Carta Editorial

A una sociedad acostumbrada tanto a actuar solo para el corto plazo, le cuesta ver que no todas las acciones tienen que dar frutos inmediatos y que no toda respuesta tiene que llegar precedida de una crisis. La población que se encuentra en las cárceles del país tiene, con o sin sentencia, derechos. Uno de ellos es el que tiene que ver con recibir capacitaciones que le permitan no reincidir en delitos al recobrar la libertad. Es una forma de acercarle las oportunidades a las que, muy probablemente, no tuvo acceso antes. Es un intento por parar la sistemática exclusión.

No se trata de sentir compasión o lástima, se trata de romper el círculo que mantiene al país en donde está. Un ciclo dañino que parte del ocio y la discriminación y acaba en una división permanente entre los que tienen todas las oportunidades y a los que jamás se les permitió acuñar una real.

Una condena por estafa o extorsión, entre otros delitos, significa la pérdida de libertad. Pero no de los demás derechos, que deberían respetarse a todo ser humano. El reportaje de esta edición aborda cómo ha funcionado el programa Yo Cambio.

Pensar en hacer algo para mejorar las condiciones de vida para la población reclusa es un acto que –casi por descontado– implica el riesgo de recibir una cascada de críticas. Porque pese a que la paz, en teoría, esté oficializada en un documento, este sigue siendo un país en el que un incendio en un penal es razón de celebración pública.

El Salvador se ahoga en sus miles de urgencias y necesidades. A no pocas personas les viene bien argumentar que hay mucha gente en pobreza y situación de hambre que sufre sin haber cometido esos delitos por los que los reclusos han sido condenados. Pero a ellos tampoco se les tienden puentes ni se les facilita el acceso a recursos para mitigar necesidades básicas de salud, educación, vivienda, trabajo digno y alimentación.

Carta Editorial

Hemos pasado ya tanto tiempo apuntando la necesidad de invertir en promover la cultura, que ya cuesta hallar palabras. Se ha dicho aquí ya tantas veces que hace falta abrir espacios, que hace falta hacer funcionales los que ya existen. Con múltiples ejemplos hemos señalado la cantidad de talento que hay y que, en la mayoría de casos, no encuentra recursos para desarrollarse; en otras palabras, se pierde.

Hemos puesto bajo la lupa los vicios de la manera en la que se han manejado las instituciones relacionadas con este ámbito. También hemos insistido, al tomar en cuenta las voces de expertos, en la urgencia de contar con leyes que regulen cómo ejerce, cómo se oferta, cómo se desenvuelve, quiénes lo pueden o no hacer. Desde estas páginas nos hemos dedicado a ver los temas culturales desde tantas aristas como ha sido posible.

Ayer terminó el segundo gobierno de izquierda. Y, en la entrevista con la abrimos esta edición, Allan Barrera, escritor salvadoreño, abre una puerta hacia el análisis de cómo ha sido la gestión cultural en estos años.
Lo primero que hay que admitir es que había unas expectativas de cambio que jamás se cumplieron. Nunca se fijó un rumbo favorecedor, no se ampliaron los beneficios y tampoco la cobertura. Los cambios fueron de nomenclatura, no de acciones.

Barrera es una figura desde donde se pueden hacer dos lecturas. Habla como exfuncionario de los gobiernos de Salvador Sánchez Cerén y de Mauricio Funes; y, también, como creador. Desde la segunda, ha experimentado todas las dificultades que nacen de una ejecución sin mapa y sin alma en un país que hace rato viene dando muestras de que solo necesita que se le abran las oportunidades para aprovecharlas.

Barrera es, de hecho, el segundo salvadoreño que gana, de manera consecutiva el Premio Carátula de Cuento Breve, destinado para narradores jóvenes de Centroamérica. Un mensaje más que contundente.

Hasta los huesos

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

El terremoto del 13 de enero de 2001 les dañó la casa. Ya para entonces, seguir en el trabajo en el que estaba en el área de seguridad le implicaba riesgos. Un segundo terremoto, ocurrido exactamente un mes después, terminó de botar paredes y también dudas. La única alternativa era partir a Estados Unidos para ayudar a su padre enfermo y a sus hermanos menores a reconstruir la casa y a levantar, ahora sí, una posibilidad más certera de mejorarse la vida, porque, hasta ese momento, no había ninguna. Se llamaba Juan Carlos López. Tenía 24 años. Se fue.

“¿Cuánto puede cambiar una persona en 18 años?”, se pregunta Luis López en el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE), una organización de la sociedad civil que es todo lo que su nombre dice y de la que ha llegado a ser director. “Aquí no dejamos de buscar a nadie, no importa si han pasado 18 años, como en el caso de mi hermano, Juan Carlos”.

La migración irregular era en 2001 -es en 2019- un tema que se mide más en las remesas que recibe El Salvador una vez el migrante está en su destino. De las etapas previas, El Salvador no da cuentas claras. Hay cálculos inexactos, subregistro y desinformación. Una nebulosa que se tragó al padre de Juan Carlos y de Luis y a una prima cuando intentaron poner una denuncia por una desaparición que no fue aquí, que fue en un allá que ni el padre, ni la prima, y quizá tampoco el policía que los recibió en ese 2001 conocían bien. Desde un desasosiego al que el tiempo le vació el drama, Luis lanza otra pregunta: “Si el desaparecido en territorio nacional no existe, menos existe el que se ha perdido afuera, donde nadie conoce, ¿qué podían hacer en la delegación de la PNC con un caso de una persona que se desapareció huyendo?”

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ANTE LA SOSPECHA DE UN DELITO, el primer impulso en una sociedad institucionalizada es buscar a la policía. Cuando se trata de migrantes, sin embargo, la policía no hace nada: no puede recibir una denuncia por un delito que en el país no existe. La legislación salvadoreña solo contempla la desaparición si la ejecuta un miembro de un cuerpo de seguridad. El otro delito relacionado es el de privación de libertad, pero, aunque una persona tenga sospechas de que su familiar fue privado de libertad mientras migraba, no le abrirán ninguna investigación, si el hecho sucedió fuera de las fronteras. Así, es inútil, por ejemplo, intentar colocar una alerta de migrante desaparecido en una delegación de la PNC o en una sede de la Fiscalía General de la República.

El tiempo que ha pasado entre 2001 y 2019 no ha sido suficiente como para que en las delegaciones de la Policía Nacional Civil se cuente con un protocolo para guiar a las personas hacia alguna de las tres instituciones salvadoreñas que sí reciben alertas de migrantes desaparecidos. El papá de Luis y la prima rebotaron por varios lugares hasta que llegaron a las oficinas de la INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal), donde pudieron informarle al Estado que su Juan Carlos se fue con rumbo a Estados Unidos, pero nunca llegó.

Esa denuncia en INTERPOL tampoco desató una búsqueda intensa ni sirvió para calmar las angustias del padre de Luis y de Juan Carlos. Les dijeron que la Procuraduría General de la República (PGR) les tenía que hacer llegar un mandato para que ellos empezaran a investigar. Los familiares fueron a la PGR y consiguieron colocar el caso.

La sospecha en ese momento era que Juan Carlos había sufrido un naufragio, y con él también estaban desaparecidos otros 18 migrantes. La respuesta de la INTERPOL fue exponer a esta familia a un conjunto de fotografías de cadáveres rescatados en ríos. Eran cuerpos muy lastimados, en los que no pudieron reconocer a Juan Carlos.

“La primera reacción es pensar en INTERPOL como la oficina regional de la policía. Sin embargo, la institución que realmente está llamada a tener competencia nacional para centralizar los casos es la cancillería. De modo que si la gente llega a un centro policial a reportar una desaparición de migrante, la remisión institucional se debería hacer a la división de derechos humanos de este ministerio”, explica Lissete Campos, asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la institución que ha colaborado con otras para hacer estudios sobre la migración, los desplazamientos forzados y las desapariciones, entre otros.

Para el padre de Luis y de Juan Carlos la búsqueda fue demasiado. Murió un año después de la partida del joven. Una serie de infartos sufridos en diferentes momentos terminó de debilitarle el corazón. Eso y la angustia. “Lo que hicieron con mi familia forma parte de lo que ahora como institución intentamos cambiar: es el trato que se le da al familiar”, explica Luis en 2019, cuando su búsqueda sigue tan activa como la de otras 300 personas más de quienes CONFAMIDE lleva los casos. Los uniforma la ausencia.

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EL AÑO PASADO, a El Salvador ingresaron $5,468.7 millones por remesas familiares. Esto representó un aumento del 8.4 % con respecto a lo recibido en 2017, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva. Las personas que migran, en este punto, cuentan.

