30 años

Lo que sabemos sobre la noche del 15 de noviembre y la madrugada del 16 de noviembre de 1989 lo sabemos, en gran medida, por el valor de Lucía Barrera de Cerna, la empleada de los sacerdotes jesuitas de la UCA que, hace 30 años, vio que fueron efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador quienes entraron a la universidad para masacrar a seis religiosos y a otras dos empleadas.

Sin el valor de Lucía, las «fake news» que intentaron esparcir el ejército y la administración de Alfredo Cristiani hubiesen sido más exitosas. Primero, ese poder político creó, a través del conglomerado de medios de propaganda que manejaba el publicista Mauricio Sandoval, un ambiente de odio a los sacerdotes y, luego, utilizó esos medios y los privados de comunicación masiva para decir que el FMLN había planificado y ejecutado la masacre. Después, el aparato también intentó desprestigiar a Lucía Barrera y su testimonio.

Lucía fue, en 1989, víctima de la violencia desatada por la ofensiva del FMLN y la respuesta del ejército. Las balaceras la sacaron de su casa en Soyapango, como a miles de salvadoreños en la ciudad y su periferia. Fue a parar, con su esposo e hija, al recinto universitario, donde durmió la noche de la matanza.

Desde la ventana de un habitación prestada vio lo que pasaba en el jardín de al lado, en las afueras de la casa donde dormían Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Joaquín López, Juan Ramón Moreno, Elba Ramos y su hija Celina. Vio los uniformes de los soldados del batallón Atlacatl que, dirigidos por los tenientes Ricardo Espinoza Guerra y Yusshy Mendoza Vallecillos, habían sido enviados a la UCA con órdenes de matar a Ellacuría sin dejar testigos.

Aquella órdenes las dieron miembros del estado mayor conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador y del alto mando del ejército. Las investigaciones judiciales posteriores, ordenadas por la Audiencia Nacional y la fiscalía de España, de donde eran nacionales varios de los sacerdotes, han descubierto también que hubo un intento masivo de la administración Cristiani por encubrir a los asesinos intelectuales y a los materiales.

En los próximos meses, si todo termina como lo ha pedido la fiscalía española, en Madrid enfrentará juicio por estos hechos el coronel Inocente Orlando Montano, viceministro de la defensa en 1989 y, cuando eso ocurra, toda la prueba recabada, incluido el testimonio de Lucía Barrera de Cerna, será del dominio público.

Treinta años han pasado desde que aquellos soldados a los que vio Lucía ejecutaron, sin reparos, con toda la brutalidad que la guerra les había enseñado, las órdenes de matar a sangre fría a civiles que nunca les opusieron resistencia. Y poco menos desde que el estado de El Salvador, sus elites políticas, utilizaran sin reparos al sistema de justicia para encubrir y proteger a los culpables. Ayer, sábado 16 de noviembre de 2019, la Universidad Centroamericana conmemoró, como lo hace desde 1990, estos martirios.

Uno de los actos iniciales de la conmemoración de este año fue la presentación de «La Verdad», el libro que Lucía Barrera escribió junto a la académica estadounidense Mary Jo Ignoffo. Ahí está escrita la primera verdad sobre la masacre, la que el poder quiso ocultar y a la que Lucía se aferró a pesar del hostigamiento y a las torturas psicológicas a las que la sometieron los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos en las postrimerías de la masacre.

En ese libro está la verdad de Lucía, que abrió la ventana a otras verdades sobre aquello. Es vital, hoy, que las nuevas generaciones de salvadoreños conozcan aquellas verdades. La generación de los hijos de quienes, peinando apenas los 20 años, vivimos de cerca aquella masacre y aquel país desangrado, tiene que saber cómo mata el poder a quienes se le oponen, como intenta denigrarlos, empequeñecerlos, hasta asesinarlos. Ese poder, en 1989, mataba, como mató a Ignacio, a Segundo, a Nacho, a Amando, a Joaquín, a Juan Ramón, a Elba y a Celina.

Ramiro

Corrían los últimos meses de 2008. José Luis Merino me mandó un mensaje con mi padre: quería, le dijo, hablar conmigo para aclararme algunas cosas sobre los textos que otros colegas y yo habíamos escrito en LA PRENSA GRÁFICA sobre los correos electrónicos del comandante Raúl Reyes de las FARC, donde Merino aparece nombrado como mediador en la compra de armas para la guerrilla colombiana.

Le dije a mi padre que le diera mi teléfono celular. Ramiro me llamó. Y se identificó así: «Habla Ramiro». Y me citó en una casa de la colonia Flor Blanca, cerca del Gimnasio Nacional. Fui a la hora que me dijo al lugar que me indicó. Me bajé del carro, pero ahí solo había dos personas que cuidaban un garaje lleno de cajas viejas. Ramiro, me dijeron, solía llegar a esa casa, pero ese día no lo haría. Marqué al teléfono y nadie me contestó.

