Carta Editorial

La que provoca el covid-19 debe ser, por hoy, una crisis eminentemente sanitaria. No hay duda. Más adelante, sin embargo, habrá que preocuparse, y mucho, por la crisis educativa que se gesta en estos días. El intempestivo cierre de las instituciones educativas, para evitar el contagio, precipitó el salto a lo virtual. En ese avance, los usuarios de los centros educativos públicos son los que más están sufriendo.

La educación informática, la alfabetización digital, la aplicación de nuevas tecnologías en las clases son conceptos que implican inversión, una muy alta si se toman en cuenta los parámetros a los que el sistema educativo salvadoreño está acostumbrado.

De la importancia de la educación en el desarrollo de un país se habla y se escribe a cada rato. Casi cualquiera que se lo propone puede elaborar un discurso creíble y bien argumentado al respecto. Y tendrá razón. El problema es que no todos los que saben referirse a la educación tienen el poder real de cambiarla. Y quienes sí podrían tomar medidas para mejorar la forma en la que se trabaja en los centros educativos no lo hacen con la eficiencia que demandan estos tiempos. El Salvador debería estar invirtiendo por lo menos el 6 % del PIB en educar a sus habitantes, pero no supera el 4 %. En el presupuesto vigente del Ministerio de Educación, por ejemplo, hubo un recorte de $29 millones del área de infraestructura.

Hay alumnos de centros escolares públicos que, en esta pandemia, han pasado de no tocar una computadora a tener que rebuscarse por comprar paquetes de internet para intentar evacuar las dudas que les dejan las clases a distancia. La ejecución atropellada se ilustra en una alumna que, a estas alturas pregunta, con genuina pena, si habrá repaso de los contenidos que están viendo ahora cuando regresen las clases presenciales.

Mucho se ha documentado sobre la importancia de la educación en la mejora efectiva de la calidad de vida de las personas. Y es fácil llegar a la conclusión de que a mejor preparación de los individuos, se les abrirán más oportunidades. Pero el camino hacia la educación no siempre es una autopista, a veces ni siquiera llega a vereda transitable. Hay no pocas personas que a lo que se enfrentan es a tener que abrir brecha en medio de una selva de obstáculos. El covid-19 vino a desnudar esto también.

Las dos pandemias que se cruzan en Jiquilisco

Fotografías de Maynor Lovo

En los países que forman parte del mundo desarrollado, la Enfermedad Renal Crónica (ERC) está relacionada con padecimientos previos, como la diabetes o la hipertensión. Quiere decir que el deterioro de la función depuradora de los riñones llega como consecuencia del fallo previo de otros procesos. En esos países, es un padecimiento que representa un problema de salud serio desde el punto de vista de la investigación y del diagnóstico. Implica, para los pacientes y para los sistemas de salud, un tratamiento que es complejo y caro. Para esos países, evitar esta situación pasa por promover, principalmente, el control de excesos, como el sedentarismo o las dietas altas en grasas y azúcar.

Julio Pérez vive en El Salvador. Y la que hay en su casa -de piso de tierra, palos y plásticos-, es la misma enfermedad renal en cuanto a consecuencias, pero exhibe un origen que no tiene nada que ver con la abundancia. La enfermedad renal de los países en vías de desarrollo prevalece en las comunidades agrícolas, entre la población más pobre.

Julio tiene 41 años y ya no recuerda a qué edad comenzó a trabajar. No es una efeméride a la que se le ponga atención en esta zona rural de Jiquilisco, en la costa del departamento Usulután, en la zona oriental salvadoreña. Aquí, en el muy rural cantón Roquinte, casi toda actividad económica es agricultura o pesca y no hay edad para empezar.

«Trabajé de acarrear ladrillos, en el manglar sacando curiles (cangrejos), en la albañilería y en la milpa y bastante en caña de azúcar», cuenta. La lista de lo que Julio ha cultivado es variada, y lo mismo aplica para la cantidad y clase de químicos que le ha tocado aplicar o a los que se ha visto expuesto.

La enfermedad que desde hace dos décadas avanza en el municipio de Jiquilisco es la misma que viene desolando comunidades agrícolas en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Se le conoce como enfermedad renal crónica de causas no tradicionales y está, igual que los macrocultivos, enraizada hasta lo más profundo en las comunidades de la costa del océano Pacífico de esta región. Esta otra clase de deterioro de la función renal es muy distinta a la que se reporta en Estados Unidos o en el Reino Unido. Esta, la nuestra, encuentra sus causas en la contaminación ambiental, el limitado acceso a agua potable, las condiciones de trabajo inadecuadas, el contacto con agroquímicos y, más a la base de todo: la pobreza.

Paciente. Julio Pérez tiene 41 años de edad y, hace 14, fue diagnosticado con Enfermedad Renal Crónica. Es parte de los afectados por este mal en Jiquilisco, Usulután.

Para Carlos Orantes, uno de los nefrólogos que más se ha dedicado a realizar investigaciones internacionales sobre esta enfermedad, la calificación que merece la ERC de causas no tradicionales, a juzgar por su componente geográfico, está clara desde hace años. Este profesional, que en 2009 comenzó a dirigir estudios en la zona del Bajo Lempa, a la que pertenece Jiquilisco, señala que este no es un fenómeno «individual», es fenómeno «poblacional» y, por estar presente en más de cinco países manteniendo unas características similares, se debe reconocer como una pandemia. «Pero estamos acostumbrados a relacionar el fenómeno de las pandemias solo con las enfermedades transmisibles», explica. Las transmisibles son las que se pasan de un ser humano a otro por medio de vectores, como lo que sucede con el covid-19.

En términos de distribución de servicios médicos, Jiquilisco pertenece a una microred en la que se coordinan establecimientos como unidades de salud y hospitales. Aquí es en donde trabaja el médico nefrólogo Denis Calero: «En cinco años que llevo aquí, esta ha sido siempre la microred con mayor prevalencia de ERC en el país; y es así tanto por el número que manejamos de casos ya diagnosticados, como por los nuevos que van apareciendo», explica desde su cargo como director de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Especializada «Monseñor Oscar Arnulfo Romero».

