Una casa, un trabajo, una enfermedad

Fotografía de Raúl Benítez

Esta casa fue, hace 20 años, el depósito de esperanza y sueños de una familia de cinco. Para comprarla, tuvieron que presentar una solicitud al Instituto de Desarrollo Rural (IDA) de Costa Rica y así ser beneficiarios de un programa de vivienda de interés social. Era 1995. Durante casi tres años, sufrieron la burocracia como un castigo. Su solicitud para poder tener acceso a facilidades de pago del terreno y ayuda con la construcción de la casa pasó de mano en mano y solo fue aprobada hasta 1998. Lo recuerda Celia, ahora de 52 años de edad, sentada en una silla mecedora.

A finales de 2000, tres niños menores de 15 años con sus padres, Celia Martínez y José Quiroz, pudieron habitar la casa que, con esfuerzo, habían logrado construir en Agua Caliente, una comunidad ubicada en Bagaces, cantón de la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Hace 20 años, este lugar era todo un proyecto por desarrollar en la zona rural. Recién habían comenzado a repartir las parcelas y las ayudas para la construcción de casas. Cuando Celia y José con sus tres hijos llegaron, no había servicios básicos. «Hasta para agarrar agua teníamos que madrugar, porque no había el resto del día», hace memoria ella.

Esta familia estaba caminando a la contra de las masas. Para ese momento, la población urbana de Centroamérica ya había superado el 50%. La gente se estaba mudando en masa a las ciudades, un fenómeno que amenazaba con dejar sin trabajadores a la industria agrícola. Así que países como Costa Rica ofrecieron incentivos para que lugares como Bagaces no se quedaran sin habitantes y sin mano de obra agrícola.

Poco a poco, los Quiroz Martínez fueron llenando de muebles y recuerdos esta casa de 20 metros de largo por 8 de ancho, de ladrillo crudo, con corredor externo, sala comedor y dos dormitorios. Había espacio para colocar sillas, mesas, estantes y adornos. Había trabajo, a escasos metros, en las extensas plantaciones de caña de azúcar, de arroz, de melón y más. Ese fue el tiempo en el que menos habitada estuvo la casa. «Ellos no conocían el descanso, no perdonaban ni los domingos», cuenta Celia de esas jornadas que, para su esposo y su hijo, comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban a las 5 de la tarde, los siete días de la semana.

De toda aquella época de productividad a tope, lo único que queda hoy es un horizonte lleno de caña de azúcar y arroz. Así como el trabajo en la agricultura sirvió para pagar muchas cuentas del hogar, este trabajo y la ubicación de la casa también se plantean como parte de la red de condiciones que aumentaron las posibilidades de sufrir daño en los riñones. José, Celia y Diego, el hijo que quedó viviendo con ellos, sufren Enfermedad Renal Crónica (ERC). Las otras dos hijas no han querido realizarse las pruebas necesarias para dejar en fijo el diagnóstico.

Sombra. Una de las medidas a las que son obligadas las empresas agrícolas es a tener zonas de sombra para que los trabajadores puedan descansar y equilibrar la temperatura.

Un estudio publicado hace cuatro años estima que el déficit de vivienda en América Latina era de 34.3 %. Mientras que, solo para Centro América, el mismo valor correspondía a un 47.66 %. Estos datos, además, esconden otros. El 40 % del déficit para Centroamérica no es cuantitativo, es cualitativo. Se trata de casas que están en pie, pero no alcanzan a cumplir los requisitos mínimos para garantizar una estancia plena. Son viviendas autoconstruidas sin servicios como electricidad, agua o sanitarios o ubicadas en zonas que ofrecen riesgo. Así, como la vivienda que tanto les costó a los Quiroz Martínez obtener.

Y a esto se suma que la Enfermedad Renal Crónica llegó y transformó todo. Ahora todo lo que tiene que ver con este mal ocupa, al menos, la mitad del espacio de la casa de los Quiroz Martínez. Celia y José cuentan esta historia sentados en el corredor, en donde apenas cabe un par de sillas, el resto, está ocupado por las cajas de suero que les van a servir por los siguientes dos meses. Esta casa es más enfermedad que personas.

 

«¿Qué hace la gente? Cae en las manos de los que subcontratan sin ninguna garantía social y sin ninguna protección; terminan muriendo invisibles», resume Minor Picado, de La Voz del Pueblo.»

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La de los Quiroz Martínez no es la única familia vecina de macrocultivos afectada por la enfermedad renal crónica. Guanacaste es la provincia más grande de Costa Rica. Y también es una de las de mayor producción agrícola. Aquí se ubican ingenios azucareros que abastecen mercados locales e internacionales, como el Taboga. Esta región ofrece fuentes de trabajo en agricultura y los gobiernos se han encargado de mejorar la conectividad con la ciudad capital, San José, por medio de la construcción y mantenimiento de carreteras. Lo que no han podido hacer los gobiernos ha sido detener el alza en los casos de enfermedad renal.

El ministerio de Salud de Costa Rica ubica 11 cantones con más prevalencia de muertes por enfermedad renal crónica. De esos, 10 son de Guanacaste.

La enfermedad renal crónica que afecta específicamente a las comunidades agrícolas se comenzó a detectar hace 30 años. En todo este tiempo, sin embargo, es poco lo que se ha logrado definir en torno a causas. Se sabe, eso sí, que esta enfermedad tiene un evidente componente geográfico y social. Desde México hasta Panamá, estudios relacionan la incidencia de casos con: trabajo agrícola, altas temperaturas, limitado acceso a agua potable, baja escolaridad y, sobre todo, residir cerca de macrocultivos, lo que implica una exposición constante a agroquímicos.

El estudio más reciente y el que más se ha acercado a dar una respuesta a qué es lo que causa la enfermedad que sufren cientos de familias como las de Guanacaste es el que, en noviembre de 2019, publicó un grupo de 17 investigadores que hizo un seguimiento durante un año de los casos de 34 pacientes. Ellos fueron provenientes de: Sri Lanka, Francia, India y El Salvador. La investigación concluyó que las personas que residen en las comunidades agrícolas presentan una lesión específica que las hace vulnerables a sufrir esta enfermedad. «Sospechamos que los pesticidas utilizados en la agricultura son los responsables de provocar esta nefropatía«, explica en el estudio Marc de Broe, uno de los 17 especialistas que lo firma. «Aquí presentamos evidencia convincente de que la CINAC (Chronic interstitial nephritis in agricultural communities) es una tubulopatía lisosómica probablemente causada por una sustancia o sustancias tóxicas», se lee en el estudio.

Cuando los Quiroz Martínez lucharon por instalar su hogar en Agua Caliente, hace más de 20 años, esto no se sabía. Los números de la enfermedad renal crónica apenas se registraban. Y pese a la evidente concentración de casos en las comunidades agrícolas, todavía faltaba mucho tiempo para comenzar a investigar. En ese lapso, no solo cayó enferma esta familia. Alrededor de ellos, cada vez más gente se fue muriendo con los riñones marchitos.

Costa Rica comenzó a hacer un registro más específico de la enfermedad hasta hace apenas un par de años, así lo explica Adriana Torres, jefa de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud: «En el 2018, que fue el primer año en que se registró, se reportaron 617 casos para todo el país. Para el 31 de octubre de 2019, ya llevábamos 3,600».

Fotografía de Raúl Benítez

Estas son solo las personas a las que se les ha podido confirmar el diagnóstico de enfermedad renal crónica, porque, en las primeras etapas, no da síntomas y solo se puede detectar con pruebas como la que mide el nivel de creatinina. Y, aunque esta es una cifra parcial del verdadero impacto que tiene la enfermedad, plantea un problema serio de espacio en los hospitales. LA ERC es degenerativa. Eventualmente, el paciente necesita un tratamiento de sustitución de la función renal que puede ser la diálisis o la hemodiálisis. Ambos casos consisten en que por medio de un proceso externo -manual o mecanizado- se hace la depuración que los riñones ya no son capaces de ejecutar. Para estos procesos, un paciente debe tomarse varias horas al día, varios días a la semana. Los espacios hospitalarios no dan abasto. La alternativa es que los pacientes construyan su propio espacio en sus casas para poder hacerse ellos mismos la diálisis con mangueras gemelas, una que ingresa suero y la otra que lo saca. Los pacientes reciben los insumos, pero no está sistematizada una ayuda para modificaciones inmobiliarias. Así que es sumar más gastos justo en un momento en el que la mayoría de ellos ha dejado de cobrar un salario.

 

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Arnoldo López Ávalos señala a los tres hombres en batas celestes y les llama familia. Si de considerar familia a las personas con las que más se convive se trata, ellos lo son. Seis días a la semana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, esta familia vive aquí, en la sala de diálisis del Centro de Atención Integral de Cañas, Guanacaste, Costa Rica. La enfermedad renal crónica transforma dinámicas más allá de tejidos y medicamentos.

Cuando era joven, Arnoldo trabajaba como banderillero. Su función era pararse entre surcos de cultivos e indicarle a quien tripulaba una avioneta en qué lugar y en qué momento debía soltar la descarga de agroquímicos. Y, claro, a él también le caía sin reservas ese rocío de olor penetrante.

Ahora, a los 48 años, Arnoldo encaja en el perfil de paciente renal que está vigente en Costa Rica: dedicado a labores agrícolas, de 30 a 50 años, de recursos económicos limitados y habitante de Guanacaste.

Enfermedad renal. José Quiroz trabajó siempre en macrocultivos como caña de azúcar, piña, arroz, melón. Sufre enfermedad renal.

Hugo Delgado es médico de familia en el hospital de Nicoya, otro de los cantones de Guanacaste. Es uno de los que ha visto en primera fila el impacto de la enfermedad renal en la provincia. «Afecta a hombres jóvenes que llegan muy tarde, se diagnostican en estado 4 o 5; se diagnostican y, antes de un año, ya necesitan terapia de sustitución renal, la mayoría son diálisis», señala. El doctor Delgado habla desde una reducida clínica en donde da consulta. Sería físicamente imposible que todos los diagnosticados recibieran su tratamiento en la infraestructura de este hospital: «El 98 % de los pacientes se dializa en la casa a pesar de que estamos hablando de que esta es una población que vive en pobreza extrema y multidimensional«.

Las personas en pobreza no extrema superan el costo de una canasta de alimentos, pero no logran satisfacer todas sus necesidades básicas, incluidas las de vivienda. Mientras que aquellas que están en pobreza extrema mantienen un ingreso que no alcanza ni para cubrir el costo de una canasta de alimentos. En Costa Rica hay un 7.2 % de la población que vive en pobreza extrema, según el estudio Estado de la Vivienda en Centroamérica que lleva el sello del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), del INCAE Business School y de Hábitat para la Humanidad.

La voz de Celia cuando habla de su situación económica parece apagarse, sobre todo, cuando intenta explicar el peso que tuvo en sus vidas el trabajo en agricultura y en el ingenio: «No se vivía mal. Ganaba uno ganaba el otro; yo criaba chanchos, criaba gallinas; éramos pobres, pero vivíamos ricos a la vez. Pero ahora que ellos están en esta situación, es algo triste. Hasta ahora nos damos cuenta de lo cara que está la vida».

El Ingenio Taboga es una productora de derivados del azúcar con 60 años de experiencia. Es, aquí en Guanacaste, una de las principales fuentes de empleo. Pero, antes de poder recibir un contrato con esta empresa para ejecutar labores agrícolas, o incluso de otra índole, es necesario hacerse pruebas médicas para determinar que no se tiene ningún daño renal. Si sale positivo, no puede ser contratado. Esta es una medida avalada por las autoridades sanitarias que pretende «proteger a las personas de exponerse a que el deterioro sea mayor», de acuerdo con Adriana Torres, del Ministerio de Salud.

Y, este mismo discurso es el que defiende Shirley Romero. «Nosotros tenemos una política de responsabilidad respecto a cómo recibimos al trabajador. Pero hay disposiciones ya genéticas que escapan de nuestro control», explica Romero con respecto a la alta incidencia de casos de ERC más allá de quienes son, han sido o quieren ser trabajadores agrícolas. «Incluso, durante la zafra, ellos pueden estar bajo cuidados médicos, pero una vez que estas personas salen de la zafra, perdemos control sobre sus cuidados médicos», agrega.

Guanacaste. La zona de Guanacaste es una de las más productivas. Aquí se siembra caña de azúcar, arroz, piña, sandía, entre otras. Entre los cultivos, también hay asentamientos , escuelas y clínicas.

Bajo el argumento de que estas pruebas son información reservada, los ingenios no las comparten con los centros asistenciales ni dirigen a las personas a recibir atención médica. «Ellos (ingenios) se ocupan de hacer un prediagnóstico y no lo veo mal, pero esto tampoco está resolviendo la situación económica de este jefe de familia que, al final, está sin empleo y ya no consigue nada porque no es mano de obra calificada», explica Minor Picado, de La Voz del Pueblo, una organización no gubernamental que promueve el derecho al agua y a un ambiente limpio en Bagaces. «¿Qué hace la gente? Cae en las manos de los que subcontratan sin ninguna garantía social y sin ninguna protección; terminan muriendo invisibles», resume.

La cantidad de gente con ERC que se desplaza a los hospitales para recibir su tratamiento es, según el doctor Delgado, una minoría. Y lo hacen durante 3 a 6 meses, mientras dura el proceso de educación acerca de cómo hacerse la diálisis en casa. «La meta es que el 100 % lo haga en casa», señala.

Arnoldo, por su parte, ha pasado mucho más de seis meses recibiendo el tratamiento en el hospital en Cañas. Reunir todo el dinero que necesitaba para hacer los cambios en su casa de una sola vez fue imposible. Él ya no trabaja como banderillero ni en ninguna etapa de la agricultura. La enfermedad lo obligó a aceptar una pensión de la que vive él y aporta para sus hijos. Las modificaciones a la casa para contar con su cuarto estéril las ha ido haciendo de a poco. Y, recién ahora, está terminando. Espera que estas sean de las últimas veces que pasa ingresado seis días a la semana. «De mis compañeros han muerto montones. Esta enfermedad es la más mala que hay, agarra a cualquiera, avanza y no hay quite de ninguna manera», reflexiona.

«No se vivía mal. Ganaba uno ganaba el otro; yo criaba chanchos, criaba gallinas; éramos pobres, pero vivíamos ricos a la vez. Pero ahora que ellos están en esta situación, es algo triste. Hasta ahora nos damos cuenta de lo cara que está la vida», Celia Martínez.

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El déficit cualitativo de las viviendas en Costa rica es del 16% en zona urbana y, para la zona rural, casi se duplica para quedar en un de 29%, según el estudio sobre el estado de la vivienda en Centroamérica. A esto, se suma el riesgo de la ubicación.

Celia apunta a la derecha y cuenta que ahí se murió alguien hace unos meses por ERC. Del otro lado, hay uno enfermo y otro con síntomas. Agua Caliente es una localidad en donde este diagnóstico es casi un destino para todos. Nunca, sin embargo, que ella recuerde, ha venido acá una brigada médica a hacer pruebas, a dirigir campañas educativas o a capacitar acerca de cómo reducir riesgos.

La epidemióloga Thaís Mayorga, quien lleva años trabajando en la región, confirma que, como la de Guanacaste está habitada por familias con un nivel importante de pobreza, el éxito del tratamiento no se puede medir solo en el estado de la vivienda y la construcción de un dormitorio estéril. «Aquí hace falta velar por el acceso a los servicios de salud y a los servicios básicos -dice desde San José, la capital- la densidad de poblacional en la zona es muy baja, hay 35 o 40 habitantes por kilómetro cuadrado, todo queda lejos».

Así, Mayorga hace énfasis en que hay gente obligada a viajar casi 300 kilómetros por una consulta con un nefrólogo. O está la gente de Nicoya, que se ve obligada a desplazarse hasta 80 kilómetros desde su casa para ir a un hospital regional y, si lo que necesita es una máquina para realizarse una hemodiálisis, debe avanzar otros 200 kilómetros. «¿De dónde va a sacar dinero la gente, si ya no puede trabajar? No se puede cambiar de casa tampoco», pregunta. Son familias como la Quiroz Martínez, atrapadas en un ciclo de pobreza, explotación y riesgo.

«¿Qué hace la gente? Cae en las manos de los que subcontratan sin ninguna garantía social y sin ninguna protección; terminan muriendo invisibles», resume Minor Picado, de La Voz del Pueblo.

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A Celia le preocupa que, al filo del medio día, aún no ha hecho la limpieza de la casa. No ha podido barrer y no ha podido, a esta hora, limpiar con cloro la superficie de los dos dormitorios. Aquí, todo debe estar estéril.

La ERC no invade solo cuerpos. También ocupa la mayor parte del área de esta casa. A la entrada, en el corredor, una hilera de cajas con suero roban espacio. Adentro, los dos dormitorios, en realidad, no lo son. Son cuartos para diálisis que José y Diego han tenido que adaptar para poder hacerse el tratamiento que busca suplir la función ya perdida de los riñones como depuradores del cuerpo.

El afán de Celia por la limpieza no es pose. En estos cuartos es en donde su esposo y su hijo se hacen los tratamientos de diálisis. Ella también esta diagnosticada, desde hace 10 años, con la enfermedad de ellos dos, pero en una etapa más temprana. Esto la coloca en la categoría de «cuidadora», pese a lo difícil de su propia situación. Enferma, es normal que se canse, que se le van las fuerzas y que, a esta hora, no haya podido cumplir con la tarea del cloro, el trapo, la escoba.

Celia no trabajó más que de forma ocasional en la agricultura. No tiene diabetes y no sufre hipertensión, dos de las enfermedades de base que después desembocan en la ERC por causas tradicionales. La enfermedad de Celia se explica más en la casa, en la exposición constante a los agroquímicos y en lo que el estudio que hicieron los 17 científicos explican más como: «Los casos de nefritis intersticial crónica en comunidades agrícolas (CINAC) que también se han identificado entre individuos menos expuestos, incluidos trabajadores no agrícolas, mujeres y niños que viven en el mismo ambiente tropical». Y si Celia y su familia no hubieran venido a vivir aquí, a Agua Caliente, Bagaces, Guanacaste, ¿estarían enfermos?

Macrocultivos. Residir cerca de macrocultivos, es, de acuerdo con estudios reciente, uno de los factores de riesgo de sufrir Enfermedad Renal Crónica por causas no tradicionales.

Carlos Orantes es nefrólogo salvadoreño y fue otro de los 17 investigadores que firmó el estudio. En una oficina del Ministerio de Salud de El Salvador explica: «Hay una probabilidad incrementada de padecer ERC si se vive cerca de extensas áreas de cultivo, principalmente caña de azúcar».

Celia muestra los cuartos. En cada uno hay una cama, una mesa, un pedestal para el suero. Ella se detiene en dos lujos que costaron todo lo que le puede costar a una familia que, de repente, se queda sin ingresos. Son un lavamanos y un aire acondicionado.

«El aire lo tuvimos que poner por él, por Diego, porque con estos calores, se nos escapaba a ahogar. Le poníamos hielo encima y no servía de nada». Celia se apura a contar que fue en ese momento en que tuvo que vender los últimos animales que tenía, pero, igual, no alcanzó. Tuvo que organizar rifas entre sus vecinos, gente igual de pobre que ella que, por solidaridad, le compraba números.

Para los cuartos estériles solo pudieron comprar los materiales. La mano de obra la hizo José. Él, con la enfermedad a cuestas, colocó los lavamanos, pulió cemento y pintó paredes. Cuando estaba a punto de terminar el primero, cayó grave Diego, el hijo, y tuvo que cedérselo. Así, el segundo cuarto costó más. Ese todavía no tiene aire acondicionado y, a falta de otro espacio en la casa, es el mismo en el que duerme Celia, un acto contraindicado por los médicos.

José se siente derrotado. Antes de que la enfermedad le restara sus capacidades físicas, logró comprar el lavamanos para el segundo cuarto y la madera para instalar el cielo falso. «Pero eso quedó así, no tengo fuerza para ponerlo y tampoco tengo dinero para pagarle a alguien que lo haga», cuenta resignado.

Celia, por su lado, junta las manos y tira otra preocupación para adelante. La ERC es una enfermedad degenerativa, a menos que consiga un trasplante de riñón, ella también va a necesitar dializarse de forma eventual. «¿Y yo a dónde me voy a meter? Aquí, ya no hay cuartos».

Aquí, en esta casa en donde se encierra el calor del trópico, no hay cómo responderle.

Daño. Ingenios como el Taboga realizan prediagnósticos a las personas que buscan trabajar. Si encuentran daño renal, no los contrata, pero, tampoco comparte esta información con autoridades sanitarias ni indica a las personas qué pasos seguir.

Glenda Girón es becaria 2019-2020 de Bertha Foundation

Un palacio, iluminado por fuera, alberga documentos que se deterioran

Fachada del Palacio Nacional de El Salvador
Un palacio, iluminado por fuera, alberga documentos que se deterioran.

El Archivo General de la Nación custodia los documentos históricos de El Salvador, archivos que datan desde 1653, papeles que dan cuenta de los cimientos de la República, que tejen los recuerdos de la Colonia y la Federación Centroamericana. Es un espacio que preserva los lienzos fotográficos de los mandatarios de la época y la arquitectura del centro histórico y la nación en los últimos 60 años.

Un registro documental que también se nutre de colecciones privadas como la del escritor Alberto Masferrer, el ex presidente Maximiliano Hernández Martínez y series de instituciones bancarias y portuarias -ya extintas- como el Banco Industrial de El Salvador, Banco Nacional de El Salvador y la Compañía de Puerto El Triunfo.

A sus 72 años, pese a su matriz de papel, el archivo de la nación no cuenta con un área para recuperar acervos documentales de hace más de 100 años. Hay documentos que, desde que fueron escritos, no han sido restaurados por la falta de materiales y especialistas.

Son aproximadamente, 12 millones de folios que no pueden ser evaluados. Una extensión que se asemeja a calles repletas de documentos, tanta como la distancia desde el centro de San Salvador hasta el municipio de San Marcos.

Dar vida nuevamente al papel requiere de una suma delicadeza y de una infinidad de caricias. Cada documento es como un rompecabezas. Unir cada hoja, cada letra, es un desafío que depende de la antigüedad de la pieza y de reconstruir la obra lo más parecido a su estado original.

Cada hoja debe ser restaurada con base a sus niveles de pH debido a que cada documento contiene diferentes niveles de acidez, tipo tinta, composición química, pigmentos y sales de hierro.

Algo esencial para intervenir los archivos de la nación frente a su antigüedad y base de tintas ferrogálicas que devoran el papel.

