Los niños que no tienen qué comer

Fotografía de Ángel Gómez

Selena amamanta a su hijo Josué, un bebé de nueve meses que se afianza al pecho de su madre. Selena cuenta que desde que su hijo nació, en diciembre de 2018, al niño le ha costado ganar peso y ha crecido poco.

Josué es un bebé pequeño, sus manitas, sus piernas y su cuerpo aparentan las de un niño de tres meses. Y su peso y tamaño, están de la edad de dos meses, ya que apenas alcanza las 8.81 libras cuando debería llegar a las 19. Selena dice que el diagnóstico de su hijo, desde hace cuatro meses, es desnutrición severa.

La desnutrición crónica o severa, es una condición que se genera debido a la escasez de vitaminas y nutrientes en el cuerpo, como el hierro, yodo, vitamina A, ácido fólico y proteínas. Esta condición genera en los niños la falta de crecimiento según su edad, afecta su capacidad intelectual y puede propiciar el desarrollo de otros padecimientos.

La Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Salud (MINSAL), registró en 2018, a través del Sistema Morbimortalidad y Estadísticas Vitales- SIMMOW, 10,959 casos por desnutrición crónica e identificó que son los niños y niñas menores de cinco años la población más vulnerable. De los diez mil casos reportados, 8,962 corresponden a menores de cinco años.

Y sobre los casos correspondientes a este año, el MINSAL ha consolidado de enero a agosto de 2019, 5,880 reportes de niños con desnutrición crónica.

Selena asegura que con la llegada de Josué, ahora son 12 miembros en la familia. Por el momento, es su padre quien ayuda con los ingresos mensuales al trabajar como asistente de albañilería en San Salvador. Su salario de $200 mensuales cubre apenas los gastos para la alimentación.

Un sueldo que según Selena alcanza para los huevos, aceite, frijoles, arroz, azúcar, y café. Lo demás, su familia lo consigue de la cosecha de maíz y de la crianza de una o dos gallinas que puede dar para más huevos o «una sopita».

Según el el MINSAL, el problema de la desnutrición crónica prevalece en las familias con escasos recursos económicos y pocas condiciones para su desarrollo, como el acceso a agua potable, letrinización, higiene en los alimentos, vivienda, entre otros factores.

«La comida la compramos por poco, por poquito, porque no hay chance de comprar en grandes cantidad. No nos faltan los frijoles con arroz, y un par de huevitos», dice Selena.

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que para el desarrollo humano y la seguridad nutricional, es necesario el acceso físico, social y económico a los alimentos que satisfacen las necesidades diarias de la población.

En el caso de Selena, una madre soltera, sin empleo y dedicada al hogar, su alimentación y la de Josué depende de la ayuda económica que le den sus padres. Y al ser parte de un grupo familiar grande, la comida se raciona entre 10 personas.

“La desnutrición crónica en los primeros dos años vida trae un daño irreversible en el crecimiento del niño. Su talla se ve afectada y este es un aspecto que no se puede recuperar. Si un niño dejó de crecer dos centímetros en sus primeros dos años de vida, el menor ya no lo recuperará. Otras de las secuelas, es el daño al sistema inmunológico para combatir enfermedades e infecciones”, Elda Carolina Guerra, nutricionista y colaboradora técnica de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MINSAL.

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La casa de Selena se encuentra en la zona rural del cantón El Jícaro, al sur del municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán. Para llegar hasta su comunidad, hay que atravesar una zona montañosa, andar por unas calles que aún no están pavimentadas y cruzar un río que en la época lluviosa crece e impide el paso.

Su hogar, es una pequeña casa de adobe, con tres cuartos y tres camas donde duermen más de dos personas apretujadas; con una cocina que está rodeada por pequeños cultivos maíz y chipilín.

La última encuesta nacional de salud, que identifica la situación nutricional de la niñez, por medio del Censo de Tallas en escolares de primer grado, indicó que en 2016, los departamentos más afectados por la desnutrición crónica fueron: Ahuachapán, Morazán, Sonsonate, Cuscatlán y la Paz.

Elda Carolina Guerra, nutricionista y colaboradora técnica de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MINSAL, explica que desde el sistema de salud, el tratamiento por desnutrición crónica depende de la gravedad de los casos y de dónde la madre ha solicitado la atención.

Si el caso es identificado por un promotor de salud, el niño deberá ser referido a la Unidad de Salud o Eco Familiar de la comunidad, donde se determinará por medio de dos especialistas, un pediatra y un nutricionista, el grado de desnutrición del menor. De no padecer otra enfermedad, el niño quedará en control ambulatorio en la Unidad o Eco Familiar.

Pero si los niños enfrentan otras complicaciones de salud debido a la desnutrición, los pequeños serán referidos a los hospitales nacionales para un tratamiento de recuperación que puede variar de tres a seis meses.

«La desnutrición crónica en los primeros dos años vida trae un daño irreversible en el crecimiento del niño. Su talla se ve afectada y este es un aspecto que no se puede recuperar. Si un niño dejó de crecer dos centímetros en sus primeros dos años de vida, el menor ya no lo recuperará. Otras de las secuelas, es el daño al sistema inmunológico para combatir enfermedades e infecciones», explica Guerra.

Debido a su condición, Josué no ha crecido lo suficiente y, a su edad, ya ha sufrido complicaciones por la desnutrición, hace unos meses tuvo neumonía por sus bajas defensas.

«Al niño le gusta mucho el pecho», dice Selena. Y, mientras sostiene a su hijo, muestra la cartilla de control que le han dado en el Eco Familiar de la comunidad.

En el gráfico de crecimiento de su cartilla de control, Josué está en la curva DS (desnutrición severa). Desde hace cuatro meses, Josué se mantiene en el mismo punto, no desciende y tampoco sube de los 4 kilogramos.

Esta tendencia, según su cartilla de control, apunta a que su tratamiento no es el adecuado.

Selena asegura que en el Eco Familiar, a Josué lo han tratado con hierro. Mientras que a ella le han indicado que debe de «alimentar bien» a su bebé.

Fotografía de Ángel Gómez

«Para el desayuno me dijeron que le esté dando un suplemento nutricional que contenga hierro, zinc, ácido fólico, harina de maíz y soya y lo acompañe con guineo y de refrigerio de las diez, un puré de zanahoria y para el almuerzo pollo, luego plátano para las tres de la tarde y en la cena frijoles licuados y pipianes con crema», cuenta Selena.

David Sandoval, promotor de salud de los cantones El Jícaro y El Carrizal de Tacuba, asegura que el caso de Josué es uno de los más delicados de la comunidad. También dice que el problema de la desnutrición severa es muy común en los niños de la zona. Luego de 16 años de trabajar y vivir en lugar, asegura que anualmente identifica, al menos, a 12 niños con este problema.

«Aquí a la gente solo se le dice cómo puede hacer para alimentar a su hijo. Se le dan recomendaciones; pero aquí, la realidad es que la gente sobrevive a la gracia de Dios», expresa Sandoval.

De acuerdo, con Michelle Tobar, doctora del Eco Familiar del cantón El Jícaro, uno de los problema en este sector de Tacuba, es de que las familias se enfrentan a una pobreza extrema y las madres tienen a su cuidado hasta a diez hijos, lo que hace aún más difícil la ración de alimentos para los niños.

«Acá, las madres, a veces, se presentan al Eco Familiar con su doceavo embarazo y una ‘cola’ de niños desnutridos. La mayoría de niños menores de tres años acá van con tendencia de desnutrición. Erradicar esta condición en este cantón es muy difícil por los recursos económicos, acá la gente se alimenta de lo que hay», dice Tobar.

Debido a la desnutrición severa de Josué, el niño ha sido referido al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom para su control.

Selena, explica que, por el momento, los doctores del Hospital Bloom atienden a Josué por su padecimiento de hidrocefalia. Aún el niño no ha sido atendido para controlar su problema de nutrición.

Para conocer sobre la atención médica que brinda el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a los niños con problemas de desnutrición severa, se solicitó una entrevista a través de la unidad de comunicaciones con el director del hospital, pero hasta el cierre de este reportaje, no se concretó una entrevista.

Al caso de Josué también se suma el de Rubén y Henry, dos niños que sufren de desnutrición severa, y que a diferencia de Josué han sido internados por una organización no gubernamental para tratar su problema.

Atención. El promotor de salud del cantón El Jícaro, en el municipio de Tacuba, asegura que la desnutrición severa es muy común en los niños de la zona.

Rubén es un niño de un año y cinco meses que pertenece al cantón de Cara Sucia, municipio San Francisco Menéndez, del departamento de Ahuachapán. En una mañana de inicios de octubre, Rubén recibe su fisioterapia para recuperar la movilidad y superar su retraso motor.

Su fisioterapista lo pone en su andadera para que pueda dar pasos y saltar. Luego viene la terapia del habla. Debido a su condición de desnutrición severa, Rubén no ha podido decir sus primeras palabras. Su doctor asegura que es parte de las secuelas por su problema de nutrición.

Rubén está internado en una organización que ayuda a los niños y niñas con problemas de desnutrición severa en San Salvador. Desde hace cuatro meses, el 27 de mayo de 2019, el pequeño fue ingresado para su recuperación y reside en la fundación.

Su madre una joven de 22 años, ha llegado un sábado para ver a Rubén, aunque los días de visita son los jueves, Ana María ha decidido llegar ese día para poder celebrar junto a su hijo el día del niño. Su presupuesto solo le alcanza para viajar un día a la semana a San Salvador.

Ana María cuenta que al año de nacido, Rubén no subía de peso y tampoco crecía. El niño a los doce meses vomitaba todo lo comía. Y fue, por una complicación en los bronquios que la joven se enteró que su hijo enfrentaba problemas de desnutrición.

Recursos. La desnutricióncrónica prevalece en las familias con pocas condiciones económicas.

Rubén fue diagnosticado, a principios del 2019, con desnutrición severa y fue referido inmediatamente por la Unidad de Salud de Cara Sucia a la Fundación Vínculo de Amor.

La madre de Rubén cuenta que el proceso ha sido difícil ya que lleva separada de su hijo cuatro meses. Sin embargo, considera que es la opción más oportuna debido a que ella y a su esposo, no tienen los recursos para su dieta de recuperación.

El programa de nutrición para los niños y las niñas consiste en leche de fórmula, carnes rojas, pollo, pescado, papillas de frutas y verduras que contengan yodo y hierro.

Xiomara Ocho, doctora de la Fundación Vínculo de Amor, detalla que en 2019, la organización ha atendido 34 niños por desnutrición severa. Asegura que la mayoría de casos vienen referidos de hospitales nacionales y unidades de salud, luego que, los promotores, doctores y enfermeras «han identificado que el niño se ha estancado en el peso y no ha presentado mejoría en su recuperación».

En 2018, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2018- 2028), tras identificar que la desnutrición crónica, el incremento del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas se deben a los problemas de malnutrición en la sociedad salvadoreña.

En 2018, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2018- 2028), tras identificar que la desnutrición crónica, el incremento del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas se deben a los problemas de malnutrición en la sociedad salvadoreña.

De acuerdo con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Estado trabajará con los gobiernos locales, instituciones públicas y comunidades para mejorar «progresivamente» la disponibilidad de alimentos a la población y se trabajará en la atención integral para la nutrición de los salvadoreños.

Sin embargo, al consultar al CONASAN sobre los avances de la política e implementación de programas para la atención integral en la nutrición, no se obtuvo ninguna respuesta. Se intentó agendar una entrevista con la directora ejecutiva, Daysi de Márquez, pero hasta el cierre del reportaje no se consignó un espacio en su agenda.

El papá de Henry también ha llegado a la celebración del día del niño en San Salvador. Henry es un bebé de nueves meses que pesa las 12.63 libras y aparenta la edad de un niño de seis meses.

A su edad, Henry debería de pasar las 19 libras. Por esta razón, desde septiembre, él ha ingresado al programa de nutrición de la fundación. Debido a su poco peso, los músculos Henry son débiles y no puede gatear.

Alexander, su padre dice que ha madrugado para poder llegar a las 9:00 de la mañana hasta esta parte del centro de San Salvador. Salir desde el cantón San José Primero, en San Martín, le lleva alrededor de unas tres horas.

Nutrición. El país, por el momento, no cuenta con un programa de atención nutricional para los niños menores de cinco años.. El país, por el momento, no cuenta con un programa de atención nutricional para los niños menores de cinco años.

Cuando Alexander habla sobre las causas de la desnutrición de Henry, explica que a pesar de sus esfuerzos tiene problemas para conseguir un empleo. Su ingreso mensual es de $40. Un sueldo que debe alcanzar para su esposa, su otro hijo de siete años y su bebé de nueve meses.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), asegura que en la lucha contra la desnutrición infantil, los gobiernos deben reforzar el trabajo de prevención, realizar intervenciones durante los 1.000 días del embarazo y atender a los niños de manera integral en los primeros dos años de vida.

En el caso de Rubén y Henry, se estima que su recuperación se dé en unos cuatro meses o más. En ese tiempo, la fundación instruye a la familia para que se adecue el hogar de acuerdo a sus recursos y puedan recibir a los pequeños en un mejor ambiente.

La realidad de Josué es otra. Selena es madre es soltera y en su hogar, las mujeres se dedican a atender los hijos. Así que a falta de un programa de nutrición que atienda su hijo, una organización local de Tacuba, ayuda a Selena con la compra de un suplemento nutricional que contenga hierro, zinc, ácido fólico, harina de maíz y soya para recuperar a Josué.

Sin ello, Selena depende de los ingresos de su padre y de la cosecha para alimentar a su hijo.

Recuperación. Seis niños se recuperan de la desnutrición severa. Una organización no gubernamental ayuda a su tratamiento nutricional.

El encarcelamiento no hace que nuestras comunidades sean más seguras

Eddie Bocanegra, Experto en prevención de violencia.

Eddie Bocanegra trabaja en la prevención de violencia y en cómo abordar los traumas que esta genera. Su historia lo ha llevado a enfocarse en las comunidades que más sufren la violencia en Chicago, la ciudad estadounidense más poblada del estado de Illinois. Desde 2017 es el director senior del programa READI Chicago, de la organización Heartland Alliance, donde le apuesta a construir una sociedad segura y con oportunidades.

Es hijo de padres migrantes, originarios de Nuevo León, en México, que se instalaron en La Villita, una comunidad de Chicago. Eddie creció en medio de vecinos, quienes en su mayoría también eran migrantes mexicanos y que, como sus padres, trabajaban en varios oficios para sobrevivir. En su comunidad conoció a las pandillas. Se les unió a los 14 años, justo un año después de haber visto el asesinato de un joven. Dice que consideraba que las pandillas tenían un «orgullo y autoestima grande», y pensó que en ellas podía encontrar voz y respaldo.

En 1994, a sus 18 años, fue condenado a 29 años de cárcel por homicidio, pero, para entonces, la ley establecía que podía cumplir solo la mitad de su condena. Pasó detenido 14 años y tres meses. En prisión, Eddie estudió bachillerato y también recibió diversas clases, como cocina y arte. Al salir, aceptó el trabajo de «interruptor» de violencia en poblaciones adultas de Chicago, como parte del programa CeaseFire. Su experiencia, junto a la de otros dos como él, fue retratada en el documental The Interruptors. Además, estudió una licenciatura en economía en la Universidad Estatal de Luisiana, una licenciatura en trabajo social en la Universidad del Noroeste de Illinois y cursó la maestría en trabajo social en la Universidad de Chicago.

“Yo ahorita estoy manejando un programa de $20 millones. He atendido clases en una de las mejores universidades, he hablando en las Naciones Unidas, he cumplido. Soy papá de cinco niñas, pero todo eso es porque gente me dio apoyo, porque la gente me miró y no se enfocó en el error que hice, sino en la potencia que tenía para hacer algo diferente”.

Eddie ha liderado varios programas de prevención de violencia, de lucha contra la desigualdad social y a favor de la reinserción de las personas que estuvieron en la cárcel. Actualmente es miembro del comité del Consejo de Liderazgo de Justicia Juvenil y de la junta de la Iniciativa de Justicia Juvenil, ambos de Illinois, y es administrador del Consejo de Justicia Criminal.

Entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, conoció El Salvador. Visitó el penal de Apanteos, en Santa Ana, y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia. También se reunió con diferentes representantes del sistema penitenciario, con 12 empresarios del consejo empresarial de la agencia internacional Catholic Relief Services, con estudiantes de psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y con el grupo Constructores de Paz, de la micro región El Bálsamo, para conocer sobre la reinserción social y rehabilitación que, acá, mínimamente se realiza.

Su percepción del sistema penitenciario salvadoreño -el segundo con más presos en el mundo- es que carece de recursos para rehabilitar. A esto le suma que no existe comunicación entre los sectores sociales que pueden potenciar la reinserción, y que hay gente que, en las cárceles, quiere sanar, pero no sabe cómo hacerlo.

Más que un lugar donde se restringen los derechos civiles de una persona, ¿qué debería significar una cárcel?

Ha habido bastantes estudios que dicen que encerrar a la gente no va a causar que tu comunidad sea más segura. También sabemos que no hay ningún beneficio para la sociedad encerrar a la gente y solamente encerrarla, porque la persona va a salir de un punto por otro. Me imagino que estás en tus 20. El día de mañana, si Dios quiere y si tú quieres, vas a tener un hijo. ¿Te imaginas si ahorita una persona cae presa y el juez dice: «Te vamos a sentenciar a 30 años, 25 años», y mañana tienes un hijo? Esa persona va a salir en 25 años. Tu hijo va a tener 25 años. Tú ya vas a tener como 50. La persona que va a pasar por más, que va a tener que lidiar con las consecuencias, va a ser tu hijo.

Estados Unidos ahorita es el país que más encarcela personas en todo el mundo. Yo creo, si no estoy equivocado, que el segundo país es El Salvador. Hemos hecho un gran error, porque las políticas, las leyes que se construyeron en los 60’s, en los 70’s, en los 80’s, fueron, muchas veces, a base del racismo. Es por eso que en las cárceles de los Estados Unidos se ve a mucha gente de raza negra y de raza latina, pero en estos últimos ocho, nueve años, 10 años, el Gobierno americano ha reconocido que no podemos ya encerrar a más gente, que no es un buen retorno de inversión ni nada bueno sale de eso, porque el 95 % de la gente va a salir para atrás. 95 % de la gente en el estado de Illinois sale. Los datos los tengo porque siempre estoy diciendo eso.

Fotografía de Ángel Gómez

¿A qué me refiero? Si no hay ningún recurso y si solamente las personas están sentenciadas en la cárcel con 10, 20, 30 años como castigo, no van a salir bien. Van a salir más traumadas de lo que entraron. Diría que si el Gobierno está corriendo las penitenciarías, las cárceles, como si fueran un negocio, el Gobierno está invirtiendo de una manera que no le va a dar nada. Es un negocio que va a caer en bancarrota, tarde o temprano. La gente que está en las cárceles no es gente que viene de comunidades como Santa Elena (Antiguo Cuscatlán), viene de comunidades como la IVU.

En mayo del año pasado, según la cadena de noticias BBC, en Estados Unidos, había 2.16 millones de personas presas en cárceles federales y locales. Por cada 100,000 habitantes hubo 655 encarcelados. Mientras que El Salvador, a inicios del año pasado, era el segundo país con más reos, con un total de 39,274. Es decir, que por cada 100,000 habitantes tuvo a 614 detenidos, de acuerdo con un informe de World Prison Brief que citó la cadena de noticias.

Cuando salió de prisión, ¿qué fue lo que le motivó a usted para trabajar con comunidades vulnerables a la violencia y también apostarle a la reinserción social?

