30 años

Lo que sabemos sobre la noche del 15 de noviembre y la madrugada del 16 de noviembre de 1989 lo sabemos, en gran medida, por el valor de Lucía Barrera de Cerna, la empleada de los sacerdotes jesuitas de la UCA que, hace 30 años, vio que fueron efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador quienes entraron a la universidad para masacrar a seis religiosos y a otras dos empleadas.

Sin el valor de Lucía, las «fake news» que intentaron esparcir el ejército y la administración de Alfredo Cristiani hubiesen sido más exitosas. Primero, ese poder político creó, a través del conglomerado de medios de propaganda que manejaba el publicista Mauricio Sandoval, un ambiente de odio a los sacerdotes y, luego, utilizó esos medios y los privados de comunicación masiva para decir que el FMLN había planificado y ejecutado la masacre. Después, el aparato también intentó desprestigiar a Lucía Barrera y su testimonio.

Lucía fue, en 1989, víctima de la violencia desatada por la ofensiva del FMLN y la respuesta del ejército. Las balaceras la sacaron de su casa en Soyapango, como a miles de salvadoreños en la ciudad y su periferia. Fue a parar, con su esposo e hija, al recinto universitario, donde durmió la noche de la matanza.

Desde la ventana de un habitación prestada vio lo que pasaba en el jardín de al lado, en las afueras de la casa donde dormían Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Joaquín López, Juan Ramón Moreno, Elba Ramos y su hija Celina. Vio los uniformes de los soldados del batallón Atlacatl que, dirigidos por los tenientes Ricardo Espinoza Guerra y Yusshy Mendoza Vallecillos, habían sido enviados a la UCA con órdenes de matar a Ellacuría sin dejar testigos.

Aquella órdenes las dieron miembros del estado mayor conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador y del alto mando del ejército. Las investigaciones judiciales posteriores, ordenadas por la Audiencia Nacional y la fiscalía de España, de donde eran nacionales varios de los sacerdotes, han descubierto también que hubo un intento masivo de la administración Cristiani por encubrir a los asesinos intelectuales y a los materiales.

En los próximos meses, si todo termina como lo ha pedido la fiscalía española, en Madrid enfrentará juicio por estos hechos el coronel Inocente Orlando Montano, viceministro de la defensa en 1989 y, cuando eso ocurra, toda la prueba recabada, incluido el testimonio de Lucía Barrera de Cerna, será del dominio público.

Treinta años han pasado desde que aquellos soldados a los que vio Lucía ejecutaron, sin reparos, con toda la brutalidad que la guerra les había enseñado, las órdenes de matar a sangre fría a civiles que nunca les opusieron resistencia. Y poco menos desde que el estado de El Salvador, sus elites políticas, utilizaran sin reparos al sistema de justicia para encubrir y proteger a los culpables. Ayer, sábado 16 de noviembre de 2019, la Universidad Centroamericana conmemoró, como lo hace desde 1990, estos martirios.

Uno de los actos iniciales de la conmemoración de este año fue la presentación de «La Verdad», el libro que Lucía Barrera escribió junto a la académica estadounidense Mary Jo Ignoffo. Ahí está escrita la primera verdad sobre la masacre, la que el poder quiso ocultar y a la que Lucía se aferró a pesar del hostigamiento y a las torturas psicológicas a las que la sometieron los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos en las postrimerías de la masacre.

En ese libro está la verdad de Lucía, que abrió la ventana a otras verdades sobre aquello. Es vital, hoy, que las nuevas generaciones de salvadoreños conozcan aquellas verdades. La generación de los hijos de quienes, peinando apenas los 20 años, vivimos de cerca aquella masacre y aquel país desangrado, tiene que saber cómo mata el poder a quienes se le oponen, como intenta denigrarlos, empequeñecerlos, hasta asesinarlos. Ese poder, en 1989, mataba, como mató a Ignacio, a Segundo, a Nacho, a Amando, a Joaquín, a Juan Ramón, a Elba y a Celina.

Ramiro

Corrían los últimos meses de 2008. José Luis Merino me mandó un mensaje con mi padre: quería, le dijo, hablar conmigo para aclararme algunas cosas sobre los textos que otros colegas y yo habíamos escrito en LA PRENSA GRÁFICA sobre los correos electrónicos del comandante Raúl Reyes de las FARC, donde Merino aparece nombrado como mediador en la compra de armas para la guerrilla colombiana.

Le dije a mi padre que le diera mi teléfono celular. Ramiro me llamó. Y se identificó así: «Habla Ramiro». Y me citó en una casa de la colonia Flor Blanca, cerca del Gimnasio Nacional. Fui a la hora que me dijo al lugar que me indicó. Me bajé del carro, pero ahí solo había dos personas que cuidaban un garaje lleno de cajas viejas. Ramiro, me dijeron, solía llegar a esa casa, pero ese día no lo haría. Marqué al teléfono y nadie me contestó.

