institucional, se activa la búsqueda de un fallecido. Y entonces hay que tomar un perfil genético, una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN), que es el encargado de contener las instrucciones genéticas de todo ser vivo.

El Salvador, pese a ser país expulsor de migrantes, además de no contar con mecanismos centralizados y claros de denuncia de desapariciones, tampoco cuenta con banco genético. Este servicio está habilitado gracias a la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una institución que ya cumplió 35 años de existencia y que ha realizado proyectos en otros 30 países. Lo forman 70 profesionales y algunos de ellos viajan hasta El Salvador cada vez que se reúne cierta cantidad de familias en disposición de dar el paso hacia la búsqueda de sus familiares entre fallecidos.

Desde 2010, el EAAF ha viajado en 48 ocasiones para tomar muestras de perfiles genéticos de salvadoreños. Así ha logrado reunir 906 perfiles de familiares que buscan a 326 migrantes desaparecidos que pertenecen a 323 familias.

Esta es la cuenta más depurada que tiene El Salvador de los suyos que han desaparecido en un intento por alcanzar una mejor calidad de vida. Y es fruto del trabajo de un grupo de argentinos que realiza las tomas bajo estándares sanitarios estrictos, las codifica, las envía a laboratorios especializados en ADN y luego las confronta con bases de datos de restos no identificados en busca de una coincidencia genética.

La mayoría de las muestras, 844, han sido tomadas en El Salvador, en los municipios de San Salvador y San Miguel. Pero el EAAF también ha viajado a otros países en busca de este material de salvadoreños. Tomó tres en Italia, una en México y 58 en Estados Unidos.

El Salvador captó el año pasado remesas de 162 países, pero el 93 % -es decir, $5,098.7 millones-, llegó desde uno solo: Estados Unidos, el receptor por excelencia de salvadoreños, ese lugar al que Juan Carlos se dirigía.

En casi una década, el EEAF ha logrado hacer 48 identificaciones de restos de migrantes a los que sus familias buscaban. A cuatro los encontraron en México y la mayoría, de nuevo, se acumula en Estados Unidos con 44 restos migrantes identificados como salvadoreños gracias al trabajo de argentinos.

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LUIS Y EL ENCUENTRO ANHELADO
Con los años, comenzamos a recibir noticias de mi hermano. Y todas esas pistas nos llevaban a Oaxaca. Varios conocidos nos manifestaron que ahí había una persona igualita a él, pero no estaba en buenas condiciones de la mente. La búsqueda era bien artesanal. Nosotros, como familia, les dábamos fotografías a otras personas que sabíamos iban a migrar a Estados Unidos, así como se fue mi hermano, bien irónico, ¿verdad? Pero así era. Les pedíamos que si lo miraban, nos hicieran el favor de avisarnos.

Con COFAMIDE comenzamos a participar en actividades y pude viajar a México. Andaba en Oaxaca, en Ixtepec, y mientras participaba en una marcha, se me acercaron unas personas solo para decirme que sí, que sí habían visto a alguien muy parecido a la foto que yo portaba, que era de mi hermano. Esta persona andaba de un lado a otro, deambulaba.

Ya en el año 2011, que volví a ir, pasó la misma situación. Y fue que decidimos iniciar el proceso de búsqueda con autoridades de allá, porque ya había mucha pista que se podía seguir. Pero fue hasta en 2013 que volvimos a ir, que ya pusimos la denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros dimos la información y cumplimos con todo lo que nos pidieron.

¿Y sabe qué? Perdieron la información de todo el proceso. No tienen nada.

Pero a nosotros, como familia, nos seguían dando pistas de que ahí estaba mi hermano. Por todo el trabajo que hacemos como COFAMIDE, logramos crear como alianzas. Y fue en 2014 que nos pusimos en contacto con una organización en Oaxaca que se llama Centro de Orientación al Migrante. Varias veces me reuní con la directora de ahí y, en una de esas, ella me mandó una foto de una persona que se presumía era salvadoreño y en la foto parecía que era mi hermano. Pero ¿cómo saberlo solo por la foto? ¿Cuánto puede cambiar una persona en 9, 10, 12 años?

Además, estaba en estado vegetal.

Para esa misma fecha, había en México una reunión del banco forense, donde íbamos a dar los resultados del trabajo que se venía haciendo y pedí que me dieran un par de días para moverme a Oaxaca. Fui para el hospital Valdivieso y ahí lo vi.

Imagínese, ¡sí se parecía a él!

Pero las condiciones de él ya eran muy cambiadas. Después de 13 años sin ver a alguien, sin saber nada, uno en lo que tiene que pensar es en que las personas cambian. Mi hermano se fue de aquí sin tatuajes. Esta persona tenía tatuajes, no de pandillas, pero tenía como una muerte, una calavera y cosas así. De vista, no pude estar seguro de que era él. Tuvimos, ya a esas alturas, que irnos por pedir la prueba de ADN.

En el ADN salió que no era él.

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EL AVANCE QUE HA MOSTRADO CANCILLERÍA durante la última década en el tratamiento de los temas de migrantes desaparecidos no se pueden negar, de acuerdo con la abogada del CICR, Lisseth Campos. Y lista: toman denuncias, activan consulados, integran el banco forense. Sin embargo, la comunicación con los familiares y el trato hacia ellos siguen siendo materias a deber. Igual que la continuidad de todos estos avances. “La debilidad es el soporte jurídico que estos procedimientos tienen, ya que todos se han dado a través de guías y de lineamientos administrativos que corresponden a esta gestión y no hay garantías de que la siguiente los mantenga”.

El 17 de marzo de 2011, los diputados aprobaron la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia. Aunque los especialistas aseguran que la norma se enfoca más en migrantes que regresan por cualquier motivo a El Salvador; desde el artículo 27 al 29, la ley establece una serie de reivindicaciones. Se establece un Programa de Asistencia y Protección, un Proyecto de Consulta y Asistencia Legal, Educación y Servicios de Salud para la Persona Migrante y su Familia, y se crea un fondo especial para pagar los costos de retorno de heridos y repatriación de salvadoreños fallecidos en el exterior. Con ocho años de vigencia, nada de esto cuenta con financiamiento. Y, lo más probable, es que cumpla la década así, ya que no se ha incluido en el Presupuesto General de la Nación de 2020.

“Hay un tema de falta de recursos a la base que es uno de los factores que contribuyen a no hacer más acciones de búsqueda y a que se retrasen los procesos de repatriación de los restos localizados”, explica desde el CICR, la abogada Campos.

Tania Rosa, directora de Derechos Humanos de cancillería, apunta hacia otro lado: “No hay que crearle falsas expectativas a la gente. El que suelten un cuerpo no depende de nosotros. Depende una instancia en la que incide hasta en qué circunstancias falleció la persona”. Rosa cifra el costo de una repatriación entre los $3,000 y los $5,000.

El 29 de abril de 2019, la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior hizo reformas a la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia. Una de las modificaciones que más implicaciones técnicas y financieras tiene es la del artículo 30: “El Instituto de Medicina Legal dispondrá de un banco de perfiles genéticos conformado con muestras de ADN de familiares de las personas desaparecidas, a efecto de facilitar la identificación de estas últimas”.

Entonces, la ley que establece la creación de programas sociales para los que desde 2011 no hay dinero asignado, ahora, en 2019, también incluye la creación de un banco para el que no se ha calculado costo económico ni técnico. Entre los diputados que firmaron esta reforma están: Reynaldo Cardoza, Numan Salgado y Marcela Villatoro.

Los diputados han dejado constancia escrita de que, para ejecutar este cambio, solicitaron opinión a varias instituciones, entre las que se cita a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. “El Estado nunca ha mostrado voluntad para instalar un mecanismo de este tipo y ahora quiere hacerlo con una reforma a la ligera. Nos pidieron opinión, sí, pero lo que dijimos fue que, aunque el equipo argentino no puede suplir para siempre la responsabilidad del Estado salvadoreño, es necesario abrir un espacio para que se dé una transición, con los profesionales argentinos a la cabeza, y no montando todo de la noche a la mañana”, asegura la procuradora adjunta, Beatriz Campos Cevallos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense nació en 1984 y desde el inicio marcó la diferencia al crear procesos para que la participación del familiar de un desaparecido no se limitara a recibir una notificación impresa de la coincidencia o no del material genético. El protocolo con el que trabajan incluye entrevistas para que los familiares aporten información, pero también capacitación en el proceso científico de identificación y cuentan, claro, con un componente de atención mental y emocional.

Para Campos Cevallos, mantener este protocolo es innegociable. “Estas personas merecen una atención digna, ellos nunca abren un duelo ni lo cierran, aunque ya estemos en proceso de identificación de restos, ellos siempre van a esperar ver a su familiar vivo, un mecanismo como este no se monta por decreto”, comenta.

***

BERTHILA Y LAS FLORES
Mi hijo, Carlos, se fue a Estados Unidos un 17 de marzo de 2011. Tenía 21 años. En el camino, constantemente me llamaba. El último día que él me habló, me dijo que había comprado un boleto para la frontera y que estaba en la terminal de Monterrey. Fue el domingo 27 de marzo. Él me habló como si fuera la última vez y yo también, como madre, tuve el presentimiento de que algo no estaba bien.

A los cinco días de que él ya no se comunicó, pusimos la denuncia en cancillería. Nos dijeron que iban a informar cómo iba la búsqueda de mi hijo. Pero pasó mayo, junio, julio y no daban ninguna respuesta. Yo les llamaba y no me daban información. Luego, ya dejaron de contestarme.

Decidimos volver a venir a cancillería, la sorpresa fue que cuando dijeron que iban a buscar la fecha en la que había sido enviado el caso a México, se dieron cuenta de que no había sido enviado. Ya habíamos perdido más de tres meses en los que lo podían haber buscado.

Me causó mucha tristeza y enojo, porque nosotros como salvadoreños acudimos a nuestras autoridades con la esperanza de que ayuden; no les vamos a pedir dinero, ni un favor.

Estando ahí en Las Cascadas me enseñaron unos folletos de COFAMIDE. No entendí cómo ellos siendo las autoridades más adecuadas, las que pueden buscar y tienen toda la capacidad, me mandaron a un comité de familiares. Igual, les llevé los datos.

El comité me ayudó, estando ahí conocí la Fundación para la Justicia (y el Estado de Derecho, FJEDD), ellos tomaron el caso de mi hijo. Como a los cinco o seis meses, vinieron los argentinos a tomar muestra de ADN, para mí eso fue bien duro, porque yo no podía pensar que mi hijo estuviera muerto. Yo estaba a cero, deprimida, y decía que por qué me tomaban muestra de ADN. Mi esposo me decía que era porque lo buscaban vivo también.

Un día me hablaron por teléfono. A mí cualquier llamada me ponía mal, me ponía a llorar. Oí que me habló un señor con acento argentino y le corte la llamada. Porque me agarró un solo temblor. Luego me volvió a llamar, me dijo: “Soy Rafa, soy del equipo argentino, usted tiene un hijo desaparecido”. Hablamos y luego contactamos con la procuraduría de acá de El Salvador. Nos fueron a recoger muestras de ADN. A todo esto, ya habían pasado seis meses aproximadamente de que él había desaparecido.

Un mes después de eso, localizaron unos restos que podían ser de mi hijo. Le dieron a México la orden que nos avisara a la familia que lo habían encontrado, pero por aquello siempre de que las autoridades que no toman importancia a su responsabilidad, el caso fue archivado. Con papeles presentados y con el cuerpo de mi hijo ubicado, el caso igual fue olvidado. Fue hasta el año y nueve meses después, que de una oficina de Asuntos Internacionales me avisaron, por medio de la fiscalía, que era urgente que me presentara.

Cuando llegué, preguntaron que si nosotros éramos fulano y mengano. Sí, dijimos. Y comenzaron a explicar que habían encontrado restos en una fosa clandestina en Tamaulipas, y que sí, que uno de ellos era mi hijo. Ahí comenzó la dura batalla.

Para parar todo mi sufrimiento, yo lo hubiera querido hallar vivo. Pero no se pudo. Entonces yo lo que quería era que me lo trajeran ya. Yo quería la repatriación inmediata de sus restos, pero no fue así.

Se hizo un laberinto, las autoridades mexicanas hicieron mal el trabajo desde un principio. Como le digo, ellos al mes, dos meses, ya lo tenían identificado con las muestras de ADN. Pero no lo reportaron a El Salvador, ni a cancillería, ni a nadie. México se quedó con esa información.

Y fue hasta los nueve meses después, cuando ya la Fundación para la Justicia estaba metiendo papeles para allá y para acá, y el Equipo Argentino también hacía lo suyo. Entonces fue que ya empezaron a sacar los casos.

En cancillería no sabían que el caso de mi hijo había sido localizado. Cuando fui a pedir información, el cuadro de mi hijo estaba al fondo y no me creían. “¿A usted quién le ha dicho que lo encontraron?”, me preguntaban bien pésimas. Yo solo veía que buscaban los cuadros y sacaban y sacaban casos. En eso, vi que se puso a buscar en la computadora y me dijo: “Sí es cierto, vamos a preparar para la repatriación”.

Comenzamos este proceso y yo dije, bueno, ya lo van a traer. Ya va a pasar, ya lo vamos a enterrar. Pero a los tres días me llamaron de cancillería, y se hizo aquello tan engorroso, porque querían que llegara a firmar, porque a mi hijo lo iban a cremar, que por motivos de salubridad. Una palabra que yo no me sabía. Decían que podía contaminar. Entonces, no fui. La fundación puso amparos que sirvieron para parar la cremación de mi hijo y de muchas más gentes.

En todo ese proceso, mi estado de salud decayó al extremo, al suicidio, a la depresión, al descuido total de mí, de alimentarme, de cuidar de mi esposo, de todo. Quería morirme, quería de alguna manera llamar la atención para que me ayudara alguien. El comité me estaba apoyando, pero no era suficiente. Mi hijo estaba muerto y luego lo iban a cremar, para mí era algo inhumano.

La fundación tenía el caso, pero me indignaba, me daba mucha cólera el saber que había autoridades y no me ayudaban. En cancillería me dijeron que el caso estaba estancado.

Después de decir yo que ya lo íbamos a traer, vi cómo todo lo fueron retrasando. Yo lo quería aquí ya, pero todo el proceso de repatriación duró tres años y 10 meses. Él vino el 6 de febrero de 2015.

No creo que fuera por motivos de salubridad. A México le conviene y le ha convenido siempre cremar a la gente para borrar toda evidencia. Mi hijo vino en una caja grande, porque así lo pedí, porque mi hijo era alto. Me iba a impactar mucho que viniera en una cajita. Yo en México pude reconocer a mi hijo todavía, por sus pies, por sus dientes, por su rostro, por sus huesos.

A mí eso me hizo tener un poco de paz. Un poco, porque la partida de mi hijo se llevó una parte tan grande de mí. Le dimos sepultura, más que todo yo lo hice como una despedida. él tuvo muchas flores, le regalaron muchos ramos y aquello fue un jardín. Lo que yo deseaba para él. Después de la repatriación yo sentí menos peso. Ya puedo ir a verlo. Doy gracias a Dios, porque sé donde está.