Cuando se trata, sin embargo, de intentar obtener un número de denuncias o alertas por migrantes desaparecidos no hay una institución que se atribuya la responsabilidad. Lo explica, desde un punto de vista humanitario, Luis: “A nosotros nos tocó vivir la parte de la migración que no importó, porque no generó ingresos. La que no importó, porque no generó mano de obra; y la que no importó porque, al final, eran personas que no contaban físicamente para el Estado. Todo eso nos generó algo más que dolor, a nosotros todo eso se nos convirtió en coraje”.

Después de constantes exigencias de los afectados que se organizaron, se establecieron tres instancias para alertar sobre la desaparición de alguien mientras intentaba llegar a otro país sin documentos: una oficina de atención al migrante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, las delegaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en todos los departamentos y la sede de COFAMIDE.

Cada una de las instituciones lleva su propio registro y sus propios números. Pero las tres coinciden en dos puntos. Uno es que el subregistro es tan grande que cualquier cálculo se quedará siempre pequeño. Y dos: el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador, que está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El banco ha sido una respuesta casi providencial al reclamo de los familiares para organizar búsquedas, ganar reconocimiento y apurar justicia. Antes de 2010, no había en El Salvador nada parecido a lo que este EAAF instaló. Y era tanta la sed, que la primera toma de muestras de ADN fue masiva. En una semana, el equipo argentino tuvo que realizar más de 100 tomas. Solo en 2010 quedaron registrados 188 perfiles genéticos de los 906 con los que contaba el banco hasta abril de este año.

Cuando una familia decide abrir un proceso de búsqueda de un migrante desaparecido se acerca a cancillería, a la PDDH o a COFAMIDE. Ahí aporta tantos datos como pueda tanto de la identidad como de la ruta que llevaba el migrante. Tras este paso, sigue la espera.

No todas las alertas terminan en una toma de muestra de ADN. La primera búsqueda se hace en vida. La institución que más facultades tiene para recorrer este primer tramo del camino es cancillería, porque debe activar a sus consulados para que estén pendientes de las novedades en hospitales, estaciones migratorias y centros de detención, entre otros. Su carácter de gubernamental le da credenciales para solicitar a las autoridades de otros países que se movilicen. Así, al menos, en teoría.

En la práctica, no hay nada que sistematice las comunicaciones entre cancillería y el familiar que demanda la búsqueda. Una llamada de una madre o padre angustiado se puede perder en la maraña de extensiones telefónicas de un ministerio. “Es que tampoco el rol de cancillería es ir en la búsqueda, porque el otro país no lo permite. Jugamos contra los tiempos y entiendo que es difícil, pero si el familiar no sabe ni dónde está la persona, se dificulta más, necesitamos pistas”, reclama Tania Rosa, directora de Derechos Humanos de este ministerio.

Si la alerta se coloca en delegaciones de la PDDH, la familia puede contar con apoyo psicosocial para contener los daños de una pérdida de este tipo, pero para hacer la búsqueda en vida, el caso siempre tendrá que llegar a cancillería. Y lo mismo pasa si se coloca en COFAMIDE.

La ventaja de COFAMIDE con respecto a las otras dos instituciones es la empatía. Cada uno de los miembros del comité tiene o ha tenido a un familiar migrante desaparecido. Además, cuando recibe una alerta, activa su red internacional de organizaciones hermanas para que ellas hagan parte de la búsqueda. Pero en caso de necesitar que se haga una coordinación con instituciones gubernamentales de otro país, como hospitales y centros de detención, de nuevo, la de las credenciales es cancillería.

“Es importante que la gente sepa que en COFAMIDE encontrará un abrazo y la calidez, pero la acción de búsqueda inmediata no está ahí. En tema de desapariciones el tiempo es fundamental. Lo que recomendamos es ir a ambos sitios, porque les van a dar cosas diferentes”, de acuerdo con Campos, del CICR.

“¿Qué hacen las demás instituciones por los migrantes en El Salvador?”, pregunta Rosa desde cancillería. La respuesta que da es una extensión de las manos en las que cae la responsabilidad con respeto, por ejemplo, a la promoción de mecanismos de denuncia: “No es cierto, más sí tenemos una ley, que esto sea un mandato exclusivo de la cancillería o de la Dirección General de Migración y Extranjería. Ambas instituciones hacemos nuestro rol de acuerdo a nuestras competencias. Pero ¿y los demás? ¿Quién dice que no pueden ejercer?”

Algunas familias nunca abandonan la idea de un encuentro en vida. Pero hay un momento en que, a escala institucional, se activa la búsqueda de un fallecido. Y entonces hay que tomar un perfil genético, una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN), que es el encargado de contener las instrucciones genéticas de todo ser vivo.

El Salvador, pese a ser país expulsor de migrantes, además de no contar con mecanismos centralizados y claros de denuncia de desapariciones, tampoco cuenta con banco genético. Este servicio está habilitado gracias a la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una institución que ya cumplió 35 años de existencia y que ha realizado proyectos en otros 30 países. Lo forman 70 profesionales y algunos de ellos viajan hasta El Salvador cada vez que se reúne cierta cantidad de familias en disposición de dar el paso hacia la búsqueda de sus familiares entre fallecidos.

Desde 2010, el EAAF ha viajado en 48 ocasiones para tomar muestras de perfiles genéticos de salvadoreños. Así ha logrado reunir 906 perfiles de familiares que buscan a 326 migrantes desaparecidos que pertenecen a 323 familias.

Esta es la cuenta más depurada que tiene El Salvador de los suyos que han desaparecido en un intento por alcanzar una mejor calidad de vida. Y es fruto del trabajo de un grupo de argentinos que realiza las tomas bajo estándares sanitarios estrictos, las codifica, las envía a laboratorios especializados en ADN y luego las confronta con bases de datos de restos no identificados en busca de una coincidencia genética.

La mayoría de las muestras, 844, han sido tomadas en El Salvador, en los municipios de San Salvador y San Miguel. Pero el EAAF también ha viajado a otros países en busca de este material de salvadoreños. Tomó tres en Italia, una en México y 58 en Estados Unidos.

El Salvador captó el año pasado remesas de 162 países, pero el 93 % -es decir, $5,098.7 millones-, llegó desde uno solo: Estados Unidos, el receptor por excelencia de salvadoreños, ese lugar al que Juan Carlos se dirigía.

En casi una década, el EEAF ha logrado hacer 48 identificaciones de restos de migrantes a los que sus familias buscaban. A cuatro los encontraron en México y la mayoría, de nuevo, se acumula en Estados Unidos con 44 restos migrantes identificados como salvadoreños gracias al trabajo de argentinos.

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LUIS Y EL ENCUENTRO ANHELADO
Con los años, comenzamos a recibir noticias de mi hermano. Y todas esas pistas nos llevaban a Oaxaca. Varios conocidos nos manifestaron que ahí había una persona igualita a él, pero no estaba en buenas condiciones de la mente. La búsqueda era bien artesanal. Nosotros, como familia, les dábamos fotografías a otras personas que sabíamos iban a migrar a Estados Unidos, así como se fue mi hermano, bien irónico, ¿verdad? Pero así era. Les pedíamos que si lo miraban, nos hicieran el favor de avisarnos.

Con COFAMIDE comenzamos a participar en actividades y pude viajar a México. Andaba en Oaxaca, en Ixtepec, y mientras participaba en una marcha, se me acercaron unas personas solo para decirme que sí, que sí habían visto a alguien muy parecido a la foto que yo portaba, que era de mi hermano. Esta persona andaba de un lado a otro, deambulaba.

Ya en el año 2011, que volví a ir, pasó la misma situación. Y fue que decidimos iniciar el proceso de búsqueda con autoridades de allá, porque ya había mucha pista que se podía seguir. Pero fue hasta en 2013 que volvimos a ir, que ya pusimos la denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros dimos la información y cumplimos con todo lo que nos pidieron.

¿Y sabe qué? Perdieron la información de todo el proceso. No tienen nada.

Pero a nosotros, como familia, nos seguían dando pistas de que ahí estaba mi hermano. Por todo el trabajo que hacemos como COFAMIDE, logramos crear como alianzas. Y fue en 2014 que nos pusimos en contacto con una organización en Oaxaca que se llama Centro de Orientación al Migrante. Varias veces me reuní con la directora de ahí y, en una de esas, ella me mandó una foto de una persona que se presumía era salvadoreño y en la foto parecía que era mi hermano. Pero ¿cómo saberlo solo por la foto? ¿Cuánto puede cambiar una persona en 9, 10, 12 años?

Además, estaba en estado vegetal.

