El terremoto del 13 de enero de 2001 les dañó la casa. Ya para entonces, seguir en el trabajo en el que estaba en el área de seguridad le implicaba riesgos. Un segundo terremoto, ocurrido exactamente un mes después, terminó de botar paredes y también dudas. La única alternativa era partir a Estados Unidos para ayudar a su padre enfermo y a sus hermanos menores a reconstruir la casa y a levantar, ahora sí, una posibilidad más certera de mejorarse la vida, porque, hasta ese momento, no había ninguna. Se llamaba Juan Carlos López. Tenía 24 años. Se fue.

“¿Cuánto puede cambiar una persona en 18 años?”, se pregunta Luis López en el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE), una organización de la sociedad civil que es todo lo que su nombre dice y de la que ha llegado a ser director. “Aquí no dejamos de buscar a nadie, no importa si han pasado 18 años, como en el caso de mi hermano, Juan Carlos”.

La migración irregular era en 2001 -es en 2019- un tema que se mide más en las remesas que recibe El Salvador una vez el migrante está en su destino. De las etapas previas, El Salvador no da cuentas claras. Hay cálculos inexactos, subregistro y desinformación. Una nebulosa que se tragó al padre de Juan Carlos y de Luis y a una prima cuando intentaron poner una denuncia por una desaparición que no fue aquí, que fue en un allá que ni el padre, ni la prima, y quizá tampoco el policía que los recibió en ese 2001 conocían bien. Desde un desasosiego al que el tiempo le vació el drama, Luis lanza otra pregunta: “Si el desaparecido en territorio nacional no existe, menos existe el que se ha perdido afuera, donde nadie conoce, ¿qué podían hacer en la delegación de la PNC con un caso de una persona que se desapareció huyendo?”

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ANTE LA SOSPECHA DE UN DELITO, el primer impulso en una sociedad institucionalizada es buscar a la policía. Cuando se trata de migrantes, sin embargo, la policía no hace nada: no puede recibir una denuncia por un delito que en el país no existe. La legislación salvadoreña solo contempla la desaparición si la ejecuta un miembro de un cuerpo de seguridad. El otro delito relacionado es el de privación de libertad, pero, aunque una persona tenga sospechas de que su familiar fue privado de libertad mientras migraba, no le abrirán ninguna investigación, si el hecho sucedió fuera de las fronteras. Así, es inútil, por ejemplo, intentar colocar una alerta de migrante desaparecido en una delegación de la PNC o en una sede de la Fiscalía General de la República.

El tiempo que ha pasado entre 2001 y 2019 no ha sido suficiente como para que en las delegaciones de la Policía Nacional Civil se cuente con un protocolo para guiar a las personas hacia alguna de las tres instituciones salvadoreñas que sí reciben alertas de migrantes desaparecidos. El papá de Luis y la prima rebotaron por varios lugares hasta que llegaron a las oficinas de la INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal), donde pudieron informarle al Estado que su Juan Carlos se fue con rumbo a Estados Unidos, pero nunca llegó.

Esa denuncia en INTERPOL tampoco desató una búsqueda intensa ni sirvió para calmar las angustias del padre de Luis y de Juan Carlos. Les dijeron que la Procuraduría General de la República (PGR) les tenía que hacer llegar un mandato para que ellos empezaran a investigar. Los familiares fueron a la PGR y consiguieron colocar el caso.

La sospecha en ese momento era que Juan Carlos había sufrido un naufragio, y con él también estaban desaparecidos otros 18 migrantes. La respuesta de la INTERPOL fue exponer a esta familia a un conjunto de fotografías de cadáveres rescatados en ríos. Eran cuerpos muy lastimados, en los que no pudieron reconocer a Juan Carlos.

“La primera reacción es pensar en INTERPOL como la oficina regional de la policía. Sin embargo, la institución que realmente está llamada a tener competencia nacional para centralizar los casos es la cancillería. De modo que si la gente llega a un centro policial a reportar una desaparición de migrante, la remisión institucional se debería hacer a la división de derechos humanos de este ministerio”, explica Lissete Campos, asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la institución que ha colaborado con otras para hacer estudios sobre la migración, los desplazamientos forzados y las desapariciones, entre otros.