Restaurar también supone tratar los archivos con materiales libres de acidez, insumos como pegamentos, adhesivos, pliegos de papel japonés con distintas bases para los injertos -un proceso donde se imita nuevamente la hoja y se reconstruyen las partes que faltan del documento-, y equipos para hidratar, encapsular, coser y reintegrar el papel.

Han sido años de descuido, años que su director, Luis Huezo Mixco reconoce en un memorándum como respuesta a una solicitud de información que pide a detalle el plan de restauración de los últimos dos años: 2018 y 2019.

El director del AGN escribe que -en 2018- no hubo ni un solo trabajo de restauración. Además asegura que, a inicios de 2019, el archivo general comenzó hacer un trabajo de recuperación luego de 11 años y múltiples solicitudes para adquirir materiales.

Anaqueles con los archivo general de la nación
Incalculable. El AGN no puede cuantificar los daños de su acervo documental. Se habla de 12 millones de folios que no pueden ser evaluados.

«El área estaba inactiva por carencia de materiales desde 2008. La prioridad fue, entonces, gestionar la compra de materiales en el extranjero. Como se verá, posteriormente, en los documentos que se incluyen en este mismo informe», asegura Mixco.

Ese año se elaboraron 450 cajas protectoras cuya compra fue local. Estos fueron productos que no estaban hechos del mejor material, pues cada estuche fue elaborado con bases de cartón compuestas por altos niveles de acidez. Y es que, en El Salvador, no hay ningún proveedor nacional que cuente con insumos para restaurar debido a que los costos son muy elevados y nadie ve mercado en la restauración.

En los últimos años, tampoco hubo un presupuesto definido para el AGN, el archivo general contaba con un fondo circulante que no sobrepasaba los $600. Un monto que también era compartido con la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).

Los fondos del AGN, en este gobierno, dependen de la Dirección General de Investigaciones, Acervos Documentales y Ediciones (DIGIADE) del Ministerio de Cultura. Para este 2020, MICULTURA cuenta con un presupuesto de $21 millones.

De esta cantidad, según el documento oficial, se ha destinado $18 millones para los servicios de protección, conservación, formación y difusión del arte y cultura. En este detalle no se precisa la cantidad con la que funcionará el Archivo General de la Nación.

A sus 72 años, pese a su matriz de papel, el archivo de la nación no cuenta con un área para recuperar acervos documentales de hace más de 100 años. Hay documentos que, desde que fueron escritos, no han sido restaurados por la falta de materiales y especialistas.

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No había pega para empastar, tampoco cuchillas, ni tablas para cortar. Ante la falta de estampadoras de papel, se ocupaban cintas adhesivas para identificar los documentos. La guillotina estaba escondida, porque «era demasiado grande» y cualquier empleado podría sufrir algún percance. Tampoco habían pesas adecuadas que aplastaran el papel, las disponibles eran unas hechas a bases de baterías de vehículo desechadas, plomo perjudicial para el humano y también para los documentos.

Denise, una especialista en la restauración documental, que llegó al archivo más grande del país para darle vida nuevamente al papel, tenía, literalmente, que sacar dinero de su bolsa y comprar los materiales para recuperar los documentos. Era julio de 2018. El año en el que el AGN, la institución encargada del patrimonio documental de El Salvador, no restauró ni un solo folio por la falta de materiales.

En aquel tiempo, Denise y el equipo de restauración -conformado por solo un restaurador a medio tiempo-, se las ingeniaban para recuperar un poco del patrimonio documental. Su capacidad se puso a prueba cuando tuvo que intervenir un diario oficial de 1876.

Cuando habla de curar un periódico antiguo, Denise, no calla. Habla con suavidad y acaricia una servilleta como si se tratara de un diario de la época. Repite cada que puede su propia norma.

Archivo histórico en restauración
Daño. El AGN no cuenta con un área de restuación documental. En 2018, la institución no restauró ni un solo documento a falta de material y personal.

Primero se limpia, luego se calca, se dibuja sobre la hoja, se hace una especie de fotocopia para restaurar lo roto y se encuaderna. 400 hojas fueron conservadas luego de que, Denise, ideara una fórmula con engrudo, pegamento de madera, papel de arroz y cartón piedra.

Bajo el anonimato, restauradores de papel coinciden en que se trabaja con carencias. Agregan que es necesario -un taller de restauración nacional- un espacio que esté equipado y conformado por biólogos, químicos, laboratoristas clínicos ya que «recuperar el papel va más que allá que una página rota». Y es que, tratar un documento, también requiere descifrar la causa de su aspecto amarillento, la cantidad de insectos que pueden alimentarse del papel y de las mezclas químicas que puede resistir cada manuscrito.

En su estancia de siete meses por el AGN, bajo la promesa de que sería contratada como restauradora a tiempo completo, Denise solo pudo empastar 10 libros e intervenir aquel diario oficial de 1876. No se le dio prioridad a su función. Su retiro del archivo general, se dio luego de que su trabajo no fuera remunerado y se congelara la plaza.

La Ley del Archivo General de la Nación, que regula las atribuciones y funciones del AGN desde 1948, detalla que la institución es la encargada de la conservación de manuscritos históricos y administrativos del gobierno central y municipal desde 1660.

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El panorama sigue igual en el AGN. El único restaurador apenas alcanza a verificar los pasillos del Palacio Nacional para dar una que otra sugerencia a sus compañeros sobre cómo conservar.

La Ley del Archivo General de la Nación, que regula las atribuciones y funciones del AGN desde 1948, detalla que la institución es la encargada de la conservación de manuscritos históricos y administrativos del gobierno central y municipal desde 1660.

Este archivo custodia la historia de «la cultura de varias generaciones» y es, por hoy, el centro de gestión documental de mayor proporción en el país. En este espacio, según la norma, se debe de conservar, restaurar, clasificar, describir, e inventariar el tesoro cultural documental.

En 2019, el Archivo General de la Nación pudo realizar su primera compra por $10,000 a través de una empresa nacional. En este pedido, el AGN adquirió materiales básicos para la restauración, entre ellos, pliegos de papel japonés con distintas bases para injertos, adhesivo libre de ácido y pegamento a base de metil celulosa.

Archivos históricos
Antigüedad. Los archivos históricos de El Salvador datan, según el Ministerio de Cultura,desde 1653.

A pesar de este primer intento por recuperar los documentos, la única persona con potestad dentro del AGN, tras 15 años como restaurador, no duda en responder: «La institución aún está en pañales». Y explica que, no solo se requieren insumos, también es necesario realizar un diagnóstico ambiental, determinar la temperatura, humedad, medir los niveles de contaminación, precisar la cantidad de organismos como el moho, hongos e insectos que acaban con el papel.

«Eso no más es el engaño. Yo por eso ya les dije a la gente que para procesos de restauración se necesita los equipos», asegura.

Luego de una consulta por archivos de 1932, es evidente que los procesos de restauración marchan lento. Un documento de la condición jurídica del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez se despedaza. No hay usuario que pueda concentrarse entre una tapa dañada que pareciera que el mismo papel se la traga y las páginas que apenas alcanzan a estar empastadas por una tira de adhesivo transparente.

Entre las instrucciones del AGN reza el tratar «delicadamente» los documentos. Se puede tomar fotografías, pero no manchar, ni destruir. Aunque la regla fue rota en libro de Martínez. En la portada se lee, a lápiz, un «cod 82″ para identificar la pasta.

Anaqueles con archivos
Sin condiciones. El Palacio Nacional no reune las condiciones para preservar los archivos históricos de El Salvador.

En algunos espacios -de los fondos documentales- aún hay hojas sueltas, rotas, amarillentas, toldos de papel kraft que «protegen» los documentos y rótulos de cartón señalizados con marcador para ubicar los pasillos de cada archivo.

El secretismo, con respecto al problema, impera desde el Ministerio de Cultura, esta institución no autorizó, luego de un mes de insistencia, ni una sola entrevista para conversar con los empleados y su director sobre los métodos de restauración. Hasta el cierre de este reporte no se otorgó ninguna respuesta.

«Entre más color mucho más es la acidez del papel», esta frase se repite como un mandamiento entre los especialistas de papel, pero en el AGN las cajas protectoras a primera vista son de color marrón y cada fondo funciona bajo las consideraciones de cada archivista.

Sin respuesta del Ministerio de Cultura, con respecto a la protección de los archivos históricos dentro del AGN, lo más cercano a la visión del gobierno es el plan Cuscatlán. En el ramo de cultura se menciona brevemente el resguardo de archivos. En tres líneas se lee: «Promoveremos la reestructuración, digitalización, reordenamiento y reubicación de los archivos históricos según los lineamientos de las normativas nacionales e internacionales».

Guadalupe Lobos, vicepresidente del Comité Memoria del Mundo en El Salvador, un organismo creado -desde 1999- por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) para identificar los fondos documentales más importantes del país, asegura que no ha existido voluntad política ni interés de los gobiernos de turno para restaurar y conservar los archivos históricos que son parte del patrimonio.

Lobos, también como ex directora del AGN, considera que a escala de país no hay ninguna ley que respalde o empuje con fuerza el tema de la custodia y protección de los patrimonios históricos y únicos.

«La Ley Especial de Protección al Patrimonio está, pero lo que dice es una generalidad. El enfoque con el que ha trabajado el Ministerio de Cultura siempre ha sido bajo la declaratoria de bienes muebles e inmuebles. No hemos llegado a la parte del patrimonio documental. Es una plana pendiente. Se debe oficializar la propuesta para evitar el robo y el saqueo de archivos históricos que no cuentan con la protección y son patrimonio partidos», enfatiza.

La necesidad de un plan de restauración dentro del AGN no es nuevo. Un informe especial de gestión ambiental de la Corte de Cuentas la República determinó, en 2017, que el Archivo General de la Nación no contaba con un proyecto de conservación y recuperación de documentos históricos.

Mesa para estudiar
Incalculable. El AGN no puede cuantificar los daños de su acervo documental. Se habla de 12 millones de folios que no pueden ser evaluados.

Esta situación llevó a que la Corte de Cuentas sugiriera el diseño de planes para la conservación, restauración, clasificación y descripción de los folios.

Luego de dos años, el director del AGN, válida un plan de restauración con base a un proyecto de preservación documental. Un proceso que difiere con la recuperación de archivos. La conservación se basa en un trabajo preventivo, en frenar el daño, a través de la limpieza, empastado y cuido de los documentos, pero no en recuperar.

Este plan, elaborado en febrero de 2018 y vigente para 2020, señala que: el personal está desactualizado en prácticas modernas de preservación, la falta de un manual de procesos técnicos aplicables, la ausencia de un inventario de materiales para la restauración y la indiferencia de las necesidades del AGN «a causa del desconocimiento sobre el rol del archivo general en la preservación del patrimonio».

En el archivo de la nación se respira más que incertidumbre. Los empleados alertan que en el sótano, donde se guarda el fondo de la Corte de Cuentas, el aire llevan más que polvo y se aspira moho. Los deshumidificadores de aire se echan andar tres veces por semana y no todos funcionan.

Instalar nuevos equipos supone un reto. Sobre todo porque el Palacio Nacional es parte del patrimonio desde 1980 y no es un edificio administrado por el AGN. Es decir, el monumento no puede ser intervenido, ni modificado por ningún motivo. Con los años, esto también ha afectado al AGN para la conservación de los archivos.

El Palacio Nacional, de acuerdo con un ex subdirector del AGN, no reúne las condiciones para albergar documentos. En primer lugar porque ya no hay espacio para más archivos y, en segundo, porque los daños en la instalación son serios. En invierno hay goteras, cambios de temperatura, poca iluminación y existe el peligro de colapso frente a un terremoto.

Estas condiciones frenan los avances para acceder a la información documental del AGN. El proceso de clasificación, catalogación y restauración es lento. Sin un orden, no hay oportunidad de conocer toda la información disponible dentro del archivo.

El centro histórico palpita con cada una de sus edificaciones, con su gente, su bullicio. El Palacio Nacional es una de las obras que se ubica en el corazón de la ciudad de San Salvador, un monumento que se destaca por su arquitectura y sus 100 años de antigüedad. Un tesoro que cobra vida cada mañana, cada tarde, cuando sus aceras se convierten en un lugar para estar, descansar o contemplar la majestuosidad de la catedral.

Aunque muchos se ven atraídos por un Palacio Nacional que se ilumina y atrae a los turistas y a su mismo pueblo, al final de una tarde, el Archivo General de la Nación con suerte recibe a cuatro usuarios al día. De momento, el AGN trabaja con lo que puede y tiene.

Aún cuando supone un gran reto pensar en el futuro, sin poder controlar todo lo del presente, la dirección del AGN asegura que entre los planes está el diseñar un espacio para un nuevo archivo. Uno que cumpla con los estándares y sea ideado junto a especialistas del Archivo General de la Nación de Costa Rica, los mayores referentes centroamericanos en la gestión documental.

Folios del archivo general de la nacion
Materiales. El AGN no contó con insumos para la restauración de documentos por 11 años.

Un Centro Nacional de Artes reducido al mínimo

Fotografías de Stanley Luna/ Ericka Chávez

El grupo de 10 estudiantes preparó la intervención y vistió de negro. No hubo escenario ni telones, más que la sala «Carlos Cañas» y enojo, mucho. Era enero de 2015 y el Centro Nacional de Artes (CENAR) abría las inscripciones anuales para las escuelas de Teatro, Música y Artes Visuales. Pero aquel grupo irrumpió ese salón, donde dos docentes entrevistaban a aspirantes y les explicaban los pasos para ingresar a la institución.

«Siempre que me pregunto que cuándo habrá maestros, ellos siempre me responden ‘no sé, no sé, no sé’. Y así pasan los días y yo perdiendo clases, y ellos contestando ‘no sé, no sé, no sé’… Están perdiendo el tiempo pensando, pensando, pensando. Por lo que más quieran, ¿hasta cuándo?», cantaron, los 10, en coro, la adaptación de Quizá, quizá, quizá, del cubano Osvaldo Farré, para reclamar por qué la dirección del CENAR no les decía a ellos, alumnos del segundo y tercer año del diplomado de la Escuela de Teatro, cuándo y quiénes ocuparían las plazas que dejaron dos profesores que, en 2014, abandonaron la institución para convertirse en funcionarios públicos y la de otro profesor que se fue a Australia.

El grupo subió a la segunda planta. Entró a la oficina de Marta Rosales, la entonces directora del CENAR, y se plantó frente a su escritorio. Le cantó. Rosales no atendió a los estudiantes y simuló hacer una llamada telefónica, pero ellos dejaron, en las gradas, una pancarta que decía: «Exigimos maestros». A los días la pancarta ya no estaba. Tampoco había maestros.

En junio de 2014, Salvador Sánchez Cerén llegó a la presidencia de la República acompañado de artistas y académicos que ocuparían las direcciones de la entonces Secretaría de Cultura (SECULTURA), e hizo promesas en el ámbito cultural que, por años, creyeron los artistas. La más rimbombante fue su acreditación legal, algo que el gremio exige desde hace décadas y que no obtuvo en los dos gobiernos del FMLN.

Pero mientras el segundo gobierno de izquierda hablaba de dignificar a los artistas, en el CENAR, las condiciones para los estudiantes eran otras. «Mis expectativas estaban bajando. Desde que empecé eran súper altas, al segundo (año) bajaron un montón, porque fue un gran cambio. Entonces adaptarse fue difícil, pero teníamos que hacerlo», cuenta Mariam Santamaría, una de los 10 alumnos que se manifestaron en la sala «Carlos Cañas».

Cubículos. No todos los cubículos de la Escuela de Música tienen aire acondicionado. Los alumnos tienen que abrir las puertas para ensayar, lo que interrumpe las labores de otras escuelas.

Santamaría tenía 19 años, y sentada en una grada del anfiteatro del parque Cuscatlán, dice que a esa edad no sabía cómo plantear soluciones, pero que decidió organizarse con sus compañeros de teatro para hablar con Rosales -no recuerda si antes o después de manifestarse-. Rosales es musicóloga e investigadora, por esto la consideraron una persona idónea para consultarle qué pasaría con el CENAR y cuándo habría una acreditación artística. «No se nos dio un panorama muy esperanzador. Dijo que en unos cinco años», recuerda. Y la acreditación no ha llegado.

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IMPROVISACIÓN

Habla bajo. Prefiere el anonimato. En el salón donde está hay dos pianos gastados por el uso y el tiempo, desafinados, y a uno le falta una tecla. No los ocupa para sus clases, pero a veces los necesita, porque en la Escuela de Música del CENAR solo hay un piano y teclados. Sobre estos pianos, que están a su izquierda, no se acuerda qué país los donó ni en qué año, supone que fue Japón. Lo que sí sabe es que valen entre $5,000 y $6,000.

El maestro lleva en su mano un folder con su planificación didáctica, pero en las primeras páginas del documento está la lista de los materiales que ha pedido a la dirección del CENAR, y que a una semana de comenzar las clases, no le han entregado. Entre la lista, pide un aparato para reproducir CD, plumones, toallas para que sus alumnos las mojen con alcohol y se limpien las manos después de los ensayos, y pliegos de papel bond. Otra vez pide los pliegos que durante cinco años le han negado.

«Uno improvisa o trae su material. El año pasado solo me dieron tres o cuatro plumones, porque dijeron que el Ministerio (de Cultura) no había dado materiales para nadie y cuando llegué a pedir allá, me dijeron que ya no había, no tenían, y los plumones hasta secos. A los alumnos les pedí y me consiguieron, sino yo los consigo», dice el maestro, conteniendo el ímpetu con el que quiere quejarse, porque irónicamente no le dan el material y lo regañan si se lo pide a los alumnos.

Desuso. Este es un piano en desuso, pero que puede repararse. Está en uno de los salones de clase.

Para este año lectivo, que comenzó el pasado lunes, el profesor dice que la Escuela de Música espera un aproximado de 200 alumnos repartidos en los instrumentos de violín, piano y percusión, entre otros, pero aunque ha escuchado comentarios sobre un presupuesto que puede desembolsar el Ministerio de Cultura (MICULTURA) para comprar nuevos instrumentos, no le asombra, ya que asegura que en el CENAR no hay cuerdas de piano y hay instrumentos que, como los pianos a su izquierda, están viejos y la administración prefiere botarlos o regalarlos, en lugar de preservarlos.

Su tono de voz se vuelve melancólico cuando habla de un piano-arpa que sacaron a un predio baldío que está al otro lado de este edificio. Es aquí cuando recalca que el área administrativa de una institución como esta debe saber de arte.

El CENAR es un centro de formación en artes que depende directamente del MICULTURA. De sus tres escuelas, Música y Teatro tienen cursos regulares que durante tres años y son impartidos de lunes a viernes. Los alumnos de Teatro tienen como requisito de graduación presentar un montaje. Artes Visuales imparte talleres que pueden durar desde uno a dos años. La mensualidad por las clases es de $15.

Sin embargo, quien estudia en el CENAR solo recibe un diploma de graduación que no equivale a nada desde un nivel de educación formal, por muy bueno que haya sido el alumno en sus clases. Este es un privilegio que sigue siendo solo de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de El Salvador (UES).

El maestro de música dice que en su escuela ha existido un curso al que le llaman extensivo, que puede durar más de tres años, pero nunca se sobrepasa este tiempo, porque el alumno se desanima al creer que no está estudiando para nada, por no haber una acreditación. El curso está siendo revisado por la coordinación de la escuela.

El presupuesto destinado al MICULTURA para 2020 es de $22 millones 595 mil 775, y de este total, se destinarán $18 millones 548 mil 380, entre otros rubros, a la formación, producción y difusión de la cultura y el arte, según el documento oficial del presupuesto del Ministerio de Hacienda. Además del CENAR, la otra institución estatal encargada de la formación artística es la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié.

Escultura. Este es el taller de producción de esculturas del CENAR. El área de escultura, además de este espacio, tiene dos salones, en los cuales a veces hay clases simultáneas.

Si se compara el presupuesto de MICULTURA con el del Ministerio de Gobernación y con la Fuerza Armada, existe una diferencia radical de $44 millones y $149 millones, respectivamente. El arte en este país no es prioridad.

Como el de música, una parte de la planta docente del CENAR está conformada por un aproximado de 30 maestros graduados del extinto Bachillerato en Artes, un bachillerato histórico creado con la reforma educativa de 1968, en plena dictadura militar, cuando el exministro de Educación Walter Béneke diversificó la oferta académica en educación media: hubo música, artes plásticas, artes escénicas y bachillerato académico.

Los alumnos no pagaban nada por estudiar en este bachillerato, y para los que venían del interior del país a San Salvador, había un albergue. Por la mañana los estudiantes recibían clases académicas y por la tarde clases artísticas. Salían acreditados por el Ministerio de Educación como artistas y como docentes.

En la segunda planta de este edificio, donde está la Escuela de Música, hay varias puertas cerradas en todo el pasillo. Son los cubículos que fueron diseñados para que los estudiantes de música practicaran solos o con sus tutores. Un espacio reducido y apropiado para concentrarse. Pero el aire acondicionado se arruinó hace años y los estudiantes mejor abren las puertas para ensayar.

«La institución no está adecuada para ser un Centro Nacional de Artes y música, porque las paredes deberían estar bien acústicas, bien selladas. No hay ninguna. La fachada tienen», apunta el maestro de música.

“Uno improvisa o trae su material. El año pasado solo me dieron tres o cuatro plumones, porque dijeron que el Ministerio (de Cultura) no había dado materiales para nadie y cuando llegué a pedir allá, me dijeron que ya no había, no tenían, y los plumones hasta secos. A los alumnos les pedí y me consiguieron, sino yo los consigo”, dice el maestro de música.

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DEMAGOGIA

La Escuela de Teatro fue convocada en el salón «Carlos Cañas» para recibir una placa de reconocimiento por su trayectoria. Los alumnos no la querían, querían buena infraestructura y utilería para sus obras. Cuando Homero López, maestro de la escuela, pasó a recibirla, de entre el público, comenzaron a levantarse los estudiantes de Teatro. «Para que no duela, pongan duelas», «Si quieren personajes, pongan maquillajes», repitieron para darle voz a los mensajes que también estaban plasmados en carteles que sostenían.

Un alumno, vestido de maestro de ceremonia, llevaba una placa que decía «Demagogia». Otra alumna le puso enfrente un cartel exigiendo materiales. El maestro de ceremonia tomó el cartel, lo rompió y le dio la placa. El grupo de estudiantes pasó al frente. Luego se fue.