Jiquilisco, con la ERC, ya libra una batalla de décadas contra una enfermedad que cuenta entre sus factores de riesgo a otro de los grandes problemas de los habitantes de este municipio costero: la pobreza, que está presente en el 44.5 de los hogares, según informe de la Procuraduría de Derechos Humanos. Estos son hogares como el que Julio comparte con su esposa, su madre y otros familiares. Viven en una casa de adobe que apenas se mantiene en pie y está al lado de una quebrada por la que pasan aguas turbias. Santos es la madre de Julio y cuenta que pudo comprar este terreno con base en préstamos que pagó, poco a poco, con el dinero que le dejaba la venta de tortillas.

A esta realidad ya precaria es que, ahora, hay que sumar la amenaza de contagio de covid-19. Acá no solamente se trata de virus y tejidos. Se trata de vulnerabilidad física y social. La ERC coloca a quienes la sufren en los primeros lugares de riesgo de complicaciones por el covid-19. Y la pobreza coloca a las personas en desventaja con respecto a la disponibilidad de alimentos, de recursos para viajar a recoger medicina y hasta de acceso a servicios básicos, como agua potable, en su lugar de residencia.

«Para nosotros está complicado. En el hospital nos dan el material, pero esa vez que lo fuimos a traer, estaba lleno», explica Julio desde un corredor donde cuelga una hamaca. Recuerda que no había ni dónde sentarse y lo que los salvó fue que su madre, Santos, cargo con un par de asientos de plástico. «Ahí estuvimos prestándolos a otra gente de más edad, así toca», recuerda Julio mientras está de pie apoyado en sus muletas.

En las palabras de Julio como usuario de la red de asistencia médica se confirma la principal instrucción que se ha girado desde el Ministerio de Salud: que a los pacientes con ERC se les brinden los insumos para seguirse realizando la diálisis peritoneal continua ambulatoria en sus casas. Julio debe, cada cuatro horas, caminar hacia el único cuarto con piso de ladrillo y paredes repelladas que tiene la casa. Este espacio fue contruido por la familia, con mucho sacrificio, y se reserva de forma exclusiva para que él se haga su tratamiento.

El doctor Calero, en la unidad de salud que le corresponde, ha buscado acortarles el camino a los pacientes y ha seguido haciendo recorridos para llevar atención. Desde ahí, reconoce: «Estamos tomando medidas muy enérgicas contra el coronavirus, pero quizá nos estamos descuidando de estos pacientes que sufren esta otra enfermedad que lleva aquí mucho tiempo y que, además, es una de las primeras causas de muerte a escala nacional», explica.

Para lo que se circunscribe estrictamente a la unidad renal de la que está a cargo en Jiquilisco, el doctor Calero confirma que, en lo que va de la cuarentena obligatoria, tres personas han fallecido por complicaciones o avance de la ERC. Tres víctimas del cruce de pandemias.

La enfermedad que desde hace dos décadas avanza en el municipio de Jiquilisco es la misma que viene desolando comunidades agrícolas en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Se le conoce como enfermedad renal crónica de causas no tradicionales y está, igual que los macrocultivos, enraizada hasta lo más profundo en la costa del océano Pacífico de esta región.

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EN EL SALVADOR, DESDE HACE 20 AÑOS, el avance de la ERC de causas no tradicionales ha sido imparable. Solo entre enero y diciembre de 2019, por ejemplo, se diagnosticaron 5,133 pacientes con ERC, de acuerdo con el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Salud. Todos fueron hallados en estadio 5, esta es la etapa avanzada, es cuando las personas se encuentran a un paso de depender de un tratamiento de terapia sustitutiva.

De estos casos descubiertos el año pasado, solo un 10% tuvo acceso a terapias sutitutivas, reconoce el mismo informe. Solo 544 de esas más de cinco mil pudieron tener acceso a diálisis o a hemodiálisis. Y estos números son parciales, ya que en esta medición no se incluyó al Hospital Nacional Rosales, uno de los hospitales con mayor capacidad para diagnosticar y atender enfermos renales.

Las hipótesis que se han planteado sobre las causas de la ERC apuntan a que es multicausal e incluye entre sus factores cuestiones que son de carácter social. «La enfermedad es provocada por la exposición ocupacional a agroquímicos, utilizados indiscriminadamente y sin protección durante la actividad agrícola y por la exposición ambiental a contaminantes presentes en el suelo, agua, aire y alimentos», se lee en la Encuesta Nacional de Enfermedad No transmisibles de 2015. Y continúa: «Tales exposiciones resultan potenciadas por una actividad laboral intensa, desarrollada bajo altas temperaturas e inadecuada hidratación y asociada a determinantes sociales, principalmente la pobreza».

Fotografía de Maynor Lovo

Julio tiene hoy sobre la mesa un frasco de gel alcohol y lleva puesta una mascarilla. Santos, la madre de Julio, explica que hace 14 años, cuando él presentó los primeros síntomas, lo primero que pensaron fue que se traba de locura. Las fiebres lo hacían delirar y su comportamiento se vio seriamente afectado.

Para ese entonces, 2004, la discusión científica y gubernamental sobre la ERC en las comunidades agrícolas apenas empezaba. Los agricultores y sus familias se deterioraban y morían en cuestión de semanas, a lo mucho, meses. Los tratamientos de diálisis y hemodiálisis, que sustituyen la función renal, apenas y se conocían en la comunidad. A Julio le dio miedo someterse. «Se convenció porque cabal en ese tiempo murieron como cuatro de los vecinos, uno tras otro», recuerda Santos. Así fue como Julio accedió. Desde hace 12 años está en diálisis peritoneal ambulatoria, quiere decir que cada cuatro horas, se recluye en su cuarto estéril y, ahí, se conecta a dos mangueras: por una entra líquido y, por la otra, sale.

Julio no solo ha visto morir compañeros de trabajo. También ha visto morir a sus vecinos a causa del mismo mal le afecta a él. Así como cuando le dieron el diagnóstico fueron cuatro los muertos; a lo largo de su tratamiento han caído más. Han sido tantos, que ya ni recuerda.

La tasa de mortalidad prematura de la Enfermedad Renal Crónica en El Salvador creció 3.3 puntos en solo un año. Para 2019, alcanzó un 56.3. En este país, esta enfermedad lleva a la muerte a más personas que el cáncer cérvicouterino o la hipertensión.

Julio, como otros de sus vecinos que también están enfermos, no tiene ningún otro padecimiento, solo ERC. Según la Encuesta de Enfermedades No transmisibles, del total de casos de ERC detectados en El Salvador, en un 30 % de casos están ausentes la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, o la albuminuria. El factor de riesgo por el que 30 de cada 100 personas enferma de ERC tiene que ver más con el lugar en que vive, las condiciones, el clima y la clase de trabajo que realiza.

