Pandillas: cuento de políticos cobardes

Todos las condenaron ante el micrófono, casi siempre en campaña electoral. Todos las utilizaron para presentarse al respetable votante como los más duros de los duros. Todos vendieron que exterminar a las pandillas y la inseguridad que generaban iba a ser marca de sus gobiernos. Todos lucraron políticamente de ellas. Todos mintieron.

La versión más reciente de este cuento lo está contando el fiscal general Raúl Melara con las dos acusaciones que ha presentado a políticos salvadoreños de distinto signo por negociar con los pandilleros beneficios electorales a cambio de dinero, condiciones carcelarias y, lo más importante para efectos de seguridad pública, control territorial.

Así es: las pandillas procurarían votos a cambio de que los políticos garantizaran que serían ellas, la MS13 y el Barrio 18, las que seguirían mandando en los barrios, colonias y cantones del país.

No es poca cosa. El trato electoral que, sabemos hoy, adelantaron ARENA y FMLN implicaba garantizar a las pandillas su existencia como actor político territorial, como fuerza viva social y como interlocutor directo con el poder.

Insisto, el meollo del asunto aquí no son los 100,000 dólares que según un testigo la ARENA de Jorge Velado y Ernesto Muyshondt pagaron a las pandillas, o los millones de dólares en programas de rehabilitación que, se supone, ofrecieron el arenero Norman Quijano o los efemelenistas Arístides Valencia y Benito Lara en el contexto de las presidenciales de 2014. El asunto aquí es que los dos partidos políticos más importantes de la posguerra decidieron que los votos que necesitaban para ganar aquellas elecciones bien valían que el estado cediera definitivamente el control a las pandillas en amplias zonas del país.

La moneda de cambio real, en estos pactos propuestos, era esa, el control de territorio. El dinero no fue más que el aditivo para que MS13 y Barrio 18 decidieran si hacían campaña por un partido o por otro. Y, estratégicas como son, las pandillas decidieron pactar a dos bandas: en la primera vuelta del 2014 se aliaron con el FMLN y en la segunda vuelta con ARENA.

Estos pactos no fueron, por supuesto, ideas novísimas de los equipos de campaña de Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén. Si las cosas son como explica la acusación fiscal, los tratos electorales habían empezado en 2003, en la previa de la campaña que llevó al arenero Tony Saca al poder, continuaron y alcanzaron su pico durante la campaña y el gobierno de Mauricio Funes del FMLN, cuando la tregua de 2012 empoderó a las pandillas como interlocutores políticos, y siguió con el fallido intento de la ARENA de Quijano, Velado y Muyshondt.

Toda la narrativa antipandillas, que ponía como objetivo primero del odio y la fuerza estatal a estas agrupaciones juveniles creadas por marginados que huyeron a Estados Unidos y volvieron deportados a un país de estado débil, economía estancada y políticos sin escrúpulos, es hoy más farsa que antes. Por mucho tiempo creímos, muchos, que el manodurismo era solo una política fallida a la que acudieron areneros y efemelenistas para ganar votos. Hoy entendemos que, en los últimos años, fue una mentira que esos políticos ocuparon para esconder sus tratos bajo la mesa.

Este asunto tiene un epílogo real: el control territorial que permite a las pandillas, entre otras cosas, seguir controlando las cifras de violencia, como creo ha ocurrido en estos meses que van de la administración de Nayib Bukele.

Pero hay un epílogo no escrito, que también tiene que ver con Bukele. Al presidente le ha venido muy bien que el fiscal Melara acuse a areneros y efemelenistas y se haya olvidado, por ejemplo, del actual ministro de Gobernación, quien también ha hablado con las pandillas. Que los acusados sean Quijano, Muyshondt, Lara y Valencia permite al presidente seguirse rasgando las vestiduras sin hablar de los tratos que, según las investigaciones de Policía y Fiscalía, él y los suyos han tenido con emeeses y dieciochos.

Silva Pereira y el Chele Tórrez

El asunto no termina en el exdiputado del PCN, acusado por lavado de dinero en El Salvador y de participar en el asesinato de cuatro diputados salvadoreños en Guatemala, y quien recién llegó deportado a tierras salvadoreñas desde Estados Unidos. El asunto empieza en Silva Pereira y se extiende al sistema político salvadoreño que lo dejó hacer y que ha posibilitado la infiltración del crimen organizado en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo a través de la Policía Nacional Civil, en la Fiscalía general, por mencionar solo tres instituciones.

Un repaso rápido a esta historia, al menos a los momentos y personajes más importantes que la rodean sirve para entender la profundidad de aquella infiltración.