En 2015, ya había pasado un mes de clase y todavía los alumnos de la Escuela de Teatro no sabían quiénes sustituirían a los tres maestros que se habían ido un año antes. Después de la segunda manifestación, se enteraron que había sido aprobado el contrato para dos nuevos maestros, dice Santamaría. Por lo demás, siguieron necesitando los materiales que pedían. Algunos de sus compañeros optaron por irse de la escuela.

Por esos días, recuerda que se encontraron en el CENAR al exsecretario de Cultura, Ramón Rivas, a quien le pidieron que les ayudara reparando las duelas de los salones de teatro, le pidieron maquillaje y vestuario. Él prometió ayudarles, pero la ayuda estatal nunca llegó.

«Yo recuerdo que las cosas que teníamos eran porque los maestros las hacían de material que había quedado de alguien, donaciones que se pedían. Igual, si nosotros queríamos algo, nunca considerábamos la vía de pedirlo. Revisábamos el vestuario que hubiera para ver qué cosas nos podían servir. No considerábamos hacer una carta. No se nos cruzaba por la mente. Eso no lo tomábamos a mal, era parte de la dinámica. Era así», señala Santamaría.

Fue así también cuando montaron, en tercer año, la obra que eligieron para su proyecto de graduación: La ciudad sitiada, de la española Laila Ripol. El maestro que les dirigió donó parte del material para la escenografía. Lo demás corrió por cuenta de los ocho alumnos del montaje y lo complementaron con la utilería de la institución.

Hoy, Santamaría tiene 24 años y es una artista que brilla. En 2017, junto a otra actriz, ganó el Premio Ovación, premio que otorga la Fundación Poma a un proyecto artístico para financiarlo. También ha sido la asistente de dirección de dos obras, una a cargo del Teatro del Azoro y otra a cargo de La Cachada Teatro, y ha actuado en un corto documental. Aunque dice que el teatro que conoció en el CENAR no era lo que buscaba, reconoce que estudiar los tres años le dio disciplina y bagaje.

Clases. Salón práctico de escultura. Aquí los alumnos realizan los modelajes de las obras y los docentes ocupan pizarra de yeso para sus clases.

LAS DUELAS

Homero López abre la puerta de uno de los salones con duelas. Es un salón en el que caben hasta 30 personas, se ocupa para clases, pero también para los montajes de la Escuela de Teatro. La madera del suelo está con pequeños hoyos, y entre los orificios que separan a una tabla de otra, hay polvo. No todas las luces de este salón encienden.

Minutos antes, en su oficina, López ha dicho que esta duela tiene más de 10 años de haber sido instalada y que, al consultar, sale mejor sustituirla que repararla, pero es caro y ninguna administración gubernamental ha respondido para hacerlo. No es la única necesidad de esta escuela, también, sostiene, falta utilería y vestuario, pero usualmente trabajan con donaciones, materiales que ellos ponen o que da el MICULTURA. Los teatreros no tienen una caja chica de la cual disponer para sus montajes.

«Es bien difícil para el grupo. Es bien difícil para el maestro, porque toca sacar del bolsillo, toca rebuscarse, ¿no? Entonces sería lo ideal (tener caja chica) y es lo que la institución está buscando. Hay tanto de fondos para el espectáculo, a sabiendas que va a ser un fondo considerable, modesto, pero con el cual vamos a poder trabajar. Pero el tener algunas limitantes se le ha encontrado algunas ventajas también. El hecho de ingeniártelas a crear con poco, o sea, con desechos prácticamente», dice López, que además de ser docente de Teatro, fue coordinador ad honorem por 10 años en la Escuela de Teatro, una función que solo interrumpió por tres años.

Tiene 65 años y es uno de los exbachilleres en Arte. Habla con elocuencia sobre teatro y formación artística. Al terminar su bachillerato, en 1975, estudió una maestría en Kiev, Ucrania, y se desempeñó como docente de teatro en México y en dos universidades de El Salvador. En marzo, López cumple 17 años de ser maestro en la Escuela del Teatro.

El CENAR debe tener coordinadores por cada una de las escuelas. De acuerdo con López, el limitado presupuesto ha impedido la contratación de un coordinador que se dedique meramente a esta función, y resalta el problema de que algunos coordinadores o directores de la institución han sido trasladados o removidos a un puesto dentro del ministerio y por el mismo salario, y así se quedan sin personal, porque cuando solicitan a un maestro, tampoco hay presupuesto para hacerlo.

Añade un problema que para él es universal: la dificultad para encontrar a especialistas en pedagogía artísticas en determinadas áreas, porque pueden haber muchos artistas, dice, pero pocos de ellos pueden ser pedagogos. Por esta razón, las escuelas de arte, incluido el CENAR, cuentan con lo más cercano que tengan para dar clase, como un artista que tiene experiencia en actuación o dirección de teatro, y luego aprende a ejercer la pedagogía.

El pasado jueves, días después de la entrevista con López, diferentes maestros del CENAR confirmaron que las autoridades de la institución hicieron oficial el nombramiento de los coordinadores por cada una de las escuelas. El coordinador de la Escuela de Teatro es el actor Óscar Suncín; el de Artes Visuales, el artista Rolado Chicas; y el de la Escuela de Música, el hondureño Josué Viera, quien en diferentes notas periodística ya aparece como coordinador de esta escuela entre 2018 y 2019.

En 2016, durante el gobierno de Sánchez Cerén, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Cultura, que formalizó en su artículo 86 la creación del Instituto Especializado de Nivel Superior de las Artes en El Salvador, una propuesta de la que el expresidente habló desde su campaña.

Este instituto pretendía la formación profesional de artistas y educadores artísticos, regidos bajo la Ley de Educación Superior, es decir, con miras a su acreditación. Pero pese a que se conformó un comité de cuatro artistas encargados de su diseño, entre ellos Marta Rosales, quien también fue Directora Nacional en Artes, el instituto no se ejecutó.

En octubre de 2016, Rosales, en sintonía con lo que señala López, dijo a la revista Séptimo Sentido que existían deficiencias pedagógicas en el país para implementar licenciaturas artísticas y que había artistas, pero no necesariamente estos eran docentes.

El gobierno de Nayib Bukele, en su Plan Cuscatlán, habla escuetamente sobre la formación «formal y no formal de artistas», y de una actualización y mejoramiento de la calidad y la oferta de la formación en artes.

Esta revista intentó entrevistar a la actual Directora Nacional en Artes, Sara Boulogne, para conocer sobre el presupuesto destinado al CENAR para este año y si este gobierno apuesta a una posible acreditación. Ella pospuso en dos ocasiones la entrevista y el pasado miércoles envió un mensaje a Whatsapp a un periodista de este medio en el que alegó tener una agenda saturada, y dijo que le contactaría cuando tuviera «todo listo para la reunión».

«Los políticos tienen que oír a los técnicos y oír a las personas que saben, y dejarse guiar. En El Salvador hemos tenido, en el área de la cultura, ‘yo lo sé todo, yo lo puedo hacer todo’, ‘eso no debe hacerse así’. Y todo lo deciden como si lo supieran y como si hubieran nacido sabiéndolo», indica la académica, directora de teatro y exdirectora Nacional de Artes, Tatiana de la Ossa, por medio de una videollamada desde Costa Rica.

A inicios de los 2000, De la Ossa presentó al Ministerio de Educación una propuesta para abrir una carrera de teatro en la UES que abarcara las especialidades de esta rama. También estaban pensadas tres maestrías y se pretendía vincular a los alumnos de las diferentes escuelas del CENAR en los procesos creativos. No tuvo respaldo de las autoridades de la época.

A la fecha, De la Ossa dimensiona los alcances que esto hubiera tenido: al menos tres generaciones de licenciados en teatro.

En el CENAR, Homero López asegura que desde abril del año pasado comenzó una revisión de la currícula, la cual fue suspendida por el cambio de gobierno, y fue retomada en diciembre. En esta tarea trabajan Boulogne; el director del CENAR, Walter Rojas, maestros del CENAR y un grupo de consultores contratados por el MICULTURA. López señala que esta especie de FODA les va a llevar a saber qué oferta y modelo educativo necesitan: puede ser un técnico, una escuela superior o un nuevo bachillerato en artes.

«A juzgar por las reuniones que hemos tenido, por lo que ellos nos han dicho (Boulogne y Rojas), por los diálogos que hemos tenido, porque trabajamos como equipo en las reuniones en esto de la currícula, sí hay interés, hay un gran interés por la acreditación. Eso es lo que vemos, lo que sentimos», dice López.

“Yo recuerdo que las cosas que teníamos eran porque los maestros las hacían de material que había quedado de alguien, donaciones que se pedían. Igual, si nosotros queríamos algo, nunca considerábamos la vía de pedirlo. Revisábamos el vestuario que hubiera para ver qué cosas nos podían servir. No considerábamos hacer una carta. No se nos cruzaba por la mente. Eso no lo tomábamos a mal, era parte de la dinámica. Era así”, señala Mariam Santamaria.

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MODERNIDAD Y CONTEMPORANEIDAD

Llegó en 2013, acompañado de un amigo, cuando estaba en el tercer año de la Licenciatura en Bellas Artes de la UES. Ricardo Flores no quería especializarse en escultura en su carrera, sino en dibujo, pero quería aprender sobre el tallado en piedra. La única opción que tenía era el taller de escultura, en la Escuela de Arte Visual del CENAR, donde ya había asistido otra amiga suya.

En la UES, Flores había cursado tallado en madera y reconstrucción en piedra, por eso quería aprender de una vez a tallar en piedra, pero no pudo. El taller libre al que aplicó está diseñado para dos años, era hasta el segundo que iniciaría el tallado, antes repasaría temas ya vistos en su carrera. No quería hacerlo, y predispuesto, al llegar al CENAR, preparó un portafolio para que los maestros vieran todo lo que podía hacer. «Por mí te pasara de un solo, pero aquí no nos dejan», le dijo una profesora.

Se desilusionó, pero se dijo que las técnicas para tallar piedra que él había observado no eran difíciles. Terminó aprendiendo en su casa, auxiliado de tutoriales.

«Si no es en la UES, en ningún lado, sino en Youtube. En escultura, en el país, solo son las instituciones de libre acceso las que enseñan escultura. Si se da en otras partes, o son estudiantes de forma particular, pero que pasaron por estos lugares (incluido el CENAR), o que lo aprendieron empíricamente. No hay otra universidad que dé escultura», asegura Flores.

A un costado del salón de prácticas, en el salón para clases teóricas, el escultor y docente Edwin Soriano señala una pantalla plana, al hablar sobre los insumos que esta escuela ha ido recibiendo para trabajar. Es una que el CENAR llevó en diciembre pasado. Antes de eso Soriano tenía que dar su clase teórica en otro salón con cañón, que no era de la escuela, y tenía que esperar turno para ocuparlo. De no ser posible, lo que hacía era compartir con sus estudiantes el link de un video y luego armaban tertulias en el CENAR.

Un maestro de Artes Visuales, quien no quiso identificarse, confirmó que el año pasado el MICULTURA desembolsó alrededor de $70,000 para la compra de materiales de esta escuela. No había algo así, dijo, desde 1993, cuando en el gobierno de Alfredo Cristiani fueron inaugurado las instalaciones del CENAR después de una remodelación.

Pero el área de escultura sigue con deficiencias. Tiene solo dos salones, el teórico y el práctico, y afuera, en el patio, está la producción de materiales. A veces los tres lugares están ocupados. Además, existe una contaminación de ruido, porque mientras ellos están tallando piedra, a veces los estudiantes de músicas están practicando. Soriano recuerda que esto no era así hasta antes que se arruinara parte del aire acondicionado y la entonces administradora del edificio dijera que, en lugar del aire, se pusieran ventanas francesas.

«La modernidad y la contemporaneidad vinieron y el CENAR estuvo asilado. Es porque se le quitó la acreditación ya con el Ministerio de Educación y también se le quitó la autonomía, semi autonomía financiera y la relativa autonomía que tenía como gestión. Entonces no tenemos autonomía de gestión y financiera, eso nos ha llevado al borde, un poco, del descuido por parte de los ministerios matrices», dice Soriano.

Él tiene 18 años de dedicarse a la docencia en el CENAR, donde dice que no había recibido una capacitación relacionada con pedagogía y arte, hasta noviembre. Antes los capacitaban en otros temas, como los administrativos.

Soriano, graduado del extinto Bachillerato en Artes, también ha cursado diferentes residencias artísticas en el extranjero, una de ellas la Escola Massana, en España, donde tuvo la oportunidad de conocer un convenio que esta tenía con la Universidad Autónoma de Barcelona, que consistía en que estudiantes de la universidad llegaban a la otra instancia a realizar sus prácticas y tenían la posibilidad de salir acreditados como licenciados o con un máster.

Él, recuerda, intentó hacer algo parecido hace años, cuando buscó nexos con la UES. Alumnos de la universidad llegaban al CENAR para explorar de qué forma hacían los convenios, porque en la Escuela de Visual dice que hay infraestructura y conocimiento técnico, mientras que la UES tiene conocimiento teórico y acreditación, aunque reconoce que también carece del presupuesto que deberían corresponder a una escuela de artes, ya que estas son caras, pero necesarias para el desarrollo cultural del país.

El escultor dice que, de acuerdo con lo que ha escuchado en las reuniones con autoridades del CENAR, se está apostando a una acreditación encaminada a una escuela superior, pero que actualmente no están las condiciones para esto, a menos que existan convenios con universidades. Y si se está revisando la currícula, se tienen que llevar al CENAR docentes con maestrías, doctorados, especializados en artes, pero de estos no hay muchos. Lo ve un poco increíble, porque se trata de una apuesta a corto plazo.

«Yo creo que está bien, pero hay que ver, hay que medir. Como decía mi abuela: ‘hay que medir el bocado que te vas a tragar. Hay que ser más realistas’», sugiere.

El largo viaje de Flor para conseguir salud

Fotografía de Javier Aparicio

Desde que el centro de salud a cargo de un Equipo Comunitario de Salud Familiar (ECOSF) dejó de funcionar en el caserío de Los Rosales, Flor debe caminar por más de una hora para poder llegar hasta la clínica más cercana en el municipio de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate.

Flor tiene cuatro meses de embarazo y corre el riesgo de perder a su hijo. Los médicos le han prohibido caminar, «agitarse» o hacer cualquier tipo de actividad que ocupe mucho esfuerzo. Su cuadro es de alto riesgo. Pero sin clínicas de salud cerca, ella debe hacer todo lo contrario para cumplir con sus controles prenatales.

En el caserío Los Rosales, el centro de salud comunitario cerró desde noviembre. Este cierre no es el único, según una contraloría del Foro Nacional de Salud, una organización creada -con la reforma de salud de 2010- para auditar la atención y los servicios de salud del sistema público. Otros 10 ECOSF han dejado de brindar consultas médicas en comunidades de San Salvador y Santa Ana.

Esta misma contraloría de finales de 2019 señaló que el Ministerio de Salud justificó los cierres señalando la falta de personal, instalaciones inadecuadas y problemas de seguridad.

Los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF) fueron creados, luego de la reforma de salud en 2010, para garantizar el acceso a los servicios de salud en zonas donde la atención no llegaba. Comunidades lejanas donde a sus habitantes les era difícil movilizarse hasta los hospitales debido a la falta de recursos y la extrema pobreza.

Los 578 ECOSF que funcionan a nivel nacional tienen por sede las Unidades Comunitarias de Salud de Familiar (UCSF). UCSF que, de acuerdo con los lineamientos de técnicos de los Ecos Familiares, deben ubicarse en el lugar de mayor accesibilidad, puntos geográficamente cercanos para las familias que no tienen acceso a los servicios médicos por la lejanía de sus comunidades en zonas rurales o urbanas.

Este modelo de salud familiar, en el primer nivel de atención, también fue ideado para tratar el 80% de las enfermedades que enfrentan los salvadoreños, entre ellas, el dengue, zika, chikungunya y padecimientos como la hipertensión, diabetes y problemas respiratorios.

El ECOSF de Agua Chuca, en Los Rosales, se ha esfumado. El modelo que se implementó desde hace unos ochos años en la comunidad no funciona más. Y, sin explicaciones de las autoridades de salud, el centro de salud cerró.

En Los Rosales, donde el transporte apenas llega y la solución para poder andar es caminar entre calles sin pavimentar, de perderse entre los polvos de tierra, de subir y bajar angostas veredas, de madrugar y salir entre las 4:30 o 5:00 am para llegar un poco antes de la siete y coger cupo para la consulta médica, no hay quien se ocupe de atender a los enfermos.

La falta de asistencia médica ha afectado a unas 400 familias y a otros seis caseríos. «son más de 1,000 personas», asegura Orlando Hernández, presidente de la Asociación Comunitaria del caserío Los Rosales.

Los ECOS Familiares responden a un modelo de atención ideado por el gobierno del FMLN hace 10 años para extender los servicios y priorizar el acceso a la salud en comunidades con una tasa de extrema pobreza. Son equipos comunitarios que, por cada centro de salud, asisten a 3,000 personas en el área rural y cubren, en promedio, a otras 7,000 en la zona urbana.

Acá, en el caserío de Los Rosales, el ECOSF era un privilegio, uno que les ayudaba a tratar su salud y no caminar por horas. Ahora, las opciones son pocas, para conseguir salud toca pagar o ir a pie.

La falta de asistencia médica ha afectado a unas 400 familias y a otros seis caseríos. “son más de 1,000 personas”, asegura Orlando Hernández, presidente de la Asociación Comunitaria del caserío Los Rosales.

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En Los Rosales, Flor sigue preocupada: «Los doctores dicen que puedo perder el bebé. Puedo tener un aborto y no habrá forma de que el bebé sobreviva».

Por hoy, no hay quien se ocupe de los pacientes, ni del mantenimiento del lugar. A Flor tampoco le llegan las razones que justifiquen el cierre del centro de salud.

El Ministerio de Salud, por el momento, no ha hecho una declaración oficial del por qué algunas sedes, a cargo de los equipos comunitarios, han cerrado. Hasta el cierre de este reportaje, el equipo de comunicaciones del MINSAL, no respondió a las múltiples solicitudes de entrevista.

Para este 2020, el presupuesto de salud registró un recorte de $33 millones. Esto solo en el rubro del primer nivel de atención. Nivel en el que se inyectan los fondos para el funcionamiento de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar y los ECOSF.

El recorte de los fondos en el primer nivel, no coincide con la estrategia de salud del nuevo gobierno. De acuerdo con el plan Cuscatlán, los equipos de salud comunitarios contarán con nuevas instalaciones, recursos humanos, insumos y tecnología para garantizar la atención de las familias. Pero esto no pasará en el primer año de mandato.

La situación se vuelve más preocupante en el caserío Los Rosales y lugares aledaños del municipio de Cuisnahuat. La disminución del presupuesto en la zona occidentales el más alto entre la región central, paracentral y oriental. Este año, el primer nivel de atención en occidente funcionará con $10 millones menos.

Las autoridades de salud tampoco han dado detalle de los cierres a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Desde el parlamento se solicitó un informe por la falta de atención en tres ECOSF de la zona central. Una medida que ha afectado, desde octubre, a unas 4,000 personas de las comunidades: Los Letona, Santa Gertrudis y el cantón Las Flores en San Martín.

«La Comisión de Salud acordó, desde noviembre, dar seguimiento a la situación de las comunidades afectadas en San Martín. Los cierres son un retroceso para la atención de salud en el primer nivel. Esto podría impactar en los indicadores salud de la mortalidad materna e infantil», afirma María Elizabeth Gómez, presidenta de la Comisión de Salud.

A estas comunidades, la falta de servicios de salud los ha llevado a recibir atención médica hasta los hospitales de San Bartolo o Cojutepeque. Lugares mucho más lejos del centro del municipio. Los afectados no pueden viajar hacia lugares donde tienen prohibido llegar.

Viajar hasta Cuisnahuat es cansado. A los caminos de tierra solo los adornan terrenos áridos y uno que otro cultivo de caña. No hay lugar para descansar, ni sombra que apacigüe los rayos de sol. Y frente al calor sofocante, no queda más que acelerar el paso para llegar al destino cuanto antes.

Con una barriga de cuatro meses de embarazo, Flor se las arregla para ir y venir a pesar de que el trayecto no sea fácil. De lo contrario, tendría que pagar unos $10 para que un camión la lleve hasta Cuisnahuat, una cantidad que la joven no tiene.

Orlando, presidente de la ADESCO, explica que otros seis caseríos se ven afectados por la falta de consultas médicas. También señala que los más perjudicados son los niños y niñas que recibían controles de niño sano, los adultos mayores con problemas para movilizarse, las mujeres embarazadas y las personas con pocos recursos que accedían a medicamentos gratis.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que la atención primaria, bajo un sistema integral de servicios con enfoque familiar y comunitario, contribuye a la cobertura y el acceso universal a la salud de las poblaciones más vulnerables.

Sin atención. En el caserío de Los Rosales, el centro de salud comunitario cerró desde noviembre.

«Estas medidas, además de favorecer el acceso y la calidad de atención, provocan nuevas economías para los hogares que ya no tienen la necesidad de realizar grandes desplazamientos. Con este sistema de salud, las familias logran resolver localmente sus necesidades en salud», asegura la OPS en su informe «El Salvador en el camino hacia la Cobertura Universal de Salud».

Sin atención, los habitantes del caserío y zonas aledañas optan por quedarse en casa. Los recursos económicos limitan a muchos. Sobre todo, a las familias que sobreviven de la cosecha de maíz, maicillo, banano, tomate, frijoles y el ganado.

Camino a su hogar, Flor señala que aquel espacio «desolado» era donde ella solía recibir su control prenatal. «A solo unos 10 minutos a pie».

La falta de servicios de salud también afecta a Francisca Elías y a sus dos pequeños de tres años. Sin atención, los gemelos han dejado sin continuidad sus controles de niño sano.

Además, la situación de Francisca ha empeorado desde que uno de sus gemelos enfrenta complicaciones en su ojo izquierdo. Pero sin dinero y sin transporte, no puede hacer mucho.

«Con ellos no puedo caminar. Los niños siempre piden que uno los cargue. Antes, para mí, era mucho más fácil. Estábamos a la par de donde atendía el equipo comunitario. Ahora, uno debe levantarse a las cinco de la mañana, o mucho más antes, para ir a Cuisnahuat. Sin dinero se hace difícil, así que debemos esperar», dice Francisca.

De acuerdo con el Foro Nacional de Salud, la falta de atención en los ECOSF ubicados en Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, es preocupante. Esto debido a que el municipio está catalogado con un alto índice de extrema pobreza. Un porcentaje del 52.40 %, según el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).

Morena Murillo, experta en temas de salud y coordinadora de la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud, asegura que los cierres de los ECOSF son un retroceso para el acceso de salud de familias que antes no contaban con los servicios.

