Internet puede convertirse en el espacio donde se cometen delitos contra la libertad sexual de menores de edad, que van desde la divulgación de pornografía hasta el grooming, una especie de seducción previa de los abusadores en los que se hace uso de las tecnologías de la información. Estos dejan huellas en sus víctimas. El Salvador tiene apenas dos años de contar con una legislación específica para su combate, en el que todavía muestra varias falencias.

Internet como herramienta para el abuso sexual de menores

Un reportaje de Moisés Alvarado

Fotografías de / Ilustraciones de Moris Aldana

Ilustración de Moris Aldana

A Fabiola le da miedo mirar videos en una computadora, en una tableta o en un celular. Teme volver a ver en la pantalla su propio cuerpo desnudo, filmado sin su autorización presuntamente por una expareja de su madre, Graciela, que vivió en su casa por un tiempo y a quien le han perdido el rastro. La joven tenía 15 años cuando eso ocurrió. Fabiola y su madre tienen constancia de que en la web circularon tres videos en los que la joven aparece desnuda.
Ahora a Fabiola le da miedo realizar cualquier actividad que requiera quitarse la ropa, como tomar una ducha en su casa.

La noticia les llegó después de que un amigo de la familia vio las grabaciones en un sitio de internet dedicado a promocionar clubes de prostitución en Centroamérica, en el que de tiempo en tiempo se cuelan videos de contenido sexual. Otra persona les mostró los videos compartidos en un grupo de WhastApp. Graciela piensa que, quizá, bien hubiera podido evitar que a su hija le pasara lo que le pasó.

“Ella me dijo que sentía que ese hombre la miraba feo, que no era normal eso, y que a veces la seguía cuando se iba al baño, que la espiaba cuando se estaba vistiendo”, dice Graciela, que muy pronto llegará a los 40 años de edad.

Graciela y Fabiola todavía no han denunciado el hecho ante ninguna autoridad. Antes se están asesorando con un abogado. El delito que pudo haber cometido la expareja de la mujer es uno de nombre bastante extenso: utilización de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Este está incluido en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, aprobada en 2016 por la Asamblea Legislativa de El Salvador y con apenas dos años de aplicación. Desde 2017 hasta el tercer trimestre del presente año, la Fiscalía General de la República ha recibido 786 denuncias en torno de estas faltas.

Un apartado de la ley se dedica a crímenes contra menores de edad: casi todos son de naturaleza sexual, en los que el perpetrador adulto se vale de las nuevas tecnologías para concretar sus fechorías. Solo de este grupo, del referido a conductas sexuales, la FGR recibió en sus oficinas 80 denuncias, más del 10 % del total.

El delito del que Fabiola fue víctima castiga a quien lo comete con una pena de ocho a 12 años de prisión. Puede contar con varios agravantes, como que el acusado sea el responsable del menor. Entonces, la pena máxima puede ser de hasta 16 años.

“A mí me aflige que ella no quiera, en un futuro, entablar una relación con una persona que le guste. Ya me ha dicho cosas que me preocupan, como que no se atrevería a estar desnuda con un hombre, en un cuarto, para tener intimidad; que no va a poder dejar de pensar en que la van a estar grabando también allí”.

Para Martin Rogel Zepeda, magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal de la primera sección del Centro de San Salvador, las leyes deben contar con una característica: la precisión. Por eso la nueva tipificación es un paso adelante porque permite castigar a eslabones de la cadena que en el artículo correspondiente del Código Penal, su antecesor, no era posible: allí la acción se dirigía solo a aquella persona a quien se le comprobaba que había producido un material de pornografía infantil o a aquel que lo almacenaba, no a quien lo había visto, por ejemplo, vía streaming o en ese espacio un poco momentáneo de un chat.

Ahora la investigación de las autoridades debería apuntar a la expareja de Graciela, pero también a aquellos que vieron el video en el grupo de WhatsApp o a través de la página web descubierta por el amigo de la familia. Aquellas personas que dieron aviso a Graciela también podrían ser acusadas, pues tuvieron acceso al material.