La subtrama más importante en el caso Silva Pereira es la que involucra a Adolfo Tórrez, el «Chele», hombre fuerte de Arena al que ahora algunos areneros asocian exclusivamente al saquismo, cuando su ascenso ocurrió mucho antes. Es cierto, sí, que el poder de Tórrez alcanzó su punto máximo durante el quinquenio de Antonio Saca, pero su influencia en la maquinaria electoral de Arena también fue clave para la consolidación del voto que favoreció a otros candidatos del partido de derecha.

Tórrez, además de operador territorial, fue operador de la corrupción judicial. Así lo reveló una nota de El Faro en abril de 2009, la cual descubrió una llamada telefónica en la que el arenero ofreció a Silva Pereira influir en el sistema judicial para favorecerlo a cambio de medio millón de dólares.

A poco de aquella llamada, en la víspera de la toma de posesión de Mauricio Funes como presidente de la república, Tórrez apareció muerto. La Fiscalía, en tiempos de Félix Garrid Safie primero y de Ástor Escalante luego -ambos aupados por Arena-, aseguró que había sido un suicidio y cerró el caso.

En 2009 entrevisté a varios excolaboradores de Tórrez, entre ellos algunos que hoy ocupan puestos importantes en el gobierno de Nayib Bukele; todos, sin excepción, dudaron de la versión del suicidio. Dos de ellos me contaron que el diputado Guillermo Gallegos, muy cercano al «chele», fue uno de los últimos que lo vio con vida: ambos tomaron copas en la ex Panetiere de Santa Elena. Eventualmente, Gallegos confirmó esa reunión.

Como sea, la muerte de Tórrez fue muy conveniente para quienes, desde la política, lo habían acompañado en las operaciones que incluyeron buena parte del trabajo sucio que Arena hizo a principios de este siglo en campañas electorales.

Entre 2012 y 2013, un operativo de la banda Los Perrones -muy cercano a Reynerio Flores Lazo- me dijo que Tórrez era el encargado de cobrar sobornos a los narcos, incluso de conectarlos con traficantes de Guatemala. Publiqué esas historias en el libro «Infiltrados», sobre la corrupción en la Policía Nacional Civil.

También fue conveniente para exsocios de Los Perrones la huida de Roberto Silva Pereira a Estados Unidos en 2007, en parte gracias a la complicidad del sistema judicial y de la PNC: con Silva fuera del escenario se imponía el silencio sobre todo lo que el pecenista sabía acerca de negocios como los de Tórrez y sobre los vínculos entre políticos y la banda de narcos de oriente -el director de la PNC, Mauricio Arriaza, dijo esta semana que se han reactivado las viejas investigaciones sobre esos nexos.

Silva Pereira volvió, deportado. Es una buena oportunidad para la Fiscalía de Raúl Melara de desempolvar los indicios de aquellas relaciones entre la política y el crimen organizado de la que el exdiputado y Adolfo Tórrez formaron parte. Es importante: hay quienes vivieron al lado del Chele cuando fue el hombre fuerte de Arena y de Silva Pereira cuando manejaba un Maserati que aún viven en la política salvadoreña.

Seguridad pública en 2019

El año termina y en El Salvador hay una tendencia clara: la reducción en las cifras de homicidios, que empezó con el ascenso de Nayib Bukele a la jefatura del Ejecutivo. Eso es, por donde se le vea, una buena noticia. Cualquiera que sea la explicación, esto implica que hoy menos salvadoreños mueren de forma violenta.

La buena noticia no quita que haya que buscar, con todo el afán necesario, las explicaciones al descenso. Entre otras cosas, para sistematizar las causas y usarlas como insumos para una política de seguridad pública sostenible.

Además, en un país en que el aparato de propaganda y desinformación del gobierno navega con facilidad, es indispensable que el periodismo, la academia, la sociedad civil en general -mencionar a la oposición política parece ya inútil- busquen lo que el barullo triunfalista del oficialismo pretende esconder.

Empecemos.

Estuve este año, como parte de una investigación amplia sobre seguridad y crimen organizado, en seis de los departamentos del país con mayores índices de violencia. Con matices, y a falta de ordenar toda la información, dos conclusiones son ya posibles. Una, el estado salvadoreño sigue sin ejercer control en amplias porciones de su territorio. Dos, los operadores políticos vinculados a la corrupción y al crimen organizado siguen siendo protagonistas en el manejo de la seguridad pública.

En La Unión, por ejemplo, los grupos de exterminio, algunos integrados por miembros de la PNC, fueron autores de un porcentaje importante de los homicidios registrados en ese departamento. En una franja significativa de la frontera entre La Unión y San Miguel, estos grupos son los que ejercen el control.