«En los lugares donde nunca hubo servicios de salud, necesitas garantizar que el modelo de atención comunitaria se mantenga. Necesitas fortalecer ese sistema de atención, no cerrarlo. Los cierres son contraproducente para las familias de escasos recursos. También complicará la atención en otros niveles ya que el 80% de las enfermedades que padecen los salvadoreños pueden ser tratables en el primer nivel de atención», aclara Murillo.

Tratamiento. Sin atención médica, los afectados han dejado sin continuidad sus controles médicos. Tampoco obtienen sus medicamentos.

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Francisca y Flor no solo han perdido sus controles médicos. Los afectados con el cierre ya no cuentan con medicina gratuita, tampoco tienen servicios de curación o vacunación.

Amilcar Pintín, secretario de la ADESCO del caserío Los Rosales, asegura que las autoridades de salud -en Cuisnahuat– se reservan la información sobre lo que pasará con el ECOSF.

«Simplemente dicen que es una orden del gobierno central. Aseguran que no hay personal, ni médico que pueda atender a los pacientes. Antes contábamos con una farmacia, un consultorio de salud, camillas y un área ambulatoria», explica Pintín.

Ante los cierres, el coordinador de los ECOSF del municipio de Cuisnahuat, Mauricio Macua dice poco. Macua asegura que no está autorizado para hablar sobre el tema.

«Para nadie es una mentira la deficiencia que han tenido todos los gobiernos. Este gobierno no será el único. Todos tenemos deficiencias. Pero con respecto a la situación de los ECOSF, no podemos darle ninguna información. Puede concertar una cita con el Jefe departamental del Sistema Básico de Salud Integral. Él podrá darle más detalles», expresó Macua.

Hasta el cierre de este reportaje, tampoco hubo una respuesta del Jefe departamental del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI).

Abelardo Tobar, residente del caserío San Pedro, asegura que las jornadas médicas se han suspendido hace 10 meses. Abelardo lleva el tiempo exacto ya que desde esa fecha, su hijo de dos años no recibe atención médica.

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A SAN PEDRO Y A LA HACIENDA TASULATH TAMPOCO LLEGAN LOS SERVICIOS DE SALUD

A 7 kilómetros y medio, al poniente de Cuisnahuat, la situación es diferente. El ECOSF del Caserío El Palmar no ha cerrado, pero la asistencia médica es deficiente. La atención tampoco llega a las comunidades lejanas como San Pedro y la Hacienda Tasulath.

El ECOSF del Caserío El Palmar es un espacio modesto. Solo hay un consultorio y lo demás del lugar se divide entre archiveros, unas cuantas cortinas hospitalarias, paredes que sirven como carteleras de anuncios y un estante para los expedientes médicos.

Carmely Guerrero, coordinadora de la Unidad Comunitaria, asegura que, a pesar del poco personal, el ECOSF no ha dejado de brindar atención. Guerrero sostiene que las actividades «se retomaron» luego de las festividades de fin de año, en la segunda semana de enero.

El problema del caserío El Palmar y las comunidades aledañas es que el centro de salud comunitario atiende dos veces por semana. Los martes y jueves. Así que la opción de los habitantes para tratar cualquier enfermedad se reduce a estos dos días. En lo que resta de la semana no hay médico que atienda alguna emergencia.

Sin un médico, los lunes, miércoles y viernes, los habitantes del caserío El Palmar deben arreglárselas para caminar o pagar $20 por un camión que los lleve hasta Cuisnahuat.

En los días sin consultas, el equipo de salud familiar, según Guerrero, debe trasladarse hasta los caseríos más alejados. Comunidades que ubican a unas tres o cuatro horas del ECOSF de El Palmar, entre ellas, San Pedro y la Hacienda Tasulath.

Abelardo Tobar, residente del caserío San Pedro, asegura que las jornadas médicas se han suspendido hace 10 meses. Abelardo lleva el tiempo exacto ya que desde esa fecha, su hijo de dos años no recibe atención médica.

«Mi hijo va creciendo a la voluntad de Dios. Esta es la realidad de uno de pobre. Antes, los médicos venían, se acercaban al caserío, pero desde hace meses nadie viene», cuenta Abelardo.

Afectados. Los cierres han afectado a las mujeres embarazadas, a los niños y niñas que recibían controles de niño sano y a los adultos mayores con problemas para movilizarse.

La organización de Profesionales para la Transformación de El Salvador (PROES) aclara que hay deterioro evidente del sistema de salud debido al «paulatino abandono» del modelo de atención comunitario.

«El aumento de enfermedades se debe a la poca atención y abordaje intersectorial centrado en la persona, la familia y la comunidad. Esta fue la esencia de la reforma de salud que tuvo impactos positivos en indicadores como la reducción de la mortalidad infantil y baja de la mortalidad materna. La misma OPS reconoce que la reforma colocó a El Salvador entre los países de América Latina con más avances de salud», explica PROES.

A otros tres kilómetros y medio, la situación pinta igual, la Hacienda Tasulath es un caserío olvidado por el equipo comunitario de El Palmar. Al camino solo lo adornan los peñones y los cultivos de caña. Reina la ausencia y las pocas ganas de aventurarse a un viaje de cuatros horas a pie.

Ada Luz Rivas es una mujer de 72 años que vive en la Hacienda Tasulath. A su edad, la anciana asegura que a pesar de sus dolencias y de una artritis que solo puede empeorar, no viajará más. Luz ha optado por esperar. Aguarda a que, luego de cinco meses, el equipo comunitario cumpla con sus jornadas médicas en lugar.

«Quisiera que hubiese una clínica en el caserío para pasar consulta. A veces, uno está bien grave y tiene que pagar para que lo lleven. Y si uno no pasa consulta, no viaja, hay que arreglárselas para comprar pastillas e ir pasando la enfermedad», dice Luz.

Ante la ausencia del ECOSF en los caseríos de San Pedro y la Hacienda Tasulath, la promotora de salud de El Palmar asegura que «es difícil llegar con poco personal». La Unidad Comunitaria solo cuenta con una doctora, una enfermera, un auxiliar y una promotora de salud.

Por el momento, frente los problemas de atención, el ECOSF de El Palmar ampliará sus horarios para cubrir más consultas médicas. Lunes, miércoles y viernes.

La medida no beneficia a los caseríos de San Pedro y la Hacienda. Un día más de atención en El Palmar, representa, en teoría, un día menos para las jornadas médicas en las zonas retiradas.

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Para Flor las soluciones no llegan. Luego de tres meses, se le hace incierto saber lo que sucederá con el ECOSF del caserío Los Rosales.

«Nos han dicho que debido a la insistencia de las familias, el ECOSF atenderá una vez por semana. Esto lo ha prometido el director de la Unidad de Salud de Cuisnahuat«, cuenta.

La solución sigue siendo insuficiente para Flor y las demás familias. Una consulta por semana no bastará para atender a los pacientes de los siete caseríos. Y limitar la asistencia médica bajo un sistema de cupos -no podrá garantizar- que todos sean atendidos por la prioridad de sus casos.

Ausencia. A las comunidades de San Pedro y la Hacienda Tasulath no llega la atención médica.

Los vecinos del Sur de Honduras tienen dañados los riñones

Fotografía de Glenda Girón

Read this article in English: Honduras: The neighbors of the South have damaged kidneys

Ángel Ortega levanta el brazo y apunta con el dedo. Allá, a 800 metros de esta su casa, empieza un campo que luce ahora desprovisto, pero que, pronto, estará lleno de melones hasta donde alcance la vista. Ángel baja rápido el brazo, no lo puede sostener así por mucho tiempo. Tiene las venas hinchadas como con pelotas y la piel marchita después de cuatro años de recibir tratamiento para su enfermedad. Siente dolor.

La cosecha de melón de 2018/2019 fue histórica para Honduras. El precio internacional de este fruto acuoso creció en un 45 %. Y el valor solo de lo exportado ascendió a 110,1 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central de Honduras. La gran productora de melones es la zona de los departamentos de Choluteca y Valle, el Sur, fronterizo con El Salvador y cercano al Océano Pacífico. Ángel apunta el lugar en el que está la melonera, a la derecha de su casa. Y, agrega que, si va al frente, un kilómetro, encuentra los campos de caña de azúcar. Esos 800 metros y ese kilómetro están llenos de casas.

Ángel llegó a trabajar a Monjarás, Choluteca, en 1977. En 1988, logró comprar un terreno para construir su casa. Llegó como a los 20 años, atraído por una oferta de residencia y trabajo. Se levantaba a las 3 de la mañana y se iba al campo. A las 8, ya había terminado una tarea y comenzaba otra. Así, hasta las 4 de la tarde, cuando dejaba de trabajar los terrenos de otros y se iba al propio, donde tenía maíz y frijol. Este horario imposible es el que podrían repetir casi todos los hombres de esta comunidad de Monjarás que se dedican a la agricultura.

Ahora, Mojarás tiene 7,500 casas, 16 escuelas, dos agencias bancarias, cerca de 20 tiendas de ropa y varios restaurantes. Ángel, por su parte, ya no produce. Pasa los días en la hamaca que ha colgado del corredor externo de esta casa de ladrillo crudo, con letrina externa que se parece a muchas otras de esta zona. Hace 4 años, a Ángel le dijeron que sufre enfermedad renal crónica. Un diagnóstico que, como la agricultura, el ladrillo crudo, o la letrina externa, es un factor común en muchas viviendas de esta región.

La enfermedad renal crónica, se puede decir ahora, tiene dos categorías. Una, la tradicional, es la que se presenta junto con otras enfermedades de base que son la diabetes y la hipertensión arterial. La otra, que es la que sufre Ángel, ha sido difícil de nombrar. Tiene como características que aparece sin enfermedades previas y a una edad más temprana. Y se presenta entre quienes tienen en común una serie de condiciones sociales específicas, entre ellas: trabajar en agricultura y residir en áreas en donde hay cultivos masivos.

Fotografía de señor en una hamaca
Diagnóstico. Ángel Ortega está, desde hace 4 años, en tratamiento por enfermedad renal crónica. En Monjarás, Choluteca, Honduras, el diagnóstico es común entre los vecinos.

Carlos Orantes es nefrólogo en El Salvador y ha sido pionero, desde 2009, en dirigir estudios que ayudan a delimitar las causas de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales. Orantes es asesor del Grupo de Expertos en Sri Lanka para el enfoque de la ERC que afecta a las comunidades agrícolas; es autor en revistas científicas y, recientemente, ha publicado capítulos sobre el tema en el libro Medicina interna y nefrología clínica en la Universidad de Oxford. Orantes ha sido profesor visitante en la división de Nefrología del Hospital General de Massachusetts, la Escuela de Medicina de Harvard, el Centro Médico Harbor-UCLA y el Centro Médico Cedars Sinai. «Esto se puede ver como enfermedad o como epidemia», apura como aclaración inicial.

«Cuando usted la enfoca desde el punto de vista individual, el fenómeno se circunscribe a los signos, síntomas y dolencias de la persona; este enfoque es fundamentalmente médico y es necesario implementarlo». Orantes habla desde una sala de juntas en el Ministerio de Salud, en el centro de la capital salvadoreña. El conocimiento, sin embargo, lo ha adquirido en las comunidades que ha tenido que recorrer para realizar los estudios que ha publicado en revistas médicas. «Pero, cuando esta enfermedad se presenta no en una, dos ni en tres; sino en muchas personas en un límite geográfico, social, ambiental y con características específicas de condiciones laborales insalubres, entonces esto ya no es un problema individual, sino que un problema de las colectividades humanas».

La enfermedad renal crónica de causas no tradicionales presenta números elevados desde México hasta Panamá, pasando por el corredor del Pacífico centroamericano. De acá que los especialistas se hayan puesto de acuerdo para llamarle nefropatía mesoamericana. «Ya no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de epidemia. Y como afecta a más de dos países, esto ya se convierte en pandemia», explica con alarma Orantes, una de las voces más autorizadas del continente.

En Monjarás, Ángel y sus vecinos no lo ponen en palabras, pero llevan años de experimentar en carne propia esta pandemia que se ha afincado en las comunidades agrícolas del Pacífico, sin que, hasta el momento, haya podido ser detenida.

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Honduras está dividida en 18 departamentos en donde viven 9.2 millones de personas. Choluteca y Valle son los dos con más incidencia de enfermedad renal crónica. Entre 2016 y 2017, 2,839 personas egresaron de los hospitales públicos de Honduras por este diagnóstico. De ellas, el 30 % dijo ser de alguno de estos dos departamentos. Es decir, 3 de cada 10 personas atendidas.

Choluteca y Valle aparecen también como dos de los departamentos más productivos. Solo con el melón de esta zona sur hondureña, en 2016 se llenaron y se exportaron más de 16,000 contenedores. Para 2019, los cálculos son todo arriba: el melón crecerá en un 13 %, la okra en un 19 % y la sandía en un 50 %. Y de esto lo que en Banco Central de Honduras destaca es la ganancia y el empleo.

«Esta es la zona del país aporta una gran cantidad de riqueza, pero mire a su alrededor, ¿en qué se nota para nosotros?», pregunta Marcos, ante las calles de tierra de la comunidad. Marcos es un líder comunal que prefiere mantener su verdadero nombre en el anonimato, porque en Choluteca hay más de cien defensores de los Derechos Humanos que han denunciado públicamente amenazas.

Marcos se equivoca. La productividad sí se nota en la comunidad, pero no como él quisiera. Estudios relacionan la presencia de cultivos masivos como un factor de riesgo de sufrir enfermedad renal crónica. «Encontramos una lesión específica en los pacientes con enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas», anuncia como conclusión un estudio que se realizó al dar seguimiento por 12 meses a 34 pacientes de cuatro países diferentes. «Sospechamos que los pesticidas utilizados en la agricultura son los responsables de provocar esta nefropatía«, explica en el estudio Marc de Broe, uno de los especialistas que lo firma.

En su casa, Ángel recuerda cómo solían ser sus días de trabajo: «Una vez, un tanque de Metil 800 que iba en un tractor se dio vuelta y todo me cayó a mí, me quedé ciego y por eso el tractorista me tuvo metido en el río como por media hora. Por más que ellas la lavaron, toda la ropa me quedó amarilla». Ángel habla frente a su familia. Porque, aunque el único que podría aparecer en las planillas de las productoras agrícolas sea él, en realidad, todos en esta casa de ladrillo crudo y letrina exterior han estado expuestos a los agroquímicos. A ellos, sin embargo, es a quienes menos contabiliza el sistema sanitario y social en general.

«Los pacientes que residen en las comunidades agrícolas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica», dice un extracto de la investigación publicada por la Universidad de Sanford, Dakota del Sur. En Monjarás, se junta una tormenta perfecta para el daño renal: cercanía de macrocultivos, contacto directo o indirecto con agroquímicos, y agua de dudosa calidad.

«Encontamos una lesión específica en los pacientes con enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas», anuncia como conclusión un estudio que se realizó al dar seguimiento por 12 meses a 34 pacientes de cuatro países diferentes.

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Los cuatro productos más rentables del Sur -melón, sandía, okra y camarón- dejaron en 2018 divisas por 304.8 millones de dólares en Honduras. Lo que esta tierra produce viaja hasta los mercados de Alemania, Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Francia, Japón, México, Reino Unido y Taiwán, entre otros. Lo queda acá después de producir tanto es, sin embargo, un paisaje vacío. Habitado, sí, pero por gente que convive con la muerte.

«Para donde mire hay una casa en donde hay alguien enfermo o alguien que ya se murió de eso», la frase no es una exageración. Marcos, el líder comunal en Marcovia, Choluteca, a unos pocos kilómetros de aquí y que ha venido a visitar a Ángel, hace recuento. Atrás de esta casa, murió hace poco un señor; al frente, a la izquierda, hay alguien más enfermo. Si se pregunta por el lado derecho, también.

Si Honduras tuviera un mapa con un punto rojo colocado en cada casa en donde hay alguien con daño en los riñones, esta comunidad de Monjarás sería toda roja. Pero Honduras no tiene este mapa, tampoco tiene estudios que profundicen en las causas de esta epidemia. Lo único que tiene es la cantidad de personas diagnosticadas. Entre junio de 2018 y junio de 2019, fueron atendidas en hospitales públicos 3,085 con enfermedad renal crónica en todo Honduras. De ellas, 806, dijeron ser de Valle y Choluteca. Estos dos departamentos, de 18 en total, acumulan el 26 % de casos.

Lo del melón ha sido meteórico, también. Para la cosecha de 2017/2018, las divisas generadas por la exportación fueron de 70 millones de dólares. Con base en esto, se calculó que la de 2018/2019 podía dejar hasta 90 millones de dólares. Pero la proyección se quedó corta, lo exportado superó los 110.

En su casa, Ángel hace otro tipo de cuentas. «Para que no nos saliera tan caro, nos habíamos juntado tres para pagar el taxi para ir a la diálisis en Choluteca«. Ángel hacía este viaje de 31 kilómetros con dos amigas, Rosa y Maura. Desde Monjarás, hasta Choluteca, en donde se encuentra el hospital de Diálisis de Honduras, la empresa a la que el gobierno ha subcontratado solo para brindar los tratamientos, el servicio de taxi cuesta 600 lempiras ($24). «Pero entre mi amiga la Rosita y la Maurita, solo nos tocaban 200 ($8) cada uno», cuenta Ángel antes de empezar a restar y multiplicar. «Ya hace un año, se murió la Rosita, y nos quedamos pagando 300 ($12) cada uno con la Maurita, para ir dos veces por semana».

La diálisis es un tratamiento que consiste, a grandes rasgos, en que una máquina hace el trabajo que los riñones ya no pueden hacer. Los pacientes deben estar conectados a esta máquina por entre cuatro y seis horas. Dependiendo del estado del riñón, un paciente puede necesitar viajar al hospital dos o tres veces por semana. Aunque hay personas que deben estar conectadas todos los días. «Me quedé pagando yo solo el viaje», dice Ángel. Maura falleció en agosto por complicaciones propias de la disminución de la actividad renal. Ángel, de verdad, va quedando solo.

http://guilles.website/dev/honduras-ecr/datavis.html

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La enfermedad renal crónica es un fenómeno tan focalizado en el corredor del Océano Pacífico de Centroamérica que, ya en 2013 fue la razón por la que los ministros de salud de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se reunieron en El Salvador para declarar la investigación de este problema como una prioridad. En ese momento, las máximas autoridades sanitarias acordaron que dar tratamiento a los afectados y estudiar las causas de la enfermedad y los factores de riesgo serían una prioridad más allá de cada gobierno.

«Honduras no ha aportado nada a los estudios sobre esta enfermedad que sí tienen Nicaragua, Costa Rica y, a la vanguardia, El Salvador. Guatemala también tiene aportes, excepto nosotros. No porque no tengamos grandes volúmenes de pacientes, sino que por un problema de recursos, o de no tener ganas de ver que este es un serio problema», explica Gemmer Espinoza, desde su consultorio privado. Espinoza es nefrólogo. Es, de hecho, el único en Choluteca.

Espinoza también trabaja en Diálisis de Honduras, que es la empresa a la que el Estado ha contratado para dar los tratamientos de diálisis. Desde ahí ha podido, con base en la experiencia, trazar el perfil del paciente con enfermedad renal crónica. Es, por sobre todo, un agricultor. Pero también es, casi de manera indefectible, una persona que reside en las zonas vecinas de los cultivos masivos.

En Monjarás, las calles polvosas se llenan de gente al atardecer, cuando ha bajado un poco el calor. Hay jóvenes en las esquinas que comparten golosinas y hay niños que van en bicicleta. Si ha llovido, hay charcos de varios metros de largo, si el día ha sido seco, se levantan nubes de polvo. Por ratos, se llegan olores desde los campos de cultivos. El más molesto es el que llega de madrugada, con la fumigación que hacen los aviones.

Sin que se pueda basar en ningún estudio, porque no lo hay, Espinoza, el único nefrólogo de Choluteca, señala que un 80 % de casos llega en estadio 4 o 5, es decir, cuando ya los riñones han perdido casi toda capacidad de filtración y la terapia de diálisis es necesaria para prolongar la vida del paciente. A la empresa privada que brinda este servicio, el Estado hondureño le paga cerca de $100 por paciente, de acuerdo con fuentes que solicitaron anonimato. Los gastos indirectos, como el pasaje de bus o taxi colectivo, como el que pagaba Ángel con sus amigas, también enfermas, corren por cuenta de cada quien.

Vivir en esta zona hace que para Ángel y su familia aumente la posibilidad de sufrir enfermedad renal. Y, aunque las autoridades sanitarias de Honduras tienen información que lo confirma, esto no ha sido suficiente para acercar servicios, campañas educativas, diagnósticos tempranos o tratamientos. Salvo por los pacientes que se agolpan cada mañana en el hospital para recibir diálisis, esta enfermedad está invisibilizada.

Productividad. Monjarás es una comunidad rodeada de cultivos masivos, como el melón, la cañá de azúcar y la okra. Esta es una de las zonas más productivas de Honduras.

«En lo que coinciden El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras es en que la gente que enferma está relacionada de alguna manera con los macrocultivos. Porque veamos que la labor agrícola ha existido todo el tiempo. Para subsistencia se ha sembrado maíz-frijol, maíz-frijol. El factor que viene a ser distinto en este tiempo es el macrocultivo«, explica Espinoza. «Es difícil hacer una afirmación sin argumentos, como estamos en Honduras sin los estudios pertinentes, pero todo lo investigado afuera apunta al uso de pesticidas». Solo para tener una idea del uso masivo de agroquímicos, en Honduras se comercializan 129 marcas de Glifosato y 19 de Paraquat. Estos son dos de los químicos que los estudios científicos señalan como altamente tóxicos para el riñón.

Frente a la casa de Ángel han pasado varios hombres en bicicleta. Es el final de la tarde y, seguramente, vienen de realizar labores. Hace 4 años, Ángel también recorría estas calles en bicicleta, cuando, de repente, sintió un mareo que lo obligó a detenerse.

«Ahí ya venía con una gran calentura. Y se me empezaron a agarrar calambres en las piernas. Mandé al güirro (niño) a comprarme unas pastillas y un jugo», cuenta. Ángel no se curó con el jugo o las pastillas. Tuvo que ir al hospital, a varios, de hecho. Su diagnóstico, pese a vivir donde vive y haber trabajado en lo que trabajó, tardó en llegar. Porque el sistema tampoco está enfocado en canalizar de forma expedita estos casos. Se tardó por lo menos 4 meses en saber que tenía enfermedad renal y en recibir el tratamiento correcto: diálisis.

