¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía digital?

Esta es la versión interactiva de lo que ya habíamos comenzado a plantear hace un par de meses. Seguimos delineando qué puede ser eso de ser ciudadano digital a partir de un punto importante: qué podemos hacer desde su ejercicio. ¿Por qué esta es una versión interactiva? Porque aunque esta columna se puede ver tanto en la edición impresa como en la digital, la propuesta es dialogarlo con quienes están cerca, con este periódico, en algunas aulas, con la gente de la oficina… en persona o en las redes sociales digitales (con el «hashtag» #CiudadaníaDigital, si les parece). Pero volvemos al punto.

Pongo sobre la mesa esta idea: la ciudadanía digital implica, entre otras cosas, la libertad y la responsabilidad de crear en las redes un espacio de discusión responsable, de aprendizaje colectivo. El reconocimiento del territorio digital compartido que hay que cuidar. También pasa por reconocer que lo que hacemos, opinamos o incluso decidimos influye en un territorio geográfico que posiblemente compartimos muchos en el mundo digital y en el mundo real (dicho lo de «real» solo como opuesto a lo «virtual» o «digital»).

Desde esa lógica de la incidencia en nuestra vida, cabe hablar sobre qué podemos hacer desde su ejercicio. Esta es mi parte favorita: resulta que, como sí busca incidir en instituciones, en el entorno en donde se vive, la ciudadanía digital también implica conocer y ocupar tecnologías cívicas o plataformas tecnopolíticas. Como Decidim. Esta se define como «una plataforma digital de participación ciudadana» que ayuda a tomar decisiones, con la idea de «reprogramar la democracia», gracias a su tecnología libre y segura.

Decidim, por ejemplo, consta de seis módulos para que tanto la ciudadanía como organizaciones e instituciones de Gobierno puedan organizarse a sí mismas de manera democrática. Tienen que ver con planificación estratégica, procesos y presupuestos participativos, iniciativas y consultas ciudadanas, entre otros. Y pueden adecuarse a cada institución: se adaptan a las necesidades que puede tener una organización según su naturaleza y sus objetivos de trabajo. Esta plataforma implica la creación de la tecnología alrededor del usuario.

Arnau Monterde, coordinador de Decidim, decía hace dos años que la democracia no se sitúa solo en la toma de decisiones, sino en la gestión colectiva de algún recurso: el poder intervenir en toda la capa de discusión, de toma de decisiones. Y que eso aplica tanto a organizaciones como a movimientos ciudadanos, que pueden necesitar una reorganización interna para ver qué votaciones pueden potenciarse en tiempo real, o si hay que abrir deliberaciones de propuestas ciudadanas relevantes para la vida de la comunidad. Además, uno de los principios de Decidim es cómo hibridar la participación digital con la participación presencial.

Debemos apostar a tecnologías que, como Decidim, reconozcan que en nuestros países no todo puede hacerse únicamente en lo digital, y que nos ayuden a potenciar lo mejor de ambos mundos. Que faciliten la participación digital de quienes por distintas razones no pueden salir de sus casas o de sus municipios, pero que sí quieren ser parte de una votación o de una asamblea.

Busquemos plataformas digitales enfocadas en quienes las usamos, que protejan nuestros datos y que promuevan la transparencia de los procesos. Hay tecnologías enfocadas, por ejemplo, en la creación artística o en el seguimiento a nuestra propia salud. Hacernos cargo de estas pluralidades también es parte de sabernos ciudadanos digitales. Y, en específico, la propuesta ahora es concientizarnos sobre esas tecnologías que pueden mejorar nuestra toma de decisiones para incidir en nuestra calidad de vida. Ese es un uso político de estas herramientas. Y ahí nos acercamos a las #Redestecnopolíticas y a su aporte de la ciudadanía digital.

Altas expectativas

Las comparaciones son odiosas, pero el ambiente, el ansia de cambio y la esperanza que se respiran, solo me recuerda a junio de 2009. Salvando las distancias, el gane de Mauricio Funes significó para muchos la posibilidad de que las cosas no seguirían igual, de que la situación del país, y la suya propia, cambiarían. La alternancia había llegado finalmente a El Salvador, después de la firma de los Acuerdos de Paz, y tener en el poder al partido de las reivindicaciones sociales, con el rostro de un joven periodista que nunca temió decirles sus verdades a los poderosos, fue para cientos de miles motivo de celebración y de emoción, de alegría hasta las lágrimas.

