Se viene el 3 de noviembre

Buena parte del mundo se dispone a contener el aliento en espera de los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos que ocurrirá el primer martes de noviembre.

Las encuestas, por primera vez desde que empezó la contienda, dan una ventaja de dos dígitos al demócrata Joseph Biden, la cual parece estable. Y, en algunos de llamados estados bisagra -en los que los dos partidos grandes se han repartido victorias-, como Florida, Ohio, Carolina del Norte o Pensilvania, Biden lleva una leve ventaja, según un cálculo basado en varias mediciones que ha hecho El País.
Otros estados que han solido votar republicano, como Texas y Arizona, hoy se pintan también a favor de Biden.

Aún es pronto, y a tres semanas de la elección los números se ven bastante parecidos a los que en 2016 daban ventaja a Hillary Clinton en la presidencial que Trump terminó ganando. Hoy, como hace cuatro años, todo vuelve a indicar que los demócratas ganaran la mayoría del voto popular. Eso, sin embargo, no es garantía de que recuperarán la presidencia: Clinton ganó más votos que Trump y, en 2000, el demócrata Al Gore obtuvo más votos que George W. Bush, pero al final el republicano recaló en la Casa Blanca.

Lo anterior es posible por el sistema sufragista estadounidense, en el que los votantes eligen a sus funcionarios de forma indirecta, a través de representantes de colegios electorales en cada estado. Al final, el que suma 270 votos electorales gana su pase a Washington. El sistema se presta a una aritmética que hace posible ganar, aun sin ganar la mayoría del sufragio.

Este año, según varios especialistas en Washington con los que hablé en los últimos días, y a pesar de que las encuestas se parecen un tanto a las de 2016, varias cosas juegan en favor de Biden. La más importante es, acaso, la desastrosa respuesta de Trump al coronavirus y el impacto que la pandemia ya tiene en la economía estadounidense.

Trump, fiel a su guion de político matón que desprecia el conocimiento, minimizó la pandemia, trató de achacarla a un complot chino e incluso se burló de sus víctimas. Más de 215,000 muertos y casi 8 millones de contagios después, la mayoría de los estadounidenses coincide en que el presidente falló.
La incapacidad de Trump para alejarse de su base racista, y de su propio racismo, parece haber potenciado a favor de los demócratas el apoyo más claro de algunas minorías -sobre todo la afroamericana- que no votaron a favor de Hillary Clinton en 2016 y a quienes hoy atrae la figura de la vice presidenciable Kamala Harris, de orígenes africanos e hindúes.

Diferente será hoy, también, la disposición de Trump a aceptar la derrota, según se desprende de algunas de sus declaraciones públicas y silencios. Ya a mediados del año pasado, un académico basado en Washington me adelantaba que el trumpismo es perfectamente capaz de apelar a la violencia ante un resultado adverso. La semana pasada, un exdiplomático estadounidense en Centroamérica, me confirmó el temor: “Será una noche muy larga”, me dijo.

Al final, si Trump pierde y los demócratas terminan ganando mayoría en la cámara de representantes y el senado -varios puestos del congreso van a elección también el 3 de noviembre-, un nuevo escenario político se abrirá en Estados Unidos y el mundo.

En el Triángulo Norte de Centroamérica, uno de esos cambios puede ser que los presidentes que lograron cheques en blanco a cambio de arrodillarse ante las políticas migratorias inhumanas de Trump dejen de contar con el apoyo incondicional de Washington y sus embajadores. (Más de esto en próximas entregas).

Terrorismo contra la prensa

Corren días difíciles para la prensa en Centroamérica. Impulsados por sus ansias de amasar poder sin contrapesos, varios gobernantes de la región han emprendido o profundizado ataques e intentos de callar, desprestigiar y arrodillar a la prensa independiente que ha descubierto en ellos y sus administraciones indicios de corrupción, comportamientos antidemocráticos e incluso posibles crímenes.
Empiezo por El Salvador.

La más reciente arremetida del presidente Nayib Bukele y su administración contra periodistas y medios inició los primeros días de septiembre. El primer día del mes, el sitio La Página, administrado por el estado salvadoreño, publicó una nota calumniosa en mi contra, basada en una supuesta investigación de la fiscalía que, si existió, nunca fue judicializada y sobre la que nunca autoridad alguna me notificó.

Como ya es usual en este guion de difamación, la noticia falsa fue retomada por el mismo presidente, media docena de sus funcionarios más cercanos, otros sitios con apariencia noticiosa que son manejados desde el Ejecutivo, acólitos y decenas de cuentas apócrifas en Twitter y Facebook.

