Opinión desde allá

por Héctor Silva Ávalos, La ciudad de la furia

 

Héctor Silva Ávalos
Periodista

La PNC y el alza en homicidios

La PNC se ha mantenido en los márgenes de los territorios, entrando a ellos para tomarse las fotos que luego suben a Twitter o para ejecutar acciones tendientes a mantener el estatus quo, ese en que las pandillas mantienen su calma unilateral.

La escalada de violencia en los últimos días ha vuelto a poner en la mesa la discusión sobre las causas reales de la disminución sostenida de homicidios durante los meses que Nayib Bukele lleva como presidente. Y, a mí, me ha hecho preguntarme de nuevo por los viejos tumores de la Policía Nacional Civil.

Sobre los 76 homicidios registrados entre el viernes 24 y el martes 28 de abril, la conclusión más clara parece ser que el éxito del plan control territorial del que tanto ha hecho alarde el gobierno depende, en gran medida, de la buena voluntad de las pandillas para no matar. En corto: sí hay control en los territorios; lo ejercen la MS13 y las dos facciones del Barrio 18.

Aún falta a la academia y al periodismo salvadoreños responder con mejor disciplina a otras preguntas que se desprenden de la premisa anterior. Está claro que al gobierno, enfrascado en los interminables monólogos de la justificación y el desencuentro, no le interesa publicidad alguna a lo que de verdad pasa tras bambalinas en los pasillos de su ministerio de seguridad, su oficina de reconstrucción de tejido social y su policía, los tres vértices de la ejecución de las políticas públicas en seguridad, y a la interacción real de estas oficinas con las pandillas.

Partamos, de nuevo, de la premisa inicial: la baja sostenida de homicidios desde junio de 2019, rota temporalmente en los últimos días, no tiene nada que ver con las fotos de policías y soldados haciendo patrulla en los territorios. Todo eso es propaganda. Nada más. Tampoco tiene que ver la disminución en homicidios con los gestos autoritarios de Bukele, su director de centros penales o los oficiales de la Fuerza Armada.

Hasta ahora, los analistas en seguridad más inteligentes de El Salvador -José Miguel Cruz, Jeannette Aguilar, Ricardo Sosa, por ejemplo- coinciden en dos cosas al hablar de las bajas de homicidios: solo son sostenibles porque las pandillas han decidido permitirlas, y lo han hecho porque su capacidad para extorsionar se mantiene intacta.

En ese mapa, entonces, ¿cuál ha sido el papel de la Policía Nacional Civil? La respuesta más fácil es que, como el ejército, la PNC se ha mantenido en los márgenes de los territorios, entrando a ellos para tomarse las fotos que luego suben a Twitter o para ejecutar acciones tendientes a mantener el estatus quo, ese en que las pandillas mantienen su calma unilateral.

Pero el asunto, en la Policía, es hoy más complejo según me han contado en las últimas semanas dos jefes de alto nivel. Al mando policial han llegado, de nuevo, oficiales que han sido investigados desde hace al menos una década por presuntos vínculos con bandas de narcotraficantes como el Cartel de Texis y Los Perrones. Son los mismos que han revoloteado en las principales jefaturas de la PNC desde finales de los 90.

En el contexto actual hay que añadir, a la precariedad de la Policía, el ruido que el regreso de estos oficiales pueda ocasionar en al balance interno de poder en una institución marcada, además, por las tendencias autoritarias del gobierno de turno y la permisividad de los grupos de exterminio heredada de las dos administraciones del FMLN.

No es un cóctel bonito. Ni el del país ni el de la Policía, que parece de nuevo condenada a enfrentar la inseguridad desde los cálculos particulares de pandillas y políticos mientras la secuestran, de nuevo, oficiales manchados por dudas serias sobre sus compromisos pasado con el crimen organizado y la delincuencia común.

En estos momentos, además de funcionarios más honestos y comprometidos con la seguridad real de los salvadoreños que conviven a diario con las pandillas, el país vuelve a necesitar a la Policía que, se supone, nacería de los Acuerdos de Paz de 1992.


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