Gabinete de Seguridad

El primer asunto que debe de enfrentar el presidente electo, Nayib Bukele, en el tema de seguridad pública es el de las pandillas.

A estas alturas, después de las treguas de la administración Funes y las más locales auspiciadas por alcaldes y candidatos de los principales partidos políticos, y después de las políticas de exterminio impulsadas por la administración Sánchez Cerén, el de las pandillas es un tema impostergable.

Las treguas, legítimas si se entiende que la negociación desde el Estado es una política plausible en una democracia, siempre y cuando el Estado imponga el tono, y siempre y cuando lo haga desde la legalidad, no fueron solución porque se hicieron desde la oscuridad.

Los actores políticos que emprendieron las treguas tuvieron casi siempre como norte beneficios electorales o partidarios, no el bien público; por eso las hicieron desde la oscuridad, de espaldas a los ciudadanos afectados por la violencia pandillera.

El uso ilegal de la fuerza pública, cuyas principales expresiones durante la administración saliente del FMLN fueron las ejecuciones extrajudiciales, la persecución ilegal de jóvenes en zonas dominadas por pandillas y la tolerancia de esas ilegalidades desde altas jefaturas en la Policía y el Ejército, ha producido resultados mixtos.

Viendo las cifras de homicidios en los últimos años es imposible negar que ha habido una reducción de asesinatos desde 2015, cuando en los albores de la administración Sánchez Cerén, las pandillas respondieron con violencia brutal al fin de cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno. No puede decirse lo mismo del delito de extorsión. Las pandillas habían aprendido que los asesinatos son su principal capital político.

El problema con el uso ilegal de la fuerza pública como política de Estado es, primero, ese: es ilegal. Ninguna democracia puede esperar resultados positivos de la ilegalidad. Incubar escuadrones de la muerte en las fuerzas policiales y militares solo significa que el Estado ha renunciado a todos los principios de convivencia social que, se supone, ordenan la convivencia democrática. Y, en la práctica, esto implica que cualquiera de nosotros, al final, puede ser víctima de un Estado capaz de violar los derechos de sus ciudadanos desde el derecho a la privacidad hasta el derecho a la vida.

Al final, y como bien lo prueban las escaladas de violencia protagonizadas como las pandillas con regularidad, esta política de violencia estatal ha probado ser ineficiente. Las autoridades viven diciendo que han debilitado a la MS-13 y al Barrio 18, que han empezado a recuperar los territorios que ambos grupos controlan. Pero a juzgar por la situación que aún se vive en esas comunidades, y por la capacidad intacta de los pandilleros para matar, aun policías y militares, está claro que esas afirmaciones gubernamentales aceptan muchísimos matices.

Nayib Bukele, quien ha llegado al poder abanderado en buena medida por un discurso de alejamiento con las formas políticas tradicionales en el país, tiene el inmenso reto de abordar el asunto de las pandillas desde la creatividad, la valentía y el compromiso con las normas esenciales de la democracia. Esto pasa, primero, por definir con claridad cómo interactuará su gobierno con la MS-13 y el Barrio 18.

La primera señal, en esto, debe de ser el nombramiento de su Gabinete de Seguridad: la vuelta a comisionados de la PNC comprometidos con la ilegalidad y la corrupción sería fatal. Ya dio, Bukele, una señal positiva sobre su gabinete al nombrar a Alexandra Hill como canciller (una profesional sin pasado político oscuro y con experiencia real en Washington, capital del más importante socio político del país). Si es cierto que, en el caso de Relaciones Exteriores, Bukele trascendió a las demandas de los grupos de influencia que le rodean, es imperativo que lo mismo aplique en el tema de seguridad pública. Ese es el asunto más urgente.

Veinte años de nada

Cuando el 4 de abril de 1999 la niña Katya Natalia Miranda Jiménez fue violada y asesinada en la Costa del Sol, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y los tribunales eran, en esencia, instrumentos de las élites políticas para salvaguardar su impunidad. Eso hacía de ambas instituciones cuerpos muy deficientes en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

Katya Miranda, violada y asesinada a pocos metros de un rancho de playa en el que había dormido junto a su padre y su familia paterna, se convirtió desde su muerte en un doloroso recordatorio de esa impunidad perenne que 20 años después sigue ahí, intratable, carcomiendo a las cortes, a la Policía, a la FGR.

Al final, cuando se echa la vista atrás sobre las instituciones que forman el sistema de justicia salvadoreño lo único que se observa es un inmenso valle de impunidad. Habrá, acaso, algún par de picos marcados por la gestión de un puñado de funcionarios independientes que algo intentaron a pesar del poder político. Pero en general el paisaje es desolador.