ENTRE EL 1.º DE ENERO Y EL 24 DE MAYO, 272 personas han muerto en un intento por migrar en América, de acuerdo con el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De esas muertes, 110 se registraron en México. Pero pueden haber sido muchas más: “Desde 2014, más de 4,000 muertes se han registrado anualmente en rutas migratorias en todo el mundo. Sin embargo, la cantidad de muertes registradas representa solo una estimación mínima, porque la mayoría de las muertes de migrantes en todo el mundo no se registran”, dice el informe.

Las constantes peticiones de información sobre migrantes no localizados a México obligó a instituciones de la sociedad civil, como COFAMIDE, a reclamar a este país herramientas más accesibles para colocar denuncias. Así nació en 2015 el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano (MAE).

Con esta herramienta, los familiares de migrantes desaparecidos de Guatemala, Honduras y El Salvador ya pueden colocar, en las respectivas embajadas, una denuncia por desaparición sin tener que viajar a México, siempre que el último contacto con la víctima haya sido en ese país. Es una forma más directa de pedir a las autoridades mexicanas que activen la búsqueda.

Desde 2016, el MAE ha recibido 40 casos y ha ubicado a tres personas a quienes, solo por nombre, se ha hallado por medio de una orden de deportación. Aún hace falta la confirmación de identidad. “Lo que hay que ver es que este es un mecanismo que nació impulsado por los mismos familiares, es una respuesta que la sociedad civil buscó. Ha sido un logro de los familiares”, explica Elena Beltrán, de la Fundación Justicia y Estado de Derecho (FJEDD), que es el organismo que ha asumido la representación de los demandantes ante el MAE.

Para Luis, de COFAMIDE, las herramientas como esta van a ser siempre bienvenidas. Sin embargo, el problema es otro. En cada viaje que han hecho a México como institución, ha sido usual encontrar salvadoreños retenidos en estaciones migratorias o detenidos en delegaciones que no se han podido comunicar con sus familiares, a veces, en meses. Y esos familiares tampoco han levantado ninguna alarma. “Es gente que prácticamente tiene a un desaparecido y no denuncia; no lo hacen por amenazas, porque tienen miedo, porque el coyote es el mismo vecino, por un montón de cuestiones en las que está el verdadero problema de la migración actual: la gente no se siente segura”.

No se queda ahí, después de más de 15 años de andar buscando migrantes no localizados, a Luis todavía le queda margen para el asombro. Hay familias que, pese a tener un miembro desaparecido en la ruta migrante, deciden seguir ese mismo camino. “La gente está desesperada. Aquí no vamos a dejar de buscar a nadie, hasta que encontremos aunque sea los huesitos, pero sabemos que la solución no es esa”.

378 fotos impresas

María Estela Valladares

Mi nombre es María Estela Valladares. Busco a mi hijo: William Ernesto Quinteros. Se fue el 22 de julio de 2006. Y llegó a Estados Unidos el 25 de agosto. Estuvo un año y cuatro meses en Estados Unidos, ahí en Maryland. Él estaba trabajando en un restaurante como el que pasaba con azafates, porque todavía no hablaba inglés.
Un día me llamó para decirme que iba a salir con la novia que él tenía. “Vamos a ir a patinar en hielo”, me contó. Y yo le dije que tuviera cuidado, que él no sabía hacer eso. Y me dijo que me quedara tranquila. Esa noche, la muchacha regresó sola en el carro. Él ya no volvió.

En ese mes, mi hijo me había mandado una caja con un gran montón de cosas. Y entre todo lo que mandó se le había venido una agenda.

Mire, yo le llamaba y le llamaba, y el teléfono nada. Cuando él ya no me contestó, me desesperé. Y yo no sabía qué hacer. Después me acordé de la agenda, y comencé a llamar a esos números. En una de tantas me respondió un muchacho y me dijo: “Señora, yo quería hablar con usted pero no hallaba cómo”. Le pregunté que por qué . Y me soltó: “William ha desaparecido. Es que lo hemos buscado y no ha llegado ni al trabajo, ni a su casa, ni al cuarto que él alquila”. Ahí sentí la muerte.

Primeramente, yo me fui a la policía, a la INTERPOL. Ahí hicieron de que estaban buscando, pero solo me dijeron que estaba raro el caso, porque no lo hallaron ni en cárceles, hospitales y todo eso. Después, fui a poner la demanda en cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fui a la embajada. Por todos lados anduve y no le ponen cuidado a uno.

Estaba bien mal yo. Cuando vi que nadie me lo buscaba, empecé a hacer cosas. Mi hijo, en lo que estuvo allá, me mandó 378 fotos, así, en papel. Y, mire, yo a cualquiera le daba esas fotos de él para que me ayudaran a buscarlo.
Entregué muchas fotos. A mí me agarró feo de entregar fotos por todos lados. Yo, como que era loca, venían amistades y les decía “llévenme esta foto para allá”, para buscar a mi hijo.

Ahora me dicen que lo hice mal, porque, a veces, hay gente que solo por maldad se mueve.
Él me mandaba esas fotos, porque yo le decía que así me gustaba tenerlas, que me gustaba verlo. Y mire, pues, ahora me que quedado solo con unas ciento y algo. Siempre ando algunas, para verlo. Como le digo, me agarró feo de andarlas regalando, pero fue porque yo quería sentir que alguien me ayudaba a buscarlo.

Él se fue porque aquí trabajaba en un restaurante y salía a las 2:30 de la mañana. Y en el día daba clases de pintura, porque él es pintor en arte. De ver él que se trabajaba tanto y no se hacía nada, se dejó dar garabato de que allá en horas ganaban bastante dinero. Pero de ganar dinero a perder la vida, imagínese. Bueno, no quiero pensar así. Sigo pidiéndole a Dios que no sea así. Primeramente Dios que nos reencontremos.

El mensaje que les quiero dejar es que quiero saber qué paso con mi hijo, porque es una zozobra para uno. Yo he pasado mal este mes de mayo, he pasado pensando en mi hijo, en que él siempre tenía un detalle muy bonito cada Día de la Madre. Él me daba sorpresas. Y hoy ya no lo tengo.

11 años y ocho meses para verla volver

Santos Paulino

Mi nombre es Santos Paulino. Y ya no busco, porque, lastimosamente, ya encontré fallecida a mi esposa. Ella viajó en 2006 para Estados Unidos. Cuando llegó a la frontera de Houston, Texas, con México, me habló. Me dijo que era la última vez que me llamaba, porque el destino de ella era New York y ya al salir de la frontera de México, ya no iba a tener comunicación conmigo, hasta que llegara a su destino.

Me dijo “en 10 días estamos allá”, porque así les había dicho el coyote. Pasaron los 10 días, después 15 días, se llegó al mes y nosotros no sabíamos nada. También iba un pariente de ella, y esa persona sí llegó. Él dijo que mi esposa se había quedado en el desierto.

En julio, fui a cancillería, puse la denuncia. La tomaron y todo. Me dijeron que inmediatamente me la iban a buscar en vida; en asilos, en albergues, en cárceles, en hospitales. Incluso en hospitales psiquiátricos. Pero nunca encontraron nada. En las instituciones de gobierno, como no son ellos los que tienen un familiar desaparecido, a ellos no les importa, a ellos les vale todo. Ellos dicen: “Sí, nosotros buscamos”. Pero por mí experiencia y la de otros familiares, no los buscan.

Así pasaron los años y nada. En 2009, fue el acuerdo con el Equipo Argentino de Antropología Forense y les hicieron pruebas de ADN a mis hijos. Nosotros nos sentimos agradecidos, porque yo lo que quería era llegar a la verdad. Para ya no estar con esa angustia y desesperación.

El 25 de diciembre de 2012, seis años después de haber hablado con ella la última vez, mi esposa fue encontrada en el desierto, ahí falleció. En el informe que me dieron los científicos antropólogos decía que ella falleció de un ataque al corazón. Quedó fulminada ahí, y, de ribete, se la comieron los animales feroces del desierto, solo quedaron los huesos.

Pero no crea que me notificaron en esa fecha. A ella me la recogieron en el condado de Houston, Texas. Y se la llevaron a una morgue en la que estaban otros 500 esqueletos de personas migrantes desaparecidas de toda Centroamérica y también de México. Ahí estaba mi esposa.

Ir verificando pieza por pieza el cuerpo fue bien difícil para el grupo científico. Yo fui notificado hasta el 8 de marzo de 2016 del hallazgo por medio de cancillería. Cuatro años después de localizada fallecida. Me dieron la información a mí y a mis hijos, pues ya ellos prácticamente estaban solteritos, hoy ya mi hija tiene 22 años y mi hijo tiene 18 años. Nos dijeron en cancillería: “Se la encontramos”.

Me preguntaron que cómo quería la repatriación. Me volvieron a decir que no venía el cuerpo completo, venían partes, huesitos, pues. Pedí velarla en mi casa, la quería tener en mi casa una noche más y después el entierro. “En tres meses se la repatriamos”, me dijeron.

Pero a las autoridades salvadoreñas no les importa nada. Juegan con los sentimientos de las personas. Se cumplieron los tres meses y nada. Yo estaba preparado, tenía hasta dinero que me habían prestado para el velorio y nada.

Ahí es donde nosotros los que tenemos un familiar desaparecido sabemos que a las autoridades no les importa. Pasó un año y cuatro meses y todavía no la traían. Ahí yo me cansé y les dije a mis hijos que eso así iba a quedar, que ya no iba a preguntar más, porque mi familia estaba sufriendo.

Cuando ya no esperaba nada, me la repatriaron. Vino el 15 de octubre de 2018. Pasamos a pura mentira por un año y ocho meses. En total, desde que ella se fue de la casa y que me la regresaron pasaron 11 años y ocho meses de dolor y sufrimiento por la desaparición.

Hemos pasado con mis hijos una situación económica difícil. Mi hija hace cinco años terminó el bachillerato. Ella quiere ir a la universidad. Pero yo no tengo la capacidad. No tengo lo necesario. No tengo un buen sueldo para darle estudio a mi hija. Si yo hasta noveno grado llegué. Mi hijo ya salió también de bachillerato.

A él sí lo tengo estudiando en la Universidad Nacional. Pero no es porque yo tenga dinero, sino que ahí voy viendo como darle el estudio. He buscado quien me apoye, al menos con el estudio de mis hijos. Pero, hasta el momento, no hemos recibido nada.

Mi hija tiene toditos los recuerdos de cuando mi esposa se fue y se despidió. Aunque ha recibido talleres psicológicos, todavía le marca. Cuando viene el Día de la Madre, cumpleaños de ella o para Navidad siempre se me pone mal.

Así quedamos nosotros, mal en todo. ¿Usted no sabe de algún lugar en donde puedan ayudar a mi hija a seguir sus estudios?

Palabra clave: caballo

Omar Jarquín

Mi nombre es Omar Jarquín. Yo busco a David Alexánder Jarquín Pineda, mi hijo. Se fue en mayo de 2014, a los 24 años. Hoy tendría 29 cumplidos. Era la segunda vez que se iba. Ya lo habían deportado de Estados Unidos.
Esa segunda vez, se nos ocurrió poner una clave para distinguir cuándo me estaba pidiendo dinero él o alguien más. Quedamos en que, en la plática, me iba a preguntar por el caballo.

Cuando estaba en un municipio que se llama algo así como Zapata, ahí en México, me habló y me dijo: “Papá necesito que me mandés unos $300”. Le dije que no tenía y le ofrecí $150. Me dijo “vaya, está bueno”. De ahí empezó el problema. Fui a dejar el dinero al banco en la mañana, ya en la tarde me estaba hablando el coyote: “Hola. ¿vos sos el papá del muchacho tal?” Y me decía que yo me había equivocado de nombre en el banco, que no podían sacar el dinero. A mi hijo el coyote salvadoreño con el que iba me lo dejó. Y para llevarlo hasta Reynosa, otras gentes le pedían otros $500. Le dije que se los iba a mandar.

Cuando ya estaba en Reynosa, fue que me llamó. Le pregunté que cómo estaban las cosas ahí, pero cuando le dije así, me acordé de preguntarle si ahí no había caballos. Me dijo “no papá, no te preocupés. Todo está tranquilo. Ya mañana me pasan para ir a otro lado y dentro de cinco días yo te hablo, cuando ya esté donde José”, que era el primo que lo iba a recibir en Estados Unidos.
Ya pasaron cinco años de eso.

Para que mi hijo viajara tuve que hipotecar una casa que se perdió, me deshice de una camioneta que se tenía. Presté dinero. El caso es que yo invertí de unos $8 a $10 mil y, al final, no es el dinero que se juega. Yo quisiera saber dónde está el muchacho.

Todo el que viene de Estados Unidos, viene contando grandezas, cuenta cosas bonitas. Pero no cuenta los problemas. El viajar de las personas es para buscar una mejoría. Es un sueño que se persigue, que en algún momento dado quiere apoyar a la familia.

Ahora, mi esperanza es la siguiente: mientras no me entreguen los restos de mi hijo, los huesos, yo lo voy a considerar vivo y lo voy a buscar vivo.

Retratos de la esquizofrenia

Retratos de la esquizofrenia

Las primeras crisis delirantes aparecieron cuando era una adolescente. Aun así, estaba lo suficientemente bien como para continuar con sus estudios. Cuando empezó a estudiar Arquitectura, los síntomas se intensificaron tanto, que con frecuencia tenía que ser ingresada en un hospital. Ana Elsy tiene hoy 30 años y un diagnóstico de esquizofrenia hebefrénica, una de las más graves.

Jesús Martínez, médico psiquiatra del Hospital de Día de Psiquiatría del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), explica que los pacientes con esquizofrenia «es común que tengan ideas delirantes que no aceptan confrontación, pueden estar escuchando voces y viendo cosas que no existen. Expresan que alguien les está haciendo daño o que los quieren secuestrar».

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), la esquizofrenia se ha caracterizado por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta, lo que puede afectar el desempeño educativo y laboral de quien la padece.

Ana Elsy, en su intento por obtener un título universitario, continuó. Sin embargo, en el período de evaluaciones se descompensaba. Uno de los maestros de la universidad privada a la que asistía le dijo a Carmen, madre de Ana Elsy, que su hija no podía continuar sus estudios, «porque la universidad preparaba alumnos para la vida competitiva y con ese diagnóstico no calificaba, que no tenían las condiciones para atender ese tipo de problemas con los estudiantes», recuerda Carmen.

Las causas de la esquizofrenia no se han determinado por completo. Lo que sí está claro es que entre más temprano se identifique, más posibilidades existen de que el paciente no se descompense. Según datos del Ministerio de Salud (MINSAL), solo en 2017 fueron diagnosticados con esquizofrenia 2,425. Los nuevos casos encontrados en 2018 fueron 2,953.

Sin embargo, el principal problema de Ana Elsy no es la esquizofrenia. El mayor obstáculo es vivir en una sociedad que se niega a ser un puente de ayuda y comunicación para ella, quien además debe cargar con un sistema de salud sin los recursos necesarios para el control de su padecimiento. Cuando el medicamento no rendía efectos, Ana Elsy terminaba en una crisis. En toda la red de hospitales públicos hay 14,052 personas que reciben un tratamiento por esquizofrenia. El Instituto Nacional de Salud Mental afirma que cuando la esquizofrenia no se trata, el riesgo de que el paciente tenga conductas violentas o agresivas es mayor.