En toda la costa unionense, desde El Tamarindo hasta El Icacal, aun hasta los límites con playa El Cuco, grupos criminales ejercen un control silencioso pero efectivo en carreteras, manglares, cantones y, sobre todo, en las decenas de entradas del Golfo de Fonseca en tierra salvadoreña. Ahí sigue habiendo extorsión, ajustes de cuentas y, de acuerdo con autoridades locales, entrada regular de cocaína procedente de Nicaragua y Honduras.

Ante panoramas como este, y a falta de un diálogo serio entre el poder formal de la administración Bukele y la ciudadanía, el alegato del gobierno de que la baja de homicidios está relacionada a una estrategia basada en el despliegue masivo de la fuerza pública no se sostiene. Me inclino más por el análisis que pone en la voluntad de los grupos criminales, llámense pandillas o bandas de narcotráfico, el descenso en las cifras.

En corto: animados por la eficiencia del control territorial que ellos ejercen, los grupos criminales decidieron bajarle a la violencia para favorecer un escenario en que pactos políticos con el gobierno de turno -como los que hicieron con las tres últimas administraciones- son posibles. Negociar en lugar de confrontar. Esto, se ha dicho hasta la saciedad, es la política pública más peligrosa, no solo porque facilita la paz mafiosa que, al final, suele ser el prólogo de un estado criminal, sino también porque alienta la evolución de los grupos criminales a estadios más sofisticados.

2019 trajo una buena noticia, sí, pero también muestras de un ejercicio político que privilegia la opacidad para vender como exitosa una reducción de homicidios que no se explica solo con el despliegue de más soldados y policías en las calles.

Al lado de El Salvador, en Guatemala y Honduras, las bajas de homicidios también ocurrieron durante administraciones que facilitaron pactos con grupos criminales, en esos casos, de narcotraficantes y mafias políticas.

De nuevo, en países donde el abandono del estado y la tolerancia al crimen han sido fórmulas comunes de ejercicio político, las bajas sostenibles en las cifras de violencia con estrategias que no minen la gobernabilidad democrática nunca se lograrán con atajos o recorriendo callejones oscuros.

30 años

Lo que sabemos sobre la noche del 15 de noviembre y la madrugada del 16 de noviembre de 1989 lo sabemos, en gran medida, por el valor de Lucía Barrera de Cerna, la empleada de los sacerdotes jesuitas de la UCA que, hace 30 años, vio que fueron efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador quienes entraron a la universidad para masacrar a seis religiosos y a otras dos empleadas.

Sin el valor de Lucía, las «fake news» que intentaron esparcir el ejército y la administración de Alfredo Cristiani hubiesen sido más exitosas. Primero, ese poder político creó, a través del conglomerado de medios de propaganda que manejaba el publicista Mauricio Sandoval, un ambiente de odio a los sacerdotes y, luego, utilizó esos medios y los privados de comunicación masiva para decir que el FMLN había planificado y ejecutado la masacre. Después, el aparato también intentó desprestigiar a Lucía Barrera y su testimonio.

Lucía fue, en 1989, víctima de la violencia desatada por la ofensiva del FMLN y la respuesta del ejército. Las balaceras la sacaron de su casa en Soyapango, como a miles de salvadoreños en la ciudad y su periferia. Fue a parar, con su esposo e hija, al recinto universitario, donde durmió la noche de la matanza.

Desde la ventana de un habitación prestada vio lo que pasaba en el jardín de al lado, en las afueras de la casa donde dormían Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Joaquín López, Juan Ramón Moreno, Elba Ramos y su hija Celina. Vio los uniformes de los soldados del batallón Atlacatl que, dirigidos por los tenientes Ricardo Espinoza Guerra y Yusshy Mendoza Vallecillos, habían sido enviados a la UCA con órdenes de matar a Ellacuría sin dejar testigos.

Aquella órdenes las dieron miembros del estado mayor conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador y del alto mando del ejército. Las investigaciones judiciales posteriores, ordenadas por la Audiencia Nacional y la fiscalía de España, de donde eran nacionales varios de los sacerdotes, han descubierto también que hubo un intento masivo de la administración Cristiani por encubrir a los asesinos intelectuales y a los materiales.

En los próximos meses, si todo termina como lo ha pedido la fiscalía española, en Madrid enfrentará juicio por estos hechos el coronel Inocente Orlando Montano, viceministro de la defensa en 1989 y, cuando eso ocurra, toda la prueba recabada, incluido el testimonio de Lucía Barrera de Cerna, será del dominio público.

Treinta años han pasado desde que aquellos soldados a los que vio Lucía ejecutaron, sin reparos, con toda la brutalidad que la guerra les había enseñado, las órdenes de matar a sangre fría a civiles que nunca les opusieron resistencia. Y poco menos desde que el estado de El Salvador, sus elites políticas, utilizaran sin reparos al sistema de justicia para encubrir y proteger a los culpables. Ayer, sábado 16 de noviembre de 2019, la Universidad Centroamericana conmemoró, como lo hace desde 1990, estos martirios.

