Hace un año el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, declaró «non grato» a Iván Velásquez, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ahora, a pesar de que el comisionado aún permanece en el cargo, tiene prohibida la entrada a ese país. En la primera semana de diciembre, Velásquez brindó esta entrevista en exclusiva. Habla sobre cómo ciertos sectores se comprometen con la lucha contra la corrupción hasta que son investigados. Entonces, el panorama cambia y la CICIG ha ido sumando detractores.

«La declaratoria de persona non grata nos tomó de sorpresa»

Una entrevista de Valeria Guzmán

Fotografías de José Cardona

Iván Velásquez – Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

Iván Velásquez es un hombre que no camina solo por los pasillos de este hotel de San Salvador. Tampoco lo dejan solo cuando brinda una entrevista, o cuando alguien le pide tomarse una foto con él. A su lado, siempre se mantiene un dispositivo de seguridad.

Desde 2013 fue puesto al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esa oficina ha llevado a cabo investigaciones que han revelado los entramados de corrupción e impunidad presentes hasta en la presidencia. Por ello, en 2015, el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti fueron señalados por defraudación aduanera, y Pérez Molina se vio obligado a renunciar a la presidencia. La dupla presidencial se encuentra en prisión actualmente.

La CICIG, acompañada por el Ministerio Público, también ha escudriñado dentro del sistema judicial y electoral y ha descubierto redes ilegales de repartición del poder. Además, a inicios del año pasado, la comisión señaló al hermano y al hijo del actual presidente, Jimmy Morales, por participar en un fraude. Meses después, se solicitó un antejuicio al presidente por sospechas de financiamiento ilícito electoral. Para esa fecha, Morales, quien en 2015 decía apoyar a la CICIG, tardó solo dos días en declarar al comisionado «persona non grata».

Este modelo no afecta la soberanía nacional porque es una comisión de apoyo no de sustitución de autoridades nacionales.

Un año después, a finales de este agosto, Jimmy Morales, apareció en los televisores guatemaltecos diciendo que se cancelaba la CICIG. Es decir, no renovará su mandato en el país y bajo esta lógica, la comisión funcionará hasta septiembre 2019. La escena fue un tanto extraña: Detrás de él, decenas de militares formaron un bloque que funcionaba como fondo para el discurso. En los días siguientes, Velásquez hizo un viaje de trabajo a Estados Unidos. Allá se enteró de una noticia: El presidente Morales prohibió su entrada a Guatemala por razones de «orden y seguridad nacional».

Así, Velásquez está este viernes a solo cinco horas de la oficina que, en teoría, debería estar presidiendo en persona, pero a la cual no puede presentarse. Ha venido a El Salvador a participar en un foro de la Semana de la Transparencia. Tras su intervención, acepta responder una ronda de preguntas de periodistas salvadoreños. Luego, habla en exclusiva con esta revista después de un periodo de silencio con medios centroamericanos.

Aquí explica que la CICIG seguirá funcionando con la figura de un comisionado adjunto, mientras su situación no se resuelva. Admite que la sola presencia de la CICIG en Guatemala no garantiza la lucha contra la impunidad en un país en el que se requiere que la capacidad del Ministerio Público se multiplique, al menos, «por 10».

En El Salvador se ha planteado la idea de una CICIES. ¿Qué tan necesario es el espaldarazo presidencial para replicar el modelo?

La decisión presidencial es fundamental porque esto significa el acuerdo de un Estado con el organismo internacional que se considere. Naciones Unidas en el caso de Guatemala o la Organización de Estados Americanos en el caso de Honduras. Otra cosa es la discusión interna que se genera para que el Gobierno llegue a hacer una solicitud de esta naturaleza.

Ahora usted mencionaba que quienes se oponen a la idea del modelo quieren seguir gozando de impunidad. Aquí se le ha llamado golpistas a las personas que proponen una réplica.

Creo que siempre hay que examinar las condiciones propias del país que quisiera tener una cooperación de esta naturaleza. No sería trasplantar el acuerdo que constituyó la CICIG, traerlo acá y cambiarle simplemente el nombre y los firmantes porque todo es según las realidades nacionales. Lo que creo es que este modelo no afecta la soberanía nacional porque es una comisión de apoyo, no de sustitución de autoridades nacionales. Mientras la investigación y la persecución penal estén en cabeza del Ministerio Público (MP), sea el MP el que toma la decisión de judicializar los casos, las contribuciones que se hacen no implican injerir en los asuntos internos del país.