Para el padre de Luis y de Juan Carlos la búsqueda fue demasiado. Murió un año después de la partida del joven. Una serie de infartos sufridos en diferentes momentos terminó de debilitarle el corazón. Eso y la angustia. “Lo que hicieron con mi familia forma parte de lo que ahora como institución intentamos cambiar: es el trato que se le da al familiar”, explica Luis en 2019, cuando su búsqueda sigue tan activa como la de otras 300 personas más de quienes CONFAMIDE lleva los casos. Los uniforma la ausencia.

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EL AÑO PASADO, a El Salvador ingresaron $5,468.7 millones por remesas familiares. Esto representó un aumento del 8.4 % con respecto a lo recibido en 2017, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva. Las personas que migran, en este punto, cuentan.

Cuando se trata, sin embargo, de intentar obtener un número de denuncias o alertas por migrantes desaparecidos no hay una institución que se atribuya la responsabilidad. Lo explica, desde un punto de vista humanitario, Luis: “A nosotros nos tocó vivir la parte de la migración que no importó, porque no generó ingresos. La que no importó, porque no generó mano de obra; y la que no importó porque, al final, eran personas que no contaban físicamente para el Estado. Todo eso nos generó algo más que dolor, a nosotros todo eso se nos convirtió en coraje”.

Después de constantes exigencias de los afectados que se organizaron, se establecieron tres instancias para alertar sobre la desaparición de alguien mientras intentaba llegar a otro país sin documentos: una oficina de atención al migrante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, las delegaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en todos los departamentos y la sede de COFAMIDE.

Cada una de las instituciones lleva su propio registro y sus propios números. Pero las tres coinciden en dos puntos. Uno es que el subregistro es tan grande que cualquier cálculo se quedará siempre pequeño. Y dos: el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador, que está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

378 fotos impresas

El banco ha sido una respuesta casi providencial al reclamo de los familiares para organizar búsquedas, ganar reconocimiento y apurar justicia. Antes de 2010, no había en El Salvador nada parecido a lo que este EAAF instaló. Y era tanta la sed, que la primera toma de muestras de ADN fue masiva. En una semana, el equipo argentino tuvo que realizar más de 100 tomas. Solo en 2010 quedaron registrados 188 perfiles genéticos de los 906 con los que contaba el banco hasta abril de este año.

Cuando una familia decide abrir un proceso de búsqueda de un migrante desaparecido se acerca a cancillería, a la PDDH o a COFAMIDE. Ahí aporta tantos datos como pueda tanto de la identidad como de la ruta que llevaba el migrante. Tras este paso, sigue la espera.

No todas las alertas terminan en una toma de muestra de ADN. La primera búsqueda se hace en vida. La institución que más facultades tiene para recorrer este primer tramo del camino es cancillería, porque debe activar a sus consulados para que estén pendientes de las novedades en hospitales, estaciones migratorias y centros de detención, entre otros. Su carácter de gubernamental le da credenciales para solicitar a las autoridades de otros países que se movilicen. Así, al menos, en teoría.

En la práctica, no hay nada que sistematice las comunicaciones entre cancillería y el familiar que demanda la búsqueda. Una llamada de una madre o padre angustiado se puede perder en la maraña de extensiones telefónicas de un ministerio. “Es que tampoco el rol de cancillería es ir en la búsqueda, porque el otro país no lo permite. Jugamos contra los tiempos y entiendo que es difícil, pero si el familiar no sabe ni dónde está la persona, se dificulta más, necesitamos pistas”, reclama Tania Rosa, directora de Derechos Humanos de este ministerio.

Si la alerta se coloca en delegaciones de la PDDH, la familia puede contar con apoyo psicosocial para contener los daños de una pérdida de este tipo, pero para hacer la búsqueda en vida, el caso siempre tendrá que llegar a cancillería. Y lo mismo pasa si se coloca en COFAMIDE.