Para entender por qué la muerte y violación de Katya Miranda fue un reflejo de todo eso hay que volver, siempre, a las circunstancias de los crímenes.

A la niña la sacaron de un rancho en el que dormían su padre, que era entonces escolta del presidente de la república; y su tío, que era el segundo al mando de la División de Investigación Criminal, una de las unidades más letales de la PNC. A la niña la sacaron de un rancho en el que había mucha gente armada. Nunca, ni por un instante, creí que alguien ajeno a ese rancho haya podido sacar a Katya de ahí.

La segunda circunstancia, esencial a todo acto de impunidad, tiene que ver con el encubrimiento. Y en esto el rol de la Fiscalía es muy importante. La Fiscalía, primero bajo las órdenes de Manuel Córdova Castellanos y luego bajo las de Belisario Artiga, se aseguró de que todo se hiciera para que el crimen no fuera resuelto; para que no hubiera justicia. Desde la intervención inicial en la escena del crimen hasta la fabricación de testimonios falsos, la FGR aplicó, íntegro, el manual del encubrimiento que en El Salvador de la guerra había escrito uno de sus puntos más dolorosos tras la masacre de la UCA en 1989, 10 años antes.

Y, como en el caso de los jesuitas, en el de Katya se involucró todo el Estado, no solo el ministerio público, los tribunales y la PNC. La Presidencia de la República, entonces en manos de Armando Calderón Sol del partido ARENA, hizo lo propio a través del Organismo de Inteligencia del Estado. El OIE abrió una investigación paralela cuyo único objetivo fue, de nuevo, obstaculizar la procuración de justicia.

En la década que siguió a la muerte de Katya Miranda, el crimen organizado acompañó al poder político, haciendo simbiosis con él, para apoderarse del aparato salvadoreño de investigación criminal y del de justicia. La década de 2000 fue el periodo en que el narco y los operadores políticos que le servían dejaron su huella en esas instituciones. Muchos de los protagonistas fueron los mismos. Muchos siguen vigentes en la política.

En la segunda década después de la muerte de Katya, la Fiscalía se convirtió, bajo el liderazgo de Luis Martínez, en un lupanar al servicio de narcos, políticos y empresarios corruptos y de cualquiera que pudiera pagar por hacer lo mismo que ocurrió en 1999: encubrir crímenes, inventar pruebas, perseguir a inocentes.

Buena parte de eso último está documentado en el expediente judicial de la llamada Operación Corruptela, en la que, por cierto, aparece el nombre del actual fiscal adjunto como sospechoso de recibir sobornos. Nada ha cambiado en 20 años.

Carta desde Washington

El reporteo me volvió a llevar a la capital de Estados Unidos y sus suburbios esta semana. Viví ahí nueve años. Quizá por eso, al volver esta vez, sentí que muchas cosas no han cambiado.

En Langley Park, el inglés es la lengua más difícil de escuchar. En los restaurantes étnicos –palestinos, libaneses, etíopes, italianos–, de la muy hípster Takoma Park, todos los cocineros hablan español. Las oficinas de asistencia a migrantes en Columbia Heights siguen atestadas de centroamericanos que buscan un papel para aliviar su exilio autoimpuesto. Y así.

Hay algo que ha cambiado: hay menos civilidad. No menos corrección política, que eso es otra cosa. Hay más desesperanza. Esto tiene que ver con Donald Trump y su administración.

Aterricé en el aeropuerto de Baltimore, uno de los tres que sirven al distrito de Columbia, el jueves de la semana pasada. Dos noticias dominaban en los medios impresos: la sobremesa y posibles implicaciones del testimonio en el Congreso de Michael Cohen, el exabogado de Trump que dijo bajo juramente a una subcomisión de la Cámara Baja que su exjefe era un mentiroso y un corrupto; y los intentos del statu quo demócrata y republicano por lapidar políticamente a Ilhan Omar, congresista musulmana elegida por un distrito de Minnesota a la que algunos acusan de racismo antisemita por denunciar al millonario lobby judío que lleva años influyendo la toma de decisiones en Washington.

El miércoles pasado se añadió otra noticia, esta más relacionada con nuestra parte del mundo: las llegadas a la frontera sur estadounidense de migrantes centroamericanos que buscan asilo, sobre todo las de hondureños y guatemaltecos, creció notablemente en el último trimestre (con un aumento de casi el 70 % en el caso de los nativos de Honduras). En Washington, la discusión que las cifras volvieron a encender en Capitol Hill fue la que Trump y los suyos han secuestrado con la falacia esa de que buena parte de los males en Estados Unidos tienen que ver con el arribo de los migrantes. También se habla en Washington, aunque con menos estruendo, de lo que el aumento en los flujos migratorios vuelve a decir sobre la inviabilidad de los tres estados nacionales del Triángulo Norte centroamericano, que siguen expulsando sin pausa a los suyos, sobre todo a los más jóvenes.