Falta de calidad. Un 25 % del parque habitacional salvadoreño tiene techo, paredes o pisos deficientes, de acuerdo con un estudio que, en otras instituciones, firma Habitat for Humanity.

Jiquilisco, por otro lado, aparece ya como uno de los municipios en donde se han reportado casos de covid-19 que se han calificado como locales. El virus, que se caracteriza por ser altamente contagioso, ya circula en la comunidad.

Debido al riesgo de covid-19, a los pacientes de ERC se les ha animado, con especial énfasis, a quedarse en su casa. Las consultas en las unidades intermedias están suspendidas, para evitar las aglomeraciones. Y se ha buscado que el enfermo no salga, no se mueva de su casa. Se les ha girado instrucción para que sea un familiar quien recoja los insumos en nombre de ellos. Pero esta medida de contener a los pacientes en sus viviendas es, también, una condena cuando se considera la calidad de los inmuebles que puede pagar la mayoría de personas que sufre ERC en zonas como las de Jiquilisco.

En El Salvador, un 75% del parque habitacional tiene alguna deficiencia en su calidad. Y, entre las más endebles, hay un 3.5% que no cumplen ni los requisitos mínimos establecidos como aceptables para una vivienda, de acuerdo con el informe Estado de la Vivienda en Centroamérica, respaldado por Habitat for Humanity, entre otras instituciones.

La ERC no es un fenómeno “individual”, es fenómeno “poblacional” y, por estar presente en más de cinco países manteniendo unas características similares, se debe reconocer como una pandemia. “Pero estamos acostumbrados a relacionar el fenómeno de las pandemias solo con las enfermedades transmisibles”, explica el nefrólogo e investigador, Carlos Orantes.

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Santos, la madre de Julio, de hecho, reconoce que compró el terreno en donde de habitan incluso con la advertencia de que había sido ya vendido a otra persona antes que a ella. Así, esta es parte de ese 24 % de familias que habitan en casas cuya propiedad no es segura. Y, si se toman en cuenta los materiales de construcción, un 25 % del parque habitacional salvadoreño tiene techo, paredes o pisos deficientes. Sobre el que está de pie Julio es de tierra.

El covid-19 y la ERC tienen en común una recomendación: el lavado de manos. Como en muchas otras enfermedades, la higiene personal funciona como barrera. En el covid-19 para evitar contagios. Y en la ERC para evitar infecciones. Aquí, sin embargo, hay que tomar en cuenta, también, que 27 de cada 100 hogares reportan problemas con el suministro de agua.

En Jiquilisco, el doctor Calero indica que en la Unidad de Salud Renal que tiene a cargo atiende a una cantidad de pacientes que oscila entre los 600 y los 800. Ellos se encuentran en etapas diferentes de la enfermedad. Pero, hay algunos, los que más preocupan, que son los que están en estadio 5 y ya dependen de terapia, ya sea con diálisis en sus casas o con hemodiálisis en un centro hospitalario. A ellos no se les puede dejar de ver. «Entre los pacientes sí hay temor de ir a un hospital o a una unidad de salud, por todo esto de la cuarentena. En el paciente renal, esto es grave; si no lo vemos en sus controles, se puede complicar, puede llegar a ponerse muy urémico o puede llegar a sufrir un edema pulmonar». El médico, en un día, organizó visitas domiciliares a ocho pacientes distribuidos entre cantones a los que no es fácil llegar. Lo hizo como iniciativa propia que, consideró viable por la cantidad de pacientes que tiene en este estado de gravedad.

Disyuntiva. Los macrocultivos requieren una cantidad de cuidados y recursos. Los agroquímicos elevan la producción, pero deterioran la salud de trabajadores y vecinos de la zona.

Desde lo más alto en autoridad del Ministerio de Salud no se ha girado ninguna guía especial para los pacientes con ERC ni para los que sufren de cualquier otra enfermedad crónica no transmisible, salvo, la general, la de quedarse en casa para reducir la posibilidad de contagio.

En un artículo que publicó en este periódico hace un par de semanas, el doctor Carlos Orantes, nefrólogo e investigador, ya hacía un punto de honor sobre el riesgo que corre esta población: «Los pacientes en diálisis son particularmente vulnerables a este coronavirus, sobre todo en quienes no reciben una dosis de diálisis adecuada», explicaba. La razón, continuaba, es «que repercute en un estado inmunológico disminuido que incrementa el riesgo de presentar la forma más grave de la covid-19″.

Julio sabe que debe quedarse en casa. Pero la medida, en las circunstancias en las que él y su familia deben cumplirla, escapa a cualquier cliché de redes sociales. Aquí no hay libros, ni servicios de series y películas y tampoco hay entregas de comida a domicilio. Santos, la madre de Julio, dejó de hacer tortillas y ahora quien tiene el negocio es su nuera. De lo que sacan de ahí, se mantienen todos. Sacar la venta cada día es, sin embargo, en sí mismo un riesgo. En el momento en que, como ha sucedido con otros municipios, las restricciones de circulación se intensifiquen, ya no habrá clientes. Ya no habrá ingresos. Quedarán solo ellos, en su casa de abobe y láminas intentando sobrevivir a dos pandemias.


Glenda Girón es becaria 2019-2020 de Bertha Foundation.

Carta Editorial

En casas en donde parece que lo único que cabe es la miseria, ahora se apretujan también dos pandemias: la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y el covid-19. Sucede en Jiquilisco, municipio de Usulután. Esta es la cuarta entrega de la serie Comunidades Intoxicadas que estamos desarrollando en esta revista, con una publicación al mes, desde enero. Este esfuerzo es posible gracias al apoyo de la Fundación Bertha.

La ERC que se sufre en las comunidades agrícolas viene desnudando inequidades e injusticias sociales desde hace décadas. Ha revelado la inacción de los gobiernos, sin importar ideologías, cuando, para proteger a las personas, hace falta intervenir en la productividad. Y ha expuesto las dificultades de los sistemas de salud cuando se trata de llevar tratamientos y diagnósticos oportunos a las zonas rurales.

México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador son los países de la región en donde hay una alta prevalencia de casos de Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales. En todas estas naciones, esta enfermedad representaba grandes tareas pendientes en el camino hacia el cumplimiento del derecho a la salud. Y, entonces, llegó el covid-19. Y esta otra pandemia también ha venido a colocar sobre la mesa demandas particulares.