11 años y ocho meses para verla volver

La ventaja de COFAMIDE con respecto a las otras dos instituciones es la empatía. Cada uno de los miembros del comité tiene o ha tenido a un familiar migrante desaparecido. Además, cuando recibe una alerta, activa su red internacional de organizaciones hermanas para que ellas hagan parte de la búsqueda. Pero en caso de necesitar que se haga una coordinación con instituciones gubernamentales de otro país, como hospitales y centros de detención, de nuevo, la de las credenciales es cancillería.

“Es importante que la gente sepa que en COFAMIDE encontrará un abrazo y la calidez, pero la acción de búsqueda inmediata no está ahí. En tema de desapariciones el tiempo es fundamental. Lo que recomendamos es ir a ambos sitios, porque les van a dar cosas diferentes”, de acuerdo con Campos, del CICR.

“¿Qué hacen las demás instituciones por los migrantes en El Salvador?”, pregunta Rosa desde cancillería. La respuesta que da es una extensión de las manos en las que cae la responsabilidad con respeto, por ejemplo, a la promoción de mecanismos de denuncia: “No es cierto, más sí tenemos una ley, que esto sea un mandato exclusivo de la cancillería o de la Dirección General de Migración y Extranjería. Ambas instituciones hacemos nuestro rol de acuerdo a nuestras competencias. Pero ¿y los demás? ¿Quién dice que no pueden ejercer?”

Algunas familias nunca abandonan la idea de un encuentro en vida. Pero hay un momento en que, a escala institucional, se activa la búsqueda de un fallecido. Y entonces hay que tomar un perfil genético, una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN), que es el encargado de contener las instrucciones genéticas de todo ser vivo.

El Salvador, pese a ser país expulsor de migrantes, además de no contar con mecanismos centralizados y claros de denuncia de desapariciones, tampoco cuenta con banco genético. Este servicio está habilitado gracias a la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una institución que ya cumplió 35 años de existencia y que ha realizado proyectos en otros 30 países. Lo forman 70 profesionales y algunos de ellos viajan hasta El Salvador cada vez que se reúne cierta cantidad de familias en disposición de dar el paso hacia la búsqueda de sus familiares entre fallecidos.

Desde 2010, el EAAF ha viajado en 48 ocasiones para tomar muestras de perfiles genéticos de salvadoreños. Así ha logrado reunir 906 perfiles de familiares que buscan a 326 migrantes desaparecidos que pertenecen a 323 familias.

Palabra clave: caballo

Esta es la cuenta más depurada que tiene El Salvador de los suyos que han desaparecido en un intento por alcanzar una mejor calidad de vida. Y es fruto del trabajo de un grupo de argentinos que realiza las tomas bajo estándares sanitarios estrictos, las codifica, las envía a laboratorios especializados en ADN y luego las confronta con bases de datos de restos no identificados en busca de una coincidencia genética.

La mayoría de las muestras, 844, han sido tomadas en El Salvador, en los municipios de San Salvador y San Miguel. Pero el EAAF también ha viajado a otros países en busca de este material de salvadoreños. Tomó tres en Italia, una en México y 58 en Estados Unidos.

El Salvador captó el año pasado remesas de 162 países, pero el 93 % -es decir, $5,098.7 millones-, llegó desde uno solo: Estados Unidos, el receptor por excelencia de salvadoreños, ese lugar al que Juan Carlos se dirigía.

En casi una década, el EEAF ha logrado hacer 48 identificaciones de restos de migrantes a los que sus familias buscaban. A cuatro los encontraron en México y la mayoría, de nuevo, se acumula en Estados Unidos con 44 restos migrantes identificados como salvadoreños gracias al trabajo de argentinos.