No voy a ahondar en la decepción que fue precediendo, poco a poco, a este sentimiento de esperanza. Diez años después, cientos de miles vuelven a ver renovada la posibilidad del cambio: Nayib Bukele ganó la presidencia ofreciendo romper el bipartidismo, alejándose de las ideologías preponderantes y manteniendo un discurso en el que se satanizó a «los mismos de siempre» y lo que ellos significaban –corrupción, incapacidad, arreglos oscuros bajo la mesa–. La población le compró la oferta y ahora tenemos un presidente que, incluso dentro de su mismo Gabinete, no se casa con ninguna corriente político-partidaria.

Claro que hay cosas del nuevo presidente que preocupan a diferentes sectores. A los periodistas, por ejemplo, nos enciende las alarmas su aversión a las entrevistas y su preferencia por usar canales unilaterales, como su cuenta de Twitter, para «informar». Hay que recordar que los cuestionamientos, la contraloría social y la rendición de cuentas son elementos indispensables para que nuestra incipiente democracia funcione, pero aún es muy pronto para saber si, ya en el cargo, el gobernante finalmente se abrirá a las preguntas de los medios, sean de la tendencia que sean.

Pero en medio de todo, lo que más abunda son las altas expectativas. Nuestra gente está, de nuevo, esperanzada. Bukele es un rostro fresco que ha ofrecido hacer la diferencia y las grandes mayorías le han creído. Ahora, con estas altas expectativas, al recién asumido jefe de Estado no le queda más que trabajar para tratar de cumplirlas.

Es justo, sin embargo, aclarar que Bukele llega al Ejecutivo con un reducido margen de maniobra. ¿La razón? Falta de dinero. El presupuesto de 2019 ha sido el más alto aprobado en la historia del país, pero porque la mayor erogación que se hará será el pago de deuda: $1,400 millones, como mínimo. A esto hay que agregarle lo que los economistas llaman «rigidez presupuestaria», el dinero está allí, pero no se pueden hacer mayores cambios en su destino, porque ya hay compromisos que no se pueden desatender.

De cada $100 del presupuesto, aproximadamente $55 ya están comprometidos en gastos como las remuneraciones de los trabajadores del aparato estatal. Otras asignaciones, como el FODES para las alcaldías, y el 6 % de los ingresos corrientes para el Órgano Judicial, hacen que se reduzca la parte del pastel de la que el Ejecutivo, a través de su Ministerio de Hacienda, puede disponer para definir sus políticas.

Además, buena parte de este presupuesto ya fue ejecutada por el gobierno saliente, mientras que las necesidades siguen allí. Como ejemplo, el Ministerio de Agricultura dijo la semana pasada que solo habían comprado la mitad de la semilla mejorada que se necesita para los paquetes que entrega a los agricultores. El resto la deberá adquirir la nueva administración. Y este es apenas uno de múltiples casos que seguramente encontrará el nuevo Gabinete.

En una columna anterior hablábamos de las urgencias que encontrará el nuevo gobierno: desabastecimiento en salud, problemas en el sistema público de educación, delincuencia e inseguridad, una bomba de tiempo en las pensiones, el eterno mal del bajo crecimiento económico y todo esto, con una deteriorada situación fiscal, que requerirá que Bukele y sus funcionarios sean altamente creativos.

Más allá de si usted está o no de acuerdo con el estilo particular del presidente, nadie quiere que se repita la historia, y nadie debería desear que le vaya mal, porque si esto pasa, quienes lo pagaríamos seríamos, allí sí, los mismos de siempre.

El Chaparral, monumento al fracaso

Es como avistar un ave en peligro de extinción. El Estado rara vez aparece en áreas inhóspitas como las montañas del norte del país. Su presencia se limita a escuelas precarias y unas cuantas calles pavimentadas. Y cuando se asoma lo hace para mal, usualmente para hacer más complicada la ya complicada existencia de la gente. Eso ocurrió con el fracaso al que han denominado “El Chaparral”. El Gobierno llegó al norte del departamento de San Miguel para edificar una central hidroeléctrica. El plan implicaba reubicar gente, talar parte de un territorio boscoso y cambiar el paso del río Torola. La idea generó recelo desde el primer momento en las comunidades y en el padre Antonio Confesor Carballo. El Gobierno fue visto por los moradores de aquellas montañas como un ave de mal agüero.

Muchos los tildaron de locos por oponerse “al desarrollo” y a un “proyecto de país”. Algunos de estos pobladores ni siquiera tenían energía eléctrica en sus casas. Eran los últimos meses del año 2008. El tiempo les terminó dando la razón. Si algo ha quedado claro en la década que ha transcurrido desde que empezó el proyecto es que todo fue un fiasco. Desde los estudios previos durante las administraciones de ARENA, el inicio de la construcción en la presidencia de Antonio Saca, hasta los dos periodos consecutivos del FMLN. Un millonario fiasco que representa muy bien al Gobierno salvadoreño, sin distinción. En un inicio, la obra costaría $219 millones, pero ha terminado valorada en $400 millones, y con un caso abierto en la Fiscalía General de la República (FGR), relacionado con presuntos actos de corrupción.