Los trastornos mentales son de los problemas de salud más frecuentes en el mundo y también son los que presentan un alto déficit de atención. Son producto de componentes biológicos, psicológicos y sociales que afectan al entorno en que se desenvuelve una persona, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Ana Elsy vivió casi 15 años de su vida sin socializar, sin comunicarse, entre incoherencias e inconsistencias, condenada a que la encasillaran como «loca o demente». Soportó el rechazo, las burlas y el aislamiento de los grupos que frecuentaba, «es que el mundo no está preparado para aceptarnos», repite Carmen.

Buscando ayuda fue como Carmen pasó la frontera del miedo y el estigma, aun sabiendo que uno de los caminos más pedregosos en el país es el de la salud mental. Hasta la creación de la Política Nacional de Salud Mental, la disponibilidad de recursos humanos fue de 10.01 por cada 100 mil habitantes, con un total de 92 psiquiatras en el sector público. Según datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NML), son los psiquiatras quienes examinan y diagnostican la esquizofrenia.

En 2019, el presupuesto para salud es de $662 millones. De los cuales, alrededor de $14 millones están destinados al Hospital Nacional de Psiquiatría Dr. José Molina Martínez, en donde es distribuido en la dirección y administración institucional y en servicios integrales de salud, según el MINSAL.

Sin embargo, cuando Carmen llegó a este hospital, se dio cuenta de que «las consultas son cada tres o cada seis meses, aunque el paciente tenga un cuadro delirante devastador y los medicamentos sean antiguos y causen efectos secundarios muy fuertes e intolerables, como en el caso de su hija», cuenta Carmen. La OMS afirma que por falta de recursos existen hospitales psiquiátricos a la antigua usanza que no son eficaces a la hora de proporcionar el tratamiento que necesitan las personas con trastornos mentales.

Pese a que, de cada 1,000 personas mayores de 15 años, cinco de ellas presentan un cuadro de esquizofrenia, según el MINSAL. «Los medicamentos en los hospitales nacionales se ponen escasos. Hay cuidadores que tienen que esperar que haya y eso hace caer en crisis al paciente», cuenta Yanira de Orellana, la presidenta de la Asociación Salvadoreña de Familiares y Amigos de Personas con Esquizofrenia y otras Discapacidades Mentales (ASFAE), quien trabaja con este tipo de casos.

Arturo Carranza, jefe de la Unidad de Salud Mental del MINSAL, asegura que no existe una línea presupuestaria para la salud mental en particular, por lo que considera que se necesitan más recursos y desarrollar ofertas de servicio descentralizadas para lograr apoyar a las familias en el territorio.

“Las consultas son cada tres o cada seis meses, aunque el paciente tenga un cuadro delirante devastador y los medicamentos sean antiguos y causen efectos secundarios muy fuertes e intolerables, como en el caso de su hija”, cuenta Carmen

Hasta 2017, solo se contaba con una Política Nacional de Salud Mental. En junio de ese año, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley de Salud Mental. No obstante, la legislación no contempló cada una de las patologías por separado, sino desde la generalidad. Estipula que el Estado, por medio del Ministerio de Salud es responsable de garantizar la protección de la salud mental de las personas, desde su prevención, promoción, atención, restablecimiento y rehabilitación en las diferentes etapas de desarrollo.

Nelson Flamenco, miembro de la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM), cuenta que para la creación de la ley no fueron tomadas en cuenta las asociaciones que trabajan en el país por este rubro, y que no existen recursos para el cumplimiento de la legislación. «Aprobaron una ley que no tiene presupuesto, qué hace una ley sin atención a familias, sin atención a las comunidades y sin descentralizar los servicios de salud mental», acota Flamenco.

La ley establece que a toda familia que tiene a su cargo una persona con trastornos mentales, el Estado debe garantizarle la participación en actividades culturales, recreativas, deportivas y de esparcimiento, para que contribuyan al desarrollo integral del paciente. Carranza asegura que aún les faltan retos a superar, y lo que se ha generado hasta el momento es una plataforma mínima.

Estabilidad. Ana Elsy encontró en ASFAE las terapias que necesitaba para mantener su estabilidad emocional.

«Cuando alguien presenta un problema de esquizofrenia, lo primero que se escucha del círculo social cercano son frases como: ‘no te preocupes’, ‘ya va a pasar’, ‘trata de sentirte mejor’, cuando lo que hay es un cuadro clínico al que se le debe de dar tratamiento profesional», explica Martínez.

Carmen repite con constancia: «No sabía qué hacer, no sabía dónde ir; yo quería gritar ‘auxilio’, el dolor y el impacto eran devastadores». Para lograr estabilizar a Ana Elsy y que tuviese los medicamentos adecuados para el control de la enfermedad comenzó a hacer préstamos. Aquel endeudamiento fue aumentando en la medida que Carmen no encontraba el apoyo ni los espacios que fuesen idóneos para su hija.

Según el informe «Personas con Trastornos Psiquiátricos Severos: Esquizofrenia», del MINSAL, el tratamiento se vuelve efectivo cuando hay un adecuado uso de psicofármacos y cuando en los espacios donde se mueve el paciente hay intervenciones psicosociales. De lo contrario, por ejemplo, una sobredosis o un medicamento sin control en la frecuencia con que sea consumido, puede tener efectos secundarios que podrían, incluso, causar la muerte.

Por ello, la atención a personas con esquizofrenia requiere de un mayor control. Carmen reconoce que su carga física, moral y emocional quebrantó su salud mental. Estaba pendiente de su hija las 24 horas, de su alimentación, de su aseo personal, de su tratamiento. Comenzó a padecer trastorno del sueño, estrés y ansiedad. Fue diagnosticada con el «síndrome del cuidador quemado o ‘burn-out’», un trastorno que se presenta en personas que cuidan a pacientes dependientes.

Inmediatamente se puso en tratamiento psicológico y continuó la incansable búsqueda. Desde su modesta vivienda en los alrededores de Cuscatancingo, viajaba a las consultas con Ana Elsy. Al sentirse desesperada, acudió a la trabajadora social para preguntarle si había alguna organización o algún grupo de apoyo terapéutico que le ayudara, y le recomendó a ASFAE.

Un sábado por la tarde, madre e hija encontraron un poco de esperanza en una de las salas del Policlínico Arce del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Fue cuando empezaron a formar parte de los talleres de ASFAE.

En las primeras sesiones, Carmen recuerda que Ana Elsy no hablaba con nadie. No saludaba ni sonreía. Se sentaba en una silla y se dormía durante todo el tiempo que pasaban ahí. El medicamento la agotaba y la dejaba sin energías.

Aun así, Ana Elsy fue integrada al taller de arte y recuperación con otros 40 pacientes con distintas enfermedades mentales, en el que dibujan, hacen manualidades, hacen galletas, salen a lugares de recreación, ven películas y hacen fiestas para distintas ocasiones, como el Día de la Madre. En el taller siempre hay alguien que los escucha.

Ahora, una de las formas en las que Ana Elsy expresa lo que siente es por medio de los dibujos que ahí hace, «no me toques, tengo miedo», colocó sobre uno de sus dibujos, en los que evidencia el temor que le provoca el hospital y el tratamiento.

Carmen fue incorporada al programa «De familia a familia», en donde a través de la educación de pares, una estrategia en la que las personas comparten sus problemas y experiencias, aprenden sobre la enfermedad y sus síntomas; a comprender al paciente y saber qué hacer en una crisis y cómo prevenirlas.

El programa contempla un espacio para ‘El desahogo’, así llaman en ASFAE, a uno de los segmentos de los talleres, en el cual Carmen y el resto de cuidadores cuentan lo que viven en la semana con sus familiares, se dan sugerencias de lo que pueden hacer en situaciones concretas y expresan sus emociones.

Un traje especial. Ana Elsy tiene en la sala de su casa un traje blanco. Cada vez que recuerda la venta de semillas se lo pone con mucho entusiasmo.

Entre las cuatro paredes de aquella sala de hospital, en la que se reúne Carmen y el resto de cuidadores, con tono de alerta suenan frases, como «mi hijo se aísla», «estoy desesperada», «no me hace caso»; y en ocasiones hace eco el llanto de alguno de los cuidadores a quien su hijo o hija fue hospitalizado por alguna crisis. Entre ellos se animan a continuar.

Hay casos como el de Humberto Girón, miembro activo de la asociación. Su hija, Marcela, falleció hace cuatro años, después de 20 años de padecimiento, a causa de los efectos secundarios que le causaba el tratamiento para controlar el trastorno esquizoafectivo. Ahora, comparte su experiencia y acompaña a otros cuidadores que se encuentran en la incertidumbre de la esquizofrenia, y que llevan entre 20 y 30 años con ese diagnóstico.

A Carmen le gusta ver a Ana Elsy hoy. Nadie en aquel lugar saluda con la efusividad con la que su hija lo hace cuando conoce a alguien por primera vez. Sonríe y se integra. Entabla conversación con quien se siente a su lado.

La joven, quien ganó el premio Corazón de Oro otorgado cada año a las personas altruistas y que manifiestan sensibilización con las personas de la tercera edad por la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE), ha ganado independencia.

Con terapias Ana Elsy ha logrado lo que para otros no se podría lograr nunca. Es bilingüe, ayuda a su mamá en el hogar y es gerente de ventas en Industrias Innovadoras (INDEI), en dónde fabrican y venden todo tipo de semillas. Carmen recuerda nunca haberle dicho «déjalo, lo voy hacer yo. Vos no podes».

Por ello, Martínez considera que la red social de apoyo que brindan estos programas es como la red del equilibrista, cuando alguien presenta una descompensación por alguna circunstancia, es como que el equilibrista se cayera, si la red es pequeña puede tener consecuencias graves, pero si la red es grande y fuerte puede soportar, y el equilibrista puede volver a continuar con su vida.

“Cuando alguien presenta un problema de esquizofrenia, lo primero que se escucha del círculo social cercano son frases como: ‘no te preocupes’, ‘ya va a pasar’, ‘trata de sentirte mejor’, cuando lo que hay es un cuadro clínico al que se le debe de dar tratamiento profesional”, explica Martínez

Aunque todavía no pueda continuar una carrera universitaria, y aunque su tratamiento no corra por cuenta del Estado, Carmen sabe que su hija tiene derecho a aprender y a incorporarse en los sectores de los que antes la habían excluido.

ASFAE es de los pocos espacios que en el país han logrado darle una mejor calidad de vida a los pacientes con esquizofrenia y a sus cuidadores. Sin embargo, no cuentan con ayuda económica por parte del sistema nacional de salud para mantenerse. «No tenemos apoyo económico de ninguna institución, sobrevivimos de la colaboración que damos como familiares. De hecho, no tenemos un local, por eso nos dan un espacio prestado en el ISSS para que hagamos nuestras reuniones», asegura Orellana.

Los familiares y los cuidadores se acomodan en el espacio que les prestan, porque la idea de tener su propio espacio es muy lejana, por la falta de recursos. Carranza afirma: «El MINSAL no tiene asignación de fondos para asociaciones. El apoyo es más técnico, como prestar un espacio para realizar capacitaciones, brindar una charla y promover la salud mental».

Cuadro de emociones. Ana Elsy en el taller de arte y recuperación aprendió a retratar en dibujos sus emociones.

Según la OMS, en la región deben ampliarse y acelerarse los esfuerzos por transferir la asistencia desde las instituciones de salud mental hacia la comunidad. Al pensar en el esfuerzo que realizan para mejorar las condiciones de sí mismos y de quienes viven la misma situación, Carmen expresa que «le están haciendo el trabajo al Gobierno».

Sin embargo, el no contar con un apoyo gradual no es un impedimento para que «los alfareros del corazón», como recuerda Girón que su hija, Marcela, llamaba a la asociación, sigan emprendiendo luchas para dignificar a las personas que perfilan en la lista de los más de 14 mil pacientes con esquizofrenia, según datos del MINSAL.

Con un rostro que evidencia el agitado camino de una enfermedad que debilita también a quien la acompaña, y un cabello que delata el peso de los años, Carmen se pregunta con frecuencia «¿qué va a pasar con mi hija cuando yo no esté?»

El Hospital Nacional de Psiquiatría no cuenta con un programa que acoja a los pacientes que no tienen un familiar o un amigo que se haga responsable. En ese sentido, hay pacientes que quedan en el abandono. En ASFAE hay personas en esa situación.

Sentada en una esquina de la sala en donde Carmen espera a que inicie el taller de ASFAE, señala a Luis, a quien de cariño llama don Luisito. Él está sentado en el otro extremo, con la mirada baja. Mientras escribe, Carmen cuenta que los papás de «don Luisito» murieron hace varios años, era hijo único y al no tener a nadie quien se hiciera cargo de él, quedó en el abandono. Vive y come de la caridad y del apoyo que le dan en la asociación. Para asistir a los talleres, sus vecinos le dan dinero.

Sin embargo, existen otros casos en que «los pacientes terminan en la calle, hablando solos, sucios, recogiendo cosas, perdiendo completamente contacto con la realidad», específica Martínez.

Carranza explica que, hace un par de años, se eliminó el único programa del Sistema Asilar del Hospital Nacional de Psiquiatría, que recogía pacientes a los que su familia no quería cuidar o que quien lo hacía había fallecido. Actualmente, por falta de recursos no se encuentra ningún hospital o instancia pública que ampare a quienes no tienen quien cuide de ellos.

«No existe ningún programa social en la intervención de casos en situación de calle de pacientes con un cuadro esquizofrénico, porque no hay recursos», afirma Carranza, quien también expresa que el Sistema Asilar del Hospital Nacional de Psiquiatría no es bueno para la salud de ninguna persona, aún tienen un grupo de pacientes, pero que ya no están ingresando.

La angustia es palpable, pero Carmen con su esfuerzo devolvió a Ana Elsy la oportunidad de integrarse a espacios productivos, educacionales y laborales dirigidos, adaptados a la condición de ella, para que el infortunio de la calle no sea un pesar cuando ya no esté más.

En una tarde, en la sala de su casa, Ana Elsy ve una de sus películas favoritas, entre risas parece que se le escapa el dolor que le ha provocado todos estos años la esquizofrenia. Su mamá la observa, con una mirada alegre, porque su hija ha roto las barreras del padecimiento que le marcó la vida.

Independencia económica. Con un canasto de semillas, Ana Elsy sale a vender a sus vecinos y a las personas cercanas, con el fin de ayudarle a su mamá.

12 años sin censo: una foto vieja de la población

Fotografía de Archivo

La proporción de población adulta en El Salvador comenzará a ser mayor que la infantil entre 2046 y 2048. Será primera vez que suceda en la historia del país. Por hoy, de cada 100 personas, 10 son adultas. Pero, para entonces, serán 18, lo dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Esto significa que, si habrá más adultos, el presupuesto del Estado debería dar un giro. Debería haber una reestructuración del sistema de salud para encaminarlo, desde ya, a la formación de geriatras que luego ocuparán puestos en hospitales o clínicas públicas, donde acudirán los adultos; o a la creación de programas integrales que incluyan a los pensionados o a aquellos que no estarán en edad económicamente productiva.

Faltan menos de 30 años para que esto pase, pero el país no se está preparando. La herramienta base de la planificación es un censo. El Salvador no cuenta a sus habitantes desde 2007, antes de picos de homicidios y de migraciones masivas; antes de los desplazamientos forzados y de otros fenómenos que han tenido que marcar a la población y de los que no se ha dado cuenta de manera oficial, aunque le tocaba hacerlo hace dos años.