Hay, a pesar de toda la retórica trumpiana, quienes desde el Congreso apuntan, por ejemplo, que las migraciones centroamericanas están relacionadas con la violencia y a la precariedad económica, sí, pero también al saqueo que los gobernantes de Honduras, Guatemala y El Salvador han hecho de los fondos públicos que, se supone, están destinados a atender a las poblaciones más vulnerables. La corrupción de dos de esos gobernantes, Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, ha sido, de una forma u otra, protegida por el trumpismo.

El jueves pasado, un grupo de congresistas demócratas, entre los que se cuenta el poderoso senador demócrata Patrick Leahy y la representante Norma Torres –ambos miembros de los comités que asignan la ayuda externa estadounidense– advirtió con sanciones al gobierno de Jimmy Morales, en Guatemala, por, entre otras cosas, «aliarse con actores criminales y corruptos que intentan evadir a la justicia a cualquier costo».

Es una advertencia importante la del grupo liderado por Leahy y Torres, pero en estos días la atención del aparato político que en Washington se ocupa de Centroamérica parece preocupado únicamente por Venezuela y la obsesión de los republicanos más conservadores por invadirla. Centroamérica, a pesar del aumento en los flujos migratorios, sigue siendo un tema secundario.

Al final, en medio de todo el ruido político, poco cambia en el trajín cotidiano. Los llegados desde Lempira, Xela o Soyapango amanecen todos los días –la semana pasada con -3 Centígrados en el termómetro– para atender las jornadas de 10, 14 horas que la economía estadounidense les exige. Para ellos, como me repitió una migrante que llegó en 2010 y lleva desde entonces viviendo sin papeles, todo es mejor que volver a la tierra de la desesperanza que dejaron atrás.

¿Y hoy?

Ganó por mucho. Los dos partidos grandes siguen revisándose las heridas para entender cómo sangraron tantos votos, sobre todo el FMLN. Lo cierto es que Nayib Bukele ganó, hoy es el presidente electo de la república, y la calidad numérica de su triunfo le abre a él, al país y a su oposición un escenario inédito en muchos ámbitos.

Admito, de entrada, que me cuento entre quienes pensamos que el triunfo de Bukele era una posibilidad, pero la contundencia de su triunfo me ha dejado sorprendido. Yo también me equivoqué al pensar que algunos viejos clichés en la política local, como aquello del territorio, las diferencias en las votaciones legislativas y las presidenciales o la importancia de las marcas partidarias eran factores a tomar en cuenta. Ya no. Al menos no en esta elección.

Nayib Bukele ganó y queda como una de las deudas más urgentes del periodismo local –y de otros como la academia por supuesto– empezar a buscar explicaciones a las causas. Más importante, sin embargo, es intentar entender lo que viene.

Una de las preguntas más importantes, para mí, es esta: cómo un candidato que compitió con un partido tan señalado por actos de corrupción, y cómo siendo él mismo un político que al menos en una de sus administraciones municipales y en su campaña no hizo gala de transparencia logró capitalizar tan bien el hartazgo que la corrupción de la clase política provocó en el electorado.

No me cabe duda de que buena parte de las debacles electorales y políticas de ARENA y el FMLN tienen que ver con su corrupción. Ni Hugo Martínez en el caso del Frente ni Carlos Calleja en la de la coalición arenera fueron capaces de despegarse del inmenso tufo a corrupción que desprenden ya los dos partidos. No fue solo la corrupción, fue también que ambas dirigencias se quedaron por muchos años en las oficinas del poder apreciándose el ombligo mientras se preocupaban por acaparar poder a toda costa, aun en detrimento de su propia clientela política. Nunca FMLN y ARENA se parecieron tanto como en esta derrota.

Bukele, a pesar de GANA, el partido de Guillermo Gallegos y Hérbert Saca, capitalizó ese hartazgo generado por la corrupción. Y capitalizó con creces: ganó en todos los departamentos, en bastiones de unos y otros. Su victoria es incontestable. Eso puede ser bueno para el país, pero también puede ser el augurio de un escenario macabro. Todo depende, ya, de un presidente que ganó sin partido, sin cúpula, a puro voto.