La primera vez que fui al sitio donde construyen la represa era mayo de 2010. Un funcionario de la CEL decía, confiado, que El Chaparral comenzaría a funcionar a mediados de 2012. Las lluvias de la temporada comenzaban a llegar con más frecuencia a esos cerros apartados. Era un día gris y una leve llovizna inició a las 4 de la tarde. Un campesino llamado Porfirio Díaz observaba el ruidoso ir y venir de las máquinas en esas montañas donde siempre había reinado el silencio. Había algo de tristeza en su mirada. La CEL le ofreció reubicarlo y construirle una casa, pero prefirió quedarse cerca de donde vivía. Compró unos terrenos en un cerro cercano y miraba como las montañas donde había vivido eran heridas por la maquinaria.

Regresé al sitio un mes después y todo era distinto. La actividad era casi nula. Aquello era la crónica de un abandono. Un italiano fanfarrón de la empresa italiana Astaldi explicaba que el cese de obras se debía a que las fuertes lluvias de la tormenta tropical Agatha habían inundado todo y que la montaña de un margen de la presa se estaba moviendo. Un argumento que en la misma junta directiva de la CEL nunca tuvo mucha validez. Ese sería solo el comienzo de un penoso litigio que conllevó el paro de las obras, el supuesto pago de sobornos para rescindir el contrato en la administración Funes, el rediseño de El Chaparral, que el costo –ya caro desde el inicio para una generación de 66 MW– fuera incrementándose, y que más de una década después aún no exista una represa.

No hubo ni una sola mención a El Chaparral en la presentación del informe “El Salvador productivo, educado y seguro 2014-2019” del presidente Sánchez Cerén. Un fracaso no solo de esta administración sino de, por lo menos, las últimas tres. El costo final del proyecto es un insulto a la ciudadanía. En un país con tantas necesidades, con tanta hambre, se debe cuidar hasta el último de los recursos disponibles. Es una burla para los habitantes de San Antonio del Mosco, Carolina, San Luis La Reina y todo el país. Ahora se proyecta que la obra esté lista a finales de 2019. Si es que se termina algún día, El Chaparral debería de llevar una placa que ilustre que se logró su construcción a pesar del mismo Gobierno.

Un país que se silencia

Vivimos en un país que silencia sus tragedias y sus errores. Que se hunde en una violencia que inicia sutilmente con palabras y acciones que aparentemente son inofensivas, pero que se desborda y se degrada con el paso del tiempo. La violencia que nos aflige también nos avergüenza porque se origina en los hogares y es ejercida por parejas, padres, madres y parientes. En esos espacios, en donde los niños y las niñas deberían aprender de protección, amor y respeto, lamentablemente predomina el silencio y el ocultamiento.

Esa violencia inicial proviene del sistema patriarcal que domina las creencias y las formas de operar de esta sociedad y del mundo desde hace milenios. El patriarcado tiene a la base la creencia de que un hombre puede dominar la tierra, a las mujeres y a sus hijos e hijas. Esto se traduce en control, autoritarismo y violencia verbal, física y sexual; y se practica en los hogares trasladándose luego a otros ámbitos de la sociedad. Quien niegue esto no conoce la historia, ni la inmensa cantidad de personas que han sufrido trauma a causa de esta forma de ver al mundo.

En los últimos 50 años, la psicología ha realizado importantes avances acerca de cómo el trauma que no se habla y no se sana a través del cuerpo mantiene un control tóxico sobre la persona afectada y también sobre aquellos con los que se relaciona.

Frente al silencio el psiquiatra especialista en el tratamiento del trauma, Bessel Van Der Kolk manifiesta: «Creemos que podemos controlar el dolor y las aflicciones emocionales, el terror o la vergüenza permaneciendo en silencio, pero el nombrar nos ofrece la posibilidad de gestionarnos de forma diferente… Si has sido herido, necesitas reconocer y nombrar lo que te sucedió… porque mientras mantengas secretos… estarás fundamentalmente en guerra contigo mismo».

La salvadoreña es una sociedad que, por lo general, evita sentir o recordar los momentos de dolor. Y a pesar de las recomendaciones de psicólogos sociales acerca de la necesidad de reconocer y procesar las pérdidas, hemos hecho muy poco desde lo político, social y religioso, para ayudar a los ciudadanos a darle sentido a lo que hemos vivido en diferentes momentos trágicos de la historia del país. Es imposible olvidar a las víctimas y al abuso. Olvidar significaría castrar partes que, aunque dolorosas, forman la vida y experiencias de una persona.