Dos días después de aquel ruido que el gobierno pretendió generar, El Faro publicó una investigación sobre pláticas entre la administración Bukele y el liderazgo de la pandilla MS13 en las cárceles del país. El reportaje está basado en decenas de documentos oficiales cuya autenticidad ningún vocero del gobierno ha podido desmentir hasta la fecha.

Tras esa publicación supimos, por una demanda de amparo que El Faro introdujo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el gobierno de Bukele lleva meses utilizando al Ministerio de Hacienda como otra forma de intimidar al periódico y a sus periodistas y de obstaculizar su trabajo. Agentes de Hacienda y de la Policía también han intentado intimidar a mi familia en El Salvador.

Estas denuncias y otras interpuestas por colegas en lo que va de esta presidencia encendieron todas las alarmas entre organizaciones de protección a periodistas y en el congreso y Departamento de Estado de los Estados Unidos, el principal aliado político de Bukele.

El 10 de septiembre, 14 congresistas, incluidos presidentes de comités legislativos y uno de los senadores demócratas más influyentes en temas de cooperación con Centroamérica, mandaron una carta al presidente Bukele para mostrarle su preocupación por los ataques al periodismo. El secretario jurídico de la presidencia intentó bajar el tono a la misiva diciendo que era “una carta más”, lo que, antes que otra cosa, demuestra su profunda ignorancia sobre cómo funciona Washington.
Estos desmanes del Ejecutivo salvadoreño deben de entenderse como una muestra más de las tendencias autoritarias que Bukele mostró sin contrición el 9 de febrero, cuando entró acompañado de militares al Palacio Legislativo. A esto se ha sumado, durante el encierro por la pandemia, el desprecio a resoluciones emanadas de la Sala de lo Constitucional, el uso indiscriminado de la fuerza pública y, de nuevo, el gasto de miles de dólares en el aparato propagandístico estatal para intentar acallar ya no solo a la prensa sino a cualquier voz crítica o de oposición. Es, en suma, una estrategia deliberada para aterrorizar a las voces no amigables; a los críticos; a quienes han descubierto la entraña de la corrupción y el autoritarismo.

El mismo patrón se ha profundizado en la Nicaragua de Daniel Ortega, quien recién embargó bienes de un canal de televisión crítico de su régimen.
En Guatemala, el 11 de septiembre, la policía detuvo a Sonny Figueroa, un periodista que ha publicado temas de corrupción relacionados al gobierno de Alejandro Giammattei. Figueroa fue liberado por un juez y la fiscalía investiga posible mal procedimiento policial.
La alerta debe de ser clara: la prensa centroamericana está en peligro.

La dignidad del presidente

Barack Obama es, ante todo, un político muy efectivo. Lo volvió a demostrar el miércoles 19 de agosto, en el discurso que pronunció en la convención del partido demócrata que nominó a Joe Biden como candidato a arrebatar la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre. Esa efectividad de Obama no es una simple argucia; tiene sustento.

Haciendo un uso magistral de los escenarios obligados que ha impuesto la pandemia, Obama se paró frente a un mural que recoge las primeras líneas de la Constitución de los Estados Unidos. «Estoy en Filadelfia», empezó, y, ya ubicado en la ciudad en que nació la Unión Americana, utilizó los primeros minutos para volver a los preceptos básicos de la carta magna estadounidense, a sus aberraciones y a sus grandes virtudes:

«No era un documento perfecto; permitió la esclavitud y falló en garantizar a las mujeres, incluso a algunos hombres, la habilidad de participar en el proceso político, pero, insertada en este documento había una estrella que nos guiaría por generaciones: un sistema representativo, una democracia…»

Y siguió: «La única oficina que, por Constitución, elegimos todos, es la presidencia… Deberíamos esperar que el presidente sea el custodio de la democracia; que más allá de su ego, de su ambición o sus creencias políticas, el presidente preserve, proteja y defienda esta democracia».

Ya con esa entrada, Obama nos recordó que la política, un ejercicio que al final no es más que la administración del poder hecho por seres humanos imperfectos y ambiciosos, solo ha adquirido sentido revolucionario en la Historia -con mayúscula- cuando esos hombres y mujeres han sido capaces de sobreponerse a sus propias limitaciones y las impuestas por el poder que les rodea.

Enseguida, Obama hizo su particular arenga política. Donald Trump, dijo, no ha sido capaz de honrar los preceptos constitucionales. Y luego pidió el voto de los estadounidenses para Joseph Biden, su exvicepresidente.

Las palabras del presidente número 44 de los Estados Unidos, sin embargo, van más allá de la coyuntura electoral de Estados Unidos, y eso es posible porque Obama aún conserva algo muy escaso en el mapa político que le siguió en América y que le permite, incluso ahora, erigirse por encima de la cloaca en que su sucesor en la Casa Blanca y otros presidentes de la región han convertido el ejercicio político: A Barack Obama aún le queda dignidad.