Los preocupante del cruce de ambas es que los afectados son personas que viven en una pobreza multidimensional. Por mucho tiempo, los pacientes renales han sido marginados y su drama ha sido silenciado. Ahora son parte de la lista a quienes el covid-19 les puede hacer más daño. La deuda de las políticas públicas en salud para con ellos no hace otra cosa que crecer.

Confinados en sus casas de lámina o adobe van a tener que seguir esperando guías claras y recursos para poder enfrentar la nueva amenaza.

Carta Editorial

La violencia doméstica, las agresiones sexuales y las violaciones a la intimidad siempre llevan mucho de subregistro en este país. El salvadoreño es un sistema que aún está dispuesto para que a las víctimas les cueste mucho encontrar el camino hacia la denuncia y hacia el escape. En estos tiempos, existe, además, una preocupación bien fundamentada por evitar que medidas para reducir el contagio de covid-19 se conviertan, también, en tapadera de esta clase de delitos.

Si la principal estrategia es pedir a la población que respete la cuarentena -ese aislamiento en el lugar de residencia-, también se debieron crear mecanismos de salida para cuando ese hogar se convierta, como por tradición revelan las estadísticas, en escenario de abuso.

En el reportaje de esta edición, el periodista Stanley Luna explica cómo es que las medidas contra la pandemia dejaron por fuera establecer lineamientos para que, a la vez, se le diera cumplimiento a la que la Ley Especial Integral para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

El encierro, señalan los expertos, es causa de estrés. Y esto puede llegar a agravar situaciones que ya eran riesgosas en el hogar. Una potencial víctima no solo tiene derecho a tener al alcance información acerca de cómo pedir auxilio y cómo denunciar, también tiene que saber cómo lo puede hacer en confidencialidad, sin alertar a la fuente de las agresiones.

Las medidas creadas para proteger a la población, para poder ser calificadas como justas, deben ser inclusivas. Deben tomar en cuenta que no hay un hogar igual al otro y que no se puede homologar la situación de las familias salvadoreñas. Hay eventos trágicos sucediendo de puertas para adentro y las víctimas tienen derecho a saber cómo encontrar una salida de emergencia. El sistema debe estar pensado para tomarlas en cuenta.

Carta Editorial

Somos un país que exporta gente. La mayoría se va en circunstancias riesgosas, a un lugar que solo ofrece inestabilidad. Lo que ha cambiado de forma reciente es el medio por el que se hace el trayecto. El año 2019 dejó un dato que se lee como el hecho de que, de los que migraron y dejaron algún tipo de rastro, casi un 75 % lo hizo por vía aérea.
El endurecimiento de las medidas fronterizas, el aumento de riesgos en el camino y la estrechez en la aprobación de asilos o refugios ha transformado la imagen de Estados Unidos como destino de salvadoreños que huyen en busca en oportunidades económicas o de seguridad.

Los destinos ahora son más variados, más lejanos. Y un boleto aéreo alcanza incluso a ser más barato que el cobro que hace un coyote. Es todavía muy temprano para saber qué consecuencias dejará la crisis por pandemia en este aspecto. En el reportaje de esta edición, la periodista Wendy Hernández acerca las voces de los expertos para ir enumerando las características de este cambio en la forma de migrar, sus causas y su posible evolución a la luz de un fenómeno que hasta hace cuatro meses jamás habríamos alcanzado a dimensionar: el covid-19.

Entre todo, hay algo que no cambia. Y eso es la razón y el contexto en el que se dan las movilizaciones. Estas siguen siendo inspiradas en el miedo bien fundado a perder la vida por violencia o por la falta de oportunidades de desarrollo económico. La gente se va huyendo del acoso de la violencia y del hambre.

Es muy posible que, si no se evalúa a tiempo la implementación de una serie de medidas de asistencia social, lo que nos quede después de pandemia quizá sea más desasosiego, más urgencia, más desesperación. Y este es un panorama muy peligroso.

Carta Editorial

Los salvadoreños que quedaron fuera del país cuando se cerraron las fronteras a causa de la crisis por COVID-19 lo que merecen, en primer lugar, es respeto. Una emergencia como la que el mundo entero está atravesando tiene que provocar la puesta en marcha de procesos de protección para la mayoría de personas, pero esto no puede ser a costa de los derechos de otras. Las directrices que los gobiernos a cargo envían deben ser claras, pero, también, empáticas y adaptables a la situación de cada quien. No pueden dejar por fuera a nadie.

Más de 3,000 personas se quedaron, prácticamente, sin país. Las medidas por la pandemia no solo los dejaron lejos, también los dejaron sin opciones, Están en una especie de limbo en el que deben sobrevivir, casi que de manera individual, a una emergencia como la que jamás se había visto antes. Ninguna persona debería ser obligada a pasar por esto lejos del territorio que reconoce como hogar y lejos de las personas a las que considere familia.

En esta edición, el periodista Stanley Luna coloca la lupa en las preocupaciones de estas personas que ya no tienen a quién acudir. Piden algo que, en medio de la emergencia, se le quedó por fuera a este gobierno. Piden que se les abra una oportunidad para volver en condiciones acordes a la situación y que, al mismo tiempo, sean respetuosas de sus derechos.

En medio, se cuela una petición que, en contextos sanos, ni siquiera valdría la pena mencionar. Solicitan no ser discriminados. El solo hecho de tener elaborar este mensaje es indicativo del daño que los discursos de miedo, y no de racionalización de la pandemia, le hacen a un colectivo. Afuera, hay más de 3,000 personas que necesitan volver a pertenecer a su país.

Vivir y morir entre cultivos La Enfermedad Renal Crónica en Chichigalpa

imagen de casa de agricultores
Fotografía de Glenda Girón

Una empresa, productora azúcar y sus derivados, les daba vivienda y también servicios básicos a colonias enteras de gente. Eran colonos, miles de colonos que convivían con el humo de la quema de la caña para corta, lo mismo que con el rocío de agroquímicos que tiraban las avionetas. Así era hace poco más de 20 años, cuando los braceros, los paileros, los fumigadores y sus familias vivían adentro del ingenio San Antonio, hacia la costa del Pacífico de Nicaragua. Ahí, había mercaditos los fines de semana, había jornadas de limpieza de las casas y también médicas. Ahí, la gente celebraba cumpleaños y bodas. Ahí, la gente tenía casa, trabajo y familia. Eran comunidad, la comunidad que vivía y mantenía vivo al ingenio San Antonio, de la Nicaragua Sugar Estates, en Chichigalpa, Chinandega.