Lamentablemente hacemos muy poco para comprender las razones personales y colectivas de la violencia y cómo esta ha carcomido la vida y el alma de buena parte de los ciudadanos. Somos una sociedad dañada, donde las heridas físicas logran sanarse, pero las marcas emocionales y mentales, que se expresan principalmente en el cuerpo con dolores y enfermedades crónicas, quedan latentes y listas a explotar a la menor provocación externa.

Los adultos nos relacionamos desde esas historias pasadas que al no ser reconocidas siguen controlando, desde la sombra, nuestras vidas. Salir de ese esquema en el que se ejerce la violencia cotidianamente, donde golpear, abusar de menores y de mujeres, irrespetar las leyes y aprovecharse de otros se perciben como símbolos de «audacia», requiere de múltiples actores y acciones en todos los niveles de la sociedad.

Necesitamos darle sentido al pasado, nombrar el dolor, los hechos y las pérdidas, hacerlos parte de la historia viva del país y de cada familia. Solo así tendremos la oportunidad de imaginar y narrar un nuevo y mejor futuro en el que podamos, en algún momento, iniciar la reducción de la violencia. Y desde el espacio externo avanzar y sanar la intimidad de los hogares. Señales claras de respeto a la dignidad de todos los salvadoreños, sin distinción, es lo que necesita este país.

Cinco peticiones al presidente electo

Hace un mes en esta columna intentamos acercarnos a la idea de la ciudadanía digital. ¿Podemos pensar en una ciudadanía desde ese ‘territorio’ sin tierras ni fronteras? ¿Podemos hablar de esto en un espacio en donde no requerimos de ningún documento de identidad que nos muestre el arraigo que tenemos por un país o algún tipo de afiliación ante algo?
La propuesta de este espacio es que sí.

A partir de ello, desde esa intención, apelo desde mi ciudadanía digital y la hilo con mi ciudadanía salvadoreña para solicitarle cinco cosas, cinco cuidados o cinco aciertos a la futura Presidencia de la República de El Salvador.
Una, la apuesta por un Estado abierto. Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnología deberían ser los pilares de la manera de trabajar por parte de los tres poderes del Estado, pero también de sus diferentes instancias, más la misma manera desde las organizaciones ciudadanas, las empresas privadas y las academias. Porque es una responsabilidad colectiva. Nadie se escapa a esto y son estas tecnologías digitales que, convertidas en tecnologías cívicas, son fundamentales para lograr mayor participación, mayor contraloría y mayor incidencia en las políticas públicas de cada país.

Dos, alfabetización informativa para crecer como ciudadanos. Debemos promover espacios para educarnos en cuestiones de uso de las redes sociodigitales, de cómo podemos cuidar la privacidad de nuestros datos para que estas tecnologías nos ayuden a ser más humanos; no es solamente aprender a leer (libros y periódicos), es aprender juntos a ocupar esa información que recibimos por cualquier medio para incidir en nuestra polis, en nuestra ciudad, en el espacio público (digital o no) que compartimos entre todos. Qué hay que resolver, cómo lo podemos arreglar y cuál es nuestro orden de intervención.

Tres, aprovechamiento de la tecnología para acercarnos a la cultura, al goce, al entretenimiento. Es reconocer que, aunque no todos tenemos acceso a estas redes, sí pueden funcionar para acercar murales de Camilo Minero, poesía de Roque Dalton y Claudia Lars, el Museo de la Palabra y la Imagen a nuestros 262 municipios. Reconocernos como salvadoreñas, como salvadoreños en el exterior, desde nuestras instituciones de Gobierno encargadas de la cultura, pero también desde otras iniciativas ciudadanas que pueden ser apoyadas por las instancias oficiales.

Cuatro, ética en el espacio público digital. Que nos propongamos todos cuidar lo que decimos. Que tomemos conciencia que construimos país, construimos el ambiente en que crecerán nuestros hijos y en el que vivimos nosotros también a través de lo que tuiteamos, lo que facebooqueamos o lo que instagrameamos. Que procuremos recordar que #LasPalabrasSonSemillas.

Cinco, apuesta por las #RedesTecnoPolíticas. Apostarle al diseño y la construcción de tecnologías para que el centro sea la comunidad que se crea alrededor de ellas; que, como ciudadanas y ciudadanos, aprovechemos un círculo virtuoso al tejer redes sociales físicas, humanas, institucionales que realmente incidan en nuestras comunidades políticas físicas, en nuestras colonias, en nuestras calles con la ayuda o la mediación de las redes sociales digitales, tecnopolíticas.