Los censos poblacionales ayudan a un país a hacer una radiografía demográfica del territorio para tomar decisiones en la realización de planificaciones públicas y privadas, la atracción de cooperantes e inversionistas; para establecer proyecciones poblacionales que están cada vez más alejadas de la realidad, si no hay datos actualizados. Y sirven, también, para construir indicadores. Qué tan violento es un país o cuándo se está ante una epidemia depende de la cantidad de habitantes.

La Ley Orgánica del Servicio Estadístico de El Salvador, creada en 1953, establece que los censos de población, edificios y vivienda deben realizarse cada 10 años. Sin embargo, esto no se cumple. En 2007 se realizó VI censo de Población y V de Vivienda, previo a este año se había realizado en 1992. Entre uno y el otro pasaron 15 años. Y si se retrocede en la historia, previo al censo de 1992, el último fue en 1971. Pasaron 21 años sin conocer, desde la demografía, qué era del país.

“En la medida en que no se actualiza, la validez del dato se va perdiendo. Las proyecciones van siendo cada vez menos apegadas a la realidad y, por lo tanto, como país, todos tus indicadores van a estar malos, porque simplemente lo que tenés son estimaciones que no necesariamente se ajustan a la realidad”, sostiene el representante del UNFPA en El Salvador, Hugo González.

Según González, el punto ideal de las personas activamente productivas es del 66.6%. El país tiene un bono demográfico óptimo que viene desde 2013 y que llegará a 2047, cuando exista mayor población adulta que joven. Este desaparecerá en 2073.

En demografía se conoce como bono o primavera cuando existen más personas en edad de trabajar o económicamente productivas (entre los 15 y 60 años) que niños y adultos mayores, una población dependiente que comúnmente se dedica a estudiar o que ya ha dejado de trabajar. Si sucede lo contrario al bono, se llama invierno demográfico.

El UNFPA indica que, si a mediados del siglo pasado en El Salvador el promedio de hijos por mujer era de 7 –debido al papel que la sociedad le había impuesto, excluyéndola de la participación en procesos sociales y relegándola a la casa o la maternidad–; hoy, el promedio de hijos por mujer es de 2.

El número de nacimientos que ocurren en la actualidad no será igual al número de salvadoreños que ya existen. Se está, apenas, por debajo de lo que se conoce la tasa de reemplazo, cuya medida es 2.1 hijos por mujer, un parámetro de fecundidad mínima para que una población mantenga su volumen en el tiempo.

Tener una primavera demográfica implica que hay personas que están aportando económicamente al país, pero que también el Estado debe proveerles los recursos necesarios para su desarrollo, como educación de calidad y empleabilidad. No es el caso de El Salvador.

A finales de diciembre del año pasado, la Fundación para la Educación Superior (FES) lanzó el estudio “¿Y si termino la escuela? Un análisis de la inserción laboral de la juventud salvadoreña”. Uno de los hallazgos fue que el trabajo formal en el país –con goce de seguro social y un salario con base en la ley– era de 20.4 %. También apuntó que el desempleo a escala nacional representaba el 7 % y los más afectados eran los jóvenes entre 15 y 29, porque en su caso el desempleo representaba el 11.8 %.

Y datos oficiales del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) dan cuenta que el año pasado 4 de cada 10 jóvenes que ingresó a bachillerato reprobó.

“En la medida en que no se actualiza, la validez del dato se va perdiendo. Las proyecciones van siendo cada vez menos apegadas a la realidad y, por lo tanto, como país, todos tus indicadores van a estar malos, porque simplemente lo que tenés son estimaciones, que no necesariamente se ajustan a la realidad”, sostiene el representante del UNFPA en El Salvador, Hugo González.

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EL CENSO QUE NUNCA LLEGÓ
Evaristo Hernández es el director de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) desde hace cuatro años. Esta instancia está adscrita al Ministerio de Economía (MINEC) y actualmente es la única autorizada en el país para realizar los censos oficiales.

Hernández es un economista de canas que tiene su escritorio en la entrada de una oficina amplia. Al fondo de este cuarto hay una mesa grande donde está un ejemplar diminuto de la Ley Orgánica del Servicio Estadístico. Se levanta para cogerla, luego vuelve a su asiento y explica que esta ley obliga al Estado a realizar un censo cada 10 años.

En 2017, él ya presidía la DIGESTYC y era el año en que tocaba volver a realizar un censo poblacional. “Nosotros estábamos preparados para hacer el censo”, y asegura que ya contaba con 5,000 encuestadores. Aunque parezca imposible, por todo el trabajo que implica un censo, con este equipo Hernández cuenta que prometió presentar los resultados en seis meses: dos meses serían para convocatoria y entrenamiento, dos de empadronamiento y dos de presentación de resultados.

De acuerdo con el funcionario, desde que asumió el cargo designó a una persona para que se encargara de elaborar el plan y el presupuesto del censo. Estos documentos fueron discutidos, al menos durante tres semanas con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que avalaron técnicamente lo planteado y preaprobaron $25 millones para el Censo de Población y Vivienda. Además, asegura Hernández, el BID asignaría otros 20 millones para que la DIGESTYC también realizara otros censos paralelos: económico, agropecuario y la encuesta de ingreso y gasto de hogares.

A este punto, faltaba un único paso: que el Gobierno solicitara el préstamo a los diputados. Ahí se cayó todo. La Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN), que era la encargada de introducir la propuesta, no vio posibilidades de hacerlo debido a que no se le dio importancia en la Asamblea Legislativa por cómo estaba conformado este órgano.

“Si se hubiera hecho a mediados de 2018, ya tuviéramos resultados de qué es lo que está pasando”, señala. A ese “qué está pasando” se refiere, como mínimo, a saber con precisión cuántas mujeres y cuántos hombres hay en el país, y conocer sus edades.

Hugo González asegura que el préstamo del BID no fue aprobado por la crisis fiscal que vivió el país en 2017, y aclara que entre 2014 y 2016, el UNFPA apoyó a la SETEPLAN para elaborar el proyecto censal. Un año después ya estaba listo y el banco preaprobó el préstamo.

Sin embargo, González ha seguido insistiendo en la necesidad de un censo poblacional con los diputados de ARENA y el FMLN. Pero dice que cuando les explica que son necesarios $25 millones, ya no hay ninguna respuesta. También cuenta que habló con todas las fórmulas que compitieron a la presidencia, pero le queda nada más asumir que el país no tiene presupuesto para un censo.

Por ello, con la sociedad civil y bajo la administración de SETEPLAN, ha elaborado un borrador de Política Nacional de Población que esperan presentar al nuevo gobierno, confiado que sea una de las primeras políticas que este pueda desarrollar.

El representante de UNFPA recuerda que les explicó a los políticos que la idea era que el presupuesto para el censo fuera aprobado antes de las elecciones de marzo pasado, porque ejecutarlo y presentar los resultados tomaría entre dos o tres años. De tal forma que los resultados serían conocidos por el nuevo gobierno en su segundo año de mandato, y esto permitiría una mejor planificación en cuanto a políticas públicas. Si el censo se hace a estas alturas, Nayib Bukele obtendría los datos hasta en el último año de su gestión, dice.

“El tema es como una especie de deuda pendiente; y sí, ha habido un par de propuestas para que eso se vaya incorporando, porque necesitamos actualizar. Eso es urgente”, reconoce el diputado Rodrigo Ávila, de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa, cuando se le pregunta sobre la necesidad de un censo poblacional.

Efectos. El censo de 2007, tras una adecuación, estableció que había 6,098,714 habitantes. Los datos obtenidos tuvieron impacto para modificar el mapa de diputaciones en el país.

Ávila dice que el censo es un tema que ya comenzó a discutirse en la Asamblea Legislativa. Confirma que no solo UNFPA ha sugerido tener “métricas” adecuadas a través de un censo, sino que también lo han hecho el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica.

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LOS NÚMEROS QUE QUEDAN EN EL PASADO
El censo de 2007 contó a 5.7 millones de salvadoreños, cuando a partir de los datos del censo de 1992 las autoridades estimaban que había 7 millones. Sin embargo, en el último censo hubo un porcentaje de omisión del 6 %, es decir que 354,601 personas no fueron censadas. Al hacer el ajuste, en 2009, ese porcentaje incrementó el número de salvadoreños a 6,098,714.

Uno de los impactos que tuvo conocer la cantidad de habitantes fue la redistribución de las diputaciones en las elecciones de 2012, ya que con el nuevo mapeo de la población, la Asamblea Legislativa acordó en septiembre en 2011 que San Salvador, que tenía para entonces 25 diputados, quedara con 24; La Unión pasó de tener cuatro, a tener tres diputados; y Santa Ana, que tenía siete, quedó con seis.

San Vicente y Cabañas fueron los dos departamentos a los cuales les fueron cedidas estas diputaciones. Aunque el censo determinó que, por el número de población, les correspondían dos diputados, el Código Electoral establece que debe haber tres por departamento. En el caso de La Libertad, el censo marcó que había tenido un crecimiento poblacional, por lo tanto, de ocho diputados pasó a tener 10.

Pero los beneficios del censo no se limitaron a la redistribución de diputaciones. Con esos datos la Digestyc realizó, en 2014, una revisión de la estimación y proyección poblacional para medir la evolución poblacional basada en tres indicadores: natalidad, mortalidad y migración. Las proyección a nivel nacional está desde 2005 hasta 2050, las departamentales desde 2005 hasta 2025.

Para 2050, la dirección estima que habrá 8,080,101 salvadoreños en el país. Esta cifra puede variar, si se toman en cuenta fenómenos como las migraciones, que ocurren de forma masiva, solo el año pasado salieron de El Salvador cinco caravanas de migrantes para Estados Unidos. En las proyecciones se dejan afuera otros aspectos con consecuencias demográficas, como los desplazamientos por violencia y la desaparición de personas.

La DIGESTYC también elabora todos los años la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), que complementa los censos, porque realiza un análisis de indicadores como salud, educación, vivienda, pobreza y población.

Evaristo Hernández es consciente de los problemas que dan estas encuestas porque parten de una muestra aleatoria que se desprende del número de población del último censo. Además, estos datos obtenidos en 2007 expanden el comportamiento de las poblaciones municipales a todo el departamento. Es decir que si hay una disminución de la pobreza en ciertos municipios de San Salvador, en la EHPM se entenderá que en todo el departamento ha pasado esto.

“Yo no sé si hay municipios que realmente tienen esa población que dicen tener. No sé, quizá menos, quizá más. No sé, no sabemos. Eso tiene implicaciones muy directas y probablemente problemática”, dice; y recuerda dos problemas que ha tenido con dos ministerios.

Hace dos años, cuenta, la EHPM arrojó que un departamento no había avanzado en la cobertura de salud para prevenir las muertes posparto y recibieron un reclamo del Ministerio de Salud, ya que al corroborar las estadísticas internas recolectadas por los Equipos Comunitarios de Salud, estas mostraron que sí había avances en la prevención del problema.

Del MINEDUCYT también tuvo un reclamo: la EHPM arrojó que en un departamento había más analfabetas que los contabilizados por los censos que hace ese ministerio.

Óscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia y especialista en educación, sin embargo, considera que los mecanismos que usan las autoridades para medir estos problemas son poco objetivos y confiables.

“Nos basamos en supuestos, acepciones y en datos, hasta cierta medida, un poco maquillados. Como han sido, por ejemplo, tradicionalmente los registros de alfabetización. Damos por hecho, año por año, que va bajando; cuando, a veces, no va bajando y hasta puede haber regresión”, sostiene. Para él, en este tipo de casos se da por contado a quien se inscribe a un programa de alfabetización, pero no se mide aquella gente que comienza y no termina, sucediendo de esa forma el punto de regresión.

Invierno demográfico. En 2047 terminará el punto óptimo del bono demográfico en El Salvador, es decir que, para entonces, habrá más adultos que población joven.

Picardo Joao dice que, desde la educación, se hacen políticas públicas con base en olfato, no con base en datos, porque se va a ciegas con la información que publica el MINEDUCYT. Y al final de cada gestión los ministros no reflejan las deficiencias en el sistema. Cita ejemplos: en 20 años, entre 1997 y 2017, solo se ha logrado mejorar un grado de escolaridad y cada año se pierde el 60 % de las matrículas entre el tercer ciclo y el bachillerato.

Entonces cuestiona por qué si están estos resultados y se ha invertido más de $20 millones en educación, no se ve una mejora. También por qué siendo un dato que parece atractivo para técnicos y organismos internacionales, desde 2009 hasta la fecha, en todas las campañas presidenciales se dice que la inversión en educación será del 6 % equivalente al Producto Interno Bruto (PIB), pero nadie lo ha hecho. La gestión del FMLN no llegó ni al 4 % de inversión en ese rubro.

“Nos basamos en supuestos, acepciones y en datos, hasta cierta medida, un poco maquillados. Como han sido, por ejemplo, tradicionalmente los registros de alfabetización. Damos por hecho, año por año, que va bajando; cuando, a veces, no va bajando y hasta puede haber regresión”, afirma Óscar Picardo Joao, del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia y especialista en educación

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LOS DATOS DESPERDIGADOS
“Yo sueño con el día en que pueda entrar a mi celular, o a una app o a una web, a lo que sea que quieran crear, y pueda hacer mi proyección de planeación estratégica del próximo año basándome en proyecciones o en datos oficiales desde censos de población, censos de educación”, apunta la economista Iris Palma.

Palma es directora de Negocios de The Next Services, una empresa salvadoreña especializada en el desarrollo de tecnologías como servicios y estrategias para ciudades digitales. Ella sostiene que con el avance tecnológico, los censos en el país deberían de pasar de ser una fotografía a ser un video en tiempo real, es decir, ser constantes y con datos abiertos. Eso le ayudaría al sector económico a no tomar decisiones a ciegas, como lo hace actualmente, al igual que el sector público.

En países desarrollados como Inglaterra, los ciudadanos ya no tienen necesidad de ir a una institución a registrar nacimientos y muertes, basta con contar con una aplicación tecnológica y hacerlo desde ahí. Esto permite también que existan datos unificados por personas y que al mismo tiempo se vayan actualizando.

La economista ve la necesidad de unificar datos. Ella, por norma, registró su empresa en el Centro Nacional de Registros, en el Ministerio de Hacienda y la DIGESTYC, pero hasta el momento cuestiona por qué entre las mismas instituciones del Estado no hay cruces de datos para perfilar sectores económicos específicos y así obtener, en todo caso, el número de empresas en su área o las mujeres que, como ella, dirigen empresas. Eso, dice, le ayudaría a empresarios o instituciones a tomar decisiones o a conocer el rumbo de la economía de ciertos sectores.

Tasa de reemplazo. El UNFPA estima que el número de nacimientos que hay actualmente no será igual al número de salvadoreños que ya existen. Se está por debajo de una tasa de reemplazo.

A diferencia de países de la región como Costa Rica, que tiene su Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, El Salvador ha delegado esa responsabilidad a la DIGESTYC, una institución que no es autónoma ni en su presupuesto, pues depende del MINEC.