Aquella fue la única vez que hablé, en teléfono o en persona, con José Luis Merino, el comandante Ramiro. He escrito mucho sobre él después del episodio de las FARC, y siempre busqué entrevistarlo, a menudo a través de funcionarios del partido. Nunca contestó. Esa es una de las características de este líder efemelenista: es escurridizo; prefiere hablar desde la comodidad que le otorgan los medios partidarios para asegurarse de que no haya preguntas incómodas y que su discurso llega, sin molestias, al coro fiel de sus seguidores.

Para escribir lo del nexo con las FARC viajé a Bogotá a entrevistar a los fiscales colombianos que procesaron los correos de Raúl Reyes y a los agentes estadounidenses y europeos que certificaron que las computadoras del comandante fariano no habían sido manipuladas.

En el marco de aquella investigación, asesores cercanos al entonces presidente Saca me dijeron que Merino había sido pieza importante en la negociación política que siguió al 5 de julio de 2006, cuando Mario Belloso, un francotirador asociado al FMLN, mató a dos agentes de la PNC durante una manifestación.

Aquel año, asociados de Merino fundaron ALBA Petróleos con dinero proveniente de Venezuela. En los meses siguientes, ALBA Petróleos se diversificó y llegó a servir de paraguas a una docena de empresas, varias de ellas afincadas en Panamá. Para 2014, los ingresos del grupo rozaban los $1,000 millones. Años después, el conglomerado está al borde de la bancarrota, como lo demuestran la quiebra de la aerolínea VECA y comentarios públicos de algunos de sus operativos.

En 2017, al calor del caos en Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio, republicano de Florida, acusó a Merino de lavar dinero del narcotráfico y pidió sanciones en su contra. La reacción del FMLN entonces fue acuerpar a Ramiro y escudarse en que lo de Rubio era una pataleta más del lobby cubano-americano de Florida, asociado con la derecha salvadoreña.

Después vino la carta de los 14 congresistas de la cámara baja, entre ellos demócratas identificados con la izquierda que no han dudado en apoyar en Washington la agenda de los gobiernos efemelenistas, y que, durante la gestión de Funes, incluso ayudaron a abrir las puertas del Capitolio al primer gobierno del FMLN.

Ya no es solo Rubio, son más los que ven con mucha preocupación la lista de sospechas que se suman en torno de Ramiro.

El FMLN, después de esa carta, optó por cerrar filas y asegurar el blindaje a Merino. Todos en el partido corrieron a defenderlo, y usaron los recursos del Estado para hacerlo: cancillería creó, ad hoc, un puesto de viceministro.

El ruido en torno del comandante es demasiado, y los indicios suficientes como para que la Fiscalía salvadoreña lo investigue en serio. Pero no, al menos en El Salvador, Ramiro Vásquez sigue siendo intocable. Y, con su caso, el FMLN ha dejado claro que la impunidad es también un asunto que se tiñe de rojo.

*Una versión de esta columna fue publicada en julio de 2017.

Patrulla fronteriza

El Salvador acaba de anunciar la creación de una patrulla de fronteras que contará con 350 agentes del Estado, cuya misión será «golpear a… los grupos terroristas, que obligan a la ciudadanía a la migración forzada». Es la nueva política para intentar frenar los flujos migratorios de salvadoreños hacia Estados Unidos. No es una buena idea en realidad.

Lo anunciado por el gobierno Bukele solo puede leerse como un intento para congraciarse con las políticas migratorias que, desde Washington, dicta la Casa Blanca de Donald Trump.

No es casualidad que Rogelio Rivas, el ministro de Seguridad de Bukele, lo haya anunciado en Panamá frente a Kevin McAleenan, su homólogo estadounidense, quien ha llegado a Centroamérica como el más reciente vocero de la retórica antiinmigrante de Trump y como nuevo supervisor de que la política exterior de Washington en la región, basada exclusivamente en la criminalización de la migración, se cumpla.

La patrulla fronteriza no es una buena idea, dije arriba. No lo es porque parte, en el mejor de los casos, del absoluto desconocimiento de las causas y los matices de las migraciones centroamericanas hacia el norte.

Es cierto que hay un buen número de viajes que son provocados por las amenazas de las pandillas a familias que, en los barrios y cantones de El Salvador, no cumplen con las exigencias que esos grupos criminales hacen en el ejercicio del control territorial, que es absoluto entre otras cosas por el fallo miserable del Estado de recuperar los tejidos sociales en estos lugares.

