Impunidad: la historia de la agente Sherill Hernández en Honduras

Sherill Yubissa Hernández Mancía, de 28 años, era la jefa de la unidad especial de la fiscalía hondureña a cargo de investigar narcotráfico y corrupción en el departamento de Copán, centro de una de las rutas de tráfico de droga más importantes de Centroamérica. El 11 de junio de 2018 compañeros de Hernández encontraron su cadáver.

Luego, el estado hondureño dio dos explicaciones sobre esa muerte.

Las más altas autoridades del Ministerio Público (MP), incluidos el fiscal general Óscar Chinchilla y el jefe de la unidad élite de investigación criminal, han sostenido desde el principio que la agente se suicidó por problemas económicos y personales.

Julissa Villanueva, exjefa del departamento de medicina forense del MP, sostiene que a la joven la asesinaron. Y, por sostener eso, a Villanueva la persiguieron, la amenazaron de muerte, la removieron de su puesto y, por último, la despidieron.

Hace poco publiqué, junto a investigadores de la Fundación InSight Crime, un reportaje que explora todas las inconsistencias en las investigaciones oficiales que apoyan la tesis del suicidio, así como las versiones de agentes antidrogas y funcionarios hondureños según quienes a Hernández la mataron por las investigaciones que realizaba en Copán a pandilleros, políticos y narcotraficantes.

El camino hacia ese reportaje empezó en Tegucigalpa en agosto de 2019. Habíamos escuchado varias veces, de varias fuentes, retazos de la historia de Sherill Yubissa Hernández. En una de esas pláticas, con mujeres de una organización feminista, alguien mostró una foto de la escena del crimen. Había algo que no cuadraba: la cama y las almohadas sobre las que yacía el cadáver de la gente estaban limpias; la sangre no estaba donde debía de estar.

Empezó, entonces, la búsqueda de más detalles. En Copán oímos sobre los reacomodos del narco tras las capturas de los líderes de los grandes clanes locales de la droga -La familia Valle y el exalcalde Alexander Ardón, aliado político del presidente Juan Orlando Hernández. Y oímos que Sherill Hernández investigaba justo eso, a los narcos, cuando murió.

Las pruebas definitivas para dar vida al texto periodístico llegaron en forma de fotos y documentos -actas de la policía y la fiscalía- relacionados con la escena del crimen. Todo apunta a la comprobación de una hipótesis, la que defiende la exjefa forense de Honduras: en un intento más bien torpe, agentes del estado contaminaron el cadáver, la habitación, el arma para hacer pasar por suicidio un asesinato.

Hay tres historias en esta historia. La primera, más evidente, es la del suicidio que, según todos los indicios, no lo es. La segunda, más profunda, la inmensa capacidad del estado hondureño para, amparado en campañas mediáticas inverosímiles y actuaciones ilegales de sus funcionarios, encubrir crímenes que comprometen sus nexos con el crimen organizado.

La tercera historia tiene que ver con algo igual de grave: el desprecio absoluto del sistema por la vida, sobre todo la de las mujeres. Tras las explicaciones oficiales de la fiscalía hondureña –»se mató por problemas sentimentales», «era una mujer joven con muchos problemas económicos»- se esconden todos los rasgos misóginos que suelen existir en las fiscalías centroamericanas.

Cuando escribía sobre Sherill Hernández volvía a todos esos crímenes encubiertos por el estado de El Salvador sobre los que he escrito a lo largo de mi carrera. El Chele Tórrez. Katya Miranda. La masacre de la UCA. Con todos ellos se consolidó la incapacidad de las instituciones salvadoreñas para llevar justicia a los muertos y para descubrir las intrincadas redes de poder que suelen tejerse alrededor de esos crímenes.

El Salvador no es Honduras. Aún.

Acaso porque el poder del narcotráfico está, por razones geográficas e históricas, mucho más presente en las oficinas del estado, la vida de quienes buscan la verdad es mucho más frágil en Honduras.

La capacidad del estado salvadoreño para encubrir, inventar pruebas y desviar a la justicia es, sin embargo, tan posible como lo fue en Honduras en el caso de la agente Sherill Hernández.

La PNC y el alza en homicidios

La escalada de violencia en los últimos días ha vuelto a poner en la mesa la discusión sobre las causas reales de la disminución sostenida de homicidios durante los meses que Nayib Bukele lleva como presidente. Y, a mí, me ha hecho preguntarme de nuevo por los viejos tumores de la Policía Nacional Civil.

Sobre los 76 homicidios registrados entre el viernes 24 y el martes 28 de abril, la conclusión más clara parece ser que el éxito del plan control territorial del que tanto ha hecho alarde el gobierno depende, en gran medida, de la buena voluntad de las pandillas para no matar. En corto: sí hay control en los territorios; lo ejercen la MS13 y las dos facciones del Barrio 18.

