Fe

La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según la definición bíblica. Aunque en el plano metafísico es algo básico y en la parte espiritual es el sostén de millones y millones de personas en el mundo, es cierto que hay muchísimas cosas para las que no basta con creer.

Puedo tener fe en que el próximo año será mejor, pero depende de mí actuar, trabajar y poner de mi parte para que eso suceda. Puedo, así mismo, tener fe en mis gobernantes, en esos a los que les confié mi voto y quienes ahora se sientan en las sillas del poder y deciden cosas que serán determinantes para mi calidad de vida y la de mis compatriotas.

Con ese poder, dado por la mayoría que acudió a las urnas, pueden decidir en qué usarán nuestros dineros, esos que pagamos cada vez que compramos algo, recibimos un pago o nos aplican tasas e impuestos que ni sabemos que existen —con la gasolina seguimos pagando el FEFE, al que le decían «impuesto de guerra»—. Deciden, además, en qué montos y para qué fines contratar más deuda.

Entonces, sobre esa plata pueden tomarse decisiones que fomenten el bienestar social: invertir en mejorar la salud pública, la educación, los servicios para la población más pobre. Puede priorizarse recursos para reforzar lo que se traduzca en mejoras para la gente y reducir el gasto en cuestiones como viajes o lujos para los funcionarios públicos. Incluso tenemos un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en este sentido.

Mucha fe puedo tener en mis gobernantes, pero allí sí necesito ver, sí necesito saber y sí necesito conocer cómo y en qué usará la plata. No se vale que el proceso de elaboración y discusión del presupuesto sea tan poco público y tan poco transparente. La población tiene acceso al proyecto de presupuesto una vez presentado y luego, tras su aprobación, una vez publicado. Porque pese a que las reuniones de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa se transmitan por radio o televisión, las verdaderas decisiones se siguen tomando a puerta cerrada, bajo la mesa, y según pactos que poco tienen que ver con el bienestar de la gente.

La fe, la confianza en mis funcionarios no puede ni debe ser un cheque en blanco ni un salvoconducto para que hagan lo que les dé la gana. La transparencia ha sido el gran ausente en los procesos de formulación del presupuesto durante décadas y si de verdad vamos a hacer las cosas distintas, cambiar esto es un buen inicio.

Es delicadísimo que el plan de gastos del Estado no se maneje como lo que es: una herramienta de política fiscal cuyos fines deben ser asegurar una gestión alineada con el bienestar social, con la sostenibilidad y con la austeridad en las áreas en las que se pueda aplicar. Seguimos siendo el país con una de las planillas públicas más caras de la región, se sigue manteniendo partidas de gastos reservados, le seguimos dando más recursos a publicidad que a entidades que cuidan del bienestar de los niños, del medio ambiente o de la promoción del turismo. Incumplimos fallos judiciales que nos mandan a tener presupuestos equilibrados y sin gastos subestimados ni ingresos inflados.

El problema de un presupuesto mal elaborado y mal enfocado es que el resultado es una merma en la calidad de la vida de la gente, sobre todo de los más pobres, por dos causas principales. Primero, si no se prioriza bien el gasto, no se dedican suficientes recursos a los servicios básicos, esos a los que la población más vulnerable no puede tener acceso a menos que el Estado se los provea.

Segundo, con presupuestos desequilibrados, se debe recurrir cada vez más a deuda, y los futuros presupuestos deberán destinar, como ya pasó en 2019, más recursos al pago de la deuda que a salud y educación combinados.

No es poca cosa. Tengo fe en que finalmente nuestros gobernantes entenderán. Ojalá no me equivoque.