El mandato de Bukele puede ser macabro, si el presidente cede a la tentación de reproducir las prácticas que condenó en campaña, o si no entiende muy pronto que una cosa es desviar durante el proselitismo la atención de preguntas legítimas sobre malas prácticas señaladas a él y su entorno y otra es atarse a ellas durante cinco años sin consecuencias. Si Nayib Bukele opta por acudir a Hérbert Saca como operador político, a usar recursos públicos para promover de forma ilegal su imagen o a pactar con grupos y empresarios vinculados al crimen organizado, me gustaría creer que el mismo electorado que le dio su confianza abrumadora se lo reclame la próxima vez que esté en una urna.

Tampoco será buena noticia que, como le ocurrió a Mauricio Funes, Bukele ceda a los rasgos más confrontativos e irracionales de su personalidad. Me han dicho en las últimas 48 horas que Bukele es diferente; que él, a diferencia de Funes, tiene la humildad suficiente para escuchar y la inteligencia política para entender dónde se dibujan los límites. Espero, por el bien de este país, que así sea.

Si Nayib Bukele entiende su victoria holgada como una señal para hacer cosas atrevidas en el bien de la nación, como nombrar, de verdad, a funcionarios honestos y capaces, no acudir a la compra de voluntades políticas de diputados con los dineros reservados de Casa Presidencial y aprovechar la buena imagen internacional que construyó para hilar una política internacional digna, entonces las noticias serán mejores.

Las primeras señales están a la vuelta de la esquina. Gabinete. Interlocutores políticos. Pacto fiscal. CICIES. Actitud frente a funcionarios de segundo grado como el fiscal general de la república. Decisiones sobre el uso de fondos de CAPRES. La palabra, hoy, la tiene el presidente electo.

¿Y Probidad?

Se fue Douglas Meléndez de la Fiscalía. Llegó Raúl Melara, marcado por las enormes dudas que genera su cercanía al partido ARENA. Antes se había dado la renovación de la Corte Suprema de Justicia con la llegada de nuevos magistrados a la Sala de lo Constitucional; una de las primeras decisiones, en esta nueva composición, ha sido echar más sombras a la forma en que el máximo tribunal procesa los casos de la oficina de Probidad. No son buenas noticias.

Empecemos por la Fiscalía. En el obituario del exfiscal Meléndez hay que escribir, sí, que se quedó corto en varios de los casos que pretendió, al llegar al despacho, incluir en la bitácora de su gestión. En casos importantes, como las de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública o la tregua entre las pandillas y el Estado, acudió a esa su costumbre de intentar cubrir con frases altisonantes carencias básicas en acciones penales que casi nunca tocaron a los planificadores de los crímenes o a los funcionarios de alto rango que los permitieron.

Tampoco fue Meléndez capaz de emprender dentro de la Fiscalía una reforma real, encaminada a extirpar la desidia o corrupción de algunas jefaturas. Siempre acudía el exfiscal a justificarse en la falta de recursos.

Eso dicho, también hay que escribirlo con todas las letras, que Douglas Meléndez hizo lo que ninguno de sus antecesores había hecho: emprender procesos penales serios y en algunos casos bien investigados contra los más importantes representantes del poder político. La condena y confesión criminal de Elías Antonio Saca y la persecución penal a Mauricio Funes no son poca cosa.

Importante fue también la acción legal emprendida contra el empresario Enrique Rais, quien había armado, en el mismo ministerio público y en los tribunales, una red de corrupción que incluyó, además de a un ex fiscal general, a jueces, policías, peritos forenses y periodistas. El de Rais es uno de los mejores ejemplos de hasta qué punto una mafia privada puede cooptar al Estado.

Estos casos, como ya apuntaba Cristian Villalta en este periódico, no hicieron más que confirmar por vía procesal penal la extensión de la podredumbre que existe en nuestras instituciones. Eso es ya, en algunos casos, verdad judicial, gracias, por ejemplo, a la confesión del expresidente Antonio Saca, que es en realidad un manual de cómo desviar fondos públicos a operaciones políticas y cuentas personales.

Buena parte de las acusaciones que Meléndez presentó en los casos contra Funes y Saca están basados en los descubrimientos hechos por la sección de Probidad de la Corte Suprema. El futuro de esa oficina y de lo que la Fiscalía haga con los insumos que de ella reciba son esenciales para la lucha contra la corrupción en El Salvador.

Pero Probidad parece ya un fantasma. Eso se debe a las mafias políticas que han intentado anularla, a los mismos diputados que son juez y parte en esto; que fueron investigados por Probidad y tuvieron voz y voto en las elecciones tanto de los magistrados de los que hoy depende esa oficina como de la del fiscal que es hoy encargado de convertir en persecuciones penales esos indicios.

