“Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”

Ilustración

Una carta firmada por Juan XXIII, apodado “el Papa Bueno”, llegó a las más altas autoridades de la Iglesia católica a escala mundial en marzo de 1962. Contenía instrucciones para encubrir, ante las autoridades seculares, casos de abuso sexual en menores de 18 años por parte de sacerdotes. Incluía también amenazas de expulsión para aquellos que rompieran este “pacto de silencio”.
La misiva escrita en latín es uno de los ejemplos incluidos en el informe “Los abusos sexuales y la Santa Sede” (2014), con los que la red mundial Child Rights International Network ilustra cómo la Iglesia católica impidió el combate a este flagelo durante años. En el mismo documento, sin embargo, se reconoce que para cuando se publicó el texto, la institución ya había dado importantes pasos para superarlo.
Pero denunciar una agresión sexual en la que el acusado es un sacerdote sigue siendo un proceso arduo y revictimizante. Eso cuenta Sara, 41 años, estatura media, ojos vivos, quien acusó a un sacerdote de haber abusado de ella en una parroquia de San Salvador cuando era niña.
Sara decidió volver a hundirse en sus recuerdos en la segunda mitad de 2016, después de que la Iglesia católica nacional, a través del Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, invitó a las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes a acercarse para denunciar. Prometió el mayor de los apoyos en un momento en el que el dedo acusador de la sociedad salvadoreña se levantaba en contra de esa institución.
Para presentar su acusación, Sara llegó al Arzobispado de San Salvador, un edificio de tres plantas y colmado de oficinas. Como no hay un lineamiento público sobre cómo poner una denuncia, tuvo que repetirle a varias personas la misma frase: “vengo a denunciar un caso de abuso sexual de un sacerdote. Yo fui la víctima”, hasta que al fin la refirieron a la oficina del Tribunal Eclesiástico.
“El Arzobispado cuenta con muchísimos empleados. Es complicado instruir a tanta gente sobre lo que tiene que hacer. Además ellos andan ocupados en sus propias actividades”, responde Rafael Urrutia, presidente del Tribunal Eclesiástico, acerca de lo anterior.
En una ventanilla similar a la de un banco, una secretaria le preguntó por el motivo de su visita. Tuvo que repetir aquella frase. Le dijo que debía hacer una denuncia por escrito, en donde anotara el nombre completo del acusado y la parroquia donde ocurrió el abuso. No le explicó nada sobre el proceso, solo que se le iba a llamar para que ella se presentara ante el presidente del Tribunal Eclesiástico, Rafael Urrutia.

“La Iglesia dice mucho ‘solo son dos o tres casos, no ha pasado más, ya nadie más denunció’. Al no existir un reconocimiento del problema, la gente tiene más temor a denunciar. Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”.

Tras muchas llamadas, la fecha fue fijada. Cuando llegó el día, Rafael Urrutia, con la denuncia en la mano, le dijo que no podían ocuparse de su caso, pues el acusado pertenece a una orden religiosa. Por ello la envió a preguntar a la parroquia donde sucedieron los abusos. “Es que no nos correspondía, es la verdad”, comenta Urrutia al respecto.
Eso lo desmiente el Derecho Canónico, el cuerpo de leyes que rige a la Iglesia católica: “En las causas penales, el acusado, aunque se halle ausente, puede ser llevado ante el tribunal del lugar donde se cometió el delito”, dice el canon 1,412. Miguel Funes, quien fue miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe por 16 años, sostiene que si un religioso comete un delito, lo hace mientras está en una diócesis, la cual depende de un ordinario, en este caso el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. La víctima, por tanto, tiene dos posibilidades: denunciar en el obispado donde pasaron los abusos o ante el superior de la orden religiosa en la provincia correspondiente.
Para Leocadio Morales, vicario judicial de la diócesis de Santa Ana, la mejor es la segunda opción cuando el acusado es un sacerdote que ya no está en una parroquia de la misma jurisdicción. Ese es el caso del clérigo señalado por Sara. Pero, dadas las circunstancias, si quien denuncia se acerca al obispado del lugar, es necesario darle una respuesta.
Según Morales, el obispo debe hablar con el superior de la orden e informarle que se tiene una acusación contra el sacerdote sobre un abuso sucedido cuando estuvo bajo su jurisdicción. El tema les concierne a ambos: le corresponde al obispo porque quien denuncia es su feligrés; también al superior, pues el clérigo responde a su autoridad. Deben llegar a un acuerdo sobre quién se hará cargo.
“Es lo más correcto para hacer. No se puede decir ‘a mí no me importa lo que te ha pasado’”, comenta Morales.
Si Sara hubiera aceptado la primera respuesta de Urrutia, el ciclo hubiera comenzado otra vez: ir a la parroquia donde sucedieron los abusos y decirle, quizá al secretario o al sacristán, la misma frase (“vengo a denunciar un caso de abuso sexual de un sacerdote. Yo fui la víctima”) y repetírsela luego al párroco actual.
Pero ella no quedó satisfecha. Le dijo que no confiaba en que la misma congregación a la que pertenecía su abusador fuera la que se ocupara del caso. Le preguntó si ellos podían encargarse, servir como una especie de fiscalizadores del proceso. Urrutia le contestó que sí, contradiciendo lo que había dicho al principio. El acuerdo, por tanto, fue que el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de San Salvador le tomaría su declaración para, luego, pasársela a la orden religiosa a la que pertenece el sacerdote acusado.
Hicieron una audiencia donde rindió su declaración, que luego sería enviada a la orden para que continuara con el proceso.
Ese testimonio no serviría para nada: cuando el caso llegó a las manos de la orden religiosa, esta hizo otra audiencia. Las cosas comenzaron desde cero, pero Sara pudo superar su inicial desconfianza al ver la seriedad con la que la orden religiosa se encargó de su denuncia. La acusación todavía está activa, a la espera de lo que decida la Congregación para la Doctrina de la Fe, el tribunal especializado en juzgar delitos graves.
Sara no ha pedido que al sacerdote se le castigue con la dimisión del estado clerical, la pena más grande que puede imponer la Iglesia a uno de sus miembros. Ha exigido que se reconozca al sacerdote como su victimario y a ella como la víctima.

Las otras peticiones van encaminadas a que dentro de la orden religiosa se tomen medidas concretas para evitar que se sigan dando abusos, como la creación de canales de denuncia y manuales de conducta; también una rigurosa reglamentación de cómo funcionarán las relaciones entre clérigos y niños. Recomendaciones que espera que se extiendan a otras jurisdicciones, como el Arzobispado de San Salvador, para acabar con un problema que, en su opinión, no se ha terminado de superar.

“La Iglesia dice mucho ‘solo son dos o tres casos, no ha pasado más, ya nadie más denunció’. Al no existir un reconocimiento del problema, la gente tiene más temor a denunciar. Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”, dice Sara.

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