El discurso de Obama en la convención demócrata fue, en sí mismo, diferente a las parrafadas y balbuceos a las que recurren líderes actuales como Donald Trump, Nayib Bukele, Jair Bolsonaro o el mismo AMLO. En las narrativas de estos últimos hay mucho de megalomanía, de interés particular, de «fake news» y, al final, de superficialidad.

Y, de nuevo, no fue la palabra lo que hizo del discurso de Obama algo relevante; fue la calidad política del expresidente.

Obama cometió muchos errores durante su administración. Para el caso de los latinos en Estados Unidos, por ejemplo, llevó al extremo el cálculo político de endurecer la expulsión de indocumentados para beneficiar a migrantes jóvenes; en el camino destruyó los sueños de muchas familias para beneficiar a otras. Y, a veces, fue demasiado cauteloso, incluso timorato, para llevar adelante sus políticas.

Lo que nunca hizo Obama fue hacer de sí mismo el principio y fin de su presidencia. Tampoco hizo de la mentira sistemática, patológica, el hilo conductor de su narrativa política. Y nunca acudió al músculo del Estado para intentar aniquilar a adversarios políticos. Obama fue, en ese sentido, un ejecutor impecable de la altura que se espera de un presidente.

Veo a mi alrededor y no me queda más que lamentar la pérdida de esa dignidad en los despachos presidenciales de Washington a San Salvador.

Fracasos

Las respuestas de los tres gobiernos del Triángulo Norte centroamericano a la pandemia del coronavirus han estado marcadas por la corrupción, delirios autoritarios e importantes dosis de incompetencia. En los tres países las cifras de infecciones y muertes no baja mientras los sistemas de salud colapsan y el estancamiento económico está a pocos pasos de la recesión.

Guatemala, Honduras y El Salvador recibieron la llegada del coronavirus con medidas estrictas de confinamiento que, en general, recibieron elogios. Al final, sin embargo, los encierros regentados por los tres gobiernos no previnieron ni evitaron mucho.

En El Salvador, detrás de la estridente narrativa del presidente Nayib Bukele, que anunciaba el encierro como la única medida posible ante el advenimiento de un escenario apocalíptico plagado de miles de muertos en las calles, no hubo nunca un plan consistente para utilizar la cuarentena para lo que, según los epidemiólogos, debe servir, como cortafuegos para evitar la propagación del virus.

Que el encierro hubiese servido para cortarle los caminos al virus dependía, en buena medida, de estudios epidemiológicos que determinasen focos críticos de propagación, rutas de contagio o políticas de aislamientos escalonados. Nada de eso acompañó, en El Salvador, al confinamiento.

El encierro siempre fue, en los casos que hoy son considerados exitosos en este tema -como España o Corea del Sur-, solo un componente de respuestas mucho más complejas, pensadas por salubristas, médicos y científicos, no por políticos estridentes.

En el caso salvadoreño, centenares de ciudadanos fueron encerrados en albergues improvisados donde, según decenas de testimonios, no existían condiciones higiénicas para, en efecto, contener al virus.

Otro guion común, en los casos de Guatemala y El Salvador, fue el del gobernante como víctima. Bukele lo hizo sobre todo en sus redes sociales, donde volcó una de las líneas preferidas de sus propagandistas: recibí al país en la ruina, pero soy un gobernante esforzado, un líder que está haciendo todo lo posible con lo poco que me dejaron. Giammattei prefirió la televisión para recitar, domingo a domingo, la misma perorata: recibimos mal el país… Y así. La culpa siempre fue de alguien más.

Para Juan Orlando Hernández ese argumento era muy difícil. El hondureño va para su séptimo año en el poder -cuestionada reelección de por medio-, con lo que buscar culpables antes que él no parece viable.

La gestión de JOH también acudió al encierro estricto desde el principio de la pandemia y, si se escucha a organismos locales e internacionales de Derechos Humanos, esto le ha servido para desplegar aún más al ejército y la policía en todas las ciudades y pueblos del país. Para este presidente, arrinconado como está por múltiples acusaciones de ser parte de una red internacional de narcotráfico, los militares siempre han sido un sostén vital.

Bukele también ha utilizado la pandemia para extender su impronta en la fuerza armada de su país, a la que acude para todo, desde cercar pueblos y ciudades que no cumplen la cuarentena hasta utilizar a los militares para repartir víveres con logos de su gobierno o para que combatan una epidemia de langostas en el campo. No es poco para un presidente que, un mes antes de la llegada del virus, había entrado a la Asamblea Legislativa escoltado por soldados con armas largas.