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LUIS Y EL ENCUENTRO ANHELADO
Con los años, comenzamos a recibir noticias de mi hermano. Y todas esas pistas nos llevaban a Oaxaca. Varios conocidos nos manifestaron que ahí había una persona igualita a él, pero no estaba en buenas condiciones de la mente. La búsqueda era bien artesanal. Nosotros, como familia, les dábamos fotografías a otras personas que sabíamos iban a migrar a Estados Unidos, así como se fue mi hermano, bien irónico, ¿verdad? Pero así era. Les pedíamos que si lo miraban, nos hicieran el favor de avisarnos.

Con COFAMIDE comenzamos a participar en actividades y pude viajar a México. Andaba en Oaxaca, en Ixtepec, y mientras participaba en una marcha, se me acercaron unas personas solo para decirme que sí, que sí habían visto a alguien muy parecido a la foto que yo portaba, que era de mi hermano. Esta persona andaba de un lado a otro, deambulaba.

Ya en el año 2011, que volví a ir, pasó la misma situación. Y fue que decidimos iniciar el proceso de búsqueda con autoridades de allá, porque ya había mucha pista que se podía seguir. Pero fue hasta en 2013 que volvimos a ir, que ya pusimos la denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros dimos la información y cumplimos con todo lo que nos pidieron.

¿Y sabe qué? Perdieron la información de todo el proceso. No tienen nada.

Pero a nosotros, como familia, nos seguían dando pistas de que ahí estaba mi hermano. Por todo el trabajo que hacemos como COFAMIDE, logramos crear como alianzas. Y fue en 2014 que nos pusimos en contacto con una organización en Oaxaca que se llama Centro de Orientación al Migrante. Varias veces me reuní con la directora de ahí y, en una de esas, ella me mandó una foto de una persona que se presumía era salvadoreño y en la foto parecía que era mi hermano. Pero ¿cómo saberlo solo por la foto? ¿Cuánto puede cambiar una persona en 9, 10, 12 años?

Además, estaba en estado vegetal.

Para esa misma fecha, había en México una reunión del banco forense, donde íbamos a dar los resultados del trabajo que se venía haciendo y pedí que me dieran un par de días para moverme a Oaxaca. Fui para el hospital Valdivieso y ahí lo vi.

Imagínese, ¡sí se parecía a él!

Pero las condiciones de él ya eran muy cambiadas. Después de 13 años sin ver a alguien, sin saber nada, uno en lo que tiene que pensar es en que las personas cambian. Mi hermano se fue de aquí sin tatuajes. Esta persona tenía tatuajes, no de pandillas, pero tenía como una muerte, una calavera y cosas así. De vista, no pude estar seguro de que era él. Tuvimos, ya a esas alturas, que irnos por pedir la prueba de ADN.

En el ADN salió que no era él.

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EL AVANCE QUE HA MOSTRADO CANCILLERÍA durante la última década en el tratamiento de los temas de migrantes desaparecidos no se pueden negar, de acuerdo con la abogada del CICR, Lisseth Campos. Y lista: toman denuncias, activan consulados, integran el banco forense. Sin embargo, la comunicación con los familiares y el trato hacia ellos siguen siendo materias a deber. Igual que la continuidad de todos estos avances. “La debilidad es el soporte jurídico que estos procedimientos tienen, ya que todos se han dado a través de guías y de lineamientos administrativos que corresponden a esta gestión y no hay garantías de que la siguiente los mantenga”.

El 17 de marzo de 2011, los diputados aprobaron la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia. Aunque los especialistas aseguran que la norma se enfoca más en migrantes que regresan por cualquier motivo a El Salvador; desde el artículo 27 al 29, la ley establece una serie de reivindicaciones. Se establece un Programa de Asistencia y Protección, un Proyecto de Consulta y Asistencia Legal, Educación y Servicios de Salud para la Persona Migrante y su Familia, y se crea un fondo especial para pagar los costos de retorno de heridos y repatriación de salvadoreños fallecidos en el exterior. Con ocho años de vigencia, nada de esto cuenta con financiamiento. Y, lo más probable, es que cumpla la década así, ya que no se ha incluido en el Presupuesto General de la Nación de 2020.