Esta falta de contundencia en cuáles son las causas de la aparición de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales ha retrasado también la ejecución de programas focalizados en las necesidades especiales de la población, como el diagnóstico temprano. Manuel Sierra, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Honduras, dirigió, en 2019, un estudio sobre la prevalencia de daño renal en los pacientes de los seis hospitales más grandes del país. «A los mayores de 18 años que se encontraban recibiendo atención en Medicina Interna les hicimos una pregunta de tamizaje: ‘¿le han diagnosticado enfermedad renal?’ Si respondía que sí, ya no podía participar».

«Los pacientes que residen en las comunidades agrícolas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica», dice un extracto de la investigación publicada por la Universidad de Sanford, Dakota del Sur. En Monjarás, se junta una tormenta perfecta para el daño renal: cercanía de macrocultivos, contacto directo o indirecto con agroquímicos, y agua de dudosa calidad.

Los investigadores encontraron a 774 pacientes que dijeron no tener ningún daño renal. Y, a la luz de los resultados de las pruebas, solo en el 20 % de los casos esto resultó ser cierto. «El 82% de los que aseguraban que no tenían nada, salió con algún nivel de daño: 8%, en estadio 1; 28 %; en estadio 2; 30 %, en estadio 3; 10 %, en estadio 4; y 6 %, en estadio 5», explica Sierra. Quiere decir que 8 de cada 10 de las personas que llegan a los hospitales por otros motivos, ya tienen sus riñones dañados y todavía no lo saben, todavía no se cuidan y todavía no reciben tratamiento adecuado. Y solo están a la espera de tener un colapso como el que, hace cuatro años, tumbó a Ángel de la bicicleta entre fiebre y calambres.

Entre enero de 2018 y junio de 2019, 197 personas murieron en hospitales públicos por enfermedad renal crónica en Honduras. Aquel día en que Ángel tuvo que interrumpir su viaje en bicicleta, se dirigía al funeral de un amigo: El Chuta, un gran compañero de labranza y vecino. El Chuta murió por la misma enfermedad que tiene a Ángel tumbado hoy en la hamaca. Ángel lleva rato viendo morir amigos.

El estudio sobre prevalencia no diagnosticada de la enfermedad renal se está repitiendo, dice el doctor Sierra, pero ahora exclusivo para la zona de Choluteca. Mientras esto llega, en la comunidad de Ángel, la de las casas vecinas de macrocultivos y con agua de pozo, la enfermedad renal es un fantasma que se lleva a mucha gente y es, a la vez, un miedo. «Hasta ahora, ninguno de ellos (familia) padece esto, porque esta enfermedad es perra. Pero la veo a ella, mi esposa, que ya tiene calambres, y veo a aquel (hijo), también con lo mismo; aquí, no se sabe, es lo más triste, quizás solo esperan que todos nos muramos».

En manos privadas. El estado Hondureño ha subrrogado el tratameinto de enfermedad renal crónica a Diálisis de Honduras. Esta empresa recibe al menos $100 por cada sesión brindada a un paciente.

* Glenda Girón es becaria de la fundación Bertha de la generación 2019-2020

Un ecosistema marino limitado a su hallazgo

Pasto marino

Mediodía. A esta hora los moluscos conocidos como cascos de burro están bajo el fango y los pescadores ya se han ido a sus casas. En el playón solo quedan tres jóvenes que todavía buscan jaibas. Dos están a un costado de la barca que han usado ese día, donde tienen un barril de plástico, partido a la mitad, que sirve como recipiente para depositarlas. Jorge Mejía atrapa las jaibas y Miguel Yanes ayuda a acomodar las canastas y los changales, los instrumentos a base de hilo de trasmallo que sirven para pescarlas.

Han sido siete horas de pesca y ahora se preparan para ir a la casa, pero aclaran que aquí no hay hora para pescar. Siempre están las condiciones para hacerlo. «Hay unas 10 libras», dice Miguel, señalando las jaibas vivas que, por gusto, luchan por salir del barril. Miguel aprovecha para decir lo ricas que saben en sopa o guisadas con tomate, y con tortillas.

A unos 20 metros de donde están, el agua comienza a empozarse. La marea está subiendo, pero todavía deja a la vista pequeñas hojas verdes, parecidas a la grama de un campo de fútbol, que ellos han visto desde hace años. No saben cómo se llaman, tampoco cuándo las vieron por primera vez. «Ya tiene años de andar eso allá. Tiempazo«, dice Jorge. «Eso» es pasto marino: un complejo ecosistema que la ciencia descubrió en El Salvador hasta hace 11 años. Se ha extendido por diferentes partes de la Bahía de Jiquilisco, en Usulután, como en este lugar, la isla Rancho Viejo.

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Wilfredo López había vuelto de estudiar una maestría en Gestión de Ecosistemas Marinos de la Universidad de Alicante, en España. Allá, José Luis Sánchez, su tutor, lo había incitado a que buscara pastos marinos en El Salvador. «Yo siento que han de haber en tu país. Hay que buscar», le dijo. Aquel joven quedó con la terquedad de encontrarlos, porque había pasado los seis años de su carrera de Biología pensando que acá no existían.

En 2009, Wilfredo tenía 28 años y trabajaba, con un grupo de biólogos, en un proyecto sobre tortugas de carey con la Iniciativa Carey del Pacífico Oriental. El grupo había escuchado de pobladores y guarda recursos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre unas plantas que no eran comunes. «Hay una cosa que parece cultivo de arroz», también le había dicho Óscar Carranza, un biólogo que, en más de una ocasión, vio las plantas cuando recorría la zona.

El grupo, liderado por Wilfredo, visitó el Golfo La Perra, en la Bahía de Jiquilisco. Vio que en lugar había tortugas prietas que se alimentaban de unas hojas. Al llegar al golfo, Wilfredo palpó las plantas y las analizó. A simple vista, no le parecieron algas marinas: tenían hojas, tallos y raíces. No encajaban en las características de un alga. Supo, entonces, que no estaba solo frente a una especie que no había visto antes en El Salvador, sino frente a todo un ecosistema.

Así comenzaron los trámites de permisos ambientales en MARN para continuar con los estudios. Fueron días de trabajo fijando muestras y revisándolas en el laboratorio del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador, donde dispusieron de equipo. Wilfredo contactó a su tutor y le envió fotografías de la punta de las hojas. José Luis le confirmó que se trataba de pastos marinos. Pero faltaba descubrir cuál era la especie.

Wilfredo se empecinó en leer guías de identificación taxonómica. «No le hallo. No entiendo qué especie será esa», se dijo por días. Había visto otros tipos de pastos: plantas grandes, no pequeñas, de centímetros, como las del Golfo La Perra. Al inicio supuso que podrían ser dos tipos de plantas, una de ellas Halodule wrightii, que, sabía, crecía en el Océano Atlántico.

Tenía razón, se trataba de Halodule wrightii. José Luis le dijo que se había creído que esa planta solo crecía en el Océano Atlántico, pero también crece en el Pacífico.

El biólogo temía que cuestionaran su hallazgo. Por un tema de malinchismo, dice esta mañana, en un café, al recordar aquel viaje. Enseña, en su computadora, un álbum de fotos de las plantas, de las mediciones que hicieron en los pastos para los estudios y algunos de los animales encontrados en las hojas y en el lodo. Calcula que antes de descubrir el ecosistema, este tenía 10 años de existencia.

Distribución. La pradera marina está distribuida en seis áreas de la Bahía de Jiquilisco, entre ellas, el Golfo La Perra. La fotografía muestra la zona en la que Wilfredo López y su grupo la descubrieron.

 

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Los pastos marinos o praderas marinas son plantas que crecen donde hay mareas bajas, como en la Bahía de Jiquilisco. Forman todo un ecosistema que le sirve de hogar a diferentes especies de moluscos, crustáceos y equinodermos.

La bióloga salvadoreña Olga Tejada realizó la investigación «Praderas Submarinas de Bocas del Toro, Panamá», publicada en 2014, en la que dice que los pastos marinos representan menos del 0.2 % de los océanos del mundo y que anualmente toman el 10 % de carbono enterrado en sedimentos oceánicos. Almacenan dos veces más carbono que los bosques terrestres.

Alrededor del mundo, Wilfredo dice que la ciencia ha descubierto entre siete y ocho especies de pastos. Los hay de diferentes tamaños y extensiones. Los pastos que él y su equipo descubrieron siguen siendo los únicos de los que se sabe en el país. Según sus investigaciones, hasta la fecha hay 27 especies de invertebrados que ahí habitan, como cangrejos y almejas . Otros animales viven pegados a las hojas, pero de ellos todavía no conoce el nombre.

Algunas especies prefieren el lodo en el que nacen los pastos, otras prefieren las hojas o ambos lugares, como las conchas, dice; porque, cuando están en la etapa de cría, se pegan a las hojas o a los tallos y, cuando están adultas, se despegan y bajan al lodo.

Las hojas de los pastos, además, de acuerdo con datos del MARN, son, en un 62 %, la dieta de las tortugas prietas, aquellas que los científicos siguieron para descubrir el ecosistema.

En 2017, un grupo de científicas, entre ellas unas representantes del Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES), publicó un estudio que estableció que el tipo de pasto que hay en el país, Halodule wrightii, se extiende en seis áreas de la Bahía de Jiquilisco: el Golfo La Perra, las islas Rancho Viejo y Corral de Mulas, y en El Golfito, La Chepona y El Bajón. Este estudio se basó en el trabajo previo que había hecho Wilfredo desde 2009.

Wilfredo dice que estudió la especie en los primeros dos lugares, además de El Icaco y El Tular, y supo de la extensión de los pastos en las demás áreas, pero estas no formaron parte de las muestras.

Las científicas tomaron como muestra el Golfo La Perra y Corral de Mulas, donde concluyeron que había una extensión de esta especie de 27.1 km 2, 26 en el golfo y 1.1 km2 en la isla. En estos lugares, establecieron que hay 22 especies de invertebrados.

El lugar donde está ubicada la pradera marina es un Área de Conservación Natural y ha sido reconocido como un sitio Ramsar. Es el Complejo Ramsar Bahía de Jiquilisco, una bahía que abarca seis municipios de Usulután y que alberga diversidad de especies animales y vegetales. El Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) asegura que ahí se encuentra la mitad de los manglares del país.

La bahía, desde 2007, también es una Reserva de Biósfera que está amparada bajo el Programa sobre Hombre y la Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un nombramiento como este implica que exista conservación de toda la biodiversidad para que sea sostenible, que haya investigación, desarrollo económico y educación. Pero los pastos marinos, por hoy, apenas son conocidos y las instituciones del Estado todavía no le dan el valor científico que merecen.

“Nunca pensamos que iba a ser una pradera marina, porque la idea de la pradera marina es que son unas plantas frondosas, con las hojas grandes, gruesas y todo eso, cubierto en grandes extensiones, en zonas próximas a los corales. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Pero esta del Pacífico es diferente, es delgadita, es pequeñita y aquí está”, recuerda Enrique Barraza, exjefe de Humedales del MARN e investigador especializado en la conservación de la

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«Cuando yo estaba en el Ministerio de Medio Ambiente, recuerdo que me dijeron: ‘Mire, vamos a ver una planta que ha aparecido’. Y dijimos: ‘Sí, aquí está una planta’, pero hasta ahí llegamos, no le dimos la importancia debida. Nunca pensamos que iba a ser una pradera marina, porque la idea de la pradera marina es que son unas plantas frondosas, con las hojas grandes, gruesas y todo eso, cubierto en grandes extensiones, en zonas próximas a los corales. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Pero esta del Pacífico es diferente, es delgadita, es pequeñita y aquí está», recuerda Enrique Barraza, investigador especializado en la conservación de la biodiversidad acuática y exjefe de la Unidad de Humedales del MARN. Él también tiene todo un álbum de fotografías, que muestra esta mañana para explicar mejor el ecosistema.

Enrique -el primer exfuncionario al que Wilfredo le comunicó sobre el hallazgo de la pradera marina, porque para entonces era el referentes de los sitios Ramsar en El Salvador- dice que, aunque la pradera marina que está en la Bahía de Jiquilisco es la única descubierta a la fecha, recuerda que hace 15 años vio una en la Barra de Santiago, en Ahuachapán, pero desapareció. Cree que esto sucedió porque, en esa zona, la fuerte lluvia erosiona la costa y la arena comienza a cubrir lo que encuentra a su paso.

El especialista explica que las praderas marinas son ecosistemas que tienen una fijación un sedimento suave y que, en parte, ayudan a evitar la erosión en la costa. Además, representan una función importante ante el cambio climático, porque son sumideros de carbono. En el país aún no se sabe cuál es la tasa de incorporación de carbono que ha absorbido la pradera marina.

Las plantas, dice, viven en un fondo horizontal, con una leve pendiente que permita que reciban luz para hacer fotosíntesis. Son de aguas calmadas, claras y saladas. Las que están en el Golfo La Perra son cubiertas, máximo, por un aproximado de 2.5 metros cuando la marea está alta.

Enrique trabaja como investigador en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Ahí conserva muestras de las hojas de Halodule wrightii bajo refrigeración y en frascos con alcohol. Las tomó en agosto del año pasado. Sobre una mesa pone 18 frascos con hojas del pasto y extrae, con una pinza, una de las más grandes. Dice que una planta completa puede llegar a medir 20 centímetros.

Espera enviarlas a un laboratorio de San Diego, California, en Estados Unidos, para un análisis genético de la especie y así conocer si la pradera que hay en El Salvador tiene similitudes con otras que están en el Pacífico panameño, costarricense y suramericano, o si se trata de una especie única. También para saber si el pasto está relacionado con un especie ancestral en común.

Sin embargo, al investigador le aqueja la burocracia que existe para enviarlas. Ya tiene los permisos ambientales para hacerlo, pero el proceso está detenido porque el Banco Central de Reserva le ha pedido, como si fuera un comerciante, facturas y permisos del Ministerio de Hacienda.

Los científicos todavía no saben cómo se reproduce la pradera marina en El Salvador. Wilfredo dice que las praderas marinas, en general, tienen dos formas de hacerlo. Una es por medio de la extensión de sus raíces, y la otra, por medio de semillas que permiten que otras plantas germinen. Él, de momento, todavía no le ha visto flores a los pastos de la Bahía de Jiquilisco, pero dice que la teoría indica que sus flores salen entre marzo o abril. Enrique se inclina por la primera forma de reproducción.

En su investigación, Olga advirtió que, a escala mundial, los pastos marinos han disminuidos en un 29 % desde hace décadas. Pero a Enrique le da la impresión que, en El Salvador, los pastos se están extendiendo debido a la contaminación, a la química del agua y al cambio climático. Una colega mexicana le dijo lo mismo.

biodiversidad acuática.

“Si se acaba la pradera, se acaba el hábitat de las especies. Así de simple. Ahí puede estar la cura del cáncer, la cura de un montón de enfermedades. Hay mucho qué hacer, el problema es que la investigación es lenta y no la pagan, y no podemos dedicarnos solo a eso. Y hay que estar haciendo un montón de proyectos para poder trabajarla” señala Wilfredo López.

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Leonel Rivas está en el Golfo La Perra, el lugar donde fueron localizados los primeros hallazgos de la pradera marina. Al fondo se observa toda la sierra Tecapa-Chinameca, que se extiende desde Berlín, Usulután, hasta San Miguel.

La lancha en la que Leonel ha viajado nueve kilómetros, desde Puerto Parada, está aparcada a unos 50 metros. De donde está, todavía falta un kilómetro para llegar a tierra firme. Aquí, con la marea baja, hay fango y pasto de donde salen cangrejos pequeños, conchas y caracoles. Al estar descalzo y permanecer fijo en un solo lugar, se siente el cosquilleo de pequeños animales.

«Puede ser que en este espacio no hubo pasto hace un tiempo. Se concentró en otra parte, pero llegó algo que no le gustaba y se vino para acá», dice Leonel, quien desde 2009 es uno de los guarda recursos del MARN. Su trabajo consiste en hacer patrullajes por toda la Bahía de Jiquilisco. Sabe que en unas horas el agua llegará a 2.5 metros, pero ahora, con el agua que llega hasta unos cinco centímetros, puede observarse, sin ninguna dificultad, la pradera marina. Por donde está la lancha, aclara, hay más pasto inundado del que todavía no se ha investigado el tamaño.

A un lado de Leonel, Daysi Herrera se agacha para tocar el fango y remover el agua, que rápido se vuelve oscura. Escarba, saca lodo, pero quiere palpar arena. La encuentra después de haber escarbado unos tres centímetros. A ella le asusta el alga que se ve entre las hojas de la pradera, que el color de sus plantas no sea verde claro, sino un verde apagado, y que al remover exista mucho sedimento y poca arena.

El nombre del alga que está sobre las plantas se llama caulerpa. Enrique tiene fotos de ella sobre los pastos. Dice que una colega norteamericana se asustó al verlas, porque es un alga que usualmente se asocia a la contaminación por la abundancia de fertilizantes, pero que está en la parte pacha del golfo, al adentrare al agua, desaparece.

Estudio. Enrique Barraza tiene muestras de los pastos marinos para enviarlas a un laboratorio de San Diego, California, Estados Unidos.

«Ella decía que van a desaparecer (los pastos)». Y yo no sé. Puede ser un ciclo, habría que ir a echar un vistazo. Esas fotos son de agosto, época lluviosa. Eso no debería estar ahí, porque eso es una carga extra, le quita espacio para la fotosíntesis a la plantita, pero puede ser una competencia de poca profundidad, algo natural. Pero también puede estar alimentado por la contaminación, por fertilizantes que recibe la Bahía de Jiquilisco«, dice.

Daysi, bióloga de FIAES y quien ha trabajado en diferentes proyectos en la zona, explica que los pastos marinos son un complemento del manglar y de los arrecifes para que exista una pesca sostenible. Sin embargo, acepta que actualmente no hay consciencia de las poblaciones aledañas al ecosistema sobre el cuido de los pastos, como sí lo hay con los manglares.

Insiste en que su protección también depende de buenas prácticas agrícolas, porque de esta forma se evitaría que la bahía –un lugar de agua quieta y que no alcanza grandes profundidades- sea contaminada por todo el sedimento que baja de las cuencas mediana y alta de la sierra Tecapa-Chinameca, donde hay municipios que cultivan granos básicos y caña de azúcar. En esta bahía también desemboca el río Gran de San Miguel, que recorre más de 10 municipios.

Por esa razón, Daysi remueve el agua y escarba, porque le preocupa que, en algún momento, la cantidad de sedimento supere a la arena de la bahía, y esto se convierta en un peligro para la pradera y las especies que en ella habitan.

Asentamientos. Las personas aledañas a las zonas donde hay pastos marinos aún no toman consciencia de la importancia de este ecosistema.

«Si se acaba la pradera, se acaba el hábitat de las especies. Así de simple. Ahí puede estar la cura del cáncer, la cura de un montón de enfermedades. Hay mucho qué hacer, el problema es que la investigación es lenta y no la pagan, y no podemos dedicarnos solo a eso. Y hay que estar haciendo un montón de proyectos para poder trabajarla. Nosotros hacemos investigación en nuestro tiempo libre o cuando nos está pagando una institución para hacerla», señala Wilfredo, quien trabaja investigaciones independientes, y además, es parte de la Asociación Territorios Vivos El Salvador.

El biólogo dice que la pradera marina podría estar vulnerable si existe una tala de manglares en la zona y los pastos quedan soterrados, porque habría sedimentación y también contaminación. Pero Enrique suma más peligros: la contaminación por fertilizantes, un derrame de hidrocarburos y la presencia de animales que no pertenezcan al ecosistema, como un cerdo, que está escarbando, que él fotografió cerca del Golfo La Perra, donde al igual que en la isla Rancho Viejo, hay asentamientos humanos. Cuenta que también ha visto a vacas en el pasto.

«(Las personas) no la conocen, no le han puesto coco. No saben que es algo diferente. Las autoridades, en conjunto, deberían estar ahí notificando que esto es único en el país», enfatiza Barraza.

Doris Nieto, de la Asociación de Municipios ASIBAHIA, que trabaja en el plan de ordenamiento territorial en municipios de la Bahía de Jiquilisco, dice que aún desconocen la cantidad de habitantes que hay en los lugares con asentamientos y donde hay registros de pastos marinos. La ha solicitado al Ministerio de Salud, que, por su trabajo comunitario, tiene un registro poblacional, pero el ministerio ha negado entregarla.

El MARN no cuenta con estudios propios sobre la pradera marina. La primera vez que expuso de su existencia a escala mundial fue en el Cuarto Informe al Convenio sobre Diversidad Biológica en El Salvador, en 2010, y partió de la documentación que recopiló Barraza. Lo reconoce el técnico en Biotecnología y Restauración de Ecosistemas de este ministerio, Carlos Rivera.

Características. Las hojas de los pastos marinos puedenmedir hasta 20 centímetros. Prefieren aguas calmadas y saladas, como las de la Bahía de Jiquilisco.

Carlos, para precisar la extensión de los pastos y el número de especies que viven en ellos, recurre a mediciones contempladas informe publicado en 2017 por las científicas independientes y el MUHNES. Agrega que, en Rancho Viejo, hay 4.12 km2 de pastos; en El Bajón, 0.26 km2; y en La Chepona, 4.12 km2.

«Esa es la cobertura estimada, que hay a la fecha, considerando que, por supuesto, son ecosistemas fluctuantes y cuyas fronteras varían dependiendo de la época del año y otros factores», dice. Por esto precisa que los datos tienen que corroborarse.

Según el técnico del MARN, como la pradera está dentro del Complejo Ramsar Bahía de Jiquilisco, existe un plan de manejo del humedal, creado el año pasado, que falta «interiorizarlo», pero que incluye regulaciones relacionadas con las zonas núcleos de todo el ecosistema. Para esto, indica, hay un comité. «Usted no va a encontrar una referencia directa a esto (la pradera marina)», justifica, y dice que esto es por la variedad de ecosistemas de la bahía, pero que todo está «armonizado» para su conservación.

Señala, además, que hay un Plan de Desarrollo Local Sostenible, proyectado hacia 2031, del cual ya existe un comité de Reserva de Biósfera destinado, entre otras actividades, a educar para evitar la contaminación de las cuencas media y alta, la contaminación de desechos sólidos y a tratar de mejorar los mecanismos de vertidos de residuos líquidos, como el caso de los estanques camaroneros. A esto, añade los patrullajes realizados en conjunto con instituciones, gobiernos locales y la Policía Nacional Civil.

Falta por descubrir particularidades de la pradera marina. Su reproducción y los demás animales que la ocupan de casa. Y, como dice su Wilfredo, «quizá ahí esté la cura del cáncer u otra enfermedad». Hoy es solo un hallazgo esperanzador.