Al coronavirus lo ha acompañado otra plaga que ya es endémica en Centroamérica, la de la corrupción. En Honduras, un empresario designado por la presidencia para hacer las compras de emergencia pagó sobreprecios de hasta 40 millones de dólares por hospitales móviles que nunca llegaron. En El Salvador, familiares del ministro de Salud vendieron insumos al Estado. Y así.

Casi cinco meses después, con la economía en serio riesgo y las desigualdades históricas a flor de piel, Centroamérica debe lidiar, una vez más, con lo que deja la incompetencia de sus líderes.

El factor Biden

Los números indican, al menos por ahora, que Donald Trump terminará su controvertido paso por la Casa Blanca en enero próximo. Si eso ocurre es muy previsible que las olas del cambio lleguen hasta las playas y casas presidenciales de Centroamérica, El Salvador incluido.

Aún es pronto, pero casi todas las encuestas hechas en el último mes dan a Joe Biden, potencial candidato demócrata a la presidencia de EUA, una ventaja sólida. La más reciente, publicada por el New York Times el miércoles pasado, pone al exvicepresidente de Barack Obama 14 puntos arriba del republicano.

De nuevo, aún es pronto.

Por el sistema de colegios electorales en Estados Unidos no siempre quien obtiene la mayoría del voto popular termina en el Despacho Oval, la oficina del presidente. Trump lo sabe bien: su contrincante en la elección de 2016, la demócrata Hillary Clinton, obtuvo más votos que él y aun así perdió.

Como sea, Trump está en una encrucijada difícil. Según la encuesta del NYT, los votantes desaprueban la forma en que el presidente ha manejado la pandemia por coronavirus en su país, así como sus políticas raciales. De aquí a noviembre parece muy poco lo que Trump pueda hacer en ambos apartados: en el asunto de la raza es difícil que modere su discurso racista cuando su principal base de apoyo se siente tan atraída por esa narrativa; en el tema del coronavirus, Estados Unidos sigue contando por miles los contagios diarios.

En Washington, fuentes legislativas y de la sociedad civil con las que converso desde principios de la década sobre la política interna estadounidense empiezan a considerar que es muy posible que Trump pierda en noviembre, algo que no se asomaba en su análisis a finales del año pasado.

¿Y? ¿Qué pasa si Trump pierde? ¿Cómo afecta eso a El Salvador? ¿A Centroamérica? La política exterior de Trump en el Triángulo Norte de Centroamérica, que no ha sido más que una extensión de su política interna antiinmigrante, puede describirse con una palabra: nefasta.

El único interés del Departamento de Estado en nuestra región fue asegurarse de que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras llevaran adelante el despropósito de recibir, en sus territorios, migrantes que pretendían solicitar asilo en Estados Unidos y que los tres países siguieran recibiendo hasta cuatro vuelos de deportados semanales, sin importar que los aviones aterrizaran en medio de la pandemia con personas sospechosas de estar contagiadas de coronavirus, como en su momento denunció el gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala.

Los mandatarios centroamericanos cumplieron y recibieron a cambio espaldarazos políticos que les han dado el oxígeno indispensable para navegar sus atribuladas presidencias.

En Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), señalado por el Departamento de Justicia en Nueva York de participar en una operación internacional de narcotráfico, se aferra al poder aupado por el Departamento de Estado.

Con todo y su impresionante popularidad, Nayib Bukele tiene que agradecer a Ronald Johnson, el embajador estadounidense, que aparezca con él en público y lo apoye en Twitter en los momentos en que el presidente salvadoreño recibe críticas de todos lados por sus tendencias antidemocráticas y sus arremetidas al orden constitucional.

Y en Guatemala el silencio de Washington fue clave para que las élites corruptas del país se deshicieran de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) para volver a apropiarse, sin obstáculos, de los sistemas político y judicial.

Con Biden trabajan ya, en el apartado latinoamericano, diplomáticos que apoyaron a la CICIG en Guatemala, que en privado y en público han advertido de los retrocesos en El Salvador y que no suelen disimular el gesto de disgusto cuando se les pregunta por JOH.

Aún faltan semanas largas para noviembre y si algo ha demostrado Trump en los últimos cuatro años es que tras la fachada de matón se esconden dosis de habilidad que le han permitido sobrevivir días duros. Por ahora, sin embargo, la posibilidad de su salida es real. Que él se vaya es bueno para los centroamericanos.

Impunidad: la historia de la agente Sherill Hernández en Honduras

Sherill Yubissa Hernández Mancía, de 28 años, era la jefa de la unidad especial de la fiscalía hondureña a cargo de investigar narcotráfico y corrupción en el departamento de Copán, centro de una de las rutas de tráfico de droga más importantes de Centroamérica. El 11 de junio de 2018 compañeros de Hernández encontraron su cadáver.