“Hay un tema de falta de recursos a la base que es uno de los factores que contribuyen a no hacer más acciones de búsqueda y a que se retrasen los procesos de repatriación de los restos localizados”, explica desde el CICR, la abogada Campos.

Tania Rosa, directora de Derechos Humanos de cancillería, apunta hacia otro lado: “No hay que crearle falsas expectativas a la gente. El que suelten un cuerpo no depende de nosotros. Depende una instancia en la que incide hasta en qué circunstancias falleció la persona”. Rosa cifra el costo de una repatriación entre los $3,000 y los $5,000.

El 29 de abril de 2019, la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior hizo reformas a la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia. Una de las modificaciones que más implicaciones técnicas y financieras tiene es la del artículo 30: “El Instituto de Medicina Legal dispondrá de un banco de perfiles genéticos conformado con muestras de ADN de familiares de las personas desaparecidas, a efecto de facilitar la identificación de estas últimas”.

Entonces, la ley que establece la creación de programas sociales para los que desde 2011 no hay dinero asignado, ahora, en 2019, también incluye la creación de un banco para el que no se ha calculado costo económico ni técnico. Entre los diputados que firmaron esta reforma están: Reynaldo Cardoza, Numan Salgado y Marcela Villatoro.

Los diputados han dejado constancia escrita de que, para ejecutar este cambio, solicitaron opinión a varias instituciones, entre las que se cita a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. “El Estado nunca ha mostrado voluntad para instalar un mecanismo de este tipo y ahora quiere hacerlo con una reforma a la ligera. Nos pidieron opinión, sí, pero lo que dijimos fue que, aunque el equipo argentino no puede suplir para siempre la responsabilidad del Estado salvadoreño, es necesario abrir un espacio para que se dé una transición, con los profesionales argentinos a la cabeza, y no montando todo de la noche a la mañana”, asegura la procuradora adjunta, Beatriz Campos Cevallos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense nació en 1984 y desde el inicio marcó la diferencia al crear procesos para que la participación del familiar de un desaparecido no se limitara a recibir una notificación impresa de la coincidencia o no del material genético. El protocolo con el que trabajan incluye entrevistas para que los familiares aporten información, pero también capacitación en el proceso científico de identificación y cuentan, claro, con un componente de atención mental y emocional.

Para Campos Cevallos, mantener este protocolo es innegociable. “Estas personas merecen una atención digna, ellos nunca abren un duelo ni lo cierran, aunque ya estemos en proceso de identificación de restos, ellos siempre van a esperar ver a su familiar vivo, un mecanismo como este no se monta por decreto”, comenta.

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BERTHILA Y LAS FLORES
Mi hijo, Carlos, se fue a Estados Unidos un 17 de marzo de 2011. Tenía 21 años. En el camino, constantemente me llamaba. El último día que él me habló, me dijo que había comprado un boleto para la frontera y que estaba en la terminal de Monterrey. Fue el domingo 27 de marzo. Él me habló como si fuera la última vez y yo también, como madre, tuve el presentimiento de que algo no estaba bien.

A los cinco días de que él ya no se comunicó, pusimos la denuncia en cancillería. Nos dijeron que iban a informar cómo iba la búsqueda de mi hijo. Pero pasó mayo, junio, julio y no daban ninguna respuesta. Yo les llamaba y no me daban información. Luego, ya dejaron de contestarme.

Decidimos volver a venir a cancillería, la sorpresa fue que cuando dijeron que iban a buscar la fecha en la que había sido enviado el caso a México, se dieron cuenta de que no había sido enviado. Ya habíamos perdido más de tres meses en los que lo podían haber buscado.

Me causó mucha tristeza y enojo, porque nosotros como salvadoreños acudimos a nuestras autoridades con la esperanza de que ayuden; no les vamos a pedir dinero, ni un favor.

Estando ahí en Las Cascadas me enseñaron unos folletos de COFAMIDE. No entendí cómo ellos siendo las autoridades más adecuadas, las que pueden buscar y tienen toda la capacidad, me mandaron a un comité de familiares. Igual, les llevé los datos.