Posible peligro. Por el momento, los pastos marinos están cubiertos por una alga asociada a la contaminación de las aguas. Faltan estudios que indiquen si esta podría causarles daños con el tiempo.

«Vivimos en crisis hídrica en términos de calidad, cantidad y acceso»

Andrés Mckinley, Especialista en temas de agua y minería.

Andrés Mckinley es un estadounidense nacido en Boston que, desde hace 40 años, reside en El Salvador. Un país del que según Mckinley, se ha enamorado tras conocer la lucha de los salvadoreños por la justicia social.

Desde los años 80, Mckinley ha trabajado con las comunidades del país en su desarrollo local y sustentabilidad. Pero desde hace 15 años, el norteamericano se ha especializado en el estudio de las industrias extractivas y el agua. Uno de los tema que considera clave para el país. Pero sin una normativa, que regule el acceso, calidad y distribución del agua, asegura que las repercusiones sociales y ambientales son alarmantes.

Es necesario idear una nueva forma de hacer política en este país, una que sea menos conflictiva, que entienda los intereses legítimos de otros sectores y busque alternativas.

Según el experto, en términos ambientales, la nación está al borde de una crisis hídrica debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la contaminación de las aguas superficiales y la falta de acceso al recurso. Y considera que, si este panorama no cambia -de inmediato-, la esperanza de viabilidad en el país, será mucho menor a lo planteado, en 2016, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Es decir, a El Salvador le quedarían menos de 80 años para que sea sostenible.

Además, el académico sostiene que organismos internacionales como la Asociación Mundial de Agua (GWP, por sus siglas en inglés), el Tribunal Latinoamericano de Agua y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también han alertado sobre esta crisis hídrica y sobre la amenaza de que el país no pueda responder a la demanda humana frente a la escasez del agua.

A pesar de este escenario, en los últimos 13 años, los diputados que han sido parte de la Comisión Medio Ambiente y Cambio Climático no han podido aprobar una Ley General de Aguas.

Por hoy, Mckinley trabaja con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y con ellos ha propuesto iniciativas para garantizar el derecho humano al agua y su institucionalidad dentro de una política general.

¿Qué lo ha motivado a quedarse en El Salvador?

En El Salvador están los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo mejor de la humanidad está aquí, pero lo peor también. Existen personas que son capaces de hacer cosas que son difíciles de entender. Gente que daña o mata por poco. Otras que solo miran sus intereses y no piensan en los demás.

Pero en este país, también hay personas que están dispuestas a defender los intereses de la mayoría como: San Romero, Rutilio Grande y los sacerdotes jesuitas. Por gente así, uno empieza a enamorarse de este lugar. Y cuando uno comienza a entender sobre sus luchas, se enamora. Y cuando uno se enamora, no deja ir, se enraiza.

Yo estoy aquí por el amor al pueblo y poco a poco me les he unido a su lucha.

¿Cómo encaja en esto la exigencia de una normativa que regule y reconozca el derecho humano al agua?

En esta lucha por el agua hay actores invisibles. Existe gente en esta sociedad que no quiere regular el recurso, porque ellos ya tienen resuelto su problema con el agua. Mientras que las grandes mayorías necesitan de su regulación para poder tener acceso a ella.

Como especialista, habla mucho sobre la crisis hídrica que enfrenta el país.

Vivimos en crisis hídrica en términos de calidad, cantidad y acceso. Pero como todas las demás crisis, a veces , nos acostumbramos a vivir en ella.

En términos de cantidad de agua, hay un estudio de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que detalla que, durante en los últimos 20 años, todos los ríos más importantes de El Salvador han bajado su caudal entre el 15 y 70%.

Lo anterior, es un dato que se debe tomar en cuenta, pero aún sin datos, cuando uno viaja por El Salvador y lo recorre, nota como los ríos van desapareciendo. Yo, en 40 años de vivir aquí, lo he visto. Cuando he cruzado por el río Lempa, a veces, me he dicho: ¿Ese es el gran río Lempa del que se habla tanto en El Salvador?.

Andrés Mckinley, Especialista en temas de agua y minería.

Sin duda, hay una escasez. Ahora vemos con mucha más frecuencia como las comunidades están saliendo a las calles para protestar por la falta de agua.

Con respecto al acceso, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) asegura que la institución pierde el 50% de las aguas que procesa, extrae y envía al sector urbano. Esto debido a que se enfrentan con problemas de tecnología y fallas en las tuberías .

La PDDH no ha sido la única que se ha pronunciado, organismos internacionales como la Asociación Mundial de Agua (GWP, por sus siglas en inglés), el Tribunal Latinoamericano de Agua y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también han planteado que el país está al borde de un estrés hídrico y que no habrá suficiente agua para responder a la demanda de los salvadoreños.

Cuando la disponibilidad del agua llega a los 1,700 metros cúbicos por persona, al año, se considera que ya existe un estrés hídrico. Según los análisis de estos organismos, El Salvador tiene como disponibilidad de agua entre: 1,750 a 2,000 metros cúbicos de agua por persona al año.

Estamos al límite.

Sí, estamos al borde, por muy poco. Esto lo dice la CEPAL, El Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial de Agua que es una asociación enorme de organizaciones sociales, gobiernos e instituciones. No es gente radical, no es gente con una agenda. Son personas con un análisis científico y ellos han planteado esto.

En comparación a otras naciones, nosotros estamos al borde. Por ejemplo, Belice cuenta con 64,000 o 65,000 metros cúbicos de agua por persona al año. Nicaragua, sino me equivoco, tiene como 35,000. Guatemala tiene 12,000. Mientras que El Salvador tiene entre: 1,750 a 2,000 de metros cúbicos de agua por persona al año.

Sin duda, hay una escasez. Ahora vemos con mucha más frecuencia como las comunidades están saliendo a las calles para protestar por la falta de agua.

Es espantoso pensar que la toma de decisión, sobre uno de los temas más estratégicos para El Salvador, está en manos de gente que no sabe de medio ambiente.

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Una vez el país esté inmerso en esta crisis, ¿qué nos espera?

La batalla por el agua, frente a una crisis, vendrá en forma de: ¿cuál será la prioridad para el uso de agua?. Nosotros insistimos en que se debe priorizar en lo doméstico, en su uso diario. Pero otros sectores puede que insistan en que se utilice para la agricultura y se priorice en la industria o en la generación de energía, el turismo. Todos estos subsectores de agua pueden terminar compitiendo para el uso de los recursos.

Por esta razón, nosotros insistimos en que el agua debe ser un bien público y debe ser visto como un derecho humano. Un derecho que debe de ser administrado por el Estado.

Por 13 años, la discusión sobre una Ley General de Aguas se ha mantenido en la Asamblea Legislativa. La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, por cuatro períodos, no ha podido llegar a un acuerdo. ¿A qué cree usted que se debe esta negativa de no aprobar, por años, una normativa?

Aquí hay una lucha de intereses. Y en ella, tenemos a los actores visibles que son los partidos políticos, los movimientos sociales, la iglesia, la UCA. Todos somos visibles, estamos ahí, moviéndonos, haciendo propuestas. Pero es la gran empresa la que no quiere que exista una regulación del agua.

Sin una institucionalidad adecuada, las grandes empresas han logrado monopolizar el recurso. Lo tienen garantizado. Son ellos los que quieren preservar esta situación.

Cada vez que la Comisión de Medio Ambiente se ha acercado a lograr acuerdos, el proceso se interrumpe, como en 2013.

Para ese período, los diputados consensuaron más de 80 artículos.

Sí, en 2013, la Comisión presidida por el diputado, Francis Zablah estaba llegando a acuerdos. Se estaban basando en una propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentada en 2012. En su momento, los diputados y diputadas empezaron a debatir y aprobaron 91 artículos, excluyeron los artículos de la institucionalidad porque nunca han podido ponerse de acuerdo con el ente rector, pero estaban avanzado.

¿Será posible que en esta legislatura se llegue a un consenso y finalmente se tenga ley?

Durante el transcurso de los años, las comisiones de medio ambiente han dejado mucho que desear. Pero la comisión actual borró el tema de la mesa cuando hizo un intento de pasar la Ley Integral de Agua, pero esto no fue posible ya que la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Universidad de El Salvador (UES) y la iglesia se pronunciaron, salieron a las calles.

Ellos anularon rápido esa decisión porque vieron una reacción inmediata de desaprobación de parte de la población. Para la comisión iba a ser dañino políticamente aprobar esa ley y un ente rector con mayor representación del sector privado cerca de las elecciones.

Ellos tiene el poder de decidir, ellos pueden pasar la ley que quieran porque tienen los votos, pero no tienen poder de influencia en la ciudadanía… no tienen el poder de la calle.

Andrés Mckinley, Especialista en temas de agua y minería.

Ahora, con las elecciones que se avecinan, ¿qué sucederá?

Vamos acercándonos a otra coyuntura electoral. Aquello fue una prueba de «a ver si podemos hacer esto y salir bien», pero no les fue posible. Aunque a mí me preocupa otro elemento.

¿Cuál?

En mi opinión esta comisión no ha tenido la capacidad. No solo es falta de voluntad, también es falta de capacidad. Han tenido cinco propuestas y no han podido formular una ley de concertación para esta nación. Esta es una gran falta de capacidad legislativa. Ellos no están legislando.

Desde 2017, El Salvador cuenta con una ley que prohíbe la minería metálica. ¿Qué incidió en los diputados?

Al principio, cuando la minería quería entrar al país, nadie sabía sobre el tema. Yo trabajaba en una organización que conocía sobre la minería. Teníamos programas en Indonesia, Estados Unidos y América del Sur. Viajé a Perú, Ecuador, Colombia para conocer al respecto. En su momento, era un reto trasladar ese conocimiento a las comunidades. Tuvimos que enseñar y decir: ¿Esto es algo bueno para ustedes o algo malo?

En esta lucha tuvimos que construir un sujeto político. La gente se empoderó, movilizó y hubo un despertar.

Andrés Mckinley, Especialista en temas de agua y minería.

Sin un consenso y sin una ley, ¿a qué nos enfrentamos?

El escenario que tenemos es de una comisión de medio ambiente con poca capacidad de concertar. Es espantoso pensar que la toma de decisión, sobre uno de los temas más estratégicos para El Salvador, está en manos de gente que no sabe de medio ambiente. Es espantoso pensar en ello. Pero nadie le da la dimensión que debe. Por hoy, no hay otro tema en el país que sea tan importante como el medio ambiente y el agua.

Por el momento, pienso que la comisión está en espera de la propuesta del gobierno. La misma Presidenta de la comisión ha dicho que está esperando esa propuesta. Por nuestra parte, nosotros estamos dialogando con el MARN para poder garantizar los principios de institucionalidad en esta iniciativa.

Hablando del papel del gobierno, el ministro de medio ambiente, Fernando López ha expresado que el Estado es quien debe regular el agua; también ha dicho que es importante incluir a la empresa privada, siempre y cuando el Estado esté al frente del ente rector.

Uno debe tomar siempre en cuenta los intereses del otro. La empresa privada tiene intereses legítimos, no todo es malo. Aquí en la UCA, por ejemplo, no decimos que todo lo que plantea la empresa privada es malo. La empresa privada está haciendo lo que debe hacer la empresa privada, defendiendo sus intereses. Mientras que nosotros estamos defendiendo los intereses de la población y la nación en su totalidad, ya que este país no tiene una viabilidad sin agua. La misma empresa tiene que despertar y reconocer de que sin agua no hay empresa privada.

Es necesario idear una nueva forma de hacer política en este país, una que sea menos conflictiva, que entienda los intereses legítimos de otros sectores y busque alternativas.

En el tema del agua, ¿cuáles serían estas alternativas?

Si usted analiza la propuesta de la UCA, nosotros le hemos dado una participación grande al sector privado, acá, en el Comité Consultivo; pero cero acá, en el ente rector. Ellos pueden opinar, incidir, dialogar, proponer, pero no decidir.

Cuando Nayib Bukele dice que la empresa privada debe participar, yo estoy de acuerdo. Pero debe ser en el Comité Consultivo, no en la junta directiva, que es donde está el poder de decisión del agua. Hay que entender estas dos diferencias: entre influir y decidir.

¿Cómo funciona la institucionalidad del agua en América Latina?

En estos países existen diferentes formas de garantizar la participación de la empresa privada, pero no está en el ente rector. Ni en Estados Unidos sucede esto. Hace unos siete meses, vino una experta que explicaba sobre la institucionalidad del agua en Sudáfrica y Estados Unidos, países que sufren grandes problemas de agua, y yo le pregunté: ¿En estos países las empresas exigen su participación en el ente rector de agua?. Ella respondió que no. Me dijo que no conocía ningún caso.

La poca participación ciudadana en estos temas supone un gran reto, ¿cómo esto puede cambiar? ¿qué se necesita?

Tenemos que aumentar nuestro poder. Tenemos que empoderarnos. En primer lugar, pienso que se debe realizar un trabajo constante con la ciudadanía para mantenerla informada. También es importante educar e informar a través de los medios de comunicación porque esto fortalecerá la postura de los ciudadanos. Ya que estamos frente a una lucha de ideas. Entre una verdad o una mentira.

La ilegítima ruta de los desechos humanos que el ISSS avaló

Fotografía de archivo LPG.

Alma Sánchez le pidió la placenta de su último parto al doctor que la asistió en el hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Ilamatepec, en Soyapango. Era 2009, y ella, tal como le había aconsejado una abuela indígena, quería sembrar la placenta junto a un árbol, en una maceta, para que el árbol creciera con su hija. Pero el ISSS no quiso entregársela.

En mayo de 2008 había sido aprobada la Norma Técnica Salvadoreña para el Manejo de Desechos Bioinfecciosos (NSO), que establecía que todos los lugares que generaran desechos provenientes de humanos estaban obligados a cumplir una lista de requisitos para tratarlos hasta que no fueran peligrosos para la salud. La norma fue sustituida siete años después por un reglamento.

Sin embargo, el informe de la Corte de Cuentas de la República, con fecha de julio de 2019, revela que, entre enero de 2014 y diciembre de 2018, fechas en las que la institución contralora auditó al ISSS y le dio seguimiento para que cumpliera irregularidades, este todavía no contaba con permisos ambientales para trasladar, en carros institucionales, los restos biológicos generados en sus hospitales.

Los desechos anatomopatológicos, entre los cuales se encuentran las placentas, las amputaciones y las piezas derivadas de tejidos humanos, son generados, principalmente, en los hospitales. Son parte de los desechos conocidos como bioinfecciosos y merecen un tratamiento especial para evitar que quienes los manipulen puedan contaminarse: el personal que los traslada requiere de un vestuario de protección y contar con un esquema de vacunación y exámenes. Mientras que las piezas deben ser trasladadas en unidades destinadas solo para este uso, con furgones herméticos y con un sistema de refrigeración.

Estos desechos contienen agentes microbiológicos, virus y bacterias que pueden causar daños a la salud. Aún así, el ISSS los sacó de los hospitales en carros institucionales, no aptos para el traslado.

«Cuando la persona que hace el manejo de estos desechos tiene contacto con un desecho bioinfeccioso que no ha sido bien tratado, obviamente hay proliferación de carga bacteriana, patógena, que puede producirle una enfermedad y eso puede hacer una contaminación en todo el centro de salud», explica Carlos Alberto Buendía, químico y farmacéutico del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador (CENSALUD).

“Obviamente no contábamos con ese permiso, porque la obtención del permiso para el transporte, tratamiento y disposición final de las piezas anatomopatológicas requiere de la compra de vehículos especializados sólo para esa actividad. El Seguro Social no contaba con esos vehículos en ese momento y en respuesta al señalamiento de la Corte, se le planteó la elaboración de un plan de acción”, José Israel Chávez, jefe de la Sección de Políticas y Gestión Ambiental del ISSS.

Buendía aclara que las enfermedades que pueden adquirirse de estos desechos dependerán de las cargas patógenas de estos y del sistema inmunológico de la persona. Por ejemplo, una persona puede adquirir la bacteria de la salmonella o enfermarse de fiebre tifoidea. Pero hay otras formas de contaminación, indica: un desecho de este tipo extrae líquidos que pueden filtrarse en el suelo y llegar a los mantos acuíferos, puede contaminar el aire o la contaminación puede propagarse a una comunidad por medio de moscas.

«(La contaminación) se puede ir a cualquier medio receptor, llámelo agua, aire, suelo, biodiversidad y a nosotros, como parte de la biodiversidad», advierte Sánchez, quien es consultora ambiental y por cinco años fue fiscal ambiental.

La especialista explica que, en términos ambientales, El Salvador está más vulnerable que otros países centroamericanos, porque los demás tienen hasta cuatro veces más del territorio salvadoreño, pero no la cantidad de población que hay acá. Sumado a que dos cuencas importantes que alimentan al país nacen afuera, la del río Lempa y la del río Goascorán. Por lo tanto, dimensiona que este escenario complicaría una contaminación.

«Obviamente no contábamos con ese permiso, porque la obtención del permiso para el transporte, tratamiento y disposición final de las piezas anatomopatológicas requiere de la compra de vehículos especializados sólo para esa actividad. El Seguro Social no contaba con esos vehículos en ese momento y en respuesta al señalamiento de la Corte, se le planteó la elaboración de un plan de acción», aceptó, el 18 de diciembre, el biólogo José Israel Chávez, jefe de la Sección de Políticas y Gestión Ambiental del ISSS, una sección que, él mismo dijo, funciona como Unidad Ambiental, porque previo a la auditoría de la CCR, el ISSS no tenía esta dependencia.

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UNA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA

Los traslados de las piezas anatomopatológicos que hizo el ISSS sin permisos ambientales representan una violación sistemática a la legislación salvadoreña que regula cómo deben manejarse los desechos considerados como peligrosos para la salud.

El Reglamento Técnico Salvadoreño para el Manejo de los Desechos Bioinfecciosos (RTS), sustituto de la NSO, delega al Ministerio de Salud (MINSAL) la responsabilidad de monitorear su cumplimiento. También el Código de Salud, en su artículo 284, enumera las infracciones graves a la salud que debe aplicar el MINSAL. Una de ellas es que un establecimiento no cumpla con las medidas que prevengan la contaminación del medio ambiente o que puedan dañar la vida o la salud de las personas, y que tiene como sanción el cierre dicho establecimiento.

Evelyn Castro de Somoza, de la Unidad Ambiental del MINSAL, dijo, el 23 de diciembre pasado, que para entonces no habían recibido «reclamos» relacionados con el hallazgo de la CCR, pese a que explicó que previo a que un reporte así llegue al ministerio, la verificación del cumplimiento del marco legal sanitario en clínicas públicas y privadas inicia con Sistema Básico de Salud Local; luego la información pasa a nivel regional y por último llega a nivel central.

Aunque el RTS no hace referencia a los desechos anatomopatológicos -piezas grandes de tejidos humano-, solo a los desechos patológicos –las muestras pequeñas-, Castro de Somoza aseguró que el tratamiento para ambas es similar. La única diferencia es que, entre los desechos patológicos, se incluyen láminas de vidrio con mínimas muestras de exámenes de tejidos, que son manejadas dentro de la clasificación de desechos bioinfecciosos corto punzantes.

José Luis Rodríguez, abogado de la Dirección de Salud Ambiental del MINSAL, aceptó que este ministerio sí tienen injerencia en los traslados de las piezas anatomopatológicas que, de acuerdo con la CCR, el ISSS siguió realizando después de la auditoría de 2015, pero no en lo ocurrido antes, bajo la justificación que todavía no había entrado en vigencia el RTS. Pero antes del reglamento fue aplicable la NSO.

Estas no son las únicas normativas en el tema y el MINSAL tampoco es la única institución que debe velar por las condiciones ambientales y de salubridad proveniente de desechos biológicos. La Ley de Medio Ambiente obliga a las personas o instituciones que generen, transporten y traten, hasta su disposición final, sustancias, residuos o desechos peligrosos, cuenten con un permiso ambiental. Y para esto debe haber una regulación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el MINSAL, el Ministerio de Economía y las municipalidades.

La ley, además, dice que es una falta grave que comiencen actividades que requieran permisos ambientales sin tenerlos. Pero desde 2015, el MARN no puede aplicar las sanciones, porque estas fueron declaradas inconstitucionales por Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa todavía no hace las respectivas reformas.

Tratamiento. Los desechos hospitalarios contienen alta contaminación que puede causar virus, infecciones y otras enfermedades. Por eso requieren de un tratamiento especial.

Revista Séptimo Sentido consultó a la Unidad de Comunicaciones del MARN si durante los años que la CCR le auditó al ISSS hubo un monitoreo del traslado de las piezas anatomopatológicas en los carros institucionales del ISSS, pero no hubo respuesta.

El Salvador también cuenta desde 2010 con la Ley General de Prevención de Riesgos en Lugares de Trabajo, cuya aplicación debe monitorear el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y así evitar riesgos fisiológicos y psicológicos al personal de instituciones públicas y privadas.

«La Unidad de Medio Ambiente (del MTPS) me presenta cada dos meses sus informes y hasta el momento no nos ha presentado ningún informe referente a eso. Esperamos de que al cierre del año se pueda estar llevando a cabo eso», dijo el 7 de diciembre pasado el ministro de Trabajo, Rolando Castro, al consultarle si el MTPS había iniciado una investigación al ISSS por la falta de permisos ambientales para trasladar las piezas biológicas al cementerio.

El pasado viernes se le consultó a la Unidad de Comunicaciones del MTPS si ya habían sido presentados los informes y si estos contemplaban lo establecido en la auditoría de la CCR. La unidad dijo no tener noticias y pidió enviar un correo con la pregunta al despacho del ministerio. El correo fue enviado, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

“Cuando la persona que hace el manejo de estos desechos tiene contacto con un desecho bioinfeccioso que no ha sido bien tratado, obviamente hay proliferación de carga bacteriana, patógena, que puede producirle una enfermedad y eso puede hacer una contaminación en todo el centro de salud”, explica Carlos Alberto Buendía, químico y farmacéutico del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador (CENSALUD).

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EL PLAN SOLO PARA UN HOSPITAL

Una vez un área hospitalaria origine desechos anatomopatológicos, el RTS dice que deben guardarse en envases o embalajes rojos cerrados que deben ser retirados inmediatamente a un sitio de acopio central interno que reúna condiciones de bioseguridad. Ahí no deben permanecer más de un día. De no ser recogidos por el transporte externo, deben ser pre tratados químicamente y retirados dos días después.