Es la apuesta eterna desde este espacio por la inteligencia colectiva, la cocreación y la participación ciudadana. Es reconocer el derecho humano de que el conocimiento debe ser libre y accesible. Porque es desde ese conocimiento que podemos construir un mejor país. Porque el país lo construimos entre las voces de todos. Entre quienes tuitean y entre quienes nunca entrarán a una red sociodigital. Entre todos. Aprovechar las tecnologías digitales para un Estado abierto va más allá. ¿El nuevo gobierno apostará por algo de ello? Para mientras, yo vengo a ofrecer mi #CiudadaníaDigital.

Urgencias

Imagínese que enorme responsabilidad: tomar las riendas de un país, ser en buena parte el responsable de la definición de políticas que afectarán la vida de casi 10 millones de personas –porque además de los 6 millones de aquí dentro, están 3 millones allá afuera–.

En un escenario ideal, la transición de una administración a otra en el Ejecutivo sería un proceso ordenado, meticuloso y sistemático. Cada cartera tendría que haber preparado, desde mucho antes de las elecciones, un informe con el estado de las cosas. Este informe debería incluir detalles sobre el funcionamiento de cada ministerio o institución, desde su organigrama hasta la planilla, así como el estatus de ejecución de los proyectos, su programación de desembolsos y, finalmente, las recomendaciones, debidamente justificadas, de todo aquello a lo que se le debería de dar seguimiento.

En otros países esta es una costumbre que, sin estar plasmada en ninguna ley, se cumple con rigurosidad. Al final, se trata de hacerle un bien al mismo país: una transición ordenada y un traspaso de mando transparente y con suficiente información para quienes asumen hace que se reduzca el tiempo y el costo de la curva de aprendizaje.

Dejarle la mesa desordenada al que viene no beneficia a nadie. Talvez, y solo talvez, a quienes tengan algo que ocultar. Por lo demás, que los que lleguen a ocupar los cargos deban empezar de cero implica una inversión de tiempo y recursos que podrían destinarse a cosas más importantes.

En El Salvador, el 1.º de junio próximo el presidente electo y su Gabinete asumen un país por demás complicado: altos niveles de delincuencia, una tasa de homicidios que ha aumentado en el último mes, una economía con un crecimiento muy débil –2 % anual, cuando lo deseable para mejorar las condiciones de desarrollo humano de la población debería de ser al menos el tripe de esto–, corrupción en todos los niveles del Estado, hospitales sin medicamentos, escuelas desmanteladas y asediadas por pandillas y la lista podría continuar y continuar…

Y, bajo todo esto, un problema transversal que complica y limita el margen de acción del nuevo Ejecutivo: unas finanzas públicas deterioradas, con un alto nivel de deuda y una rigidez presupuestaria que hace difícil maniobrar el destino de la mayoría de los recursos que llegan a las arcas del Estado.

Este problema financiero ha hecho en el pasado que se deje de pagar obligaciones con proveedores, muchos de ellos pequeños y medianos, y también con los fondos para pensión. Este último problema se dio en 2017, cuando el Ejecutivo no canceló a tiempo las cuotas pendientes con estos fondos, formados por los ahorros para retiro de cientos de miles de trabajadores. El resultado fue que la calificación crediticia del país se degradó a niveles de “bonos basura”, algo que aún no se logra corregir del todo.

El Fondo Monetario Internacional lleva años promoviendo una corrección a las finanzas estatales vía una combinación de medidas de recorte de gasto y aumento de ingreso. Por el lado del gasto, propone congelar plazas y aumentos, revisar escalafones y aplicar metas más restrictivas de deuda y déficit. Para aumentar el ingreso, la fórmula del fondo incluye el aumento del IVA y la creación de un impuesto predial. Estas medidas, ampliamente impopulares, no han sido retomadas ni desde el Ejecutivo ni en la Asamblea Legislativa, a excepción de los escalafones para el sector salud, que simplemente no se incluyeron en el presupuesto desde 2017, y desde entonces se ha aplicado en apenas un 3 % de incremento.

La parte fiscal es una de las urgencias que deberá atender la nueva administración para tener cómo hacer frente a todo lo demás: asegurar servicios públicos de calidad, sobre todo en el área social, para beneficiar a los más pobres y vulnerables, a la vez que se atiende desde las políticas públicas el serio problema de criminalidad. Y todo esto habría sido más sencillo, al menos más barato y más rápido, con una adecuada transición.

El señor presidente

Estaba en todos los lugares, pero, a su vez, en muy pocos. Sus apariciones eran esporádicas y sus palabras medidas. Como si un gato esquivo gobernara al país. La gente se lo imaginaba sentado en las sombras cavilando su política y su venganza. Porque todos tenían que estar con él. Si no era de ese modo, los opuestos serían escarmentados; de preferencia, públicamente, mientras él seguía operando todo desde un lugar desconocido. Su poder era, en parte, por su propio silencio. Como casi nunca se oía su voz, la gente fue llenando ese vacío con su mito. El origen de tantísimas leyendas. Este poder omnipresente era el personaje principal de la obra “El señor presidente”, de Miguel Ángel Asturias. Inspirada en la Centroamérica del siglo pasado, pero que parece guardar tantas similitudes con la actual.