El Salvador y el mar

La historia cuenta que el pueblo de Jucuarán fue atacado por un grupo de piratas ingleses. Los invasores asaltaron e incendiaron el poblado anclado en la actual costa de Usulután, y masacraron a muchos de sus habitantes, mientras que los sobrevivientes se refugiaron en los cerros vecinos. Corría el año de 1682. La costa del Pacífico centroamericano era testigo y víctima de la incursión pirata en una ruta comercial española, que movía mercancías entre el Perú, Centroamérica y la Nueva España (actual México). La consigna para los europeos era que el que dominaba el mar –sus rutas de navegación– dominaba el mundo. Hacía menos de 15 años que Henry Morgan había saqueado Maracaibo y Panamá. Lo ocurrido en Jucuarán también parece sacado de una de las crónicas escritas por Alexandre Exquemelin.

Pasado el peligro, los jucuarenses que quedaron retornaron a su pueblo nativo, pero decidieron ya no edificar la población en el mismo lugar. Se mudaron a la ubicación actual del poblado, más alejado de la costa, en una decisión defensiva. No querían revivir su tragedia mientras los piratas merodeaban también el golfo de Fonseca. Aunque los ingleses hacían expediciones terrestres, al menos les daba más tiempo para huir. Presos del miedo, los pobladores renunciaron a estar más cerca del mar. Esta es parte de la historia sobre Jucuarán que recopiló el académico Jorge Lardé y Larín y publicó originalmente en 1957. La historia de Jucuarán ilustra bien lo que ocurrió con El Salvador y cómo le dio la espalda al mar en buena parte del siglo XX.

La zona costera del país ha estado abandonada a su suerte. Y cuando se hace esta afirmación, no se refiere a grandes obras de infraestructura moderna; sino a los problemas más básicos de aguas residuales y vías de acceso. Algo generalizado en casi todo el litoral salvadoreño, con casos como la contaminación en la bahía de Jiquilisco, por los ríos que la alimentan; la falta de acceso al agua potable de muchas comunidades cercanas al puerto de La Libertad; la escasa oferta laboral, más allá de la pesca en la mayoría del territorio, entre muchos otros. Una falta de oportunidades generalizada que, incluso, ha provocado el éxodo de generaciones completas en poblaciones como la de la playa El Tamarindo, en el departamento de La Unión.

Incapaz de dar respuesta a población en la costa, ahora el Estado, al fin, parece arrancar una intervención que puede mejorar el nivel de vida de algunas de estas comunidades. Uno de los proyectos que sería financiado con la cooperación china. Si bien es cierto que se coloca al turismo como uno de los ejes centrales para el desarrollo de la zona costera, vale hacer la acotación que en Latinoamérica hay grandes centros turísticos –como Cartagena de Indias o Cancún– rodeados por cinturones de pobreza. Se debe promover un desarrollo integral de la zona costera. Que el centro de los proyectos sea la población. Se ha dicho hasta la saciedad que el crecimiento económico no implica, en el sistema en el que vivimos, que se mejore la calidad de vida de la gente.

Actualmente, si uno recorre la costa de Jucuarán –más de 300 años después de los hechos que marcaron su cambio de ubicación– se encuentran comunidades dispersas de «mareños» con vías de acceso en mal estado, altos índices de pobreza y familias que luchan por subsistir. Es un contraste cruel. En el lugar ya hay pocos hostales y hoteles construidos en este paraje idílico que albergan, en su mayoría, a turistas europeos y norteamericanos que llegan atraídos por las olas y las playas de origen volcánico. Uno de los lugareños de la costa de Jucuarán me lo resumió tristemente: «Aquí estamos en el monte, vivimos como en los tiempos de antes».

Mito y poder

Pocos negarán que la idea de poder que domina en el mundo es masculina. Y que el desequilibrio en el uso de la fuerza física, de las armas y de las posesiones para sostener ese modelo ha provocado mucho daño a millones de personas y también a la naturaleza a lo largo de la historia de la humanidad.

Los principios masculino y femenino –que se manifiestan tanto en hombres como en mujeres—se encuentran en desequilibrio. Lo masculino dominando con violencia y control económico y lo femenino buscando poder a través de una agresividad pasiva que se expresa en un manejo inadecuado de las emociones, en la manipulación de las palabras y en el uso de silencios como forma de castigo.