Para el servicio de recolección externo de desechos, el reglamento exige que la empresa que contratada esté autorizada por el MARN, que los furgones sean de uso exclusivo para esta actividad. Además, que se identifiquen con el logo de la empresa y con el símbolo universal de los desechos bioinfecciosos.

Esta revista encontró tres versiones públicas de contrataciones libres que el ISSS hizo a empresas que transportan los desechos bioinfecciosos, les dan tratamiento y las llevan a sitios de disposición final. Las contrataciones, licitadas públicamente bajo la referencia 2G18000070, ocurrieron entre el 12 de noviembre de 2018 y el 11 de diciembre de 2018, y tienen vigencia por 15 meses.

Las empresas contratadas fueron Transportes Hernández Rodríguez, S.A. de C.V., para dar servicios en la zona metropolitana de San Salvador y en la zona central del país; Transae, S.A. de C.V., para cubrir el área oriental; y Biocam, S.A. de C.V., para la zona occidental. Todas, según un listado de servicios de transporte autorizados para el tratamiento de desechos peligrosos del MARN, cuentan con permisos ambientales.

Fuera del hospital, los desechos deben pasar por métodos que eliminen la contaminación en lugares conocido como celdas de seguridad, que pueden estar en los rellenos sanitarios, y que por obligación deben ser impermeabilizadas, de acceso restringido, con un plan de riesgo, con control de insectos y vectores, y aptos para evacuar gases.

Solo después de este proceso, las piezas anatomopatológicas pueden tratarse como desechos comunes, aunque el RTS también da la posibilidad que sean enterradas en cementerios públicos o privados previa autorización del MINSAL.

El transporte externo de desechos bioinfecciosos, explica Buendía, cobra por kilogramo. Y la eliminación de las cargas patógenas las hace con químicos esterilizantes o sometiendo los desechos bioinfecciosos a altas temperaturas. En CENSALUD, cuenta, lo que hacen para tratarlos es someterlos a temperaturas de hasta 121 grados Celsius durante 15 minutos, en recipientes metálicos conocidos como autoclaves.

José Israel Chávez dijo que el plan de acción que el ISSS presentó a los auditores de la CCR tras la auditoría debía desarrollarse en los tres años siguientes y contemplaba la ejecución de los permisos ambientales para el traslado de los desechos anatomopatológicos. Pero la falta de permisos fue señalada nuevamente por los auditores en el seguimiento de auditoría de julio del año pasado.

Traslado. Previo al traslado externo, los desechos provenientes de humanos deben almanenzarse por un día en un acopio interno, luego llevados a celdas de seguridad o cementerios.

Chávez sostuvo que, a mediados de 2019, establecieron que el Hospital Materno Infantil 1° de Mayo era el que más requería del servicio de transporte, porque atiende entre 16 y 20 partos por día, pero que la CCR les dijo que era necesario tener ese servicio en todos los hospitales. En estos, de acuerdo con la Sección de Políticas y Gestión Ambiental del ISSS, se genera menos del 1 % de desechos anatomopatológicos.

Al ver el costo que implicaba contar con un transporte especializado por cada hospital, sumado a los trámites para la obtención de permisos ambientales, Chávez dijo que el ISSS decidió contratar a empresas ya autorizadas por el MARN, para la recolección y tratamiento de los desechos, y asegura que así trabajan los hospitales del ISSS desde el 1 de julio pasado.

Pero Alma Sánchez considera que las repercusiones legales por los traslados de desechos anatomopatológicos que el ISSS realizó sin permisos ambientales son «una casuística sumamente grande», porque tendría que revisarse el Código de Salud, la Ley de Medio Ambiente, e incluso, pudiera constituir un delito ambiental, si por ejemplo, supone, el furgón donde fueron trasladados los desechos fue lavado y el personal evacuó el agua en ríos, o la echó en un colector de aguas lluvias o un colector sanitario sin contar con los permisos de ANDA.

Ella recalca que es importante que el tema de los desechos se aborde de forma global, conforme a cada uno de los residuos contemplados en el CRETIB, un acrónimo que clasifica los residuos de acuerdo a su peligrosidad y en el cual se basó el Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos, del 2000, que exigía la Ley de Medio Ambiente.

Sin embargo, la especialista dice que, desde 1998, cuando entró en vigencia la ley, El Salvador no tiene criterios para crear estadísticas de cumplimiento ambiental y tampoco ha creado protocolos o procesos que ayuden a consolidar indicadores ambientales.

En el caso del manejo de los desechos bioinfecciosos, dice, si quisieran crearse indicadores ambientales, tendrían que consolidarse datos del MINSAL, del MARN y probablemente del catastro de las alcaldías, porque las municipalidades tienen información más detallada sobre aquellos lugares que generan estos desechos. Pero es el MARN el que tiene que liderar este trabajo.

Distintivo. Todo transporte que traslade desechos bioinfecciosos debe distinguirse con el símbolo universal de estos, el que se aprecia en la parte trasera del furgón de la fotografía.

La esperanza del volver a ser persona es del tamaño de un diente

Ilustración de Moris Aldana

Lo primero que extraen los arqueólogos forenses de una osamenta son los huesos de los pies. Recogen falanges, metatarsos y tarsos con la paciencia de quien arma un rompecabezas . Siguen con las tibias y los peroné, fémures, la pelvis, el sacro, las vértebras y costillas. Así, de abajo para arriba, hasta terminar con el cráneo.

Afuera, los forenses meten los huesos en una bolsa y la marcan con una serie de números y letras que indica la fecha y el lugar donde ocurrió el hallazgo. Un inventario que sirve, a veces, para identificar a esos restos.

La segunda parte del proceso, que busca dar con el nombre de la víctima y el culpable del crimen, ocurre en un laboratorio del Instituto de Medicina Legal (IML). Allí, los antropólogos retiran todo el tejido blando que pueda tener la osamenta como músculos, tendones, ligamentos y cartílago.

Y los cocinan.

«Después de que se cocinan, se secan sopladitos con el aire de un ventilador», dice Óscar Armando Quijano, jefe de Antropología Forense del IML. Un médico locuaz que suma 27 años de experiencia en recuperar huesos de fosas clandestinas o de pozos en El Salvador.

Los huesos, ya limpios, son ubicados en una mesa para formar un esqueleto desmembrado. Allí, cuenta Quijano, el proceso ocurre al contrario de la exhumación: el estudio comienza por el cráneo y termina en los pies. La razón: «Si recuperamos la pelvis y el cráneo, tenemos casi el 90 % de identificación».

Aunque eso de «identificación» es relativo en El Salvador. No todas las víctimas tienen la suerte de que sus huesos sean recuperados completos. Hay casos, en los que los arqueólogos contratan a un pocero (una persona que se dedica a dar mantenimiento a los pozos) para que descienda por el hoyo, meta en un saco los huesos que encuentre en el fondo y los suba. La mayoría de las veces, sube con lo que puede. Un pocero no se dedica a sacar huesos.

Un informe de Medicina Legal da cuenta de que, en los últimos dos años, han encontrado 161 osamentas; la mayoría, en fosas y pozos ubicados en predios baldíos. Siguen en la lista, como lugares favoritos para desaparecer cadáveres, las fincas y los lotes privados.

En la mayoría de los casos, los verdugos de las víctimas enterradas en cementerios clandestinos son pandilleros, aunque investigaciones fiscales han demostrados la existencia de grupos ilegales armados compuestos por militares y policías, en asocio con particulares, que se aliaron con el ideal de matar pandilleros; pero terminaron como sicarios a sueldo. Ellos también siguieron el guion de las pandillas de sembrar los cadáveres en fosas clandestinas.

Los cementerios clandestinos atribuidos a las pandillas aparecieron después de 2000. Aunque las autoridades reconocen que no hay estadísticas confiables que precisen cuántos cadáveres o huesos han sido recuperados desde entonces. Después de 2005, esos hallazgos aparecieron con mayor frecuencia.

Las autoridades de El Salvador coinciden en que ubicar a unas osamentas depende de la confesión de un soplón. Se trata de un verdugo que ha decido confesarle a la Fiscalía dónde están sus víctimas y, a la vez, traicionar a sus compañeros de pandilla, a cambio de obtener beneficios judiciales. La legislación salvadoreña eleva al soplón a la categoría de testigo criteriado.

Ilustración de Moris Aldana

Como ocurrió el martes 29 de enero de 2013, cuando un grupo de investigadores antipandillas sentaron a un criteriado en las raíces de un amate, cerca de un cañal, en el cantón Joya Galana, de Apopa, al norte de la capital salvadoreña. Allí, le permitieron que se empinara una botella de aguardiente hasta terminársela. Pasados unos minutos, el testigo dio con la ubicación de donde enterró a una mujer que, junto con sus compañeros de pandilla, decapitaron.

Los policías cavaron un pequeño agujero y detectaron los primeros huesos. Esperaron a que se le pasara un poco la borrachera al testigo, taparon el hoyo con hojas y raíces y avisaron a la Fiscalía que la inspección había dado resultado positivo.

Dos días después, los investigadores regresaron al cañal acompañados de Israel Ticas, el criminalista de la Fiscalía General de la República que se encarga de ubicar y extraer cadáveres de desaparecidos. Armado de palas y piochas, abrió una fosa hasta dar con un esqueleto decapitado en el fondo de un agujero de unos tres metros de profundidad.

Ticas se quitó un gorro, una mascarilla y unos guantes de hule celestes y salió del terreno por un pequeño espacio libre del cerco. Afuera, uno de los investigadores atizaba con un pedazo de cartón unas brasas debajo de una vieja olla en la que hervía porciones de yuca.

—Ya está listo el almuerzo ingeniero, le dijo a Ticas el hombre vestido de azul que porta una pistola en su cintura.

El criminalista se tendió en el piso terroso bajo la sombra de un pequeño árbol de mango. Alrededor suyo, se armó una rueda con los investigadores y militares que habían hecho guardia a la orilla del terreno durante el proceso de excavación. A unos metros, sobresalían las hojas de una plantación de yuca de donde habían extraído unas cuantas para ponerlas a hervir.

Uno de los agentes más viejos habló sobre el hallazgo de esos huesos que ya habían puesto a asolear unos metros más allá.

—El criteriado nos contó que el día en que decapitó a la mujer, había tomado bastante guaro, así que le metimos varios tragos para que se acordara—, decía el investigador recostado sobre las raíces.

Imaginate, casi que hemos descubierto una nueva técnica para que los criteriados puedan ubicar los cuerpos—, decía otro de los policías antipandillas. El grupo se carcajeaba, mientras masticaban porciones de yuca salcochada.

La estrategia de emborrachar al criteriado funcionó: la osamenta que encontraron era la víctima que había dicho. Fue identificada con nombre y apellido y entregada a sus familiares que la habían reportado como desaparecida meses atrás.

Solo los huesos ubicados por criteriados son sometidos a una prueba de ADN, como se le conoce al ácido desoxirribonucleico que contiene la información genética, clave para la identificación. Se trata de un trámite que ocurre exclusivamente por una orden judicial.

En la mayoría de casos, en el lugar donde el criteriado ubica a una víctima, hay más osamentas enterradas, pero para ellas no hay pruebas de ADN. Esos huesos que nadie reclama son etiquetados con el código de la escena y luego guardados en cajas de cartón.

«Nosotros no podemos hacer nada si el fiscal o el juez no lo ordena», justifica Pedro Martínez, director interino del Instituto de Medicina Legal.

Sin embargo, hay otra razón: el Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, no cuenta con suficientes recursos humanos ni financieros para procesar a todas las osamentas que aparecen.

El forense Quijano calcula que tiene unos 800 conjuntos de huesos que no se sabe a quién pertenecieron. Están inventariados, desordenados, desparramados en cajas de cartón de menos de un metro, en varios estantes ubicados en uno de los últimos cuartos de Medicina Legal, al que le llaman el osario.

Para ellos ya no hay más. Son huesos de personas, pero no pueden volver a tener un nombre, una edad, un rostro, una familia, y, por último, no pueden tener ni una lápida.

 

***

Tatiana

Tatiana tiene pintado un código en cada hueso. La serie de números y letras está escrita con un marcador permanente hasta en los más pequeños, como los tarsos y carpos, que miden apenas un centímetro y medio aproximadamente. Acaba de cumplir cinco años de estar encerrada en una caja apilada en aquel estante del osario de Medicina Legal. Llegó allí una tarde de diciembre de 2014, cuando, por puro gusto del azar, asomó en el vientre lodoso y apestoso de un cementerio clandestino, en medio de una finca de Santa Ana, en el occidente de El Salvador.

Apareció en una fosa rectangular de 1.50 metros de largo por 1.25 metros de ancho, al borde de una ladera, cuando los excavadores estaban por alcanzar los tres metros de profundidad en busca de un estudiante, guiados por el verdugo convertido en testigo criteriado.

Los arqueólogos estaban a punto de tirar las herramientas, convencidos de que el soplón había mentido, cuando ocurrió: Tania apareció envuelta en sábanas, minimizada, sin ojos, sin cabello, sin piel, sin músculos ni cartílagos. Solo era un conjunto de huesos sumidos en unas sábanas, que presentaban señales de haber recibido golpes con algo contundente. Ya tenía tres años de haber sido asesinada y enterrada.

Aquello fue en 2011. Cinco pandilleros le cortaron el paso sobre la agreste calle del cantón donde vivía cuando caminaba con su hijo de cuatro meses en brazos. Los hombres la rodearon y uno de ellos le arrebató al niño para perderse entre los matorrales. El resto, la obligó a caminar a empujones durante media hora por un terreno escabroso, empinado, impresentable hasta llegar a una ladera cubierta de vegetación. La sentaron en el piso y comenzaron los gritos.

Entonces, la golpearon con una almádana hasta que dejó de gritar, de respirar. Hasta que el último músculo dejó de contraerse.

La desnudaron. Quizás la violaron antes o después de muerta. La envolvieron en dos sábanas curtidas. Y la lanzaron más allá, adentro de una profunda fosa que otros pandilleros habían cavado más temprano. Después se deshicieron en el mismo hoyo de la ropa que Tatiana llevaba puesta aquel día.

No se saben las razones. No se sabe qué hizo, dijo o dejó de hacer para que la clica Fulton Locos Salvatruchos, una de las estructuras más poderosas de la Mara Salvatrucha (MS-13), decidiera matarla y sembrarla bien hondo en esa parte de la finca que habían convertido en un cementerio clandestino.

Cuando los fiscales cuestionaron al criteriado del caso del estudiante si sabía algo de la muerte de Tatiana, contó, con desgano, que recordaba poco sobre ella. Sabía que había sido llevada a la cima y golpeada con una almádana, quizás hasta violada cuando ya estaba muerta. Confesó que había participado de su privación de libertad; pero desconocía su identidad ni el por qué sus compañeros habían ordenado y cometido el crimen.

Cuando la mataron, no hubo revuelo en las redes sociales ni apareció su rostro en las alertas de desaparecidos. Nadie buscó a Tatiana. Por eso, no hubo más preguntas al soplón. No más investigación ni ofrecimientos de beneficios extras para que diera más detalles.

Por eso, cuando los arqueólogos terminaron con lo que dice el protocolo: levantar primero los pies y finalizar con el cráneo. La embolsaron y le colocaron un código para llevarla a un cuarto frío de almacenamiento.

Después la cocinaron, limpiaron, inventariaron y la guardaron en el osario.

Ochocientos

El proceso para que Medicina Legal realice la prueba de identidad a familiares que buscan desaparecidos depende de varias coincidencias. Lo primero que debe cuadrar es que los detalles de la ropa y otros artículos como mochila, carteras, celulares y otras pertenencias, según lo declarado por los parientes cuando reportan la desaparición, aparezcan junto con la víctima.

El forense Quijano dice que, cuando eso ocurre, los fiscales le dicen a la familia que se someta a una entrevista en Medicina Legal, donde debe volver a contar los detalles de lo último que supo del desaparecido.

«Si no tenemos un familiar con quien comparar, no se puede. Eso no se lo voy a mandar al doctor (genetista), porque le voy a llenar de muestras. Yo los tengo archivados, hasta que aparece el familiar», dice Quijano.

El doctor al que se refiere Quijano es Boris Cornejo, jefe del departamento de Genética del IML. Acepta en una muestra de sinceridad que, como departamento de ADN, no tienen el presupuesto anual suficiente para comprar los reactivos que se requieren para armar un banco genético con las 800 osamentas del osario.

«Si no tenemos una persona con quien comparar, se queda en estado de tejido óseo y no se procesa. Hasta que aparezca algún pariente», reconoce Cornejo.

—¿Qué pasa si hay 30 cuerpos en una fosa clandestina donde un criteriado llevó a los investigadores por un solo cadáver?

—Vamos a esperar a que tengamos familiares-, reitera Cornejo con cierto aire de resignación.

El genetista, además, dice que como departamento tienen otras 10,000 manchas de sangre que han obtenido de cadáveres de desaparecidos: «Tenemos desaparecidos donde solo hay manchas de ADN que no hemos hecho perfil genético», señala.

Cornejo dice que si quiera ponerse al día para analizar las 10,000 manchas de sangre y los casi 800 conjuntos de huesos, necesitaría trabajar sin descanso «unos tres años». Eso y que dejen de aparecer más osamentas o cadáveres de desaparecidos.

Ilustración de Moris Aldana

***

Carmen

Los pandilleros decidieron entregar el hijo de Tatiana a Carmen, su bisabuela. Ella pasó de la sorpresa a la desesperación. Cogió al niño y minutos después, cuando estuvo sola, llamó al celular de su nieta. «Tuuuuuuuuuu, tuuuuuuuuuu, tuuuuuuuuuu, tuuuuuuuuu. Deje su mensaje después del to…».

No hubo respuesta.

Desde ese día, Carmen comenzó una búsqueda de Tatiana a medias. No fue a la policía ni puso denuncia en la Fiscalía, solo comentaba con los vecinos su esperanza de que alguien se animara a darle alguna pista. Así fue como le contó a una de sus amigas, mientras ambas esperaban las tortillas, sobre lo que le dijeron los pandilleros aquel día en que le llevaron a su bisnieto: «No busque a la mamá de este perrito, porque ya no existe».

Un policía antipandillas, que aceptó hablar bajo anonimato, dice que las comunidades actúan, muchas veces, como cómplices involuntarias de los pandilleros, porque no cuentan nada de los crímenes que ellos cometen. «Los ven pasar con palas y piochas, saben que las utilizan para cometer delitos y desaparecer a sus víctimas; pero nadie habla, porque ya les ganaron el valor. Viven muertos de miedo».

Carmen vivió con ese miedo durante tres años, hasta que, empujada por una enfermedad que le aquejaba, encontró el valor para contarle a un investigador sobre su nieta. Le dijo cómo iba vestida el día en que desapareció y lo que los pandilleros le dijeron cuando le entregaron al niño. El policía anotó los detalles y armó un expediente en un fólder donde escribió «sobreaveriguar«.

En diciembre de 2014, el policía se enteró que un criteriado había ubicado un cementerio clandestino en la finca de Santa Ana. Dejó de ser para él un hallazgo más, cuando días después leyó en el reporte que habían desenterrado huesos envueltos en dos sábanas y la ropa de la víctima. A juzgar por las prendas, se trataba de una mujer joven.

Buscó en sus archivos y notó que la descripción de la ropa coincidía con lo que Carmen le había contado meses atrás sobre Tatiana. Con esa información, le dijo a la Fiscalía que podría tener a alguien para coincidencia de ADN y así identificar a la víctima.

El investigador fiscal recuerda que llamó al contacto que Carmen dejó el día en que visitó la delegación, pero no hubo respuesta. Entonces, fue a buscarla a la dirección que decía el expediente.

Al llegar a ese cantón en donde casi toda la gente vive muerta de miedo, se enteró de que Carmen no pudo esperar los resultados. Murió antes de saber qué había pasado con su Tatiana.

 

***

Un diente

Lo más cercano que tienen las víctimas de desaparecidos en El Salvador a una restitución digna de sus seres queridos ocurre en este salón de Medicina Legal. Este cuarto, que mide unos cuatro metros de ancho por seis de largo, tiene una esquina equipada con lo que intenta ser un altar: una repisa con un crucifijo y el salmo 23 enmarcado con un fondo verde. El forense Quijano dice que la idea de colocar el crucifijo y el salmo fue para ser equitativos con la fe que puedan profesar los parientes, protestantes o católicos, que llegan a retirar los restos que se logran identificar con el proceso de ADN.

El altar luce coronado con un lienzo negro colocado sin mucha destreza. Quijano dice que este cuarto es una idea que tuvieron como forenses desde hace unos meses y que fue posible gracias a la ayuda del director del instituto, que permitió acondicionar el salón contiguo a la entrada principal de Medicina Legal, aunque es un proceso que ha quedado a medias. La puerta principal tiene mala la cerradura, por lo que el cuarto siempre está abierto. No hay intimidad.

Adentro del mismo salón donde están los huesos de cientos de personas funcionan, también, los baños que utilizan vigilantes y los vendedores que tienen sus puestos en la fachada del instituto.

-Ha habido veces en que los familiares están adentro, orando, después de recibir los restos de sus seres queridos y los vendedores irrumpen, porque tienen ganas de utilizar el baño-, cuenta Quijano.

De las 161 osamentas que los arqueólogos han recuperado de fosas clandestinas o pozos durante los dos últimos años, solo se ha logrado identificar y restituir a sus familiares un 32 %. El otro 68 % espera en las cajas de cartón del anaquel.

Pero no todos los huesos de los desaparecidos permanecen guardados en el osario. Medicinal Legal reconoce que tuvo que enterrar varias osamentas en fosas comunes de los cementerios municipales de San Salvador y Santa Tecla, porque ya no había espacio en los estantes. Estos eran, según el forense Quijano, restos que tenían en reguardo desde 1996.

No se pudo -por tiempo, por recursos, por falta de protocolo- someter estos huesos a pruebas de identificación antes de depositarlos en la tierra. Lo que hicieron los forenses fue crear camino donde no había. De cada conjunto de huesos que antes fue una persona, se rescató un diente o un fragmento de hueso del tamaño de un diente. Y así dejaron viva la esperanza de que, algún día, en un banco de ADN en El Salvador sea posible encontrar una pista que lleve a la identificación.

Afuera, quizá, quede alguien que todavía busque. Y, quizá, todavía quiera devolver a este diente -o hueso del tamaño de diente- el nombre, el rostro, la familia, la dignidad de haber sido alguien.