Aquella fue la única vez que hablé, en teléfono o en persona, con José Luis Merino, el comandante Ramiro. He escrito mucho sobre él después del episodio de las FARC, y siempre busqué entrevistarlo, a menudo a través de funcionarios del partido. Nunca contestó. Esa es una de las características de este líder efemelenista: es escurridizo; prefiere hablar desde la comodidad que le otorgan los medios partidarios para asegurarse de que no haya preguntas incómodas y que su discurso llega, sin molestias, al coro fiel de sus seguidores.

Para escribir lo del nexo con las FARC viajé a Bogotá a entrevistar a los fiscales colombianos que procesaron los correos de Raúl Reyes y a los agentes estadounidenses y europeos que certificaron que las computadoras del comandante fariano no habían sido manipuladas.

En el marco de aquella investigación, asesores cercanos al entonces presidente Saca me dijeron que Merino había sido pieza importante en la negociación política que siguió al 5 de julio de 2006, cuando Mario Belloso, un francotirador asociado al FMLN, mató a dos agentes de la PNC durante una manifestación.

Aquel año, asociados de Merino fundaron ALBA Petróleos con dinero proveniente de Venezuela. En los meses siguientes, ALBA Petróleos se diversificó y llegó a servir de paraguas a una docena de empresas, varias de ellas afincadas en Panamá. Para 2014, los ingresos del grupo rozaban los $1,000 millones. Años después, el conglomerado está al borde de la bancarrota, como lo demuestran la quiebra de la aerolínea VECA y comentarios públicos de algunos de sus operativos.

En 2017, al calor del caos en Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio, republicano de Florida, acusó a Merino de lavar dinero del narcotráfico y pidió sanciones en su contra. La reacción del FMLN entonces fue acuerpar a Ramiro y escudarse en que lo de Rubio era una pataleta más del lobby cubano-americano de Florida, asociado con la derecha salvadoreña.

Después vino la carta de los 14 congresistas de la cámara baja, entre ellos demócratas identificados con la izquierda que no han dudado en apoyar en Washington la agenda de los gobiernos efemelenistas, y que, durante la gestión de Funes, incluso ayudaron a abrir las puertas del Capitolio al primer gobierno del FMLN.

Ya no es solo Rubio, son más los que ven con mucha preocupación la lista de sospechas que se suman en torno de Ramiro.

El FMLN, después de esa carta, optó por cerrar filas y asegurar el blindaje a Merino. Todos en el partido corrieron a defenderlo, y usaron los recursos del Estado para hacerlo: cancillería creó, ad hoc, un puesto de viceministro.

El ruido en torno del comandante es demasiado, y los indicios suficientes como para que la Fiscalía salvadoreña lo investigue en serio. Pero no, al menos en El Salvador, Ramiro Vásquez sigue siendo intocable. Y, con su caso, el FMLN ha dejado claro que la impunidad es también un asunto que se tiñe de rojo.

*Una versión de esta columna fue publicada en julio de 2017.

Patrulla fronteriza

El Salvador acaba de anunciar la creación de una patrulla de fronteras que contará con 350 agentes del Estado, cuya misión será «golpear a… los grupos terroristas, que obligan a la ciudadanía a la migración forzada». Es la nueva política para intentar frenar los flujos migratorios de salvadoreños hacia Estados Unidos. No es una buena idea en realidad.

Lo anunciado por el gobierno Bukele solo puede leerse como un intento para congraciarse con las políticas migratorias que, desde Washington, dicta la Casa Blanca de Donald Trump.

No es casualidad que Rogelio Rivas, el ministro de Seguridad de Bukele, lo haya anunciado en Panamá frente a Kevin McAleenan, su homólogo estadounidense, quien ha llegado a Centroamérica como el más reciente vocero de la retórica antiinmigrante de Trump y como nuevo supervisor de que la política exterior de Washington en la región, basada exclusivamente en la criminalización de la migración, se cumpla.

La patrulla fronteriza no es una buena idea, dije arriba. No lo es porque parte, en el mejor de los casos, del absoluto desconocimiento de las causas y los matices de las migraciones centroamericanas hacia el norte.

Es cierto que hay un buen número de viajes que son provocados por las amenazas de las pandillas a familias que, en los barrios y cantones de El Salvador, no cumplen con las exigencias que esos grupos criminales hacen en el ejercicio del control territorial, que es absoluto entre otras cosas por el fallo miserable del Estado de recuperar los tejidos sociales en estos lugares.

Pero también es verdad que cuando, en las cortes migratorias de Estados Unidos, los salvadoreños solicitantes de asilo alegan persecuciones no se refieren solo a las pandillas, sino también a agentes del Estado, sobre todo a policías que los han acosado o violentado gracias, de nuevo, a la permisividad del Gobierno. Eso de los grupos terroristas debería de incluir, también, a varios agentes del Estado.

Y así sean pandilleros o exterminadores estatales los que empujan la migración, a estos no se les combate en los puntos ciegos que rodean El Poy o Las Chinamas; se les persigue ahí donde operan, que es en los barrios o, incluso, en recintos oficiales, luego se les investiga y se les lleva donde un juez.