El comité me ayudó, estando ahí conocí la Fundación para la Justicia (y el Estado de Derecho, FJEDD), ellos tomaron el caso de mi hijo. Como a los cinco o seis meses, vinieron los argentinos a tomar muestra de ADN, para mí eso fue bien duro, porque yo no podía pensar que mi hijo estuviera muerto. Yo estaba a cero, deprimida, y decía que por qué me tomaban muestra de ADN. Mi esposo me decía que era porque lo buscaban vivo también.

Un día me hablaron por teléfono. A mí cualquier llamada me ponía mal, me ponía a llorar. Oí que me habló un señor con acento argentino y le corte la llamada. Porque me agarró un solo temblor. Luego me volvió a llamar, me dijo: “Soy Rafa, soy del equipo argentino, usted tiene un hijo desaparecido”. Hablamos y luego contactamos con la procuraduría de acá de El Salvador. Nos fueron a recoger muestras de ADN. A todo esto, ya habían pasado seis meses aproximadamente de que él había desaparecido.

Un mes después de eso, localizaron unos restos que podían ser de mi hijo. Le dieron a México la orden que nos avisara a la familia que lo habían encontrado, pero por aquello siempre de que las autoridades que no toman importancia a su responsabilidad, el caso fue archivado. Con papeles presentados y con el cuerpo de mi hijo ubicado, el caso igual fue olvidado. Fue hasta el año y nueve meses después, que de una oficina de Asuntos Internacionales me avisaron, por medio de la fiscalía, que era urgente que me presentara.

Cuando llegué, preguntaron que si nosotros éramos fulano y mengano. Sí, dijimos. Y comenzaron a explicar que habían encontrado restos en una fosa clandestina en Tamaulipas, y que sí, que uno de ellos era mi hijo. Ahí comenzó la dura batalla.

Para parar todo mi sufrimiento, yo lo hubiera querido hallar vivo. Pero no se pudo. Entonces yo lo que quería era que me lo trajeran ya. Yo quería la repatriación inmediata de sus restos, pero no fue así.

Se hizo un laberinto, las autoridades mexicanas hicieron mal el trabajo desde un principio. Como le digo, ellos al mes, dos meses, ya lo tenían identificado con las muestras de ADN. Pero no lo reportaron a El Salvador, ni a cancillería, ni a nadie. México se quedó con esa información.

Y fue hasta los nueve meses después, cuando ya la Fundación para la Justicia estaba metiendo papeles para allá y para acá, y el Equipo Argentino también hacía lo suyo. Entonces fue que ya empezaron a sacar los casos.

En cancillería no sabían que el caso de mi hijo había sido localizado. Cuando fui a pedir información, el cuadro de mi hijo estaba al fondo y no me creían. “¿A usted quién le ha dicho que lo encontraron?”, me preguntaban bien pésimas. Yo solo veía que buscaban los cuadros y sacaban y sacaban casos. En eso, vi que se puso a buscar en la computadora y me dijo: “Sí es cierto, vamos a preparar para la repatriación”.

Comenzamos este proceso y yo dije, bueno, ya lo van a traer. Ya va a pasar, ya lo vamos a enterrar. Pero a los tres días me llamaron de cancillería, y se hizo aquello tan engorroso, porque querían que llegara a firmar, porque a mi hijo lo iban a cremar, que por motivos de salubridad. Una palabra que yo no me sabía. Decían que podía contaminar. Entonces, no fui. La fundación puso amparos que sirvieron para parar la cremación de mi hijo y de muchas más gentes.

En todo ese proceso, mi estado de salud decayó al extremo, al suicidio, a la depresión, al descuido total de mí, de alimentarme, de cuidar de mi esposo, de todo. Quería morirme, quería de alguna manera llamar la atención para que me ayudara alguien. El comité me estaba apoyando, pero no era suficiente. Mi hijo estaba muerto y luego lo iban a cremar, para mí era algo inhumano.