Algunos afirman que la CICIG afecta la estabilidad política, que repele inversores y que ha afectado a la economía de Guatemala. ¿Qué intuye detrás de esos discursos?

Lo que hay es una forma de defenderse para evitar que la lucha contra la corrupción se continúe y se profundice. No se puede señalar a la lucha contra la corrupción de desestabilizadora… bueno, desestabiliza un estado anormal de cosas, pero lo que pretende es la estabilidad real. No se le podría reprochar que afecte la economía o que reduzca la inversión, a menos que se esté pensando en una inversión basada en la corrupción. Cuando se cuestionan esas investigaciones lo que se está diciendo es que se quiere seguridad, tranquilidad para la inversión corrupta.

En 2016 usted planteaba la posibilidad de un organismo transnacional para atacar los crímenes transnacionales, como la trata de personas y narcotráfico. Dos años después, ¿qué posibilidad ve de organizar algo así?

Creo que siempre es posible, porque la responsabilidad fundamental (sería) de las fiscalías generales de cada uno de los países que participaran en un proyecto de esta naturaleza. Que haya otros organismos de cooperación como el caso de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en Honduras o de la CICIG en Guatemala, es un plus. Pero lo fundamental es que los organismos nacionales lleguen a esa actividad conjunta a generar grupos de trabajo transnacionales que les permita una mayor fluidez sobre todo en el tema probatorio, en aquello que requeriría asistencia judicial que tradicionalmente es como tan engorrosa y demorada.

Empresarios afectados directamente –o que temían verse afectados en el futuro porque sabían qué habían hecho– se comprometieron con la impunidad; en lugar de comprometerse en la lucha contra la corrupción.

No se renovará el mandato de la CICIG en 2019, ¿no le parece que esto va en detrimento de la creación de un organismo transnacional?

No significaría que con eso la idea queda suprimida. No. Inclusive, aún si no existiera la CICIG, es posible que se utilice un mecanismo de esta naturaleza de cooperación entre los países para conformar un grupo conjunto de investigación en temas que afecten a los tres países.

Iván Velásquez

¿Hay manera de trabajar si no se llegara a tener una Fiscalía eficiente?

Es, realmente, más difícil. No digamos que es imposible. Porque nosotros, además, no trabajamos exclusivamente con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Es nuestra principal contraparte y la contraparte natural de la CICIG, pero también trabajamos con fiscalías de delitos económicos, anticorrupción, de lavado de activos o fiscalía de delitos electorales.

El acuerdo Fiscalía-CICIG que dio origen a la FECI permite una colaboración, un aporte también de la CICIG en cuanto a la escogencia de los fiscales y funcionarios de la FECI, porque se requiere que exista una gran confianza en esos fiscales. De manera que podamos nosotros examinar respecto de su trayectoria y de su honorabilidad para ser contrapartes nuestras. Entonces, el que no exista una fiscalía especial no impide el trabajo conjunto con el Ministerio Público, pero sí es mucho más conveniente que esta fiscalía especial exista.

Se ha hablado sobre una nueva Fiscalía Transnacional. Hay una investigación periodística que plantea que la nueva fiscal, Consuelo Porras, está –de alguna manera– compitiendo por casos. ¿Podría comentarme algo al respecto?

Por lo que yo entiendo, lo que ha dicho la fiscal general, la Fiscalía Transnacional estaría conformada por el MP guatemalteco con el apoyo de agencias de Estados Unidos y estaría la participación, –no sé cuál es el avance de eso porque nosotros no tenemos ninguna intervención– también de otros países de la región, probablemente de los países del Triángulo Norte que lleguen a acuerdo de esa naturaleza, pero su finalidad principal tiene que ver, en lo que yo entiendo, con el narcotráfico y fenómenos anexos al narcotráfico. Es decir, no investigaría en temas de violación de derechos humanos o de corrupción, no sería una Fiscalía Transnacional para investigar toda clase de delitos.

Se ha manejado, de manera informal, que sería la respuesta del Ministerio Público a la cancelación de la CICIG.

En realidad, la idea de la Fiscalía Transnacional la ha planteado esta fiscal general antes de la decisión del presidente Morales de que la CICIG no continuara. Por eso entiendo que no es ni una competencia ni una sustitución de la CICIG, sino que es otro mecanismo de cooperación internacional y en este caso solo de Estados Unidos, pero para los delitos en los que, también por su naturaleza, Estados Unidos tiene interés en que sean reprimidos como estos vinculados con el narcotráfico.