Antes de que saliera de la penitenciaría, estuve tomando clases. Traté de hacer todo lo posible con los recursos que se me estaban ofreciendo, y el último año, antes que saliera, como en 2007, a principios de 2008, comencé a escribir planes de negocios. Dije «voy a vender, voy a poner un puesto pequeño, afuera, en la calle y voy a vender hot dogs. Y los voy a vender enfrente de la cárcel» (que estaba por mi casa, por donde yo crecí, que es una comunidad que se llama La Villita, porque en el lugar, en Chicago, hay casi 80 % de mexicanos). En esa comunidad está una de las cárceles más grandes en Estados Unidos, que se llama Cook County Jail. A la misma vez dije «yo quiero ver la manera de cómo ayudar a otra gente, especialmente a otros jóvenes». Y afortunadamente, uno de mis primos en ese tiempo, y todavía sigue, era un oficial de seguimiento de libertad condicional juvenil. Cuando le dije «primo, quiero hacer esto». Me dice «ok, ¿sabes qué? Hay un programa donde yo mando mucho a mis jóvenes, a lo mejor tú puedes ser un mentor». Yo dije «ah, está bien». Comencé ahí de voluntario como por tres meses, hasta que finalmente una persona de CeaseFire, un programa contra la violencia, pero enfocado más a los adultos, no en los jóvenes, dijo: «Hey, Eddie, tengo un trabajo para ti». Yo le dije «está bien». La semana que sigue, otra vez, me veo con los jóvenes, me dice «hey, tengo un trabajo para ti». Le dije «yo no quiero hacer lo que están haciendo ustedes. Yo estoy bien», porque me estaba alistando también en la escuela. Y al tercer mes, como al mes después, me dice «¿por qué no quieres hacer eso? Te estoy dando un trabajo, te voy a pagar por lo que estás haciendo ahorita. La misma cosa te voy a pagar». Ya para entonces dije «sería bueno que llegara el trabajo para ayudarle a mi primo» (con el que me estaba quedando, en su casa). Tomé el trabajo y trabajé ahí por tres años y medio, como interruptor de violencia.

Es más, hay un documental que se llama The Interruptors, que ganó muchos premios, muchos reconocimientos internacionales, y ese documental me dio la plataforma de seguir esa carrera. Aparte de eso, saqué mi maestría en la Universidad de Chicago, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos, y eso también me dio otra plataforma de no hacer una historia solamente, sino que tener esas credenciales para decir que una persona como yo puede superarse.

¿Cuál es la importancia de que en uno de los países más violentos como El Salvador exista cohesión entre las instituciones del Estado, las empresas privadas y la sociedad civil para asumir la prevención de la violencia?

Si nomás una institución, si solamente el Gobierno se encarga de eso, no vamos a ir muy lejos. Por otra parte, si solamente dejamos que las empresas se encarguen de eso, tampoco ellas pueden. Si el Gobierno y los residentes, los ciudadanos de El Salvador, quieren un país que sea menos violento, se va a requerir que todas esas instituciones comiencen a hablarse una a la otra, cada cosa que estén haciendo. Si van a hablar sobre las escuelas, tienen que haber elementos de la violencia ahí, cómo compartir esto. Si están trabajando sobre pólizas u hospitales, por ejemplo, también tienen que haber elementos con enfoque sobre la violencia.

Lo que yo he visto esta última semana es la necesidad de cómo arreglar el sistema penal. Lo que he visto o he escuchado, porque no exactamente lo he visto de la gente, pero lo que he escuchado, es que la gente aquí en El Salvador no quiere ver a esa gente que está en las pandillas como parte de la sociedad.

Hay un discurso de odio, incluso de funcionarios públicos.

Sí, pero también lo que he visto es cómo cada grupo con el que hemos hablado está como en su propia isla, como que no se están comunicando entre ellos mismos. Algunos tienen buenas ideas, pero no se están hablando. El Gobierno está hablando con las ONG, el Gobierno está hablando con las empresas; las empresas no están hablando con las universidades y el Gobierno no está hablando tampoco con los directores de los penales, especialmente con los de los juveniles. Para mí esa es una oportunidad que se está perdiendo, si no puede haber un enfoque de cómo coordinar esas conversaciones y cómo podemos hablar para comenzar, no solamente el diálogo, pero pasos que se pueden hacer para cambiar algunos sistemas.

¿Usted ha conocido sobre el programa Yo Cambio? ¿Cuál es su valoración general de este programa?

Lo he escuchado y parece que es uno de los mejores programas, pero también parece que el Gobierno lo acaba de parar. Conocí a muchos muchachos de ese programa, que están adentro y los que han estado afuera también, después de salir. Sin leer los datos, solo puedo dar mi opinión de lo que he visto, parece que la estrategia y la manera en la que ese programa está implementado hace mucho sentido. Las personas que conocí, que han estado encarceladas, pero ya salieron, que ya son libres y que fueron parte de este programa, son personas a las que también se les ve que quieren encontrar la manera de cómo ayudar. Para mí, tuvo un impacto en esas personas. Yo diría que ese programa, por lo que he visto, sin leer los datos, parece un programa que debería ser más replicado o apoyado.

El modelo del programa Yo Cambio fue institucionalizado en las cárceles salvadoreñas en 2014, luego de cuatro años de prueba en el penal de Apanteos. El programa, sobre el cual el actual Gobierno dijo que haría una reingeniería y aún no se pronuncia al respecto, contemplaba, en la administración pasada del FMLN, diferentes talleres para los internos, incluso la creación de bandas musicales en los penales. Sin embargo, entre sus deficiencias estaba que no contaba con una línea presupuestaria, sino que funcionaba con fondos extraídos de una contribución especial, y que no incluyó a la población pandillera reclusa. Pese a que era el único programa estatal, dentro de las cárceles las iglesias también han trabajado en el proceso de rehabilitación.

Fotografía de Ángel Gómez

¿Cómo deberían diseñarse para nuestros países los programas eficientes de reinserción bajo un enfoque de derechos humanos?

La verdad es que me da mucha vergüenza y me da mucha pena cuando menciono que estuve en el penal, cuando menciono que tomé la vida de una persona, pero la razón por la que lo hago es porque necesito que el Gobierno y que la sociedad vean que las personas que están en los penales pueden cambiar cuando tienen los recursos apropiados. No importa qué clase de monstruo la gente piense que esa persona es. Cuando tiene el apoyo, cuando tiene los recursos y cuando hay esperanza que el día que salga puede haber algo, esta persona puede cambiar. Pero lo que yo he visto también, aquí, en El Salvador es que eso casi no existe, y yo hablaría sobre mi programa. Con el READI Chicago estoy en cuatro comunidades en la ciudad de Chicago, cuatro de las más violentas en la ciudad. Para darte los contextos, Chicago tiene 77 comunidades, pero, aunque tengo este programa, cada comunidad es un poco diferente. Diría que este país es diferente a Estados Unidos, las comunidades son muy diferentes una a otra, y las pandillas también son muy diferentes la una de la otra, aunque hay cosas en común.

Una recomendación que yo daría es cómo se puede hacer un estudio, por ejemplo, sobre las razones por las que los jóvenes se meten a las pandillas y las razones del por qué la persona que las deja, ya después de hacer su tiempo en la penitenciaría, regresa, porque parece que esos número están muy altos. Yo me preguntaría ¿por qué no hacer unos estudios para mejor entender el por qué? Las políticas van a comenzar a ser unas recomendaciones bajo estudios, qué clase de leyes deberían de cambiar, por ejemplo, o qué clase de programas podrían existir para prevenir que una persona regrese al penal o tal vez que una persona comience a ir al penal, pero sobre esas cosas la gente de El Salvador es la que tiene la respuesta. Lo que también puedo decir es que hay muchos programas como READI Chicago, donde hay elementos estudiados y trabajados, que a lo mejor puedan incorporar, pero todo eso depende de los estudios que se hagan para ver cuáles son los retos y cuáles son las razones que están causando que la gente se venga para atrás, para la prisión, o que la sociedad o las comunidades, al final, no la acepten.

Yo ahorita estoy manejando un programa de $20 millones. He atendido clases en una de las mejores universidades, he hablando en las Naciones Unidas, he cumplido. Soy papá de cinco niñas, pero todo eso es porque gente me dio apoyo, porque la gente me miró y no se enfocó en el error que hice, sino en la potencia que tenía para hacer algo diferente. Y lo que yo noté en mis visitas en las cárceles juveniles y adultas, y ojalá que apuntes esto, es todo el potencial que existe en el penal y con el que no estamos haciendo nada. No estamos haciendo exactamente lo que es nada, solamente los ponemos a barrer, a limpiar y eso es todo en algunos programas que vi, pero también fui a un penal bajo (de población) y mejor, ya me imagino cómo están los demás.

En 2015, la Community Renewal Society, donde usted trabajó, propuso un proyecto para eliminar las barreras que existían para que la personas con antecedentes penales optaran por un empleo en las escuelas de Chicago. Cuando una persona ha estado en prisión y sale, la sociedad todavía carga contra ella un estigma. ¿Cómo comenzar a sensibilizar a la población con este tema? ¿Y cómo el Estado debe abrir espacios para incorporarles a la vida laboral?

Lo que sabemos es que es un hecho que el encarcelamiento de personas no hace que nuestras comunidades sean más seguras o mejores. La investigación nos dice esto. También sabemos que excluir a grupos marginados no nos ayuda a construir una comunidad próspera. Las personas deben rendir cuentas, pero debe haber un punto en el que alguien ha pagado el precio de su error. Nadie en nuestra sociedad es perfecto y las personas que causaron daño deberían tener la oportunidad de encontrar formas de recuperarse y retribuir a las personas que les han quitado. Una manera de hacer esto es por medio de relaciones que no nos permitan ver las cosas simplemente en blanco y negro, sino ver el gris en medio. Las leyes tienen que cambiar y la comunidad necesita comprender cuáles son los hechos.

Históricamente El Salvador le ha apostado a la represión y no a la prevención del delito. De seguir así, ¿qué consecuencias a largo plazo usted prevé en un Estado punitivo, y con presencia de pandillas, como este?

Entiendo en el mundo de las políticas que, normalmente e históricamente, se ha visto que si la persona dice «vamos a tener leyes más fuertes, vamos a encarcelar a más gente, vamos a hacer esto, porque así es como vamos a remover a todos los delincuentes», la mayoría de las personas dicen «no, si esa persona va a ser buen presidente o esta persona va a ser buen alcalde». Pero el tiempo ha cambiado, por eso digo que, un buen ejemplo es cómo Estados Unidos está cambiando las leyes que se hicieron hace 20, 30, 40 años, porque ya está viendo que eso no está funcionado. La sociedad tiene que entender que esa no es la mejor manera y los políticos tienen que ser más valientes de reconocer qué es lo que nos están diciendo los estudios y tener una posición al respecto, enfocada en los estudios que se han hecho. Pero también se necesita a la sociedad, a las asociaciones, escuelas y todo eso, que empujen para adelante para que se cambien esas leyes.

Fotografía de Ángel Gómez

En 2016, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de medidas a las que llamó «extraordinarias», que según los diputados y el Gobierno de turno reducirían la inseguridad. Sin embargo, en el marco de estas medidas aumentaron las detenciones masivas en zonas donde los jóvenes y la población en general son vulnerables a la violencia. Estas detenciones saturaron más las cárceles. ¿Cómo podemos hablar de resiliencia en medio de todos estos planes represivos?

Tarde o temprano, la población carcelaria estará explotando y fuera de control, y en los próximos años veremos la consecuencia colateral de esas decisiones. Estados Unidos es el mayor ejemplo. A principios de la década del 2000, se crearon leyes que hacen que las familias estén separadas y generaciones de niños pierdan la confianza en la aplicación de la ley. Creo que debemos entender por qué sucedió esto y por qué Estados Unidos ahora está cambiando sus políticas.

Tras la aprobación de las medidas extraordinarias, comenzaron las detenciones masivas en las comunidades. Esto saturó a los juzgados especializados, unos juzgados que nacieron en 2007 para aplicar la Ley contra el Crimen Organizado. Su característica principal es que en un solo caso pueden procesar a más de 100 personas, y esto, no va acorde a los plazos que el Código Procesal Penal regula para delitos que se procesan en un juzgado común. Los jueces especializados solicitaron a los diputados, en junio pasado, que ampliaran los plazos para resolver, pero su petición no fue solventada. Mientras que solo entre junio y julio, en el primer mes que el actual Gobierno implementó el Plan de Control Territorial, hubo 2,031 capturas, según reportó la Policía Nacional Civil.

Usted se ha reunido esta semana con empresarios. ¿Cuál es la percepción que se lleva de cómo ellos entienden el tema de la rehabilitación y reinserción social?

Lo que te puedo decir es que, por lo regular, casi la mayoría dijo que sí se necesita, pero la lucha está en que la sociedad no los quiere recibir de regreso como parte de ella. Hay empresas que dice «ok», porque hubo unos ejemplos que se dieron ayer (jueves 3 de octubre), dijeron: «Yo he contratado personas que han estado en el penal, pero también estoy con un negocio. Entonces, si no llegan a tiempo, las corro, pero yo reconozco que la necesidad existe y que también necesitamos trabajadores que trabajen en ese espacio». Eso fue por lo regular lo que escuché. Lo que te digo es que eran como unas 12 empresas que estaban ahí. ¿Dónde están las demás? ¿Por qué el cargo nomás se basa en 12? Tal vez haya más, ¿verdad? Pero ese cargo o esa responsabilidad no solamente debería ser de unas cuantas, sino de todas las empresas. Tienen que tener una parte de presencia, porque la violencia les afecta también a ellos y sus negocios. No está bien que nomás una docena de empresas estén envueltas en eso, y yo diría que es parte de cómo también el Gobierno puede darles trabajo a ellos, porque el Gobierno es una asociación más grande.

Gilberto regresó sin un pie

Fotografía de Ángel Gómez

Gilberto Jiménez abordó La Bestia, un tren de carga que usan los migrantes centroamericanos para evitar unos 50 controles migratorios y atravesar sin ningún costo México. A Gilberto lo impulsó la certeza de que el tren lo acercaría a su destino en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Hace cinco meses, decidió que, para acabar con sus problemas económicos, migraría. Con poco dinero se las arregló para partir solo y sin un coyote. A los seis días de haber partido, estaba en Tenosique, Tabasco, México, y desde ahí se movilizó en La Bestia.

Pero, un día, a media mañana, el transporte hizo una estación en el estado de Huimanguillo, Tabasco. Ahí, las patrullas de migración mexicana esperaban sorprender a los migrantes.

Durante la redada, Gilberto intentó escapar, corrió en dirección al tren y se resbaló. Su pie izquierdo quedó atorado entre los rieles mientras La Bestia retrocedía. Aquella mañana del 11 de mayo de 2019, Gilberto perdió el pie izquierdo.

De enero a septiembre de 2019, según los registros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), cinco salvadoreños, entre ellos Gilberto, regresaron a El Salvador con una amputación luego de sufrir un accidente en ruta hacia Estados Unidos.

Además, entre 2013 y 2018, 22 migrantes salvadoreños que se dirigían a Estados Unidos sufrieron accidentes que les ocasionaron una amputación. Y, de acuerdo con el CIRC, en México, otros 25 salvadoreños fueron atendidos por una mutilación en esos años.

Estas cifras, sin embargo, son parciales debido a que muchos migrantes deciden permanecer en la clandestinidad por temor a ser deportados.

Entre milpas. Jiménez vive en Las Marías, Morazán, una comunidad que está a cuatro horas de la capital. Para llegar a su casa hay que recorrer milpas.

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Entre las milpas de elote, cultivos de ayote, frijoles y un camino que conduce hasta las montañas del sur-este del departamento de Morazán, se encuentra el hogar de Gilberto.

En Las Marías, Morazán, una comunidad que está a unas cuatro horas de la capital, Gilberto ha construido su casa al final de una montaña a la que se llega caminando entre unas estrechas veredas.

Cuando Gilberto construyó su hogar jamás imaginó que, al faltarle un pie, ese camino sería su primer obstáculo para su recuperación. Para subir o bajar necesita que alguien lo cargue o lo vigile mientras da pequeños pasos con sus muletas.

Desde su repatriación, el 11 de junio de 2019, Gilberto regresó con complicaciones de salud. Su muñón, que es la parte del cuerpo que queda luego de la amputación, se infectó y tuvo que viajar por doce horas en autobús con su herida aún sangrando.

«Cuando regresé a El Salvador nos trasladaron al lugar donde llevan a los migrantes deportados, en la Chacra, ahí un encargado de migración escuchó mi historia y me dijo que tenía que ir a la Unidad de Salud para que me curaran y eso fue todo», cuenta Gilberto.

Denuncia que, desde el accidente, el consulado de El Salvador en México hizo muy poco por él. En el hospital, el cónsul lo visitó solo una vez para entregarle un kit de asistencia humanitaria. Tampoco pudo ayudarlo para que estuviera ingresado hospital de Villahermosa, Tabasco, durante su recuperación. Así que durmió los últimos 10 días en un albergue.

Según la Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El Salvador, los consulados deben de velar por la protección y garantía de los derechos humanos de los migrantes que residen o se encuentran de manera ilegal fuera del país.

La Bestia. Hace cinco meses, Gilberto Jiménez resbaló de La Bestia para huir de una redada de la patrulla de migración. Su pie izquierdo quedó atorado en los rieles del tren. Lo perdió en ese accidente.

En el artículo 109, la ley consular detalla que la función del cónsul, en caso de que un salvadoreño se encuentre «desvalido» o «enfermo», es tramitar la admisión de los salvadoreños en los establecimientos públicos de beneficencia para su atención y recuperación.

Además, en su artículo 110, señala que «es deber de los funcionarios consulares facilitar la repatriación de los salvadoreños que se encuentren en su distrito y concederles moderados auxilios».

En el caso de Gilberto esto no sucedió, regresó sin que nadie verificara su estado de salud.

El informe sobre personas migrantes amputadas, gravemente lesionadas o enfermas del CICR, en 2013, señala que, en los países del Triángulo Norte, es necesario fortalecer la coordinación del proceso de repatriación entre las autoridades migratorias y los representantes consulares ya que, a menudo, es meramente administrativa y no verifican las condiciones de salud de sus migrantes al emitir los documentos de viaje.

Recostado en su hamaca y con «pinky», su perro aguacatero que siempre lo acompaña. Gilberto recuerda que antes de migrar, escuchó sobre los peligros del camino y de abordar La Bestia, entre ellos, los asaltos, secuestros y el ser mutilados por el tren al tropezar o no subir a tiempo.

A pesar de conocer los riesgos, decidió marcharse. La hipoteca de su hogar, los $7 diarios que ganaba como jornalero y dos hijos, uno de 9 y otro de 5 años, le dieron más razones que miedos.

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en El Salvador, entre las causas que obligan a los salvadoreños a migrar está la falta de condiciones económicas y laborales. Otra razón es que las personas huyen debido a la violencia.

Desde su accidente, Gilberto no puede trabajar, a pesar de que su muñón ha sanado, debe someterse a una nueva cirugía debido a que el corte de su amputación atraviesa un nervio. Esto le ha ocasionado una inflamación y la dificultad para su movimiento.

«Mire, aquí, el carcañal me han dejado puesto», dice Gilberto mientras señala su amputación.

Debido a sus complicaciones, Gilberto no ha podido realizar una rehabilitación física que le ayude recuperar el movimiento de su pie izquierdo. Tampoco ha podido pensar en una prótesis para volver a caminar.

Entre las dificultades a las que se enfrentan los migrantes luego de su discapacidad, está que no cuentan con un programa de atención en salud especial que les garantice la continuidad en su tratamiento, rehabilitación y acceso a una prótesis.

Registros. Como Gilberto, el CICR registró, entre enero y septiembre de 2019, cinco casos de migrantes salvadoreños que volvieron con amputaciones por accidentes.