A primera instancia parecen dos mundos diferentes, pero el objetivo principal de los presidentes es el mismo: que siempre hablen de ellos. Sin importar el tema y bajo cualquier circunstancia, permanecer en la mente de los gobernados. Por supuesto que ahora el silencio ya no es una opción. Al contrario, es opinar de todo. Despojarse de cualquier actitud huraña y buscar siempre la luz de los reflectores, como si la vida fuera una perpetua puesta en escena.

Claro, Centroamérica y el mundo han cambiado en los últimos 100 años, cambió la percepción del paso del tiempo, la comunicación y los medios. Se compite por atención en un ruidoso mundo donde todos gritan por unos cuantos segundos de fama. Entonces el presidente se vuelve un producto más en el mercado de pregoneros.

No es fácil mantenerse en la cima. Siempre en disputa del último tema en boga. Al final de cuentas, la comunicación sí es más horizontal que en el pasado. Antes, como ahora, funciona apuntar enemigos, fabricar polémicas. Para los presidentes de antaño era el comunismo y los sujetos subversivos, ahora es la oposición política, periodistas independientes o cualquiera que ose llevar la contraria. Si no hay noticia, crearla.

Quejarse es una popular forma de afrontar lo que acontece en el día a día. Algo que parece sacado del libreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y como ha afrontado su primer mandato en la Casa Blanca. Siempre polémico y en boca de todos. Esto redunda en una permanente presencia en el espectro de los medios tradicionales y los digitales. No hace falta dictar un largo discurso cuando las frases vienen como píldoras diarias.

Para rematar, algo que hermana a los presidentes de las dos épocas: proponer grandes obras de infraestructura que en un principio parecen inalcanzables. “El señor presidente” de Asturias fue inspirado en el guatemalteco Manuel José Estrada Cabrera. Pero para los que nacimos y hemos leído la obra al oriente del río Paz, ese personaje sin rostro era Maximiliano Hernández Martínez. Un presidente que se refugiaba en su esoterismo y la búsqueda de magia mientras implementaba políticas de mano dura. Sus discursos no eran grandilocuentes ni mucho menos. Pero fue lo suficientemente hábil para tejer una red que le permitió gobernar por años.

La comunicación a cuentagotas fue parte de su estrategia, como ahora lo es copar los medios hasta con trivialidades. La única comunicación política que es funcional es la que está ligada a alcanzar o sostener el ejercicio del poder. En “El señor presidente” no hay ninguna mención a Estrada Cabrera, supongo que Asturias asumió que cuando todo se centra en una sola persona, no hace falta mencionarla.

Diálogos interiores

La inteligencia positiva (PQ) es un concepto creado por el psicólogo y profesor de la Universidad de Stanford, Shirzad Chamine, resultado de su trabajo de más de 20 años acerca de la relación entre el cerebro sobreviviente (racional y responsable del mecanismo del estrés) versus el cerebro creativo (evolucionado e inteligente). Chamine estableció que la inteligencia positiva es un indicador del «control que una persona tiene sobre su mente y qué tanto trabaja para su bienestar y no para sabotearla».

El psicólogo explica cómo el cerebro sobreviviente pretende protegernos de los peligros del entorno; mientras que el creativo busca ofrecernos alternativas constructivas a los desafíos que enfrentamos. Para comprender esta relación, desarrolló una tipología de 10 saboteadores que habitan en el cerebro sobreviviente, así como la voz sabia que se desarrolla en la parte creativa y evolucionada.

Los saboteadores se presentan en forma de «diálogos internos» autogenerados que nos hacen juzgarnos a nosotros y a los demás de formas rígidas e inflexibles, o que nos llevan a buscar el control y el perfeccionismo, a complacer constantemente y sin capacidad de establecer límites a otros, a hiperracionalizar lo que nos sucede, a buscar logros de forma excesiva y a la hiperresponsabilidad. Las intenciones de esas voces, en principio, son positivas porque buscan obtener la aceptación de las primeras relaciones, fundamentales en la vida de un menor, y protegernos frente a los retos que generan las relaciones con los demás. Lamentablemente aparecen cuando aún no somos maduros emocionalmente y, si bien nos protegen en nuestros primeros años de vida, cuando alcanzamos la edad adulta se transforman en mecanismos de defensa, difíciles de reconocer, que bloquean la potencialidad de las personas.