En su reciente informe de rendición de cuentas decía que los grupos de poder se van radicalizando, ¿qué síntomas de esa radicalización ve en Guatemala?

Afortunadamente la situación en el país ahora solo está en campañas de difamación o en decisiones gubernamentales, como esta de no renovar o revocar visas. Pero ninguna acción de violencia desde ningún sector, de ninguna naturaleza, en contra de ningún funcionario de la comisión, como se vivió en Colombia especialmente entre 1997 y 1999, que hubo una racha de investigadores de la Fiscalía que fueron asesinados cuando yo estuve como director regional de Fiscalías de Medellín. Una situación similar no la he advertido todavía en Guatemala y esperamos que no vaya a suceder.

La radicalización a la que nos referimos es que asumieron un papel de franca confrontación con la lucha contra la corrupción. Algunos se vincularon, inclusive, a campañas de difamación. Hay una estructura muy bien montada de noticias falsas, de difamación, que también realizan actos de lobby, como lo reveló recientemente Nómada con una entrevista de uno de los encargados de aglutinar empresarios para pagar a lobbistas en Estados Unidos.

Antes, cuando la lucha contra la corrupción no llegaba hasta esos sectores, ellos mismos apoyaron todo el trabajo que se hacía. Se sumaron al paro nacional que hubo el 27 de agosto de 2015 para exigir la renuncia del presidente Pérez Molina. Pero ya después de mediados de 2016, que empezaron a verse vinculados, sobre todo a partir de un caso que llamamos «cooptación del Estado», empresarios afectados directamente –o que temían verse afectados en el futuro porque sabían qué habían hecho– se comprometieron con la impunidad; en lugar de comprometerse en la lucha contra la corrupción.

La CICIG ha realizado investigaciones que involucran al círculo familiar del presidente Jimmy Morales. En el pasado, él decía apoyar a la CICIG y planteó renovar su mandato hasta 2021. ¿Cómo recibieron dentro de la comisión estos discursos?

Cuando el presidente Jimmy Morales fue elegido y solicitó la renovación 2017-2019, con una anticipación de un año y medio, ahí fue que él anunció al secretario general de Naciones Unidas su voluntad de pedir la extensión 2019-2021, lo cual haría en el momento oportuno. Pero después de todo lo que resultó, de tantos afectados con las investigaciones… el propio presidente Morales en las investigaciones por financiamiento electoral ilícito, pues cambió su posición frente a la CICIG. Hay una franca oposición a la CICIG desde, por lo menos, principios de 2017 que se manifestó mucho más el 27 de agosto de 2017, cuando me declara persona non grata y ahora ya como que absolutamente definitiva con esto del 31 de agosto de comunicar que no iba a renovar.

¿Cómo se vivió tras bastidores esto desde 2017 hasta 2018? ¿Se empezó a delegar el liderazgo de algunas cosas?

Pues la declaratoria de persona non grata nos tomó de sorpresa. Entonces, cuando ya se produce la decisión de la Corte de Constitucionalidad ya significaba que todo tenía que orientarse de acuerdo con esas directrices en una discusión del Gobierno de Guatemala con Naciones Unidas. Y era lo que se venía desarrollando y esperábamos que llegara a una conclusión. No estaba dentro de lo previsto que, saliendo del país se prohibiera mi ingreso.

¿Habría alguna manera de procesar por desobediencia a la Corte de Constitucionalidad a los representantes del Gobierno?

Esa es una discusión que está planteada actualmente en la Corte de Constitucionalidad. El presidente Morales, el vicepresidente Cabrera, la canciller, han dicho públicamente que no se permitirá mi ingreso al país. Y ahora está en la discusión si esas manifestaciones constituyen un desacato.

Además, Guatemala ya tiene casos en el pasado de destitución por desobediencia.

Sí.

El 70% estaba de acuerdo con la permanencia de la CICIG, el 10% estaba de acuerdo con que la CICIG no continuara, y la otra franja del 20% es de los indecisos o que no responden. Ahí no se ve precisamente una polarización.

¿Es posible que la CICIG logre dejar algo cimentado que evite la corrupción para septiembre de 2019?