El Estado ha reconocido, por medio de la Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, elaborada en 2017, que es necesario promover y diseñar programas de desarrollo local y nacional enfocados en educación, vivienda digna, seguridad, oportunidades laborales y salud integral a través del fortalecimiento jurídico, institucional y financiero de las instituciones gubernamentales vinculadas a la población migrante.

El Ministerio de Justicia Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME); Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), a través del Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS); Ministerio de Salud (MINSAL); Ministerio de Educación (MINED); Ministerio de Economía (MINEC); y el Instituto Salvadoreño para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) son algunas de las instituciones públicas que pueden cooperar con la atención.

Además, en su eje estratégico B1, numeral 10, la política enuncia que para la protección y atención de la población salvadoreña migrante en tránsito, es fundamental «brindar una atención especializada a población migrante con discapacidad resultante de accidentes durante el tránsito». Pero por el momento, no hay ningún plan especial.

El Consejo Nacional para la protección y desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTE), que es la entidad encargada de elaborar, canalizar y verificar el cumplimiento de esta política y de todas las relacionadas a migración y desarrollo, no da respuesta sobre las acciones concretas en las que se ha trabajo para cumplir con la protección y atención de los migrantes retornados con una lesión.

Por medio de la oficina de comunicaciones del CONMIGRANTE, el director ejecutivo «sugería» que la persona indicada para conversar sobre los programas de atención al migrante retornado era la directora de la Dirección de Atención al Migrante (DAMI) de la DGME. Sin embargo, a los días, se acordó una entrevista que fue suspendida a último momento.

“Regresé a El Salvador con 17 años, ya tengo 19, fue muy difícil porque yo era una niña. Pensé que no iba a recuperarme o volver a caminar. Me deprimí mucho. El Estado no me ayudó. Fue por el CICR que pude ser atendida acá. Al venir, no recuerdo siquiera que me hicieran una entrevista, como las que dicen que hacen cuando uno regresa. Mi familia llegó al aeropuerto por mí y fue así como yo regresé a casa. No hubo alguien que me preguntara cómo había llegado o si necesitaba algo”, asegura Marleny Mancía.

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En un intento por caminar, Gilberto muestra como su amputación se enrojece al dar unos pasos. Asegura que, desde que regresó, no fue atendido por el personal de migración para verificar su condición física.

Al llegar, fue trasladado a la DAMI, un espacio donde se asiste a los migrantes que vuelven desde las fronteras de México o Estados Unidos. Ahí, según Gilberto solo se le entrevistó para conocer los motivos que lo llevaron a migrar. Luego le extendieron una referencia para la curación de su amputación en una Unidad de Salud.

De acuerdo con el Programa Integral de Inserción para la población salvadoreña retornada del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), para el recibimiento de los migrantes en la DAMI, la DGME, en un primer momento, debe identificar a las personas que necesitan atención médica y luego ser atendidas por MINSAL de acuerdo a su condición de salud.

Salvador Gutiérrez, Jefe de Misión Adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en El Salvador, asegura que entre los desafíos para la recepción de migrantes retornados, está el seguimiento de los casos luego del retorno.

Única. La Escuela de Órtesis y Prótesis de la UDB es la única con acreditación internacional de la Sociedad Internacional de Ortesis y Prótesis.

«Es necesario reforzar toda la oferta institucional porque la persona lo que busca es una respuesta rápida a su problema. Es necesario mantener un seguimiento y cubrir programas de atención en salud», dice Gutiérrez.

Gilberto no ha sido el único que sufrió la indiferencia del Estado. Melany Mancía, una joven de 19 años, regresó hace tres años sin su pie izquierdo cuando solo tenía 17.

Por teléfono, Marleny explica que es imposible visitarla en el municipio de San Antonio Pajonal, en Santa Ana. El río que está cerca de su comunidad se ha desbordado y ha imposibilitado el paso.

Sin poder recordar las fechas exactas, Marleny solo sabe que su accidente ocurrió en 2016. El coyote la subió a un camión que la llevaría hasta una de las fronteras de Estados Unidos. En el vehículo también viajaban otros siete migrantes que iban apretujados por el poco espacio.

La sobrecarga hizo que el camión volcara y en el accidente, Marleny perdió su pie izquierdo que quedó atrapado en los fierros del vehículo.

«Regresé a El Salvador con 17 años, ya tengo 19, fue muy difícil porque yo era una niña. Pensé que no iba a recuperarme o volver a caminar. Me deprimí mucho. El Estado no me ayudó. Fue por el CICR que pude ser atendida acá. Al venir, no recuerdo siquiera que me hicieran una entrevista, como las que dicen que hacen cuando uno regresa. Mi familia llegó al aeropuerto por mí y fue así como yo regresé a casa. No hubo alguien que me preguntara cómo había llegado o si necesitaba algo», asegura Marleny.

Desde que regresó, la recuperación de Marleny ha costado mucho. En los últimos dos años y medio le han realizado más de tres cirugías, ha sufrido infecciones y aún le cuesta movilizarse al hospital y al centro de rehabilitación. A parte del camino, que es difícil para andar, debe de costear su idas al hospital.

Sin recursos, Marleny ha solicitado la ayuda de la Alcaldía de su municipalidad para poder viajar.

«Mi vida era mejor antes. Me fui porque quería salir adelante, pero no salió como esperaba. Hoy, con la prótesis, he vuelto a tener una esperanza, pero no es igual, muchas cosas no han cambiado. Siempre están las dificultades económicas», dice Marleny y se despide.

Ayuda. Los estudiantes de la UDB ayudan a fabricar las órtesis y prótesis para reducir los costos a los usuarios.

A falta de una política pública que atienda las necesidades inmediatas en salud para los migrantes retornados, César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), una organización no gubernamental que trabaja con migrantes retornados, expresa que hay una falta de comprensión de la realidad de las personas que retornan.

«El Salvador es uno de los pocos países de la región que no tiene presupuesto para atender un programa de salud y migración. Es necesario brindar una asistencia post retorno. No se puede dedicar un esfuerzo solo al día de la llegada de los migrantes», destaca Ríos.

En Honduras, los casos de migrantes amputados sobrepasan a los de El Salvador, hasta la fecha, según la Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad (CONAMIREDIS), se contabilizan aproximadamente las 600 víctimas.

En la nación hondureña, la visibilización del fenómeno de parte de los migrantes retornados ha ayudado a contabilizar los casos de personas con una discapacidad.

En este país, los retornados han formado una organización para personas con discapacidad como la Asociación de Migrantes retornados con discapacidad (AMIREDIS) y han logrado que el Estado estudie la creación de políticas públicas para los migrantes amputados.

Por hoy, Marleny cuenta con una prótesis que fue costeada por el programa del CIRC. Con el tiempo, ella necesitará de una nueva prótesis. Pero la joven asegura que de seguir con las dificultades económicas, no podrá costear el cambio que se requiere cada tres o cuatro años.

Los precios para acceder a una prótesis varían entre los $500 a $1,000. Todo depende de la zona de la amputación.

Prueba. José Marín llegó una mañana de finales de septiembre a probarse sus nuevas piernas a la Escuela de Ortesis y Prótesis de la Universidad Don Bosco (UDB).

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José Marín ha llegado para probar sus nuevas piernas. Está en a Escuela de Ortesis y Prótesis de la Universidad Don Bosco (UDB), en Soyapango. Ansioso, espera sentado frente a una barras paralelas donde dará sus primeros pasos.

Primero, los técnicos ajustan las prótesis a sus piernas. Luego, dos estudiantes colocan los tenis azules que él ha llevado para comenzar nuevamente a andar. Al inicio, José expresa que siente molestias. Las zapatillas le han quedado muy apretadas.

En mayo, José Marín corrió tras La Bestia y tropezó. El cansancio de caminar por más de 43 kilómetros para poder abordar el tren en Chahuites, Oaxaca, en México le pasó factura. El accidente lo dejó sin sus dos piernas.

Una de las estudiantes, que nota la emoción de José por volver a caminar, se quita sus zapatos y le sugiere probar con los ella. Él y el personal ríen al ver que se tratan de unas zapatillas rosa. Las coge para practicar.

«Hoy sí. Hoy, luego de cuatro meses, me iré caminando, pensé que esto no iba ser posible», dice sonriente. Y una vez hecho el cambio, José da sus primeros pasos.En un principio, se apoya de la barra con sus dos manos; luego, emocionado logra hacerlo con una sola mano.

Primeros pasos. Con sus nuevas piernas, José Marín, comenzó a andar. Al inicio manifestó molestias, porque unas zapatillas que andaba le quedaban muy apretadas.

«En dos semanas usted podrá caminar sin ayuda», le explica Gilberto Abarca, encargado de la Escuela de Ortesis y Prótesis. Sin muchos ajustes, José está listo para regresar a casa caminando, se despide de la silla de ruedas y saluda a sus nuevas compañeras, dos muletas que le ayudarán a recuperar el paso.

El caso de José, es muy diferente a la de Gilberto y Marleny. Luego del accidente, el Estado respondió. Lo mediático del caso en redes sociales y la difusión del vídeo que registra su accidente, lo ayudó.

Desde su regreso, hace cuatro meses, José ha podido recibir terapias en el Hospital San Rafael, el MINSAL le ha dado seguimiento a su caso y desde Cancillería se ayuda con la movilización.

Al consultar a Cancillería sobre el seguimiento de otros casos de migrantes retornados con una discapacidad, como los de Gilberto y Marleny, la institución no da respuesta. El técnico encargado de verificar la atención a José aseguró que, para dar detalles sobre el trabajo que se realiza, necesitaba contar con una autorización. Sin embargo hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo declaraciones.

José también es parte del programa del CICR que se encarga de otorgar prótesis a migrantes lesionados. Luego de cuatro meses él puede,nuevamente, andar.

Migrante. En mayo pasado, el salvadoreño corrió tras La Bestia y tropezó. El accidente lo dejó sin sus dos piernas.

El Estado, por el momento, solo ayuda con la movilización y logística para su atención. De ser necesaria una prótesis los casos son remitidos al CICR.

Para Gilberto la realidad es otra. Su necesidad fue tan grande que, a través de los medios de comunicación, solicitó donaciones económicas para continuar con su tratamiento y acabar, al menos, con su dolor.

«Yo no duermo. Me angustia esta situación. Mi familia dependía de mí y ahora estamos viviendo de lo nos da la gente. Mi esposa no puede trabajar porque cuida de mí. Ella también debe atender a nuestros hijos de 9 y 7 años. Duele pasar por esto y que nadie lo ayude», relata Gilberto.

Mientras tanto, Gilberto adeuda la hipoteca de su hogar y está en riesgo de perderla. No puede saldar la deuda a través de su seguro, debido a que el banco asegura que el beneficio solo aplica en caso de muerte.

Respuesta. A diferencia de otros casos, a José Marín el Estado sí le respondió cuando regresó a El Salvador.

Ser niño en el Triángulo Norte y desaparecer

Ilustración de Moris Aldana

No es para llenar ficha de registro. Tampoco es para que forme parte de un cartel de bienvenida. Aquí, en esta sede de un programa de refuerzo escolar ubicado en la zona Occidental de El Salvador, no hay para las formalidades o el despilfarro. Pero, a cada niño que es admitido, le toman una foto. Lo hacen por si desaparece. Por si toca, con esa imagen en mano, buscarlo vivo, entre amigos; o muerto, entre matorrales.

Entre enero y julio de 2019, fueron reportadas como desaparecidas 1,798 personas en sedes de la Fiscalía General de la República (FGR) en El Salvador. De estas, en medio millar de denuncias la víctima tiene entre 0 y 17 años de edad. La Convención Internacional de los Derechos del Niño recoge, desde 1989, el concepto de interés superior del niño. De este principio garantista se desprenden medidas especiales de protección a la niñez vulnerable. Entre las que están las alertas inmediatas por desaparición.

En el Triángulo Norte, la región compuesta por tres países que son zona de tránsito y punto de partida de migraciones, estos sistemas de protección, como las amenazas de las que son víctimas los niños y adolescentes, no deberían limitarse por fronteras, así ha quedado escrito en varios informes. Cada uno de los sistemas de alerta inmediata de la región, sin embargo, funciona con separaciones, diferencias y deficiencias.

En El Salvador, la alerta temprana recibió el nombre de Ángel Desaparecido y fue presentada en octubre de 2013, con la promesa de difundir los boletines «en noticieros de televisión, cintillos en programación por cable, mensajes de texto en teléfonos, cortinas radiales, espacios en medios impresos y digitales y difusión por medio de redes sociales». De esto, a la fecha, solo está disponible, con cierta frecuencia, la parte de las redes sociales y algunas vallas en las calles.

La colección de fotos que se expone en la página web de la alerta Ángel Desaparecido da la razón al personal del programa de refuerzo escolar. Las hay borrosas, rotas, con manchas. Hay niños a los que se busca a medio rostro. Marcados, hasta ahí, por la falta de oportunidades. No hubo quien les hiciera un retrato de carita.

«El tema de los desaparecidos, para nosotros, ha sido súper difícil por tema de recursos, porque requiere una investigación que nadie quiere hacer y porque nosotros trabajamos con familias que, aunque ahora sea más fácil por los teléfonos, de verdad, no tienen una foto de sus hijos», cuenta la directora del programa mientras, afuera, un grupo de niñas juega fútbol.

La bulla por el desarrollo de una mañana deportiva es casi ensordecedora. En un rato, los estudiantes se calman y almuerzan todos en mesas colocadas al centro de una terraza, desde donde se puede ver un horario de actividades que va entre el arte, el refuerzo escolar y la ayuda con las tareas. El lugar desde el que habla la directora es una remodelación reciente. Hace poco tiempo consiguieron dinero para poner muebles a esta habitación calurosa. La adecuaron lo mejor que pudieron con colores, cojines, juguetes y un ventilador. Es un cuarto de crisis. Sirve para atender a los niños o a sus familiares cuando «algo pasa». Ese «algo» es violencia intrafamiliar, violencia pandilleril, agresiones sexuales o la desaparición de una persona cercana.

En El Salvador no existe un delito de desaparición ligado a la violencia actual. Así que el grueso de casos que recibe la Fiscalía General de la República se canaliza por el delito de privación de libertad, que es en donde se acumulan, ante la falta de una figura adecuada, estas víctimas. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019 se han recibido más de millar y medio de denuncias este tipo. De estas, 551 han sido por víctimas entre los cero y los 17 años de edad. Es decir, un 31 % de los desaparecidos ha sido menor de edad.

Ilustración de Moris Aldana

A los habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras los acorralan problemas como la migración forzada y la violencia. Ambos muy ligados a las desapariciones. Pero, estas desapariciones actuales no tienen cabida en ninguno de los tres códigos penales.

«La desaparición es un ejemplo de cuando importa que aparezca el cuerpo y cuando no importa. Si la desaparición no es delito, entonces es muy ‘útil’, entre comillas, para los actores violentos; lo hace funcional», explica la investigadora y catedrática en el Centro de Latinoamérica y el Caribe, del London School of Economics en Inglaterra, Jenny Pearce, en una entrevista publicada en el medio digital guatemalteco Plaza Pública.

Estos países no han creado el delito ajustado al contexto de cómo esta amenaza ha crecido entre los habitantes. El Salvador y en Guatemala aventajan a Honduras solo en que sus códigos penales tipifican la desaparición forzada, que se distingue por la participación de cuerpos de seguridad estatales.

En el caso de El Salvador, la alerta Ángel Desaparecido es un intento por reducir ese vacío en el que caen las denuncias. Activar una alerta debe implicar compartir información con la Policía Nacional Civil, con la Dirección Nacional de Migración y Extranjería y con medios de comunicación en las primeras horas de denuncia. Está estipulado que la emergencia alta dure 48 horas, tiempo en las que la institución debería recoger información para realizar un posible rescate y también para investigar y procesar a posibles responsables. Tras este plazo, el aviso no desaparece, se mantiene, en teoría, activo.

Muy lejos de los 551 casos de menores de edad desaparecidos incluidos en los registros de enero a julio de 2019, en la página web, la FGR tiene activas alertas nada más para 25 niños. Para los otros 526, el 95%, la página web no da cuenta ni de cartel ni de alarma. Es en este amplio porcentaje es que caben historias como la de Nelson, un adolescente que ya lleva casi año y medio desaparecido sin que se le haya creado un boletín.

Y el caso de Nelson, al menos, está contado entre los registros de la zona metropolitana de San Salvador. Hay otro grupo aún más silenciado. Estos son los niños que viven al margen del sistema de protección y para los que ni siquiera se ha podido generar una denuncia. Han desaparecido sin dejar rastro. Son casos como los M, A y C, adolescentes todos, que residían en los cordones vulnerables y pobres del interior del país.

M, A y C eran parte del programa de refuerzo escolar. Son de los que forman ese grupo de beneficiarios que, recuerda la directora, se le han desaparecido durante la última década. «Entre las familias que atendemos, el principal problema para buscar un cuerpo es que no tienen fotografías», explica desde el pragmatismo.

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NO PUEDE HABER PRECISIÓN en lo que se publique sobre M. Baste acá comenzar en la misma salita de crisis en el que la directora calcula en tres el porcentaje de niños del programa que han desaparecido sin que se pueda denunciar ante la Policía o ante la Fiscalía.

M vive. Es uno de los dos casos del programa que, recuerda la directora, han podido volver de una desaparición. M todavía no es mayor de edad, y lleva cicatrices que le atraviesan el cuerpo en zonas vitales. Habla suave, despacio, sin alteraciones y, casi siempre, mira hacia cualquier lado, menos a su interlocutor.

Hubo una época en la que M estudiaba y venía al programa. Lo hizo hasta donde pudo. Hasta cuando tuvo que ayudar a su mamá con la venta para pagar la luz, el agua, la casa, y la comida para sus hermanos menores. Así, comenzó a vender ambulante. Así, un mal día, se salió del límite. Llegó al territorio de la pandilla contraria a la que predomina cerca de su casa y fue interceptado.

Pasaron varios días sin que su familia supiera de él. En ese tiempo, fue torturado. Sus captores lo lastimaron hasta darlo por muerto. Solo así, lo abandonaron en una vereda. Alguien lo encontró y fue llevado al hospital. Para ese momento, cuando su familia ya habían pasado varios días buscándolo, no había una denuncia y , por ende, tampoco había movilización institucional para hallarlo. M nunca fue un Ángel Desaparecido.

«Lo primero que hacemos es pasar un aviso a toda la red de apoyo que tenemos», explica la directora y asegura que no obligan a ninguna familia a colocar una denuncia en la Fiscalía o en la Policía, porque, reconoce, es un riesgo. La sede del programa es una especie de tregua en una zona en donde la institucionalidad es la pandilla. Acercarse a una delegación es un riesgo cuyos beneficios es necesario evaluar.

«Activamos las redes sociales anunciando que tenemos a un desaparecido y empezamos a hacer una pequeña labor de investigación con la trabajadora social. Nos acercamos a la gente de las pandillas locales para saber si nos pueden dar alguna información», continúa. La directora cuenta que cuidan a las familias del maltrato que puedan recibir en las instituciones, como la Policía, al obtener respuesta del tipo «era pandillero», si la víctima es niño; o el «ha de estar con el marinovio», si la víctima es niña. Y cuidan también a las familias de correr otros riesgos.

«Ha habido casos en los que hemos logrado saber, preguntando a la gente de aquí cerca, en donde han ido a dejar el cuerpo, pero la familia no lo puede ir a sacar, porque también la matan», en estas situaciones, cuenta la directora, queda dar atención psicológica y acompañar. Lo hacen acá, en la salita de la crisis que ahora, escuchándola, se hace tan indispensable. «El sistema no funciona para personas como las que llegan a nosotros. Si vamos, nos dicen que busquemos en Medicina Legal. Le dicen a la familia que busque a sus niños muertos».