La constitución de un instituto permitiría que los datos de todos los salvadoreños estén consolidados y actualizados en una misma base. Al igual que ayudaría a ser más frecuente en los censos. Una de las consecuencias de no hacerlo es el problema que se enfrenta antes de las elecciones de alcaldes, diputados y presidentes.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) depura el padrón electoral con base en los datos que le envía el Registro Natural de las Personas Naturales (RNPN) y las alcaldías, pero si estos datos no están actualizados porque las personas no tramitan la carta de defunción, hay un problema de actualización del registro, dice Álvaro Artiga, politólogo y catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

FUSADES señaló en 2018 que el crecimiento trianual del padrón electoral era del 9 % comparado con el 6.7 % del crecimiento de la población mayor de 18 años en ese mismo periodo. Por ello, dijo que un error en el RNPN puede llevar a un padrón inconsistente, lo que también facilitaría la duplicidad del voto.

En las recientes elecciones presidenciales, marcadas por el abstencionismo, el padrón cerró con 5.2 millones de salvadoreños aptos para votar. El TSE dijo que la participación fue de 51.08 %, pero que en otros comicios presidenciales había sido arriba del 61 %.

“El problema es que no tenemos una sola entidad, como en otros países, que tenga un único registro que se vaya alimentando con todos los movimientos; sino que aquí, tenemos varios registros y, como responsables de esos registros, a varias instituciones. Entonces, hay un problema de comunicación de la información, de oportunidad y de que sea la debida”, apunta Artiga.

De acuerdo con Artiga, aunque el RNPN es el encargado de alimentar con los registros civiles el padrón electoral, esta función se la ha delegado a las alcaldías por falta de personal. Hugo González asegura que desde el UNFPA han apoyado a las alcaldías a desarrollar un sistema en línea que permite que, una vez que exista un registro vital, la DIGESTYC automáticamente pueda tenerlo, pero no todas las comunas le dan la importancia a estos datos y no procesan la información en tiempo real.

Por este tipo de situaciones, Artiga considera que las instituciones públicas no han profesionalizado la cultura de gestión y producción de información, pero deben existir criterios de racionalidad, bajo metodologías que permitan desligar la información de intereses políticos.

Él llega a considerar que el no interés de no hacer censo poblacional, que es responsabilidad del Gobierno, es porque este puede sospechar que los resultados no le serán favorables. “Claro, si (DIGESTYC) está dependiendo de las decisiones de un ministerio, ahí hay criterios políticos”, por lo tanto, sugiere la creación de una autónoma encargada de las estadísticas.

“El problema es que no tenemos una sola entidad, como en otros países, que tenga un único registro que se vaya alimentando con todos los movimientos; sino que aquí, tenemos varios registros y, como responsables de esos registros, a varias instituciones. Entonces, hay un problema de comunicación de la información, de oportunidad y de que sea la debida”, apunta Álvaro Artiga, politólogo y catedrático de la UCA

En el siglo pasado El Salvador contó con un Ministerio de Planificación, que era el que impulsaba los censos. Este desapareció en 1994, en la gestión del expresidente Armando Calderón Sol. El hecho de ser un ministerio le pudo haber dado mayor independencia para realizar estadísticas y también obtener un porcentaje del presupuesto estatal.

Evaristo Hernández dice que a finales de la administración del expresidente Mauricio Funes se elaboró una propuesta para crear un Instituto Salvadoreño de Estadísticas, que fue retomado por él y la SETEPLAN. Pero no tiene noticias si fue presentada a la Asamblea Legislativa.

Desde la Asamblea, Rodrigo Ávila propone, aún sin llevarlo a discusión, un comité interinstitucional que con las capacidades y recursos del Estado, pueda unificar información. Pese a la falta de actualización de datos, para que un censo no sea “oneroso”, el diputado dice que puede hacerse esto: conocer qué bases de datos sobre los ciudadanos tienen las instituciones y luego mandar al territorio a equipos que corroboren la información.

“El censo no se puede sustituir, tenés que hacerlo”, responde Edwin Segura, jefe de LPG Datos sobre la propuesta de Ávila, ya que afirma que los censos se convierten en una oportunidad para recolectar información en el nivel mínimo de una sociedad, que es el hogar, que a la vez es usuario de varios servicios. Y entre otras cosas, un censo ayudaría a tener estadísticas del consumo de estos.

Él señala la importancia de unificar información. En ese sentido, dice que al país pudo favorecerlo que no desapareciera un Ministerio de Planificación, porque eso permitiría mayor periodicidad y calidad en los censos, como lo ordena la ley.

Si bien es cierto que el censo de 2007 modificó el mapa de diputaciones, Segura dice que al hacer un nuevo censo, puede que este mapa no varíe, porque se trata de decisiones políticas, y que incluso, aunque a Cabañas le correspondan proporcionalmente dos diputados, el Código Electoral ya establece que no puede haber menos de tres diputados por departamento. “Parte del problema de que no estén bien repartidos los diputados es por culpa de decisiones políticas, más que por la falta de información”, dice.

Sin tener los resultados de un nuevo censo, hay una primavera demográfica que El Salvador no está aprovechando por no haber hecho una foto de su población. La que tiene es vieja.

Si creen que Trump se va a supeditar a las iniciativas de un presidente de El Salvador, están equivocados

Pablo Alvarado, codirector de la NDLON

“Llegaron, llegaron, llegaron los jornaleros; cantando cumbia, los jornaleros”. El que toca es el grupo Los Jornaleros del Norte, y ahí está Pablo Alvarado, con una guitarra. El video, alojado en YouTube, es de 2009, y corresponde a una ocasión en que se presentaron en el Centro Laboral de la UCLA, en Los Ángeles. Alvarado es fundador de esta iniciativa musical, pero también de muchas otras que se enfocan en visibilizar a la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

En 2001 fundó la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), conocida en español como Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras. Desde esta institución, de la que ahora es codirector, se han creado 70 centros de trabajadores en 22 estados. En estos lugares se canaliza la primera urgencia de un inmigrante: empleo.

“Funcionan como ‘santuarios’”, explica Alvarado. Son sitios en donde se facilita el intercambio entre los que ofrecen mano de obra y quienes la necesitan. Todo gira en torno al empleo. Porque también son lugares que ofrecen asesorías en caso de que algún patrono no pague lo acordado por un trabajo ya terminado.

El TPS es una campaña muy importante que tenemos que ganar por una sencilla razón: si no les podemos salvar los papeles a los que ya los tienen, jamás vamos a poder salvar a los 11 millones de indocumentados.

Alvarado se naturalizó como estadounidense. Hace más de 20 años salió de un cantón de Usulután. Y entiende el sentimiento de muchas personas que ante un proceso de deportación se preguntan qué pueden hacer en su país de origen, si ya no les queda ahí nada ni nadie. La NDLON también asesora a quienes caen en esta situación.

Alvarado no solo canta, cuando ha sido necesario, ha gritado frente a casas de los patronos que no pagan y ha protestado ante las instancias del Gobierno estadounidense. Lo único malo que la comunidad de inmigrantes puede hacer es no hacer nada, enfatiza durante un descanso en el Encuentro de Articulación Internacional entre organizaciones de Migrantes y pro-Migrantes que se llevó a cabo en Cuernavaca, México, del 10 al 12 de abril, y que fue convocado gracias al apoyo de la Fundación Avina.

¿Con qué recursos cuenta la National Day Laborer Organizing Network (NDLON)?
Nuestro trabajo es alrededor de derechos migrantes, derecho laborales y la intersección de ambos. En EUA hemos abierto 70 centros de trabajadores, adonde todos los días llegan centenares y centenares de trabajadores. Ellos llegan en busca de un empleo y nosotros facilitamos ese proceso de que le den empleo al trabajador. Nos aseguramos de que la transacción entre patrón y trabajador sea transparente y no vaya a haber abuso.

¿Esta asesoría se realiza al margen de si quien la solicita tiene o no documentación?
Sin importar el estatus migratorio, cualquier persona puede llegar a estos centros. Llegan personas sin documentos, con documentos, ciudadanos. La mayoría son mexicanos y centroamericanos, pero en realidad estamos abiertos a recibir personas de todo el mundo. Esta es nuestra tarea primordial, pero resulta que, también, muchos de nuestros miembros están en proceso de deportación.

¿Cuántos de ellos están en esta situación?
Es un segmento grande los que están corriendo el riesgo. Los que en este momento ya están en proceso de deportación son 25 personas. Aunque esto varía.

¿Qué puede hacer la asociación cuando sus miembros enfrentan procesos de deportación?
La asociación somos miles de trabajadores. Estas 25 personas son los que están siendo deportados ya. Aunque este es un riesgo que corre la mayoría, porque no tienen documentos o están arreglando su documentación. Para ellos la vida es andarse escondiendo, evitar que los agarren. Se encuentran en un limbo. Todos están en un limbo, tanto los que están en proceso de deportación, los que están arreglando y los que no tienen nada. Esta es la población con la que nosotros estamos trabajando, la que está en una situación de precariedad y de incertidumbre. Pero al mismo tiempo, aún en estas circunstancias, lo que nosotros como asociación hacemos es organizarlos para que juntos luchemos.

¿A qué nivel hacen esas luchas?
Nosotros sabemos que los políticos van y vienen. Y que la lucha de la gente es la única certidumbre que tenemos. Cuando hablamos con alguien y nos dice ‘no voy a ceder mis derechos, voy a luchar’, entonces ponemos a andar campañas. Estas campañas giran en torno a salarios no pagados y también en torno a gente que está en proceso de deportación. Ahorita tenemos varias, pero, claro, hay unas que son más fuertes que otras. Por ejemplo, nos acaban de deportar a un líder que teníamos en Florida. Lo enviaron para Argentina y vamos a iniciar una campaña para regresarlo a Estados Unidos, porque dejó a toda su familia allá. Y así, cada caso tiene su particularidad. Nosotros juntamos a la gente para que luche, es lo principal que hacemos.

¿Qué tipo de relaciones busca la asociación propiciar en los centros de trabajo?
Los centros de trabajo son el ejemplo más claro de que lo que es un ‘santuario’ para migrantes. En el sentido de que todo mundo llega a buscar empleo, tenga papeles o no. Y ahí también llegan los ciudadanos de EUA para ofrecer trabajo. Este es el intercambio que la migración permite. La dinámica bajo la cual se rige la actividad económica tiene que ver con la oferta y la demanda: el trabajador tiene su mano de obra y hay gente que la necesita; desde dueños de fábricas, dueños de casas, de restaurantes, de apartamentos, es decir, todos, eventualmente. Gran parte de nuestro trabajo es asegurar que estas relaciones estén claras y que a la gente le van a pagar cuando la contratan.

Ustedes tienen 70 sedes en 22 estados, ¿con las movilizaciones de las caravanas han atendido a más gente?
Hay varios fenómenos con respecto a la caravana. En los centros de trabajado la mayoría de los atendidos son mexicanos y centroamericanos. Ha habido mucha tensión entre ambos, y nosotros hemos tenido que hacer mucho trabajo de educación, porque, por lo regular, esta es una consecuencia del efecto Trump (en alusión al actual presidente de EUA, el republicano Donald Trump).

¿En qué sentido?
Muchos creen que los que vienen en la caravana van a minar la calidad de vida de los estadounidenses; que, de alguna manera, otorgarle derechos a los que están en la caravana, y a los indocumentados que viven en EUA, va a fregar a otras personas. Piensan que si se les entregan derechos a ellos, implica quitarles a otros. Los que han llegado antes han comenzado a pensar que los que están llegando ahora van acaparar los beneficios que les tocan a ellos. Esto es lo que han logrado nuestros adversarios. Nos han puesto en contienda. No estamos hablando solamente de trabajadores estadounidenses o ciudadanos que van en contra de los indocumentados. Estamos hablando de indocumentados que ya también creen que el que va caminando afecta su seguridad en EUA y que, si antes tenía alguna oportunidad de arreglar sus documentos, ahora menos, porque esa gente está afectando su oportunidad. Este es el efecto Trump, nos hace confrontar entre nosotros.

¿Qué contrapesos se le pueden poner al que usted llama “efecto Trump”?
Nosotros entendemos que eso es, en primer lugar, mentira y nuestros centros se han abierto para la gente que viene en las caravanas. Hay centros que han adoptado familias de Honduras que acaban de llegar, y ahí las están acompañado. En última instancia, esta infraestructura que hemos construido en Estados Unidos es para ayudarle a la gente. Para más nada. A cada centro llegan entre 50 y 120 trabajadores todos los días. Y dependiendo del mercado en el que se encuentran, así es el número de gente que se va a trabajar.

El 30 % de ellos (beneficiarios con TPS) son dueños de casas, están creando familias fuertes, participan en la vida cívica de muchas comunidades y, desde cualquier ángulo que lo vea, este es un segmento de la población que realmente merece pasar de estar en el limbo a un estatus migratorio permanente.

¿Cuál es la denuncia más común de los trabajadores?
La falta de pago. Hay un tipo de patrón que llega, los contrata, les dice que van a trabajar tres o cuatro días. Los amigos centroamericanos o mexicanos van y hacen el trabajo. Al tercer día, ya para cerrar, el patrón dice “bueno, voy a ir a traer el dinero al banco y voy a regresar en una hora para pagarles a todos”. Y no vuelve el patrón. Este es uno de los hechos que dan pie a denuncia. Pero hay quienes también dicen “te pago el sábado, espérame aquí para pasar a pagarte”, y ya nunca llegó.
El robo de sueldo, el abuso de los patrones y los accidentes laborales son parte de lo que más vemos en los centros. Hace unos días acaban de morir dos trabajadores inmigrantes en accidentes laborales que se dieron allá en Nueva York. Por otro lado, está la cuestión de la deportación. Cuando ellos o algún familiar entra en un proceso de deportación, nos buscan. La gente no sabe qué hacer, por ejemplo, cuando la policía interactúa con ellos, porque la policía intimida. Aunque hemos logrado que haya lugares en donde la policía no se involucre en la implementación de la ley de migración, siempre sigue existiendo la posibilidad de encontrarse con policías y, muchas veces, tienen prejuicios. Y aunque haya protecciones, si con el que le toca encontrarse es un policía racista, este va a hacer la pregunta “¿de dónde eres?”

¿Hay posibilidades para un inmigrante en situación irregular de recuperar los sueldos? ¿Qué acciones ejecuta la asociación?
No podemos resolver todo. No damos abasto. Pasaríamos las 24 horas en eso y no lo lograríamos. Con el ascenso de Trump al poder ha habido más robo de salarios. Y no solo eso. Hay más temor del trabajador de ir a un proceso, a una comisión laboral, de ir al Departamento de Trabajo para procesar un caso. Afortunadamente, no todos los patrones son malos, no todos son inescrupulosos. La mayoría de patrones son personas correctas y le pagan al trabajador. Muchas veces los casos de robo de salarios son malos entendidos que podemos resolver con una llamada. El 80 % se resuelve por esa vía. Pero hay también casos en los que vemos que el patrón es una persona que deliberadamente le roba la mano de obra al trabajador y con esos no tenemos piedad. Los llevamos a la corte.