El reconocido mitólogo Joseph Campbell, en su libro «Diosas», explica que existió un tiempo, unos 10 mil años a.C., en el que se veneraba lo femenino y las diosas eran relevantes en la mitología de los pueblos agrícolas, y esto fue resultado del desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. En aquel momento, escribe el autor «…se produjo un cambio de autoridad en donde la ecuación biológica pasó de lo masculino a lo femenino» debido a que «la magia de la Tierra y de las mujeres fueron consideradas lo mismo… pues ambas dan vida y la alimentan».

La relación entre lo femenino y lo masculino no ha estado exenta de tensiones y conflictos y según detalla Campbell –entre los milenios IV y I a.C. y con la fabricación de armas de bronce, la domesticación de los caballos, la invención del carro de guerra y, finalmente, con la llegada del hierro—se produjo un proceso de conquistas sobre pueblos agrícolas que veneraban a las diosas, en Europa y el oeste de Asia, ejecutadas por diversas razas indoeuropeas y semitas cuya mitología estaba llena de dioses guerreros. Dichas conquistas concluyeron con el asentamiento del poder masculino sobre lo femenino iniciando la eliminación del mito de las diosas y su conexión con la naturaleza.

Varias decenas de miles de años después pareciera que finalmente hemos llegado a un punto de la humanidad en el que el equilibrio entre un poder y el otro es posible; en donde las características que integran al poder femenino están siendo valoradas en su justa dimensión y estamos comprendiendo la necesidad de darle el espacio que le corresponde en todos los ámbitos. Y a pesar de los altos índices de violencia y del lento avance de la equidad social y económica, la consciencia colectiva acerca de la relevancia y necesidad de lo femenino es innegable.

Además, estamos recordando y comprendiendo la fuerza de aquellas representaciones del mito de la diosa, así como de la convivencia de las primeras tribus en donde lo femenino significaba naturaleza y estaba íntimamente conectado con el bienestar de sus habitantes.

Personalmente deseo creer que hemos dejado atrás la necesidad de quemar la esencia y el poder femenino porque hemos alcanzado un punto de nuestra evolución en el que, tal y como reflexiona Campbell, hemos reconocido la función verdadera del mito que «estriba en ponernos en sintonía con nosotras mismas, con nuestro grupo social y con el entorno en el que vivimos… es descubrir en los símbolos los poderes que también habitan en nuestro interior».

Conocimiento abierto

Soy fiel defensora de Wikipedia. Antes me avergonzaba mucho reconocer que utilizaba sus artículos, pero mi yo lexicográfico ha encontrado aquí la fusión perfecta con mi yo digital. Es pura inteligencia colectiva en acción: es, entre todos, utilizar la tecnología como esa infraestructura a través de la cual podemos poner datos al común, ordenarlos y sacar de ellos la mejor información posible y transformarla en conocimiento que nos permita comprender (y luego transformar) la realidad. Y sí, esa realidad puede ser una tarea de escuela mejor documentada o cómo entiendo un proceso histórico de otro país.

¿Han pensado alguna vez sobre la cantidad de biografías que hay o en qué idioma es más utilizada? ¿O cómo se edita un artículo y cómo se verifica la información que se publica? ¿O qué actividades se pueden organizar en centros educativos para aprovechar la difusión del conocimiento?

Para acercarnos a esto lo primero, urgente, es desterrar cualquier resquicio de desconfianza que tengamos hacia ella: hay todo un equipo de personas que cumple con una metodología de trabajo para garantizar que lo que leamos es verificable. Paola Ricaurte-Quijano y Arianna Carli-Álvarez hicieron un estudio sobre el Proyecto Wikilearning y pudieron comprobar que Wikipedia sí puede ser utilizada en un entorno de aprendizaje abierto. Y es que, como dicen estas investigadoras, debemos recuperar el valor de la gestión compartida del conocimiento, y valorar que el comprender cómo funciona esta enciclopedia acorta la brecha que hay sobre el conocimiento, además de facilitar redes globales de aprendizaje.