En la lista de investigados por Probidad hay funcionarios y diputados del FMLN, ARENA y de GANA, las tres principales fuerzas políticas en contienda para la presidencial del próximo 3 de febrero. Varios de ellos son voces influyentes en esos tres partidos políticos; voces que estuvieron en las mesas donde se escogió a los magistrados y a Raúl Melara.

No es descabellado –ni siquiera extraordinario– pensar que esos electores pusieron en la mesa de negociación su interés de mantener los archivos de Probidad en la oscuridad y congeladas las investigaciones de ellos derivadas. Señores magistrados y señor fiscal general Raúl Melara, de ustedes depende ahora, solo de ustedes, despejar estas dudas.

2018

Llegó ese momento en que toca hacer repaso del año. Lo hago desde los apuntes que quedaron en mi libreta de reportero. Y empiezo por lo bueno, por una de las mejores historias que me ha tocado contar en los 22 años que llevo haciendo esto: la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en Ciudad del Vaticano el 14 de octubre.

Desde que empecé a anotar cosas en mis libretas, mucho antes de estudiar periodismo en la UCA, la mayoría de mis páginas se llenaron de las historias terribles que suele parir nuestra parte del mundo. Había, en esas notas, percepciones sobre la guerra, imágenes del exilio en México y Nicaragua. También algún recuerdo sobre las celebraciones de 1992 en el centro de San Salvador, cuando se firmó la paz. Al final, menos esperanza y más ansiedad.

Con los años llegó la certeza de que contar El Salvador, sus muertos, sus corrupciones, a sus delincuentes de cuello blanco, sus pandillas, sus tragedias naturales, sería casi siempre un ejercicio desesperanzador. Pero también el tiempo me enseñó que aun desde el sino trágico de nuestra historia hay, en las historias que la forman, destellos de luz.

La cobertura de las tragedias que siguieron a la furia de la tierra en 2001, por ejemplo. Aquel enero vi la mayor cantidad de cadáveres juntos que he visto hasta ahora, en la morgue improvisada que Medicina Legal y la Fiscalía instalaron en un edificio público de Santa Tecla. Pero vi también algo que he visto decenas de veces en los rostros salvadoreños: el apego a la vida, la terquedad de sobrevivir a todos y a todo.

Muy seguido vuelven a mi memoria las imágenes de los familiares que buscaban a sus parientes enterrados bajo el alud que cubrió la colonia Las Colinas de Tecla, la tozudez, la negativa a cesar en el empeño de encontrar a los soterrados o, como atestigüe una sola vez la madrugada del 14 de enero de 2001, la de una mujer que, por vecinos, se enteró de que su hermana no estaba en casa cuando tembló, que estaba viva. El culmen de la esperanza dibujado en un gesto.

Pero fue hasta este año que cubrí un evento en el que la historia escribió en renglón recto, con buena letra.

En la Plaza de San Pedro, durante la soleada mañana del 14 de octubre, hice lo mismo que llevo haciendo tanto tiempo: escuchar a los protagonistas, los de a pie, los que dan voz y significado a las historias. Esta vez, con la canonización de Romero, lo que quedó en mi libreta fue el reflejo de una sensación más profunda, más íntima y a la vez más universal que he intentado explicarme varias veces escribiendo que el sacerdote de Ciudad Barrios y lo que su historia de vida despierta en sus fieles es la complicidad que surge del bien.

Es la historia salvadoreña más importante que cubrí hasta ahora.

Posdata: Hubo otras cosas este año que es necesario, por registro, apuntar. Importante fue la cancelación del TPS en Estados Unidos y la arremetida del trumpismo contra los migrantes centroamericanos; es una tragedia humanitaria a la que nuestro gobierno sigue enfrentando con una indolencia criminal.

Y, claro, está todo el estruendo político que provocaron las elecciones legislativas de marzo en El Salvador y la campaña previa a la presidencial de 2019. En este caso -epílogo pobre del año- el ángulo más noticioso es, sin duda, la irrupción de Nayib Bukele en el tinglado. Sin embargo, en este tema, el análisis más urgente sigue siendo la decadencia de los dos grandes partidos políticos paridos por la guerra civil de los ochenta y los engendros que la caída de ambos amenaza con dejar como herederos.

El Estado cómplice

“Las democracias han favorecido condiciones que facilitan el crimen organizado”. Una frase provocadora, difícil de digerir si se quiere. Se la escuché la semana pasada a Federico Varese, un catedrático italiano asentado en la Universidad de Oxford que es reconocido como uno de los referentes en teoría sobre crimen organizado en el mundo, durante un encuentro sobre el tema organizado por InSight Crime, en Bogotá.