Sus captores lo lastimaron hasta darlo por muerto. Solo así, lo abandonaron en una vereda. Alguien lo encontró y fue llevado al hospital. Para ese momento, cuando su familia ya había pasado varios días buscándolo, no había una denuncia y , por ende, tampoco había movilización institucional para hallarlo. M nunca fue un Ángel Desaparecido.

El hallazgo de un cementerio clandestino hizo que, el 16 de septiembre, el fiscal general de la república, Raúl Melara viajara al cantón Guarumal, en Villa Lourdes, municipio de Colón, a unos 20 kilómetros de la capital. Ahí, ante una tierra que oculta los restos de quizá seis, quizá ocho, quizá 20 personas, el fiscal afirmó en rueda de prensa: «Detrás de cada víctima, hay una familia que sufre». Se refería a las desapariciones, un tema al que decidió darle atención desde poco después de haber asumir el cargo, en enero de este año. En Twitter, es uno de los principales promotores de la etiqueta #CadaPersonaCuenta.

En el cementerio clandestino Melara explicó que la institución está trabajando en establecer convenios con las empresas de telefonía para que las alertas lleguen a toda la red celular. «Queremos que esto llegue a todas las personas a lo largo y ancho del país y, de alguna manera, poder facilitar no solo la denuncia de cementerios clandestinos, como lo estamos viendo hoy, sino también poder encontrar a personas con vida», dijo.

A M lo hallaron así, con vida. Pero fue un mero asunto de la suerte de que no se desangró y la casualidad de que, ese día, en ese momento, alguien que pasaba por esos matorrales lo vio y dio aviso. M fue llevado a un hospital como un desconocido. Pese a que era evidente su corta edad, no se buscó a su familia. La madre de él lo encontró por sus medios.

Ilustración de Moris Aldana

Tras varios meses ingresado, M fue dado de alta. Aunque desde ese episodio ya pasaron años, M todavía no es mayor de edad. Las secuelas no solo son las cicatrices, también habla desde la falta de miedo a la muerte. ¿Qué más le puede pasar después de haber sido abandonado en la calle como si fuera restos?

Le preocupa, sí que le cuesta hacer pipí. Porque le duele. Le molesta. Sus cicatrices en cuello y pecho son gruesas, largas, inflamadas, desmoralizantes. Pero desde que salió aquella vez del hospital, nunca volvió a ver a un médico para recibir tratamiento para sus lesiones físicas o emocionales.

Aunque no forme parte de esos 2,625 menores de edad víctimas de privación de libertad reportados entre enero de 2016 y julio de 2019 en la Fiscalía, M lo está. Porque M debe limitarse a moverse solo entre las cuatro o cinco cuadras cercanas a su casa para que, los que ya le hicieron daño la primera vez, no vengan a terminar de matarlo. En este perímetro, no hay un centro de salud. Sí hay una delegación de la PNC, pero de muy poco le sirve.

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LA ALERTA ÁNGEL DESAPARECIDO tiene letra pequeña. «Si él o la adolescente deciden por voluntad propia abandonar su hogar por problemas familiares o rebeldía, no aplicará para activar la alerta», se lee en una sección al estilo «preguntas frecuentes» que está colgada en la página web.

Lo que sigue se lee como advertencia, descargo, exceso de sinceridad o indicativo de arbitrariedad: «Tome en cuenta que la activación de la alerta queda bajo el análisis de la Fiscalía General de la República quien debe definir la modalidad del delito, según las leyes y la Constitución».

Nelson Alexander López salió enojado. Lo reconoce su madre. Ese 26 de abril de 2018, tuvo un desencuentro con su padre porque quería una cantidad de dinero que le fue negada. Y, entonces, se fue, dejó aquel taller en donde laboraban ambos. Desde ese día, su familia ha seguido todos los pasos que ha podido para que el Estado les ayude a buscarlo.

Fuente: Fiscalía General de la República

«Se puso la denuncia, pero no la recibieron. Yo le dije al papá de mi hijo que volviera a ir, que fuera a que se lo buscaran inmediatamente, por ser un menor de edad. Aún así, le dijeron que no, que tenía que esperar», cuenta la madre de Nelson. El primer lugar en el que intentaron avisarle a las instituciones de que Nelson estaba desaparecido fue una delegación de la PNC ubicada en Santa Tecla, a menos de 10 kilómetros de San Salvador.

La madre de Nelson forma parte de una organización que reúne a más como ella: madres que buscan a sus hijos a contracorriente del sistema y, esta mañana, es parte de una actividad realizada por varios comités de búsqueda en el marco del Día de la Desaparición Forzada en donde se habla, también, de los resultados del Protocolo de Acción Urgente (PAU).

Este documento fue presentado en diciembre de 2018 como una manera de regir las actuaciones institucionales desde el primer momento en que se presenta una denuncia por desaparición. Es un esfuerzo respaldado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por rescatar la posibilidad de acción en las primeras horas. «Las actuaciones previstas en el Protocolo se realizarán con la debida diligencia y de una manera ágil y oportuna. Se evitarán obstáculos que impidan o dilaten injustificadamente la búsqueda de la persona desaparecida», se lee en el punto titulado «Celeridad».

Para Nelson, las palabras del protocolo no llegaron a tiempo. En ese abril de 2018, la que investigó hasta que encontró videos en los que se mira a Nelson caminando por una plaza fue su madre. Ella fue hasta esa plaza y habló con la gente del lugar, hasta que halló a una vendedora que, tras ver la foto, le dijo que sí lo había visto. Con eso grabado en su celular, cuenta afuera del salón de eventos en un hotel capitalino, volvió a la delegación policial. «Mire cómo va caminando, ve», dice que le dijo un agente en referencia a una manera de andar que estaba relacionando, ahí, frente a ella, con las pandillas.

El día siguiente, la madre de Nelson regresó a la plaza a solicitar los videos originales, pero le dijeron que habían sido borrados. También volvió a hablar con la vendedora, quien no quiso involucrarse en un proceso de investigación. «Y yo digo que si le hubieran dado seguimiento, las autoridades hubieran visto que ahí estaba. Hubieran preguntado a la gente de cerca, algo, no sé, hubieran buscado pistas».

Entre la desaparición y esta entrevista, han pasado un año y cuatro meses en los que la familia no ha sabido nada de Nelson. Cuando esta madre le llama al detective que en la actualidad tiene asignado el caso, lo que logra es que él le pregunte si ella ha conseguido alguna pista nueva que permita reactivar la investigación.

«Niños desaparecidos en Centroamérica» es un análisis que ya advierte un vacío: «Las agencias del orden público con frecuencia consideran que los casos de niños fugados suelen resolverse solos y, en consecuencia, les dan poca prioridad, a menos que existan pruebas contundentes de que el niño está en peligro inminente. A menudo, la mayor parte de los casos de niños desaparecidos son niños fugados, y ellos también merecen la atención de los organismos encargados del orden público». El estudio está respaldado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF).

El Protocolo de Acción Urgente ha venido a ser como una guía que faltaba para definir quién es quién en la búsqueda. Mientras que a la Fiscalía le corresponde dirigir la investigación, a la policía le toca «impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, identificar y aprehender a los autores o partícipes y recoger las pruebas». Con Nelson, dice su madre, esto no ha sucedido así.

La madre de Nelson quiere que se conozca el nombre de su hijo y que se le ayude a buscarlo, pero no quiere que se publique el de ella. Tiene miedo. Intenta proteger a su otros dos hijos. La pregunta, trillada, pero necesaria es cómo se siente viviendo en esa disyuntiva.

-Siento algo inexplicable, porque la incertidumbre es la que lo mata a uno, porque uno no sabe qué pasó con él; si está vivo, si está muerto, si lo mataron. ¿Dónde quedó? ¿Dónde buscarlo? Uno está indignado con las autoridades, porque no hay respuesta ni interés. Y uno, por la misma situación insegura en la que se vive, mejor no arriesga. ¿Me entiende?

Ser madre es buscar a uno, sin perder a los otros.

Siento algo inexplicable, porque la incertidumbre es la que lo mata a uno, porque uno no sabe qué pasó con él; si está vivo, si está muerto, si lo mataron. ¿Dónde quedó? ¿Dónde buscarlo? Uno está indignado con las autoridades, porque no hay respuesta ni interés. Y uno, por la misma situación insegura en la que se vive, mejor no arriesga. ¿Me entiende?

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«LA PRINCIPAL LIMITANTE que tienen los sistemas de alerta de cada país es que su alcance es solo nacional», reconoce la jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR), Violeta Olivares. Ella, para compartir información de casos transnacionales prefiere hacer uso de grupos de What’sapp con otros fiscales de la región, porque la gestión se hace más expedita.

A es una adolescente, una niña del programa de refuerzo escolar que en su sede tiene una salita de crisis. Está en los 16 años, pero muy lejos de cualquier cosa que se parezca a una fiesta. Un día, cuenta la directora del programa, A dejó de venir y le perdieron la pista. Preguntaron por ella en la zona, pero nadie dio cuenta.

Con la desaparición de A no hubo denuncia. En El Salvador no había nadie de su familia para presentarla. Estuvo desaparecida por meses, al margen de cualquier registro. Un día, por fin, llamó.

A se fue en una de las caravanas que partieron de El Salvador y pretendían llegar a Estados Unidos. Huyó con un hermano apenas mayor de edad, el hijo de este, de tan solo meses de nacido, y otro hermano de menos de 5 años.

Este grupo, formado por un adulto muy joven y tres menores de edad, cruzó fronteras entre El Salvador y Guatemala y entre Guatemala y México. Fue en este último país en donde el único adulto del grupo desapareció.

El 23 y 24 de enero de este año, Guatemala fue la sede de un intercambio de conocimientos en torno a cómo enfrentar las desapariciones en el que participaron más de 50 representantes de instituciones de seguridad pública del Triángulo Norte y, además, México y Colombia.

En esa ocasión, se expusieron avances. Y, de acuerdo con lo publicado en el sitio InfoSegura, Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación de Guatemala, cerró el Foro diciendo que: «El intercambio ha sido una oportunidad para aprender cómo mejorar el registro de personas desaparecidas, evitar errores y ver cómo funcionan otros sistemas».

Pero entre estos tres países hace falta más que intercambio. Claudia Hernández es directora de la Fundación Sobrevivientes, una de las que más empujó que se creara, en 2010, la Alerta Alba Keneth para menores de edad desaparecidos en Guatemala. Desde ahí explica que Guatemala es un corredor por el que pasan migrantes desde toda América Central y, principalmente, de El Salvador y Honduras: «Nuestro país tampoco es muy seguro, hay mucha gente desaparecida cuya última ubicación ha sido aquí, hay mucha niñez migrante que desaparece o se queda sola aquí».

Dos de los temas que más se discutieron en el foro fueron la concentración territorial y el registro de casos. Al respecto, las autoridades de cada país expusieron proyectos que, a siete meses del encuentro, van empezando a verse como deudas.

La más sensible es la de Honduras que, desde marzo de 2018 anunció la creación de la alerta Amber como un «mecanismo para que, en las primeras 24 horas de la desaparición de un menor, se emita una la alerta a través de diversos medios de comunicación», Aunque desde 2015 existe una ley que manda su creación, esta alerta aún no es funcional. Por el momento ninguna autoridad hondureña está elaborando carteles de niños desaparecidos ni hay una ruta para difundirlos.

Solo en 2018, 696 menores de edad se denunciaron como desaparecidos en El Salvador. En Guatemala, en el mismo año, hubo 5,704 alertas Alba Keneth, de las que, al final del año, 1,349 seguían activas. En Honduras, la única institución que registra la desaparición de menores de edad es la Interpol, y, para el año pasado registró 476 casos.

Pero niños como A y sus hermanos escapan a todos esos registros porque, en sus contextos, las denuncias no son una posibilidad. El sistema de protección de la infancia de la región no ha conseguido acercar los recursos a esta parte de la población. Olivares, la fiscal salvadoreña de casos de trata y tráfico de personas, agrega que los menores de edad son la población más vulnerable a ser explotada. «Los adolescentes y los niños son el 60 % de los casos de trata».

Aunque se ha comunicado un par de veces con el personal del programa, la situación de A todavía es indefinida. No se sabe en dónde exactamente están ella, su sobrino y su hermano. No se sabe si están. La directora sospecha que en México y teme que, ahora que otra vez lleva varios días sin comunicarse, haya caído en una red de prostitución o peor. Y ninguna institución del Estado, en ningún país, la está buscando a ella o a su hermano, de menos de cinco años; o a su sobrino, de meses de nacido.

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BYRON Y RODRIGO SON UNA ALERTA ÁNGEL DESAPARECIDO ACTIVA. APARECEN EN UN BOLETÍN JUNTO A SU MADRE, PORQUE LOS TRES DESAPARECIERON EN EL SALVADOR CUANDO IBAN DESDE SU CIUDAD NATAL, ZACATECOLUCA, HACIA UN CENTRO TURÍSTICO EN SONSONATE. SON DOS DE LAS 48 ALERTAS ACTIVAS PARA 2018.

La diferencia entre el sistema de El Salvador y el de Guatemala radica en dos puntos: generación y depuración. Guatemala genera una alerta por cada menor de edad desaparecido sin ningún tipo de condición. Este mecanismo se activa al margen de la nacionalidad de la víctima, quiere decir que la población migrante también puede hacer uso de esta herramienta siempre que se presente una denuncia.

En cuando al segundo punto, El Salvador no depura con la misma frecuencia. En la página web de la alerta, el último caso activo tiene fecha del 21 de agosto. Desde ese día, hasta el 21 de septiembre, no se hizo ninguna actualización. En agosto, se subieron solo dos casos nuevos. Y, en julio, tres.

La alerta tiene una cuenta de Twitter con el usuario @AlertaAngelSV. Ahí, entre el 1º y el 15 de septiembre se han compartido los carteles de 13 menores de edad desaparecidos a los que se les colocan etiquetas como #CadaPersonaCuenta y #AlertaAngelDesaparecido. Y se pide ayudar a difundir. Pero no se aclara si estos boletines, como los que están en la página web, han dado pie a todas las comunicaciones interinstitucionales a las que obliga la alerta desde su concepción.

Aún sin que se haya creado un delito a perseguir, en julio de este año comenzó a funcionar la Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas (UEPD). De acuerdo con fuentes internas, una de las primeras apuestas de esta unidad ha sido la unificación de datos. Porque ahí en donde la Fiscalía registra que en 2018 recibieron 696 denuncias por menores de edad desaparecidos, la Policía da cuenta de 560. Mientras que, de enero a julio de este año, la Fiscalía registra 551 denuncias; la Policía tiene 367 entre enero y agosto.

Aunque la Fiscalía los mantenga como desaparecidos, a Byron y a Rodrigo ya los encontró la PNC. El caso está archivado bajo el número 7872-2018. Los niños y su madre están bajo custodia policial en Estados Unidos y tramitan una petición de asilo. En la delegación policial del municipio de Zacatecoluca, donde residían, un investigador confirma que fueron localizados en mayo de este año. Su boletín de alerta, sin embargo, sigue catalogado como activo.

De las 5,074 alertas Alba Keneth generadas en Guatemala en 2018, 1, 349 terminaron ese año activas; y, a agosto de 2019, 1,109 continúan en ese estado. Las dos grandes causas de las desapariciones de menores en Guatemala, según Claudia Hernández, de la Fundación Sobrevivientes, son delincuencia y migración. En esto sí guarda similitud con El Salvador.

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DE ENTRE TODO EL DOLOR que supone cada niño del programa que ha desaparecido, la de C es una historia que sobrecoge a la directora. Y lo cuenta así:

-Tenía 11 años. Él venía aquí y me decía «yo no quiero, pero me están diciendo que yo tengo que prepararme para matar y para llevar droga». Hablamos con la mamá par ver cómo sacarlo de aquí de esta zona, o cómo hacer para que se quedara en su casa y no saliera. En ese tiempo, él vendía en los buses. Así que se nos ocurrió ponerlo a elaborar otros productos en su casa y nosotros los vendíamos aquí. Así pasamos como tres años.

Pero no es posible detener el mar con las manos. La directora calla un momento para tomar impulso para contar lo sigue.

-Un día vino y nos dijo que ya no podía más, ya era un muchacho de casi 15 años. Vino y dijo que había tomado la decisión de vender afuera para ayudarle a su mamá. Y nos dijo que venía a despedirse. Nos dijo que no se quería morir sin habernos dicho muchas gracias por ayudarlo. Esa fue la última vez que lo vimos.

De la desaparición de C sí hay una denuncia. Pero no hay una alerta Ángel Desaparecido. Si está vivo, no se sabe dónde. Si ha muerto, no se ha localizado el cadáver. La madre no se ha movido de la zona, por si algún día aparece  información sobre el paradero del adolescente.

La directora explica que buscar a ese 3 % de los niños de su programa que están desaparecidos es «como hacer un trabajo subversivo» en el que colocar una denuncia puede suponer riesgo y en el que, a veces, la información sobre la ubicación de cadáveres la liberan los mismos hechores.

A la madre de C, sin embargo, saber qué pasó con su hijo es un privilegio al que nadie le ha dado acceso.


Este reportaje fue realizado en alianza con CONNECTAS.

El mar que traga comunidades

Fotografías de Franklin Zelaya y Ángel Gómez

José Hernández todavía se acuerda de aquella madrugada de 2015. Eran las 2 de la mañana cuando el mar pasó arrasando su casa de lámina. Desde temprano, él y sus vecinos habían visto la marea alta y las grandes olas que no les daban zozobra. Pero José, un pescador con 49 años encima y toda una vida en la costa, sabe que el mar enfurecido nunca da tiempo. Y, esa vez, tampoco lo hizo. No les dio tiempo a las 30 familias que perdieron sus casas en el fuerte oleaje que hubo en la playa El Espino.

«Cuando viene, no da chance de desarmar las casas», dice, subido en una bicicleta que tiene en la parte delantera una carreta, en la entrada del terreno que cuida y donde, al fondo, ha hecho su casa. Viste con una camisa azul y un pantalón de sastre negro. Se prepara para ir a dejar, a una actividad de la iglesia apostólica en la que se reúne, frescos y comida que esta mañana preparan seis mujeres.

Este es el mismo terreno en el que, hace cuatro años, el mar destruyó su casa. Le ha tocado a él, como a otros habitantes de la playa, retroceder unos 30 metros para vivir. Ellos han tenido que hacer una nueva calle, porque la que había, también se la comió el mar. Al igual que unos cocoteros de los que solo quedan troncos.

La nueva calle atraviesa los terrenos que dejaron de ser playa y se convirtieron en mar. El agua ya llega hasta acá, y eso, a José, le inquieta, porque no sabe cuándo volverá a pasarle lo mismo que en 2015. «Y cuando llegue allá, ¿a saber para dónde vamos a agarrar?», se pregunta, señalando hacia atrás, a su casa, a la orilla de un manglar. Antes que el mar le botara la casa de lámina, en 1998, el Mitch, al menos le dio tiempo para que desarmar otra que tenía y que era de palma.

La única barrera que protege a las personas del mar, asegura, está desplegada a dos kilómetros a la derecha. Se trata de piedras que la alcaldía de Jucuarán mandó a colocar en la parte más turística de la playa u otras que han colocado quienes han podido, pero los otros kilómetros restantes, dice, están desprotegidos.

“Ahí se perdió la playa ya. Incluso los ranchos, las viviendas de veraneo, algunas ya están cayéndose, porque el mar ha avanzado. ¿A qué se debió? Establecieron cultivos de cocoteros. Se alteró la duna que naturalmente ya existía. Y ahora las fuerzas de la naturaleza están cobrando factura y están erosionando El Espino», explica Enrique Barraza, experto en biodiversidad acuática y contaminación acuática.