En Wikimedia Argentina, solo en el 2018, contabilizaron más de 4,400 personas involucradas en sus programas y mejoraron 43,500 artículos de proyectos de Wikimedia. Pero también apoyaron para que diez instituciones pusieran su trabajo en Wikimedia Commons con licencias libres, y sumaron más de 27,000 fotografías tomadas por personas voluntarias.

También tienen programas (igual que Wikimedia México) que apoyan la capacitación a docentes o investigadores que queremos usar Wikipedia en aulas universitarias. Ya un par de veces hemos logrado videoconferencias (en vivo y en diferido) para comentar la importancia de Wikipedia en procesos educativos, y cómo podemos sacarle provecho para favorecer nuestra responsabilidad hacia la humanidad de involucrarnos en la mejora de la información que está publicada en esta enciclopedia en línea. Porque si alguien le encuentra un fallo a un libro, al periódico, al diccionario debe avisar y ayudar a enmendar el error, ¿no? La idea es que, como parte de nuestra ciudadanía digital, ejerzamos la responsabilidad de aportar nuestro conocimiento y nos volvamos, así, ciudadanos del mundo (digital) que habitamos.

En alianza con instituciones públicas y de la sociedad civil han mejorado contenido en ciencia, justicia, fútbol/deporte, arte, patrimonio histórico y desarrollo urbano, por ejemplo. Y han digitalizado más de 400 obras literarias argentinas. También tienen el proyecto WikiDDHH, que es para organizar distintas actividades relacionadas con temáticas de derechos humanos en Paraguay, Colombia, Uruguay, México, Chile y Venezuela.

Acá, como parte de las redes tecnopolíticas, creemos que Wikipedia es una enciclopedia confiable y una plataforma indispensable para ejercer la inteligencia colectiva. También porque se apoya en la alfabetización informativa, porque la información se vuelve la herramienta con la que actuamos sobre el mundo (digital).

En El Salvador, ya el Centro Cultural de la Embajada de España ha organizado un par de jornadas de edición (editatonas) y al menos un taller sobre cómo aportar a la enciclopedia. Solo falta que sumemos personas, sumemos biografías, sumemos fotografías y otros recursos. Así que… ¿wikipediamos?

*Una versión de esta columna fue publicada en esta revista en julio de 2018.

Prioridades

El Salvador ha logrado bajar sus altísimas cifras de homicidios. La reducción ha sido marcada desde que Nayib Bukele asumió como presidente de la República. El mismo presidente y su gabinete de seguridad afirman que esto es resultado del Plan Control Territorial, del cual se han anunciado tres etapas: una de recuperación de territorios, aplicada a ciertos municipios considerados de mayor peligrosidad; una segunda que tiene que ver más con la reconstrucción del tejido social, y para la cual el Ejecutivo ha solicitado a los diputados que le aprueben un préstamo de $91 millones, y una tercera, que implica el uso de mejor tecnología al combate al crimen, y a la que el ministro de la Defensa atribuye la necesidad del aumento en la partida presupuestaria para su cartera durante 2020.

Aunque muchos dudan de que esta reducción en los promedios diarios de homicidios se deban únicamente al plan del Ejecutivo, y la relacionan con causas que van desde algún tipo de trato con las pandillas, hasta una señal de «buena voluntad» por parte de estas, las cifras son impactantes: De 11 homicidios diarios en 2017, en octubre se cerró con un promedio de 3.6.

Pero mientras los esfuerzos mediáticos y logísticos de la actual administración se centran en la parte de seguridad, otras áreas bastante sensibles para la población siguen requiriendo atención. Dos de las más importantes son la salud y la generación de empleo.