A Chichigalpa, este municipio caliente de calles angostas, la cambiaron por completo tres acontecimientos. La erupción del volcán Casitas, en octubre de 1998, que dejó cientos de muertos y desplazados, fue el primero. En noviembre de ese año, el huracán Mitch llegó a inundar y arrastrar entre lodo lo poco que quedaba en pie. La tercera fue de carácter poblacional, un movimiento sin precedentes hasta ese momento: el ingenio San Antonio sacó de los terrenos del ingenio a todos los colonos, a los miles. Era 1999.

«Pongámoslo así, Chichigalpa, originalmente, tenía 100 manzanas. La cantidad de terreno que el ingenio compró para la gente que sacó fue, primero 60 manzanas. Pero llegaron a comprar 100. Entonces, Chichigalpa, prácticamente, se duplicó cuando fue fundada La Candelaria», así lo dice Víctor Sevilla, quien fue alcalde de este municipio durante tres períodos. Esos lotes que el ingenio compró, además, explica el exalcalde, fueron divididos. Por cada lote, se colocaron dos familias. «Las letrinas quedaron pegaditas, y, con las lluvias, eso rebalsaba», y el exalcalde junta las manos para ilustrar las distancias y las extiende lo más que puede para ilustrar los rebalses.

El impacto no fue solo de densidad demográfica. La gente en esos nuevos asentamientos comenzó a enfermar. El diagnóstico común: Enfermedad Renal Crónica (ERC). La gente recién mudada desde el ingenio San Antonio hasta La Candelaria, y otros asentamientos menores dispersos, empezó a ver que su función renal se deterioró rápidamente. De aquel inicio de la década de los 2000, la gente recuerda que venían de enterrar a uno, cuando ya había que llevar al cementerio a otra persona más.

El exalcalde Sevilla no quiere que se le hagan fotos, tampoco se baja de su carro para realizar esta entrevista en algún punto de la carretera, afuera de la ciudad. Pero expone con seguridad una cosa: «A la gente la sacaron del ingenio, porque se iba a empezar a morir y así fue».

«Nuestras casas, nuestras comarcas, nuestras ciudades como Chichigalpa, El Viejo, Posoltega, Quezalguaque, y el mismo León, todas están en medio de la caña. El entorno natural de esas poblaciones es la caña de azúcar», explica el exalcalde Sevilla.

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NICARAGUA ES UN PAÍS QUE EL 2018 SE PARTIÓ.
Las protestas en contra de las decisiones del gobierno en cuanto a seguridad social llenaron las calles. Hubo violencia y represión. De ese acontecimiento, queda el miedo y la polarización política llevada al extremo. Desde que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial en 2007, el gobierno oscureció toda su gestión. Y, tras la reciente jornada de protestas, la actividad gubernamental se hizo todavía más opaca. En este contexto, las instituciones gubernamentales no acostumbran a dar datos. Ocurre con las estadísticas de violencia y también con las de los hospitales. Los datos, si los hay, no son información pública.

Un estudio fechado en el 2003 incluye, para ilustrar la cantidad de diagnósticos, un mapa en el que cada punto es una persona muerta. Los puntos están concentrados en los departamentos de León, Chinandega y Managua, en el costado que este país le da al océano pacífico. La misma franja en la que también se concentran los casos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Ese estudio fue realizado por el Ministerio de Salud nicaragüense y es de los pocos documentos oficiales que se encuentran disponibles al respecto. En aquel momento, la alerta saltó porque de los 200 fallecidos por esta causa que hubo en 1990, se pasó a 500 en el 2000. «En 2004-2006 llegaron a ser más, pero no sabemos qué tantos», explica una fuente médica que prefiere el anonimato.

Los primeros afectados por la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en Nicaragua fueron hombres, trabajadores agrícolas, con escaso acceso a agua potable. Un perfil descrito ya en varios de los estudios científicos realizados que buscan definir por qué, en esta región, la ERC no es solo consecuencia de enfermedades como la diabetes o la hipertensión (que es el comportamiento tradicional de la enfermedad), sino que afecta a gente más joven y sin padecimientos previos. Pero, sobre todo, por qué si la ERC no es una enfermedad transmisible, tiene un nicho específico en las comunidades agrícolas.

Sin distancia. Pedro está parado en la vereda que divide su casa de los cultivos. En Chichigalpa, es imposible segregar las zonas residenciales.

A Juan de Dios Guzmán, esta calurosa mañana de febrero de 2020, no le alcanzan las manos, ni la memoria, para hacer una lista de a cuánta gente de la Candelaria ha visto morir por esta enfermedad. Prefiere resumir: «Aquí todos estamos con la creatinina«, así se le conoce a la ERC. Está reunido con otros vecinos en el patio de su casa, una superficie de tierra y algunas piedras en donde, a base de plásticos y palos torcidos, ha hecho una especie de terraza muy precaria. Juan está sin camisa, el calor, el viento y el polvo casi no dejan ni hablar. En los brazos se le ven las marcas de la hemodiálisis. Son unas venas abultadas como pelotas.

Juan fue pailero. Juan está enfermo desde 2002. Juan asegura que enfermó por trabajar en el ingenio y por vivir en esta zona. Juan tiene hijos. Los hijos de Juan son paileros. Dos de los hijos de Juan tienen Enfermedad Renal Crónica. «Es que aquí no tenemos para dónde agarrar, si no es ahí, no hay trabajo», cuenta mientras encoge los hombros. Este ciclo es el mismo en la mayoría de casas de La Candelaria. Las mujeres de la casa no es que no estén enfermas. No se sabe, porque nunca se han hecho una prueba. No cuentan con seguro médico.

Comunidad. La Candelaria es el asentamiento creado para las personas que fueron trasladas desde los terrenos del Ingenio San Antonio. Aquí, Juan de Dios toma el bus que lo lleva a recibir tratamiento por Enfermedad Renal Crónica en León.