Uno de los actos iniciales de la conmemoración de este año fue la presentación de «La Verdad», el libro que Lucía Barrera escribió junto a la académica estadounidense Mary Jo Ignoffo. Ahí está escrita la primera verdad sobre la masacre, la que el poder quiso ocultar y a la que Lucía se aferró a pesar del hostigamiento y a las torturas psicológicas a las que la sometieron los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos en las postrimerías de la masacre.

En ese libro está la verdad de Lucía, que abrió la ventana a otras verdades sobre aquello. Es vital, hoy, que las nuevas generaciones de salvadoreños conozcan aquellas verdades. La generación de los hijos de quienes, peinando apenas los 20 años, vivimos de cerca aquella masacre y aquel país desangrado, tiene que saber cómo mata el poder a quienes se le oponen, como intenta denigrarlos, empequeñecerlos, hasta asesinarlos. Ese poder, en 1989, mataba, como mató a Ignacio, a Segundo, a Nacho, a Amando, a Joaquín, a Juan Ramón, a Elba y a Celina.

Ramiro

Corrían los últimos meses de 2008. José Luis Merino me mandó un mensaje con mi padre: quería, le dijo, hablar conmigo para aclararme algunas cosas sobre los textos que otros colegas y yo habíamos escrito en LA PRENSA GRÁFICA sobre los correos electrónicos del comandante Raúl Reyes de las FARC, donde Merino aparece nombrado como mediador en la compra de armas para la guerrilla colombiana.

Le dije a mi padre que le diera mi teléfono celular. Ramiro me llamó. Y se identificó así: «Habla Ramiro». Y me citó en una casa de la colonia Flor Blanca, cerca del Gimnasio Nacional. Fui a la hora que me dijo al lugar que me indicó. Me bajé del carro, pero ahí solo había dos personas que cuidaban un garaje lleno de cajas viejas. Ramiro, me dijeron, solía llegar a esa casa, pero ese día no lo haría. Marqué al teléfono y nadie me contestó.

Aquella fue la única vez que hablé, en teléfono o en persona, con José Luis Merino, el comandante Ramiro. He escrito mucho sobre él después del episodio de las FARC, y siempre busqué entrevistarlo, a menudo a través de funcionarios del partido. Nunca contestó. Esa es una de las características de este líder efemelenista: es escurridizo; prefiere hablar desde la comodidad que le otorgan los medios partidarios para asegurarse de que no haya preguntas incómodas y que su discurso llega, sin molestias, al coro fiel de sus seguidores.

Para escribir lo del nexo con las FARC viajé a Bogotá a entrevistar a los fiscales colombianos que procesaron los correos de Raúl Reyes y a los agentes estadounidenses y europeos que certificaron que las computadoras del comandante fariano no habían sido manipuladas.

En el marco de aquella investigación, asesores cercanos al entonces presidente Saca me dijeron que Merino había sido pieza importante en la negociación política que siguió al 5 de julio de 2006, cuando Mario Belloso, un francotirador asociado al FMLN, mató a dos agentes de la PNC durante una manifestación.

Aquel año, asociados de Merino fundaron ALBA Petróleos con dinero proveniente de Venezuela. En los meses siguientes, ALBA Petróleos se diversificó y llegó a servir de paraguas a una docena de empresas, varias de ellas afincadas en Panamá. Para 2014, los ingresos del grupo rozaban los $1,000 millones. Años después, el conglomerado está al borde de la bancarrota, como lo demuestran la quiebra de la aerolínea VECA y comentarios públicos de algunos de sus operativos.

En 2017, al calor del caos en Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio, republicano de Florida, acusó a Merino de lavar dinero del narcotráfico y pidió sanciones en su contra. La reacción del FMLN entonces fue acuerpar a Ramiro y escudarse en que lo de Rubio era una pataleta más del lobby cubano-americano de Florida, asociado con la derecha salvadoreña.

Después vino la carta de los 14 congresistas de la cámara baja, entre ellos demócratas identificados con la izquierda que no han dudado en apoyar en Washington la agenda de los gobiernos efemelenistas, y que, durante la gestión de Funes, incluso ayudaron a abrir las puertas del Capitolio al primer gobierno del FMLN.

Ya no es solo Rubio, son más los que ven con mucha preocupación la lista de sospechas que se suman en torno de Ramiro.

El FMLN, después de esa carta, optó por cerrar filas y asegurar el blindaje a Merino. Todos en el partido corrieron a defenderlo, y usaron los recursos del Estado para hacerlo: cancillería creó, ad hoc, un puesto de viceministro.