Aún falta a la academia y al periodismo salvadoreños responder con mejor disciplina a otras preguntas que se desprenden de la premisa anterior. Está claro que al gobierno, enfrascado en los interminables monólogos de la justificación y el desencuentro, no le interesa publicidad alguna a lo que de verdad pasa tras bambalinas en los pasillos de su ministerio de seguridad, su oficina de reconstrucción de tejido social y su policía, los tres vértices de la ejecución de las políticas públicas en seguridad, y a la interacción real de estas oficinas con las pandillas.

Partamos, de nuevo, de la premisa inicial: la baja sostenida de homicidios desde junio de 2019, rota temporalmente en los últimos días, no tiene nada que ver con las fotos de policías y soldados haciendo patrulla en los territorios. Todo eso es propaganda. Nada más. Tampoco tiene que ver la disminución en homicidios con los gestos autoritarios de Bukele, su director de centros penales o los oficiales de la Fuerza Armada.

Hasta ahora, los analistas en seguridad más inteligentes de El Salvador -José Miguel Cruz, Jeannette Aguilar, Ricardo Sosa, por ejemplo- coinciden en dos cosas al hablar de las bajas de homicidios: solo son sostenibles porque las pandillas han decidido permitirlas, y lo han hecho porque su capacidad para extorsionar se mantiene intacta.

En ese mapa, entonces, ¿cuál ha sido el papel de la Policía Nacional Civil? La respuesta más fácil es que, como el ejército, la PNC se ha mantenido en los márgenes de los territorios, entrando a ellos para tomarse las fotos que luego suben a Twitter o para ejecutar acciones tendientes a mantener el estatus quo, ese en que las pandillas mantienen su calma unilateral.

Pero el asunto, en la Policía, es hoy más complejo según me han contado en las últimas semanas dos jefes de alto nivel. Al mando policial han llegado, de nuevo, oficiales que han sido investigados desde hace al menos una década por presuntos vínculos con bandas de narcotraficantes como el Cartel de Texis y Los Perrones. Son los mismos que han revoloteado en las principales jefaturas de la PNC desde finales de los 90.

En el contexto actual hay que añadir, a la precariedad de la Policía, el ruido que el regreso de estos oficiales pueda ocasionar en al balance interno de poder en una institución marcada, además, por las tendencias autoritarias del gobierno de turno y la permisividad de los grupos de exterminio heredada de las dos administraciones del FMLN.

No es un cóctel bonito. Ni el del país ni el de la Policía, que parece de nuevo condenada a enfrentar la inseguridad desde los cálculos particulares de pandillas y políticos mientras la secuestran, de nuevo, oficiales manchados por dudas serias sobre sus compromisos pasado con el crimen organizado y la delincuencia común.

En estos momentos, además de funcionarios más honestos y comprometidos con la seguridad real de los salvadoreños que conviven a diario con las pandillas, el país vuelve a necesitar a la Policía que, se supone, nacería de los Acuerdos de Paz de 1992.

Líderes

Mayo de 2005. Antonio Saca, entonces presidente de El Salvador, se había puesto al frente de un esfuerzo para convencer al país de que la inminente llegada del huracán Adrián requería de un plan de emergencia extraordinario. Saca apeló a datos meteorológicos confusos a los que su máquina de propaganda política dio aires de catástrofe.

Durante unas horas, Tony Saca mantuvo la ilusión. Adrián era, en efecto, un huracán categoría 5 horas antes de tocar tierra salvadoreña, pero al entrar por las costas de La Paz, era ya una tormenta tropical.

En 2005, Saca era un presidente muy popular. Su capital político era tal que opacaba a quienes en su partido, Arena, no se atrevían a contradecirlo en público. Incluso el FMLN, liderado entonces por el incólume Schafik Hándal, se unió al llamado político del presidente.

La tormenta tropical Adrián no pasó a más y, aun con toda la aceptación de la que Saca gozaba, dejó un tufillo a patraña, una sensación de que el presidente usó la posibilidad de una tragedia para anotarse puntos políticos.

He pensado mucho en aquello, que viví desde la redacción de La Prensa Gráfica, en estos días en que, ante la amenaza de una catástrofe de otra índole, los ciudadanos volvemos a ver a nuestros líderes -hayamos votado por ellos o no- en espera de sus respuestas, del uso que hagan de las herramientas que la ley les confiere para dirigir a sus naciones en momentos críticos. Pienso entonces en lo que están haciendo los presidentes de El Salvador -mi país- y Guatemala -el lugar donde vivo.

La amenaza de un huracán, obvio, no es lo mismo que la realidad de un virus que ya se probó letal en extremo. Y Nayib Bukele y Alejandro Giammattei no son Tony Saca. Aún.