Para esa misma fecha, había en México una reunión del banco forense, donde íbamos a dar los resultados del trabajo que se venía haciendo y pedí que me dieran un par de días para moverme a Oaxaca. Fui para el hospital Valdivieso y ahí lo vi.

Imagínese, ¡sí se parecía a él!

Pero las condiciones de él ya eran muy cambiadas. Después de 13 años sin ver a alguien, sin saber nada, uno en lo que tiene que pensar es en que las personas cambian. Mi hermano se fue de aquí sin tatuajes. Esta persona tenía tatuajes, no de pandillas, pero tenía como una muerte, una calavera y cosas así. De vista, no pude estar seguro de que era él. Tuvimos, ya a esas alturas, que irnos por pedir la prueba de ADN.

En el ADN salió que no era él.

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EL AVANCE QUE HA MOSTRADO CANCILLERÍA durante la última década en el tratamiento de los temas de migrantes desaparecidos no se pueden negar, de acuerdo con la abogada del CICR, Lisseth Campos. Y lista: toman denuncias, activan consulados, integran el banco forense. Sin embargo, la comunicación con los familiares y el trato hacia ellos siguen siendo materias a deber. Igual que la continuidad de todos estos avances. “La debilidad es el soporte jurídico que estos procedimientos tienen, ya que todos se han dado a través de guías y de lineamientos administrativos que corresponden a esta gestión y no hay garantías de que la siguiente los mantenga”.

El 17 de marzo de 2011, los diputados aprobaron la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia. Aunque los especialistas aseguran que la norma se enfoca más en migrantes que regresan por cualquier motivo a El Salvador; desde el artículo 27 al 29, la ley establece una serie de reivindicaciones. Se establece un Programa de Asistencia y Protección, un Proyecto de Consulta y Asistencia Legal, Educación y Servicios de Salud para la Persona Migrante y su Familia, y se crea un fondo especial para pagar los costos de retorno de heridos y repatriación de salvadoreños fallecidos en el exterior. Con ocho años de vigencia, nada de esto cuenta con financiamiento. Y, lo más probable, es que cumpla la década así, ya que no se ha incluido en el Presupuesto General de la Nación de 2020.

“Hay un tema de falta de recursos a la base que es uno de los factores que contribuyen a no hacer más acciones de búsqueda y a que se retrasen los procesos de repatriación de los restos localizados”, explica desde el CICR, la abogada Campos.

Tania Rosa, directora de Derechos Humanos de cancillería, apunta hacia otro lado: “No hay que crearle falsas expectativas a la gente. El que suelten un cuerpo no depende de nosotros. Depende una instancia en la que incide hasta en qué circunstancias falleció la persona”. Rosa cifra el costo de una repatriación entre los $3,000 y los $5,000.

El 29 de abril de 2019, la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior hizo reformas a la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia. Una de las modificaciones que más implicaciones técnicas y financieras tiene es la del artículo 30: “El Instituto de Medicina Legal dispondrá de un banco de perfiles genéticos conformado con muestras de ADN de familiares de las personas desaparecidas, a efecto de facilitar la identificación de estas últimas”.

Entonces, la ley que establece la creación de programas sociales para los que desde 2011 no hay dinero asignado, ahora, en 2019, también incluye la creación de un banco para el que no se ha calculado costo económico ni técnico. Entre los diputados que firmaron esta reforma están: Reynaldo Cardoza, Numan Salgado y Marcela Villatoro.

Los diputados han dejado constancia escrita de que, para ejecutar este cambio, solicitaron opinión a varias instituciones, entre las que se cita a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. “El Estado nunca ha mostrado voluntad para instalar un mecanismo de este tipo y ahora quiere hacerlo con una reforma a la ligera. Nos pidieron opinión, sí, pero lo que dijimos fue que, aunque el equipo argentino no puede suplir para siempre la responsabilidad del Estado salvadoreño, es necesario abrir un espacio para que se dé una transición, con los profesionales argentinos a la cabeza, y no montando todo de la noche a la mañana”, asegura la procuradora adjunta, Beatriz Campos Cevallos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense nació en 1984 y desde el inicio marcó la diferencia al crear procesos para que la participación del familiar de un desaparecido no se limitara a recibir una notificación impresa de la coincidencia o no del material genético. El protocolo con el que trabajan incluye entrevistas para que los familiares aporten información, pero también capacitación en el proceso científico de identificación y cuentan, claro, con un componente de atención mental y emocional.

Para Campos Cevallos, mantener este protocolo es innegociable. “Estas personas merecen una atención digna, ellos nunca abren un duelo ni lo cierran, aunque ya estemos en proceso de identificación de restos, ellos siempre van a esperar ver a su familiar vivo, un mecanismo como este no se monta por decreto”, comenta.

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BERTHILA Y LAS FLORES
Mi hijo, Carlos, se fue a Estados Unidos un 17 de marzo de 2011. Tenía 21 años. En el camino, constantemente me llamaba. El último día que él me habló, me dijo que había comprado un boleto para la frontera y que estaba en la terminal de Monterrey. Fue el domingo 27 de marzo. Él me habló como si fuera la última vez y yo también, como madre, tuve el presentimiento de que algo no estaba bien.

A los cinco días de que él ya no se comunicó, pusimos la denuncia en cancillería. Nos dijeron que iban a informar cómo iba la búsqueda de mi hijo. Pero pasó mayo, junio, julio y no daban ninguna respuesta. Yo les llamaba y no me daban información. Luego, ya dejaron de contestarme.

Decidimos volver a venir a cancillería, la sorpresa fue que cuando dijeron que iban a buscar la fecha en la que había sido enviado el caso a México, se dieron cuenta de que no había sido enviado. Ya habíamos perdido más de tres meses en los que lo podían haber buscado.

Me causó mucha tristeza y enojo, porque nosotros como salvadoreños acudimos a nuestras autoridades con la esperanza de que ayuden; no les vamos a pedir dinero, ni un favor.

Estando ahí en Las Cascadas me enseñaron unos folletos de COFAMIDE. No entendí cómo ellos siendo las autoridades más adecuadas, las que pueden buscar y tienen toda la capacidad, me mandaron a un comité de familiares. Igual, les llevé los datos.

El comité me ayudó, estando ahí conocí la Fundación para la Justicia (y el Estado de Derecho, FJEDD), ellos tomaron el caso de mi hijo. Como a los cinco o seis meses, vinieron los argentinos a tomar muestra de ADN, para mí eso fue bien duro, porque yo no podía pensar que mi hijo estuviera muerto. Yo estaba a cero, deprimida, y decía que por qué me tomaban muestra de ADN. Mi esposo me decía que era porque lo buscaban vivo también.

Un día me hablaron por teléfono. A mí cualquier llamada me ponía mal, me ponía a llorar. Oí que me habló un señor con acento argentino y le corte la llamada. Porque me agarró un solo temblor. Luego me volvió a llamar, me dijo: “Soy Rafa, soy del equipo argentino, usted tiene un hijo desaparecido”. Hablamos y luego contactamos con la procuraduría de acá de El Salvador. Nos fueron a recoger muestras de ADN. A todo esto, ya habían pasado seis meses aproximadamente de que él había desaparecido.

Un mes después de eso, localizaron unos restos que podían ser de mi hijo. Le dieron a México la orden que nos avisara a la familia que lo habían encontrado, pero por aquello siempre de que las autoridades que no toman importancia a su responsabilidad, el caso fue archivado. Con papeles presentados y con el cuerpo de mi hijo ubicado, el caso igual fue olvidado. Fue hasta el año y nueve meses después, que de una oficina de Asuntos Internacionales me avisaron, por medio de la fiscalía, que era urgente que me presentara.

Cuando llegué, preguntaron que si nosotros éramos fulano y mengano. Sí, dijimos. Y comenzaron a explicar que habían encontrado restos en una fosa clandestina en Tamaulipas, y que sí, que uno de ellos era mi hijo. Ahí comenzó la dura batalla.

Para parar todo mi sufrimiento, yo lo hubiera querido hallar vivo. Pero no se pudo. Entonces yo lo que quería era que me lo trajeran ya. Yo quería la repatriación inmediata de sus restos, pero no fue así.

Se hizo un laberinto, las autoridades mexicanas hicieron mal el trabajo desde un principio. Como le digo, ellos al mes, dos meses, ya lo tenían identificado con las muestras de ADN. Pero no lo reportaron a El Salvador, ni a cancillería, ni a nadie. México se quedó con esa información.

Y fue hasta los nueve meses después, cuando ya la Fundación para la Justicia estaba metiendo papeles para allá y para acá, y el Equipo Argentino también hacía lo suyo. Entonces fue que ya empezaron a sacar los casos.