¿Cómo?
Es muy importante que la gente sepa que en EUA usamos dos opciones. Una es la Corte de Reclamos Menores. Aquí llegamos cuando la víctima es un contratista, no es un empleado. Y cuando es un empleado que trabaja por hora, y tiene su relación con el patrón bajo unas normas establecidas, entonces podemos llevarlos a la Comisión Laboral. En ambas instancias, muchas veces, ganamos. Y nos dan el fallo en el que dice que ganamos. El problema es que todo lo que tenemos es eso: un papel que nos da la razón y que dice que ganamos. No es como que pueda ir a la policía a enseñarle el papel y a exigirle que vaya y que obligue a ese patrón a que pague. Las leyes laborales siempre benefician a las patronales. Pero no crea que cuando eso sucede nos cruzamos de brazos. Acá es donde aplica la organización de la que hablamos, porque vamos y protestamos afuera de las casas, afuera de los establecimientos o de los proyectos que tienen estas personas. Cuando hacemos eso, no perdemos. Pero lo hacemos, claro, cuando ya hemos pasado por un proceso legal, porque tampoco nos interesa ir a dañarle la imagen a una persona. Y lo hacemos cuando vemos que es algo deliberado.

¿Qué apoyo espera la comunidad de salvadoreños viviendo en EUA del nuevo gobierno?
Muchos de nuestros miembros son beneficiarios del TPS (Tratado de Protección Temporal). Así que, para nosotros, el TPS es una campaña muy importante, que tenemos que ganar por una sencilla razón: si no les podemos salvar los papeles a los que ya los tienen, jamás vamos a poder salvar a los 11 millones de indocumentados. Los tepesianos son personas que han hecho todo lo que se les ha pedido. No hay otra población que se someta cada 18 meses a un chequeo de antecedentes criminales; ellos lo han estado haciendo por 20 años. Es un requisito que paguen impuestos para mantener el estatus; y ellos lo han estado haciendo por más de 20 años. Les dicen que no deben de recibir beneficios o que sus hijos no deben de recibirlos; y lo han estado haciendo durante más de 20 años. Ellos, solos, se costean su propia vida. Les han dicho que deben mantener un empleo y lo han estado haciendo. Mas del 90 % de ellos, según nuestras estadísticas,mantiene un empleo. El 30 % de ellos son dueños de casas, están creando familias fuertes, participan en la vida cívica de muchas comunidades y, desde cualquier ángulo que lo vea, este es un segmento de la población que realmente merece pasar de estar en el limbo a un estatus migratorio permanente.

Partiendo de que el beneficio del TPS tiene los días contados, ¿qué tipo de medidas esperan que este nuevo gobierno ponga en marcha en favor de esta población?
Hay un buen número de tepesianos que son de El Salvador. Y yo no he escuchado, hasta hoy, a ningún tepesiano que me venga a decir “sabes qué, ya estoy listo para regresarme para El Salvador”. Nosotros, cuando vamos a El Salvador, siempre le hemos pedido a todas las fuerzas sociales que, en primer lugar, acompañen la lucha del tepesiano para quedarse en Estados Unidos. Les decimos que el bien común para salvadoreños allá y acá es que se trabaje para que la familia tepesiana se quede en Estados Unidos. Les hemos dicho también, allá, que no queremos que la precariedad de la comunidad tepesiana sea ocupada para sacar beneficios políticos o para echar culpas a determinada fuerza política. Porque nos dimos cuenta de que ya andaban diciendo que la razón por la cual Trump había quitado el TPS es porque había un gobierno de izquierda. Pero hay que ver que ahorita le acaba de quitar los fondos, y eso que lo que viene es un gobierno que no sabemos si va a ser de derecha, de centro o de izquierda. Esto va a seguir así de mal para nosotros. Porque las motivaciones políticas e ideológicas de Trump no tienen ningún tinte de nuestros países.

Esa es la foto que a mí me hubiera gustado ver: el presidente electo Bukele junto a Crista, reuniéndose, platicando con ella que ha vencido el miedo. Porque a ella es a la que hay que agradecerle que, por ahora, los salvadoreños con TPS no estén siendo deportados. Si, así como dicen, él podía ir donde quisiera, bien hubiera ido a juntarse con las personas que están luchando por ayudar a sus compatriotas y no lo contrario.

¿En qué se basan esas motivaciones?
Esto es, justamente, lo que siento que no se ha reportado bien. En EUA hay un movimiento de supremacismo blanco. Es impulsado por un segmento pequeño de estadounidenses, pero con mucho poder, muy vocal. Es un segmento que quiere revertir la tendencia inevitable de los cambios demográficos profundos que está sufriendo el país. Para 2040 o 50, la mayoría en Estados Unidos no va a ser blanca, va a ser gente de color. El ascenso de Obama (Barack, expresidente de EUA, 2009-2017) al poder les mandó una señal de que estaban perdiendo su estatus de mayoría y de que el país se estaba tornando a convertirse en una sociedad multicultural, diversa, pluralista, inclusiva. Eso a este segmento de la población le asusta, porque cuando la población de color llega, también reclama espacios de poder y representación. Ellos, los supremacistas blancos, sienten que están perdiendo eso, y que están perdiendo, según ellos, la cultura estadounidense. Se asumen invadidos.

Estas corrientes de pensamiento han estado presentes en Estados Unidos desde siempre, ¿qué es lo que ha hecho subir la intensidad de las medidas en contra de inmigrantes?
Este grupo de personas, hasta hace dos años, era un grupo marginal. Los que, de alguna manera, manejaban el tema migratorio de parte de ‘la derecha’ era el grupo moderado de los republicanos que creía más en la responsabilidad fiscal como medida de control. No se basaban mucho en ideologías racistas. Eran más de creer en hacer a todos parte de las responsabilidades fiscales. En este sentido, ellos hablaban de la inmigración en términos de si íbamos a ser una carga, si iban a tener que pagar por ellos, de si sus hijos iban a estudiar y eran, en términos financieros, preguntas legítimas, porque seguíamos hablando de dinero, de presupuestos. Pero ahora lo que vemos es a este segmento impulsar a otros a acechar a un pueblo por su origen étnico. Eso otra cosa.

¿Cómo se ha llegado a sistematizar este acoso?
Presentaron la ley SB1070 (ley de Arizona que califica como delito menor que una persona se encuentre en este estado sin contar con documentos en regla). Ahí, en las primeras líneas, hay un enunciado que dice que quieren afectar el tema migratorio por medio de una estrategia de desgaste. En otras palabras quieren hacerle la vida miserable al migrante, quieren cerrarle todos los espacios para que se autodeporte. Esta fue la política que adoptó Mitt Romney cuando estaba corriendo.

Pablo Alvarado, codirector de la NDLON

¿Qué opciones les quedan a los inmigrantes?
Este segmento de la población que piensa de esta manera es el que tiene el poder del gobierno federal ahorita. Y esas personas no están hablando de la integración. Y cuando hablan de la ilegalidad, ni siquiera están centrados en eso. Ellos lo que odian es a personas como yo, que soy ciudadano naturalizado, odian al que tiene residencia permanente, odian al tepesiano, odian al que tiene DACA. Ya ellos ya cumplieron con la tarea que se plantearon de demonizar a la gente que no tiene documentos. Ahora van detrás de los que tienen documentos.

Hace dos meses, como presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele dio un discurso en The Heritage Foundation, un tanque de pensamiento conservador. ¿Qué significó esto para la comunidad salvadoreña inmigrante, para ustedes como asociación?
En El Salvador se está dando una transición que, se puede decir, es pacífica. Y eso, como salvadoreños, lo tenemos que respetar y le tenemos que dar al nuevo gobierno el beneficio de la duda. Pero la Fundación Heritage nos ha causado mucho, mucho daño. Ahí están agrupadas las personas que han financiado ese tipo de iniciativas de supremacía blanca, de leyes que marginan y que empujan a la gente hacia la calle, que la criminalizan. Ellos han financiado a nuestros adversarios, a los grupos más radicales que están empujando las políticas contra nosotros. Al mismo tiempo, como Alianza Nacional TPS, que somos 70 comités que hemos construido por todo el país, emprendimos una batalla para entorpecer la implementación de la orden ejecutiva del Trump de dejar sin efecto el TPS (la última extensión iba a vencer en septiembre de 2018). Y nuestro equipo legal ha presentado demandas ante la Corte Federal y hemos logrado que se parara la implementación de al orden ejecutiva de terminar el TPS (seguirá vigente hasta el 2 de enero de 2020). Entre los que demandaron hay hijos de tepesianos y hay tepesianos salvadoreños. Hay una niña, en particular, que es demandante, se llama Crista (Ramos, 14 años de edad, hija de la salvadoreña Cristina Morales) y ha sido muy valiente en dejar la timidez para apoyar a su madre y a todos los que están en su condición. Esa es la foto que a mí me hubiera gustado ver: el presidente electo Bukele junto a Crista, reuniéndose, platicando con ella que ha vencido el miedo. Porque a ella es a la que hay que agradecerle que, por ahora, los salvadoreños con TPS no estén siendo deportados. Si, así como dicen, él podía ir donde quisiera, bien hubiera ido a juntarse con las personas que están luchando por ayudar a sus compatriotas y no lo contrario.

¿Qué opina de la manera en que la suspensión de la orden de dejar sin efecto el TPS se manejó en redes sociales?
Yo sé que incluso publicaron un tuit insinuando que por él, o por los que están con él, se suspendió la medida contra el TPS y no. Esto es resultado de la lucha del pueblo. Y hay que decir que si los salvadoreños creen que Trump se va a supeditar a las iniciativas de un presidente de El Salvador, están totalmente equivocados. Porque Trump lo que quiere, como ha sido siempre, es que los presidentes de aquel lado, como Bukele, se supediten a los dictámenes de ellos. Y es bien sencillo de ver, por ejemplo, ellos le dicen a El Salvador que no tenga relaciones comerciales con China, pero EUA sí está negociando un Tratado de Libre Comercio con China. Ahí es donde se ve que ninguna fuerza social, ni de izquierda ni de derecha, tiene que ver con lo que está pasando en EUA. No tienen ninguna incidencia. Este grupo de personas tiene una agenda bien clara y va a implementarla con el único objetivo de cambiar el destino demográfico de Estados Unidos.

Bajo estos términos, ¿qué medidas debería ejecutar el nuevo gobierno para apoyar a la población salvadoreña amparada aún en el TPS?
Hay varias cosas que se puede hacer. Uno, los consulados tienen que estar abiertos siempre, y siempre tienen que mantenerse los programas para la comunidad tepesiana. Dos, los consulados han servido como espacios para que tepesianos se reúnan y luchen. Los tepesianos así han participado activamente en Washington. Y yo le aseguro que, antes de ellos, más de la mitad de los legisladores no sabían qué era el TPS. Ahora hay seis propuestas legislativas. Los tepesianos están luchando en la calle, en la corte, en los pasillos del Congreso y en las comunidades locales. Por todos lados están elevando su nivel de liderazgo. Sin los tepesianos salvar el TPS no va a ser posible. El presidente electo tiene que acercarse a los beneficiarios del TPS para trabajar juntos. Solos no van a poder. En El Salvador pueden hacer mucho, como juntar a los familiares de los tepesianos para que haya una conversación colectiva entre los de aquí y los de allá. Por ejemplo, se puede hacer accesible que el tepesiano pueda conseguir las actas de nacimiento, el Gobierno salvadoreño puede trabajar para que todos los documentos que se necesiten en los trámites se puedan conseguir. Estar cerca del pueblo salvadoreño en Estados Unidos es esencial y, hasta hoy, es un secreto, un misterio. No sabemos cómo va a funcionar todo eso.

Desaparecen las personas, no las deudas

Ilustración de Moris Aldana

Nubia Iraheta estaba orgullosa de sí misma. A los 31 años había logrado comprar dos carros a través de un préstamo. Los carros tenían algunos desperfectos pero con dinero de prestamistas y cooperativas lograba arreglarlos en el taller. Había empezado a ahorrar para la prima de la casa que le compraría al Fondo Social para la Vivienda. Ahí pensaba envejecer. Sus dos hijos entraban a la adolescencia y la vida parecía estar bien encaminada. Era 2018.

Ahora queda muy poco de aquel orgullo. Hoy, en una cafetería de Lourdes, su hermana y su madre discuten teorías que expliquen por qué no está:

—Esta no es cosa de pandillas, hoy los mareros solo agarran a la gente, la matan y la dejan por ahí tirada. Mami, ¿qué pandillero va a querer ir, matar a su hija y tomarse el trabajo de enterrarla?
—Pero ¿por qué, pues? ¿por qué no aparece una pista? Yo… ¡ay!, no sé ni qué pensar –dice la madre de Nubia, con la cara hecha un nudo.
—A esta época ya hubiera aparecido su cuerpo –le responde Yamileth, quien se encarga de repetirle a su madre que tal vez Nubia sigue con vida.

En realidad, ninguna de las mujeres de la familia Iraheta puede decir con certeza qué ha sucedido con Nubia. Ella desapareció el 19 de diciembre y desde entonces su caso se unió a los más de 2,600 reportes de personas desaparecidas que recibió la Fiscalía General de la República (FGR) en 2018.

Desde ese miércoles de diciembre, la madre de Nubia ha perdido el apetito. Pero, a veces, pasa hambre. Es la ironía de cuando el dinero no alcanza. Así lo cuenta Yamileth, hermana menor de la taxista. Alrededor de este caso solo hay incertidumbre. Su familia la busca entre vivos y muertos. Aunque Yamileth le pide a su madre que la piense bien y segura, ha guardado en su celular fotos de cadáveres encontrados por las autoridades. Las amplía para ver detalles, para encontrar alguna pista que la lleve hasta la mujer con la que creció. No tiene ninguna certeza. En cambio, las cooperativas a las que Nubia hizo préstamos sí tienen una: está en mora y alguien debe pagar ese dinero.

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LOS VACÍOS LEGALES

La desaparición causada por civiles no existe como delito en las leyes salvadoreñas. Las denuncias por desapariciones se registran como privaciones de libertad o secuestros. El Código Penal sí reconoce que existe la desaparición forzada, pero solo cuando quien la causa es un agente estatal, como un policía o militar.

En Colombia sí se entiende como desaparición forzada lo que sucede cuando un particular de un grupo armado desaparece a otra persona. En El Salvador estos casos suceden a diario, pero no hay legislación al respecto.

El año pasado, la Fiscalía General de la República recibió 51 denuncias por privación de libertad cada semana. Durante los últimos dos años, ha habido más de seis desaparecidos cada día. En 2017, las denuncias por personas privadas de libertad fueron 2,420. El año pasado la situación no mejoró. Solo en 2018, la fiscalía recibió 2,682 casos de este tipo.

Si el delito no está normado, tampoco está regulado qué pasa con los bienes, propiedades y deudas de la persona que desaparece. El desaparecido se encuentra en un limbo legal y las familias también. Ellas no pueden abrazar a su ser querido, pero tampoco pueden cobrar los seguros de vida o heredar sus propiedades.

“Mucha gente se mantiene en la etapa del shock del duelo por largo tiempo, porque anda con la esperanza de poderlo encontrar. Bajo esa lógica, dejar de buscar al ser querido es traicionarlo o no hacer lo suficiente”.

Durante los últimos meses, la madre de Nubia se ha levantado a las 3 de la madrugada de lunes a viernes para cumplir bien con un nuevo trabajo: lava el maíz, lo lleva al molino y desde las 5 de la mañana hasta las 11 no deja de hacer tortillas. Hace hasta mil por jornada y las lleva a una fábrica. Este ingreso le ha servido para intentar cancelar a tiempo un crédito que su hija sacó para pagar los dos carros con los que trabajaba.