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La playa El Espino es una isla barra de 11.7 kilómetros de extensión, ubicada en el municipio de Jucuarán, en Usulután, que, por sus característica, con el tiempo, puede hacerse más ancha o estrecharse. En los últimos 70 años, esta playa ha sufrido transformaciones que, además de deberse a fenómenos naturales, corresponden al impacto ambiental, los cuales ya han sido documentados por el Estado.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) publicó en 2012 un estudio en el que estableció que, entre 1949 y 2009, la línea costera de El Espino retrocedió 144 metros. Cada año hubo una disminución de la costa de 2.40 metros. Esto, señala, ha sido a causa de la fuerte erosión en la zona, que puede aumentar en el futuro, ya que el daño al ecosistema continuaba hasta la fecha en la que fueron difundidos los hallazgos.

El MARN dice que en la parte donde hoy rompen las olas, antes hubo asentamientos humanos. De acuerdo con los testimonios que recopiló para este estudio, las intervenciones comenzaron a mediados del siglo pasado, cuando en la playa se instalaron dos haciendas: la Chepona y la San Luis, y también fueron sustituidos los espesos bosques de mangle y la vegetación natural por cocoteros y otros cultivos agrícolas. La actividad atrajo a los pobladores para ofrecer su mano de obra. Otros fueron atraídos por la pesca.

Sin embargo, a finales del siglo pasado y principios del siglo XXI, con el incremento del turismo, iniciaron las construcciones de hoteles y restaurantes. Y con estos, siguieron los daños al ecosistema.

Erosión. La erosión en las playas ocurre cuando el mar se lleva más arena de la que trae, dejando vulnerable a las comunidades que viven en la costa.

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«Cuando yo estaba pequeño, El Espino, esta playa, estaba bien lejos. Esta isla llegaba allá, por donde se viene haciendo el primer tumbo», relata Adalberto Blandón, un hombre de 53 años que, con dos ayudantes, levanta una ramada a la orilla del nuevo camino que la comunidad ha hecho, por si hay algún turista que pase y se interese en alquilarla. Es agricultor, pero también se gana la vida de este trabajo.

Frente a él, dice, hace tiempos hubo una manzana y media de playa que el mar ya se comió. Por estos días aquí revientan los tumbos en la noche, pero adelante, a unos 10 metros de distancia, han quedado las señas de una casa, con un muro alto, que él cuidaba. Se trata de unos pedazos de pared, que no miden ni un metro de alto, y que cada vez el mar va arrastrando. Era una propiedad privada que, después de sus límites, todavía tenía más playa. Pero hace años este terreno ya cedió al mar.

La casa solo duró en pie 15 años, recuerda Adalberto, porque ocho días después de que el Mitch golpeó El Espino, el oleaje fuerte la botó. A su paso, también se llevó tres casas, incluida la suya, y aterró el estero con deslaves que empozaron el agua dulce.

El hombre, con un sombrero y una camisa de manga larga con los dos primeros botones sueltos, dice que el mar no ha parado de crecer desde hace años. Hace 26 años también se unió con el estero, que está atrás, a 60 metros de distancia; y a 40 minutos de este lugar, formó una media bocana a la que le llaman La Angostura, que no dejaba que las personas cruzaran de un lado a otro cuando se llenaba.

Cuenta que cuando el mar botó las casas que estaban a la orilla de lo que antes era playa, pidieron ayuda al alcalde de Jucuarán. Pero la ayuda no llegó hasta ahí, porque de ese lado no hay mucho turismo. Para referirse al abandono en el que, dice, están, muestra la lámpara de alumbrado público arruinada que cuelga de lado sobre un poste. Está sujeta solo por un cable y deteriorada por la sal.

Destrucción. Esta fue una de las casas afectadas por el mar de fondo de 2015, en el caserío Bola de Monte, del cantón Garita Palmera, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

La organización Oikos Solidaridad, que trabaja en la zona oriental del país, señala que en El Espino hay afectación porque todo lo que baja del volcán Chaparrastique, en San Miguel, va a parar al mar. Esto incluye los desechos de los agricultores, quienes, dice, no realizan buenas prácticas, lo que contribuye a aumentar la erosión y el nivel del mar.

«Ahí se perdió la playa ya. Incluso los ranchos, las viviendas de veraneo, algunas ya están cayéndose, porque el mar ha avanzado. ¿A qué se debió? Establecieron cultivos de cocoteros. Se alteró la duna que naturalmente ya existía. Y ahora las fuerzas de la naturaleza están cobrando factura y están erosionando El Espino», explica en su oficina, en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Enrique Barraza.

Restos. En la playa El Espino hubo construcciones donde ahora hay mar. La fotografía corresponde a los restos de una casa a la que las olas arrebataron ocho días después del huracán Mitch, en 1998.

Barraza es investigador asociado al área de Recursos Acuáticos de la UFG. Es experto en biodiversidad acuática y contaminación acuática. Le apasiona el mar y explorar El Salvador. Lo hace en el terreno, pero esta mañana explora las costas del país a través de Google Earth. Su oficina está en la esquina de un salón. Tiene dos mesas y dos estantes. En uno, hay recipientes de crustáceos que pretende estudiar.

Sobre una de las mesas hay una linterna marina que el instituto recién acaba de comprar. Antes de comenzar a viajar online en las costas, la retira y la coloca cerca de los crustáceos. Sobre esta mesa también hay un pez de cerámica y la alfombrilla para el mouse tiene plasmada una playa. Detrás de Barraza, un afiche enmarcado en el que aparecen los peces de mayor importancia comercial en Centroamérica.

El Salvador tiene 338 kilómetros de costa. En el occidente, las playas comienzan en la desembocadura del río Paz, en la frontera con Guatemala, en Ahuachapán; y terminan en oriente, en La Unión, en el Golfo de Fonseca. La mayor parte de las playas se formó por medio de depósitos de arena que, pasados miles de años, el mar hizo en las rocas. Por esto se les conoce como barra de arena.

Protección. Para protegerse del impacto de las olas, la alcaldía, y quienes pueden, han colocado piedras alrededor de la playa El Espino y así evitar que el mar se lleve, de a poco, las construcciones.

Las playas de barra de arena, según Barraza, se caracterizan porque, al igual que las bocanas, son inestables en el tiempo. Sucede en el país y en el mundo. Para explicarlo, acude a Google Earth, se posiciona en el mapa de El Salvador y señala las líneas que dividen el mar de las playas.

Las dunas -pequeñas elevaciones de arena que están a la orilla de la playa, donde hay vegetación, y que sirven como barrera para evitar las marejadas y que el viento arrastre sedimentos- han sido destruidas en la mayor parte del litoral salvadoreño, dice.

El Espino no es la excepción, por eso está más vulnerable a mareas altas y a tormentas fuertes, como ocurrió en el huracán Mitch, cuando arrasó con las casas de los lugareños. Para el experto, esta es la playa en donde, posiblemente, está más visible la erosión en las costas del país. Más arena deja la playa y esta no es igual a la que trae el mar.

De acuerdo con el estudio realizado por el MARN, entre las causas del proceso de erosión en El Espino provocadas por el hombre están las construcciones, donde chochan las olas y extraen arena, no permitiendo que su energía corra a la cara de la playa; la deforestación de la vegetación natural, que ayudaba a retener los sedimentos -descomposición de los materiales- más finos; y la construcción de las represas del Río Lempa y sistemas de riego en el río Grande de San Miguel que, con su actividad, hacen que se pierda parte del sedimento que llegaba a la costa, sumado a que en sus cauces hay extracción de arena.

Aunque el investigador Barraza indica que la erosión en las costas es natural y que las playas están en constante cambio por el movimiento que el mar y el viento producen en los sedimentos, advierte que el cambio climático está acelerando los procesos. A esto se agregan factores como la deforestación en la cobertura boscosa alrededor de los ríos que desembocan en los mares, que provoca que ya no haya retención de las lluvias y un cauce suave, sino que puede generar hasta inundaciones.

Lo ejemplifica, en su computadora, mostrando dos fotografías satelitales de la desembocadura del río Jiboa. Son de 1957 y de 2019. En la primera se observa mayor cobertura boscosa, mientras que, en la segunda, esta ha ido disminuyendo, sustituida por cultivos y viviendas. Y además, la bocana del río desplazada más a la derecha, lo que hace que, cuando el río crece, inunde a las comunidades de la zona.

El Grupo Intergubernamental de Experto sobre el Cambio Climático, creado por la Organización Meteorológica Mundial y la Organización de las Naciones Unidas Medio Ambiente, publicó el Quinto Informe de Evaluación sobre el cambio climático en 2014, concluyendo que el ser humano es el causante del mismo.

El informe estableció que, entre 1901 y 2010, el nivel medio mundial del mar subió 19 centímetros y que los océanos se han expandido por el derretimiento de hielo. Además, determinó que, por las emisiones de gases de efecto invernadero, posiblemente la temperatura mundial -la cual entre 1800 y 2012, incrementó 0.85°- siga en aumento y con ella los océanos se calienten y el hielo continúe derritiéndose.

Por lo tanto, según las estimaciones, en 2065, el nivel medio del mar aumentará entre 24 y 30 centímetros; y en 2100, 63 centímetros, respecto a los años de referencia, que son 1986-2005.

“Hemos producido mucho CO2 en casi 40 años, casi el doble que se produce en los últimos cinco siglos, según los estudios, y esto ha llevado que el planeta se caliente, que funcione como un carro cuando lo dejás en el sol, que por dentro está hirviendo, pero por afuera los rayos se están esparciendo”, explica Gregorio Ramírez, sociólogo del Área Natural de Articulación Social y Organizativa, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

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Josué López no estaba en su casa el 2 de mayo de 2015. Andaba con su primo apagando un incendio a kilómetros de la playa El Botoncillo, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Cuando llegó, al presidente de la Asociación de Desarrollo Comunitaria de esta comunidad, le costó reconocer el paisaje. Encontró inundado el terreno donde estaba su casa y su familia ya había sido evacuada a una escuela que sirvió de albergue en el municipio guatemalteco de Moyuca, vecino de El Salvador. Perdieron todo, y en medio de la angustia, la alcaldía del municipio ahuachapaneco les dio la espalda, dice.

Tres meses después, Josué encontró su cocina enterrada en el manglar, donde fueron a parar muchas de las cosas de las 210 familias afectadas en el caserío El Botoncillo y Bola del Monte, a quienes las olas no les dieron paz durante cuatro días.

«A esta altura nadie se puede imaginar todo lo que sufrimos y todo lo que destruyó el mar en esa fecha, porque ya del 2015 a 2019, aquí se ve como que así era», cuenta Josué a un lado de donde una vez fue su casa. La casa de ladrillo a la que le faltan paredes y no ha podido reconstruir, porque la pesca, dice, se ha puesto mala y no alcanza para pagar las deudas que tiene.

Cuando habla mira al horizonte, donde antes que el mar destruyera a la comunidad y parte de su manglar, habían más de 200 metros de playa: afuera de su casa tenía los tapescos en los que secaba el pescado, más allá había un surco de árboles de botoncillo, un bordo, un basurero y una cancha de fútbol playa. Y atrás, pozos de agua dulce, que ya son de agua salada. Todo lo cambió el mar.

Ahora, cuando la marea está alta, para evitar que las olas que impactan se lleven la arena, ha tirado basura, como palmas secas y plástico, a la par de donde están los restos de su casa y metros enfrente donde ha construido dos casas con palma, vena de coco y horcones de botoncillo. Dice que el mismo aire va enterrando la basura y esto crea una barrera.

En mayo de 2015 las costas salvadoreñas fueron afectadas por el mar de fondo, un fenómeno que ocurre entre mayo y noviembre, y que provoca olas de hasta 10 metros de altura. El fuerte oleaje se debe a las lluvias ocurridas en el Océano Índico, entre diciembre y febrero, e inicia en el Océano Pacífico cuando termina la época seca y comienza la lluviosa.

Desde esa fecha, la vida ya no es igual en la comunidad. Tras el mar de fondo, en el manglar, que se extiende hasta el cantón de Garita Palmera, el canal perdió su hondura y su anchura. Lo cuenta Rigoberto Monge, el vicepresidente de la Asociación de la Microcuenca Marino Costera de la Zona Sur de Ahuachapán y primo de Josué.

Rigoberto está frente a un canal que, dice, años atrás tenía una profundidad de un metro. Pero, cuando el mar sobrepasó la playa y entró por la bocana, comenzó a matar a los manglares. Enfrente hay palos de mangle pequeños, que fueron sembrados después que la comunidad excavó los canales, porque todo quedó aterrado de arena y lodo. También hay troncos de árboles que se secaron. Ante él saltan los camarones y los pescados conocidos como chimberitas, en el poco de agua que se niega a morir.

«Eso quedó como si no había existido estero, como si no había existido río, porque todo lo llenó de arena», relata. Y recuerda que, antes de 2015, la bocana del caserío El Botoncillo pasaba destapada de seis a cinco años, lo que permitía que el agua fluyera libremente y bañara el manglar. Ahora se tapa una o dos veces por año. A veces la alcaldía de San Francisco Menéndez les envía una máquina para extraer arena, pero, sino, la comunidad la saca con palas y azadones.

Los bosques de manglar previenen las erosiones en las costas y son barreras naturales ante las inundaciones. En ellos viven crustáceos y peces, que contribuyen a la economía de los lugareños. Para que los bosques estén vivos, necesitan 50 % de agua salada y 50 % de agua dulce, porque con los flujos de estas dos aguas, los árboles constantemente están subiendo y bajando. De lo contrario, se quedan estancados y se pudren. Y mueren los animales.

Manglares. Con el aumento del mar, también incrementa la salinidad. Esto afecta a los bosques de manglar, que necesitan que corra en sus canales 50 % de agua salada y 50 % de agua dulce.

El manglar de El Botoncillo es parte del sitio Ramsar Complejo Barra de Santiago. Estos sitios son ecosistemas de importancia internacional, por ser humedales únicos, que almacenan dióxido de carbono y que les sirven de hogar a especies migratorias.

Caminando a un lado de la bocana, donde se observan más árboles de mangle descubiertos de agua, entre la frontera de El Salvador y Guatemala, este mediodía Rigoberto lamenta que el escenario no sea el de años anteriores, con canales profundos y anchos. Que ya no lleguen a este lugar las aguas del río Paz, que evitaban la arena acumulada en la bocana y la salinidad en el estero, y que además, ayudaban a que hubiese un flujo de agua. Así, es imposible que no se acumule el agua salada en el bosque y se contamine. Antes no pasaba, con las seis horas de llenado y otras seis de vaciado.

«Hemos producido mucho CO2 en casi 40 años, casi el doble que se produce en los últimos cinco siglos, según los estudios, y esto ha llevado que el planeta se caliente, que funcione como un carro cuando lo dejás en el sol, que por dentro está hirviendo, pero por afuera los rayos se están esparciendo», explica Gregorio Ramírez, sociólogo del Área Natural de Articulación Social y Organizativa, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Ramírez, el encargado de la UNES de monitorear la zona sur de Ahuachapán, indica que fenómenos hidrometeorológicos, como el mar de fondo, tienden a ser constantes por el cambio climático y esto conlleva al aumento de los niveles de mar. Sobre todo en esa parte de la zona de occidental, donde ha habido un cambio de uso de suelo y cada vez hay más monocultivo de caña.

Después de lo que ocurrió en 2015, la UNES comenzó a implementar un monitoreo hidroclimático que consiste en extraer agua de los pozos de la zona para saber cuánta agua tienen, vincular su cantidad a la sequía, a la ausencia de lluvia o la extracción para la riega de caña. También hay un monitoreo de lluvia, en conjunto con el MARN, para saber cuándo es tiempo para cultivar o reforestar el manglar; y hay un monitoreo para medir la salinidad, acidez y el oxígeno del manglar. Pero la comunidad se ve amenazada.

Un informe que el MARN y la UNES realizaron en 2016 señala que en los últimos 40 años, se ha transformado el manglar de Garita Palmera, que debería ser pantanoso y con ramificaciones hidrológica. Ha sido afectado porque la microcuenca El Aguacate, un brazo del río Paz, que lleva agua hasta el manglar, ha servido como canal de riego para cañales. Esto lo descubrieron las comunidades y comenzaron acciones contra empresarios. Pero el agua de este río, cuyo curso fue desviado por el huracán Fifi, en 1974, para el territorio guatemalteco, sigue sin llegar a la costa salvadoreña.

Ramírez sostiene que la producción de caña afecta los ecosistemas y a las poblaciones vulnerables, como El Botoncillo, y que, por ello, es necesario que el MARN y el Ministerio de Agricultura y Ganadería regulen los permisos ambientales. Ya que, con estas actividades, hay una repercusión en el aumento de los niveles del mar, sumado al cambio climático. También apunta a la necesidad de una Ley General de Aguas que garantice la sustentabilidad de las comunidades ante los intereses empresariales. Voceros oficiales de una empresa cañera dijeron a esta revista que el sector no tiene incidencia en la cuenca desde hace dos años.

En la entrada de la bocana, Rigoberto espera que, un día, los casi dos metros de arena que trajo el mar de fondo, en 2015, puedan ser drenados en donde una vez fue un estero fluyente. Aunque esto no sería suficiente para recuperar el bosque de manglar, ante un río que ya no es de ellos, de la comunidad, y un mar que va creciendo y se traga todo lo que encuentra.

Una bomba de tiempo entre las paredes de la PNC

Ilustración de La Prensa Gráfica – Fotografías cortesía

Durante los últimos cinco meses de 2014, la Unidad de Archivo Central de la Policía Nacional Civil (PNC) pasó sin papel higiénico. Así consta en un expediente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).

La Dirección General de Previsión Social del MTPS hizo, el 15 de agosto de ese año, una visita técnica a esta instalación policial, ubicada sobre la 1.ª avenida norte, de San Salvador. Le dio 18 recomendaciones a cumplir, porque la PNC estaba violando la Ley General de Previsión de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Entre las recomendaciones estaba comprar el papel higiénico, proveerles a los policías agua purificada y comprar cinco escaleras que serían utilizadas para alcanzar documentos.

Hasta el 23 de diciembre de ese año, cuando el expediente contiene la última observación del MTPS, la PNC no había comprado papel higiénico y tampoco había comprado las escaleras.

Tras la primera visita del ministerio, en un intento por solventar las infracciones a la ley, existió un intercambio de correspondencia a nivel interno de la PNC que se prolongó hasta el 24 de octubre. Pero la justificación siempre fue la misma: no había dinero para comprar papel.

Veinte días después de la visita, el 4 de septiembre, la jefa de Administración de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UAC) envió un memorándum al encargado del Fondo Circulante de la PNC en el que le pedía que compraran papel higiénico. La respuesta llegó ese día por parte de la encargada de la caja chica de la UAC que, en resumen, le dijo que los recursos no podían utilizarse para comprar bienes o servicios de carácter urgente, porque así lo establecían las normas de aplicación de fondos circulantes y montos fijos de la institución. «Por lo que la compra de papel higiénico queda sin efecto por ser un recurso planificado y no de carácter urgente», concluyó en el memorándum.

Desde agosto hasta la última página anexa al documento, fechada en diciembre, no hubo, de parte de la corporación policial, manera de hacer llegar papel higiénico a 60 de sus agentes que laboran la Unidad de Archivo Central, ubicada en la capital.

En 2019, la historia se repite. El MTPS consigna que las faltas a la Ley de Previsión de Riegos persisten, sobre todo en la carencia de un plan de emergencias y evacuación en las instalaciones policiales, algo que está regulado en el artículo 8 de la ley.

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LA CARENCIA

El olor a orín es fuerte en este baño de hombres. Hay pedazos de papel higiénico depositados en un basurero, pero no hay papel limpio para usar, solo han quedado en una pared las señas de un portarrollos. La suciedad se come la taza del inodoro azul, al que, además, le falta la tapa del tanque. Para sustituirla, alguien ha puesto una tabla pintada de verde que se ha mojado y ya tiene hongos. Alguien también ha puesto -al otro lado de la ventana de solaire, que está en la pared derecha de este cuarto- un pedazo de lámina. Es una forma de guardar la privacidad en este lugar que no mide más de dos metros cuadrados.