Generalmente, esos diálogos nos llevan por rutas poco saludables de exigencia hacia nosotros mismos y hacia los demás, contribuyendo a complicar las relaciones y a drenar nuestra energía. El cerebro, que representa el 2 % del peso corporal de un individuo, utiliza el 20 % de la energía que se produce en el cuerpo y, muchas veces, esta se desperdicia cuando no se puede reducir ese incesante diálogo de la mente sobreviviente que busca activamente peligros y amenazas, reales o imaginadas.

En un mundo que constantemente se presenta amenazador, en el que se cree que lo más importante es «hacer» y «tener», y en donde el concepto del tiempo se percibe como un recurso limitado, la mayoría de las personas observan la vida a través de los lentes del cerebro sobreviviente, que las lleva a permanecer con altos niveles de estrés y en modo de lucha o de huida; silenciando, además, al cerebro creativo que tiene mejores herramientas para responder a los desafíos.

En la actualidad, disponemos de estudios científicos y psicológicos que facilitan la comprensión de estos mecanismos; así como la conexión entre las diferentes partes que conforman nuestra esencia humana. El desarrollo de la inteligencia positiva, tal como lo propone Chamine, requiere de una atención plena y de la respiración consciente que facilitan a la persona adulta observar y reducir el diálogo tóxico del cerebro sobreviviente; aumentando, en cambio, esa voz sabia y evolucionada del cerebro creativo, que responde desde un lugar de recursos e innovación.

Para conseguirlo es fundamental detenerse, dar un paso atrás, observarse y reconocer esas voces saboteadoras que han dirigido la vida de los individuos y de la civilización en la que vivimos, que frente a las amenazas responde con guerras y violencia. Es relevante aceptar la existencia de esos viejos mecanismos para sobrevivir, y abrazar consciente y activamente las posibilidades constructivas y pacíficas que también posee nuestro cerebro.

La ciudadanía digital

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue detenido el jueves 11 de abril por la mañana. Katie Bouman, informática, ha liderado un equipo que trabajó varios años para que desde el miércoles 10 tengamos una foto única de un agujero negro. Estas dos noticias son algunas de las más impactantes de la semana. O quizás, al menos, sean de las más útiles para pensar en qué es o qué debería ser la ciudadanía digital.

La condición de ciudadanía debería estar asociada a la pertenencia a una comunidad, a un territorio geográfico, y a los derechos y deberes que nos corresponden según esa pertenencia. ¿Entonces por qué podremos apostar por una ciudadanía desde ese ‘territorio’ que en realidad no tiene tierras?

Una de las definiciones posibles la dan Alejandro Natal, Mónica Benítez y Gladis Ortiz, que la asocian con las prácticas políticas y ciudadanas que se ejercen a través de las tecnologías digitales para incidir en instituciones. Y bueno, también se refieren al uso de estas por grupos o movimientos para difundir ideas o retar a algunos sistemas sociopolíticos. O cómo los artistas crean nuevas estéticas en las relaciones con los entornos.

Quizás sea aventurado relacionar estas ideas con Assange y Bouman. Ojalá que no. Verán, WikiLeaks «es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro, que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes» (según nos dice Wikipedia), por lo que aplica a las prácticas ciudadanas que usan tecnologías digitales para retar sistemas sociopolíticos. Es decir, filtra información a través de la web como una manera de denuncia. ¿Voy bien, no? Assange y WikiLeaks son ejemplo de ciudadanía digital.

Con Bouman quizás es más aventurado. Pero creo firmemente que aquí hay un uso de la ciencia para crear arte. Ocho telescopios, más de 200 investigadores y 13 institutos crearon una imagen que nos acerca al estudio de los agujeros negros. Es la pura inteligencia colectiva: la cocreación, la participación, el poner nuestros saberes al común para utilizar la tecnología digital en favor del conocimiento.

Creo, además, que decenas de personas han hecho en estos días otro trabajo importantísimo de ciudadanía digital: han asumido los derechos humanos ante el conocimiento. Nos acercan a él a través de sus blogs personales, de sus publicaciones en redes sociales para explicarnos los riesgos o la magia de cada caso. O a través de las actualizaciones en Wikipedia, que implican, justamente, la libertad y responsabilidad de crear un espacio de discusión responsable, de aprendizaje colectivo.