A ambos presidentes se les ha de reconocer que tuvieron el valor y la astucia de cerrar sus países pronto. No es algo sencillo: implica enfrentar a sociedades y actores que, por hambre o avaricia, estaban más inclinados a negar el peligro que a cambiar sus formas. A Bukele se lo hizo más fácil, en principio, la enorme cintura política que le sigue dando su popularidad.

El cierre de fronteras era algo que había que hacer. Pero esa era solo la reacción inicial; vendría luego la parte más difícil de gobernar: ejecutar políticas públicas acordes al momento, buscar cómo financiarlas y, lo más importante, liderar a los sectores con poder ajenos al Ejecutivo, empezando por el congreso y terminando por el sector privado, en la construcción de esas políticas.

Ahí ha sido Giammattei el que lo ha tenido más fácil. Hijo político de la elite económica guatemalteca, el presidente no ha tenido demasiado problema en articularse con el empresariado para mostrar sonrisa conjunta. Eso le ha dado margen para tomar decisiones complicadas, como cerrar buena parte del comercio del país en una época tan vital para el turismo guatemalteco como la semana santa. Pero también ha hecho que el cierre sea más flexible, lo que sigue exponiendo a los guatemaltecos a la infección.

A Bukele le ha costado más a pesar de que, de nuevo, es mucho más popular que Giammattei y de que el débil papel de la oposición local le ha permitido navegar con comodidad en la opinión pública.

Le ha costado más al salvadoreño porque a su acertada decisión inicial de cerrar el país le siguieron las líneas más recurrentes, que son las menos positivas, de su guion sobre el manejo del poder: la falta de políticas públicas coherentes, la relevancia en su gabinete de asesores más preocupados en esparcir mentiras en redes sociales que en gobernar, la apuesta por la falta de transparencia y la agobiante insistencia de victimizarse ante el fracaso.

En las crisis los países necesitan líderes. No tuiteros. No maestros de la propaganda. Líderes.

Narcos Centroamérica (I)

Bien podría ser una serie de Netflix, pero por ahora el guion, crudo, se escribe a diario en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica y tiene todos los ingredientes en los que la ficción televisiva ha basado sus exitosas series sobre narcos.

Hay, en este guion, contrabandistas que se vuelven millonarios con el dinero de la cocaína desde hace tres décadas, gobiernos-piltrafa que no alcanzan a esconder su incapacidad o complicidad en el tema a pesar de sus interminables cortinas de humo y políticos corruptos de todo color. Y hay muertos. Secuestro de los sistemas judiciales y las policías. Impunidad.

Esta es guion del narcotráfico centroamericano, que no existe solo a millas de distancia de las costas de El Salvador o en complicidades aisladas de funcionarios del gobierno hondureño o en los gobiernos departamentales y municipales de la franja fronteriza entre Guatemala y Honduras.

El narcotráfico centroamericano existe, sobre todo, gracias a los estados nacionales que son cómplices por acción, como en el caso hondureño; por omisión y debilidad, como ha ocurrido en El Salvador; o por la combinación de ambos como pasa en Guatemala.

Bastan algunas cifras, divulgadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su último informe sobre la situación del narcotráfico en el mundo, para ilustrar: por el corredor del norte centroamericano pasa entre el 85 y el 90 por ciento de la cocaína que llega desde Suramérica a pistas clandestinas en La Mosquitia hondureña, a playas del Pacífico guatemalteco o ingresa por el Golfo de Fonseca a las carreteras de El Salvador y Honduras.

Por décadas, los tres gobiernos del Triángulo Norte han enfocado su narrativa política, sus recursos y su capital político en combatir a las pandillas MS13 y Barrio 18. Y, mientras lo hacían, el narcotráfico, amparado por agentes de esos gobiernos, creció.

La historia que mejor ilustra este guion, por ahora, es la de Honduras.

La realidad, decía, supera a la ficción: el pasado martes 3 de marzo, fiscales del distrito sur de Nueva York acusaron al hondureño Geovanny Fuentes Ramírez de dirigir una conspiración para la producción de cocaína en Honduras y para transportar esa droga a Estados Unidos. En la acusación, los fiscales aseguran que Fuentes contó con la protección del presidente hondureño Juan Orlando Hernández y de su hermano, Tony Hernández -condenado por narcotráfico.

En corto: según la fiscalía neoyorquina, el presidente de Honduras brindó protección a un narco que tenía un laboratorio donde se producían entre 300 y 500 kilogramos de cocaína al mes.

Juan Orlando Hernández, a través de la cuenta de Twitter de su casa presidencial, dijo lo que ya dijo media docena de veces, cada vez que algún testigo, criminal o los mismos fiscales estadounidenses lo relacionan con el narco: que es mentira, que él no tiene nada que ver.