En la parte izquierda del baño hay un espacio para ducharse. El tragante no tiene tapadera y está en medio de nueve hileras de cerámica celeste y una hilera de ladrillos verdes en forma de L por donde avanza el sarro hasta trepar a las paredes y más en donde está la perilla para abrir el grifo.

El baño es de un puesto policial que funciona en una casa de dos plantas en Mejicanos que, si no fuera por una patrulla y dos motocicletas que esta mañana están estacionadas enfrente, de lejos pasaría como una casa más. De cerca, se distingue porque en la puerta principal tiene el letrero: Departamento de Tránsito Terrestre. Es el puesto de PNC que cubre todos los hechos relacionados con tránsito entre Mejicanos y Ciudad Delgado, el municipio vecino.

Las carencias de recursos en las instalaciones de la PNC no son nuevas y MTPS ya las ha documentado en las visitas técnicas que realiza para verificar si se cumple la Ley de Previsión de Riesgos.

Esta ley, aprobada en 2010, da parámetros de cómo deben ser las condiciones de infraestructura y salud ocupacional en las que tienen que trabajar los colaboradores de instituciones públicas y las empresas. Para su cumplimiento, en teoría, el MTPS realiza inspecciones y da recomendaciones sobre las infracciones leves, graves y muy graves a la ley. Si estas no se solventan, hay multas para el empleador que van desde los cuatro salarios mínimos hasta 28 salarios mínimos.

Revista Séptimo Sentido obtuvo, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública del MTPS, los informes que el ministerio ha realizado a partir de visitas a las instalaciones policiales, entre 2016 y marzo de 2019. Estos dan cuenta de las violaciones la Ley de Prevención de Riesgos, lo que también pone en peligro la salud de los policías.

Aunque las infracciones a la ley que más se repiten son las falta de papel higiénico y la falta de sillas cómodas para trabajar. El ministerio también documentó que en una División de Tránsito Terrestre no había un espacio adecuado para que el policía que trabajaba como guardia en las bartolinas descansara al finalizar su turno.

Mientras que en la delegación central de la PNC, en San Salvador, recomendó que hubiese apilamiento seguro de materiales de trabajo, como el control de evidencias. Estas son las pruebas que los investigadores recopilan en las escenas de delitos para resolver los casos judiciales y que, de dañarse, ya no sirven.

Esta revista solicitó durante un mes, y por diferentes medios, entrevistas con el ministro de Trabajo, Rolando Castro; y con un encargado de Prevención de Riesgos Ocupacionales de la PNC, para conocer qué acciones se están realizando para mejorar la salud ocupacional de los policías. Pero hasta el cierre del reportaje, los equipos de Comunicaciones de ambas instituciones no dieron respuesta.

“Al final, ya estamos acostumbrados a andar empujando los vehículos para que arranquen. Otros ya sabemos que solo dos horas pueden andar encendidos, de ahí tenemos que ir a estacionarlos y ahí esperar media hora para que el vehículo se enfríe y ya lo agarramos», dice Marvin Orellana, líder de ANPES.

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LA SANIDAD

Los policías, como para advertir que no sirve el tanque del inodoro, han puesto dentro de este una escoba y una botella partida con la que sugieren agarrar agua de la pila que está a un lado. A esta, que es la subdelegación de Rosario de Mora, al sur de San Salvador, el MTPS también le recomendó que hiciera suministro de papel higiénico. Fue en una visita hecha el 13 de noviembre de 2017, pero dos años después, en una mañana de junio, el baño sigue sin papel. Y el inodoro que una vez fue blanco, ya es amarillo.

El artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos dice que los lugares de trabajo deben cumplir con condiciones de estructura (pasillos, paredes, techos, asientos, comedores, dormitorios, servicios sanitarios, instalaciones eléctricas, entre otros) que garanticen la seguridad e higiene ocupacional de los colaboradores ante riesgos de accidentes de trabajo o enfermedades.

También indica que cada institución o empresa que tenga más de 15 trabajadores, o cuando la Dirección General de Previsión Social del MTPS lo sugiera, cuente con comités de Seguridad y Salud Ocupacional, que son los encargados de prevenciones de riesgos.

La PNC, según su Unidad de Comunicaciones, tiene comités en cada una de las instalaciones. Sin embargo, en los informes consultados, el MTPS sugirió conformar estos comités a puestos con más personal policial como la División Central de Investigaciones y la División de Tránsito Terrestre.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra cada 19 de noviembre el Día del Retrete, porque, sostiene, que este salva vidas al evitar que las heces humanas propaguen enfermedades mortales. Sin embargo, advierte que a nivel mundial hay una crisis de saneamiento. En 2017, la organización presentó el informe «Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene», realizado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que reveló que 6 de cada 10 personas en el mundo no tienen un saneamiento seguro.

El informe, además, señala que la deficiencia de estos servicios y el agua tienen relación con la transmisión de enfermedades como la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería y la hepatitis A.

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LA COSTUMBRE

Marvin Orellana es policía desde hace 22 años y es el vocero oficial de la Asociación Nacional de Policías de El Salvador (ANPES), que nació hace un año y se organiza a nivel de redes sociales para exigir los derechos del personal policial. Marvin está claro que la Constitución, en su artículo 47, le prohibe a los policías y a la Fuerza Armada el derecho a asociarse o formar sindicatos.

Él trabaja como investigador en la subdelegación policial del barrio San Jacinto, una subdelegación en la que trabajan aproximadamente 120 policías. A diferencia de otras instalaciones policiales, a simple vista, en esta las condiciones de infraestructura parecen variar: los escritorios y las sillas están en buen estado, el baño está aseado, e incluso, hay aire acondicionado. Y dentro de la delegación hay una cafetería y una dispensadora de bebidas.

La subdelegación San Jacinto cubre este barrio de la zona sur de San Salvador y su competencia llega hasta los límites de la ciudad capital con Panchimalco, San Marcos y Soyapango, y cierta parte del Centro Histórico, del lado del bulevar Venezuela. Para hacerlo tienen asignadas cinco patrullas, pero de estas, solo una «medio funciona», dice Orellana, por eso también hacen los patrullajes a pie. Otro de los problemas a los que él se refiere esta tarde de junio es que si las agentes, quienes tienen su dormitorio en la segunda planta de la subdelegación, no se bañan a las 3:30 de la mañana, no logran agarrar agua y les toca acarrearla desde la primera planta.

«Al final, ya estamos acostumbrados a andar empujando los vehículos para que arranquen. Otros ya sabemos que solo dos horas pueden andar encendidos, de ahí tenemos que ir a estacionarlos y esperar media hora para que el vehículo se enfríe y ya lo agarramos», dice.

Según Orellana, los policías no reciben un inmueble en malas condiciones para laborar, sino que el cuido depende del personal. Para él, en la institución existen otras preocupaciones, como la falta de aumentos salariales, la falta continua de ascensos a otras categorías policiales y el acceso a una pensión digna.

El último aumento que recibieron los policías fue de $50 dólares, en 2007, cuando también se incorporó a la Ley de la Carrera Policial (LCP) el escalafón que reciben cada cuatro años. La cantidad del escalafón varía según el nivel al que pertenezcan. Un policía que recién ingresa a la institución recibe un salario de $424 menos los descuentos. Según la ley, su escalafón representa el 6 % de este monto, que equivale a $28, menos descuentos.

En marzo de 2016, durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén, los policías y soldados que realizan funciones de seguridad pública, y custodios de penales comenzaron a recibir un bono trimestral de $150, este se ha ido en aumento, de $200, $300 y hoy es de $400. Sin embargo, el problema que Orellana ve con los bonos es que estos no le dan garantía a un agente que vive entre pandillas y quiere comprar una casa en otra zona, porque el dinero no forma parte de su salario. Igual sucede, dice, con el régimen de disponibilidad, el dinero que los policías reciben para alimentación, que es entre $130 y $190.

Días antes que Nayib Bukele ganara la Presidencia, en enero, se reunió con representantes del Movimiento de Trabajadores de la Policía. El secretario general de este movimiento, Marvin Reyes, confirma la reunión y muestra dos hojas con 16 puntos que Bukele firmó. Entre estos está su compromiso con la mejora de la infraestructura de las instalaciones policiales, el aumento del salario de los policías y la promoción de ascensos. De esto, dice Reyes, aún no hay nada.

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, el precio de la canasta básica en El Salvador es de $200 para la zona urbana y de $144 para la zona rural. Con ingresos como los que recibe un policía en la categoría de agente, el puesto más bajo dentro de la PNC, este no puede costearse los recursos que la institución le adeuda en su trabajo, por ejemplo, papel higiénico por cinco meses.

Aunque las infracciones a la ley que más se repiten son las falta de papel higiénico y de aseo en los baños, así como la falta de sillas cómodas para trabajar y la infiltración de agua lluvia en las instalaciones policiales a causa de goteras; el ministerio de Trabajo también documentó que en una División de Tránsito Terrestre no había un espacio adecuado para que el policía que trabajaba como guardia en las bartolinas descansara al finalizar su turno.

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EL DESENCANTO

Aarón recuerda que aquel jueves 20 de junio, el día que comenzó el de Seguridad del nuevo Gobierno, el Plan de Control Territorial (PCT), lo sacaron de la subdelegación donde trabajaba y lo llevaron a una delegación policial de la zona central del país, donde se reunió con policías de otras subdelegaciones y de áreas como la Unidad de Mantenimiento del Orden, de la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales y de la División de Armas y Explosivos. Antes de ese día, él no sabía nada de lo que tendría que hacer, la explicación que les dio un jefe policial fue simple: los habían llamado para formar parte del nuevo plan de seguridad, pero de una vez les advirtió que no los quería ver durmiendo en la delegación.

«Ningún ‘cuilio’ voy a permitir que duerma en la delegación», cuenta Aarón, vía teléfono, que les sentenció el jefe. No tenían dónde dormir, así que tuvieron que esperar hasta las 11:30 de la noche que un camión llevara, desde San Salvador, colchonetas. Esa noche, y durante otras dos semanas, ocuparon la casa comunal del cantón donde hoy están destacados, pero fueron sacados de ahí, dice, porque los lugareños necesitaban usarlo para otras actividades propias de la comunidad.

Desde entonces, el grupo que comenzó con 90 policías y soldados, y hoy ya sobrepasa los 100, planteó tomarse alguna casa abandonada para establecerse, también fue ilusionado por sus superiores con que la alcaldía del municipio le pagaría el alquiler de casas. Nada de eso se concretó y el personal comenzó a segresarse en subgrupos: un grupo vive en dos casas que ya eran utilizadas por la PNC, pero estaban abandonadas; otro alquila una casa que es pagada de su dinero, incluidos los recibos de agua y luz; a un tercer grupo, un señor les ha dado donde vivir sin cobrarles nada. Lo mismo sucede con el lugar donde está Aarón: una empresa les ha permitido a él y a otros cinco colegas instalarse en un cuarto con sus colchonetas.

El 4 de julio la Asamblea Legislativa le aprobó al Gobierno la reasignación de $31 millones para implementar la primera fase del PCT. La propuesta que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó a los diputados fue que de esa cantidad, $3 millones serían destinados para la alimentación de 2,500 policías y otros $6,048,000 para la de los 5,040 soldados que participan del plan. Cada uno tendría que recibir, mensualmente y hasta diciembre, $200 para su alimentación.

Lo que ha pasado es que, mientras los soldados reciben los $200, a los policías el Gobierno les ha dado un complemento al régimen que ya recibían. Es decir, que si recibían $130 o $190, les ha dado solo $70 o $10.

Esto lo confirman el agente Orellana y Aarón, que accedió a hablar a cambio que no se revele su nombre. A él, dice, solo le dieron $70 y todavía no sabe cuándo le darán completo el dinero que un día le prometieron.

Lejos del discurso oficial sobre la funcionalidad del PCT, los policías y soldados que fueron desplegados a la misma zona que Aarón, todavía esperan los catres que las autoridades les prometieron un día. Duermen en el suelo, sobre una colchoneta, que, de tanto usarla, se está desgastando, cuenta el policía.

Orellana dice que así como en el caso de Aarón, los policías que fueron seleccionados de delegaciones, subdelegaciones u otras áreas policiales para el PCT, llegaron a otras instalaciones en las que ya no había cupo para más personal y eso ha generado condiciones precarias, pero ellos necesitan esos espacios para dormir, bañarse y hacer sus necesidades fisiológicas.

«Es obvio que va a ser una lucha, porque no nos vamos a dejar», adelanta, desde la delegación de San Jacinto, Orellana cuando habla de violaciones laborales a las que se ven sometidos y el temor de sus colegas a organizarse por la prohibición constitucional que existe. Lo que pasa con los policías que forman parte del plan de seguridad es, dice, solo una «bomba de tiempo», porque ya hay algunos que se están quejando y que hablan de manifestarse.

El camino entre separar basura y organizar un movimiento por el trabajo digno

Cada viernes a las 7:30 de la noche, los recicladores de base de Ciudad Futura, del municipio de Cuscatancingo, se reúnen en la casa comunal para charlar sobre su jornada laboral durante la semana. Unas 30 personas, a veces más, conversan sobre los horarios que cumplen para separar y recolectar material reutilizable que, por lo general, va de 5:00 de la mañana hasta las 6 de la tarde; también estudian el manejo adecuado de los desechos sólidos, como puede reciclarse y qué puede ser tóxico; analizan los precios de compra y venta que se manejan en el mercado; y revisan los perfiles de quiénes pueden ser parte de la junta directiva para conformar el Movimiento Nacional de Recicladores.

En esos viernes, también charlan sobre por qué se hacen llamar recicladores de base y llegan a la conclusión de que el nombre dignifica su oficio, como el de cualquier otra profesión; como doctor, profesor, ingeniero o arquitecto.

Su trabajo consiste en recolectar y separar, entre los contenedores de basura, materiales que pueden reutilizarse: latas, botellas de plástico, cartones, cobre, hierro, aluminio, celulares, computadoras y comercializarse en el mercado industrial.

Desde hace dos años, los trabajadores han tomado la decisión de organizarse para mejorar sus condiciones laborales.

Entre quienes han decidido encabezar la lucha está América Sarmiento. Esta mujer de 50 años, es reconocida como la representante del incipiente Movimiento Nacional de Recicladores. «Una mañana encontré, entre los papeles que compramos, un libro que por título llevaba ‘¿Cómo ser una líder?’. Mire cómo es la vida, ese día me quedé pensando y llegué a la conclusión de que ser una buena líder es no pasarse de lista y pensar en el bien común, porque no me gustan las injusticias».

En un jueves de mediados de agosto, América Sarmiento está sentada como todas las mañanas afuera de su almacén de reciclaje en Ciudad Futura. La mujer está limpiando motores de ventiladores, les saca el cobre; también limpia botellas de plástico y las separa por colores.

«Azul, verde, transparente… de este plástico que se recoge pueden hacerse guacales, sillas, vasos, cántaros. Todo se puede reutilizar», dice América.

En Ciudad Futura, según América, hay más de 30 recicladores de base que se enfrentan a las mismas condiciones que Eduardo. No cuentan con un seguro médico, ni cotizan una pensión económica para su jubilación y mucho menos cuentan con un equipo para el manejo de residuos.

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Para América es una jornada atareada y ya son pasadas las diez de la mañana. Su almacén es un espacio donde se compra el material reciclable para luego comercializarlo con proveedores industriales.

Un señor ha llegado con unos cuantos marcos de ventana que América compra como aluminio. «Estos marcos deben limpiarse… hay que quitar todo lo que no sea del mismo material. El aluminio no puede mezclarse con el hierro porque sería tóxico para el humano. De acá pueden sacarse moldes para ollas, cacerolas», le dice,

Al rato, otro cliente, «el moreno», un reciclador de base que llega a vender dos televisores para «juntar lo del almuerzo». Dentro de la bodega de reciclaje, mientras espera por la paga, Eduardo Yanes aprovecha para platicar sobre su jornada y las pocas condiciones con las que cuenta para realizar su trabajo en los contenedores de basura de Ciudad Futura.

Eduardo hace un recuento de cuántas veces ha sufrido un accidente por no tener unos guantes y encontrar entre los desechos pedazos de vidrio o agujas de jeringas, levanta las manos y señala sus heridas, una cortada de más de 5 centímetros en su palma derecha y otras más en su brazo derecho.

A su circunstancia, le suma que carece de un espacio para guardar o separar el material, así que no le queda más que hacerlo en la calle o su hogar. Y cuando logra reunir una buena cantidad de material, su ganancia baja porque debe arreglárselas para conseguir un camión para transportar el producto.

Condiciones. La falta de un espacio digno para trabajar obliga, muchas veces, a los recicladores a almacenar material en sus hogares.

«El reciclador vive de la basura», asegura Yanes, y es que para los recicladores este oficio es una luz y un medio de subsistencia en un país con pocas oportunidades laborales. Así que, luego de 17 años de trabajar como pepenador, no le queda duda de que su labor debe ser reconocida como un empleo más.

De los televisores, Eduardo logró juntar dos dólares y centavos que ya le alcanzan para almorzar y proveer a su esposa e hijo de un plato de comida. Se despide. Y en su bicicleta regresa a los contenedores para terminar con su jornada laboral.

Luego de escuchar a su compañero, América repite una y otra vez, que es necesario que a los recicladores se les reconozca a través de políticas públicas. «El reciclaje es un empleo, es nuestra vida y fuente de ingreso. También tenemos que luchar para que los hijos de los recicladores cuenten con mejores condiciones».

En Ciudad Futura, según América, hay más de 30 recicladores de base que se enfrentan a las mismas condiciones que Eduardo. No cuentan con un seguro médico, ni cotizan una pensión económica para su jubilación y mucho menos cuentan con un equipo para el manejo de residuos.

América insiste en que es necesario cerrar el almacén y dar una vuelta por la comunidad para conocer a otros recicladores.

Entre los pasajes de Ciudad Futura 1 y 2, Victor Melgar y Aracely Orellana han hecho de su hogar una bodega de reciclaje, aunque no era su propósito. La falta de un espacio digno para trabajar, los ha obligado a acaparar material. Y es que para los pepenadores vender unas cuantas libras de plástico o material ferroso no da para sobrevivir. Así que necesitan hacerse de una gran cantidad para rondar, al menos, el salario mínimo.

Cuando Victor y Aracely ven llegar a América a su hogar, no pueden evitar preguntar sobre cómo va el tema de la planta de separación de residuos que está a unos cuantos kilómetros de Cuscatancingo.

América les asegura que una vez legalizado el Movimiento Nacional de Recicladores, lucharán porque la planta vuelva a funcionar.

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UNA PLANTA OCIOSA

A unos 20 minutos de Ciudad Futura, dentro de Cuscatancingo, hay un planta de separación de residuos que ayudaría a los recicladores a aligerar su trabajo, pero ha dejado de funcionar.

El espacio de 900 metros cuadrados está equipado con maquinaria para clasificar el material reciclable, entre ellas, tres bandas separadoras de plástico, un molino para picar este mismo material, una presa hidráulica para compactar el cartón y el papel, básculas y un camión para transportar 4.2 toneladas. Todo lo que les falta a Eduardo, a Víctor, a Aracely y a la propia América.

De funcionar, la planta ayudaría a los recicladores a reducir costos para la movilización, venta y almacenamiento de material; disminuiría su jornada laboral de más de ocho horas diarias; y sería una fuente de empleo entre los mismos pepenadores.

La planta se creó en 2013 con el proyecto «Buenas prácticas de emprendedurismo social y Ecogestión» (RESSOC). Una iniciativa del Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS), que según la OPAMSS, se estableció para fortalecer el trabajo de los recicladores en el tratamiento y venta de residuos en los municipios de Cuscatancingo, Apopa, Ayutuxtepeque, Mejicanos y el departamento de San Salvador.