En cancillería no sabían que el caso de mi hijo había sido localizado. Cuando fui a pedir información, el cuadro de mi hijo estaba al fondo y no me creían. “¿A usted quién le ha dicho que lo encontraron?”, me preguntaban bien pésimas. Yo solo veía que buscaban los cuadros y sacaban y sacaban casos. En eso, vi que se puso a buscar en la computadora y me dijo: “Sí es cierto, vamos a preparar para la repatriación”.

Comenzamos este proceso y yo dije, bueno, ya lo van a traer. Ya va a pasar, ya lo vamos a enterrar. Pero a los tres días me llamaron de cancillería, y se hizo aquello tan engorroso, porque querían que llegara a firmar, porque a mi hijo lo iban a cremar, que por motivos de salubridad. Una palabra que yo no me sabía. Decían que podía contaminar. Entonces, no fui. La fundación puso amparos que sirvieron para parar la cremación de mi hijo y de muchas más gentes.

En todo ese proceso, mi estado de salud decayó al extremo, al suicidio, a la depresión, al descuido total de mí, de alimentarme, de cuidar de mi esposo, de todo. Quería morirme, quería de alguna manera llamar la atención para que me ayudara alguien. El comité me estaba apoyando, pero no era suficiente. Mi hijo estaba muerto y luego lo iban a cremar, para mí era algo inhumano.

La fundación tenía el caso, pero me indignaba, me daba mucha cólera el saber que había autoridades y no me ayudaban. En cancillería me dijeron que el caso estaba estancado.

Después de decir yo que ya lo íbamos a traer, vi cómo todo lo fueron retrasando. Yo lo quería aquí ya, pero todo el proceso de repatriación duró tres años y 10 meses. Él vino el 6 de febrero de 2015.

No creo que fuera por motivos de salubridad. A México le conviene y le ha convenido siempre cremar a la gente para borrar toda evidencia. Mi hijo vino en una caja grande, porque así lo pedí, porque mi hijo era alto. Me iba a impactar mucho que viniera en una cajita. Yo en México pude reconocer a mi hijo todavía, por sus pies, por sus dientes, por su rostro, por sus huesos.

A mí eso me hizo tener un poco de paz. Un poco, porque la partida de mi hijo se llevó una parte tan grande de mí. Le dimos sepultura, más que todo yo lo hice como una despedida. él tuvo muchas flores, le regalaron muchos ramos y aquello fue un jardín. Lo que yo deseaba para él. Después de la repatriación yo sentí menos peso. Ya puedo ir a verlo. Doy gracias a Dios, porque sé donde está.

ENTRE EL 1.º DE ENERO Y EL 24 DE MAYO, 272 personas han muerto en un intento por migrar en América, de acuerdo con el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De esas muertes, 110 se registraron en México. Pero pueden haber sido muchas más: “Desde 2014, más de 4,000 muertes se han registrado anualmente en rutas migratorias en todo el mundo. Sin embargo, la cantidad de muertes registradas representa solo una estimación mínima, porque la mayoría de las muertes de migrantes en todo el mundo no se registran”, dice el informe.

Las constantes peticiones de información sobre migrantes no localizados a México obligó a instituciones de la sociedad civil, como COFAMIDE, a reclamar a este país herramientas más accesibles para colocar denuncias. Así nació en 2015 el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano (MAE).

Con esta herramienta, los familiares de migrantes desaparecidos de Guatemala, Honduras y El Salvador ya pueden colocar, en las respectivas embajadas, una denuncia por desaparición sin tener que viajar a México, siempre que el último contacto con la víctima haya sido en ese país. Es una forma más directa de pedir a las autoridades mexicanas que activen la búsqueda.

Desde 2016, el MAE ha recibido 40 casos y ha ubicado a tres personas a quienes, solo por nombre, se ha hallado por medio de una orden de deportación. Aún hace falta la confirmación de identidad. “Lo que hay que ver es que este es un mecanismo que nació impulsado por los mismos familiares, es una respuesta que la sociedad civil buscó. Ha sido un logro de los familiares”, explica Elena Beltrán, de la Fundación Justicia y Estado de Derecho (FJEDD), que es el organismo que ha asumido la representación de los demandantes ante el MAE.

Para Luis, de COFAMIDE, las herramientas como esta van a ser siempre bienvenidas. Sin embargo, el problema es otro. En cada viaje que han hecho a México como institución, ha sido usual encontrar salvadoreños retenidos en estaciones migratorias o detenidos en delegaciones que no se han podido comunicar con sus familiares, a veces, en meses. Y esos familiares tampoco han levantado ninguna alarma. “Es gente que prácticamente tiene a un desaparecido y no denuncia; no lo hacen por amenazas, porque tienen miedo, porque el coyote es el mismo vecino, por un montón de cuestiones en las que está el verdadero problema de la migración actual: la gente no se siente segura”.

No se queda ahí, después de más de 15 años de andar buscando migrantes no localizados, a Luis todavía le queda margen para el asombro. Hay familias que, pese a tener un miembro desaparecido en la ruta migrante, deciden seguir ese mismo camino. “La gente está desesperada. Aquí no vamos a dejar de buscar a nadie, hasta que encontremos aunque sea los huesitos, pero sabemos que la solución no es esa”.

378 fotos impresas

María Estela Valladares

Mi nombre es María Estela Valladares. Busco a mi hijo: William Ernesto Quinteros. Se fue el 22 de julio de 2006. Y llegó a Estados Unidos el 25 de agosto. Estuvo un año y cuatro meses en Estados Unidos, ahí en Maryland. Él estaba trabajando en un restaurante como el que pasaba con azafates, porque todavía no hablaba inglés.
Un día me llamó para decirme que iba a salir con la novia que él tenía. “Vamos a ir a patinar en hielo”, me contó. Y yo le dije que tuviera cuidado, que él no sabía hacer eso. Y me dijo que me quedara tranquila. Esa noche, la muchacha regresó sola en el carro. Él ya no volvió.

En ese mes, mi hijo me había mandado una caja con un gran montón de cosas. Y entre todo lo que mandó se le había venido una agenda.

Mire, yo le llamaba y le llamaba, y el teléfono nada. Cuando él ya no me contestó, me desesperé. Y yo no sabía qué hacer. Después me acordé de la agenda, y comencé a llamar a esos números. En una de tantas me respondió un muchacho y me dijo: “Señora, yo quería hablar con usted pero no hallaba cómo”. Le pregunté que por qué . Y me soltó: “William ha desaparecido. Es que lo hemos buscado y no ha llegado ni al trabajo, ni a su casa, ni al cuarto que él alquila”. Ahí sentí la muerte.

Primeramente, yo me fui a la policía, a la INTERPOL. Ahí hicieron de que estaban buscando, pero solo me dijeron que estaba raro el caso, porque no lo hallaron ni en cárceles, hospitales y todo eso. Después, fui a poner la demanda en cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fui a la embajada. Por todos lados anduve y no le ponen cuidado a uno.

Estaba bien mal yo. Cuando vi que nadie me lo buscaba, empecé a hacer cosas. Mi hijo, en lo que estuvo allá, me mandó 378 fotos, así, en papel. Y, mire, yo a cualquiera le daba esas fotos de él para que me ayudaran a buscarlo.
Entregué muchas fotos. A mí me agarró feo de entregar fotos por todos lados. Yo, como que era loca, venían amistades y les decía “llévenme esta foto para allá”, para buscar a mi hijo.

Ahora me dicen que lo hice mal, porque, a veces, hay gente que solo por maldad se mueve.
Él me mandaba esas fotos, porque yo le decía que así me gustaba tenerlas, que me gustaba verlo. Y mire, pues, ahora me que quedado solo con unas ciento y algo. Siempre ando algunas, para verlo. Como le digo, me agarró feo de andarlas regalando, pero fue porque yo quería sentir que alguien me ayudaba a buscarlo.

Él se fue porque aquí trabajaba en un restaurante y salía a las 2:30 de la mañana. Y en el día daba clases de pintura, porque él es pintor en arte. De ver él que se trabajaba tanto y no se hacía nada, se dejó dar garabato de que allá en horas ganaban bastante dinero. Pero de ganar dinero a perder la vida, imagínese. Bueno, no quiero pensar así. Sigo pidiéndole a Dios que no sea así. Primeramente Dios que nos reencontremos.

El mensaje que les quiero dejar es que quiero saber qué paso con mi hijo, porque es una zozobra para uno. Yo he pasado mal este mes de mayo, he pasado pensando en mi hijo, en que él siempre tenía un detalle muy bonito cada Día de la Madre. Él me daba sorpresas. Y hoy ya no lo tengo.