He reporteado sobre el narcotráfico en Honduras durante los últimos dos años. Ahí, en las montañas de Olancho, de Lempira, en el Valle de Sula, en las fronteras desprotegidas del occidente hondureño, en Copán y Santa Bárbara, todos los indicios apuntan a esto: desde finales de los 90 la transformación de las bandas de contrabandistas en grupos violentos de narcos y del país entero en el principal hub del narcotráfico en Centroamérica ocurrió, en gran medida, gracias a la complicidad activa del estado, que en la última década ha estado en manos del Partido Nacional de Hernández.

Honduras es, hoy, el caso más evidente, pero algo similar ha ocurrido en Guatemala, donde los territorios fronterizos siguen siendo feudo de los grupos locales que controlan porciones estratégicas de las rutas que suben hacia México. De El Salvador siguen saliendo vuelos y cargamentos de cocaína que recalan en Panamá o transitan por el norte hacia Jutiapa, en Guatemala.

Es, todo, solo una parte del guion que escriben los narcos de Centroamérica.

Pandillas: cuento de políticos cobardes

Todos las condenaron ante el micrófono, casi siempre en campaña electoral. Todos las utilizaron para presentarse al respetable votante como los más duros de los duros. Todos vendieron que exterminar a las pandillas y la inseguridad que generaban iba a ser marca de sus gobiernos. Todos lucraron políticamente de ellas. Todos mintieron.

La versión más reciente de este cuento lo está contando el fiscal general Raúl Melara con las dos acusaciones que ha presentado a políticos salvadoreños de distinto signo por negociar con los pandilleros beneficios electorales a cambio de dinero, condiciones carcelarias y, lo más importante para efectos de seguridad pública, control territorial.

Así es: las pandillas procurarían votos a cambio de que los políticos garantizaran que serían ellas, la MS13 y el Barrio 18, las que seguirían mandando en los barrios, colonias y cantones del país.

No es poca cosa. El trato electoral que, sabemos hoy, adelantaron ARENA y FMLN implicaba garantizar a las pandillas su existencia como actor político territorial, como fuerza viva social y como interlocutor directo con el poder.

Insisto, el meollo del asunto aquí no son los 100,000 dólares que según un testigo la ARENA de Jorge Velado y Ernesto Muyshondt pagaron a las pandillas, o los millones de dólares en programas de rehabilitación que, se supone, ofrecieron el arenero Norman Quijano o los efemelenistas Arístides Valencia y Benito Lara en el contexto de las presidenciales de 2014. El asunto aquí es que los dos partidos políticos más importantes de la posguerra decidieron que los votos que necesitaban para ganar aquellas elecciones bien valían que el estado cediera definitivamente el control a las pandillas en amplias zonas del país.

La moneda de cambio real, en estos pactos propuestos, era esa, el control de territorio. El dinero no fue más que el aditivo para que MS13 y Barrio 18 decidieran si hacían campaña por un partido o por otro. Y, estratégicas como son, las pandillas decidieron pactar a dos bandas: en la primera vuelta del 2014 se aliaron con el FMLN y en la segunda vuelta con ARENA.

Estos pactos no fueron, por supuesto, ideas novísimas de los equipos de campaña de Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén. Si las cosas son como explica la acusación fiscal, los tratos electorales habían empezado en 2003, en la previa de la campaña que llevó al arenero Tony Saca al poder, continuaron y alcanzaron su pico durante la campaña y el gobierno de Mauricio Funes del FMLN, cuando la tregua de 2012 empoderó a las pandillas como interlocutores políticos, y siguió con el fallido intento de la ARENA de Quijano, Velado y Muyshondt.

Toda la narrativa antipandillas, que ponía como objetivo primero del odio y la fuerza estatal a estas agrupaciones juveniles creadas por marginados que huyeron a Estados Unidos y volvieron deportados a un país de estado débil, economía estancada y políticos sin escrúpulos, es hoy más farsa que antes. Por mucho tiempo creímos, muchos, que el manodurismo era solo una política fallida a la que acudieron areneros y efemelenistas para ganar votos. Hoy entendemos que, en los últimos años, fue una mentira que esos políticos ocuparon para esconder sus tratos bajo la mesa.

Este asunto tiene un epílogo real: el control territorial que permite a las pandillas, entre otras cosas, seguir controlando las cifras de violencia, como creo ha ocurrido en estos meses que van de la administración de Nayib Bukele.

Pero hay un epílogo no escrito, que también tiene que ver con Bukele. Al presidente le ha venido muy bien que el fiscal Melara acuse a areneros y efemelenistas y se haya olvidado, por ejemplo, del actual ministro de Gobernación, quien también ha hablado con las pandillas. Que los acusados sean Quijano, Muyshondt, Lara y Valencia permite al presidente seguirse rasgando las vestiduras sin hablar de los tratos que, según las investigaciones de Policía y Fiscalía, él y los suyos han tenido con emeeses y dieciochos.