Ese proceso, sin embargo, sería bastante difícil para la Policía Nacional Civil de El Salvador si no se tiene acceso físico a los dispositivos desde donde se vieron las piezas: a pesar de que se cuenta con toda una unidad dedicada a los servicios informáticos, todavía no existe la tecnología en el país para, por ejemplo, detectar qué IP (la dirección única de la conexión de un aparato con internet) se ha conectado con determinado video o fotografía, lo que sí ocurre en países desarrollados.

Las autoridades salvadoreñas encargadas de investigar este tipo de hechos también tienen otras falencias: dentro de la Fiscalía General de la República, que también cuenta con su departamento correspondiente, solo hay un experto certificado para verificar la autenticidad de la evidencia informática, pero está dentro de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la que se encarga de los casos de lavado de dinero y activos. Para utilizarlo, por tanto, debe haber una coordinación entre jefaturas, que lleva tiempo.

Esto parece ser un síntoma de una tendencia en El Salvador: se le da más peso a delitos que tienen que ver con aspectos financieros, como lo observa el gerente de Programas de Plan International, Adolfo Vidal.
“Aquí el tema de los delitos cibernéticos está más tipificado con el tema de fraude financiero, con el tema bancario, con eso es que se aprobó… Cuando nos digitalizamos, digitalizamos las amenazas; tenemos que avanzar realmente en esto y, por último, hacer una ley específica solo para regular la divulgación de imágenes de niños y niñas en redes sociales”, aseguró en una entrevista para LA PRENSA GRÁFICA.

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VÍCTIMAS DE LOS DELITOS

Cuando se piensa en “delitos informáticos”, lo primero que se viene a la cabeza es una serie de números binarios y un escenario parecido al de la película “Tron”, donde todo se da en un plano abstracto, casi inofensivo. Parecería demasiado sofisticado para ponerle el rostro de una víctima.

Pero internet, herramienta neutra, es utilizado para el cometimiento de crímenes atroces contra la sexualidad de menores de edad con mucha regularidad. Eso es lo que demuestran los números recogidos por la Fundación de Vigilancia de Internet (Internet Watch Foundation, IWF), una organización basada en Inglaterra que recibe denuncias de contenido de pornografía infantil de todo el mundo.

En 2017, la entidad acogió más de 80,000 reportes de páginas web que albergaban material en video o fotografía de menores de 15 años siendo abusados sexualmente. De ese grupo, en el 55 % de las piezas, las víctimas lucían como niños por debajo del umbral de la década de vida. Y un alarmante 2 % (1,600) eran menores de dos años. Alguien filmó a un adulto abusando sexualmente de un niño menor de dos años para que otro adulto lo viera. Y las cifras continúan: el 44 % del total de videos o fotografías mostraba violaciones o torturas sexuales a niños. Treinta y cinco mil doscientos, la misma cantidad de asientos que tiene el estadio Jorge “Mágico” González, de San Salvador. Hasta el 92 % del total de material pornográfico infantil estaba alojado en sitios de acceso gratuito.

Ahora la investigación de las autoridades debería apuntar a la expareja de Graciela, pero también a aquellos que vieron el video en el grupo de WhatsApp o a través de la página web descubierta por el amigo de la familia. Aquellas personas que dieron aviso a Graciela también podrían ser acusadas, pues tuvieron acceso al material.

Pero estos no son, siquiera, números que reflejan la realidad a escala mundial. La IWF asegura que hasta el 97 % de la data con la que elabora sus informes proviene de Europa y Estados Unidos. Y América Latina es la región con el menor número de reportes a la entidad, apenas alcanza la decena. No existe una institución similar para conocer el tamaño del problema en este lado del mundo.