11 años y ocho meses para verla volver

Santos Paulino

Mi nombre es Santos Paulino. Y ya no busco, porque, lastimosamente, ya encontré fallecida a mi esposa. Ella viajó en 2006 para Estados Unidos. Cuando llegó a la frontera de Houston, Texas, con México, me habló. Me dijo que era la última vez que me llamaba, porque el destino de ella era New York y ya al salir de la frontera de México, ya no iba a tener comunicación conmigo, hasta que llegara a su destino.

Me dijo “en 10 días estamos allá”, porque así les había dicho el coyote. Pasaron los 10 días, después 15 días, se llegó al mes y nosotros no sabíamos nada. También iba un pariente de ella, y esa persona sí llegó. Él dijo que mi esposa se había quedado en el desierto.

En julio, fui a cancillería, puse la denuncia. La tomaron y todo. Me dijeron que inmediatamente me la iban a buscar en vida; en asilos, en albergues, en cárceles, en hospitales. Incluso en hospitales psiquiátricos. Pero nunca encontraron nada. En las instituciones de gobierno, como no son ellos los que tienen un familiar desaparecido, a ellos no les importa, a ellos les vale todo. Ellos dicen: “Sí, nosotros buscamos”. Pero por mí experiencia y la de otros familiares, no los buscan.

Así pasaron los años y nada. En 2009, fue el acuerdo con el Equipo Argentino de Antropología Forense y les hicieron pruebas de ADN a mis hijos. Nosotros nos sentimos agradecidos, porque yo lo que quería era llegar a la verdad. Para ya no estar con esa angustia y desesperación.

El 25 de diciembre de 2012, seis años después de haber hablado con ella la última vez, mi esposa fue encontrada en el desierto, ahí falleció. En el informe que me dieron los científicos antropólogos decía que ella falleció de un ataque al corazón. Quedó fulminada ahí, y, de ribete, se la comieron los animales feroces del desierto, solo quedaron los huesos.

Pero no crea que me notificaron en esa fecha. A ella me la recogieron en el condado de Houston, Texas. Y se la llevaron a una morgue en la que estaban otros 500 esqueletos de personas migrantes desaparecidas de toda Centroamérica y también de México. Ahí estaba mi esposa.

Ir verificando pieza por pieza el cuerpo fue bien difícil para el grupo científico. Yo fui notificado hasta el 8 de marzo de 2016 del hallazgo por medio de cancillería. Cuatro años después de localizada fallecida. Me dieron la información a mí y a mis hijos, pues ya ellos prácticamente estaban solteritos, hoy ya mi hija tiene 22 años y mi hijo tiene 18 años. Nos dijeron en cancillería: “Se la encontramos”.

Me preguntaron que cómo quería la repatriación. Me volvieron a decir que no venía el cuerpo completo, venían partes, huesitos, pues. Pedí velarla en mi casa, la quería tener en mi casa una noche más y después el entierro. “En tres meses se la repatriamos”, me dijeron.

Pero a las autoridades salvadoreñas no les importa nada. Juegan con los sentimientos de las personas. Se cumplieron los tres meses y nada. Yo estaba preparado, tenía hasta dinero que me habían prestado para el velorio y nada.

Ahí es donde nosotros los que tenemos un familiar desaparecido sabemos que a las autoridades no les importa. Pasó un año y cuatro meses y todavía no la traían. Ahí yo me cansé y les dije a mis hijos que eso así iba a quedar, que ya no iba a preguntar más, porque mi familia estaba sufriendo.

Cuando ya no esperaba nada, me la repatriaron. Vino el 15 de octubre de 2018. Pasamos a pura mentira por un año y ocho meses. En total, desde que ella se fue de la casa y que me la regresaron pasaron 11 años y ocho meses de dolor y sufrimiento por la desaparición.

Hemos pasado con mis hijos una situación económica difícil. Mi hija hace cinco años terminó el bachillerato. Ella quiere ir a la universidad. Pero yo no tengo la capacidad. No tengo lo necesario. No tengo un buen sueldo para darle estudio a mi hija. Si yo hasta noveno grado llegué. Mi hijo ya salió también de bachillerato.

A él sí lo tengo estudiando en la Universidad Nacional. Pero no es porque yo tenga dinero, sino que ahí voy viendo como darle el estudio. He buscado quien me apoye, al menos con el estudio de mis hijos. Pero, hasta el momento, no hemos recibido nada.

Mi hija tiene toditos los recuerdos de cuando mi esposa se fue y se despidió. Aunque ha recibido talleres psicológicos, todavía le marca. Cuando viene el Día de la Madre, cumpleaños de ella o para Navidad siempre se me pone mal.

Así quedamos nosotros, mal en todo. ¿Usted no sabe de algún lugar en donde puedan ayudar a mi hija a seguir sus estudios?

Palabra clave: caballo

Omar Jarquín

Mi nombre es Omar Jarquín. Yo busco a David Alexánder Jarquín Pineda, mi hijo. Se fue en mayo de 2014, a los 24 años. Hoy tendría 29 cumplidos. Era la segunda vez que se iba. Ya lo habían deportado de Estados Unidos.
Esa segunda vez, se nos ocurrió poner una clave para distinguir cuándo me estaba pidiendo dinero él o alguien más. Quedamos en que, en la plática, me iba a preguntar por el caballo.

Cuando estaba en un municipio que se llama algo así como Zapata, ahí en México, me habló y me dijo: “Papá necesito que me mandés unos $300”. Le dije que no tenía y le ofrecí $150. Me dijo “vaya, está bueno”. De ahí empezó el problema. Fui a dejar el dinero al banco en la mañana, ya en la tarde me estaba hablando el coyote: “Hola. ¿vos sos el papá del muchacho tal?” Y me decía que yo me había equivocado de nombre en el banco, que no podían sacar el dinero. A mi hijo el coyote salvadoreño con el que iba me lo dejó. Y para llevarlo hasta Reynosa, otras gentes le pedían otros $500. Le dije que se los iba a mandar.

Cuando ya estaba en Reynosa, fue que me llamó. Le pregunté que cómo estaban las cosas ahí, pero cuando le dije así, me acordé de preguntarle si ahí no había caballos. Me dijo “no papá, no te preocupés. Todo está tranquilo. Ya mañana me pasan para ir a otro lado y dentro de cinco días yo te hablo, cuando ya esté donde José”, que era el primo que lo iba a recibir en Estados Unidos.
Ya pasaron cinco años de eso.

Para que mi hijo viajara tuve que hipotecar una casa que se perdió, me deshice de una camioneta que se tenía. Presté dinero. El caso es que yo invertí de unos $8 a $10 mil y, al final, no es el dinero que se juega. Yo quisiera saber dónde está el muchacho.

Todo el que viene de Estados Unidos, viene contando grandezas, cuenta cosas bonitas. Pero no cuenta los problemas. El viajar de las personas es para buscar una mejoría. Es un sueño que se persigue, que en algún momento dado quiere apoyar a la familia.

Ahora, mi esperanza es la siguiente: mientras no me entreguen los restos de mi hijo, los huesos, yo lo voy a considerar vivo y lo voy a buscar vivo.

Carta Editorial

La que presentamos en esta edición es la quinta entrega que aborda el drama de las personas desaparecidas. El último domingo de cada mes está dedicado a los ausentes y a quienes los buscan. Esta vez, está enfocada en un grupo altamente vulnerable: los migrantes.

Este colectivo ha sido invisibilizado. Las instituciones de este país no han sabido encontrar el camino para ofrecer a los familiares formas ágiles de denuncia. Cuando se trata de una desaparición, el tiempo es fundamental, y aquí se pierde demasiado, porque se desconoce adónde ir, qué llevar y qué esperar.

La angustia en la que viven los familiares es indescriptible. Y además de eso, los casos de desaparecidos en tránsito deben hacerse sentir también en función de los delitos que se esconden en cada uno de esos rostros. Si no se investiga, los abusos jamás se van a detener.

Tal y como funcionan hoy las instituciones, detrás de cada desaparecido hay un grueso manto de impunidad que permite que todos los días más y más y más personas pasen a ser víctimas en esa misma ruta.

El tema de la migración irregular está plagado de espejismos, como el de un Estado que jura que hará esfuerzos por detener el flujo de personas que se van, cuando, al mismo tiempo, no puede prescindir de ese enorme aporte que significan los dólares que envían los que llegan a destino.

Cuando, además, limita el mensaje a campañas de información y descuida lo más importante: la gente no se va porque no sepa los riesgos del camino, se va porque no encuentra aquí oportunidades para llevar una vida digna. Un país pequeño como este debería estar más interesado en ofrecer a sus habitantes suficientes opciones de crecimiento.

