Patrulla fronteriza

El Salvador acaba de anunciar la creación de una patrulla de fronteras que contará con 350 agentes del Estado, cuya misión será «golpear a… los grupos terroristas, que obligan a la ciudadanía a la migración forzada». Es la nueva política para intentar frenar los flujos migratorios de salvadoreños hacia Estados Unidos. No es una buena idea en realidad.

Lo anunciado por el gobierno Bukele solo puede leerse como un intento para congraciarse con las políticas migratorias que, desde Washington, dicta la Casa Blanca de Donald Trump.

No es casualidad que Rogelio Rivas, el ministro de Seguridad de Bukele, lo haya anunciado en Panamá frente a Kevin McAleenan, su homólogo estadounidense, quien ha llegado a Centroamérica como el más reciente vocero de la retórica antiinmigrante de Trump y como nuevo supervisor de que la política exterior de Washington en la región, basada exclusivamente en la criminalización de la migración, se cumpla.

La patrulla fronteriza no es una buena idea, dije arriba. No lo es porque parte, en el mejor de los casos, del absoluto desconocimiento de las causas y los matices de las migraciones centroamericanas hacia el norte.

Es cierto que hay un buen número de viajes que son provocados por las amenazas de las pandillas a familias que, en los barrios y cantones de El Salvador, no cumplen con las exigencias que esos grupos criminales hacen en el ejercicio del control territorial, que es absoluto entre otras cosas por el fallo miserable del Estado de recuperar los tejidos sociales en estos lugares.

Pero también es verdad que cuando, en las cortes migratorias de Estados Unidos, los salvadoreños solicitantes de asilo alegan persecuciones no se refieren solo a las pandillas, sino también a agentes del Estado, sobre todo a policías que los han acosado o violentado gracias, de nuevo, a la permisividad del Gobierno. Eso de los grupos terroristas debería de incluir, también, a varios agentes del Estado.

Y así sean pandilleros o exterminadores estatales los que empujan la migración, a estos no se les combate en los puntos ciegos que rodean El Poy o Las Chinamas; se les persigue ahí donde operan, que es en los barrios o, incluso, en recintos oficiales, luego se les investiga y se les lleva donde un juez.

Estuve hace poco en Agua Caliente, punto fronterizo entre Honduras y Guatemala y punto nodal de la ruta más transitada por migrantes en los últimos años. Ahí confirmé dos cosas. Una es que la principal causa que empuja a los centroamericanos a salir de sus países sigue siendo la desesperanza, generada por la violencia, la falta de oportunidades económicas y, no menos importante, la desconfianza en que las élites políticas o empresariales de los países puedan o quieran hacer algo por aliviar esas condiciones. La desesperanza tampoco se resuelve con agentes del Estado en las fronteras.

También vi en Agua Caliente los primeros efectos de las medidas manoduristas que la administración Trump está empujando en Centroamérica, como la llamada política de tercer país seguro, ya instaurada en Guatemala. Lo que esto ha provocado, por ahora, es que regresen desde tierras guatemaltecas a más hondureños y salvadoreños, muchos de los cuales no vuelven hasta sus lugares de origen, sino que pululan en las fronteras a la espera de que los traficantes de personas que ahí se mueven los pasen.

Si el ministro se refiere a esos grupos criminales, a los coyotes, tendrá que tomar en cuenta que estos han sobrevivido décadas porque la desesperanza de los migrantes les paga bien, y porque se han amparado siempre en la corrupción de los policías fronterizos y de los políticos. Esa corrupción tampoco se combate en los puntos ciegos.

Al final, el anuncio de la flamante patrulla fronteriza salvadoreña puede quedar bien para titular de primera plana, pero resolverá muy poco en las fronteras. Lo que sí hará, muy probablemente, es anotar más puntos a la administración Bukele en los pasillos del trumpismo