Pero también es verdad que cuando, en las cortes migratorias de Estados Unidos, los salvadoreños solicitantes de asilo alegan persecuciones no se refieren solo a las pandillas, sino también a agentes del Estado, sobre todo a policías que los han acosado o violentado gracias, de nuevo, a la permisividad del Gobierno. Eso de los grupos terroristas debería de incluir, también, a varios agentes del Estado.

Y así sean pandilleros o exterminadores estatales los que empujan la migración, a estos no se les combate en los puntos ciegos que rodean El Poy o Las Chinamas; se les persigue ahí donde operan, que es en los barrios o, incluso, en recintos oficiales, luego se les investiga y se les lleva donde un juez.

Estuve hace poco en Agua Caliente, punto fronterizo entre Honduras y Guatemala y punto nodal de la ruta más transitada por migrantes en los últimos años. Ahí confirmé dos cosas. Una es que la principal causa que empuja a los centroamericanos a salir de sus países sigue siendo la desesperanza, generada por la violencia, la falta de oportunidades económicas y, no menos importante, la desconfianza en que las élites políticas o empresariales de los países puedan o quieran hacer algo por aliviar esas condiciones. La desesperanza tampoco se resuelve con agentes del Estado en las fronteras.

También vi en Agua Caliente los primeros efectos de las medidas manoduristas que la administración Trump está empujando en Centroamérica, como la llamada política de tercer país seguro, ya instaurada en Guatemala. Lo que esto ha provocado, por ahora, es que regresen desde tierras guatemaltecas a más hondureños y salvadoreños, muchos de los cuales no vuelven hasta sus lugares de origen, sino que pululan en las fronteras a la espera de que los traficantes de personas que ahí se mueven los pasen.

Si el ministro se refiere a esos grupos criminales, a los coyotes, tendrá que tomar en cuenta que estos han sobrevivido décadas porque la desesperanza de los migrantes les paga bien, y porque se han amparado siempre en la corrupción de los policías fronterizos y de los políticos. Esa corrupción tampoco se combate en los puntos ciegos.

Al final, el anuncio de la flamante patrulla fronteriza salvadoreña puede quedar bien para titular de primera plana, pero resolverá muy poco en las fronteras. Lo que sí hará, muy probablemente, es anotar más puntos a la administración Bukele en los pasillos del trumpismo

¿Y la CICIES?

Pasaron ya 58 días desde que Nayib Bukele juró como presidente de la república. En la recta final de la campaña presidencial, Bukele dijo que desde el primer día de su mandato presentaría a la Asamblea el proyecto para la formación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, similar a la CICIG guatemalteca. Aún no lo hace: el “hashtag” creado con fines proselitistas sigue existiendo solo en Twitter para todos los efectos prácticos.

Han pasado casi dos meses y la CICIES no existe ni en papel, al menos no en un papel que, presentado a la Asamblea Legislativa, inicie la ruta legal para que en este país haya un mecanismo supranacional capaz de combatir la corrupción y luchar contra la impunidad en forma eficiente, como el Estado nacional, sobrepasado por las mafias políticas locales, no puede hacerlo.

Lo he escrito varias veces tras conocer de cerca, desde 2006, el camino de la CICIG en Guatemala: la instalación de una comisión internacional como esta requiere, antes que de otra cosa, de la voluntad política del Ejecutivo para convencer a los otros poderes del Estado de que esta es una buena idea.

En el caso de la CICIG fue el Ejecutivo de Óscar Berger, liderado por el entonces vicepresidente Eduardo Stein, quien cabildeo en Washington ante el gobierno de George W. Bush y en Nueva York ante Naciones Unidas para conseguir el respaldo político internacional que le permitió gestionar fondos de funcionamiento y, más importante, presionar a las elites locales -empresariales y políticas- a que no se opusieran. Stein y quienes lo apoyaron en Ciudad de Guatemala, en Estados Unidos y Europa no tenía Twitter, pero tuvo la suficiente voluntad para hacer de la comisión una realidad.

Nayib Bukele sigue sin dar el primer paso. Es cierto, no todo depende de él, pero como él mismo escribió hace poco en una columna en The Washington Post, tiene de su lado el apoyo popular que le otorga una gran cintura política para hacer algo como esto.

Como bien me han dicho algunos de los colaboradores del presidente, convencer a la Asamblea Legislativa de que este es un buen paso no será fácil. Es ahí, en el Congreso, donde siguen instaladas las mismas mafias que hicieron de la sección de Probidad de la Corte Suprema un ente inoperante y siguen empeñándose en nombrar funcionarios de segundo grado que, en el mejor de los casos, juegan a pasar desapercibidos en oficinas que El Salvador necesita con urgencia que funcionen bien, como la Fiscalía General, la Corte de Cuentas o la Procuraduría de Derechos Humanos.