Con ese panorama, es posible comprender las palabras de Graciela, que considera “un alivio” que su expareja no haya abusado de su hija. Pero la violación de su intimidad y la colocación de su cuerpo en un espacio de consumo sexual han dejado profundas huellas en su vida.

Desde que sucedió, ha estado viendo a un terapeuta por lo menos dos veces al mes: no puede irse de su mente la sensación de que alguien, en cualquier momento, pueda estar viendo su cuerpo. Se siente constantemente vulnerable.

Eso ha desatado un cuadro de ansiedad en la joven, muy parecido, según se le ha dicho a su madre, al de una víctima de violación.

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DEUDAS DE LA LEGISLACIÓN

La difusión de este tipo de material es un golpe fuerte para una víctima menor de edad, pues esta todavía está descubriendo su identidad. Por eso, se ha pensado en múltiples formas de prevenir estos delitos. Una de esas es la de crear una figura muy parecida a la que un sujeto obligado tiene en la ley correspondiente a lavado de dinero y activos.

Eso es lo que recomienda el Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados, con sede en Virginia, Estados Unidos, en su informe “Pornografía infantil: modelo de legislación y revisión global”, publicado en 2012.

Este señala a dos tipos de posibles sujetos obligados. En un primer grupo deben estar personas con actividades profesionales cotidianas que, como resultado de sus responsabilidades laborales, puedan estar “potencialmente expuestos a la pornografía infantil”. Allí se incluye a profesionales informáticos, quienes podrían tener acceso de forma accidental a este tipo de material cuando, por ejemplo, reparan una computadora o un teléfono celular.

El segundo grupo es el de organizaciones o empresas cuyos servicios sean usados para fomentar la proliferación de la pornografía infantil. Por eso, deben ejercer cierto grado de responsabilidad. Aquí están los proveedores de servicios de internet, las empresas de tarjetas de crédito y los bancos. Estos dos últimos se consideran porque quien busca acceso a pornografía infantil puede pagar por ella a través de estas instituciones.

“Debe promulgarse un requisito de ‘notificación y remoción’ en la legislación nacional, y considerarse la creación de protección legal para permitir que los proveedores de servicios de internet puedan denunciar de forma completa y eficiente a la Policía o a otros organismos designados cualquier incidente de pornografía infantil que descubran, incluida la transmisión de imágenes”, dice parte del informe.

En El Salvador, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos aún no contempla esta figura, como tampoco castiga, en específico, la promoción de turismo sexual con menores de edad como víctimas a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esto último ya es una realidad en otros países de la región, como Ecuador.

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

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LA TRAMPA EN LA RED

El vacío legal permitía que una persona solo pudiera ser acusada si cometía el abuso sexual. Padres que se daban cuenta de que esto pasaba entre un adulto y su hijo debían conformarse con la idea de que evitaron algo peor.

El caso más mediático relativo a este delito ha sido el del sacerdote católico Adonay Chicas Campos, quien fue enviado a juicio por, además de sostener relaciones sexuales con un menor, haberlo incitado a hacerlo a través de un chat de WhatsApp. El caso tiene reserva total.

Pero este no es el único que ha llegado a las cortes del país. Hay otros que han terminado incluso en condenas. Ese es el caso de uno ocurrido en San Salvador, del que se omitirán detalles específicos por instrucciones del tribunal de Sentencia que lo vio, pues la víctima es un menor de edad.

Todo comenzó con una inocente rutina de convivencia. Ella llegaba donde la abuela del pequeño para llevarlos a él y a su prima de 14 años a pasear. Él ni siquiera había llegado a la década de vida. Pasaba en esa vivienda mientras su madre trabajaba.

Lo que ni la madre ni la abuela del niño sabían es que, en los recorridos de regreso al hogar, ella le besaba la boca. También lo acariciaba de sus partes íntimas, según explicó el infante en su testimonio.