El padre de Nubia, además, hace turnos como vigilante. El mes pasado logró ganar $160. Apartó $10 y el resto lo depositó el 1.º de abril a una cooperativa financiera. Madre y padre son los fiadores del préstamo de los autos que antes garantizaban el sustento. Al caer en mora, ellos son los obligados a pagar. Con sus trabajos han estado cubriendo solo la mitad de la cuota. Nubia abonaba más de $300 cada mes.

Hace dos semanas, la situación se complicó más cuando la madre de Nubia dejó de hacer las mil tortillas. Cuenta que es diabética hipertensa y que no soportaba la presión de no saber nada del paradero de su hija y, al mismo tiempo, sacar trabajo. La visión se le empezó a nublar y ahora ha preferido descansar durante las madrugadas. Aunque, en realidad, no siempre logra dormir. La cabeza se le enreda tratando de entender qué le pasó a su hija: “Ayer a las 2:05 de la mañana, yo le decía a mi Señor… ‘Dios, dame pensamiento claro’”.

La mayoría de los que desaparecen se encuentran en edad económicamente activa. De todas las denuncias por privación de libertad recibidas el año pasado, 1,544 se trataban de personas de entre los 18 y 50 años. De ellos, el 72 % está compuesto por hombres y el 28 % de mujeres.

Para que los cobros de los préstamos dejen de llegar a la casa de Nubia, los padres deberían presentar ante las cooperativas y los prestamistas una partida de defunción. Pero eso implica dos cosas: la primera, aceptar que su hija está muerta; la segunda, hacer este proceso legal toma –al menos– cinco años.

“Lo que proponemos es la creación de una legislación y un procedimiento especial que tenga una mayor celeridad”, explica Lissette Campos, la asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja. Dicha organización trabaja sobre el tema de los desaparecidos alrededor del mundo y ha sido parte de la creación de otras leyes que protegen a las familias de estos en Latinoamérica.

En otros países latinos no es necesario declarar a una persona como muerta para proteger su patrimonio y el de sus familias. En Colombia se solicita que el Estado reconozca a dicha persona en calidad de ausente. La solicitud se puede hacer de inmediato tras la desaparición. Al ser declarada ausente, sus bienes –incluidos los que sacó a crédito– quedan protegidos y no pueden ser embargados. Además, si quien desapareció es trabajador estatal, los hijos tienen derecho a recibir el salario de su mamá o papá.

México cuenta con una ley similar. Tras la denuncia por desaparición, se debe esperar solo tres meses para iniciar el proceso de declaración de ausencia. Con esta, sus deberes económicos quedan en pausa y se fija un plazo para acceder a los bienes patrimoniales del desaparecido.
Esto sería vital para casos en los que la persona desaparecida en El Salvador tiene un crédito con el Fondo Social para la Vivienda (FSV). Al no pagar, corre el riesgo de caer en mora y que la casa se pierda. Para evitar esto, recomienda el fondo, se debe seguir pagando la cuota del préstamo con normalidad. Esta es una tarea titánica para las familias en las que quien desaparece era el sostén del hogar. Solo hasta que el deudor ha sido declarado muerto legalmente, el proceso pasa a manos de una aseguradora que le paga al fondo el resto del monto de la casa. Estas acciones tardan, como mínimo, un lustro.

No hay mecanismos de respuesta ante las desapariciones, pero el problema es más profundo. No se conocen –siquiera– las dimensiones del fenómeno. Las instituciones estatales salvadoreñas que atienden casos de desaparecidos no tienen una cifra unificada. Tampoco se lleva un seguimiento de las denuncias que permita establecer si personas reportadas en paradero desconocido han sido encontradas vivas o muertas.

 

LOS MUERTOS PRESUNTOS

Antes de declarar muerto a un desaparecido se le pide –en tres ocasiones distintas– que se presente a un juzgado. La idea es que si el desaparecido lee que su familia lo está dando por muerto, se acerque a un juez y pruebe su existencia.

Así está regulado en el Código Civil salvadoreño. Si una familia quiere obtener un acta de defunción de su ser querido desaparecido, debe esperar cuatro años antes de acercarse a un juez civil. Así, el juez le hará un citatorio tres veces en el Diario Oficial. Si la persona no da señales, el juez valorará las pruebas de desaparición que la familia y los abogados le presenten. Las pruebas pueden ser desde cartas de hospitales que expresan que no hay nadie ingresado con ese nombre hasta certificaciones de Migración que dan fe de que la persona no se encuentra en el extranjero. Solo después de examinar las pruebas se realiza una declaratoria de muerte presunta.

El año pasado hubo 241 diarios oficiales. A pesar de que los desaparecidos son miles cada año, en 2018 se hicieron diligencias de solo 47 muertes presuntas. Además, no todas son recientes. En 14 casos las personas desaparecieron en el siglo pasado y recién se les reconoce como muertos legalmente.

“Mucha gente se mantiene en la etapa del shock del duelo por largo tiempo, porque anda con la esperanza de poderlo encontrar. Bajo esa lógica dejar de buscar al ser querido es traicionarlo o no hacer lo suficiente”, explica el psicólogo Rolando Mena, quien tiene experiencia tratando a familiares de víctimas de desaparición.

Además de la carga emocional que entra en juego para declarar a alguien como muerto, el proceso suele alejar gente porque es un trámite largo. También puede llegar a ser caro.

Los citatorios y las declaratorias que se publican en el Diario Oficial tienen un precio de acuerdo con la longitud del texto. El tarifario institucional de la Imprenta Nacional específica que un texto puede costar entre $14 y $180. A esto se le debe sumar el pago de un abogado que realice las diligencias.
Solo tras haber finalizado este proceso, que toma años, los beneficiarios de un desaparecido salvadoreño pueden tener derechos provisionales de patrimonio. En el caso de la ausencia de una madre, los hijos podrán tener “propiedad” sobre la casa, pero no podrán venderla. Para ello, necesitarían ser los dueños definitivos del inmueble. Y eso se logra hasta 20 años después de la desaparición.

“El sistema de plazos de estas diligencias viene desde 1860. Esto nunca se pensó para el abordaje de una situación como la que estamos viviendo hoy”, sostiene Samuel Lizama, presidente de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia con competencia civil.

Desde su oficina en Santa Tecla, el magistrado sostiene que, debido al alza en desapariciones, se necesita hacer modificaciones en la ley. “Esto debería de tener una reforma urgente. Adaptándolo a la realidad que viven las personas que tienen familiares que han desaparecido”, indica. Hasta ahora ningún diputado ha presentado una reforma de este tipo.

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LAS REFORMAS NUNCA PROPUESTAS
En la Asamblea Legislativa, el lugar donde se modifican y crean las leyes, poco se habla de los desaparecidos. Y si se hace, es sobre propuestas para mejorar la búsqueda de personas que podrían ser víctimas en el futuro. No se contempla cómo ayudar a las miles de familias que ya se encuentran incompletas.

Hay un diputado que asegura que en los próximos días presentará una iniciativa de ley. Osiris Luna, del partido GANA, sostiene que propondrá la Ley Nacional de Personas Desaparecidas. En teoría, su propuesta abarcaría la creación de una unidad especial dentro de la PNC para resolver las denuncias y regularía procedimientos y plazos.

Cuando a Luna se le consulta si su propuesta incluye reformas que protejan el patrimonio de los desaparecidos y agilicen los procesos de muerte presunta, el diputado asegura que no se lo ha planteado aún. “Lo he manejado de manera supletoria con el Código Civil, no he hecho ninguna modificación respecto a eso”, responde.

Y, en otro momento de la plática, acepta: “No se están viendo los temas que interesan para la población dentro de las comisiones. Este es el problema de la Asamblea Legislativa. Es por un desconocimiento del tema o… realmente no hay interés de estar legislando sobre esto”.

En enero de 2016, la diputada de ARENA Patty Valdivieso propuso la creación de una Comisión Interinstitucional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas a causa del crimen organizado y delincuencia común. Hasta ahora, el tema no ha sido puesto en agenda. Valdivieso también ha planteado la necesidad de un banco de ADN para buscar a las personas desaparecidas. Pero al hablar sobre cómo proteger el patrimonio de los desaparecidos y sus familias, la diputada reconoce que no se ha discutido nada aún.

En otras bancadas sucede lo mismo. Damián Alegría es uno de los diputados del FMLN que más se ha pronunciado sobre los desaparecidos. Pero se enfoca en los niños desaparecidos en el conflicto armado. “Para los (desaparecidos) de hoy hay instituciones que ya se encargan de eso. Está la Fiscalía, está la PNC, está el Ministerio de Seguridad. El problema es los desaparecidos en aquel momento del conflicto armado”, sostiene.

“Puse la denuncia y yo me sentía tan mal. Lo demás no importaba para mí. Solo quería encontrarlo. El tiempo siguió pasando y las cuentas ahí estaban. Desde ese momento empezaron las llamadas del banco. Empezaron a cobrarme. Y ya empezaba yo a comentarles del caso. Y ellos me decían que necesitaban el pago lo más pronto posible”.

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CUANDO EL ESPOSO NO VUELVE
“Puse la denuncia y yo me sentía tan mal. Lo demás no importaba para mí. Solo quería encontrarlo. El tiempo siguió pasando y las cuentas ahí estaban. Desde ese momento empezaron las llamadas del banco. Empezaron a cobrarme. Y ya empezaba yo a comentarles del caso. Y ellos me decían que necesitaban el pago lo más pronto posible”, relata Raquel.

Raquel se casó con William López el mismo día en que ella cumplió 26 años. Ahora tiene 32. Esta mañana platica desde un jardín. Es una enfermera sonriente, tiene la voz dulce, como si siempre le estuviera hablando a un paciente. Frente a una taza de café cuenta que conoció a William cuando los dos estaban pequeños. Sus mamás eran amigas y siempre se supieron el uno del otro. La conversación se vuelve amarga cuando recuerda cómo desde hace un año y dos meses la vida que construyó se desmoronó.

En febrero de 2018, William salió de casa para hacer un viaje en su carro. No regresó. Ni la policía ni la fiscalía han sabido explicar qué sucedió. Ni siquiera se ha logrado localizar el automóvil. Raquel colocó pronto la denuncia y acudió a medios de comunicación para encontrar a su esposo.
No son pocas las mujeres que se encuentran en la misma situación que Raquel. En los últimos tres años, la fiscalía ha recibido la denuncia de 3,507 hombres de 18 a 60 años que han sido registrados como víctimas del delito que sí existe, que es privación de libertad.

El matrimonio tenía un negocio y vivía en San Bartolo. Ahí William había pedido un crédito al Fondo Social para la Vivienda. Estaban pagando casa propia. Además, él había decidido hacer viajes en su carro. Para comprarlo, había pedido un préstamo a un banco. La familia era de cinco miembros. Al matrimonio se le unieron los tres hijos de William, que Raquel terminó criando como propios.

De William no se supo nada. Pero de los cobros, sí. Y no venían solo del banco. También venían de una comercial donde él compró un aparato de sonido para el carro y la cama. Raquel solo ha podido seguir pagando $20 de la cama, aunque los cobradores insisten en que pague el aparato de sonido que andaba el vehículo que William, se supone, manejaba, cuando desapareció.

William cancelaba $109 mensuales al Fondo Social para la Vivienda por su casa en San Bartolo. Raquel no quiere que la vivienda que empezaron a pagar en 2013 se pierda, pero tampoco logra juntar los más de $100 cada mes. De acuerdo con el fondo, ya tiene una mora de más de $800, porque no ha pagado desde agosto de 2018. Ella asegura que pidió que le bajen la mensualidad, pero la única persona que puede solicitar revisión de su cuota es la persona que adquirió el crédito. Y de él no se sabe si vive o ha muerto.

Ahora Raquel no vive en esa casa. Regresó con sus padres a vivir en el campo. Planea ponerse al día pronto porque quiere que los hijos de William la hereden. Ahora ya no vive con los niños que crió durante seis años. Al desaparecer William, los tres niños fueron separados. Uno vive ahora con su abuela paterna, otro con la materna y otro con su madre biológica. Raquel no llora al hablar de William, pero se le quiebra la voz cuando recuerda a sus hijos de crianza. No queda nada parecido a las fotos que ella muestra en su celular. Ya no existe esa familia de cinco que sonríe a la cámara.

Pronto cumplirá 33. Le da tristeza, dice. Y también cumplirá siete años de casada con un hombre que no sabe si volverá a ver. No es viuda, pero tampoco esposa. Y este país no tiene un nombre ni para ella, ni para las demás personas en esta situación.

Como Nubia y como William, solo en 2018, 2,682 personas dejaron de dar señales de vida. La forma en la que las familias de estas personas han enfrentado las consecuencias no tiene eco en las instituciones salvadoreñas. No existe.

Ilustración de Moris Aldana

«Hemos visto chicas con intentos suicidas a raíz de abusos sexuales»

Autorreconocimiento. La artista Ariel Peña dona su tiempo en el hospital. Uno de los ejercicios se basó en hacer un árbol de familia y en este reconocer fortalezas y debilidades de los familiares y de la misma paciente. Fotografías de Melvin Rivas

La sala de espera de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Rafael suele permanecer llena. Entre las sillas, hay personas que han sufrido violencia sexual. Hay adultos, pero también niños de dos años de edad. Para atenderlos –y brindar atención a pacientes con otros tipos de condiciones mentales– el hospital solo cuenta con tres psicólogos y tres psiquiatras. Ofrecen diferentes alternativas de terapia, pero la violenta realidad salvadoreña los confronta: no dan abasto. Maritza Anaya es una de las psicólogas del área y, después de hacer cuentas, acepta que ya ha llegado a atender hasta a 150 pacientes en un solo mes.

Para un hombre o chico es difícil venir y poder aceptar que ha sido abusado sexualmente. Ellos son encontrados cuando nosotros brindamos la atención psicológica por ansiedad, por depresión.

Maritza Anaya tiene ocho años de experiencia como psicóloga dentro del hospital. Aquí ha visto el trauma a los ojos. Ha atendido a niñas violadas por sus propios padres; y ha hablado con hombres que, tras varias sesiones, revelan que la causa de su ansiedad es un abuso que nunca pudieron denunciar.

Por la alta demanda, la solución que han encontrado los psicólogos del hospital es pedir ayuda afuera. A veces piden apoyo y donaciones para el transporte de sus pacientes, para un refrigerio o para brindarles otro tipo de terapia. Los recursos públicos que les son designados no son suficientes para responder a un país en trauma.

Desde su escritorio –en un salón pequeño donde solo caben tres personas sentadas– la psicóloga ayuda a explicar cómo brinda tratamiento a sobrevivientes de violencia sexual. Lamenta que los tiempos de espera para terapia individual se pueden llegar a extender hasta dos meses. Para mitigar la necesidad, comenta, han diseñado terapias grupales que se realizan cada 15 días. Además, sostiene que no hay un solo tipo de agresor. Los perfiles suelen ser variados: alguien de la familia, un pandillero, el pastor de la iglesia.

¿Hay signos por los cuales una familia puede intuir que su hija o hijo ha sido agredido sexualmente?