Luego, el estado hondureño dio dos explicaciones sobre esa muerte.

Las más altas autoridades del Ministerio Público (MP), incluidos el fiscal general Óscar Chinchilla y el jefe de la unidad élite de investigación criminal, han sostenido desde el principio que la agente se suicidó por problemas económicos y personales.

Julissa Villanueva, exjefa del departamento de medicina forense del MP, sostiene que a la joven la asesinaron. Y, por sostener eso, a Villanueva la persiguieron, la amenazaron de muerte, la removieron de su puesto y, por último, la despidieron.

Hace poco publiqué, junto a investigadores de la Fundación InSight Crime, un reportaje que explora todas las inconsistencias en las investigaciones oficiales que apoyan la tesis del suicidio, así como las versiones de agentes antidrogas y funcionarios hondureños según quienes a Hernández la mataron por las investigaciones que realizaba en Copán a pandilleros, políticos y narcotraficantes.

El camino hacia ese reportaje empezó en Tegucigalpa en agosto de 2019. Habíamos escuchado varias veces, de varias fuentes, retazos de la historia de Sherill Yubissa Hernández. En una de esas pláticas, con mujeres de una organización feminista, alguien mostró una foto de la escena del crimen. Había algo que no cuadraba: la cama y las almohadas sobre las que yacía el cadáver de la gente estaban limpias; la sangre no estaba donde debía de estar.

Empezó, entonces, la búsqueda de más detalles. En Copán oímos sobre los reacomodos del narco tras las capturas de los líderes de los grandes clanes locales de la droga -La familia Valle y el exalcalde Alexander Ardón, aliado político del presidente Juan Orlando Hernández. Y oímos que Sherill Hernández investigaba justo eso, a los narcos, cuando murió.

Las pruebas definitivas para dar vida al texto periodístico llegaron en forma de fotos y documentos -actas de la policía y la fiscalía- relacionados con la escena del crimen. Todo apunta a la comprobación de una hipótesis, la que defiende la exjefa forense de Honduras: en un intento más bien torpe, agentes del estado contaminaron el cadáver, la habitación, el arma para hacer pasar por suicidio un asesinato.

Hay tres historias en esta historia. La primera, más evidente, es la del suicidio que, según todos los indicios, no lo es. La segunda, más profunda, la inmensa capacidad del estado hondureño para, amparado en campañas mediáticas inverosímiles y actuaciones ilegales de sus funcionarios, encubrir crímenes que comprometen sus nexos con el crimen organizado.

La tercera historia tiene que ver con algo igual de grave: el desprecio absoluto del sistema por la vida, sobre todo la de las mujeres. Tras las explicaciones oficiales de la fiscalía hondureña –»se mató por problemas sentimentales», «era una mujer joven con muchos problemas económicos»- se esconden todos los rasgos misóginos que suelen existir en las fiscalías centroamericanas.

Cuando escribía sobre Sherill Hernández volvía a todos esos crímenes encubiertos por el estado de El Salvador sobre los que he escrito a lo largo de mi carrera. El Chele Tórrez. Katya Miranda. La masacre de la UCA. Con todos ellos se consolidó la incapacidad de las instituciones salvadoreñas para llevar justicia a los muertos y para descubrir las intrincadas redes de poder que suelen tejerse alrededor de esos crímenes.

El Salvador no es Honduras. Aún.

Acaso porque el poder del narcotráfico está, por razones geográficas e históricas, mucho más presente en las oficinas del estado, la vida de quienes buscan la verdad es mucho más frágil en Honduras.

La capacidad del estado salvadoreño para encubrir, inventar pruebas y desviar a la justicia es, sin embargo, tan posible como lo fue en Honduras en el caso de la agente Sherill Hernández.

La PNC y el alza en homicidios

La escalada de violencia en los últimos días ha vuelto a poner en la mesa la discusión sobre las causas reales de la disminución sostenida de homicidios durante los meses que Nayib Bukele lleva como presidente. Y, a mí, me ha hecho preguntarme de nuevo por los viejos tumores de la Policía Nacional Civil.

Sobre los 76 homicidios registrados entre el viernes 24 y el martes 28 de abril, la conclusión más clara parece ser que el éxito del plan control territorial del que tanto ha hecho alarde el gobierno depende, en gran medida, de la buena voluntad de las pandillas para no matar. En corto: sí hay control en los territorios; lo ejercen la MS13 y las dos facciones del Barrio 18.

Aún falta a la academia y al periodismo salvadoreños responder con mejor disciplina a otras preguntas que se desprenden de la premisa anterior. Está claro que al gobierno, enfrascado en los interminables monólogos de la justificación y el desencuentro, no le interesa publicidad alguna a lo que de verdad pasa tras bambalinas en los pasillos de su ministerio de seguridad, su oficina de reconstrucción de tejido social y su policía, los tres vértices de la ejecución de las políticas públicas en seguridad, y a la interacción real de estas oficinas con las pandillas.

