“Por el puro amor a La Montañona”
El Salvador ha declarado 180 espacios naturales como protegidos. El resguardo de esos 662.43 kilómetros cuadrados de valor incalculable recae en solo 200 personas contratadas por el Estado como guardarecursos. A la par, hay otro ejército de gente que, sin salario, a veces, brinda apoyo como una forma de resistencia ante el histórico desinterés.
Las laderas rocosas, los pinos y los robles de la parte más alta del macizo de La Montañona, en Chalatenango, todavía dan cuenta de que ahí hubo, al menos, 10 incendios durante la primera semana de marzo. Aún es fácil encontrarse con pequeños montículos de ceniza en algunas zonas a pesar de que una alfombra de hojas secas se encarga de ocultar buena parte de esta evidencia.
Cuando se reportó el primer incendio, el 27 de febrero, solo una persona en turno al pie del macizo recibió la alerta: un hombre que no habla mucho y que desciende los senderos empedrados del macizo como si fueran calles planas y bien pavimentadas. Rigoberto Sánchez, guardarrecursos con 15 años de experiencia, subió, solo, a extinguir parte del incendio que se reportó ese día. «Es que si no lo hacía yo, ¿quién más lo iba a hacer?», plantea como dilema.
El cuidado de las 2,700 manzanas de pino, roble y otras especies de árboles está a cargo de cuatro hombres contratados por la Mancomunidad La Montañona, una asociación conformada por los siete municipios que, al pie de la montaña, rodean el bosque. Cuatro guardarrecursos se encargan, entre otras cosas, de la conservación del lugar, que forma parte del área de conservación Alotepeque-La Montañona. Estos hombres no percibieron remuneración por tres meses a raíz del impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) de parte del gobierno central. Por tres meses, trabajaron en el bosque como voluntarios.
En El Salvador existen, hasta marzo de 2021, 200 guardarrecursos registrados. La diferencia entre ellos y los hombres que cuidan el macizo de La Montañona es que los primeros están contratados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Estos 200 guardarrecursos deben, entonces, responder por las 180 Áreas Naturales Protegidas (ANP) a escala nacional.
Una ANP es una parte del territorio nacional establecida para «posibilitar la conservación, el manejo sostenible y la restauración de la flora y fauna silvestre» presentes, según la Ley de Áreas Naturales Protegidas. De acuerdo con el MARN, El Salvador cuenta, hasta abril de 2021, con 66,244 hectáreas de ANP.
El trabajo de un guardarrecursos está explicado en la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP). El artículo 67 define que la finalidad de la Unidad de Guarda Recursos es garantizar «la custodia, vigilancia y control» de las ANP. Además, quienes se dediquen a tal labor deberán ser capacitados y formados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
A pesar de que la misma ley dictamina que el MARN deberá designar personal capacitado para conservar las ANP, el único territorio protegido del país recae en manos de 150 guardarrecursos contratados por el MARN y 50 por el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES).
Resistir desde el abandono
Javier Hernández, ambientalista fundador de Asociación GAIA El Salvador, dice que no es posible dictaminar una cantidad mínima exacta de guardarrecursos necesarios para una ANP porque esto «depende de las condiciones y de la extensión de la región». El ambientalista, sin embargo, estima que solo en un terreno de 70 manzanas, es decir, un terreno de 490,000 metros cuadrados, harían falta cuatro guardarrecursos para garantizar la gestión óptima del lugar.
Siguiendo esta estimación, Hernández asegura que los guardarrecursos actualmente contratados por el MARN tendrían que encargarse de 75 manzanas cada uno para garantizar que el Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP) se encuentre debidamente cubierto. En otras palabras, a una sola persona le correspondería la gestión, mantenimiento y vigilancia de un territorio de 525,000 metros cuadrados.
«Es una estimación que permite ver el vacío de las instituciones en cuanto a personal capacitado para las APN», dice Hernández. El ambientalista asegura que al comparar la cantidad de guardarrecursos contratados por el MARN contra la extensión territorial de las ANP, se puede concluir que algunas de estas zonas podrían no contar con la presencia de un solo guardarrecurso.
Y cuando la máxima institución encargada de velar por los pocos espacios naturales que quedan en los 21,041 kilómetros cuadrados de El Salvador abandona alguno de estos, surgen, dice Hernández, «redes y comunidades que resisten por los últimos territorios verdes que le quedan al país». Así, cuatro guardarrecursos en Chalatenango hacen jornadas de 48 horas para vigilar y conservar un sector que cuenta con ocho ANP. «Lo hacemos por el puro amor a la montaña», dicen.
Vacíos que condenan
El abandono estatal de las ANP también es evidente en la orientación de los fondos del presupuesto general del MARN de 2021. Para el presente año, el estado recortó $334,195 a los fondos destinados al fortalecimiento de las capacidades para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y vida silvestre. El Observatorio de amenazas y recursos naturales también sufrió un recorte de $266,257 en dicho presupuesto.
Luis González, desde la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), opina que estos recortes dejan en evidencia que el medio ambiente no es considerado como tema central para la actual gestión gubernamental. «La agenda gubernamental se centra en seguridad, no así en la protección medioambiental», dice.
Otro de los vacíos en materia de gestión de ANP, según González, es la ausencia de legislaciones o reglamentos completos en materia ambiental. La Ley de Áreas Naturales Protegidas ha existido en El Salvador desde 2005. El documento es enfático cuando señala que las funciones de algunas unidades, como la de Guardarrecursos, se determinarán en el reglamento de la ley. 16 años después, no existe un reglamento aprobado para tal legislación. «Hay falta de capacidad técnica y de voluntad política en la aprobación de políticas ambientales», dice González.
Y son estos vacíos en la legislación, unido a la falta de recursos y de preparación técnica, dice González, los que impulsan a que surjan «líderes y comunidades que hacen las acciones pendientes del Estado, que es quien debería acompañar estas zonas». Agrega que la falta de acreditaciones y legislaciones ambientales hacen que estos defensores no denuncien amenazas o situaciones de peligro.
Para que exista una óptima gestión de una ANP hacen falta, de acuerdo con Javier Hernández desde GAIA, recursos económicos, ética, convicción y voluntad. «Pero no se vive solo de voluntad», dice el ambientalista haciendo referencia a quienes se dedican a la conservación de los espacios naturales en un país que destina, mensualmente, $70,000 a la remuneración de los 200 guardarrecursos que realizan esta tarea. Y, como ellos, otras asociaciones comunales, vecinos y líderes ambientales resisten, desde otras ANP y sin recibir $350 al mes, por los 662.43 kilómetros cuadrados de territorio protegido que quedan.