“Solo descabezando al crimen organizado seremos capaces de tener un El Salvador más seguro”, escribió el presidente Bukele en la columna que le publicó el Post el 23 de julio pasado. Lo mismo dijo el expresidente Mauricio Funes ante la Asamblea de Naciones Unidas en 2010, más de un año después de su toma de posesión. Al final, lo de Funes, lo sabemos hoy, fueron solo palabras huecas: el primer presidente elegido con la bandera política de la izquierda no fue más que un fiasco y terminó, prófugo, huyendo de cinco órdenes de captura por corrupción (lo de ser asilado en Nicaragua con la bendición de la dictadura de Daniel Ortega no es más que un triste eufemismo).

El gobierno de Bukele es aún muy joven y no puede pedírsele que, a la vuelta de 60 días, tenga lista una comisión internacional. Lo que sí le podemos exigir a estas alturas es que la comisión que prometió para “descabezar” al crimen organizado deje de existir solo en Twitter y se convierta, de verdad, en iniciativa presidencial. Eso depende solo de él. De nadie más.

Los mataniños

La fotografía provoca terror, el que se asocia a la muerte de cualquier niña. El terror de reconocer tantas fragilidades en un cuerpo que yace indefenso, muerto, ante la indolencia de quienes observamos. La fotografía también provoca náusea, la que nace al entender que los caprichos políticos de los funcionarios más poderosos del planeta se cuentan entre los principales responsables de la muerte de esa niña, que se llama Valeria y murió ahogada junto a su padre, Óscar, cuando intentaban cruzar el río Grande.

Esa fotografía, como ya sugirió algún periodista en Estados Unidos, tendrá que ser para nosotros, salvadoreños, la estampa que identifique la administración del republicano Donald Trump en Washington. Han sido las políticas públicas del trumpismo en torno a la migración las que han convertido a Estados Unidos en uno de los principales violadores de los derechos humanos de quienes migran.

La administración Trump ha llenado de niños con más suerte que Valeria centros de detención temporal que, según defensores, activistas y periodistas estadounidenses, tienen todos los rasgos de campos de concentración.

Ha sido esa administración la que, a través del uso draconiano de la legislación, la militarización de la frontera y el uso punitivo de la diplomacia, ha logrado criminalizar la migración como no se había visto antes en Estados Unidos.

Es cierto que la ruta que lleva del norte de Centroamérica al sur de la Unión Americana ha estado plagada de peligros, de asaltos sexuales, de muerte, y hasta masacres desde siempre, pero hay ahora una diferencia importante: hasta hoy todo eso era atribuible, en gran medida, al crimen organizado y a la corrupción de las autoridades mexicanas; desde hace tres años los principales artífices del odio visten de saco oscuro y corbata roja, de uniforme de guardia fronterizo o de ranchero texano. Hoy los mataniños migrantes son otros.

La xenofobia y la narrativa antinmigrante han sido el eje central del discurso político del trumpismo desde 2015, cuando el magnate neoyorquino lanzó la cruzada electoral que terminó sentándolo en el despacho oval de la Casa Blanca. Cercado por múltiples acusaciones de corrupción, nepotismo y misoginia, Trump acudió siempre a la narrativa antinmigrante para consolidar a su base política. Y le resultó.

Veamos el mapa actual. La opinión pública respecto a la migración, aún entre los latinos, está más polarizada que antes. El irrespeto a los derechos de los migrantes en instituciones públicas estadounidenses, que ya existía y se había profundizado durante la administración humanos, ha alcanzado cotas inéditas. Y el panorama de políticas públicas que se puede esperar a un año de la próxima presidenciable y de un posible segundo término de Trump es el mismo. O peor.

Atrás, muy atrás, ha quedado el tímido intento de la administración Obama de utilizar el poder de la diplomacia estadounidense para embarcar a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras –orígenes de la mayoría de migrantes indocumentados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos– en un plan regional que atacara la violencia, la desigualdad, el estancamiento económico, la corrupción, que son las causas principales de las migraciones centroamericanas.

Cuando Donald Trump llegó al poder, los gobiernos del Triángulo Norte no estaban para planes. Sumidos en vorágines de corrupción, de alianzas con el crimen organizado o simplemente de ineficacia, las administraciones de Jimmy Morales, de Salvador Sánchez Cerén y de Juan Orlando Hernández utilizaron todos sus espacios políticos para protegerse a sí mismos y a los suyos. Los migrantes no fueron, nunca, su prioridad. Y por no tener no tuvieron nunca ni el diálogo mínimo con Washington para hablar del tema con un mínimo de dignidad.

En El Salvador hay un nuevo gobierno, el de Nayib Bukele. También en México, el de López Obrador. La canciller del primero ha dicho que le duele mucho la muerte de Valeria y su padre; hasta ahí. El segundo es, por hoy, el que ha llevado hasta la frontera norte de Guatemala la fuerza antinmigrante de Washington.