No. Es que ni siquiera con la presencia de la CICIG se podría decir que eso solo basta para que la lucha contra la corrupción sea exitosa.

Pero es un actor que influye.

Sí, es un actor que influye. Que puede lograr que se genere mayor independencia en el Ministerio Público y en el organismo judicial, pero lo que se requiere para una lucha efectiva contra la corrupción es que haya independencia de los órganos del sistema de justicia y una fortaleza de tal naturaleza que exista capacidad de respuesta de esos órganos del sistema de justicia, particularmente del Ministerio Público y el organismo judicial. Para que haya una respuesta cierta contra la impunidad se requiere que la capacidad del Ministerio Público se multiplique, no sé por cuánto, por 10.

Y Guatemala tiene un gran porcentaje del territorio sin oficinas fiscales.

En este momento es cerca del 90 %. De 340 municipios hay fiscalía en 39, tal vez. La fiscal general actual ha dicho que uno de sus programas, y que va a realizar este año, es crear 25 fiscalías más. Lo que Guatemala requiere es que haya una capacidad, por lo menos, de la mitad de los municipios con presencia del Ministerio Público.

Dentro del accionar de la CICIG, ¿qué ha probado ser lo más complicado de establecer: las investigaciones o la propuesta de políticas públicas para evitar que se vuelvan a instalar mecanismos de corrupción?

En los últimos años lo más difícil ha sido la adopción de políticas públicas y de reformas jurídicas e institucionales que se han propuesto. La experiencia con la reforma constitucional del sistema de justicia es una muy reveladora de cómo un gran proceso –que se adelantó con participación realmente amplia de la ciudadanía– finalmente se ha visto frustrado en el Congreso de la República.

Y esto implica que para 2019, que hay elección de nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, se vaya a utilizar el mismo mecanismo del que ya tenemos evidencia. Las comisiones de postulación son muy susceptibles de presiones de influencias e inclusive de sobornos. Como uno de los casos que tenemos actualmente con el Ministerio Público que denominamos «comisiones paralelas». Y precisamente, por no haber reformado la Constitución en 2016, ahora Guatemala se va a ver abocada a un proceso en el que puede ocurrir lo mismo que ocurrió en 2014, que es lo que hemos ido encontrando evidencias: la influencia para que determinadas personas sean seleccionadas y no por sus méritos de idoneidad, capacidad y honorabilidad, sino precisamente por esas influencias; y luego cómo fue repartido entre el Partido Patriota y el Partido Líder el número de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones. Eso es algo que puede ocurrir también ahora en 2019.

¿Ha recibido amenazas o comunicaciones que no son a través de medios formales con el Gobierno?

No.

¿Usted maneja sus redes sociales?

Sí.

Ahí veo que le escriben amenazas todo el tiempo.

Sí, ahí leo algunas cosas.

En una entrevista se planteaba la posibilidad de que usted vuelva a Guatemala, en enero. Esto trajo amenazas en redes sociales, algunos dicen que lo van a quemar. ¿Cómo se plantea el futuro con la CICIG?

Una forma que ya fue sugerida por el secretario general de Naciones Unidas y, efectivamente, se ha venido desarrollando, es la designación de un comisionado adjunto que debe empezar a trabajar desde el mes de enero del próximo año. La presencia de esa comisionada o comisionado adjunto va a permitir desarrollar mucho más fácil, también, la dirección desde afuera. Lo que yo he dicho es: se debe garantizar una forma que impida que la CICIG se extinga lentamente.

¿Cómo va a ser la situación de la presencia mía? Esto es de acuerdo con las circunstancias, cómo se va desarrollando la situación en el país. Algunos quieren llamar, decía usted, por comentarios en redes sociales, a la confrontación. Hay un propósito de polarizar. Yo creo que la polarización es más artificial que real, cuando se piensa, por ejemplo, en esa encuesta de septiembre de este año, que el 70 % estaba de acuerdo con la permanencia de la CICIG, el 10 % estaba de acuerdo con que la CICIG no continuara y la otra franja del 20 % es de los indecisos o que no responden. Ahí no se ve precisamente una polarización.

Veo que tiene fijado en Twitter una canción y frase que dice «Yo vengo a ofrecer mi corazón».

Sí. Eso lo puse en Guatemala.

¿Es una declaración de principios?

Es una declaración de principios. Sí, yo creo que en eso estamos. Estamos en el tema de las convicciones.

Iván Velásquez

 


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