Seguridad pública en 2019

El año termina y en El Salvador hay una tendencia clara: la reducción en las cifras de homicidios, que empezó con el ascenso de Nayib Bukele a la jefatura del Ejecutivo. Eso es, por donde se le vea, una buena noticia. Cualquiera que sea la explicación, esto implica que hoy menos salvadoreños mueren de forma violenta.

La buena noticia no quita que haya que buscar, con todo el afán necesario, las explicaciones al descenso. Entre otras cosas, para sistematizar las causas y usarlas como insumos para una política de seguridad pública sostenible.

Además, en un país en que el aparato de propaganda y desinformación del gobierno navega con facilidad, es indispensable que el periodismo, la academia, la sociedad civil en general -mencionar a la oposición política parece ya inútil- busquen lo que el barullo triunfalista del oficialismo pretende esconder.

Empecemos.

Estuve este año, como parte de una investigación amplia sobre seguridad y crimen organizado, en seis de los departamentos del país con mayores índices de violencia. Con matices, y a falta de ordenar toda la información, dos conclusiones son ya posibles. Una, el estado salvadoreño sigue sin ejercer control en amplias porciones de su territorio. Dos, los operadores políticos vinculados a la corrupción y al crimen organizado siguen siendo protagonistas en el manejo de la seguridad pública.

En La Unión, por ejemplo, los grupos de exterminio, algunos integrados por miembros de la PNC, fueron autores de un porcentaje importante de los homicidios registrados en ese departamento. En una franja significativa de la frontera entre La Unión y San Miguel, estos grupos son los que ejercen el control.

En toda la costa unionense, desde El Tamarindo hasta El Icacal, aun hasta los límites con playa El Cuco, grupos criminales ejercen un control silencioso pero efectivo en carreteras, manglares, cantones y, sobre todo, en las decenas de entradas del Golfo de Fonseca en tierra salvadoreña. Ahí sigue habiendo extorsión, ajustes de cuentas y, de acuerdo con autoridades locales, entrada regular de cocaína procedente de Nicaragua y Honduras.

Ante panoramas como este, y a falta de un diálogo serio entre el poder formal de la administración Bukele y la ciudadanía, el alegato del gobierno de que la baja de homicidios está relacionada a una estrategia basada en el despliegue masivo de la fuerza pública no se sostiene. Me inclino más por el análisis que pone en la voluntad de los grupos criminales, llámense pandillas o bandas de narcotráfico, el descenso en las cifras.

En corto: animados por la eficiencia del control territorial que ellos ejercen, los grupos criminales decidieron bajarle a la violencia para favorecer un escenario en que pactos políticos con el gobierno de turno -como los que hicieron con las tres últimas administraciones- son posibles. Negociar en lugar de confrontar. Esto, se ha dicho hasta la saciedad, es la política pública más peligrosa, no solo porque facilita la paz mafiosa que, al final, suele ser el prólogo de un estado criminal, sino también porque alienta la evolución de los grupos criminales a estadios más sofisticados.

2019 trajo una buena noticia, sí, pero también muestras de un ejercicio político que privilegia la opacidad para vender como exitosa una reducción de homicidios que no se explica solo con el despliegue de más soldados y policías en las calles.

Al lado de El Salvador, en Guatemala y Honduras, las bajas de homicidios también ocurrieron durante administraciones que facilitaron pactos con grupos criminales, en esos casos, de narcotraficantes y mafias políticas.

De nuevo, en países donde el abandono del estado y la tolerancia al crimen han sido fórmulas comunes de ejercicio político, las bajas sostenibles en las cifras de violencia con estrategias que no minen la gobernabilidad democrática nunca se lograrán con atajos o recorriendo callejones oscuros.