Este reportaje apunta hacia un lugar en común con las otras entregas. En la búsqueda, los familiares resienten la soledad, el abandono y la falta de empatía que reina en las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

Carta Editorial

Nuestra salud pública funciona con base en parches. La oferta de recursos es insuficiente para una población que crece entre carencias, lo que aumenta de manera exponencial su vulnerabilidad. Así, los centros de salud entregan responsabilidades a terceros en un afán por cumplirle al usuario al menos lo básico. Y, en la mayoría de casos, hasta esto se queda corto.

Si para comprar un equipo médico indispensable en cirugías complejas es necesario hacer campañas de recaudación de fondos, ¿cuánto más, que no se ve como inmediato, se queda sin cubrir? Este es el caso de la salud mental.
Llevamos décadas aplazando la necesidad de poner atención y recursos a este aspecto que es transversal y, por tanto, con una incidencia enorme en el desarrollo de la población.

Como si se tratara de algo accesorio, el acceso a servicios de salud mental se ha dejado tradicionalmente fuera de las prioridades. Desde 2017, El Salvador cuenta con una ley que debían contribuir a ordenar la oferta de servicios, pero no se ha destinado presupuesto para ejecutarla.

Mientras, cientos de familias se ven obligadas a hacer frente a padecimientos como la esquizofrenia de una forma casi empírica.

Y es así para los afortunados que cuentan con alguien que se haga cargo de sus cuidados. A los que están solos nadie les cumple su elemental derecho al acceso a la salud. Esta es una injusticia diaria.
En el reportaje con el que abrimos esta edición se dan a conocer las alternativas que han crecido entre una sección de la sociedad civil que ha experimentado las diferentes formas de discriminación derivadas de un diagnóstico de esquizofrenia.

El Salvador no solo falla en la atención sanitaria de este tipo de padecimiento. Con ello, también niega el acceso a otros derechos, como la educación, la recreación y el trabajo.

Carta Editorial

Un censo es la piedra angular de cualquier sistema estadístico estatal. Define cuántas personas habitan un país, dónde están situadas geográficamente, a qué servicios tienen acceso, entre otros. Lo más importante es que la información debe usarse para definir la dirección que deben tomar las políticas públicas.

Solo por poner un ejemplo: ¿dónde deberían estar situadas las escuelas? Lo lógico es construirlas en los municipios donde haya mayor cantidad de potenciales usuarios, pero no es posible saberlo si no se cuenta con un censo vigente que sea reflejo de la realidad. Y esto no existe para El Salvador.

El último censo poblacional y de vivienda fue realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) hace 12 años. Como resultado de ese censo se supo que la población de Tonacatepeque, uno de los 262 municipios del país, creció de forma exponencial. Creció tanto que el director de la escuela más cercana al centro de ese municipio admitió que cada año estaban viéndose obligados a negarle la matrícula a unos 150 alumnos por falta de espacio.
La cantidad de habitantes en El Salvador se tenía estimada en 7 millones para 2007, pero ese censo la fijó en solo 5.7 millones. Entre otras cuestiones trascendentales, la cantidad de personas que habitan un país importa para determinar la distribución de los representantes en la Asamblea Legislativa.

Es también urgente un indicador de los movimientos de personas dentro y hacia afuera del territorio salvadoreño. Distintos programas internacionales, como los de la Organización de las Naciones Unidas, han advertido que uno de los principales motivos por los que las personas de la región están migrando es por la inseguridad.

Así, los éxodos en algunos municipios podrían significar la acumulación en otros. Pero no hay certeza de estas cifras. A estos números habría que agregar las estadísticas de los informes de muertes violentas y de desaparición de personas.

La necesidad de la información oficial también reside en la importancia que tiene para la elaboración de estudios, investigaciones o encuestas para que sus resultados sean coherentes con la realidad.
Dicho de otra forma, el censo poblacional es un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza extrema, la marginalidad o la exclusión social, porque solo conociendo la cantidad real de habitantes de un país y cómo están distribuidos podría ser posible armar programas encaminados a atender los principales problemas.

Si creen que Trump se va a supeditar a las iniciativas de un presidente de El Salvador, están equivocados

Pablo Alvarado, codirector de la NDLON

“Llegaron, llegaron, llegaron los jornaleros; cantando cumbia, los jornaleros”. El que toca es el grupo Los Jornaleros del Norte, y ahí está Pablo Alvarado, con una guitarra. El video, alojado en YouTube, es de 2009, y corresponde a una ocasión en que se presentaron en el Centro Laboral de la UCLA, en Los Ángeles. Alvarado es fundador de esta iniciativa musical, pero también de muchas otras que se enfocan en visibilizar a la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

En 2001 fundó la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), conocida en español como Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras. Desde esta institución, de la que ahora es codirector, se han creado 70 centros de trabajadores en 22 estados. En estos lugares se canaliza la primera urgencia de un inmigrante: empleo.

“Funcionan como ‘santuarios’”, explica Alvarado. Son sitios en donde se facilita el intercambio entre los que ofrecen mano de obra y quienes la necesitan. Todo gira en torno al empleo. Porque también son lugares que ofrecen asesorías en caso de que algún patrono no pague lo acordado por un trabajo ya terminado.

El TPS es una campaña muy importante que tenemos que ganar por una sencilla razón: si no les podemos salvar los papeles a los que ya los tienen, jamás vamos a poder salvar a los 11 millones de indocumentados.

Alvarado se naturalizó como estadounidense. Hace más de 20 años salió de un cantón de Usulután. Y entiende el sentimiento de muchas personas que ante un proceso de deportación se preguntan qué pueden hacer en su país de origen, si ya no les queda ahí nada ni nadie. La NDLON también asesora a quienes caen en esta situación.

Alvarado no solo canta, cuando ha sido necesario, ha gritado frente a casas de los patronos que no pagan y ha protestado ante las instancias del Gobierno estadounidense. Lo único malo que la comunidad de inmigrantes puede hacer es no hacer nada, enfatiza durante un descanso en el Encuentro de Articulación Internacional entre organizaciones de Migrantes y pro-Migrantes que se llevó a cabo en Cuernavaca, México, del 10 al 12 de abril, y que fue convocado gracias al apoyo de la Fundación Avina.

¿Con qué recursos cuenta la National Day Laborer Organizing Network (NDLON)?
Nuestro trabajo es alrededor de derechos migrantes, derecho laborales y la intersección de ambos. En EUA hemos abierto 70 centros de trabajadores, adonde todos los días llegan centenares y centenares de trabajadores. Ellos llegan en busca de un empleo y nosotros facilitamos ese proceso de que le den empleo al trabajador. Nos aseguramos de que la transacción entre patrón y trabajador sea transparente y no vaya a haber abuso.

¿Esta asesoría se realiza al margen de si quien la solicita tiene o no documentación?
Sin importar el estatus migratorio, cualquier persona puede llegar a estos centros. Llegan personas sin documentos, con documentos, ciudadanos. La mayoría son mexicanos y centroamericanos, pero en realidad estamos abiertos a recibir personas de todo el mundo. Esta es nuestra tarea primordial, pero resulta que, también, muchos de nuestros miembros están en proceso de deportación.

¿Cuántos de ellos están en esta situación?
Es un segmento grande los que están corriendo el riesgo. Los que en este momento ya están en proceso de deportación son 25 personas. Aunque esto varía.

¿Qué puede hacer la asociación cuando sus miembros enfrentan procesos de deportación?
La asociación somos miles de trabajadores. Estas 25 personas son los que están siendo deportados ya. Aunque este es un riesgo que corre la mayoría, porque no tienen documentos o están arreglando su documentación. Para ellos la vida es andarse escondiendo, evitar que los agarren. Se encuentran en un limbo. Todos están en un limbo, tanto los que están en proceso de deportación, los que están arreglando y los que no tienen nada. Esta es la población con la que nosotros estamos trabajando, la que está en una situación de precariedad y de incertidumbre. Pero al mismo tiempo, aún en estas circunstancias, lo que nosotros como asociación hacemos es organizarlos para que juntos luchemos.

¿A qué nivel hacen esas luchas?
Nosotros sabemos que los políticos van y vienen. Y que la lucha de la gente es la única certidumbre que tenemos. Cuando hablamos con alguien y nos dice ‘no voy a ceder mis derechos, voy a luchar’, entonces ponemos a andar campañas. Estas campañas giran en torno a salarios no pagados y también en torno a gente que está en proceso de deportación. Ahorita tenemos varias, pero, claro, hay unas que son más fuertes que otras. Por ejemplo, nos acaban de deportar a un líder que teníamos en Florida. Lo enviaron para Argentina y vamos a iniciar una campaña para regresarlo a Estados Unidos, porque dejó a toda su familia allá. Y así, cada caso tiene su particularidad. Nosotros juntamos a la gente para que luche, es lo principal que hacemos.