La explicación de Varese pasa por el reconocimiento de que, en las democracias modernas, el financiamiento electoral se ha convertido en la principal herramienta de influencia de grupos de poder, sean estos legales o ilegales.

Un ejemplo claro de lo primero es la forma en que fondos fiduciarios alimentados con dineros de grandes corporaciones han financiado durante años las campañas de los partidos Demócrata y Republicano en Estados Unidos.

Muestras de lo segundo abundan en el mapa latinoamericano, tanto la escala nacional como en la local. La banda de narcotraficantes Los Cachiros y los partidos Liberal y Nacional en Honduras. El cartel de Texis y campañas de gobiernos locales del PCN en Metapán, El Salvador. Dineros de grupos paramilitares canalizados a campañas de legisladores en Colombia. Y así.
Una combinación de ambas, financiamiento de grupos ilegales y dineros provenientes de instancias legalmente constituidas para garantizar funcionarios dóciles dispuestos a debilitar al Estado para beneficiar a esos financistas, ha existido en Guatemala en las últimas décadas, y eso ha quedado probado, entre otras cosas, por varios casos que el Ministerio Público local ha presentado a los tribunales.

En El Salvador hay denuncias bastante claras en casos como el de Texis, mencionado arriba, o el de dinero de la banda Los Perrones que llegó hasta la campaña presidencial de ARENA en 2004. En el primer caso la fiscalía investigó, por otras razones, a los financistas; y en el segundo, encarceló a los narcos. Pero nunca enfiló baterías contra los operadores políticos que entregaron el dinero, en gran medida porque varios de esos intermediarios, relacionados con el grupo de poder del expresidente Antonio Saca, siguen vigentes y aún son influyentes en el tinglado político nacional.

Y ese es el punto: los salvadoreños estamos a punto de elegir al presidente que administrará el Ejecutivo durante el próximo quinquenio, pero a la fecha ninguno de los cuatro contendientes nos han presentado propuestas definitivas sobre cómo lidiar con esa esquina oscura de la democracia que es el financiamiento electoral ilícito, lo que el jefe de la Comisión Internacional contra la

Corrupción en la Impunidad en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez, ha llamado el pecado original de la constitución democrática.

Lo que es peor: los dos principales contendientes, Nayib Bukele, de GANA; y Carlos Calleja, de ARENA, se han negado a revelar la lista definitiva de sus financistas. No sabemos, por ejemplo, cuánto dinero recibirá el partido de derecha de los grupos de poder que, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía General contra el exfiscal Luis Martínez, intentaron sobornar al exfuncionario

La voz del santo

“Comprendo que es duro y conflictivo hablar de cambios de estructura con quienes se están beneficiando de estas estructuras caducas”, escribió monseñor Óscar Arnulfo Romero en su cuarta carta pastoral del 6 de agosto de 1979. La exigencia de cambios fue una constante en la palabra de Romero. Sus demandas están dirigidas, sobre todo, a las élites económicas y políticas de El Salvador, pero también a su grey, los cristianos. Él mismo, de acuerdo con biógrafos y algunos de sus amigos cercanos, era un hombre que se cuestionaba constantemente sobre su rol, su interpretación de la religión, sobre la fuerza de su propia voz.

“La realidad, distinta a la del pasado, y la ubicación en una responsabilidad diferente, exigía otra clase de respuesta: una visible y fuerte señal pública… en contra de las formas violentas de resolver los conflictos sociales, un rechazo a la cultura de la muerte”, dice Héctor Dada Hirezi según lo cita Robert Morozzo Della Rocca, el biógrafo de Romero más consultado por el Vaticano.
Los cambios en Romero, en su discurso público, dice Dada Hirezi, venían dados por la realidad que le circundaba a diario y por las decisiones que el arzobispo tomaba sobre sus acciones públicas para abordar esa realidad, que fue una de violencia, pobreza y mezquindad, pero también de la fuerza vital que, a pesar de todo, encontraba en el estoicismo de los más necesitados.

Dice Morozzo Della Rocca: “Romero no tenía una idea victimista y quejumbrosa de El Salvador, como si fuera un pequeño país marginado y explotado. Llamaba a los salvadoreños a la ‘conciencia de nuestra significación universal’”.

Hoy monseñor Romero debería de ser nuestra significación más universal. Su nombramiento como santo de la Iglesia católica debería de servir para dar vigencia definitiva a su mensaje, al que nos obliga a pensar en los cambios, dolorosos y necesarios, que la realidad nos impone.

El Salvador sigue siendo un lugar donde la cultura de la muerte de la que habla Héctor Dada amanece saludable todos los días. El Salvador sigue siendo un lugar lleno de pobres, regentado por élites económica y políticas mezquinas a las que el cambio no se les da nada bien.