Silva Pereira y el Chele Tórrez

El asunto no termina en el exdiputado del PCN, acusado por lavado de dinero en El Salvador y de participar en el asesinato de cuatro diputados salvadoreños en Guatemala, y quien recién llegó deportado a tierras salvadoreñas desde Estados Unidos. El asunto empieza en Silva Pereira y se extiende al sistema político salvadoreño que lo dejó hacer y que ha posibilitado la infiltración del crimen organizado en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo a través de la Policía Nacional Civil, en la Fiscalía general, por mencionar solo tres instituciones.

Un repaso rápido a esta historia, al menos a los momentos y personajes más importantes que la rodean sirve para entender la profundidad de aquella infiltración.

La subtrama más importante en el caso Silva Pereira es la que involucra a Adolfo Tórrez, el «Chele», hombre fuerte de Arena al que ahora algunos areneros asocian exclusivamente al saquismo, cuando su ascenso ocurrió mucho antes. Es cierto, sí, que el poder de Tórrez alcanzó su punto máximo durante el quinquenio de Antonio Saca, pero su influencia en la maquinaria electoral de Arena también fue clave para la consolidación del voto que favoreció a otros candidatos del partido de derecha.

Tórrez, además de operador territorial, fue operador de la corrupción judicial. Así lo reveló una nota de El Faro en abril de 2009, la cual descubrió una llamada telefónica en la que el arenero ofreció a Silva Pereira influir en el sistema judicial para favorecerlo a cambio de medio millón de dólares.

A poco de aquella llamada, en la víspera de la toma de posesión de Mauricio Funes como presidente de la república, Tórrez apareció muerto. La Fiscalía, en tiempos de Félix Garrid Safie primero y de Ástor Escalante luego -ambos aupados por Arena-, aseguró que había sido un suicidio y cerró el caso.

En 2009 entrevisté a varios excolaboradores de Tórrez, entre ellos algunos que hoy ocupan puestos importantes en el gobierno de Nayib Bukele; todos, sin excepción, dudaron de la versión del suicidio. Dos de ellos me contaron que el diputado Guillermo Gallegos, muy cercano al «chele», fue uno de los últimos que lo vio con vida: ambos tomaron copas en la ex Panetiere de Santa Elena. Eventualmente, Gallegos confirmó esa reunión.

Como sea, la muerte de Tórrez fue muy conveniente para quienes, desde la política, lo habían acompañado en las operaciones que incluyeron buena parte del trabajo sucio que Arena hizo a principios de este siglo en campañas electorales.

Entre 2012 y 2013, un operativo de la banda Los Perrones -muy cercano a Reynerio Flores Lazo- me dijo que Tórrez era el encargado de cobrar sobornos a los narcos, incluso de conectarlos con traficantes de Guatemala. Publiqué esas historias en el libro «Infiltrados», sobre la corrupción en la Policía Nacional Civil.

También fue conveniente para exsocios de Los Perrones la huida de Roberto Silva Pereira a Estados Unidos en 2007, en parte gracias a la complicidad del sistema judicial y de la PNC: con Silva fuera del escenario se imponía el silencio sobre todo lo que el pecenista sabía acerca de negocios como los de Tórrez y sobre los vínculos entre políticos y la banda de narcos de oriente -el director de la PNC, Mauricio Arriaza, dijo esta semana que se han reactivado las viejas investigaciones sobre esos nexos.

Silva Pereira volvió, deportado. Es una buena oportunidad para la Fiscalía de Raúl Melara de desempolvar los indicios de aquellas relaciones entre la política y el crimen organizado de la que el exdiputado y Adolfo Tórrez formaron parte. Es importante: hay quienes vivieron al lado del Chele cuando fue el hombre fuerte de Arena y de Silva Pereira cuando manejaba un Maserati que aún viven en la política salvadoreña.

Seguridad pública en 2019

El año termina y en El Salvador hay una tendencia clara: la reducción en las cifras de homicidios, que empezó con el ascenso de Nayib Bukele a la jefatura del Ejecutivo. Eso es, por donde se le vea, una buena noticia. Cualquiera que sea la explicación, esto implica que hoy menos salvadoreños mueren de forma violenta.

La buena noticia no quita que haya que buscar, con todo el afán necesario, las explicaciones al descenso. Entre otras cosas, para sistematizar las causas y usarlas como insumos para una política de seguridad pública sostenible.

Además, en un país en que el aparato de propaganda y desinformación del gobierno navega con facilidad, es indispensable que el periodismo, la academia, la sociedad civil en general -mencionar a la oposición política parece ya inútil- busquen lo que el barullo triunfalista del oficialismo pretende esconder.

Empecemos.