Narcoestado

Varios documentos judiciales en Estados Unidos y una investigación de la misión internacional contra la impunidad en Honduras dejan indicios bastante claros de que la presidencia de ese país lleva por lo menos una década penetrada por el narcotráfico. No parece posible aplicar eufemismos aquí: la casa presidencial de Tegucigalpa está empatada con el narco.

Lo que las investigaciones dicen, en breve, es que la organización hondureña de narcotráfico conocida como Los Cachiros recibió dinero del gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) a través de una empresa llamada INRIMAR, la cual obtuvo contratos amañados para construir obras públicas; que los narcos establecieron contactos con el actual presidente, Juan Orlando Hernández, cuando este era líder del Congreso hondureño; y que Los Cachiros lavaron dinero a través de empresas vinculadas a la familia Rosenthal, una de las más poderosas del país.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), de hecho, consideró al actual presidente hondureño como «objetivo» de una investigación abierta en 2013 a una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. En un comunicado que emitió el pasado viernes, el gobierno de Hernández dice que todo se trata de un intento hecho por narcotraficantes hondureños juzgados en Estados Unidos para acusar a otros y buscar rebajas a sus penas de cárcel.

Lo cierto es que estas últimas revelaciones solo añaden a una lista de indicios que apuntan a la casa de gobierno en Tegucigalpa. Ya antes Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros; y Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo y procesado por narcotráfico en Nueva York, habían testificado que el segundo sirvió como intermediario entre los narcotraficantes y Hernández. La extradición a Estados Unidos de Antonio Hernández, hermano del presidente, para que responda por narcotráfico también ha ensombrecido la presidencia hondureña por un buen rato.

Honduras es, de los tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, donde la penetración del crimen organizado en la política parece más flagrante. En Guatemala, el dinero ilícito ha penetrado las campañas políticas desde hace rato y en El Salvador operadores políticos al servicio de los gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes también han cobrado peaje a narcotraficantes como Los Perrones para dejarlos mover droga. En Honduras, por lo visto, el narco ha despachado desde los círculos más íntimos de las dos últimas presidencias.

Lo único que lo anterior quiere decir es que, si en Honduras los diques de la legalidad llevan rotos ya buen rato, en El Salvador y Guatemala existen todas las condiciones de impunidad y corrupción para llegar a donde los hondureños están ahora.

En la base de la penetración del narco está, primero, el desdén por la legalidad y, producto de ello, la impunidad que narcotraficantes y políticos requieren para operar tranquilos, para lucrarse del Estado y para utilizarlo como plataforma y cobertura de sus economías criminales.

Ya entre 2002 y 2008, Los Perrones fueron capaces de operar sin problemas, y de mover toneladas de cocaína por tierras salvadoreñas gracias en buena medida a la aquiescencia de policías, fiscales, jueces y operadores como el fallecido Adolfo Tórrez, quien de acuerdo con múltiples testimonios que recogí para mi libro «Infiltrados», de 2014, era el encargado de cobrar la extorsión a Reynerio Flores Lazo, el líder de Los Perrones hoy condenado a prisión.

Hay que ver a Honduras y entender que la penetración absoluta del Estado nacional por el crimen organizado está a la vuelta de la esquina. Y en El Salvador basta ver hacia adentro: en un país en el que, en los últimos meses, las mafias políticas mataron a la Sección de Probidad de la Corte Suprema y se han asegurado una fiscalía bastante dócil, las puertas al narco, a las mafias políticas y a otros tipos de crimen organizado están abiertas.

Gabinete de Seguridad

El primer asunto que debe de enfrentar el presidente electo, Nayib Bukele, en el tema de seguridad pública es el de las pandillas.

A estas alturas, después de las treguas de la administración Funes y las más locales auspiciadas por alcaldes y candidatos de los principales partidos políticos, y después de las políticas de exterminio impulsadas por la administración Sánchez Cerén, el de las pandillas es un tema impostergable.

Las treguas, legítimas si se entiende que la negociación desde el Estado es una política plausible en una democracia, siempre y cuando el Estado imponga el tono, y siempre y cuando lo haga desde la legalidad, no fueron solución porque se hicieron desde la oscuridad.

Los actores políticos que emprendieron las treguas tuvieron casi siempre como norte beneficios electorales o partidarios, no el bien público; por eso las hicieron desde la oscuridad, de espaldas a los ciudadanos afectados por la violencia pandillera.

El uso ilegal de la fuerza pública, cuyas principales expresiones durante la administración saliente del FMLN fueron las ejecuciones extrajudiciales, la persecución ilegal de jóvenes en zonas dominadas por pandillas y la tolerancia de esas ilegalidades desde altas jefaturas en la Policía y el Ejército, ha producido resultados mixtos.

