Narcos Centroamérica (I)

Bien podría ser una serie de Netflix, pero por ahora el guion, crudo, se escribe a diario en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica y tiene todos los ingredientes en los que la ficción televisiva ha basado sus exitosas series sobre narcos.

Hay, en este guion, contrabandistas que se vuelven millonarios con el dinero de la cocaína desde hace tres décadas, gobiernos-piltrafa que no alcanzan a esconder su incapacidad o complicidad en el tema a pesar de sus interminables cortinas de humo y políticos corruptos de todo color. Y hay muertos. Secuestro de los sistemas judiciales y las policías. Impunidad.

Esta es guion del narcotráfico centroamericano, que no existe solo a millas de distancia de las costas de El Salvador o en complicidades aisladas de funcionarios del gobierno hondureño o en los gobiernos departamentales y municipales de la franja fronteriza entre Guatemala y Honduras.

El narcotráfico centroamericano existe, sobre todo, gracias a los estados nacionales que son cómplices por acción, como en el caso hondureño; por omisión y debilidad, como ha ocurrido en El Salvador; o por la combinación de ambos como pasa en Guatemala.

Bastan algunas cifras, divulgadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su último informe sobre la situación del narcotráfico en el mundo, para ilustrar: por el corredor del norte centroamericano pasa entre el 85 y el 90 por ciento de la cocaína que llega desde Suramérica a pistas clandestinas en La Mosquitia hondureña, a playas del Pacífico guatemalteco o ingresa por el Golfo de Fonseca a las carreteras de El Salvador y Honduras.

Por décadas, los tres gobiernos del Triángulo Norte han enfocado su narrativa política, sus recursos y su capital político en combatir a las pandillas MS13 y Barrio 18. Y, mientras lo hacían, el narcotráfico, amparado por agentes de esos gobiernos, creció.

La historia que mejor ilustra este guion, por ahora, es la de Honduras.

La realidad, decía, supera a la ficción: el pasado martes 3 de marzo, fiscales del distrito sur de Nueva York acusaron al hondureño Geovanny Fuentes Ramírez de dirigir una conspiración para la producción de cocaína en Honduras y para transportar esa droga a Estados Unidos. En la acusación, los fiscales aseguran que Fuentes contó con la protección del presidente hondureño Juan Orlando Hernández y de su hermano, Tony Hernández -condenado por narcotráfico.

En corto: según la fiscalía neoyorquina, el presidente de Honduras brindó protección a un narco que tenía un laboratorio donde se producían entre 300 y 500 kilogramos de cocaína al mes.

Juan Orlando Hernández, a través de la cuenta de Twitter de su casa presidencial, dijo lo que ya dijo media docena de veces, cada vez que algún testigo, criminal o los mismos fiscales estadounidenses lo relacionan con el narco: que es mentira, que él no tiene nada que ver.

He reporteado sobre el narcotráfico en Honduras durante los últimos dos años. Ahí, en las montañas de Olancho, de Lempira, en el Valle de Sula, en las fronteras desprotegidas del occidente hondureño, en Copán y Santa Bárbara, todos los indicios apuntan a esto: desde finales de los 90 la transformación de las bandas de contrabandistas en grupos violentos de narcos y del país entero en el principal hub del narcotráfico en Centroamérica ocurrió, en gran medida, gracias a la complicidad activa del estado, que en la última década ha estado en manos del Partido Nacional de Hernández.

Honduras es, hoy, el caso más evidente, pero algo similar ha ocurrido en Guatemala, donde los territorios fronterizos siguen siendo feudo de los grupos locales que controlan porciones estratégicas de las rutas que suben hacia México. De El Salvador siguen saliendo vuelos y cargamentos de cocaína que recalan en Panamá o transitan por el norte hacia Jutiapa, en Guatemala.

Es, todo, solo una parte del guion que escriben los narcos de Centroamérica.