«Es una tragedia», describe uno de los médicos citados por investigadores de la Universidad de Boston en un informe independiente publicado en 2011. Uno de los médicos estima que el número de casos se incrementa en un 10-15% cada año, y un farmacéutico sugiere que los casos aumentan de forma exponencial: «Hace como cinco años que han empezado a caer como moscas, casi a diario aparece una persona muerta, o grave con esa enfermedad». Este documento recoge las impresiones de médicos y farmacéuticos que están en la primera línea de batalla de los diagnósticos y de los tratamientos.

En 2019, un grupo de 17 científicos de diferentes países publicó otro estudio en el que analizaron, durante un año, los casos de 34 pacientes de El Salvador, Sri Lanka, India y Francia. Los profesionales encontraron en común unas «lesiones lisosómicas de células de túbulos proximales asociadas con diversos grados de atrofia epitelial y desprendimiento de fragmentos celulares presentes en el 81.3% de las muestras de biopsia renal de pacientes».

Carlos Orantes, nefrólogo salvadoreño y uno de los 17 investigadores de este estudio señala: «La persona que padece este tipo particular de ERC tiene como elemento de desarrollo tres características: pobreza, contaminación ambiental y condiciones laborales insalubres». Este documento relaciona la exposición a agroquímicos con la propensión a el deterioro renal. «Es muy importante la procedencia geográfica o residencial en esto; dónde vives, a qué te dedicas, dónde creciste, cómo te desarrollaste son las determinantes sociales de esta enfermedad», agrega desde la sede del Ministerio de Salud en San Salvador, capital de El Salvador.

Zona productiva. El municipio de Chichigalpa, en Chinandega, en la costa del Pacífico de Nicaragua, es una zona de alta producción agrícola.

En el documento, publicado en revistas científicas, se profundiza más en el perfil de los pacientes: «Son hombres jóvenes, principalmente trabajadores agrícolas, con determinantes socioeconómicas y ocupacionales comunes que incluyen un clima tropical cálido, pobreza y exposición a sustancias potencialmente tóxicas, principalmente agroquímicos a través de la ingestión de alimentos contaminados, por beber agua de pozos contaminados poco profundos, inhalación y contacto directo con la piel. Se ha hallado entre personas menos expuestas, incluidos trabajadores no agrícolas, mujeres y niños que viven en el mismo ambiente».

La ERC de causas no tradicionales está sembrada en las comunidades agrícolas, y, al margen de que lo que la provoca aún no esté determinado, el componente geográfico es inocultable.

Juan está enfermo desde 2002. Juan asegura que enfermó por trabajar en el ingenio y por vivir en esta zona. Juan tiene hijos. Los hijos de Juan son paileros. Dos de los hijos de Juan tienen Enfermedad Renal Crónica. «Es que, aquí, no tenemos para dónde agarrar, si no es ahí, no hay trabajo», cuenta mientras encoge los hombros. Este ciclo es el mismo en la mayoría de casas de La Candelaria.

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La Candelaria es una nube de polvo color café claro. En medio, están las casas precarias en donde es imposible que haya limpieza. La fina tierra se cuela por todos lados. Y el calor intenso obliga a salir, a descamisarse, a crear sombras con plásticos para poder estar.

Así está Juan de Dios, cuando recibe la visita de Jorge Romero. La ERC, como el polvo, se mete en toda conversación.

—Los sacaron por compromiso, para no tener problemas, pero sabían que toda esa gente venía pegada con creatinina-, cuenta Romero, que tiene 65 años, trabajó 14 zafras en el ingenio, también vive aquí cerca y también tiene daño en los riñones, pero aún no necesita la terapia de sustitución, esa en la que una máquina hace la función que los riñones pierden.

—Nosotros tenemos 20 años sin respuesta por la mentada creatinina-, apunta Juan de Dios.

Entre vecinos. Pedro es una de las personas que vive en La Isla y que comparte espacio con macrocultivos, en este caso, caña de azúcar.

La Candelaria es el punto de partida de buses, llenos a tope de gente, que salen hacia el hospital de León todos los días. La gente va por turnos, porque cada uno debe, al menos dos veces por semana, someterse al único tratamiento que funcionó entre la gente de Nicaragua: la Hemodiálisis. La otra alternativa, la diálisis peritonial no se hizo masiva, ya que es domiciliar y requiere de condiciones de vivienda e higiene básicas que, en este asentamiento, no se cumplen.

En La Candelaria hay electricidad, pero no hay alcantarillados. Tal y como lo describió el exalcalde Sevilla, las letrinas están pegadas unas con otras. Y así, también, está la gente que vive con ERC.

Juan de Dios es uno de los usuarios de estos buses que son un servicio que presta la alcaldía de Chichigalpa. Son tantos, que Juan pertenece al tercer grupo y, todavía después, hay uno más. Cada día, cuatro buses con entre 60 y 80 personas salen de La Candelaria rumbo a León, esa ciudad blanca y turística, pero ellos poco ven, van directo al hospital.

No son solo ellos. Aquí, en Chichigalpa, también hay gente que recibe el tratamiento en Chinandega o en Managua, la capital. Son varios ejércitos de gente con los riñones marchitos. «Y esos son los enfermos, pero vivos. De los paileros viejos ya no queda casi nadie», cuenta Jorge mirando al suelo. Juan de Dios asiente.

Nicaragua ha sido siempre agrícola. Cuando no era la caña de azúcar, era el algodón. Y, específicamente, estas tierras costeras del Pacífico han estado siempre sembradas, siempre en cosecha, siempre ocupadas. Solo la industria azucarera celebró ya su centésimo aniversario. La gente trabaja aquí y, para vivir, le ha ido peleando espacio a los cultivos.

«Nuestras casas, nuestras comarcas, nuestras ciudades como Chichigalpa, El Viejo, Posoltega, Quezalguaque, y el mismo León, todas están en medio de la caña. El entorno natural de esas poblaciones es la caña de azúcar», explica el exalcalde Sevilla. En lugares como estos, en especial en Chichigalpa, separar las zonas residenciales de las agroindustriales es, prácticamente, imposible. «Las casas están en medio de la caña», dice Sevilla. No exagera.

La Candelaria es el asentamiento de donde más salen enfermos a recibir tratamiento. Hay otra población de donde han salido los muertos. Recibió atención mediática por ello. Se llama La Isla, pero en los periódicos de varias partes del mundo, desde hace unos cinco años, se le conoce como La Isla de las Viudas. Así sucede en los países de esta región, la atención llega con la muerte, no con las injusticias sociales sostenidas, como el acceso a vivienda sin riesgo.