Partamos, de nuevo, de la premisa inicial: la baja sostenida de homicidios desde junio de 2019, rota temporalmente en los últimos días, no tiene nada que ver con las fotos de policías y soldados haciendo patrulla en los territorios. Todo eso es propaganda. Nada más. Tampoco tiene que ver la disminución en homicidios con los gestos autoritarios de Bukele, su director de centros penales o los oficiales de la Fuerza Armada.

Hasta ahora, los analistas en seguridad más inteligentes de El Salvador -José Miguel Cruz, Jeannette Aguilar, Ricardo Sosa, por ejemplo- coinciden en dos cosas al hablar de las bajas de homicidios: solo son sostenibles porque las pandillas han decidido permitirlas, y lo han hecho porque su capacidad para extorsionar se mantiene intacta.

En ese mapa, entonces, ¿cuál ha sido el papel de la Policía Nacional Civil? La respuesta más fácil es que, como el ejército, la PNC se ha mantenido en los márgenes de los territorios, entrando a ellos para tomarse las fotos que luego suben a Twitter o para ejecutar acciones tendientes a mantener el estatus quo, ese en que las pandillas mantienen su calma unilateral.

Pero el asunto, en la Policía, es hoy más complejo según me han contado en las últimas semanas dos jefes de alto nivel. Al mando policial han llegado, de nuevo, oficiales que han sido investigados desde hace al menos una década por presuntos vínculos con bandas de narcotraficantes como el Cartel de Texis y Los Perrones. Son los mismos que han revoloteado en las principales jefaturas de la PNC desde finales de los 90.

En el contexto actual hay que añadir, a la precariedad de la Policía, el ruido que el regreso de estos oficiales pueda ocasionar en al balance interno de poder en una institución marcada, además, por las tendencias autoritarias del gobierno de turno y la permisividad de los grupos de exterminio heredada de las dos administraciones del FMLN.

No es un cóctel bonito. Ni el del país ni el de la Policía, que parece de nuevo condenada a enfrentar la inseguridad desde los cálculos particulares de pandillas y políticos mientras la secuestran, de nuevo, oficiales manchados por dudas serias sobre sus compromisos pasado con el crimen organizado y la delincuencia común.

En estos momentos, además de funcionarios más honestos y comprometidos con la seguridad real de los salvadoreños que conviven a diario con las pandillas, el país vuelve a necesitar a la Policía que, se supone, nacería de los Acuerdos de Paz de 1992.

Líderes

Mayo de 2005. Antonio Saca, entonces presidente de El Salvador, se había puesto al frente de un esfuerzo para convencer al país de que la inminente llegada del huracán Adrián requería de un plan de emergencia extraordinario. Saca apeló a datos meteorológicos confusos a los que su máquina de propaganda política dio aires de catástrofe.

Durante unas horas, Tony Saca mantuvo la ilusión. Adrián era, en efecto, un huracán categoría 5 horas antes de tocar tierra salvadoreña, pero al entrar por las costas de La Paz, era ya una tormenta tropical.

En 2005, Saca era un presidente muy popular. Su capital político era tal que opacaba a quienes en su partido, Arena, no se atrevían a contradecirlo en público. Incluso el FMLN, liderado entonces por el incólume Schafik Hándal, se unió al llamado político del presidente.

La tormenta tropical Adrián no pasó a más y, aun con toda la aceptación de la que Saca gozaba, dejó un tufillo a patraña, una sensación de que el presidente usó la posibilidad de una tragedia para anotarse puntos políticos.

He pensado mucho en aquello, que viví desde la redacción de La Prensa Gráfica, en estos días en que, ante la amenaza de una catástrofe de otra índole, los ciudadanos volvemos a ver a nuestros líderes -hayamos votado por ellos o no- en espera de sus respuestas, del uso que hagan de las herramientas que la ley les confiere para dirigir a sus naciones en momentos críticos. Pienso entonces en lo que están haciendo los presidentes de El Salvador -mi país- y Guatemala -el lugar donde vivo.

La amenaza de un huracán, obvio, no es lo mismo que la realidad de un virus que ya se probó letal en extremo. Y Nayib Bukele y Alejandro Giammattei no son Tony Saca. Aún.

A ambos presidentes se les ha de reconocer que tuvieron el valor y la astucia de cerrar sus países pronto. No es algo sencillo: implica enfrentar a sociedades y actores que, por hambre o avaricia, estaban más inclinados a negar el peligro que a cambiar sus formas. A Bukele se lo hizo más fácil, en principio, la enorme cintura política que le sigue dando su popularidad.