Viendo las cifras de homicidios en los últimos años es imposible negar que ha habido una reducción de asesinatos desde 2015, cuando en los albores de la administración Sánchez Cerén, las pandillas respondieron con violencia brutal al fin de cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno. No puede decirse lo mismo del delito de extorsión. Las pandillas habían aprendido que los asesinatos son su principal capital político.

El problema con el uso ilegal de la fuerza pública como política de Estado es, primero, ese: es ilegal. Ninguna democracia puede esperar resultados positivos de la ilegalidad. Incubar escuadrones de la muerte en las fuerzas policiales y militares solo significa que el Estado ha renunciado a todos los principios de convivencia social que, se supone, ordenan la convivencia democrática. Y, en la práctica, esto implica que cualquiera de nosotros, al final, puede ser víctima de un Estado capaz de violar los derechos de sus ciudadanos desde el derecho a la privacidad hasta el derecho a la vida.

Al final, y como bien lo prueban las escaladas de violencia protagonizadas como las pandillas con regularidad, esta política de violencia estatal ha probado ser ineficiente. Las autoridades viven diciendo que han debilitado a la MS-13 y al Barrio 18, que han empezado a recuperar los territorios que ambos grupos controlan. Pero a juzgar por la situación que aún se vive en esas comunidades, y por la capacidad intacta de los pandilleros para matar, aun policías y militares, está claro que esas afirmaciones gubernamentales aceptan muchísimos matices.

Nayib Bukele, quien ha llegado al poder abanderado en buena medida por un discurso de alejamiento con las formas políticas tradicionales en el país, tiene el inmenso reto de abordar el asunto de las pandillas desde la creatividad, la valentía y el compromiso con las normas esenciales de la democracia. Esto pasa, primero, por definir con claridad cómo interactuará su gobierno con la MS-13 y el Barrio 18.

La primera señal, en esto, debe de ser el nombramiento de su Gabinete de Seguridad: la vuelta a comisionados de la PNC comprometidos con la ilegalidad y la corrupción sería fatal. Ya dio, Bukele, una señal positiva sobre su gabinete al nombrar a Alexandra Hill como canciller (una profesional sin pasado político oscuro y con experiencia real en Washington, capital del más importante socio político del país). Si es cierto que, en el caso de Relaciones Exteriores, Bukele trascendió a las demandas de los grupos de influencia que le rodean, es imperativo que lo mismo aplique en el tema de seguridad pública. Ese es el asunto más urgente.

Veinte años de nada

Cuando el 4 de abril de 1999 la niña Katya Natalia Miranda Jiménez fue violada y asesinada en la Costa del Sol, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y los tribunales eran, en esencia, instrumentos de las élites políticas para salvaguardar su impunidad. Eso hacía de ambas instituciones cuerpos muy deficientes en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

Katya Miranda, violada y asesinada a pocos metros de un rancho de playa en el que había dormido junto a su padre y su familia paterna, se convirtió desde su muerte en un doloroso recordatorio de esa impunidad perenne que 20 años después sigue ahí, intratable, carcomiendo a las cortes, a la Policía, a la FGR.

Al final, cuando se echa la vista atrás sobre las instituciones que forman el sistema de justicia salvadoreño lo único que se observa es un inmenso valle de impunidad. Habrá, acaso, algún par de picos marcados por la gestión de un puñado de funcionarios independientes que algo intentaron a pesar del poder político. Pero en general el paisaje es desolador.

Para entender por qué la muerte y violación de Katya Miranda fue un reflejo de todo eso hay que volver, siempre, a las circunstancias de los crímenes.

A la niña la sacaron de un rancho en el que dormían su padre, que era entonces escolta del presidente de la república; y su tío, que era el segundo al mando de la División de Investigación Criminal, una de las unidades más letales de la PNC. A la niña la sacaron de un rancho en el que había mucha gente armada. Nunca, ni por un instante, creí que alguien ajeno a ese rancho haya podido sacar a Katya de ahí.

La segunda circunstancia, esencial a todo acto de impunidad, tiene que ver con el encubrimiento. Y en esto el rol de la Fiscalía es muy importante. La Fiscalía, primero bajo las órdenes de Manuel Córdova Castellanos y luego bajo las de Belisario Artiga, se aseguró de que todo se hiciera para que el crimen no fuera resuelto; para que no hubiera justicia. Desde la intervención inicial en la escena del crimen hasta la fabricación de testimonios falsos, la FGR aplicó, íntegro, el manual del encubrimiento que en El Salvador de la guerra había escrito uno de sus puntos más dolorosos tras la masacre de la UCA en 1989, 10 años antes.