¿Qué tipo de relaciones busca la asociación propiciar en los centros de trabajo?
Los centros de trabajo son el ejemplo más claro de que lo que es un ‘santuario’ para migrantes. En el sentido de que todo mundo llega a buscar empleo, tenga papeles o no. Y ahí también llegan los ciudadanos de EUA para ofrecer trabajo. Este es el intercambio que la migración permite. La dinámica bajo la cual se rige la actividad económica tiene que ver con la oferta y la demanda: el trabajador tiene su mano de obra y hay gente que la necesita; desde dueños de fábricas, dueños de casas, de restaurantes, de apartamentos, es decir, todos, eventualmente. Gran parte de nuestro trabajo es asegurar que estas relaciones estén claras y que a la gente le van a pagar cuando la contratan.

Ustedes tienen 70 sedes en 22 estados, ¿con las movilizaciones de las caravanas han atendido a más gente?
Hay varios fenómenos con respecto a la caravana. En los centros de trabajado la mayoría de los atendidos son mexicanos y centroamericanos. Ha habido mucha tensión entre ambos, y nosotros hemos tenido que hacer mucho trabajo de educación, porque, por lo regular, esta es una consecuencia del efecto Trump (en alusión al actual presidente de EUA, el republicano Donald Trump).

¿En qué sentido?
Muchos creen que los que vienen en la caravana van a minar la calidad de vida de los estadounidenses; que, de alguna manera, otorgarle derechos a los que están en la caravana, y a los indocumentados que viven en EUA, va a fregar a otras personas. Piensan que si se les entregan derechos a ellos, implica quitarles a otros. Los que han llegado antes han comenzado a pensar que los que están llegando ahora van acaparar los beneficios que les tocan a ellos. Esto es lo que han logrado nuestros adversarios. Nos han puesto en contienda. No estamos hablando solamente de trabajadores estadounidenses o ciudadanos que van en contra de los indocumentados. Estamos hablando de indocumentados que ya también creen que el que va caminando afecta su seguridad en EUA y que, si antes tenía alguna oportunidad de arreglar sus documentos, ahora menos, porque esa gente está afectando su oportunidad. Este es el efecto Trump, nos hace confrontar entre nosotros.

¿Qué contrapesos se le pueden poner al que usted llama “efecto Trump”?
Nosotros entendemos que eso es, en primer lugar, mentira y nuestros centros se han abierto para la gente que viene en las caravanas. Hay centros que han adoptado familias de Honduras que acaban de llegar, y ahí las están acompañado. En última instancia, esta infraestructura que hemos construido en Estados Unidos es para ayudarle a la gente. Para más nada. A cada centro llegan entre 50 y 120 trabajadores todos los días. Y dependiendo del mercado en el que se encuentran, así es el número de gente que se va a trabajar.

El 30 % de ellos (beneficiarios con TPS) son dueños de casas, están creando familias fuertes, participan en la vida cívica de muchas comunidades y, desde cualquier ángulo que lo vea, este es un segmento de la población que realmente merece pasar de estar en el limbo a un estatus migratorio permanente.

¿Cuál es la denuncia más común de los trabajadores?
La falta de pago. Hay un tipo de patrón que llega, los contrata, les dice que van a trabajar tres o cuatro días. Los amigos centroamericanos o mexicanos van y hacen el trabajo. Al tercer día, ya para cerrar, el patrón dice “bueno, voy a ir a traer el dinero al banco y voy a regresar en una hora para pagarles a todos”. Y no vuelve el patrón. Este es uno de los hechos que dan pie a denuncia. Pero hay quienes también dicen “te pago el sábado, espérame aquí para pasar a pagarte”, y ya nunca llegó.
El robo de sueldo, el abuso de los patrones y los accidentes laborales son parte de lo que más vemos en los centros. Hace unos días acaban de morir dos trabajadores inmigrantes en accidentes laborales que se dieron allá en Nueva York. Por otro lado, está la cuestión de la deportación. Cuando ellos o algún familiar entra en un proceso de deportación, nos buscan. La gente no sabe qué hacer, por ejemplo, cuando la policía interactúa con ellos, porque la policía intimida. Aunque hemos logrado que haya lugares en donde la policía no se involucre en la implementación de la ley de migración, siempre sigue existiendo la posibilidad de encontrarse con policías y, muchas veces, tienen prejuicios. Y aunque haya protecciones, si con el que le toca encontrarse es un policía racista, este va a hacer la pregunta “¿de dónde eres?”

¿Hay posibilidades para un inmigrante en situación irregular de recuperar los sueldos? ¿Qué acciones ejecuta la asociación?
No podemos resolver todo. No damos abasto. Pasaríamos las 24 horas en eso y no lo lograríamos. Con el ascenso de Trump al poder ha habido más robo de salarios. Y no solo eso. Hay más temor del trabajador de ir a un proceso, a una comisión laboral, de ir al Departamento de Trabajo para procesar un caso. Afortunadamente, no todos los patrones son malos, no todos son inescrupulosos. La mayoría de patrones son personas correctas y le pagan al trabajador. Muchas veces los casos de robo de salarios son malos entendidos que podemos resolver con una llamada. El 80 % se resuelve por esa vía. Pero hay también casos en los que vemos que el patrón es una persona que deliberadamente le roba la mano de obra al trabajador y con esos no tenemos piedad. Los llevamos a la corte.

¿Cómo?
Es muy importante que la gente sepa que en EUA usamos dos opciones. Una es la Corte de Reclamos Menores. Aquí llegamos cuando la víctima es un contratista, no es un empleado. Y cuando es un empleado que trabaja por hora, y tiene su relación con el patrón bajo unas normas establecidas, entonces podemos llevarlos a la Comisión Laboral. En ambas instancias, muchas veces, ganamos. Y nos dan el fallo en el que dice que ganamos. El problema es que todo lo que tenemos es eso: un papel que nos da la razón y que dice que ganamos. No es como que pueda ir a la policía a enseñarle el papel y a exigirle que vaya y que obligue a ese patrón a que pague. Las leyes laborales siempre benefician a las patronales. Pero no crea que cuando eso sucede nos cruzamos de brazos. Acá es donde aplica la organización de la que hablamos, porque vamos y protestamos afuera de las casas, afuera de los establecimientos o de los proyectos que tienen estas personas. Cuando hacemos eso, no perdemos. Pero lo hacemos, claro, cuando ya hemos pasado por un proceso legal, porque tampoco nos interesa ir a dañarle la imagen a una persona. Y lo hacemos cuando vemos que es algo deliberado.

¿Qué apoyo espera la comunidad de salvadoreños viviendo en EUA del nuevo gobierno?
Muchos de nuestros miembros son beneficiarios del TPS (Tratado de Protección Temporal). Así que, para nosotros, el TPS es una campaña muy importante, que tenemos que ganar por una sencilla razón: si no les podemos salvar los papeles a los que ya los tienen, jamás vamos a poder salvar a los 11 millones de indocumentados. Los tepesianos son personas que han hecho todo lo que se les ha pedido. No hay otra población que se someta cada 18 meses a un chequeo de antecedentes criminales; ellos lo han estado haciendo por 20 años. Es un requisito que paguen impuestos para mantener el estatus; y ellos lo han estado haciendo por más de 20 años. Les dicen que no deben de recibir beneficios o que sus hijos no deben de recibirlos; y lo han estado haciendo durante más de 20 años. Ellos, solos, se costean su propia vida. Les han dicho que deben mantener un empleo y lo han estado haciendo. Mas del 90 % de ellos, según nuestras estadísticas,mantiene un empleo. El 30 % de ellos son dueños de casas, están creando familias fuertes, participan en la vida cívica de muchas comunidades y, desde cualquier ángulo que lo vea, este es un segmento de la población que realmente merece pasar de estar en el limbo a un estatus migratorio permanente.