El cierre de fronteras era algo que había que hacer. Pero esa era solo la reacción inicial; vendría luego la parte más difícil de gobernar: ejecutar políticas públicas acordes al momento, buscar cómo financiarlas y, lo más importante, liderar a los sectores con poder ajenos al Ejecutivo, empezando por el congreso y terminando por el sector privado, en la construcción de esas políticas.

Ahí ha sido Giammattei el que lo ha tenido más fácil. Hijo político de la elite económica guatemalteca, el presidente no ha tenido demasiado problema en articularse con el empresariado para mostrar sonrisa conjunta. Eso le ha dado margen para tomar decisiones complicadas, como cerrar buena parte del comercio del país en una época tan vital para el turismo guatemalteco como la semana santa. Pero también ha hecho que el cierre sea más flexible, lo que sigue exponiendo a los guatemaltecos a la infección.

A Bukele le ha costado más a pesar de que, de nuevo, es mucho más popular que Giammattei y de que el débil papel de la oposición local le ha permitido navegar con comodidad en la opinión pública.

Le ha costado más al salvadoreño porque a su acertada decisión inicial de cerrar el país le siguieron las líneas más recurrentes, que son las menos positivas, de su guion sobre el manejo del poder: la falta de políticas públicas coherentes, la relevancia en su gabinete de asesores más preocupados en esparcir mentiras en redes sociales que en gobernar, la apuesta por la falta de transparencia y la agobiante insistencia de victimizarse ante el fracaso.

En las crisis los países necesitan líderes. No tuiteros. No maestros de la propaganda. Líderes.

Narcos Centroamérica (I)

Bien podría ser una serie de Netflix, pero por ahora el guion, crudo, se escribe a diario en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica y tiene todos los ingredientes en los que la ficción televisiva ha basado sus exitosas series sobre narcos.

Hay, en este guion, contrabandistas que se vuelven millonarios con el dinero de la cocaína desde hace tres décadas, gobiernos-piltrafa que no alcanzan a esconder su incapacidad o complicidad en el tema a pesar de sus interminables cortinas de humo y políticos corruptos de todo color. Y hay muertos. Secuestro de los sistemas judiciales y las policías. Impunidad.

Esta es guion del narcotráfico centroamericano, que no existe solo a millas de distancia de las costas de El Salvador o en complicidades aisladas de funcionarios del gobierno hondureño o en los gobiernos departamentales y municipales de la franja fronteriza entre Guatemala y Honduras.

El narcotráfico centroamericano existe, sobre todo, gracias a los estados nacionales que son cómplices por acción, como en el caso hondureño; por omisión y debilidad, como ha ocurrido en El Salvador; o por la combinación de ambos como pasa en Guatemala.

Bastan algunas cifras, divulgadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su último informe sobre la situación del narcotráfico en el mundo, para ilustrar: por el corredor del norte centroamericano pasa entre el 85 y el 90 por ciento de la cocaína que llega desde Suramérica a pistas clandestinas en La Mosquitia hondureña, a playas del Pacífico guatemalteco o ingresa por el Golfo de Fonseca a las carreteras de El Salvador y Honduras.

Por décadas, los tres gobiernos del Triángulo Norte han enfocado su narrativa política, sus recursos y su capital político en combatir a las pandillas MS13 y Barrio 18. Y, mientras lo hacían, el narcotráfico, amparado por agentes de esos gobiernos, creció.

La historia que mejor ilustra este guion, por ahora, es la de Honduras.

La realidad, decía, supera a la ficción: el pasado martes 3 de marzo, fiscales del distrito sur de Nueva York acusaron al hondureño Geovanny Fuentes Ramírez de dirigir una conspiración para la producción de cocaína en Honduras y para transportar esa droga a Estados Unidos. En la acusación, los fiscales aseguran que Fuentes contó con la protección del presidente hondureño Juan Orlando Hernández y de su hermano, Tony Hernández -condenado por narcotráfico.

En corto: según la fiscalía neoyorquina, el presidente de Honduras brindó protección a un narco que tenía un laboratorio donde se producían entre 300 y 500 kilogramos de cocaína al mes.

Juan Orlando Hernández, a través de la cuenta de Twitter de su casa presidencial, dijo lo que ya dijo media docena de veces, cada vez que algún testigo, criminal o los mismos fiscales estadounidenses lo relacionan con el narco: que es mentira, que él no tiene nada que ver.