Sin embargo, sobre el cierre el COAMSS/OPAMSS da poco detalle. De acuerdo con Jorge Henríquez, subdirector de Desarrollo Social y Económico de la OPAMSS, la suspensión de operaciones se debe a razones técnicas y no políticas.

«Hemos tenido que pensar en cómo mejorar los procesos de producción y ver en qué estado se encuentra la maquinaria, eso nos ha llevado tiempo. Esta es la razón porque la planta ha dejado de funcionar por un año y medio. Además estamos buscando fondos luego de que concluimos dos proyectos con la Cooperación Española», asegura Henríquez.

La planta de separación de residuos es una empresa de Economía Mixta del Área

Metropolitana de San Salvador (ECOESAMMS) que según Henríquez, está bajo el control de una parte pública, que es representada por el COAMSS y las Alcaldías de Cuscatancingo y Apopa; y una parte privada que está bajo la tutela de las cooperativas de recicladores de Cuscatancingo, Apopa, Mejicanos, Ayutuxtepeque y San Salvador. «Esta junta directiva es la que toma todas las decisiones», asegura.

Sin embargo, hasta el momento, los recicladores de Ciudad Futura desconocen a qué se debe el cierre. Como representante de los pepenadores, América manifiesta que desde la Alcaldía de Cuscatancingo también hay resistencia para abrir la planta.

Al solicitar información a la Alcaldía de Cuscatancingo sobre el paro de operaciones

de la planta, la alcaldesa Heicy Flores dijo a través de su asistente de comunicaciones que «ella no tiene mucha injerencia en el tema y que se consulte directamente con la empresa que está a cargo de la planta: ECOESAMMS».

Desde el Movimiento Nacional de Recicladores, América y sus compañeros han insistido en que la planta vuelva a funcionar. Pero lo que hace difícil esta petición, es que el movimiento aún está conformándose y no cuentan con una legitimación.

Sin planta, América cree necesario seguir organizando a los recicladores a nivel nacional para legalizar el movimiento de los pepenadores.

Plástico. América Sarmiento compra botellas de plástico que, luego, pueden ser reutilizadas para fabricar guacales o sillas.

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De vuelta en el almacén, otra clienta espera por América. Es una señora de la comunidad que pregunta de cuánto es la paga por unos trozos de acero inoxidable. De libra en libra, la mujer consigue unos cuatro dólares. Mientras pesa el material, América aprovecha la oportunidad para hablar sobre el reciclaje inclusivo.

«Mire de esto se trata el modelo de reciclaje inclusivo, de integrar, hacer parte a los recicladores de las actividades comerciales con la compra y venta de materiales reciclables. A esto le apostará el Movimiento Nacional Recicladores. Muy pronto trabajaremos de la mano con la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo», detalla Sarmiento.

Jadira Vivanco, coordinadora de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), asegura que la organización está trabajando, desde el 2011, en el reconocimiento de la labor de los recicladores en los sistemas urbanos de reciclaje, ya que han identificado que en el continente son más de dos millones de personas las que se dedican a esta labor y viven de la actividad.

«Desde la IRR es importante que los diferentes gobiernos reconozcan la labor de los recicladores de base, pues son estos trabajadores los que alimentan las cadenas de intermediación de la comercialización de los materiales, es decir, entre las empresas y sus proveedores», ilustra la coordinadora regional.

Según Vivanco, replicar el modelo en El Salvador implicaría, en términos económicos y ambientales, reducir costos operativos para la creación de rellenos

Almacén de reciclaje. En Ciudad Futura, Cuscatancingo, los recicladores cuentan con un espacio donde compran y venden material reciclable.

sanitarios, ya que, entre más se recicle, habrá menos necesidad de pensar en la creación de este servicio. Además, disminuiría los costos sociales que implica un botadero entre las comunidades y reduciría los pasivos ambientales, como la contaminación de la tierra.

Como modelo de negocio, el reciclaje inclusivo trabajaría para que las empresas produzcan menos desechos y generen mayor aprovechamiento sobre los residuos.

En cambio, Silvia Quiroa, directora Ejecutiva del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), considera que, en el país, es necesario un programa de cero basura para reducir a gran escala la generación de desechos.

«Cuando hablamos de reciclaje, lo que estamos diciendo es ‘generemos más desechos porque ahí están las alternativas para reciclar ese tipo de material’, pero, en realidad, esto también está generando un impacto importante ambiental. Esto hay que decirlo, porque si nosotros creemos que con el reciclaje resolvemos el tema del mal manejo de los desechos sólidos», concluye Quiroa.

Colombia, uno de los países que se ha sumado a la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo, ha logrado que los recicladores de base sean reconocidos y remunerados por su trabajo. En 2016, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó el decreto 596 que formaliza el oficio.

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El día cae y América se prepara para regresar a casa, una que hace solo cuatro meses, gracias a su trabajo como recicladora, ha podido comprar. Antes de partir, hace hincapié en que, desde los distintos sectores de la sociedad, se debe valorar el trabajo de sus compañeros y que no debe ser menospreciado.

«El siguiente paso es realizar un censo nacional para saber cuántas personas se dedican al reciclaje. Necesitamos unificar esfuerzos entre los recicladores que no están organizados para poder conformar la junta directiva del Movimiento Nacional de Recicladores. Buscaremos la legalización para poder canalizar nuestras demandas y exigir que se nos reconozca dentro del sector laboral», dice América.

El oficio también le ha ayudado a sacar adelante a sus tres hijos y pagar sus estudios de bachillerato en mecánica automotriz y desarrollo de software. América asegura que, de no ser recicladora, sería cocinera, pero de haber sido así, cree que no hubiese tenido la oportunidad de trabajar y dar a sus a sus hijos más oportunidades que las que ella tuvo.

Materiales. En el almacén de reciclaje se compran cartones, botellas de plástico, cobre, hierro. La paga varía según los precios del mercado nacional.

La ausencia entre rincones y objetos

 

LAS HISTORIAS

El hijo de una odontóloga

Goles y medallas

La colección de peluches

 

El hijo de una odontóloga

 

“Hay algunas personas que todavía, con el pasar de los tiempos –y uno bien se da cuenta a qué nivel ha llegado el trauma psicológico, psicosocial que presentan–, todavía ponen los platos de comida en sus mesas, todavía lloran el recuerdo”. German Cerros, psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la UCA

Viaje. Emilio Bolaños tenía 11 años cuando su madre le tomó esta foto junto a su hermana. Fue para un paseo a las ruinas de Tazumal, en Chalchuapa, Santa Ana. Emilio era el primero de tres hermanos y también padre de un niño. Patricia Rodríguez lo recuerda como un hombre amoroso.

Patricia Rodríguez limpia cada cierto tiempo el cuarto de su hijo. Lo hace, incluso, desde el 7 de marzo de 2016, cuando ya no lo volvió a ver. En este espacio, al final de la casa de una colonia de Quezaltepeque, en La Libertad, se ha quedado huérfana una biblia en una mesa de noche. Era la que hojeaba Emilio Bolaños, desaparecido cuando tenía 32 años.

Su madre conserva intactas sus prendas: cuatro pantalones y una camisa que su hijo dejó sobre su cama, sus zapatos ordenados en un mueble, una chumpa sobre una bicicleta estática y una camiseta sobre el borde de una pared. En esta pared, que la humedad y el tiempo desgastan, Emilio dejó una gorra y un armazón sin lentes que así solía usar.

“Me llena de fortaleza saber que, al menos, tengo esos recuerdos que fueron parte de su vida”, dice Patricia.

Tras la desaparición de Emilio, colegas artistas del break dance le hicieron un homenaje. En ese evento, Patricia recibió un cuadro con el rostro de Emilio. Colgarlo arriba de la cabecera de la cama es la única alteración que ha hecho en este espacio.

Emilio, un bailarín y gestor de la cultura hip hop en El Salvador y Centroamérica, era conocido en el mundo artístico como “Milo Breakstars” o “Bboy Milo”. El Breakstars hace referencia al grupo de baile que formó con amigos. Con ellos comenzó a bailar en su antigua casa, siempre en Quezaltepeque, y también practicó en el quiosco del parque de esa ciudad, el parque Roberto Argüello Morán.
Patricia ha visitado todas las morgues del país y se ha plantado atrás de la línea amarilla de las escenas de homicidio buscando a su hijo. Es odontóloga y espera reconocerlo algún día por su dentadura. “Últimamente, en estas épocas, yo lo que quiero es recoger las osamentas de él. Si es de reconocerlo, yo misma lo puedo reconocer, porque yo le arreglé sus dientes”. Mientras, seguirá limpiando el cuarto de su hijo hasta que ese día llegue.

 


 

Goles y medallas

 

 

“La Fiscalía General de la República dice que algunos familiares intentan mantenerse serenos ante una desaparición, pero recomienda que, mientras la persona no aparezca, se continúen celebrando los acontecimientos que son importantes para la familia. Aunque signifique un esfuerzo”.

Delantera. La familia de Jocelyn asistía a esta cancha a verla jugar. Este fue el primer lugar donde la vinieron a buscar el pasado 22 de mayo, en la noche.

En la cama donde una vez durmió Jocelyn Cisneros su familia tiene esta tarde parte de su ropa. Hay dos jeans doblados, una blusa blanca con puntos negros que su hermana mayor le regaló para un cumpleaños, dos camisetas con las que algún día jugó fútbol y una con el logo del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, del que se graduó de bachiller.
También están la mochila y los cuadernos que ocupaba para ir a la Universidad de El Salvador, donde estudiaba Economía. De ahí volvía aquella noche del pasado 22 de mayo, cuando la vieron por última vez.

Alguien que ve por primera vez estas paredes no duda de la dedicación de Jocelyn. Aquí cuelgan cinco medallas que, entre 2016 y 2017, ganó jugando fútbol. Y hay dos más, estas las ganó por perseverancia como estudiante en 2015.

“Ella no quería que le celebraran los 15 años, sino que los 16, porque ella decía que no quería algo grande, sino que quería algo más sencillo. Para ella fue algo grandioso, hermoso”, dice su hermana cuando habla de otro de los recuerdos de Jocelyn que conservan. Es una muñeca color celeste, testigo de aquella celebración.
El padre de Jocelyn dice que tuvo acceso a los videos de las cámaras dentro de la UES, en los que se observa que su hija llegó a las 5:30 a la universidad. Media hora después salió a comprar con una compañera y luego estuvieron sentadas bajo un palo de conacaste. La compañera salió de la universidad a las 6 de la tarde y a los 10 minutos salió Jocelyn por la entrada de la plaza Minerva.

Es lo único que sabe porque, dice, las autoridades no colaboran.

A cuadras de esta casa ubicada al norte de San Salvador hay un parque pequeño con una cancha de cemento, encerrada entre tela metálica y oxidada. En esa cancha, hoy tapizada de hojas caídas, Jocelyn jugó fútbol con una selección de la colonia. Era delantera y goleadora. Desde la parte izquierda del parque su familia se reunió varias veces para verla jugar. Cuando desapareció, fue el primer lugar en donde la buscaron.

“Casi tres meses han pasado y no nos han dado ninguna respuesta. Uno, que está viviendo en carne propia este dolor, vive una incertidumbre”, cuenta su padre de regreso en la entrada de esta casa, donde esperan que Jocelyn vuelva.

 


 

La colección de peluches

 

“Muchos siguen buscando hasta que encuentran respuestas, aunque les lleve años. Desde su perspectiva, suspender la búsqueda antes sería como abandonar para siempre a la persona desaparecida”. Comité Internacional de la Cruz Roja.

“Aquí vi mucho sus caprichitos de niño. Vi mucho su infancia, corrimos juntos, gritábamos, nos deslizábamos juntos. Jugábamos pelota. Fue un lugar muy bonito para hacer contacto entre madre e hijo”. María Elena Larios está sentada en un borde del parque Cuscatlán. En las piernas tiene un peluche del Demonio de Tazmania que viste una camiseta blanca. Y con la mano izquierda sostiene una fotografía del rostro de Heriberto Antonio González, su hijo.

Aunque no está habilitado para el público, desde afuera de la Sala de Exposiciones Salarrué, el parque Cuscatlán es un espacio de San Salvador que le recuerda a Heriberto, a quien vio por última vez el 6 de marzo de 2010, cuando salió, solo y de 18 años, hacia Estados Unidos.

Desde entonces, María Elena conserva una colección de peluches del Demonio de Tazmania –“los Taz”, le dice ella– que dejó Heriberto. Recuerda que él, siempre que podía, compraba un peluche de ese personaje.

Esta mañana ella también carga otra foto de Heriberto. La lleva guardada en un sobre manila. El niño está parado frente a uno de los árboles del parque Cuscatlán. De eso ya han pasado 26 años. La foto tiene escrito atrás: 14 meses.

“¿Por qué cree que ando encima, encima, encima y no me gasto?”, pregunta María Elena. “Porque lo voy a encontrar», dice segura con una sonrisa. En los tres recorridos que ha hecho en México con la caravana de familiares de migrantes desaparecidos, entre 2016 y 2018, ha encontrado pistas, dice, que le dan esperanza.

 

Un espejo inestable llamado laguna de Alegría

Laguna de Alegría, Usulután

De aquella llenura quedaron secuelas: las marcas de la laguna crecida en el espacio donde hoy quedan visibles restos de azufre y las piedras, las porterías oxidadas de una antigua cancha de fútbol y una escuela que tuvo que trasladarse a una propiedad privada para seguir en funciones cuando faltaban dos meses para que terminara el año escolar. Veintiséis centímetros de agua azufrada se acumularon en esta escuela pública.

Los carros se quedaban en la entrada, no podían, como lo hacían antes, darle la vuelta al cráter del volcán Tecapa. El nivel del agua había aumentado tanto que podía cubrir la cama de un pick up. En una parte del volcán, las mesas que son ocupadas para pícnic también quedaron cubiertas de agua. Y quienes querían pasar un día en familia, cocinar y descansar debían atreverse a bordear la laguna, metiéndose en algunas partes del bosque.

La laguna de Alegría –la que una vez la poetisa chilena Gabriela Mistral bautizó como «la esmeralda de América», por el verde de sus aguas volcánicas– había crecido y todo El Salvador mantuvo, por un rato, los ojos fijos en ella. Tiempo después, la olvidó.

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La laguna con una sirena

Un brujo que mintió por venganza se enamoró de una joven que se llamó Xiri, pero ella no le correspondió. Fue por el siglo XII, cuando, cuentan, el volcán Tecapa entró en erupción. El brujo era parte de un grupo de invasores que asesinó a la familia de Xiri; enojado, fingió que predecía el futuro y que, para calmar su furia, el Tecapa necesitaba un sacrificio humano. Eligió a Xiri, quien tenía por mascota un ave, y la llevó a las laderas del volcán.

El sacrificio estaba a punto de consumarse, pero el ave comenzó a cantar y su canto fue suficiente para que el Tecapa llorara y parara su erupción. Sus lágrimas formaron la laguna de Alegría y desde entonces Xiri se convirtió en la sirena que hoy habita sus profundidades.

En 2012, dos artistas, Paola Lorenzana y Memo Araujo, que trabajaron por años proyectos culturales en Alegría, realizaron una caminata para colocar en una de las rocas del cráter una Xiri hecha y estructurada con piedras que donaron los habitantes de la ciudad. Hoy, la sirena está dañada, no tiene parte de su cara ni de sus pechos.

El nombre de Xiri, en la cultura popular, se relaciona con los hombres que se han ahogado en la laguna, pues otra de las leyendas habla de que en ese espejo de agua solo han muerto hombres jóvenes. Es Xiri la que los llama, dicen, los retiene en el fondo de la laguna y los expulsa después.

Carlos Mendoza, uno de los guarda recursos del volcán Tecapa, recuerda el caso de un joven que hace unos años subió a una de las piedras casi cubiertas por el agua, a la orilla de la laguna. Era una tarde a finales de año, volvía de cortar café de una de las fincas del volcán y decidió dar un paseo con su hermano. El joven se resbaló de la piedra y quedó pegado en el azufre bajo el agua. Así murió ahogado en minutos.

Mendoza es el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunitario (ADESCO) del caserío Los Mendoza, uno de los cinco caseríos que pertenecen al cantón San Juan, ubicado a 2 kilómetros del casco urbano de Alegría, y donde está la laguna. Es un joven taciturno que conoce la zona, sus caminos, sus veredas, a los animales y a las plantas que conviven ahí.

“No tenemos reporte histórico, de la conquista para acá, no existe ningún escrito ni nada que nos permita decir que el volcán ha entrado en erupción. Se conoce que hace unos 700 años el volcán El Hoyón –que está en la parte oeste de la laguna de Alegría o de Tecapa, y es un pequeño cráter– tuvo un periodo eruptivo”, aclara Eduardo Gutiérrez, coordinador del Área de Vulcanología del MARN.

Esta mañana camina por una vereda que hace una semana fue a limpiar de maleza, en la ladera sur del Tecapa. Desde acá, cuando los árboles no cubren el paisaje, se ve la laguna, ese cuerpo de agua pequeño a la orilla de una zona blanca donde una vez hubo agua, pero hoy hay piedras de diferentes tamaños y marcas de azufre.

Hace cuatro años hubo un incendio que acabó con un bosque de pinos en esta ladera del volcán. El incendio, según la Alcaldía de Alegría, consumió 50 manzanas. Comenzó en las faldas del volcán y subió toda la pendiente. Comenzó a las 2 de la mañana del 2 de marzo de 2015, un día después de las elecciones de alcaldes y diputados, recuerda Mendoza. Las llamas salieron del caserío Nieto González, a 1.5 kilómetros de distancia de donde hoy lo cuenta. Desde lo alto del volcán, señala a lo lejos, una casa para ubicar que atrás de ella fue el punto de inicio.

«Al final, la naturaleza pagó algo que no debía», lamenta, porque en Alegría suponen que el culpable fue un político de un partido diferente al que en esa ocasión ganó las elecciones municipales, pero nada se investigó.

Bosque submontano. El volcán Tecapa tiene una altura de 1,600 metros sobre el nivel del mar. Al bosque que crece en este tipo de altura se le denomina submontano.

El incendio paró hasta que, a las 5 de la tarde, llegó la Fuerza Aérea a tirar agua de un helicóptero. Antes de esto, los habitantes del Nieto González subieron con cántaros para intentar apagar las llamas, que, por suerte, no dañaron sus casas.

En ese incendio, Mendoza vio morir pinos y también encontró a una mazacuata, una de las serpientes más comunes en la zona, sujeta y calcinada en un árbol. Dice que por cómo la encontró colgada, el animal daba la impresión que quería huir y no pudo.

Entre el 26 y el 30 de septiembre de 2010, El Salvador sufrió la tormenta tropical Matthew, que luego fue degradada a depresión tropical y produjo un temporal lluvioso que dejó inundaciones y deslizamientos en varias zonas del país.

La estación meteorológica ubicada en Santiago de María, en el departamento de Usulután, con la que el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) monitorea el comportamiento de la lluvia en municipios de la zona norte de ese departamento, registró para entonces un acumulado de 253.5 milímetros de precipitación. Fue la zona donde llovió más en todo el país.

Si se parte de que el SNET determinó que el promedio histórico de lluvia fue un acumulado de 1,800 milímetros en todo el país –superados en 2010 por el paso de la tormenta–, en esa zona llovió en cada día del temporal casi tres veces más del promedio diario de toda la época lluviosa. Fue en ese año, según estudios realizados días después de la tormenta, que la laguna incrementó su nivel de agua desde abril a octubre de 1.55 a 2.35 metros. Otro estudio determinó que también había existido un incremento de agua similar en 1957.

Asentamiento. El caserío Nieto González está dentro de la zona que la Alcaldía de Alegría propuso en 2011 para que fuera declarada área natural protegida. Ahí viven unas 200 personas.