La fundación tenía el caso, pero me indignaba, me daba mucha cólera el saber que había autoridades y no me ayudaban. En cancillería me dijeron que el caso estaba estancado.

Después de decir yo que ya lo íbamos a traer, vi cómo todo lo fueron retrasando. Yo lo quería aquí ya, pero todo el proceso de repatriación duró tres años y 10 meses. Él vino el 6 de febrero de 2015.

No creo que fuera por motivos de salubridad. A México le conviene y le ha convenido siempre cremar a la gente para borrar toda evidencia. Mi hijo vino en una caja grande, porque así lo pedí, porque mi hijo era alto. Me iba a impactar mucho que viniera en una cajita. Yo en México pude reconocer a mi hijo todavía, por sus pies, por sus dientes, por su rostro, por sus huesos.

A mí eso me hizo tener un poco de paz. Un poco, porque la partida de mi hijo se llevó una parte tan grande de mí. Le dimos sepultura, más que todo yo lo hice como una despedida. él tuvo muchas flores, le regalaron muchos ramos y aquello fue un jardín. Lo que yo deseaba para él. Después de la repatriación yo sentí menos peso. Ya puedo ir a verlo. Doy gracias a Dios, porque sé donde está.

ENTRE EL 1.º DE ENERO Y EL 24 DE MAYO, 272 personas han muerto en un intento por migrar en América, de acuerdo con el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De esas muertes, 110 se registraron en México. Pero pueden haber sido muchas más: “Desde 2014, más de 4,000 muertes se han registrado anualmente en rutas migratorias en todo el mundo. Sin embargo, la cantidad de muertes registradas representa solo una estimación mínima, porque la mayoría de las muertes de migrantes en todo el mundo no se registran”, dice el informe.

Las constantes peticiones de información sobre migrantes no localizados a México obligó a instituciones de la sociedad civil, como COFAMIDE, a reclamar a este país herramientas más accesibles para colocar denuncias. Así nació en 2015 el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano (MAE).

Con esta herramienta, los familiares de migrantes desaparecidos de Guatemala, Honduras y El Salvador ya pueden colocar, en las respectivas embajadas, una denuncia por desaparición sin tener que viajar a México, siempre que el último contacto con la víctima haya sido en ese país. Es una forma más directa de pedir a las autoridades mexicanas que activen la búsqueda.

Desde 2016, el MAE ha recibido 40 casos y ha ubicado a tres personas a quienes, solo por nombre, se ha hallado por medio de una orden de deportación. Aún hace falta la confirmación de identidad. “Lo que hay que ver es que este es un mecanismo que nació impulsado por los mismos familiares, es una respuesta que la sociedad civil buscó. Ha sido un logro de los familiares”, explica Elena Beltrán, de la Fundación Justicia y Estado de Derecho (FJEDD), que es el organismo que ha asumido la representación de los demandantes ante el MAE.

Para Luis, de COFAMIDE, las herramientas como esta van a ser siempre bienvenidas. Sin embargo, el problema es otro. En cada viaje que han hecho a México como institución, ha sido usual encontrar salvadoreños retenidos en estaciones migratorias o detenidos en delegaciones que no se han podido comunicar con sus familiares, a veces, en meses. Y esos familiares tampoco han levantado ninguna alarma. “Es gente que prácticamente tiene a un desaparecido y no denuncia; no lo hacen por amenazas, porque tienen miedo, porque el coyote es el mismo vecino, por un montón de cuestiones en las que está el verdadero problema de la migración actual: la gente no se siente segura”.

No se queda ahí, después de más de 15 años de andar buscando migrantes no localizados, a Luis todavía le queda margen para el asombro. Hay familias que, pese a tener un miembro desaparecido en la ruta migrante, deciden seguir ese mismo camino. “La gente está desesperada. Aquí no vamos a dejar de buscar a nadie, hasta que encontremos aunque sea los huesitos, pero sabemos que la solución no es esa”.