Pedro Amador lleva sucia la venda que cubre el catéter. Se le sale de la camiseta cuando extiende los brazos, como ahora que intenta hacer un listado de sus vecinos de La Isla que han muerto: «No termino ahorita. Solo aquí, al otro lado, se fueron tres casi al mismo tiempo». Con otros de sus familiares presentes en esta casa, arma una lista en menos de dos minutos: «Tino Calderón, Pedro Calderón, Felipe Calderón, ellos eran hermanos; Julio Altamirano, el otro Julio, Salomón, Chepe Luis, Tomás Calderón, Aurelio, Virgilio…». Ellos son solo los que han muerto en los últimos años.

La Isla es una comunidad añadida a un cañal. La casa de Pedro está frente a una extensión enorme de caña recién sembrada. Los divide, tan solo, una vereda de tierra. La caña tiene sus propias rutinas. Se siembra, se abona, se le aplica un agroquímico que sirve para madurar. Aquí no hay muros ni ningún tipo de frontera. El madurante llega a los árboles de mango, coco y aguacate de la casa de Pedro y, cuando eso pasa, pudre la fruta. Después, llega la quema, necesaria para vencer la textura resistente de la caña para, luego, poder cortarla. En esta etapa, Pedro, su familia, la vecindad, el municipio, toda la costa, respiran humo.

Pedro Amador dejó de trabajar en el ingenio San Antonio en el año 2001, cuando en la misma empresa se le diagnosticó el daño renal. Desde el 23 de mayo de 2019, su cuadro se complicó y comenzó a formar parte de las decenas de hombres que, en La Isla, viven con un catéter en el cuello que les sirve para conectarlos a una máquina que cumple con la función que sus riñones ya no pueden ejecutar.

Hoy, cuando nos vio a dos mujeres llegar, Pedro se alegró. Pensó que éramos representantes de la asociación a la que solicitó un préstamo para comprar las láminas y arreglar su casa. Y no, solo somos dos periodistas a las que él les cuenta cómo es vivir y morir entre cultivos.

Acceso a agua. La esposa de Pedro recoge agua del pozo. Las familias de La Isla se abastecen por este medio. No tienen acceso a controles sobre la calidad del líquido que utilizan.

Pedro quiere mostrar la parte del techo de su casa que está dañada. Hace cuentas, son 22 hojas de lámina las que necesita para sustituir todo y que le quede una hoja para dejar un alero. Las láminas -que por el momento están sostenidas en cuatro paredes y cubren el sueño de él, su esposa, hijo, hija y nieto- están corrídas, rotas. No sirven. Pero, de poder quitarlas, Pedro no las botaría. Planea usarlas para cubrir la cocina, que está afuera. Porque, adentro, solo caben camas, refrigeradora, una mesa, un biombo y un par de muebles para colocar la ropa.

Pedro necesita, también, algunos ladrillos de cemento. Hace cuentas, suma, multiplica y, al final, divide la cantidad de dinero que quiere pedir prestada entre todos los meses en los que podría pagar. No ajusta. Cuando habla de remodelar su casa, el rostro de le cubre de ilusión y frustración. «No le digo cuánto vale cada lámina, porque no la he cotizado. Me da miedo ir a preguntar, no tengo valor de ir», cuenta una mañana de febrero, cuando lleva puesta una camiseta blanca con un corazón rojo.

Aunque quiere creer que le pueden prestar los 20,000 córdobas que le hacen falta para que en la siguiente lluvia no se le moje todo, o para que el madurante que se riega sobre la caña no se le impregne en cada una de sus pertenencias, reconoce que vive de una pensión de 4,600 córdobas. Pedro habla con mucho pudor de estas cifras. Al hacer el cambio a dólar, se trata de $585 de un préstamo que quiere pagar con una pensión de $134 mensuales.

Él calcula que podría pagar una cuota de 1,600 al mes. Son unos $46. Y esto significaría apretarse a tope el cinturón y mantener a su familia con $88 al mes. A la gente con enfermedad renal se le alarga la vida con el tratamiento. Pero no se le resuelven todas las otras necesidades básicas, como un techo seguro.

Pedro quiere mostrar la parte del techo de su casa que está dañada. Hace cuentas, son 22 hojas de lámina las que necesita para sustituir todo y que le quede una hoja para dejar un alero. Las láminas -que por el momento están sostenidas en cuatro paredes y cubre el sueño de él, su esposa, hijo, hija y nieto- están corrídas, rotas. No sirven.

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En la Isla, mientras Pedro ha estado hablando, su esposa se la ha pasado preparando un perol de sopa. La va a vender. Ya cortó la verdura y puso a hervir la carne. Pero lo que más ha hecho es sacar agua del pozo. Esta es la forma de abastecimiento que hay aquí en la mayoría de casas. Este es un pozo apenas cubierto y no se le hacen pruebas para encontrar químicos dañinos al ser humano. Alguna vez hubo un intento por introducir el servicio de agua potable por cañería, pero la institución que dirigía el proyecto ni siquiera pudo ofrecer un servicio sin interrupciones largas. La gente, como Pedro, prefirió seguir con su pozo.

En La Candelaria, cuando Juan de Dios y Jorge hablan, la esposa de Juan lava la ropa. Acá sí hay servicio de agua por tubería. Pero tampoco se le hacen controles de forma sistemática. Y, si se hacen, los resultados de esos controles, no se hacen públicos. La gente no sabe con qué lava, cn qué se baña, con qué cocina o qué bebe.

La cara de esta enfermedad son los hombres agricultores. Pero es un rostro hecho con base en datos incompletos. Un médico nefrólogo que trabaja de cerca con ellos desde hace décadas explica: «Llegan más pacientes hombres, porque entre los asegurados hay más hombres. Esa estadística da un valor ficticio, no uno real».

Contar con tratamiento. El sistema sanitario de Nicaragua ha fortalecido la red de tratamiento por la Enfermedad Renal Crónica.

Con el estallido de la crisis por Enfermedad Renal Crónica a inicios de los 2000, también se promovieron cambios en la seguridad social. «En ese tiempo la gente murió en sus casas; era horrible verlos con las bocas secas, entre fiebres altas, decían que se quemaban y que tenían como arena en la garganta. Fallecían frente a sus seres queridos, en el mismo cuarto y en el mismo catre donde dormían», recuerda el exalcalde Sevilla.