Estuve este año, como parte de una investigación amplia sobre seguridad y crimen organizado, en seis de los departamentos del país con mayores índices de violencia. Con matices, y a falta de ordenar toda la información, dos conclusiones son ya posibles. Una, el estado salvadoreño sigue sin ejercer control en amplias porciones de su territorio. Dos, los operadores políticos vinculados a la corrupción y al crimen organizado siguen siendo protagonistas en el manejo de la seguridad pública.

En La Unión, por ejemplo, los grupos de exterminio, algunos integrados por miembros de la PNC, fueron autores de un porcentaje importante de los homicidios registrados en ese departamento. En una franja significativa de la frontera entre La Unión y San Miguel, estos grupos son los que ejercen el control.

En toda la costa unionense, desde El Tamarindo hasta El Icacal, aun hasta los límites con playa El Cuco, grupos criminales ejercen un control silencioso pero efectivo en carreteras, manglares, cantones y, sobre todo, en las decenas de entradas del Golfo de Fonseca en tierra salvadoreña. Ahí sigue habiendo extorsión, ajustes de cuentas y, de acuerdo con autoridades locales, entrada regular de cocaína procedente de Nicaragua y Honduras.

Ante panoramas como este, y a falta de un diálogo serio entre el poder formal de la administración Bukele y la ciudadanía, el alegato del gobierno de que la baja de homicidios está relacionada a una estrategia basada en el despliegue masivo de la fuerza pública no se sostiene. Me inclino más por el análisis que pone en la voluntad de los grupos criminales, llámense pandillas o bandas de narcotráfico, el descenso en las cifras.

En corto: animados por la eficiencia del control territorial que ellos ejercen, los grupos criminales decidieron bajarle a la violencia para favorecer un escenario en que pactos políticos con el gobierno de turno -como los que hicieron con las tres últimas administraciones- son posibles. Negociar en lugar de confrontar. Esto, se ha dicho hasta la saciedad, es la política pública más peligrosa, no solo porque facilita la paz mafiosa que, al final, suele ser el prólogo de un estado criminal, sino también porque alienta la evolución de los grupos criminales a estadios más sofisticados.

2019 trajo una buena noticia, sí, pero también muestras de un ejercicio político que privilegia la opacidad para vender como exitosa una reducción de homicidios que no se explica solo con el despliegue de más soldados y policías en las calles.

Al lado de El Salvador, en Guatemala y Honduras, las bajas de homicidios también ocurrieron durante administraciones que facilitaron pactos con grupos criminales, en esos casos, de narcotraficantes y mafias políticas.

De nuevo, en países donde el abandono del estado y la tolerancia al crimen han sido fórmulas comunes de ejercicio político, las bajas sostenibles en las cifras de violencia con estrategias que no minen la gobernabilidad democrática nunca se lograrán con atajos o recorriendo callejones oscuros.

30 años

Lo que sabemos sobre la noche del 15 de noviembre y la madrugada del 16 de noviembre de 1989 lo sabemos, en gran medida, por el valor de Lucía Barrera de Cerna, la empleada de los sacerdotes jesuitas de la UCA que, hace 30 años, vio que fueron efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador quienes entraron a la universidad para masacrar a seis religiosos y a otras dos empleadas.

Sin el valor de Lucía, las «fake news» que intentaron esparcir el ejército y la administración de Alfredo Cristiani hubiesen sido más exitosas. Primero, ese poder político creó, a través del conglomerado de medios de propaganda que manejaba el publicista Mauricio Sandoval, un ambiente de odio a los sacerdotes y, luego, utilizó esos medios y los privados de comunicación masiva para decir que el FMLN había planificado y ejecutado la masacre. Después, el aparato también intentó desprestigiar a Lucía Barrera y su testimonio.

Lucía fue, en 1989, víctima de la violencia desatada por la ofensiva del FMLN y la respuesta del ejército. Las balaceras la sacaron de su casa en Soyapango, como a miles de salvadoreños en la ciudad y su periferia. Fue a parar, con su esposo e hija, al recinto universitario, donde durmió la noche de la matanza.

Desde la ventana de un habitación prestada vio lo que pasaba en el jardín de al lado, en las afueras de la casa donde dormían Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Joaquín López, Juan Ramón Moreno, Elba Ramos y su hija Celina. Vio los uniformes de los soldados del batallón Atlacatl que, dirigidos por los tenientes Ricardo Espinoza Guerra y Yusshy Mendoza Vallecillos, habían sido enviados a la UCA con órdenes de matar a Ellacuría sin dejar testigos.

Aquella órdenes las dieron miembros del estado mayor conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador y del alto mando del ejército. Las investigaciones judiciales posteriores, ordenadas por la Audiencia Nacional y la fiscalía de España, de donde eran nacionales varios de los sacerdotes, han descubierto también que hubo un intento masivo de la administración Cristiani por encubrir a los asesinos intelectuales y a los materiales.