El ruido en torno del comandante es demasiado, y los indicios suficientes como para que la Fiscalía salvadoreña lo investigue en serio. Pero no, al menos en El Salvador, Ramiro Vásquez sigue siendo intocable. Y, con su caso, el FMLN ha dejado claro que la impunidad es también un asunto que se tiñe de rojo.

*Una versión de esta columna fue publicada en julio de 2017.

Patrulla fronteriza

El Salvador acaba de anunciar la creación de una patrulla de fronteras que contará con 350 agentes del Estado, cuya misión será «golpear a… los grupos terroristas, que obligan a la ciudadanía a la migración forzada». Es la nueva política para intentar frenar los flujos migratorios de salvadoreños hacia Estados Unidos. No es una buena idea en realidad.

Lo anunciado por el gobierno Bukele solo puede leerse como un intento para congraciarse con las políticas migratorias que, desde Washington, dicta la Casa Blanca de Donald Trump.

No es casualidad que Rogelio Rivas, el ministro de Seguridad de Bukele, lo haya anunciado en Panamá frente a Kevin McAleenan, su homólogo estadounidense, quien ha llegado a Centroamérica como el más reciente vocero de la retórica antiinmigrante de Trump y como nuevo supervisor de que la política exterior de Washington en la región, basada exclusivamente en la criminalización de la migración, se cumpla.

La patrulla fronteriza no es una buena idea, dije arriba. No lo es porque parte, en el mejor de los casos, del absoluto desconocimiento de las causas y los matices de las migraciones centroamericanas hacia el norte.

Es cierto que hay un buen número de viajes que son provocados por las amenazas de las pandillas a familias que, en los barrios y cantones de El Salvador, no cumplen con las exigencias que esos grupos criminales hacen en el ejercicio del control territorial, que es absoluto entre otras cosas por el fallo miserable del Estado de recuperar los tejidos sociales en estos lugares.

Pero también es verdad que cuando, en las cortes migratorias de Estados Unidos, los salvadoreños solicitantes de asilo alegan persecuciones no se refieren solo a las pandillas, sino también a agentes del Estado, sobre todo a policías que los han acosado o violentado gracias, de nuevo, a la permisividad del Gobierno. Eso de los grupos terroristas debería de incluir, también, a varios agentes del Estado.

Y así sean pandilleros o exterminadores estatales los que empujan la migración, a estos no se les combate en los puntos ciegos que rodean El Poy o Las Chinamas; se les persigue ahí donde operan, que es en los barrios o, incluso, en recintos oficiales, luego se les investiga y se les lleva donde un juez.

Estuve hace poco en Agua Caliente, punto fronterizo entre Honduras y Guatemala y punto nodal de la ruta más transitada por migrantes en los últimos años. Ahí confirmé dos cosas. Una es que la principal causa que empuja a los centroamericanos a salir de sus países sigue siendo la desesperanza, generada por la violencia, la falta de oportunidades económicas y, no menos importante, la desconfianza en que las élites políticas o empresariales de los países puedan o quieran hacer algo por aliviar esas condiciones. La desesperanza tampoco se resuelve con agentes del Estado en las fronteras.

También vi en Agua Caliente los primeros efectos de las medidas manoduristas que la administración Trump está empujando en Centroamérica, como la llamada política de tercer país seguro, ya instaurada en Guatemala. Lo que esto ha provocado, por ahora, es que regresen desde tierras guatemaltecas a más hondureños y salvadoreños, muchos de los cuales no vuelven hasta sus lugares de origen, sino que pululan en las fronteras a la espera de que los traficantes de personas que ahí se mueven los pasen.

Si el ministro se refiere a esos grupos criminales, a los coyotes, tendrá que tomar en cuenta que estos han sobrevivido décadas porque la desesperanza de los migrantes les paga bien, y porque se han amparado siempre en la corrupción de los policías fronterizos y de los políticos. Esa corrupción tampoco se combate en los puntos ciegos.

Al final, el anuncio de la flamante patrulla fronteriza salvadoreña puede quedar bien para titular de primera plana, pero resolverá muy poco en las fronteras. Lo que sí hará, muy probablemente, es anotar más puntos a la administración Bukele en los pasillos del trumpismo

¿Y la CICIES?

Pasaron ya 58 días desde que Nayib Bukele juró como presidente de la república. En la recta final de la campaña presidencial, Bukele dijo que desde el primer día de su mandato presentaría a la Asamblea el proyecto para la formación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, similar a la CICIG guatemalteca. Aún no lo hace: el “hashtag” creado con fines proselitistas sigue existiendo solo en Twitter para todos los efectos prácticos.