Y, como en el caso de los jesuitas, en el de Katya se involucró todo el Estado, no solo el ministerio público, los tribunales y la PNC. La Presidencia de la República, entonces en manos de Armando Calderón Sol del partido ARENA, hizo lo propio a través del Organismo de Inteligencia del Estado. El OIE abrió una investigación paralela cuyo único objetivo fue, de nuevo, obstaculizar la procuración de justicia.

En la década que siguió a la muerte de Katya Miranda, el crimen organizado acompañó al poder político, haciendo simbiosis con él, para apoderarse del aparato salvadoreño de investigación criminal y del de justicia. La década de 2000 fue el periodo en que el narco y los operadores políticos que le servían dejaron su huella en esas instituciones. Muchos de los protagonistas fueron los mismos. Muchos siguen vigentes en la política.

En la segunda década después de la muerte de Katya, la Fiscalía se convirtió, bajo el liderazgo de Luis Martínez, en un lupanar al servicio de narcos, políticos y empresarios corruptos y de cualquiera que pudiera pagar por hacer lo mismo que ocurrió en 1999: encubrir crímenes, inventar pruebas, perseguir a inocentes.

Buena parte de eso último está documentado en el expediente judicial de la llamada Operación Corruptela, en la que, por cierto, aparece el nombre del actual fiscal adjunto como sospechoso de recibir sobornos. Nada ha cambiado en 20 años.

Carta desde Washington

El reporteo me volvió a llevar a la capital de Estados Unidos y sus suburbios esta semana. Viví ahí nueve años. Quizá por eso, al volver esta vez, sentí que muchas cosas no han cambiado.

En Langley Park, el inglés es la lengua más difícil de escuchar. En los restaurantes étnicos –palestinos, libaneses, etíopes, italianos–, de la muy hípster Takoma Park, todos los cocineros hablan español. Las oficinas de asistencia a migrantes en Columbia Heights siguen atestadas de centroamericanos que buscan un papel para aliviar su exilio autoimpuesto. Y así.

Hay algo que ha cambiado: hay menos civilidad. No menos corrección política, que eso es otra cosa. Hay más desesperanza. Esto tiene que ver con Donald Trump y su administración.

Aterricé en el aeropuerto de Baltimore, uno de los tres que sirven al distrito de Columbia, el jueves de la semana pasada. Dos noticias dominaban en los medios impresos: la sobremesa y posibles implicaciones del testimonio en el Congreso de Michael Cohen, el exabogado de Trump que dijo bajo juramente a una subcomisión de la Cámara Baja que su exjefe era un mentiroso y un corrupto; y los intentos del statu quo demócrata y republicano por lapidar políticamente a Ilhan Omar, congresista musulmana elegida por un distrito de Minnesota a la que algunos acusan de racismo antisemita por denunciar al millonario lobby judío que lleva años influyendo la toma de decisiones en Washington.

El miércoles pasado se añadió otra noticia, esta más relacionada con nuestra parte del mundo: las llegadas a la frontera sur estadounidense de migrantes centroamericanos que buscan asilo, sobre todo las de hondureños y guatemaltecos, creció notablemente en el último trimestre (con un aumento de casi el 70 % en el caso de los nativos de Honduras). En Washington, la discusión que las cifras volvieron a encender en Capitol Hill fue la que Trump y los suyos han secuestrado con la falacia esa de que buena parte de los males en Estados Unidos tienen que ver con el arribo de los migrantes. También se habla en Washington, aunque con menos estruendo, de lo que el aumento en los flujos migratorios vuelve a decir sobre la inviabilidad de los tres estados nacionales del Triángulo Norte centroamericano, que siguen expulsando sin pausa a los suyos, sobre todo a los más jóvenes.

Hay, a pesar de toda la retórica trumpiana, quienes desde el Congreso apuntan, por ejemplo, que las migraciones centroamericanas están relacionadas con la violencia y a la precariedad económica, sí, pero también al saqueo que los gobernantes de Honduras, Guatemala y El Salvador han hecho de los fondos públicos que, se supone, están destinados a atender a las poblaciones más vulnerables. La corrupción de dos de esos gobernantes, Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, ha sido, de una forma u otra, protegida por el trumpismo.

El jueves pasado, un grupo de congresistas demócratas, entre los que se cuenta el poderoso senador demócrata Patrick Leahy y la representante Norma Torres –ambos miembros de los comités que asignan la ayuda externa estadounidense– advirtió con sanciones al gobierno de Jimmy Morales, en Guatemala, por, entre otras cosas, «aliarse con actores criminales y corruptos que intentan evadir a la justicia a cualquier costo».

Es una advertencia importante la del grupo liderado por Leahy y Torres, pero en estos días la atención del aparato político que en Washington se ocupa de Centroamérica parece preocupado únicamente por Venezuela y la obsesión de los republicanos más conservadores por invadirla. Centroamérica, a pesar del aumento en los flujos migratorios, sigue siendo un tema secundario.