En los próximos meses, si todo termina como lo ha pedido la fiscalía española, en Madrid enfrentará juicio por estos hechos el coronel Inocente Orlando Montano, viceministro de la defensa en 1989 y, cuando eso ocurra, toda la prueba recabada, incluido el testimonio de Lucía Barrera de Cerna, será del dominio público.

Treinta años han pasado desde que aquellos soldados a los que vio Lucía ejecutaron, sin reparos, con toda la brutalidad que la guerra les había enseñado, las órdenes de matar a sangre fría a civiles que nunca les opusieron resistencia. Y poco menos desde que el estado de El Salvador, sus elites políticas, utilizaran sin reparos al sistema de justicia para encubrir y proteger a los culpables. Ayer, sábado 16 de noviembre de 2019, la Universidad Centroamericana conmemoró, como lo hace desde 1990, estos martirios.

Uno de los actos iniciales de la conmemoración de este año fue la presentación de «La Verdad», el libro que Lucía Barrera escribió junto a la académica estadounidense Mary Jo Ignoffo. Ahí está escrita la primera verdad sobre la masacre, la que el poder quiso ocultar y a la que Lucía se aferró a pesar del hostigamiento y a las torturas psicológicas a las que la sometieron los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos en las postrimerías de la masacre.

En ese libro está la verdad de Lucía, que abrió la ventana a otras verdades sobre aquello. Es vital, hoy, que las nuevas generaciones de salvadoreños conozcan aquellas verdades. La generación de los hijos de quienes, peinando apenas los 20 años, vivimos de cerca aquella masacre y aquel país desangrado, tiene que saber cómo mata el poder a quienes se le oponen, como intenta denigrarlos, empequeñecerlos, hasta asesinarlos. Ese poder, en 1989, mataba, como mató a Ignacio, a Segundo, a Nacho, a Amando, a Joaquín, a Juan Ramón, a Elba y a Celina.

Ramiro

Corrían los últimos meses de 2008. José Luis Merino me mandó un mensaje con mi padre: quería, le dijo, hablar conmigo para aclararme algunas cosas sobre los textos que otros colegas y yo habíamos escrito en LA PRENSA GRÁFICA sobre los correos electrónicos del comandante Raúl Reyes de las FARC, donde Merino aparece nombrado como mediador en la compra de armas para la guerrilla colombiana.

Le dije a mi padre que le diera mi teléfono celular. Ramiro me llamó. Y se identificó así: «Habla Ramiro». Y me citó en una casa de la colonia Flor Blanca, cerca del Gimnasio Nacional. Fui a la hora que me dijo al lugar que me indicó. Me bajé del carro, pero ahí solo había dos personas que cuidaban un garaje lleno de cajas viejas. Ramiro, me dijeron, solía llegar a esa casa, pero ese día no lo haría. Marqué al teléfono y nadie me contestó.

Aquella fue la única vez que hablé, en teléfono o en persona, con José Luis Merino, el comandante Ramiro. He escrito mucho sobre él después del episodio de las FARC, y siempre busqué entrevistarlo, a menudo a través de funcionarios del partido. Nunca contestó. Esa es una de las características de este líder efemelenista: es escurridizo; prefiere hablar desde la comodidad que le otorgan los medios partidarios para asegurarse de que no haya preguntas incómodas y que su discurso llega, sin molestias, al coro fiel de sus seguidores.

Para escribir lo del nexo con las FARC viajé a Bogotá a entrevistar a los fiscales colombianos que procesaron los correos de Raúl Reyes y a los agentes estadounidenses y europeos que certificaron que las computadoras del comandante fariano no habían sido manipuladas.

En el marco de aquella investigación, asesores cercanos al entonces presidente Saca me dijeron que Merino había sido pieza importante en la negociación política que siguió al 5 de julio de 2006, cuando Mario Belloso, un francotirador asociado al FMLN, mató a dos agentes de la PNC durante una manifestación.

Aquel año, asociados de Merino fundaron ALBA Petróleos con dinero proveniente de Venezuela. En los meses siguientes, ALBA Petróleos se diversificó y llegó a servir de paraguas a una docena de empresas, varias de ellas afincadas en Panamá. Para 2014, los ingresos del grupo rozaban los $1,000 millones. Años después, el conglomerado está al borde de la bancarrota, como lo demuestran la quiebra de la aerolínea VECA y comentarios públicos de algunos de sus operativos.

En 2017, al calor del caos en Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio, republicano de Florida, acusó a Merino de lavar dinero del narcotráfico y pidió sanciones en su contra. La reacción del FMLN entonces fue acuerpar a Ramiro y escudarse en que lo de Rubio era una pataleta más del lobby cubano-americano de Florida, asociado con la derecha salvadoreña.