Ahora muchos hemos podido ver «de cerca» un agujero negro, cuya gravedad no deja escapar ni la luz. [Dato curioso: la imagen ‘pesa’ 5 petabytes de datos; o sea, 5 millones de gigabytes. ¿Cuánto es? Una foto que enviamos en WhatsApp puede pesar 130 kilobytes (KB), y 1,024 KB hacen 1 megabyte (MB), y 1,024 MB hacen apenas 1 gigabyte… ] ¿No les parece que Bouman y los investigadores nos han modificado las estéticas con las que vamos a ir descubriendo más de nuestros entornos inmediatos y del universo? Sí, es aventurado pensarlo como un ejercicio de ciudadanía digital, pero creo que cada voto en un presupuesto participativo, cada documento filtrado, cada foto de un agujero negro, cada artículo de Wikipedia que nos acerca al conocimiento de lo que ocurre en el mundo cuenta. ¿Y ustedes, qué creen?

Pensión mínima

Vengo con malas noticias: pocos, muy poquísimos salvadoreños alcanzarán a tener una pensión por vejez, y la mayoría de quienes lo logren llegarán apenas a la pensión mínima.

Si usted es un lector que ha seguido por algún tiempo mis columnas, sabrá que el de las pensiones es un tema recurrente en este espacio, y es así porque me preocupa. A veces me siento como una voz solitaria que grita en el desierto, pero no, por dicha hay entidades como la Fundaungo, donde trabaja gente del talento de María Elena Rivera, que están constantemente llamando la atención, con datos y estudios en mano, del serio problema económico y social que las pensiones representan.

Tampoco es algo exclusivo de El Salvador. Los sistemas previsionales enfrentan una crisis en todo el mundo. Los sistemas de reparto –en los que todo el ahorro de los trabajadores va a una sola bolsa de la que se saca el dinero para las pensiones de quienes se van retirando– se agotan, y con los cambios demográficos se vuelven más insostenibles. Las deudas previsionales en países como Japón son tan grandes que da entre risa y miedo la cantidad de ceros que hay que escribir.

Por otra parte, los sistemas de capitalización individual, en los que cada trabajador tiene su cuenta de ahorro para pensión, tampoco han sido la panacea. Distorsiones como las que ha habido en El Salvador –$9 de cada $10 están invertidos en títulos estatales, con bajísimo rendimiento, de modo que el dinero crece muy poco– son una muestra de cómo estos también llegan a ser insostenibles. En Chile, país en el que El Salvador se inspiró para hacer su propia reforma en 1996, ya van en una tercera generación de cambios en su sistema, aún buscando la fórmula más adecuada.

Pero volvamos al punto que quiero destacar en este texto: las pensiones de hambre que nos esperan a los pocos afortunados que las lleguemos a tener. Piense en su ahorro para pensión, ¿cuánto tiene? Supongamos que son $100,000. La fórmula para calcular su pensión es más o menos así: eso que tiene ahorrado debe durarle para 20 años, así que dividimos $100,000 entre 20, y nos da $5,000. Esto ahora hay que dividirlo entre sus 12 pagos mensuales de pensión y su «aguinaldo», así: $5,000 entre 12.5, lo que nos da $400. Así que su pensión sería de $400.

Antes de la reforma de 2017, además, se caía a pensión mínima una vez que el dinero del ahorro individual se agotaba. Ahora la pensión será estable, en teoría, porque hay una Cuenta de Garantía Solidaria que la mantiene hasta el momento en que usted muera.

Son en realidad muy pocas personas las que logran ahorrar $100,000 para su vejez. Veamos el caso de alguien con un salario de $1,100. Esto, considerado un sueldo alto para los estándares del país, basta para ahorrar aproximadamente $60,000 durante toda su vida laboral. Hagamos el mismo cálculo y entonces la pensión cae a $240. Así es, una persona con un salario de $1,100 se jubila con $240. El panorama es peor si usted gana de $600 para abajo, tiene asegurada la pensión mínima de $207 mensuales, porque su ahorro cubrirá mucho menos que eso, pero por ley no puede tener una pensión inferior.

Ahora creo que el respetable lector entiende mejor mi preocupación con este tema. ¿Otro dato tétrico? La cantidad de gente que realmente llegará a pensionarse. De los 4 millones salvadoreños aptos para trabajar, hay solo 600,000 cotizando en la AFP. Apenas la mitad de estos cumplirá los requisitos de ley para pensionarse, y el resto tendrá nada más devolución de saldos.

La reforma de 2017 dejó muchos puntos pendientes, entre ellos, precisamente, la cobertura del sistema. No es posible que solo 300,000 de los 6 millones de salvadoreños tengan actualmente la seguridad de una pensión. Además, un problema está ya estallando en el rostro de miles de salvadoreños que buscan jubilarse: la suficiencia de las pensiones.

El clamor de quienes vean que sus salarios de $1,000 apenas alcanzan para una pensión de poco más de $200 crecerá cada vez más. ¿Qué respuesta dará nuestra clase política? Ojalá una que sea sostenible y financiable. Parches temporales ya hemos tenido muchos.