Sí, hay cambios conductuales. Ante una situación así hay una alteración de conducta. Ya sea que un niño se retraiga mucho, tenga muchos miedos, presente los típicos terrores nocturnos y el no querer acercarse a determinada persona. O todo lo contrario: muchas veces se vuelven bastante hiperactivos, agresivos y comienzan a tener conductas psicosexualizadas.

Las estadísticas dicen que el agresor suele ser cercano y que hasta el 70 % de los abusos suceden en espacios conocidos. ¿Eso coincide con la realidad de los casos que ven aquí?

Sí. Muchas veces han sido de esa forma. De hecho, ahorita el grupo que tengo que son ocho chicas más las familiares. Las mamás, muchas veces han traído un abuso sexual y nunca lo habían expresado. Es como una cadenita y ellas también están ahí dentro. Estamos hablando de 12 personas. Y los agresores han sido familiares en su mayoría: padrastro, tío, hermano, primos. Y muchas veces ya múltiples abusos sexuales.

Es decir que las historias muestran que el riesgo es del entorno cercano.

Sí, uno piensa que al ir a un lugar solo tiene más peligro. Yo creo que ahorita el peligro es que te puedan asaltar u otras situaciones… pero en cuestión de niños, que es donde más se mira, el peligro es en el entorno familiar.

¿Desde qué edad han empezado a tratar a personas por violencia sexual?

Ahorita hemos visto niños de hasta dos años que vienen con sospecha. Pero en la terapia de grupo yo tengo niños desde los cinco años hasta los 12, y otro grupo de 12 en adelante: adolescentes y adultas.

¿Cuál es la diferencia por género de los casos que ve?

De varones, en el mes estoy viendo cerca de cuatro o cinco casos y de chicas estamos hablando de cerca de 12: niñas, adolescentes y adultas. Hay muchas que lastimosamente están siendo violentadas o sufriendo y no lo logran expresar. La semana pasada vi cinco casos de violencia sexual. Tres adultas y dos niñas menores de edad. Todas mujeres.

Está marcado por género.

Es que para un hombre o chico es difícil venir y poder aceptar que ha sido abusado sexualmente. Ellos son encontrados cuando nosotros brindamos la atención psicológica por ansiedad, por depresión. Y no es como que vengan y lo expresen porque tienen miedo a que los llamen gays, a que los etiqueten. Esta sociedad tiene un machismo horrible. Entonces justo ese machismo hace que no lo puedan expresar.

Pacientes y terapistas. El hospital realizó una campaña en la que ilustra cómo las sobrevivientes de violencia sexual le ponen alto a las agresiones.

¿Hay un perfil de niños más vulnerables que otros ante los agresores?

Sí. Aquellos niños que tienen unos papás bien autoritarios y que carecen de parte afectiva. Cuando el agresor es más dadivoso, puede llegar donde ellos.

¿Se pueden identificar patrones de comportamiento entre los agresores?

Son personas que usualmente muestran ser de confianza, tienden a ser bien atentos. Generalmente intentan llegar siempre a la familia bien melosos. Hace poco tuve un caso en el que el tío llegaba donde su hermana a poderle ayudar con el agua, porque ellos viven en el campo. Pero él llegaba justo cuando las niñas estaban solas. Dos niñas: una de 12 años y la otra de ocho. Cuando sale la niña de ocho años, él se aprovecha de la de 12. Cuando esta niña es entrevistada y se le hace la evaluación, ella comenta que no había sido una sola vez, sino que todas las veces que él llegaba a ayudarle a la hermana.

Incluso dentro de los grupos familiares se puede llegar a minimizar la experiencia de abuso de la niña o adolescente. ¿Cómo explicamos esta negación dentro de los círculos de confianza?

Si ya un niño puede escribir o leer o dibujar, les aplico una prueba psicológica. Si es un niño menor, que no puede dibujar, generalmente la prueba es con terapias de juego. Si la sospecha es cierta, yo le hago conciencia al familiar de que lo que el niño está diciendo es verdad. También hay aquellas personas que se niegan, porque muchas veces ha sido su pareja la que ha abusado. Tratamos la manera de que pueda llegar a entender, ya que a veces encontramos ideas como: «ella se le metía. Ella andaba usando shorts. Ella lo provocaba. Ella tiene la culpa». Entonces buscamos a otro familiar que pueda ayudarnos en ese aspecto para que pueda concientizarse, ya que muchos de ellos también son víctimas de la misma situación.

¿Se tratan como víctimas secundarias?

Sí, les doy una tarjetita donde se les pone el nombre de la persona, el grupo de terapia a la que vienen, el día que les toca y la hora. Se les entrega tanto a las chicas como a los papás. Hay terapias en los que estamos juntos. Por ejemplo, ahorita estamos hablando sobre «mitos y realidad». Las chicas están adentro con los papás porque de esa forma también se van quitando muchas cositas que les afectan para poder salir adelante.

La mayoría de las chicas que están ahí han venido por interconsultas. Por emergencia han entrado aquí al hospital y les han hechos evaluaciones tanto médicas, ginecológicas o pediátricas, dependiendo de qué tipo de paciente sean. Entonces, posteriormente, vienen a Salud Mental donde se les da la intervención en crisis si ha sido antes de 72 horas la agresión que hayan vivido.

¿Se refiere al kit de emergencia por violación?

Sí, exacto. Se les da un kit con anticonceptivos, las terapias antirretrovirales que las reciben durante un mes y, posteriormente, estar chequeándolas por VIH durante un año.

¿Qué podemos hacer para que, si el abuso sexual sucede, los niños y las niñas denuncien?

Hacerles saber cuáles son sus partes íntimas o las partes privadas que nadie debe tocar. A veces los papás dejamos de ser amigos y comenzamos a ser solo autoridad para los chicos, entonces ahí perdemos la confianza de ellos y comienzan los miedos: «Si yo le cuento a mi papá o a mi mamá, ellos me van a regañar o se van a enojar». Hacerles conciencia de que no nos vamos a enojar si en algún momento pasara algo así. Que al contrario, los vamos a apoyar.

En ocasiones, en caso de abuso sexual, los agresores dicen que el menor dio consentimiento. ¿Esta figura puede existir en un menor de edad?

No. Lo que se da es estupro. Cuando un mayor comienza a hablarle muy bonito a una chica –generalmente son los casos que más se dan–; y la chica cede por un supuesto enamoramiento, muchas veces esto tiene que ver con la carencia afectiva familiar que ella haya tenido. Entonces ahí sí se da el caso de que el agresor comienza a decir: «Mire, pero ella accedió a tener relaciones». Pero legalmente es un estupro, un abuso, un delito.

Los agresores son personas que usualmente muestran ser de confianza, tienden a ser bien atentos. Generalmente intentan llegar siempre a la familia bien melosos. Hace poco tuve un caso en el que el tío llegaba donde su hermana a poderle ayudar con el agua porque ellos viven en el campo.

¿Qué implica el consentimiento?

Es cuando tú estás de acuerdo en poder realizar dicha actividad. Por ejemplo, tú me dices: yo necesito que me ayude en esta tarea. Entonces yo te estoy diciendo que sí, te estoy aceptando. Estoy de acuerdo en poderte ayudar. En el caso de las chicas, un consentimiento se da cuando es mayor de edad. Ahí podemos decir que están en mutuo acuerdo o en consentimiento, pero cuando son menores de edad, no. A veces no se imaginan la magnitud del daño que pueden estar recibiendo.

Tarjeta de paciente. Tanto el sobreviviente de violencia sexual como su tutor reciben esta tarjeta para asistir a las sesiones terapéuticas.

¿Qué diagnóstico suele acompañar a un niño que ha sufrido violencia sexual?

Depresión, ansiedad… ahí es cuando se da la alteración en la conducta, con déficit de atención. En cuestión de adolescentes, hemos visto muchas chicas con intento suicidas a raíz de muchos abusos sexuales, también personas que han adquirido VIH u otros tipos de enfermedades de transmisión sexual.

Además de estos cuadros clínicos, ¿los sobrevivientes de abuso sexual hablan de otros factores por los que temen denunciar?

Cuando son situaciones en las cuales las chicas han sido agredidas por pandilleros, ahí es donde suelen tener más miedo a poner denuncia, o regresar a vivir en su casa y temen por la seguridad de la familia. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el caso de una chica que fue abusada por unos pandilleros cerca de su casa.

¿Los pandilleros eran conocidos?

Sí, ellos la conocían. Sabían quién era, dónde vive y todo. Abusaron de ella y a raíz de eso, ella quedó embarazada. Ella se quedó callada porque ellos la amenazaron: si hablaba, su familia iba a morir. Obviamente ella, sabiendo qué tipo de personas eran, se quedó en silencio. Seis meses después se sintió sumamente mal. Cuando es traída al hospital, se dan cuenta de que ella también tenía un embarazo de seis meses y lo había intentado ocultar. Había una negación rotunda ante el bebé, ante todo lo que había pasado y no quería expresar por qué estaba embarazada. En ese momento la mamá empezó a pensar que a lo mejor ella tenía novio y que por eso había quedado embarazada. Cuando se habló y se le dio la terapia, se pudo conocer el caso y ella expresó cómo había sido todo y tanto a la mamá como a la niña se les dio el apoyo psicológico. De hecho, con ella tuvimos la oportunidad de hacerle un «baby shower» y posteriormente ella ha estado bien. Hace poco vino a terapia y me comentaba que aún en la PAES, ella había salido con las mejores notas.

¿Cuántos años tiene ella?

Dieciséis. Como salió con las mejores notas, le han dado una beca. Esas son las recompensas que uno tiene.

¿Cómo llegaron a atenderla?

Ella vino porque se sintió mal. La han traído de la institución donde ella estudiaba y ha sido recibida en Emergencias. En Emergencias comienzan a ver por qué el embarazo y ella no quería hablar.

En la ley salvadoreña el delito de violación prescribe a los 10 años y alguien puede llegar a decir que 10 años es tiempo suficiente para tomar medidas legales. ¿Cómo se explica que haya gente que, a pesar del paso del tiempo, no denuncie?

Es por los mismos miedos que se tienen. Si has sido agredida por una persona que es de pandillas, existe el miedo de que vayan a agredir a tu familia y el sentimiento de culpa que si algo les pasa a ellos. También el hecho de la vergüenza. Hace unos seis meses tuvimos a una niña de 11 años a la que el pastor abusó y embarazó. Ella se encargaba de llevar las tortillas que hacía la mamá a diferentes casas y en una de esas, él se aprovechó. Esta niña sale embarazada, la mamá le reclama qué es lo que había pasado, se da cuenta que había sido por abuso y vienen las demás personas de la iglesia y comienzan a discriminarla. Que la niña era la que, de seguro, se le había metido. Esos miedos abren la puerta a decir «mejor yo no hablo. Porque si lo hago, me van a agredir, van a decir que yo me le ofrecí». A la niña le dijeron: «Ya no entrás a la iglesia, porque no sos pura».

A través del arte. Artistas salvadoreños donan su tiempo para realizar ejercicios con los grupos de sobrevivientes de violencia sexual que se organizan en el hospital.

¿Los agresores tienden a hacer chantaje emocional?

Los agresores les dicen: si tú le dices a tu mamá, tu mamá te va a castigar o le va pasar algo a tu mamá, la vamos a matar. Generalmente siempre amenazan por la mamá.

¿Qué puede hacer una persona que busque ayuda si fue abusada en el pasado?

Puede ir a una unidad de salud y pide una referencia del hospital a la Unidad de Salud Mental. Ahí debe especificarle que ha sido por abuso sexual. De esa forma vienen acá.

Aquí brindan terapia individual y grupal. ¿En qué otras alternativas se apoyan para brindar tratamiento?

En la parte terapéutica, hemos sido bastante abiertos. Tenemos la arteterapia, hay un grupo que asiste a una granja de animales. También se enseña a manejar el estrés a través de las técnicas de yoga y taichí. Esas clases las estamos dando en el Cafetalón y en el Jardín Botánico de Antiguo Cuscatlán. Siempre solicitamos a personas profesionales que nos puedan impartir ese tipo de técnicas.

Terapia grupal. Los módulos de terapias grupales usualmente toman un semestre y se realizan con un colectivo de 10 a 15 pacientes.

¿Esos profesionales donan su trabajo?

Sí. También buscamos a gente altruista que nos pueda dar para el refrigerio… para algún pasaje de la chica o alguna otra necesidad. Por ejemplo, tengo a una niña de 14 años que está en las aldeas SOS y que ha sido abusada. Tiene una bebé de un año y medio, y ella no tenía dinero para la ropa, para la leche. Y entonces ahí comenzamos a buscarle ropita. A veces, nos donan de empresas y algunas cosas las vamos gestionando.

¿Ustedes, como Unidad de Salud Mental dan abasto?

Realmente, no. Para ser francos, no. Yo tendría que ver entre cinco o seis pacientes, máximo, en la mañana. A veces, estoy viendo a 10.

¿En la unidad solo hay tres psicólogos?

Sí, y los tres psiquiatras.

Es un montón de trabajo.

Para serle así, hasta más franca, yo ya estoy citando para junio y julio. Así están los tiempos de espera en mi caso. En el caso de mis demás compañeros, pues a veces los psiquiatras están hasta ya para el otro año.

Esto sucede en las terapias individuales, ¿por eso la importancia de las grupales?

Sí. Esas se dan cada 15 días.

¿Cuánto se puede llegar a estar en espera de terapia grupal?

Dependiendo. Por ejemplo, si son pacientitas que han estado en diciembre, en enero, en febrero máximo, son las que hemos ido integrando a la terapia grupal. Entonces estamos esperando unos tres meses para la terapia grupal. Pero antes de eso, se les está dando la terapia individual.

¿Con cuánto espacio de por medio?

Unos dos meses.

¿Puede existir el perdón respecto a un abuso si no hay justicia y el agresor no acepta lo que hizo?

No. El perdón lo trabajamos cuando sienten mucha culpa ellas mismas. Se trabaja el perdón con el agresor de forma más simbólica. Es sanador para ellas porque mayormente las chicas no logran verlo a veces. Es más para sentirse bien con ellas mismas y sentir que no provocaron esta situación.

¿Hay un límite de tiempo tras una agresión sexual en el que ya no se pueda pedir ayuda?

Una situación así siempre va afectar. Es como si tú tuvieras una herida y, si no la sanas, esa herida cicatriza de una forma inadecuada. Necesitas ayuda y el medicamento. Así es la parte emocional. Si no sanas esa parte emocional, toda la vida te va a afectar y muchas veces ya lo estamos teniendo en nuestro cuerpo: dolores de cabeza, el estrés, la ansiedad, problemas de insomnio.

¿Es posible llegar a sanar?

Sí. Yo no tengo una varita mágica donde pueda decir ‘dentro de cinco sesiones ya no vas a sentir nada, vas a olvidar todo’. Vamos a tratar de minimizar ese dolor y que esa herida vaya sanando de la forma más correcta: no sintiéndome culpable, tratando la manera de fortalecer mi autoestima. Nuevamente retomando mi vida, teniendo el entorno familiar y las redes con los amigos. Siempre buscamos hacerles saber que no están solas.

Contra la violencia. Dentro del hospital se promueve una campaña para que las mujeres denuncien cualquier tipo de maltrato al que sean sometidas.