Ella tenía alrededor de 30 años, dos hijos y un esposo. Él ya contaba con un celular. La mujer le ayudó a descargar la aplicación WhatsApp. Así pudieron estar en comunicación contante. En ese chat ella le decía palabras cargadas de sugerencias sexuales. También había conversaciones inocentes, donde le preguntaba cuál era su serie favorita, qué materias le gustaban más en la escuela, si era fan de los perros o de los gatos. Le pidió, también, que fueran novios. El niño, en su inocencia, aceptó la propuesta.

Un día a inicios de 2017, el infante se enfermó. Estaba solo en casa. Se lo hizo saber a la mujer, que no dudo un solo minuto en acercarse, no sin antes cerciorarse de que, en efecto, no había nadie más en la vivienda. Llego hasta el cuarto del pequeño y se desnudó. También a él le quitó la ropa. Lo besó y acarició. Incluso hubo contacto coital, para el que la mujer se las arregló como pudo.
Al siguiente día, el niño seguía con fiebre y con lo que parecía ser una infección urinaria, pues su madre notó que iba mucho al baño. Luego, se dio cuenta que el celular del pequeño no dejaba de sonar. Lo revisó y vio los mensajes que le había mandado a su hijo la mujer. En estos le preguntaba si le había gustado lo del día anterior. La madre denunció el hecho inmediatamente.

La mujer fue condenada por violación a purgar 14 años de cárcel. Sin embargo, una cámara superior decidió que el delito debía modificarse a otras agresiones sexuales. El castigo se redujo a ocho años. La Fiscalía decidió no acusarla por Corrupción de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad a Través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a pesar de que lo ocurrido cumplía al pie de la letra con la tipificación. Si se hubiera hecho así, la mujer podría haber enfrentado por lo menos a otros ocho años en prisión.

En el juicio donde fue condenada, dijo que ya antes había tenido experiencias parecidas y que nunca la habían atrapado.
El peligro también puede estar en la escuela. Ese fue el caso de los alumnos de Edwin Baltazar Villalobos, quien era profesor en un centro escolar de San Salvador, concretamente del octavo grado. Sus estudiantes, por tanto, eran menores de 15 años.

El hombre, de 40, les pedía a través de su cuenta personal en Facebook que se filmaran o tomaran fotografías de ellos en situaciones sexuales. A cambio, prometía comprarles regalos o ayudarlos con sus notas. Cuando los alumnos accedían a entregarle el material, este los citaba en un centro comercial para darles su regalo.

Ninguno de los alumnos denunció los hechos. El caso llegó hasta la Fiscalía General de la República cuando los padres de una joven de 14 años encontraron su teléfono desbloqueado. Allí se dieron cuenta de lo que pasaba. En la conversación pillada, Baltazar Villalobos le pedía que le enviara videos con contenido sexual. Le ofreció como pago zapatos y ropa de una exclusiva tienda.

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LAS HUELLAS

Fabiola y su madre intentan sobreponerse al golpe que les significó ver su cuerpo desnudo en una pantalla. Es un esfuerzo lento en el que hay semanas de avances y semanas de retroceso.

Sobre todo, a Graciela le interesa que su hija recupere su confianza, que, como las demás jóvenes de su edad, pueda desarrollarse con toda normalidad.

“A mí me aflige que ella no quiera, en un futuro, entablar una relación con una persona que le guste. Ya me ha dicho cosas que me preocupan, como que no se atrevería a estar desnuda con un hombre, en un cuarto, para tener intimidad; que no va a poder dejar de pensar en que la van a estar grabando también allí… Cuánto daño le hicieron a mi hija, y ni siquiera sé por qué. Parece que le quisieron arruinar la vida con algo que parece una broma”, dice Graciela.

La familia no ha decidido si podrá continuar viviendo la vida de antes, en el lugar de siempre. Han pensado, incluso, en abandonar el país. Un cambio rotundo provocado por algo que todavía les sigue pareciendo una mala broma y que impide que Fabiola pueda tomar siquiera una ducha con toda normalidad.

 


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