La ciudad de la furia

Silva Pereira y el Chele Tórrez

La subtrama más importante en el caso Silva Pereira es la que involucra a Adolfo Tórrez, el «Chele», hombre fuerte de Arena al que ahora algunos areneros asocian exclusivamente al saquismo, cuando su ascenso ocurrió mucho antes.

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Periodista

El asunto no termina en el exdiputado del PCN, acusado por lavado de dinero en El Salvador y de participar en el asesinato de cuatro diputados salvadoreños en Guatemala, y quien recién llegó deportado a tierras salvadoreñas desde Estados Unidos. El asunto empieza en Silva Pereira y se extiende al sistema político salvadoreño que lo dejó hacer y que ha posibilitado la infiltración del crimen organizado en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo a través de la Policía Nacional Civil, en la Fiscalía general, por mencionar solo tres instituciones.

Un repaso rápido a esta historia, al menos a los momentos y personajes más importantes que la rodean sirve para entender la profundidad de aquella infiltración.

La subtrama más importante en el caso Silva Pereira es la que involucra a Adolfo Tórrez, el «Chele», hombre fuerte de Arena al que ahora algunos areneros asocian exclusivamente al saquismo, cuando su ascenso ocurrió mucho antes. Es cierto, sí, que el poder de Tórrez alcanzó su punto máximo durante el quinquenio de Antonio Saca, pero su influencia en la maquinaria electoral de Arena también fue clave para la consolidación del voto que favoreció a otros candidatos del partido de derecha.

Tórrez, además de operador territorial, fue operador de la corrupción judicial. Así lo reveló una nota de El Faro en abril de 2009, la cual descubrió una llamada telefónica en la que el arenero ofreció a Silva Pereira influir en el sistema judicial para favorecerlo a cambio de medio millón de dólares.

A poco de aquella llamada, en la víspera de la toma de posesión de Mauricio Funes como presidente de la república, Tórrez apareció muerto. La Fiscalía, en tiempos de Félix Garrid Safie primero y de Ástor Escalante luego -ambos aupados por Arena-, aseguró que había sido un suicidio y cerró el caso.

En 2009 entrevisté a varios excolaboradores de Tórrez, entre ellos algunos que hoy ocupan puestos importantes en el gobierno de Nayib Bukele; todos, sin excepción, dudaron de la versión del suicidio. Dos de ellos me contaron que el diputado Guillermo Gallegos, muy cercano al «chele», fue uno de los últimos que lo vio con vida: ambos tomaron copas en la ex Panetiere de Santa Elena. Eventualmente, Gallegos confirmó esa reunión.

Como sea, la muerte de Tórrez fue muy conveniente para quienes, desde la política, lo habían acompañado en las operaciones que incluyeron buena parte del trabajo sucio que Arena hizo a principios de este siglo en campañas electorales.

Entre 2012 y 2013, un operativo de la banda Los Perrones -muy cercano a Reynerio Flores Lazo- me dijo que Tórrez era el encargado de cobrar sobornos a los narcos, incluso de conectarlos con traficantes de Guatemala. Publiqué esas historias en el libro «Infiltrados», sobre la corrupción en la Policía Nacional Civil.

También fue conveniente para exsocios de Los Perrones la huida de Roberto Silva Pereira a Estados Unidos en 2007, en parte gracias a la complicidad del sistema judicial y de la PNC: con Silva fuera del escenario se imponía el silencio sobre todo lo que el pecenista sabía acerca de negocios como los de Tórrez y sobre los vínculos entre políticos y la banda de narcos de oriente -el director de la PNC, Mauricio Arriaza, dijo esta semana que se han reactivado las viejas investigaciones sobre esos nexos.

Silva Pereira volvió, deportado. Es una buena oportunidad para la Fiscalía de Raúl Melara de desempolvar los indicios de aquellas relaciones entre la política y el crimen organizado de la que el exdiputado y Adolfo Tórrez formaron parte. Es importante: hay quienes vivieron al lado del Chele cuando fue el hombre fuerte de Arena y de Silva Pereira cuando manejaba un Maserati que aún viven en la política salvadoreña.

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