Entonces, la ley exigía 750 semanas de trabajo para poder tener derecho a pensión por vejez reducida. La ley se reformó en 2013 y luego en 2015. Ahora exige 250 semanas para poder tener una pensión de 1,910 córdobas ($55) a personas que no alcanzan los 60 años de edad que exige el retiro. Con esto, la cobertura de seguro médico se extendió y más trabajadores pudieron alargar sus vidas gracias a los tratamientos. Pero no se frenó la aparición de casos.

El ingenio San Antonio mantiene estrictas medidas de seguridad, de acuerdo con quienes han laborado ahí. Entre ellas, están los prediagnósticos, la prohibición de trabajar en la empresa si se tiene daño renal, descansos programados, y la indicación de solo beber agua de la que hay adentro de las instalaciones, los empleados no pueden llevar líquido de afuera. A los representantes del ingenio San Antonio se les solicitó entrevista, pero no fue programada, hasta el cierre de esta nota.

Entre Pedro y Juan hay una característica en común. Hablan a corto plazo. Cada vez que se figuran el futuro de esposa e hijos, lo hacen desde su propia ausencia. Juan solo quiere que sus hijos, ya enfermos, reciban una mejor asistencia sanitaria que él. Y Pedro quiere apurarse a heredar una casa con el techo en mejores condiciones, sin hoyos, pues. Es lo que queda.

Glenda Girón es becaria 2019-2020 de Bertha Foundation.

Carta Editorial

Uno de los padecimientos que más ha afectado la calidad de vida de quienes se dedican a la agricultura es la enfermedad renal crónica. Y ha sido tan puntual su daño a quienes se dedican a trabajar la tierra que, después de afectar a miles de personas, se concluyó que hay una variedad no tradicional que está directamente ligada a la actividad. Es la enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas. Estas son poblaciones regadas por el mundo que comparten muchas características. En Centroamérica, las más afectadas son las de la costa del Océano Pacífico.

El reportaje de esta edición se enmarca en una serie que busca retratar cómo a las personas que viven en estas áreas se les viola no solo su derecho a la salud, sino que también su derecho a una vivienda digna y libre de riesgos socioambientales. En los meses anteriores se publicaron los casos de Honduras y de Costa Rica. Gracias al apoyo de la Fundación Bertha, esta vez se profundiza en cómo Nicaragua está tratando esta situación.

Estas comunidades, dada su vulnerabilidad, hoy deberían contar con la atención urgente y prioritaria de muchas instituciones del Estado. Pero el trabajo se va realizando a una velocidad que permite que cada vez haya más y más gente con daño en los riñones. Y la causa no es solo una. La causa es en realidad una serie de injusticias a las que se ha sometido desde siempre a quienes siembran y cosechan. Llevarles, por ejemplo, educación adecuada a sus circunstancias no ha sido una prioridad. Tampoco lo ha sido dotar sus casas de servicios básicos, como cañerías para aguas de todo tipo. O, por principio, hacer que tengan casas dignas. Y menos lo ha sido el darles la oportunidad de tener una mejor calidad de vida por medio de un ingreso que permita ir más allá del día a día.

Carta Editorial

La empatía es esa acción de ponernos en los zapatos de otro, dicho de manera muy, pero muy simplificada. Pues esa práctica, en los países poco dados al respeto a los derecho humanos es muy difícil de masificar. Porque no aplica solo con las personas a las que tendemos a ver como iguales. Es, de hecho, mucho más necesario tender estos puentes con aquellos a los que creemos inferiores. Porque sí, pese a los discursos edulcorados, hay un montón de gente a la que esta sociedad ve de menos. En primerísimo lugar de esta lista de prescindibles, están los privados de libertad.

En esta escala de valores alterada y corrupta, las mujeres llevan la de perder. Con una población que sobrepasa varias veces su capacidad instalada y con un presupuesto que no da lugar a nada más que a la miseria, el sistema carcelario de este país sigue sumando a los problemas en lugar de a las soluciones. Pareciera que a esta nuestra sociedad le gusta pensar que una vez ingresan a algún centro penal, las personas mueren, desaparecen, abandonan sus derechos o se esfuman. Pero no es así. Existen. Y si se sigue con la práctica de no ponerles la atención adecuada, de lugares como ese seguirán saliendo más dificultades que personas capaces de volver a empezar después de pagar lo justo por sus errores.

En esta entrevista que la periodista Wendy Hernández le hace a María Rodríguez Tochetti, asesora de temas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica, hay un análisis oportuno de cómo las soluciones no pueden llegar de la mano de la improvisación ni de la revancha. Es necesario entender que nadie nace para criminal. Y que, pese a las sentencias, nadie, nunca, pierde su calidad de ser humano. Somos, todos, eso: iguales.

Carta Editorial

Miriam Geraldine Aldana está a la cabeza de una de las instituciones con más demanda en el país: la Procuraduría General de la República (PGR). Aldana está por cerrar su primer año como procuradora. Desde la experiencia acumulada en este tiempo, reconoce cuáles son las principales carencias de este, que es el lugar al que se acude en busca representación legal cuando no se tiene dinero para un servicio privado.

La PGR tiene un nicho extenso de trabajo que va desde procesos laborales hasta otros más especializados, como la atención de casos de violencia contra la mujer. Así como es de amplio el campo de acción, también deberían ser los recursos, dado que esta es la única opción para los que no tienen cómo pagar. Mantener en números rojos a la PGR, también significa colocar como inaccesible la justicia en este país.

La privatización de los servicios como estos es también una forma de violencia. Es una que se agrava en los casos de mayor vulnerabilidad. En esta entrevista con el periodista Stanley Luna, Aldana hace cuentas y detalla que, por ejemplo, en áreas tan sensibles como la defensoría penal, hay solo 260 abogados públicos para defender 60,333 casos a escala nacional. La carga de trabajo y de retraso alcanza grandes dimensiones.

La PGR, tan necesaria para el bienestar de miles de personas, entre ellas los niños beneficiarios de las cuotas alimenticias, ha estado sobreviviendo con parches presupuestarios. Y esto ha incidido directamente en la calidad de servicio que se brinda. Aldana explica en esta ocasión cómo han cambiado los procesos y qué medidas se han ejecutado para poder trabajar con más agilidad. Una cosa es la burocracia y otra muy diferente es someter a una institución a funcionar con una cantidad de recursos muy inferior a la que los usuarios merecen.