Terrorismo contra la prensa

Corren días difíciles para la prensa en Centroamérica. Impulsados por sus ansias de amasar poder sin contrapesos, varios gobernantes de la región han emprendido o profundizado ataques e intentos de callar, desprestigiar y arrodillar a la prensa independiente que ha descubierto en ellos y sus administraciones indicios de corrupción, comportamientos antidemocráticos e incluso posibles crímenes.
Empiezo por El Salvador.

La más reciente arremetida del presidente Nayib Bukele y su administración contra periodistas y medios inició los primeros días de septiembre. El primer día del mes, el sitio La Página, administrado por el estado salvadoreño, publicó una nota calumniosa en mi contra, basada en una supuesta investigación de la fiscalía que, si existió, nunca fue judicializada y sobre la que nunca autoridad alguna me notificó.

Como ya es usual en este guion de difamación, la noticia falsa fue retomada por el mismo presidente, media docena de sus funcionarios más cercanos, otros sitios con apariencia noticiosa que son manejados desde el Ejecutivo, acólitos y decenas de cuentas apócrifas en Twitter y Facebook.

Dos días después de aquel ruido que el gobierno pretendió generar, El Faro publicó una investigación sobre pláticas entre la administración Bukele y el liderazgo de la pandilla MS13 en las cárceles del país. El reportaje está basado en decenas de documentos oficiales cuya autenticidad ningún vocero del gobierno ha podido desmentir hasta la fecha.

Tras esa publicación supimos, por una demanda de amparo que El Faro introdujo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el gobierno de Bukele lleva meses utilizando al Ministerio de Hacienda como otra forma de intimidar al periódico y a sus periodistas y de obstaculizar su trabajo. Agentes de Hacienda y de la Policía también han intentado intimidar a mi familia en El Salvador.

Estas denuncias y otras interpuestas por colegas en lo que va de esta presidencia encendieron todas las alarmas entre organizaciones de protección a periodistas y en el congreso y Departamento de Estado de los Estados Unidos, el principal aliado político de Bukele.

El 10 de septiembre, 14 congresistas, incluidos presidentes de comités legislativos y uno de los senadores demócratas más influyentes en temas de cooperación con Centroamérica, mandaron una carta al presidente Bukele para mostrarle su preocupación por los ataques al periodismo. El secretario jurídico de la presidencia intentó bajar el tono a la misiva diciendo que era “una carta más”, lo que, antes que otra cosa, demuestra su profunda ignorancia sobre cómo funciona Washington.
Estos desmanes del Ejecutivo salvadoreño deben de entenderse como una muestra más de las tendencias autoritarias que Bukele mostró sin contrición el 9 de febrero, cuando entró acompañado de militares al Palacio Legislativo. A esto se ha sumado, durante el encierro por la pandemia, el desprecio a resoluciones emanadas de la Sala de lo Constitucional, el uso indiscriminado de la fuerza pública y, de nuevo, el gasto de miles de dólares en el aparato propagandístico estatal para intentar acallar ya no solo a la prensa sino a cualquier voz crítica o de oposición. Es, en suma, una estrategia deliberada para aterrorizar a las voces no amigables; a los críticos; a quienes han descubierto la entraña de la corrupción y el autoritarismo.

El mismo patrón se ha profundizado en la Nicaragua de Daniel Ortega, quien recién embargó bienes de un canal de televisión crítico de su régimen.
En Guatemala, el 11 de septiembre, la policía detuvo a Sonny Figueroa, un periodista que ha publicado temas de corrupción relacionados al gobierno de Alejandro Giammattei. Figueroa fue liberado por un juez y la fiscalía investiga posible mal procedimiento policial.
La alerta debe de ser clara: la prensa centroamericana está en peligro.