Han pasado casi dos meses y la CICIES no existe ni en papel, al menos no en un papel que, presentado a la Asamblea Legislativa, inicie la ruta legal para que en este país haya un mecanismo supranacional capaz de combatir la corrupción y luchar contra la impunidad en forma eficiente, como el Estado nacional, sobrepasado por las mafias políticas locales, no puede hacerlo.

Lo he escrito varias veces tras conocer de cerca, desde 2006, el camino de la CICIG en Guatemala: la instalación de una comisión internacional como esta requiere, antes que de otra cosa, de la voluntad política del Ejecutivo para convencer a los otros poderes del Estado de que esta es una buena idea.

En el caso de la CICIG fue el Ejecutivo de Óscar Berger, liderado por el entonces vicepresidente Eduardo Stein, quien cabildeo en Washington ante el gobierno de George W. Bush y en Nueva York ante Naciones Unidas para conseguir el respaldo político internacional que le permitió gestionar fondos de funcionamiento y, más importante, presionar a las elites locales -empresariales y políticas- a que no se opusieran. Stein y quienes lo apoyaron en Ciudad de Guatemala, en Estados Unidos y Europa no tenía Twitter, pero tuvo la suficiente voluntad para hacer de la comisión una realidad.

Nayib Bukele sigue sin dar el primer paso. Es cierto, no todo depende de él, pero como él mismo escribió hace poco en una columna en The Washington Post, tiene de su lado el apoyo popular que le otorga una gran cintura política para hacer algo como esto.

Como bien me han dicho algunos de los colaboradores del presidente, convencer a la Asamblea Legislativa de que este es un buen paso no será fácil. Es ahí, en el Congreso, donde siguen instaladas las mismas mafias que hicieron de la sección de Probidad de la Corte Suprema un ente inoperante y siguen empeñándose en nombrar funcionarios de segundo grado que, en el mejor de los casos, juegan a pasar desapercibidos en oficinas que El Salvador necesita con urgencia que funcionen bien, como la Fiscalía General, la Corte de Cuentas o la Procuraduría de Derechos Humanos.

“Solo descabezando al crimen organizado seremos capaces de tener un El Salvador más seguro”, escribió el presidente Bukele en la columna que le publicó el Post el 23 de julio pasado. Lo mismo dijo el expresidente Mauricio Funes ante la Asamblea de Naciones Unidas en 2010, más de un año después de su toma de posesión. Al final, lo de Funes, lo sabemos hoy, fueron solo palabras huecas: el primer presidente elegido con la bandera política de la izquierda no fue más que un fiasco y terminó, prófugo, huyendo de cinco órdenes de captura por corrupción (lo de ser asilado en Nicaragua con la bendición de la dictadura de Daniel Ortega no es más que un triste eufemismo).

El gobierno de Bukele es aún muy joven y no puede pedírsele que, a la vuelta de 60 días, tenga lista una comisión internacional. Lo que sí le podemos exigir a estas alturas es que la comisión que prometió para “descabezar” al crimen organizado deje de existir solo en Twitter y se convierta, de verdad, en iniciativa presidencial. Eso depende solo de él. De nadie más.

Los mataniños

La fotografía provoca terror, el que se asocia a la muerte de cualquier niña. El terror de reconocer tantas fragilidades en un cuerpo que yace indefenso, muerto, ante la indolencia de quienes observamos. La fotografía también provoca náusea, la que nace al entender que los caprichos políticos de los funcionarios más poderosos del planeta se cuentan entre los principales responsables de la muerte de esa niña, que se llama Valeria y murió ahogada junto a su padre, Óscar, cuando intentaban cruzar el río Grande.

Esa fotografía, como ya sugirió algún periodista en Estados Unidos, tendrá que ser para nosotros, salvadoreños, la estampa que identifique la administración del republicano Donald Trump en Washington. Han sido las políticas públicas del trumpismo en torno a la migración las que han convertido a Estados Unidos en uno de los principales violadores de los derechos humanos de quienes migran.

La administración Trump ha llenado de niños con más suerte que Valeria centros de detención temporal que, según defensores, activistas y periodistas estadounidenses, tienen todos los rasgos de campos de concentración.

Ha sido esa administración la que, a través del uso draconiano de la legislación, la militarización de la frontera y el uso punitivo de la diplomacia, ha logrado criminalizar la migración como no se había visto antes en Estados Unidos.

Es cierto que la ruta que lleva del norte de Centroamérica al sur de la Unión Americana ha estado plagada de peligros, de asaltos sexuales, de muerte, y hasta masacres desde siempre, pero hay ahora una diferencia importante: hasta hoy todo eso era atribuible, en gran medida, al crimen organizado y a la corrupción de las autoridades mexicanas; desde hace tres años los principales artífices del odio visten de saco oscuro y corbata roja, de uniforme de guardia fronterizo o de ranchero texano. Hoy los mataniños migrantes son otros.