Por un lado, el presupuesto general del Estado para 2020 incluye aumentos en las partidas para salud y educación, pero los recursos se quedan cortos para la cantidad de urgencias que existen en ambas áreas. En salud, y pese a que hace algunas semanas las autoridades afirmaron que la red estaba totalmente abastecida, las carencias persisten, no solo en medicamentos, sino también en camas y otros recursos.

En educación, miles de docentes han detenido sus trámites de jubilación debido a que se les ofrecen pensiones muy bajas. Y mientras los maestros de mayor edad se aferran a sus plazas como única posibilidad de mantener un ingreso digno, otros miles salen graduados cada año sin encontrar posibilidad de ingresar al sistema.

En la parte económica, hay un ambiente de optimismo entre el empresariado. Las diferentes gremiales del sector privado han aplaudido la intención de cercanía del actual Gobierno, y el discurso que este ha mantenido en cuanto a la mejora del clima de negocios. Pero en la práctica, tenemos un Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) —un indicador que se aproxima al Producto Interno Bruto (PIB) —, que cerró a septiembre de 2019 en 1.6, cuando en 2018 era de 2.76, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Y mientras tanto, se siguen perdiendo empleos. Septiembre cerró con 728,538 cotizantes al Sistema de Ahorro para Pensiones, es decir, 7,159 menos que el pasado mes agosto, y 1,528 menos que en septiembre del año pasado, según datos de LPG Datos, unidad de investigación del Grupo LPG. La población cotizante es un indicador de la salud del empleo formal en el país.

¿Qué pasa en un país con más de 6 millones de habitantes, con 4 millones aptos para trabajar, pero donde solo unos 700,000 están cotizando? ¿Cómo coincide eso con una cifra oficial de desempleo que se mantiene en el 7 %? Si solo 700,000 están cotizando, esa es la cifra de los empleos formales con protección social y previsional. Al resto de ocupados los absorbe la economía informal o el autoempleo, y esto tiene implicaciones tremendas.

En los países con tales niveles de informalidad hay problemas sociales —ingresos bajos, precariedad laboral, no se ahorra para la vejez ni se tiene acceso al seguro social—, económicos —menor ingreso de los individuos merma el consumo, la actividad económica sufre en su conjunto—, y fiscales —son las mismas empresas y los mismos asalariados quienes pagan los impuestos—, sin mencionar el efecto en el desarrollo humano de la población, en la distribución del ingreso y en las perspectivas de progreso social.

La lista de prioridades es grande, y aún estamos a la espera de conocer las grandes políticas que se aplicarán en estas áreas. Porque lo que hemos visto hasta hoy han sido acciones aisladas, que requieren de una articulación para convertirse en programas, y estos, a su vez, deben emanar de políticas basadas en información, en resultados, y en modelos, que aún no han sido anunciadas ni publicadas.

La vigencia de Salarrué

Hace 44 noviembres que nos dejó Salarrué. Y fue como si el viejo Cuscatlán perdiera a uno de los hijos que mejor lo había retratado. Afortunadamente nos quedaron sus pinturas y letras. A él, teósofo declarado, le hubiera encantado aquello de reencarnar en su obra. Sea como sea, casi todos nos encontramos con Salarrué a la misma edad: de niños, cuando un adulto -una profesora o un padre- quiere explicarnos qué cosa es Cuscatlán. Y uno lee y relee los Cuentos de Barro. Salarrué te enseña: afuera hay un mundo tropical llenísimo de encanto y de luz, pero también plagado de crueldad.

En los Cuentos de Barro (1933) uno encuentra una narrativa rica en colores y formas. Un antiguo tronco de ceiba es como una inmensa pata de gallina; los grandes remolinos no son solo eso, sino que son tan profundos como el ombligo del diablo; en el crepúsculo, el sol «mieludo» unta los cerros con su luz; y los madrecacao se visten de encaje. La atención al entorno de un escritor que se definía más como pintor. Pero la mayoría de estos cuentos narran la desdicha de vivir en este pintoresco paraíso.