Ya con los Acuerdos de Paz de 1992 probamos nuestra capacidad para revolucionar la realidad. Cambiamos, entonces, nuestra inclinación a matarnos por un deseo de reconstruirnos. Esa es acaso nuestra significación universal: entendernos capaces de cambiar y cambiar a nuestro país.

La mezquindad y la cultura de la muerte nunca nos dejaron después del 92; nuestra vocación revolucionaria se apagó poco a poco. Nos acomodamos y seguimos, indolentes, presenciando cómo la muerte se ha llevado a nuestros jóvenes más pobres.

Esta realidad de El Salvador, la que encuentra Romero cuando llega a los altares católicos, requiere de cambios muy profundos que no pueden empezar sino en nosotros mismos y trasladarse a nuestros entornos inmediatos. A quienes tenemos el lujo del pan nos toca una responsabilidad mayor.

Monseñor Romero, su palabra, debería de servirnos para iniciar nuestras propias búsquedas y, de ahí, partir a la obligación que tenemos con El Salvador. Sé, por experiencia familiar, de la influencia benévola que el arzobispo tuvo en aquellos a los que conoció, y de la guía que sus palabras dieron a quienes los conocieron menos pero siguieron sus mensajes. Sé de la impronta que monseñor dejó, por ejemplo, en mi abuelo, Héctor Silva Romero, y en mi padre, Héctor Silva Argüello, ambos hombres buenos, dedicados a los otros y a buscar la significación universal de El Salvador.

Yo conocí en profundidad a monseñor desde el periodismo, hace un tiempo. En sus palabras hallé, también, fuerza, guía, significación.

*La primera versión de esta columna fue publicada en marzo de este año.

¿Cicies?

En El Salvador, empresarios y (hoy) un candidato presidencial, Nayib Bukele, se han llenado la boca con la posibilidad de apoyar una comisión internacional que ayude a la Fiscalía local a investigar y a perseguir penalmente la impunidad y la corrupción.

El modelo a seguir sería, según han dicho, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), establecida en ese país en 2007 y responsable, junto al Ministerio Público guatemalteco, de arrestos y persecuciones penales –algunas exitosas– de tres expresidentes, el mandatario actual, una docena de grandes empresarios, diputados y exmilitares acusados de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de narcotráfico, robo a las arcas públicas, financiamiento electoral ilícito y obstrucción a la justicia. Entre otros.

El mérito más importante de la Cicig es que ayudó a dinamitar el recio muro de impunidad que había rodeado históricamente a las élites económicas y políticas de Guatemala. Ese muro, como en El Salvador, está enraizado en una cultura criminal de funcionarios públicos y poderes fácticos según la cual los poderosos pueden hacer lo que quieran sin ser castigados.

Un caso conocido como La Línea, el esquema de corrupción en las aduanas guatemaltecas que capitaneaban el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, es un buen ejemplo de lo que Cicig hace y de las consecuencias de esas investigaciones. La Línea terminó por botar a un gobierno corrupto, pero también por alimentar al menos cinco expedientes más que implican a constructores, importadores, banqueros y políticos de todo signo en otros esquemas de corrupción.

Hace un par de años, la idea de una “Cicies”, la Cicig salvadoreña, empezó a circular en redes, lo cual al final no es nada. El asunto no pasó nunca de ser eso, una alharaca en Twitter. Hasta que Bukele se apropió de la idea como parte de su campaña proselitista al decir que sí, que si llega a la presidencia, él apoyaría una comisión así.

Tomémosle la palabra y pongámonos en un escenario en que eso ocurre: el presidente Bukele pide a Naciones Unidas que gestione y financie una Cicies. La ONU acepta. Siguiente paso: la Asamblea tiene que aprobar un convenio que dé vida legal a la comisión. Ahí el primer problema (¿insalvable?): si los diputados de Gana, el partido que habría llevado a Bukele a la presidencia, ni siquiera han elegido Corte Suprema e intentaron reelegir al exfiscal Luis Martínez, preso por corrupción, ¿cómo creerles que darán sus votos para dar vida a un cuerpo investigador de corruptos?

¿Cómo creerle a Guillermo Gallegos, el líder de Gana señalado por recibir dinero de un dirigente político implicado con narcos y uno de los más importantes valedores del exfiscal Martínez, que apoyará la idea de una Cicies?
Puede ser también que Bukele siga adelante sin su partido en el empeño, y recurra ¿a quién? ¿A los diputados de Arena que también apoyaron al exfiscal y que modificaron la Ley de Extinción de Dominio? ¿A los del Frente, en cuyo primer gobierno se abortó el único intento real de traer una Cicig a El Salvador, y cuyo segundo presidente ha dicho sin tapujos que el país no necesita algo así?