Después vino la carta de los 14 congresistas de la cámara baja, entre ellos demócratas identificados con la izquierda que no han dudado en apoyar en Washington la agenda de los gobiernos efemelenistas, y que, durante la gestión de Funes, incluso ayudaron a abrir las puertas del Capitolio al primer gobierno del FMLN.

Ya no es solo Rubio, son más los que ven con mucha preocupación la lista de sospechas que se suman en torno de Ramiro.

El FMLN, después de esa carta, optó por cerrar filas y asegurar el blindaje a Merino. Todos en el partido corrieron a defenderlo, y usaron los recursos del Estado para hacerlo: cancillería creó, ad hoc, un puesto de viceministro.

El ruido en torno del comandante es demasiado, y los indicios suficientes como para que la Fiscalía salvadoreña lo investigue en serio. Pero no, al menos en El Salvador, Ramiro Vásquez sigue siendo intocable. Y, con su caso, el FMLN ha dejado claro que la impunidad es también un asunto que se tiñe de rojo.

*Una versión de esta columna fue publicada en julio de 2017.

Patrulla fronteriza

El Salvador acaba de anunciar la creación de una patrulla de fronteras que contará con 350 agentes del Estado, cuya misión será «golpear a… los grupos terroristas, que obligan a la ciudadanía a la migración forzada». Es la nueva política para intentar frenar los flujos migratorios de salvadoreños hacia Estados Unidos. No es una buena idea en realidad.

Lo anunciado por el gobierno Bukele solo puede leerse como un intento para congraciarse con las políticas migratorias que, desde Washington, dicta la Casa Blanca de Donald Trump.

No es casualidad que Rogelio Rivas, el ministro de Seguridad de Bukele, lo haya anunciado en Panamá frente a Kevin McAleenan, su homólogo estadounidense, quien ha llegado a Centroamérica como el más reciente vocero de la retórica antiinmigrante de Trump y como nuevo supervisor de que la política exterior de Washington en la región, basada exclusivamente en la criminalización de la migración, se cumpla.

La patrulla fronteriza no es una buena idea, dije arriba. No lo es porque parte, en el mejor de los casos, del absoluto desconocimiento de las causas y los matices de las migraciones centroamericanas hacia el norte.

Es cierto que hay un buen número de viajes que son provocados por las amenazas de las pandillas a familias que, en los barrios y cantones de El Salvador, no cumplen con las exigencias que esos grupos criminales hacen en el ejercicio del control territorial, que es absoluto entre otras cosas por el fallo miserable del Estado de recuperar los tejidos sociales en estos lugares.

Pero también es verdad que cuando, en las cortes migratorias de Estados Unidos, los salvadoreños solicitantes de asilo alegan persecuciones no se refieren solo a las pandillas, sino también a agentes del Estado, sobre todo a policías que los han acosado o violentado gracias, de nuevo, a la permisividad del Gobierno. Eso de los grupos terroristas debería de incluir, también, a varios agentes del Estado.

Y así sean pandilleros o exterminadores estatales los que empujan la migración, a estos no se les combate en los puntos ciegos que rodean El Poy o Las Chinamas; se les persigue ahí donde operan, que es en los barrios o, incluso, en recintos oficiales, luego se les investiga y se les lleva donde un juez.

Estuve hace poco en Agua Caliente, punto fronterizo entre Honduras y Guatemala y punto nodal de la ruta más transitada por migrantes en los últimos años. Ahí confirmé dos cosas. Una es que la principal causa que empuja a los centroamericanos a salir de sus países sigue siendo la desesperanza, generada por la violencia, la falta de oportunidades económicas y, no menos importante, la desconfianza en que las élites políticas o empresariales de los países puedan o quieran hacer algo por aliviar esas condiciones. La desesperanza tampoco se resuelve con agentes del Estado en las fronteras.

También vi en Agua Caliente los primeros efectos de las medidas manoduristas que la administración Trump está empujando en Centroamérica, como la llamada política de tercer país seguro, ya instaurada en Guatemala. Lo que esto ha provocado, por ahora, es que regresen desde tierras guatemaltecas a más hondureños y salvadoreños, muchos de los cuales no vuelven hasta sus lugares de origen, sino que pululan en las fronteras a la espera de que los traficantes de personas que ahí se mueven los pasen.

Si el ministro se refiere a esos grupos criminales, a los coyotes, tendrá que tomar en cuenta que estos han sobrevivido décadas porque la desesperanza de los migrantes les paga bien, y porque se han amparado siempre en la corrupción de los policías fronterizos y de los políticos. Esa corrupción tampoco se combate en los puntos ciegos.

Al final, el anuncio de la flamante patrulla fronteriza salvadoreña puede quedar bien para titular de primera plana, pero resolverá muy poco en las fronteras. Lo que sí hará, muy probablemente, es anotar más puntos a la administración Bukele en los pasillos del trumpismo