La xenofobia y la narrativa antinmigrante han sido el eje central del discurso político del trumpismo desde 2015, cuando el magnate neoyorquino lanzó la cruzada electoral que terminó sentándolo en el despacho oval de la Casa Blanca. Cercado por múltiples acusaciones de corrupción, nepotismo y misoginia, Trump acudió siempre a la narrativa antinmigrante para consolidar a su base política. Y le resultó.

Veamos el mapa actual. La opinión pública respecto a la migración, aún entre los latinos, está más polarizada que antes. El irrespeto a los derechos de los migrantes en instituciones públicas estadounidenses, que ya existía y se había profundizado durante la administración humanos, ha alcanzado cotas inéditas. Y el panorama de políticas públicas que se puede esperar a un año de la próxima presidenciable y de un posible segundo término de Trump es el mismo. O peor.

Atrás, muy atrás, ha quedado el tímido intento de la administración Obama de utilizar el poder de la diplomacia estadounidense para embarcar a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras –orígenes de la mayoría de migrantes indocumentados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos– en un plan regional que atacara la violencia, la desigualdad, el estancamiento económico, la corrupción, que son las causas principales de las migraciones centroamericanas.

Cuando Donald Trump llegó al poder, los gobiernos del Triángulo Norte no estaban para planes. Sumidos en vorágines de corrupción, de alianzas con el crimen organizado o simplemente de ineficacia, las administraciones de Jimmy Morales, de Salvador Sánchez Cerén y de Juan Orlando Hernández utilizaron todos sus espacios políticos para protegerse a sí mismos y a los suyos. Los migrantes no fueron, nunca, su prioridad. Y por no tener no tuvieron nunca ni el diálogo mínimo con Washington para hablar del tema con un mínimo de dignidad.

En El Salvador hay un nuevo gobierno, el de Nayib Bukele. También en México, el de López Obrador. La canciller del primero ha dicho que le duele mucho la muerte de Valeria y su padre; hasta ahí. El segundo es, por hoy, el que ha llevado hasta la frontera norte de Guatemala la fuerza antinmigrante de Washington.

Narcoestado

Varios documentos judiciales en Estados Unidos y una investigación de la misión internacional contra la impunidad en Honduras dejan indicios bastante claros de que la presidencia de ese país lleva por lo menos una década penetrada por el narcotráfico. No parece posible aplicar eufemismos aquí: la casa presidencial de Tegucigalpa está empatada con el narco.

Lo que las investigaciones dicen, en breve, es que la organización hondureña de narcotráfico conocida como Los Cachiros recibió dinero del gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) a través de una empresa llamada INRIMAR, la cual obtuvo contratos amañados para construir obras públicas; que los narcos establecieron contactos con el actual presidente, Juan Orlando Hernández, cuando este era líder del Congreso hondureño; y que Los Cachiros lavaron dinero a través de empresas vinculadas a la familia Rosenthal, una de las más poderosas del país.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), de hecho, consideró al actual presidente hondureño como «objetivo» de una investigación abierta en 2013 a una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. En un comunicado que emitió el pasado viernes, el gobierno de Hernández dice que todo se trata de un intento hecho por narcotraficantes hondureños juzgados en Estados Unidos para acusar a otros y buscar rebajas a sus penas de cárcel.

Lo cierto es que estas últimas revelaciones solo añaden a una lista de indicios que apuntan a la casa de gobierno en Tegucigalpa. Ya antes Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros; y Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo y procesado por narcotráfico en Nueva York, habían testificado que el segundo sirvió como intermediario entre los narcotraficantes y Hernández. La extradición a Estados Unidos de Antonio Hernández, hermano del presidente, para que responda por narcotráfico también ha ensombrecido la presidencia hondureña por un buen rato.

Honduras es, de los tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, donde la penetración del crimen organizado en la política parece más flagrante. En Guatemala, el dinero ilícito ha penetrado las campañas políticas desde hace rato y en El Salvador operadores políticos al servicio de los gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes también han cobrado peaje a narcotraficantes como Los Perrones para dejarlos mover droga. En Honduras, por lo visto, el narco ha despachado desde los círculos más íntimos de las dos últimas presidencias.

Lo único que lo anterior quiere decir es que, si en Honduras los diques de la legalidad llevan rotos ya buen rato, en El Salvador y Guatemala existen todas las condiciones de impunidad y corrupción para llegar a donde los hondureños están ahora.

En la base de la penetración del narco está, primero, el desdén por la legalidad y, producto de ello, la impunidad que narcotraficantes y políticos requieren para operar tranquilos, para lucrarse del Estado y para utilizarlo como plataforma y cobertura de sus economías criminales.