Partiendo de que el beneficio del TPS tiene los días contados, ¿qué tipo de medidas esperan que este nuevo gobierno ponga en marcha en favor de esta población?
Hay un buen número de tepesianos que son de El Salvador. Y yo no he escuchado, hasta hoy, a ningún tepesiano que me venga a decir “sabes qué, ya estoy listo para regresarme para El Salvador”. Nosotros, cuando vamos a El Salvador, siempre le hemos pedido a todas las fuerzas sociales que, en primer lugar, acompañen la lucha del tepesiano para quedarse en Estados Unidos. Les decimos que el bien común para salvadoreños allá y acá es que se trabaje para que la familia tepesiana se quede en Estados Unidos. Les hemos dicho también, allá, que no queremos que la precariedad de la comunidad tepesiana sea ocupada para sacar beneficios políticos o para echar culpas a determinada fuerza política. Porque nos dimos cuenta de que ya andaban diciendo que la razón por la cual Trump había quitado el TPS es porque había un gobierno de izquierda. Pero hay que ver que ahorita le acaba de quitar los fondos, y eso que lo que viene es un gobierno que no sabemos si va a ser de derecha, de centro o de izquierda. Esto va a seguir así de mal para nosotros. Porque las motivaciones políticas e ideológicas de Trump no tienen ningún tinte de nuestros países.

Esa es la foto que a mí me hubiera gustado ver: el presidente electo Bukele junto a Crista, reuniéndose, platicando con ella que ha vencido el miedo. Porque a ella es a la que hay que agradecerle que, por ahora, los salvadoreños con TPS no estén siendo deportados. Si, así como dicen, él podía ir donde quisiera, bien hubiera ido a juntarse con las personas que están luchando por ayudar a sus compatriotas y no lo contrario.

¿En qué se basan esas motivaciones?
Esto es, justamente, lo que siento que no se ha reportado bien. En EUA hay un movimiento de supremacismo blanco. Es impulsado por un segmento pequeño de estadounidenses, pero con mucho poder, muy vocal. Es un segmento que quiere revertir la tendencia inevitable de los cambios demográficos profundos que está sufriendo el país. Para 2040 o 50, la mayoría en Estados Unidos no va a ser blanca, va a ser gente de color. El ascenso de Obama (Barack, expresidente de EUA, 2009-2017) al poder les mandó una señal de que estaban perdiendo su estatus de mayoría y de que el país se estaba tornando a convertirse en una sociedad multicultural, diversa, pluralista, inclusiva. Eso a este segmento de la población le asusta, porque cuando la población de color llega, también reclama espacios de poder y representación. Ellos, los supremacistas blancos, sienten que están perdiendo eso, y que están perdiendo, según ellos, la cultura estadounidense. Se asumen invadidos.

Estas corrientes de pensamiento han estado presentes en Estados Unidos desde siempre, ¿qué es lo que ha hecho subir la intensidad de las medidas en contra de inmigrantes?
Este grupo de personas, hasta hace dos años, era un grupo marginal. Los que, de alguna manera, manejaban el tema migratorio de parte de ‘la derecha’ era el grupo moderado de los republicanos que creía más en la responsabilidad fiscal como medida de control. No se basaban mucho en ideologías racistas. Eran más de creer en hacer a todos parte de las responsabilidades fiscales. En este sentido, ellos hablaban de la inmigración en términos de si íbamos a ser una carga, si iban a tener que pagar por ellos, de si sus hijos iban a estudiar y eran, en términos financieros, preguntas legítimas, porque seguíamos hablando de dinero, de presupuestos. Pero ahora lo que vemos es a este segmento impulsar a otros a acechar a un pueblo por su origen étnico. Eso otra cosa.

¿Cómo se ha llegado a sistematizar este acoso?
Presentaron la ley SB1070 (ley de Arizona que califica como delito menor que una persona se encuentre en este estado sin contar con documentos en regla). Ahí, en las primeras líneas, hay un enunciado que dice que quieren afectar el tema migratorio por medio de una estrategia de desgaste. En otras palabras quieren hacerle la vida miserable al migrante, quieren cerrarle todos los espacios para que se autodeporte. Esta fue la política que adoptó Mitt Romney cuando estaba corriendo.

Pablo Alvarado, codirector de la NDLON

¿Qué opciones les quedan a los inmigrantes?
Este segmento de la población que piensa de esta manera es el que tiene el poder del gobierno federal ahorita. Y esas personas no están hablando de la integración. Y cuando hablan de la ilegalidad, ni siquiera están centrados en eso. Ellos lo que odian es a personas como yo, que soy ciudadano naturalizado, odian al que tiene residencia permanente, odian al tepesiano, odian al que tiene DACA. Ya ellos ya cumplieron con la tarea que se plantearon de demonizar a la gente que no tiene documentos. Ahora van detrás de los que tienen documentos.

Hace dos meses, como presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele dio un discurso en The Heritage Foundation, un tanque de pensamiento conservador. ¿Qué significó esto para la comunidad salvadoreña inmigrante, para ustedes como asociación?
En El Salvador se está dando una transición que, se puede decir, es pacífica. Y eso, como salvadoreños, lo tenemos que respetar y le tenemos que dar al nuevo gobierno el beneficio de la duda. Pero la Fundación Heritage nos ha causado mucho, mucho daño. Ahí están agrupadas las personas que han financiado ese tipo de iniciativas de supremacía blanca, de leyes que marginan y que empujan a la gente hacia la calle, que la criminalizan. Ellos han financiado a nuestros adversarios, a los grupos más radicales que están empujando las políticas contra nosotros. Al mismo tiempo, como Alianza Nacional TPS, que somos 70 comités que hemos construido por todo el país, emprendimos una batalla para entorpecer la implementación de la orden ejecutiva del Trump de dejar sin efecto el TPS (la última extensión iba a vencer en septiembre de 2018). Y nuestro equipo legal ha presentado demandas ante la Corte Federal y hemos logrado que se parara la implementación de al orden ejecutiva de terminar el TPS (seguirá vigente hasta el 2 de enero de 2020). Entre los que demandaron hay hijos de tepesianos y hay tepesianos salvadoreños. Hay una niña, en particular, que es demandante, se llama Crista (Ramos, 14 años de edad, hija de la salvadoreña Cristina Morales) y ha sido muy valiente en dejar la timidez para apoyar a su madre y a todos los que están en su condición. Esa es la foto que a mí me hubiera gustado ver: el presidente electo Bukele junto a Crista, reuniéndose, platicando con ella que ha vencido el miedo. Porque a ella es a la que hay que agradecerle que, por ahora, los salvadoreños con TPS no estén siendo deportados. Si, así como dicen, él podía ir donde quisiera, bien hubiera ido a juntarse con las personas que están luchando por ayudar a sus compatriotas y no lo contrario.

¿Qué opina de la manera en que la suspensión de la orden de dejar sin efecto el TPS se manejó en redes sociales?
Yo sé que incluso publicaron un tuit insinuando que por él, o por los que están con él, se suspendió la medida contra el TPS y no. Esto es resultado de la lucha del pueblo. Y hay que decir que si los salvadoreños creen que Trump se va a supeditar a las iniciativas de un presidente de El Salvador, están totalmente equivocados. Porque Trump lo que quiere, como ha sido siempre, es que los presidentes de aquel lado, como Bukele, se supediten a los dictámenes de ellos. Y es bien sencillo de ver, por ejemplo, ellos le dicen a El Salvador que no tenga relaciones comerciales con China, pero EUA sí está negociando un Tratado de Libre Comercio con China. Ahí es donde se ve que ninguna fuerza social, ni de izquierda ni de derecha, tiene que ver con lo que está pasando en EUA. No tienen ninguna incidencia. Este grupo de personas tiene una agenda bien clara y va a implementarla con el único objetivo de cambiar el destino demográfico de Estados Unidos.

Bajo estos términos, ¿qué medidas debería ejecutar el nuevo gobierno para apoyar a la población salvadoreña amparada aún en el TPS?
Hay varias cosas que se puede hacer. Uno, los consulados tienen que estar abiertos siempre, y siempre tienen que mantenerse los programas para la comunidad tepesiana. Dos, los consulados han servido como espacios para que tepesianos se reúnan y luchen. Los tepesianos así han participado activamente en Washington. Y yo le aseguro que, antes de ellos, más de la mitad de los legisladores no sabían qué era el TPS. Ahora hay seis propuestas legislativas. Los tepesianos están luchando en la calle, en la corte, en los pasillos del Congreso y en las comunidades locales. Por todos lados están elevando su nivel de liderazgo. Sin los tepesianos salvar el TPS no va a ser posible. El presidente electo tiene que acercarse a los beneficiarios del TPS para trabajar juntos. Solos no van a poder. En El Salvador pueden hacer mucho, como juntar a los familiares de los tepesianos para que haya una conversación colectiva entre los de aquí y los de allá. Por ejemplo, se puede hacer accesible que el tepesiano pueda conseguir las actas de nacimiento, el Gobierno salvadoreño puede trabajar para que todos los documentos que se necesiten en los trámites se puedan conseguir. Estar cerca del pueblo salvadoreño en Estados Unidos es esencial y, hasta hoy, es un secreto, un misterio. No sabemos cómo va a funcionar todo eso.