Al final, en medio de todo el ruido político, poco cambia en el trajín cotidiano. Los llegados desde Lempira, Xela o Soyapango amanecen todos los días –la semana pasada con -3 Centígrados en el termómetro– para atender las jornadas de 10, 14 horas que la economía estadounidense les exige. Para ellos, como me repitió una migrante que llegó en 2010 y lleva desde entonces viviendo sin papeles, todo es mejor que volver a la tierra de la desesperanza que dejaron atrás.

¿Y hoy?

Ganó por mucho. Los dos partidos grandes siguen revisándose las heridas para entender cómo sangraron tantos votos, sobre todo el FMLN. Lo cierto es que Nayib Bukele ganó, hoy es el presidente electo de la república, y la calidad numérica de su triunfo le abre a él, al país y a su oposición un escenario inédito en muchos ámbitos.

Admito, de entrada, que me cuento entre quienes pensamos que el triunfo de Bukele era una posibilidad, pero la contundencia de su triunfo me ha dejado sorprendido. Yo también me equivoqué al pensar que algunos viejos clichés en la política local, como aquello del territorio, las diferencias en las votaciones legislativas y las presidenciales o la importancia de las marcas partidarias eran factores a tomar en cuenta. Ya no. Al menos no en esta elección.

Nayib Bukele ganó y queda como una de las deudas más urgentes del periodismo local –y de otros como la academia por supuesto– empezar a buscar explicaciones a las causas. Más importante, sin embargo, es intentar entender lo que viene.

Una de las preguntas más importantes, para mí, es esta: cómo un candidato que compitió con un partido tan señalado por actos de corrupción, y cómo siendo él mismo un político que al menos en una de sus administraciones municipales y en su campaña no hizo gala de transparencia logró capitalizar tan bien el hartazgo que la corrupción de la clase política provocó en el electorado.

No me cabe duda de que buena parte de las debacles electorales y políticas de ARENA y el FMLN tienen que ver con su corrupción. Ni Hugo Martínez en el caso del Frente ni Carlos Calleja en la de la coalición arenera fueron capaces de despegarse del inmenso tufo a corrupción que desprenden ya los dos partidos. No fue solo la corrupción, fue también que ambas dirigencias se quedaron por muchos años en las oficinas del poder apreciándose el ombligo mientras se preocupaban por acaparar poder a toda costa, aun en detrimento de su propia clientela política. Nunca FMLN y ARENA se parecieron tanto como en esta derrota.

Bukele, a pesar de GANA, el partido de Guillermo Gallegos y Hérbert Saca, capitalizó ese hartazgo generado por la corrupción. Y capitalizó con creces: ganó en todos los departamentos, en bastiones de unos y otros. Su victoria es incontestable. Eso puede ser bueno para el país, pero también puede ser el augurio de un escenario macabro. Todo depende, ya, de un presidente que ganó sin partido, sin cúpula, a puro voto.

El mandato de Bukele puede ser macabro, si el presidente cede a la tentación de reproducir las prácticas que condenó en campaña, o si no entiende muy pronto que una cosa es desviar durante el proselitismo la atención de preguntas legítimas sobre malas prácticas señaladas a él y su entorno y otra es atarse a ellas durante cinco años sin consecuencias. Si Nayib Bukele opta por acudir a Hérbert Saca como operador político, a usar recursos públicos para promover de forma ilegal su imagen o a pactar con grupos y empresarios vinculados al crimen organizado, me gustaría creer que el mismo electorado que le dio su confianza abrumadora se lo reclame la próxima vez que esté en una urna.

Tampoco será buena noticia que, como le ocurrió a Mauricio Funes, Bukele ceda a los rasgos más confrontativos e irracionales de su personalidad. Me han dicho en las últimas 48 horas que Bukele es diferente; que él, a diferencia de Funes, tiene la humildad suficiente para escuchar y la inteligencia política para entender dónde se dibujan los límites. Espero, por el bien de este país, que así sea.

Si Nayib Bukele entiende su victoria holgada como una señal para hacer cosas atrevidas en el bien de la nación, como nombrar, de verdad, a funcionarios honestos y capaces, no acudir a la compra de voluntades políticas de diputados con los dineros reservados de Casa Presidencial y aprovechar la buena imagen internacional que construyó para hilar una política internacional digna, entonces las noticias serán mejores.

Las primeras señales están a la vuelta de la esquina. Gabinete. Interlocutores políticos. Pacto fiscal. CICIES. Actitud frente a funcionarios de segundo grado como el fiscal general de la república. Decisiones sobre el uso de fondos de CAPRES. La palabra, hoy, la tiene el presidente electo.