Ya entre 2002 y 2008, Los Perrones fueron capaces de operar sin problemas, y de mover toneladas de cocaína por tierras salvadoreñas gracias en buena medida a la aquiescencia de policías, fiscales, jueces y operadores como el fallecido Adolfo Tórrez, quien de acuerdo con múltiples testimonios que recogí para mi libro «Infiltrados», de 2014, era el encargado de cobrar la extorsión a Reynerio Flores Lazo, el líder de Los Perrones hoy condenado a prisión.

Hay que ver a Honduras y entender que la penetración absoluta del Estado nacional por el crimen organizado está a la vuelta de la esquina. Y en El Salvador basta ver hacia adentro: en un país en el que, en los últimos meses, las mafias políticas mataron a la Sección de Probidad de la Corte Suprema y se han asegurado una fiscalía bastante dócil, las puertas al narco, a las mafias políticas y a otros tipos de crimen organizado están abiertas.

Gabinete de Seguridad

El primer asunto que debe de enfrentar el presidente electo, Nayib Bukele, en el tema de seguridad pública es el de las pandillas.

A estas alturas, después de las treguas de la administración Funes y las más locales auspiciadas por alcaldes y candidatos de los principales partidos políticos, y después de las políticas de exterminio impulsadas por la administración Sánchez Cerén, el de las pandillas es un tema impostergable.

Las treguas, legítimas si se entiende que la negociación desde el Estado es una política plausible en una democracia, siempre y cuando el Estado imponga el tono, y siempre y cuando lo haga desde la legalidad, no fueron solución porque se hicieron desde la oscuridad.

Los actores políticos que emprendieron las treguas tuvieron casi siempre como norte beneficios electorales o partidarios, no el bien público; por eso las hicieron desde la oscuridad, de espaldas a los ciudadanos afectados por la violencia pandillera.

El uso ilegal de la fuerza pública, cuyas principales expresiones durante la administración saliente del FMLN fueron las ejecuciones extrajudiciales, la persecución ilegal de jóvenes en zonas dominadas por pandillas y la tolerancia de esas ilegalidades desde altas jefaturas en la Policía y el Ejército, ha producido resultados mixtos.

Viendo las cifras de homicidios en los últimos años es imposible negar que ha habido una reducción de asesinatos desde 2015, cuando en los albores de la administración Sánchez Cerén, las pandillas respondieron con violencia brutal al fin de cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno. No puede decirse lo mismo del delito de extorsión. Las pandillas habían aprendido que los asesinatos son su principal capital político.

El problema con el uso ilegal de la fuerza pública como política de Estado es, primero, ese: es ilegal. Ninguna democracia puede esperar resultados positivos de la ilegalidad. Incubar escuadrones de la muerte en las fuerzas policiales y militares solo significa que el Estado ha renunciado a todos los principios de convivencia social que, se supone, ordenan la convivencia democrática. Y, en la práctica, esto implica que cualquiera de nosotros, al final, puede ser víctima de un Estado capaz de violar los derechos de sus ciudadanos desde el derecho a la privacidad hasta el derecho a la vida.

Al final, y como bien lo prueban las escaladas de violencia protagonizadas como las pandillas con regularidad, esta política de violencia estatal ha probado ser ineficiente. Las autoridades viven diciendo que han debilitado a la MS-13 y al Barrio 18, que han empezado a recuperar los territorios que ambos grupos controlan. Pero a juzgar por la situación que aún se vive en esas comunidades, y por la capacidad intacta de los pandilleros para matar, aun policías y militares, está claro que esas afirmaciones gubernamentales aceptan muchísimos matices.

Nayib Bukele, quien ha llegado al poder abanderado en buena medida por un discurso de alejamiento con las formas políticas tradicionales en el país, tiene el inmenso reto de abordar el asunto de las pandillas desde la creatividad, la valentía y el compromiso con las normas esenciales de la democracia. Esto pasa, primero, por definir con claridad cómo interactuará su gobierno con la MS-13 y el Barrio 18.

La primera señal, en esto, debe de ser el nombramiento de su Gabinete de Seguridad: la vuelta a comisionados de la PNC comprometidos con la ilegalidad y la corrupción sería fatal. Ya dio, Bukele, una señal positiva sobre su gabinete al nombrar a Alexandra Hill como canciller (una profesional sin pasado político oscuro y con experiencia real en Washington, capital del más importante socio político del país). Si es cierto que, en el caso de Relaciones Exteriores, Bukele trascendió a las demandas de los grupos de influencia que le rodean, es imperativo que lo mismo aplique en el tema de seguridad pública. Ese es el asunto más urgente.