Estuve hace poco en Agua Caliente, punto fronterizo entre Honduras y Guatemala y punto nodal de la ruta más transitada por migrantes en los últimos años. Ahí confirmé dos cosas. Una es que la principal causa que empuja a los centroamericanos a salir de sus países sigue siendo la desesperanza, generada por la violencia, la falta de oportunidades económicas y, no menos importante, la desconfianza en que las élites políticas o empresariales de los países puedan o quieran hacer algo por aliviar esas condiciones. La desesperanza tampoco se resuelve con agentes del Estado en las fronteras.

También vi en Agua Caliente los primeros efectos de las medidas manoduristas que la administración Trump está empujando en Centroamérica, como la llamada política de tercer país seguro, ya instaurada en Guatemala. Lo que esto ha provocado, por ahora, es que regresen desde tierras guatemaltecas a más hondureños y salvadoreños, muchos de los cuales no vuelven hasta sus lugares de origen, sino que pululan en las fronteras a la espera de que los traficantes de personas que ahí se mueven los pasen.

Si el ministro se refiere a esos grupos criminales, a los coyotes, tendrá que tomar en cuenta que estos han sobrevivido décadas porque la desesperanza de los migrantes les paga bien, y porque se han amparado siempre en la corrupción de los policías fronterizos y de los políticos. Esa corrupción tampoco se combate en los puntos ciegos.

Al final, el anuncio de la flamante patrulla fronteriza salvadoreña puede quedar bien para titular de primera plana, pero resolverá muy poco en las fronteras. Lo que sí hará, muy probablemente, es anotar más puntos a la administración Bukele en los pasillos del trumpismo

¿Y la CICIES?

Pasaron ya 58 días desde que Nayib Bukele juró como presidente de la república. En la recta final de la campaña presidencial, Bukele dijo que desde el primer día de su mandato presentaría a la Asamblea el proyecto para la formación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, similar a la CICIG guatemalteca. Aún no lo hace: el “hashtag” creado con fines proselitistas sigue existiendo solo en Twitter para todos los efectos prácticos.

Han pasado casi dos meses y la CICIES no existe ni en papel, al menos no en un papel que, presentado a la Asamblea Legislativa, inicie la ruta legal para que en este país haya un mecanismo supranacional capaz de combatir la corrupción y luchar contra la impunidad en forma eficiente, como el Estado nacional, sobrepasado por las mafias políticas locales, no puede hacerlo.

Lo he escrito varias veces tras conocer de cerca, desde 2006, el camino de la CICIG en Guatemala: la instalación de una comisión internacional como esta requiere, antes que de otra cosa, de la voluntad política del Ejecutivo para convencer a los otros poderes del Estado de que esta es una buena idea.

En el caso de la CICIG fue el Ejecutivo de Óscar Berger, liderado por el entonces vicepresidente Eduardo Stein, quien cabildeo en Washington ante el gobierno de George W. Bush y en Nueva York ante Naciones Unidas para conseguir el respaldo político internacional que le permitió gestionar fondos de funcionamiento y, más importante, presionar a las elites locales -empresariales y políticas- a que no se opusieran. Stein y quienes lo apoyaron en Ciudad de Guatemala, en Estados Unidos y Europa no tenía Twitter, pero tuvo la suficiente voluntad para hacer de la comisión una realidad.

Nayib Bukele sigue sin dar el primer paso. Es cierto, no todo depende de él, pero como él mismo escribió hace poco en una columna en The Washington Post, tiene de su lado el apoyo popular que le otorga una gran cintura política para hacer algo como esto.

Como bien me han dicho algunos de los colaboradores del presidente, convencer a la Asamblea Legislativa de que este es un buen paso no será fácil. Es ahí, en el Congreso, donde siguen instaladas las mismas mafias que hicieron de la sección de Probidad de la Corte Suprema un ente inoperante y siguen empeñándose en nombrar funcionarios de segundo grado que, en el mejor de los casos, juegan a pasar desapercibidos en oficinas que El Salvador necesita con urgencia que funcionen bien, como la Fiscalía General, la Corte de Cuentas o la Procuraduría de Derechos Humanos.

“Solo descabezando al crimen organizado seremos capaces de tener un El Salvador más seguro”, escribió el presidente Bukele en la columna que le publicó el Post el 23 de julio pasado. Lo mismo dijo el expresidente Mauricio Funes ante la Asamblea de Naciones Unidas en 2010, más de un año después de su toma de posesión. Al final, lo de Funes, lo sabemos hoy, fueron solo palabras huecas: el primer presidente elegido con la bandera política de la izquierda no fue más que un fiasco y terminó, prófugo, huyendo de cinco órdenes de captura por corrupción (lo de ser asilado en Nicaragua con la bendición de la dictadura de Daniel Ortega no es más que un triste eufemismo).

El gobierno de Bukele es aún muy joven y no puede pedírsele que, a la vuelta de 60 días, tenga lista una comisión internacional. Lo que sí le podemos exigir a estas alturas es que la comisión que prometió para “descabezar” al crimen organizado deje de existir solo en Twitter y se convierta, de verdad, en iniciativa presidencial. Eso depende solo de él. De nadie más.