Para la geología, el volcán Tecapa es un volcán joven que fue formado hace aproximadamente 100,000 años por las grandes erupciones de un volcán que estuvo en Berlín, que hizo una caldera y dio origen al complejo volcánico Berlín-Tecapa, donde también está el volcán El Hoyón y el Cerro Pelón. Así lo dice un estudio que Jasmin Raymund, un canadiense experto en energía geotérmica e hidrología, realizó en 2001 con fines geotérmicos. Lo hizo para la LaGeo, una empresa de CEL, que extrae energía geotérmica en la zona de Alegría y Berlín.

Para el Ministerio de Medio Ambiente (MARN), lo que sucedió en octubre de 2010, cuando incrementó el nivel del agua de la laguna de Alegría, no fue que el volcán se inflara, sino que hubo una precipitación de lluvia. Esta laguna, explica Eduardo Gutiérrez, el coordinador del Área de Vulcanología de ese ministerio, no se alimenta de ningún afluente natural cercano que la llene, se alimenta de agua lluvia infiltrada, que no puede penetrar en los materiales porosos del volcán.

“Pareciera ser como si por dentro hay una corriente, como si tuvieras aquí la laguna y de pronto todo se colara, se fuera por un tubo, y toda el agua se perdió. Entonces como que está conectado a un río subterráneo y de pronto el río subterráneo disminuye de cantidad y la laguna se seca. El río aumenta y la laguna se llena. Coincide que los años que ha llovido muchísimo se desborda y llega hasta la escuela, pero en la mayoría de tiempo permanece bien pequeña”, señala el biólogo Néstor Herrera.

Desde que el MARN comenzó a monitorear la laguna de Alegría todavía no sabe cuánto tiene de profundidad, tampoco las características de su cámara magmática. Los lugareños que trabajan en la laguna hablan de 28 metros de profundidad, pero aún no hay estudios oficiales por la falta de recursos.

En uno de los edificios del MARN está el Centro Integrado de Monitoreo y Amenazas, el lugar donde se observa el comportamiento de la lluvia, los vientos, la tierra y los volcanes.

Para monitorear los volcanes, a través de equipo científico y tecnológico, hay tres personas que trabajan en conjunto con otros expertos para analizar los sismos y los deslaves.

El monitoreo volcánico consiste en detectar si hay alguna anomalía en un volcán, identificar las zonas que podría tener más impacto si existiera una erupción y en tener un sistema de alerta temprana con alcaldías y con la Dirección General de Protección Civil, por si es necesario evacuar a las personas.

«No tenemos reporte histórico, de la conquista para acá, no existe ningún escrito ni nada que nos permita decir que el volcán ha entrado en erupción. Se conoce que hace unos 700 años el volcán El Hoyón –que está en la parte oeste de la laguna de Alegría o de Tecapa, y es un pequeño cráter– tuvo un periodo eruptivo», aclara Eduardo Gutiérrez, en el espacio asignado al Área de Vulcanología, en el lado izquierdo de esta sala.

Bruja. La laguna de Alegría, según la tradición popular, es conocida como laguna bruja, ya que en época lluviosa se seca, pero en época seca se llena. Para los lugareños es un lugar misterioso.

Del equipo, el geoquímico Francisco Montalvo es el encargado de monitorear el comportamiento del volcán Tecapa y, por lo tanto, de su laguna cratérica. Esto lo hace de tres a cuatro meses por año. Montalvo es un hombre callado que está sentado frente a una computadora donde almacena gráficas y mapas que indican el comportamiento del volcán. Cuando se trata de volcanes, habla con propiedad de ese ser vivo que estudia. Lo hace sin pausas.

Antes de entrar en detalles, aclara que el comportamiento del Tecapa es similar al comportamiento del resto de volcanes activos que monitorean. Cuenta que su trabajo consiste en medir las temperaturas de la laguna, los niveles de agua y, desde hace dos años, también analiza la composición química de los gases de las fumarolas o las grietas que existe en el cráter.

Laguna de Alegría

Luego recolecta el agua, la lleva a un laboratorio y ahí analiza su nivel de cloruro, sulfato, sodio y potasio, para determinar los tipos de gases que el Tecapa está emitiendo, y así establecer si el volcán está tranquilo o si está incrementando su actividad. Al agua también le analiza su acidez (pH), que ronda entre los 1.7, 1.8 y 2.5, lo que indica que es ácida y de carácter volcánico; y su vapor, esto lo hacen con otro equipo del MARN.

Gutiérrez, por su parte, prefiere comparar la reacción del volcán cuando presenta un comportamiento fuera de lo normal con una persona que se comienza a sentir mal de salud y va donde un médico, y que al llegar al consultorio le hace saber que está irritada. El médico le hace el diagnóstico, y pese a que aún no identifique los signos que posteriormente vendrán, lo trata. El volcán es el enfermo dando señales de una posible enfermedad, los médicos son ellos.

Él muestra en una computadora una gráfica que representa las variaciones que han existido desde 2003, cuando el MARN comenzó a monitorear sistemáticamente el volcán, hasta el 29 de julio de este año, la última visita realizada. Se observan temperaturas que van desde los 50 hasta los 100 grados centígrados. El 29 de julio la temperatura fue de 72 grados.

El sulfato y el cloro son dos gases que están en el interior de la Tierra y acompañan al magma. Son los gases a los que, de acuerdo con Gutiérrez, les gusta ponerle atención, porque hacen relación entre estos y el nivel de volumen de la laguna. Las emanaciones de gases del volcán, dice, son las que aumentan el sulfato, y esto hace que la laguna tenga agua de color verde.

Laguna de Alegría

Para entender la combinación de estos gases, Gutiérrez pone otro ejemplo: si hay un vaso con agua al que se le ha mezclado una cucharada de azúcar y este se saca al sol, el agua va a comenzar a evaporarse, pero el azúcar no se va a mover. Por lo tanto, al medir nuevamente su nivel con el del agua, habrá más azúcar en relación con el agua.

Algo similar sucede con la laguna, si se comparan los niveles altos y subientes del espejo de agua se determina que la relación de dichos gases no ha cambiado. El Tecapa se mantiene dentro de un comportamiento normal de un volcán.

«Pareciera ser como si por dentro hay una corriente, como si tuvieras aquí la laguna y de pronto todo se colara, se fuera por un tubo, y toda el agua se perdió. Entonces como que está conectado a un río subterráneo y de pronto el río subterráneo disminuye de cantidad y la laguna se seca. El río aumenta y la laguna se llena. Coincide que los años que ha llovido muchísimo se desborda y llega hasta la escuela, pero en la mayoría de tiempo permanece bien pequeña», señala el biólogo Néstor Herrera, al referirse al comportamiento que históricamente ha tenido la laguna de Alegría, que forma parte del inventario de humedales del MARN.

Para la geología, el volcán Tecapa es un volcán joven que fue formado hace aproximadamente 100,000 años por las grandes erupciones de un volcán que estuvo en Berlín, que hizo una caldera y dio origen al complejo volcánico Berlín-Tecapa, donde también está el volcán El Hoyón y el Cerro Pelón. Así lo dice un estudio que Jasmin Raymund, un canadiense experto en energía geotérmica e hidrología, realizó en 2001 con fines geotérmicos.

Para Herrera, es probable que la laguna funcione así: el volcán Tecapa hizo erupción, pero hubo una roca que cerró. Los materiales de esta se hicieron impermeables y cayó el agua durante cientos de años y llegó un espejo de agua, que se hundió en un 10 %.

En una pendiente donde antes hubo cafetales y que está ubicada en la ladera externa del volcán Tecapa, cercana al casco urbano de Alegría, hay construcciones de casas en una parcelación y en una lotificación. Para hacer esas casas, asegura el coordinador de la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía de Alegría, Mauricio Hernández, los dueños no solicitaron permisos.

Según Hernández, han abierto expedientes de estos casos después de recibir una alerta del MARN e inspeccionar la zona, ya que ninguna de las construcciones tiene los permisos de ese ministerio, de la alcaldía, del Ministerio de Agricultura y tampoco del Ministerio de Vivienda. Por el momento, las obras –que además están en una zona de riesgo por deslaves y en un municipio donde son frecuentes los sismos por su composición volcánica– están paralizadas.

Este tipo de construcciones, dice el biólogo Néstor Herrera, generan especulaciones, porque si más personas ven que en este sector hay casas, van a querer vivir ahí también, lo que implicaría mayor extracción de un manto acuífero que, de momento, no se sabe si está conectado con la laguna.

Él hace una comparación con un estudio que realizó en 1998 en la laguna Verde, en Apaneca, Ahuachapán, cuando había cuatro bombas que directamente le extraían agua. Veintiún años después, dice, hay seis bombas y el espejo de agua se ha reducido aproximadamente en un 30 %. De tal forma que prevé que en 20 años más, la laguna estará seca.

Planos. Este es uno de los dos planos de las construcciones que han comenzado sin autorización en las faldas del Tecapa. La zona donde ya hay inmuebles es propensa a deslaves.

Luis Castillo, experto en física y geofísica y profesor de la Universidad de El Salvador, señala que tras formarse la laguna, el espejo de agua se fue llenando con la precipitación en los diferentes ciclos hidrólogos por siglos. También comparte la idea de que esta no puede ser la única forma en que se llene, debido a que en algunos casos, un lago o una laguna cratérica tiene un sistema hidrotermal subterráneo que puede alimentarle de agua que se recicla en otros volcanes o en elevaciones cercanas, y que llegue hasta el espejo.

De acuerdo con Castillo, si en los tiempos precolombinos en la zona de Alegría hubo asentamientos es porque los habitantes buscaron condiciones mínimas para vivir, como el agua. Aunque, dice, en ese lugar no observa esto, así que posiblemente se pobló por lo fértil que es la tierra o por la siembra del café.

Actualmente la Alcaldía de Alegría y el MARN gestionan declarar la laguna y parte del volcán Tecapa como área natural protegida, tras una petición de convertir 303 hectáreas en monumento natural. En 2011, el MARN hizo una precalificación, pero todavía falta que la alcaldía compruebe a las autoridades ambientales que la laguna es propiedad municipal y falta estudiar la zona para determinar si el ecosistema encaja dentro la categoría planteada.

Con el paso de los años, los abuelos de Alegría no dejan de contar las historias acerca de la laguna y sus características. Otra de las leyendas que sobrevive al tiempo es que esta laguna, así como otras, la formó un brujo que se encargaba de robar lagunas. El hombre volaba sobre el cráter del volcán Tecapa y llevaba un huevo: en la mitad había una laguna de agua dulce y en la otra mitad agua azufrada. Por accidente, el huevo se le cayó y se quebró en el cráter del lado donde estaba el agua azufrada, y así nació aquel espejo de agua.

Sus aguas crecen en la época seca y disminuyen en la época lluviosa. Por eso en algún tiempo la llamaron la laguna bruja. Era misteriosa y lo sigue siendo. Alguien que no conozca su comportamiento desde la ciencia no se explica qué sucede con aquel espejo azufrado que se resiste a morir.

Construcciones. Estas son parte de las casas construidas sin permiso en una de las laderas del volcán Tecapa, cerca del casco urbano de Alegría.

Una revolución que se desmorona

Daño. La estructura que sostiene al “Chulón” presenta fisuras. De su base también se desprende material.

Un hombre se está desfigurando. Ya ha perdido su mano izquierda, su pie derecho. De a poco, se va quedando sin sus dedos, sin sus brazos, sin sus piernas, sin su rostro. Cada parte de su cuerpo va cayendo a pedazos, de piedra en piedra. Y a la vista pública, al final de una avenida en San Salvador, sin que nadie le preste atención, «el Chulón» –gigante del tamaño de un edificio de cinco pisos, monumento a La Revolución de 1948 y edificado en 1955– se cae.

Ni siquiera estar dentro de las instalaciones del Museo de Arte de El Salvador (MARTE) le ha servido de garantía. En los alrededores del monumento se apila la basura, las colillas de cigarros, las latas, la arena que llega de las construcciones aledañas. Y, de bajo de su estructura, donde también se construyó un templo, ahora se ha vuelto un sótano que funciona como una bodega improvisada.

«El Chulón» también está al lado del Teatro Presidente, un espacio artístico donde las personas llegan por un concierto, recital u obra. Ahí, este hombre que alza la mano en son de libertad se va quedando sin forma.

Las piedras –que forman el todo– de este hombre son retratos que develan la transición política entre 1944 y 1950. Una ola de golpes de Estado que dejó fuera a la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez y a los gobiernos de Andrés Ignacio Menéndez, Osmín Aguirre y Salinas, y Salvador Castaneda Castro.

De una revolución que se edificó con las primeras elecciones democráticas en 1950 y la llegada del coronel Óscar Osorio a la presidencia. Un presidente que dio pie a reformas constitucionales que le otorgaron a la mujer su calidad como ciudadana e incluyeron derechos sociales, culturales, de familia y salud pública. Y de un monumento que representa los cimientos de las primeras expresiones del arte salvadoreño.

A sus 64 años, el monumento a La Revolución, no es solo una obra a gran escala, también es historia. Una que los salvadoreños no la nombran como «revolución», sino más bien «el Chulón». Este mismo reconocimiento y valor histórico es lo que lo hace parte del patrimonio cultural de El Salvador sin necesidad de una declaratoria.

Aunque la misma Ley Especial para la Protección del Patrimonio Cultural en su artículo 3 dice que los bienes relacionados con la historia son considerados patrimonio cultural del país.

Daño. La estructura que sostiene al “Chulón” presenta fisuras. De su base también se desprende material.

A pesar de ello, lo que un día fue diseñado por los arquitectos Óscar Reyes y Kurt Shulzs como un espacio público; hoy, está atrapado entre cercos improvisados y lleno de rótulos que advierten que se «prohíbe el paso». Y es que la obra representa un peligro de que sobre algún desafortunado caiga una roca y le reviente la cabeza.

Sin embargo, intentos por restaurar y conservar «el Chulón» han existido. El arquitecto Rafael Alas, encargado de las exhibiciones del MARTE, dice que, en 2009, el museo realizó un diagnóstico con ingenieros, arquitectos y especialistas en restauración para evaluar los daños en el monumento luego de 54 años sin mantenimiento y el peso de dos terremotos en 2001.

Según el documento, el monumento tenía que ser reparado en cada uno de sus bordes debido a las grietas, necesitaba un reforzamiento en su estructura y la restauración del mosaico. Todo de manera urgente.

Pero en 2009, tras gestiones con el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), hoy Ministerio de Cultura, lo único que se pudo pagar fue un reforzamiento de emergencia: dos columnas. Una al lado derecho y otra al izquierdo en la parte posterior del monumento. «No hubo fondo para más», cuenta Alas.

Aunque la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural, en los artículos 5 y 30, dice que el Ministerio de Cultura debe de preservar los bienes culturales por daño o peligro inminente, las autoridades no están cumpliendo, y tampoco dan respuesta sobre cómo se reparará.

La directora nacional del Patrimonio Cultural, María Isaura Arauz, no responde a las interrogantes, y desde la Dirección de Comunicaciones dice que es muy pronto para solventar las dudas y que aún sigue adecuándose a su cargo.

Desde su experiencia en el rescate de la memoria histórica y con 23 años de estar al frente del Museo de la Palabra e Imagen (MUPI), Carlos Henríquez Consalvi cree necesario que en las comunidades y la ciudadanía se impulsen espacios para la creación de políticas públicas a favor de la conservación del patrimonio histórico.

«Entendiendo la importancia que el patrimonio cultural tiene para la conformación de nuestras identidades, el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la comprensión de nuestra historia. Por esta razón también llamamos la atención sobre la urgencia de impulsar medidas de restauración y conservación para el mural realizado por el artista Julio Reyes, en el monumento a La Memoria y la Verdad, en el parque Cuscatlán», dice Consalvi.

En este mismo estado se encuentran tres piezas escultóricas elaboradas en 1950 y una plaza conmemorativa a Los Próceres, hecha en 1957 por el artista salvadoreño Valentín Estrada dentro del parque Balboa en Los Planes de Renderos. Musgo, grietas y hongos se hospedan en cada una de ellas.

Monumento a La Revolución
La obra solo ha sido restaurada una vez. Esto fue en 2009 cuando se realizó un reforzamiento de emergencia en la estructura.

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Entre los municipios de San Salvador, Panchimalco y San Marcos a 12 kilómetros de la capital se ubica Los Planes de Renderos, y en el corazón de este, un parque que es considerado unas de las reservas ecológicas más grandes del país, con 40 manzanas de vegetación propias de un bosque tropical: el Balboa.

Construido en 1949, el parque Balboa, el primer espacio hecho para la recreación; conserva piezas escultóricas que solo le llevan un año desde su fundación, 69 para ser exactos. Obras de las que no hay certeza sobre su proceso de conservación y restauración.

Un hombre con el poder de purificar, proveer y preservar la cosecha, Shiutetl –el nombre náhuat para el dios del fuego– está agrietado, su cara se ha partido. Cuando tiene suerte alguien de mantenimiento le limpia un panal de avispas que se niega a dejar de coexistir entre sus brazos.

Sótano. El templo que fue construido bajo el Monumento a La Revolución se ha convertido en una bodega improvisada.

En cambio, la Diosa de la Lluvia ha sido reparada para que una de sus fisuras no crezca, pero no precisamente por manos de un especialista, sino por el mismo personal de mantenimiento del parque. Una mezcla de cemento y una pequeña repellada ha sido la solución.

Entre musgo y pequeñas plantas que quieren crecer entre sus hendiduras está el Dios del Hechizo. Quizá con menos daño o a, simple vista, que solo tiene una fisura en toda la pieza.

Dios del Fuego. La escultura de Valentín Estrada está agrietada de todo el rostro. No hay registros sobre cuando fue la última vez que se restauró.

Cada obra tallada por la manos del escultor Valentín Estrada trata de sobrevivir entre la adversidad del tiempo, entre la historia que poco ha sabido valorar sobre obras que representan el rescate a la identidad y las creencias de una cultura hispanoamericana previa a la conquista española.

Sobre restaurar y regresar una obra lo más parecido a su estética, Jorge Orellana, director del Departamento de Conservación de Bienes Culturales Muebles de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura, conoce muy bien el campo. Considera que para saber sobre el daño que existe en las esculturas es necesario hacer una investigación técnica con especialistas; algo que hasta el momento no se ha hecho, según Orellana.

«Sé que sonará contradictorio, pero muchas veces el musgo ayuda a que este tipo de escultura hecha de piedra reconstruida no se deteriore ante las inclemencias del tiempo. Sin embargo, el problema es que las microraíces del musgo van penetrando la piedra y estas escarban y pueden levantar los cimientos con el paso de los años», dice Orellana.

Diosa de la Lluvia. La obra ha sido reparada por personal de mantenimiento del Parque Balboa. Un repellada de cemento ha sido la solución para que la fisura no crezca.

Otra de las creaciones de Estrada que se deteriora y se oculta entre el bosque del Balboa es la plaza a Los Próceres. Los bustos de Manuel José Arce, José Matías Delgado, Nicolás Aguilar, Manuel Aguilar y Vicente Aguilar ahora son caras desfiguradas con pintura deteriorada. La fuente en forma de alberca que está al centro del monumento ahora es un espacio para expresiones de grafiti.

Estas piezas son parte del patrimonio cultural como bienes artísticos de arte estatuario y escultura, por hoy, no son un referente; pasan ante la vista indiferente de personas que llegan al Balboa y del Estado que no da pie a conservar la historia y proyectarla a sus ciudadanos.

La Ley Especial para la Protección del Patrimonio Cultural, como otras tantas leyes salvadoreñas, se queda simplemente entre la tinta y el papel. Aunque se dice que el patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad, en El Salvador, muchos de estos lugares con gran valor histórico son abatidos por el tiempo, se caen a pedazos y sucumben en el olvido.