Pero ampliemos el ejercicio de ficción y digamos que sí, que se instala la Cicies y que, al igual que en Guatemala, empieza a investigar a más poderosos… Y pensemos que la comisión se instala ya sea en una eventual presidencia Bukele, una de Carlos Calleja de Arena o una de Hugo Martínez del Fmln. ¿Tendrán estos presidenciables las agallas de apoyar a un comisionado o comisionada que empiece a meter presos a sus clientes, amigos, correligionarios corruptos?

No. La respuesta es no.

La traición más abominable

Hay una escena en “Spotlight”, la película sobre la unidad de investigación periodística del Boston Globe que descubrió los abusos sexuales de decenas de sacerdotes católicos a menores de edad en esa ciudad estadounidense, que es muy sencilla pero también demoledora: la abuela de una de las reporteras que descubre los abusos, al entender que lo que cuenta su nieta es cierto, da un respingo y pide un vaso de agua para pasar la indignación, el estupor, la incredulidad.

Es un gesto sencillo el de la anciana, devota católica según nos la han pintado en la película, pero revelador. Habla de la indignación que nos carcome a miles de creyentes al saber que la Iglesia, nuestra Iglesia, ha usado todo su poder para encubrir a criminales, porque los curas abusadores, los violadores, no son más que eso: criminales.
Hace poco este episodio macabro del catolicismo adquirió nuevas dimensiones públicas cuando un tribunal del estado de Pensilvania, en Estados Unidos, reveló que 300 sacerdotes abusaron sexualmente o violaron a cerca de 1,000 niños a lo largo de las últimas décadas. El número de víctimas, dice la autoridad judicial, puede ser mucho mayor debido a que muchos registros de denuncias se han perdido.

“Los sacerdotes violaron a niños y niñas, y los hombres de Dios que eran responsables de ellos no solo no hicieron nada, sino que lo ocultaron durante décadas”, dice el informe judicial.

Desde que en 2002 el Globe descubrió el escándalo de los abusos, el alcance de la abominación no ha parado de crecer. Muy pronto se supo que sacerdotes católicos habían abusado de menores en todos los rincones del mundo, y que el Vaticano, en general, había protegido a los depredadores, no a las víctimas.

“Spotlight”, la película, narra la historia de Boston, pero en ella uno de los personajes explica con mucha claridad que este no es un asunto de manzanas podridas, sino de un sistema que protege a sus depredadores y criminales, como suelen hacerlo muchos partidos políticos, instituciones armadas o congregaciones civiles alrededor del mundo. “Descubran e incriminen al sistema”, pide ese personaje, el de un editor, a los reporteros que investigan los abusos.
En “Spotlight”, la narrativa se centra en el descubrimiento y de manera muy respetuosa y reveladora en las víctimas. En el informe de Pensilvania, los testimonios que lo alimentan y los que se han hecho públicos después, hay muchos detalles indignantes, demoledores.

Una mujer cuenta, por ejemplo, cómo cuando era niña y estudiante en un instituto católico ella y sus compañeritos buscaban protección en uno de los curas que les enseñaba; y explica también que uno de sus amiguitos, al que el sacerdote prodigaba especial afecto, se volvió taciturno y arisco con el tiempo. Algo le decía, cuenta la mujer, que cosas malas pasaban entre el cura y el niño, pero ella no habló. Al darse cuenta de lo que había pasado en su escuela católica de Pensilvania y de descubrir al otrora maestro entre los depredadores y a su compañerito entre las víctimas, la mujer entendió el resto de la historia: a su amiguito el religioso lo abusaba hasta tres veces por semanas, durante años. Años. Nunca nadie hizo algo. Nadie.

La Iglesia católica sí hizo algo, algo terrible. Cardenales y papas protegieron a esos violadores y, con ello, contravinieron una de las principales enseñanzas del evangelio: la de estar al lado de los débiles, de los que sufren.
Esa Iglesia, mi Iglesia, traicionó a los niños de Pensilvania. Es la misma Iglesia que ha traicionado a niños salvadoreños al proteger y callar abusos, como en el caso de monseñor Jesús Delgado, quien abusó durante años de una menor. Y esa Iglesia también ha traicionado a quienes hemos visto en ella la protectora del legado que nos dejó el carpintero de Nazareth. Fue Él quien nos enseñó lo de cuidar siempre al que sufre.

La redención de esa Iglesia pinta difícil. Un primer paso es que este papa y sus cardenales entiendan de una vez por todas que la única cura posible empieza por la justicia, la terrenal.