He reporteado sobre el narcotráfico en Honduras durante los últimos dos años. Ahí, en las montañas de Olancho, de Lempira, en el Valle de Sula, en las fronteras desprotegidas del occidente hondureño, en Copán y Santa Bárbara, todos los indicios apuntan a esto: desde finales de los 90 la transformación de las bandas de contrabandistas en grupos violentos de narcos y del país entero en el principal hub del narcotráfico en Centroamérica ocurrió, en gran medida, gracias a la complicidad activa del estado, que en la última década ha estado en manos del Partido Nacional de Hernández.

Honduras es, hoy, el caso más evidente, pero algo similar ha ocurrido en Guatemala, donde los territorios fronterizos siguen siendo feudo de los grupos locales que controlan porciones estratégicas de las rutas que suben hacia México. De El Salvador siguen saliendo vuelos y cargamentos de cocaína que recalan en Panamá o transitan por el norte hacia Jutiapa, en Guatemala.

Es, todo, solo una parte del guion que escriben los narcos de Centroamérica.

Pandillas: cuento de políticos cobardes

Todos las condenaron ante el micrófono, casi siempre en campaña electoral. Todos las utilizaron para presentarse al respetable votante como los más duros de los duros. Todos vendieron que exterminar a las pandillas y la inseguridad que generaban iba a ser marca de sus gobiernos. Todos lucraron políticamente de ellas. Todos mintieron.

La versión más reciente de este cuento lo está contando el fiscal general Raúl Melara con las dos acusaciones que ha presentado a políticos salvadoreños de distinto signo por negociar con los pandilleros beneficios electorales a cambio de dinero, condiciones carcelarias y, lo más importante para efectos de seguridad pública, control territorial.

Así es: las pandillas procurarían votos a cambio de que los políticos garantizaran que serían ellas, la MS13 y el Barrio 18, las que seguirían mandando en los barrios, colonias y cantones del país.

No es poca cosa. El trato electoral que, sabemos hoy, adelantaron ARENA y FMLN implicaba garantizar a las pandillas su existencia como actor político territorial, como fuerza viva social y como interlocutor directo con el poder.

Insisto, el meollo del asunto aquí no son los 100,000 dólares que según un testigo la ARENA de Jorge Velado y Ernesto Muyshondt pagaron a las pandillas, o los millones de dólares en programas de rehabilitación que, se supone, ofrecieron el arenero Norman Quijano o los efemelenistas Arístides Valencia y Benito Lara en el contexto de las presidenciales de 2014. El asunto aquí es que los dos partidos políticos más importantes de la posguerra decidieron que los votos que necesitaban para ganar aquellas elecciones bien valían que el estado cediera definitivamente el control a las pandillas en amplias zonas del país.

La moneda de cambio real, en estos pactos propuestos, era esa, el control de territorio. El dinero no fue más que el aditivo para que MS13 y Barrio 18 decidieran si hacían campaña por un partido o por otro. Y, estratégicas como son, las pandillas decidieron pactar a dos bandas: en la primera vuelta del 2014 se aliaron con el FMLN y en la segunda vuelta con ARENA.

Estos pactos no fueron, por supuesto, ideas novísimas de los equipos de campaña de Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén. Si las cosas son como explica la acusación fiscal, los tratos electorales habían empezado en 2003, en la previa de la campaña que llevó al arenero Tony Saca al poder, continuaron y alcanzaron su pico durante la campaña y el gobierno de Mauricio Funes del FMLN, cuando la tregua de 2012 empoderó a las pandillas como interlocutores políticos, y siguió con el fallido intento de la ARENA de Quijano, Velado y Muyshondt.

Toda la narrativa antipandillas, que ponía como objetivo primero del odio y la fuerza estatal a estas agrupaciones juveniles creadas por marginados que huyeron a Estados Unidos y volvieron deportados a un país de estado débil, economía estancada y políticos sin escrúpulos, es hoy más farsa que antes. Por mucho tiempo creímos, muchos, que el manodurismo era solo una política fallida a la que acudieron areneros y efemelenistas para ganar votos. Hoy entendemos que, en los últimos años, fue una mentira que esos políticos ocuparon para esconder sus tratos bajo la mesa.

Este asunto tiene un epílogo real: el control territorial que permite a las pandillas, entre otras cosas, seguir controlando las cifras de violencia, como creo ha ocurrido en estos meses que van de la administración de Nayib Bukele.

Pero hay un epílogo no escrito, que también tiene que ver con Bukele. Al presidente le ha venido muy bien que el fiscal Melara acuse a areneros y efemelenistas y se haya olvidado, por ejemplo, del actual ministro de Gobernación, quien también ha hablado con las pandillas. Que los acusados sean Quijano, Muyshondt, Lara y Valencia permite al presidente seguirse rasgando las vestiduras sin hablar de los tratos que, según las investigaciones de Policía y Fiscalía, él y los suyos han tenido con emeeses y dieciochos.