Ilustración de Moris Aldana

La soledad de los errantes

Ilustración de Moris Aldana

Los miro siempre

Hace dos meses que solo me atrevo a salir en la madrugada. Me vengo al guanacaste a tomarme el café. Desde esta loma puedo ver todo y a todos. Nadie me mira a mí.
Allá abajo se van prendiendo como estrellas, una a una, las casas del cantón. Oigo latir a los perros a lo lejos y comienza a pasar la gente por el camino de tierra. Van para la milpa o al ingenio. Allá va también mi papá.
Ya casi no extraño las cosas que hacía antes, ni la cancha, ni los ensayos del grupo de música. Lo que sí quisiera es arriar las vacas en el terreno del peñón, donde vive mi hermana. Por ahí también vive la Silvita, la cipota de los camanances.
Mi papá sigue buscando adónde irnos. Toda la gente cree que ya me fui, pero yo vivo encerrado. En las noches no puedo pegar el ojo, me pasa siempre, estoy en la cama, vuelta y vuelta, y de día paso pegado a la ventana y a la tele: miro noticias y películas casi sin volumen, abro un poquito la cortina y los miro a ellos en este guanacaste que está a cincuenta varas de mi casa. Siempre están con los teléfonos, fumando, mirando hacia el camino de tierra. Aquí les gusta estar.
Yo los miro siempre desde la ventana, los prime-ros llegan a las seis de la mañana. Los últimos se van ya noche, como a las once, pasan por el solar de mi casa, silbando.
En este cantón amanece bonito. Antes no me fijaba. Ahora me gusta mirar cómo se va llenando el cielo de fuego y de azul. Salen de las cocinas chorros de humo y poco a poco va cayendo el día en los tejares.
«Andá a traerme un paquete al punto de buses», me decían siempre que me los encontraba. Pero yo no iba.
«Prestame el caballo», me decían. Pero no se los daba, y me iba pasando en medio de todos, agachando la cabeza.
A mis primos y a mis amigos también les gustaba pasar en este guanacaste, siempre correteábamos por aquí, porque las ramas son bajitas y frondosas, y la sombra se queda quieta todo el día. Pero algunos de ellos se tuvieron que ir, otros se brincaron. Después quedó silencio por estos lados.
Para el terreno del peñón iba yo el día en que me salió el Chino, con otros varios que andaba siempre. «Si te vuelvo a encontrar te morís, hijueputa», me dijo. Yo le iba a echar carrera al caballo cuando me bajaron. Solo de eso me acuerdo, después ya estaba en la casa con la cara hinchada, como berenjena.
Ya está aclarando. Allá abajo, por la vereda del molino, viene asomando el primero.

***

Nadie los vio llegar Llueve ceniza.

Los cañales cercanos a la casa de Rosa arden y las fibras calcinadas caen por todo el valle. El viento las mece como plumas. La mujer se limpia la cara con una manta y aprovecha para taparse la nariz, quiere descansar del tufo a muerto que le llega de la boca del hombre.
Al notar que ella se incomoda por su aliento, el visitante le regala una sonrisa amplia. Tiene la boca llena de coronas de oro y de una masa amarilla. Quiere convencerla de que le alquile la casa y el terreno en el que ella habita con su familia.
—Perdone, señor, pero esto me lo dejó mi abuelo y va a ser de mis cipotes cuando me muera. No necesitamos más. No nos queremos ir al pueblo ni a la capital —dice la mujer.
El hombre le cuenta que las demás familias del caserío han aceptado la misma oferta que le está haciendo, que algunas al inicio se negaron, pero finalmente se fueron.
Un olor a carne y a pelo quemado se mezcla con la pudrición de la boca del hombre. Rosa hace otra mueca de malestar, le da de mamar a la niña que carga en brazos, no quiere que sienta el tufo, piensa que podría enfermarla.
El marido de Rosa y sus otros dos hijos asoman por la vereda. Se ven agotados.
—¿No le dan lástima? con lo que le ofrezco ya no van a tener que andar así. Pero quizá despuesito cambie de opinión, madre. Voy a pasar otro día. Platique con su marido. Mire cómo viene el pobre —añade el hombre de la boca maloliente. Arranca su motocicleta y se va. Varios metros adelante lo comienza a seguir otra motocicleta, estuvo ahí desde el principio y Rosa no se dio cuenta.
La mujer sabe que algunos de sus vecinos se han ido. Nadie dijo nada, todos dejaron las casas de noche. Están solos.
Rosa entra, pone a su hija en la hamaca, la pequeña llora un rato, luego se duerme. La madre se apresura a servir la comida.
—Quieren que alquilemos la casa y el terreno. Pero ofrecen una nadita, Martín. El hombre ese me dijo que van a meter unos cultivos nuevos aquí y que las otras familias ya aceptaron. ¿Vos qué decís, viejo, nos vamos? —pregunta Rosa desde la hornilla.
Afuera el humo sube cada vez más negro.

***

Los cañales ardieron toda la noche.

La niña no ha dormido desde las tres de la madrugada, Rosa no cesa en sus intentos por hacerla sentir mejor. Le pasa un huevo indio, la baña con agua de hierba del susto, quema basura de cuatro esquinas en una cacerola atrás de la casa, cree que puede controlar el mal antes de tener que ir a la clínica.
El ruido de unos pasos por la vereda que baja de la loma la asusta. La sorpresa se convierte en temor cuando mira al hombre de la boca de oro cerca de ella.
—¡No ande haciendo eso! Nadie le dio permiso para meterse —recrimina Rosa casi a gritos, se agita. Nota que el hombre trae un revólver a la cintura, viene más sucio que la primera vez, parece que ha dormido en el monte.
—Andaba aquí nomasito, seño, y quise venir a verla. ¿Qué pasó, ya decidieron? mire que mucho tiempo no le voy mantener la oferta.
José, el hijo mayor de la familia, escucha a su madre, se levanta y va hasta la parte de atrás. Lleva su corvo.
—Rosita, necesitamos una respuesta. Si quiere vengo mañana a esta hora y le adelanto el camión para que vayan subiendo sus cosas.
El joven acelera el paso —Mire, a huevo que le estamos dando un buen trato, hasta mucho tiempo se han tardado. No detenga el progreso, que si no el progreso se los va a tragar.
José se interpone entre Rosa y el invasor.
—Piense en sus hijos, mire que están morros. Acá no van a tener ningún futuro. Por esta que no —se besa los dedos y hace una señal de cruz.
El chico aparta a su madre y encara al visitante, el olor de su boca le da náuseas.
—La onda es que la hemos agarrado al suave con ustedes. Decida ya: se van o se quedan. Los meros jefes son de mecha corta. La otra gente agarró el vacil rápido y se pelaron. Nadie quiere que le den la foto, va.
José empuja al hombre. Empuña con fuerza su corvo. Algo lo enceguece, cae desorientado. El visitante trata de repetir el golpe. Rosa toma el arma de su hijo, dirige la punta al atacante. Tiene miedo. No entiende el cambio, pero reconoce esa forma de hablar. Tiembla.
Unos murmullos llegan desde la vereda, es Martín y su hijo menor. Las voces cada vez se escuchan más fuertes.
—La onda está así: ¡se van a ir sin ni mierda, pero ya! —grita el visitante mientras se marcha.
El fuego avanza. La niña llora.

***

Varios trozos de ocote arden en el piso de la casa. Afuera, el monte en llamas ilumina los cerros.
Rosa guarda la ropa de la niña en una pañalera, acomoda la leche y las medicinas.
Martín y sus hijos ponen lo que pueden en sacos, también preparan un poco de comida para el viaje. No saben adónde irán.
Una luz blanca llena todo. Afuera se estacionan dos automóviles, frente a los focos de los carros se paran cuatro siluetas, traen armas. La familia pone tranca a la puerta, apagan los trozos de madera, callan.
Algo se estrella contra el techo, otro golpe suena en la puerta, uno más en la ventana. Adentro sube el calor. Una luz rojiza comienza a entrar a la casa, el humo inunda todo. El fuego se come el techo, trozos de madera caen, suena un disparo, los animales que resguardan tratan de salir, los gritos de la familia se mezclan con los chillidos de las bestias, suenan más disparos.
Rosa moja un trapo, le tapa la boca a su hija, se arrin-cona. Algo hiere la pierna del hermano menor, sangra. José lo ve, abre una ventana, saca al chico, luego a su madre con la niña.
Los disparos dan una tregua, el fuego no. Una segunda tanda de escopetazos destroza la puerta. Una voz conocida da la orden de seguir.
La familia está afuera, suena una tercera ráfaga: alcanza a José. El padre quiere volver, la madre lo detiene, vio cómo volaron los sesos del joven. Corren hacia el barranco, el hijo menor avanza apoyado en su padre. Los hombres siguen disparando.
Del cielo no les llega ayuda, de la tierra solo el plomo les sopla en el cuello. Entran en una cueva, los pasos no cesan cerca de ellos, tampoco el fuego de las armas.
La penumbra los cobija.
Los pasos paran, los disparos callan.
El adolescente muerde un trapo, su padre le cubre la pierna con su camisa. La niña comienza a llorar.
Rosa le pone el pecho para que se calme, la pequeña no quiere, el miedo también la domina. Los pasos vuelven a sonar cerca, la niña llora más. Rosa le pone nuevamente el pecho, la fuerza. Suena un tiro. La niña se queja, su llanto está ahogado pero sigue haciendo ruido. Rosa también llora, aprieta más la cabeza de su hija contra su pecho. Cree oír a alguien caminar fuera de la cueva, la aprieta aún más. El llanto de la niña cesa, también los pasos, también el plomo. El silencio se queda.
La primera luz del día llega. Rosa sale de la cueva, camina hacia el pueblo con el cuerpo de su hija en brazos.
La ceniza no deja de caer.

***

Crucifixión

Me dice que no llore, porque a donde vamos hay un montón de juguetes con los que voy a jugar. Me dice que si quiero un pan, que si me ha dado frío, que si me pasa algo, que por favor me calle, que ya estuvo bueno. Mi abuela me nalguea, para que al menos llore por algo. Mi tía va llorando a la par mía, y lloro porque ella llora.
Un hombre malo llegó a la casa cuando ella me cuidaba y estábamos solos. Él tenía los ojos rojos rojos, como los del Cadejo, y dijo cosas feas mientras me señalaba, y sentí un gran miedo. Mi tía me pidió que me fuera, y yo quería hacerle caso, pero no podía moverme. El hombre agarró a mi tía de las manos y las puso arriba de su cabeza, y ella hacía fuerzas para soltarse, pero la tenía crucificada, y la tiró al suelo, y ella gritó duro para que la ayudaran, pero él le pegó en la cara y luego en las rodillas para ponérsele encima. Yo me acuerdo que seguí quieto porque me había hecho de piedra, pero mi tía empezó a llorar porque le dolía, y el hombre malo le volvió a pegar.
Entonces me fui corriendo, pero no sabía adónde porque las lágrimas solo me dejaban ver bultos por todos lados, y me crucé la calle y seguí corriendo fuer-te, fuerte, hasta que escuché a mi abuela llamarme «¡Luisito!» y me fui a agarrar de ella para que nos sal-vara. Solo alcancé a contarle que el hombre malo le estaba pegando a mi tía, y empezó a correr como yo, pero de regreso a la casa, y la seguí.
Se puso a gritar cuando los halló, pero el hombre malo solo se levantó y se subió el pantalón mientras la miraba, y tenía los ojos rojos, y le dijo que nos iba a matar si le decíamos a alguien, y mi abuela se quedó quieta, y mi tía lloraba.
Él caminó a la puerta, y mi abuela me agarró como con miedo de que me llevara, pero solo me puso la mano en la cabeza y se fue. Sentí que esa mano esta-ba sucia, pero cuando me revisé el pelo vi que no te-nía nada.
Me alegré cuando mi abuela me contó que al hombre lo habían metido preso, por malo, pero después llegaron los amigos de él. Me acuerdo que eran tres y que llevaban pistolas. El más gordo dijo que todo era culpa de ellas, y que más les valía que sacaran a su primo o si no, nos iban a despachar. Así dijo.
Nos vamos, porque mi abuela tiene miedo. Nos vamos, porque a mi tía le duele.

***

Zopes

Donde vivíamos antes me decían «¿Don Gustavo, cómo le va?». Pero de eso ya van seis meses que no lo escucho. Aquí me miran igual que a los chuchos que andan pepenando conmigo… yo me hago el que no los veo y asunto arreglado.
Y pues sí, bien que he de apestar, pero no es por mi gusto. Me encuentro tantas cochinadas en las bolsas que ya ni mi propio tufo siento. A veces me imagino que pedacitos de la pudrición se me meten, y me paso todo el día afligido porque ando cargando adentro el tufo, ¿se figura usted? A veces, en lo que busco botellas y latas, hallo comida que todavía está buena y la guardo para mis hijos. Ayer encontré una muñeca y se la llevé a la niña. Le gustó mucho… pues sí, algo de alegría hay que llevarles, con todo lo que nos ha pasado…
Nos vinimos a la capital porque nos llegaron a decir que ya no nos querían ver. Y no es que uno pueda rezongar. Lo que dicen es y punto. Así que agarramos lo que alcanzamos y pusimos la champa cerca de donde una prima.
Todo lo malo empezó cuando mi muchacho se nos perdió. Él no se metía con nadie, pero ese fue el problema, que dicen que no quiso y pues… Lo fuimos a encontrar en un barranco, casi que en el otro cantón. Viendo a los zopes llegamos a donde estaba.
Él era igualito a mí, hasta el mismo paso teníamos. Hallármelo así, tirado como chucho, como que… y el olor… ¿Podrá usted creer que eso era la único en lo que yo podía pensar cuando lo hallé? El tufo se me había metido, y desde ese día, por más que me sueno la nariz, no tengo cómo sacarlo.
Yo lo ando cargando adentro.

***

Huir

Están solos. A esta hora de la madrugada, sus familias no saben que las ranas los levantaron, que los llevan casi desnudos caminando por veredas, descalzos, con los pulgares atados, con los pantalones abajo para que no corran.
La luz de la luna ilumina sus espaldas, llevan las suelas de las botas tatuadas con lodo y sangre seca. Los culatazos no cesan, sus pasos se acortan, la respiración honda los desnuda aún más, se pueden contar sus costillas.
Los chicos no tenían mucho de vivir en la zona. Llegaron con sus familias escapando de los bichos. Les habían dado dos caminos: colaborar o morirse. Ellos escogieron huir.
El cura de este pueblo les consiguió refugio. La clica no los encontró, pero los soldados no soportaron su juventud, su risa de hiena por las tardes en el parque, su terquedad cuando eran revisados, la resistencia de sus manos al apretarles los dedos enlazados tras la cabeza.
Los tres lamentan en silencio haberse escondido en el gallinero de la parroquia. Pensaron que la lejanía de sus casas y el ruido de los animales serían un buen escudo. La noche anterior durmieron en el cerro, en la copa de los árboles del lado más escabroso, les fue mejor.
Los sonidos de la violencia no alteran la calma de las milpas que cruzan. Los tacuazines corren des-preocupados, los perros ladran siempre a lo lejos. El pequeño universo de golpes e insultos se mueve lentamente, al ritmo de sus pasos. Nadie oye, nadie quiere oír.
Una orden llegó de arriba. Había que liberar la zona de amenazas, limpiarla de bichos, de sus amigos o de cualquiera que se pareciera a ellos. El método era lo de menos, el país estaba amenazado El parque se convirtió poco a poco en zona veda-da, los militares comenzaron a usar gorros navarones, borraron cualquier marca de identificación de sus uniformes. Los cacheos fueron más frecuentes, más violentos. Los chicos buscaron otros espacios para estar, luego casi no podían salir a la calle. Ya eran, sin serlo, la sombra de una amenaza.
Sus lenguas son tejas secas, no hay saliva en ellas, solo la sangre que llena sus bocas rotas. Desconocen su destino. Piensan en correr pero se contienen. Escapar únicamente les daría un motivo más para golpearlos, para jalar el gatillo.
Por un instante creen que eso sería lo mejor. El ruido de las balas en la madrugada no se puede ignorar como a los gritos en la calle, como a la pólvora en las ma-nos, como a los cuerpos en posición de huida, como a las marcas de tortura. Desisten, es una película que vieron ya en este pueblo, el resultado fue el silencio. Nada puede contra la voz que señala a los muertos de terroristas, de agresores del Estado, de enemigos del bien común.
A uno de sus amigos lo sacaron de madrugada. Era un operativo del Ejército. Lo subieron al mismo picap blanco que ahora los escolta. La familia pensó que en la mañana podrían llevarle comida a la bartolina. No estaba allí, tampoco en el cuartel.
Al mediodía les llegó la noticia del joven muerto. Cinco tiros en la espalda, uno en la nuca. Fue en un tiroteo, dijeron los jefes uniformados. Alguien habló de alteración de la escena, de que el arma había sido colocada, de señales de ataduras en las manos, de livideces que no concordaban con la posición del cadáver, de ejecución. Después, nada.
Días antes, el muchacho no se había dejado revisar, los soldados lo sometieron. Sus amigos intentaron ayudarlo, la punta de los fusiles los paró en seco. Las madres llegaron a tiempo, increparon a los militares. Los chicos finalmente se fueron, pero los soldados no olvidaron.
Los jóvenes comenzaron a dormir afuera de las casas tras el crimen. Cada noche buscaban un refugio nuevo, como sus padres en la guerra. Primero fue la iglesia, después la casa comunal, luego el cerro, por último el gallinero.
No escucharon al vehículo acercarse, llegó con las luces apagadas. La puerta no opuso resistencia, varias lámparas les iluminaron el rostro, los cegaron. Los golpes llegaron sin aviso. Nadie escuchó los gritos. Ni un solo hijueputa llegó a los oídos de los vecinos, ni un solo hijueputa quiso ser escuchado. Las gallinas fueron testigos del espanto, también gritaron, luego volvieron a dormir.
Uno de los muchachos cae. Un soldado lo levanta por el cuello, le da un rodillazo en el estómago. El chico se desploma nuevamente, vomita algo oscuro. El militar le pone el pie en el pecho, le orina la cara.
Los bultos en el horizonte comienzan a tomar forma de casas, no reconocen este pueblo, no es el suyo, no es el que les dio refugio. Una luz se prende y apaga a lo lejos, los jóvenes piensan que son los compañeros de los soldados, quieren creer que solo los llevarán a encerrarlos a otro lado, que mañana no estarán en un tiroteo fantasma, que verán a sus padres.
Unos números romanos pintados sobre un muro marcan una frontera, la cruzan. El terror se queda con los chicos.
—Aquí les traemos —grita el soldado al mando. De las sombras se desprenden varias siluetas.

Ilustración de Moris Aldana

Feria

Han puesto un cono a la par mía. Alguien me arregló los brazos y las piernas y me puso la mantelina en la cara. Soy un cuerpo acostado boca arriba sobre piedras incómodas. Un policía me cuida mientras van por la cinta. Eso le dijeron. «Cuidala». Pero no me mira. Hay gente sentada ahí nomasito, renegando que el bus se tarda. Una muchacha se ríe diciendo que quizá celebré demasiado porque me quedé dormida de tan borracha. Luego se calla. Se escuchan los cuetes y la bulla de la feria. Se distingue la calle solo por las luces de toda esa chorrera de carros que quiere entrar al pueblo. Nadie alcanza a ver el alambre en mi cuello morado. Mi familia no sabe que me dejaron aquí tirada.

***

Cuando se metieron a la casa, nos ordenaron que quitáramos la denuncia y nos fuéramos o nos mataban. Traté de que no me temblara la voz: «Dios no permita, hija, —le dije a la Ana— pero a ese que lo tengan preso por lo que le hizo a la niña». Y no es tanto que yo fuera valiente, la verdad es que no teníamos para dónde irnos. Nos quedamos, pero cerramos las ventanas con pasadores y trancamos la puerta. Ya ni dormía bien por imaginarme todas las formas en que podían matar a la Ana, que es salida y nunca distingue cuándo callarse la boca, y a la Karlita, que Dios sabe por qué le hicieron eso a ella y no a su nana. En la casa vivíamos las tres, nadie más. Cuando las sentía hincarse juntas, a la par de la cama, y pedir que no nos pasara nada, solo me daba la vuelta y me hacía la dormida. Hacía tiempo que se me había acabado la fe, pero no era algo que les pudiera decir.

***

Después de lo de Karlita, a la Ana le tocaba pedir permiso en el trabajo bien seguido, y al final la echaron. En esa misma semana fue que vinieron ellos y nos encerramos. Ayer, viendo que ya nos estábamos quedando sin comida, agarré unas libras de maíz y frijoles que tenía guardados y me puse a hacer unos tamales pisques. Le pedí a la vecina que les contara a los demás en la colonia, pero casi no vendí. Hoy en la mañana oí unos cuetes y me acordé de que había feria. Y cabal es la fecha en que el pueblo rebalsa de gente porque traen música y hacen la procesión. Le dije a Ana que me ayudara a llevar la mesa y los peroles al parque y se regresara. Me puse en una buena esquina. Para cuando se hizo de noche había vendido un montón y estaba bien contenta por eso. Vi a los niños jugar y me dio lástima que Karlita, con lo inquieta que es, esté ahora tan triste y encima tenga que pasársela encerrada todo el día. Pero es de esas cosas que una piensa y sabe que es por gusto, de nada sirve lamentarse. Como a las ocho ya estaba más calmada la venta porque todos andaban en el baile. Le dije al de a la par: «Cuídeme aquí en lo que voy al baño».

***

Tal vez fue porque no me hinqué a la par de mi hija y de mi nieta que me pasó lo que me pasó. Tal vez solo me tocaba. Tal vez no, pero ellos me adelantaron; ellos, los que me hallaron en el camino y me sacaron del pueblo y después me vinieron a tirar aquí, en el predio que da a la entrada. Aunque hubiera gritado, ¿quién se iba a dar cuenta entre tanta cumbia? No me acuerdo quién me arregló las manos y las piernas. No sé a quién se le ocurrió taparme. Pero le agradezco. Debe ser feo verle la muerte en la cara a una vieja como yo.

***

Escucho a Ana pedirle al policía que si las pueden acompañar a la casa, que las dejen subir un par de cosas al carro y que las lleven lejos, lejos, adonde sea. Ana nunca entendió que no se puede correr así nomás, sin saber para dónde va uno. ¿Qué va a ser de ellas? Ana empieza a gritar: «¡¿Que no ve que me la mataron?! ¡¿Que no ve que ahora nos van a matar a nosotras?!». La gente la mira desde los carros detenidos por la trabazón. El policía le pide que se calme, que está asustando a los turistas. Ana sigue llorando abrazada a la niña, pero ya no grita: «Llévenos lejos, por favor, se lo ruego, llévenos adonde no nos sigan». El policía la ignora, como me ha ignorado a mí, tal vez para él las dos estamos muertas.