Cuentos como «La honra», que narra la violación de una muchacha a plena luz del día; doblemente herida porque, al llegar a su casa, le cuenta lo sucedido a su padre y él estalla contra ella por «dejar» que eso ocurriera y perder «su honra». Al final, es el hermano de la chica, apenas un niño, él único que se apiada de ella. El pequeño, en su inocencia, vuelve al lugar de la violación y busca la honra perdida. Entiende que es un objeto brillante que encuentra tirado en el campo y se lo entrega rápidamente al papá. Es un puñal alargado que abre el abanico de la venganza. Y así como «La honra» en los demás cuentos hay robos, asesinatos, discriminación racial, golpes.

Es una cotidianidad que llega hasta nuestros días. Si uno lo analiza solo por temática, los Cuentos de Barro se pudieron haber escrito ayer. Si se cambian los diálogos de los personajes y el ambiente natural, puede transportarse casi 100 años hasta el presente. Es verse en un espejo con un mundo de vulneraciones donde la justicia no es parte de la narrativa. En esencia, y tristemente, seguimos siendo los mismos. Una vigencia que solo engrandece -más aún, si eso es posible- la figura de Salvador Salazar Arrué en la literatura salvadoreña.

Salarrué toma el Libro del Trópico de Arturo Ambrogi (1915), del que se enamoró siendo un joven, y le da un giro. Sus textos describen la campiña y a los campesinos, pero ya no de una manera inocente. Mientras Ambrogi retrata a sus personajes en actividades cotidianas como el arreo de animales o en la pesca, Salarrué les inyecta realismo retratándolos en sus reveses y sus horas adversas. Son víctimas de sus vecinos, de sus mismos compatriotas. Adiós a la hidalguía del salvadoreño de a pie, que es frágil, tiene hambre y es perseguido por la muerte.

El 27 de este mes se conmemoran 44 años del fin de la vida terrenal de Salarrué. Nos quedan sus cuentos de barro, de los que él mismo deslizó la primera advertencia: «Después de la hornada, los más rebeldes salieron con pedazos un tanto crudos… este salió medio rajado… dos o tres se hicieron chingaste. Pobrecitos mis cuentos de barro… nada son entre los miles de cuentos bellos que brotan día a día… pero del barro del alma están hechos… el sol se encargará de irlos tostando».

La normalización del abuso sexual

En El Salvador, según datos del Observatorio de violencia de Ormusa, solo entre enero y abril de 2019 se reportaron 822 casos de violaciones en niñas y mujeres cometidos, en su mayoría, por padres, hermanos, tíos, abuelos y padrastros. El 79% de esos abusos fueron contra menores de 19 años. Dentro de ese esquema de abuso sexual normalizado, un reportaje de Univisión y el Centro Pulitzer, señala que hay muchas niñas que se quitan la vida y las víctimas son «…cada vez más pequeñas… se envenenan y cortan los brazos para evadir el dolor de tanta impunidad y silencio cotidiano…».

Somos testigos de una epidemia de violaciones en menores, adolescentes y mujeres que ha sucedido siempre, pero que hemos ignorado por vergüenza, miedo o desconocimiento de los impactos mentales, emocionales y espirituales que permanecen en las vidas de niñas y niños víctimas de abuso sexual; así como por sistemas judiciales corruptos y obsoletos que protegen a los victimarios por ignorancia, conveniencia o simplemente desidia.

Solo para tener un ejemplo de lo que sucede a diario aquí, el jueves pasado, La Prensa Gráfica reportó que ante la acusación por agresión sexual contra el magistrado Jaime Escalante, quien fue descubierto en aparente estado de ebriedad tocando a una menor de 10 años de edad, la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió que esa acción no constituía un «delito» sino solo una «falta». Y el defensor del magistrado agregó que el tocamiento no ponía «en riesgo la intimidad o libertad sexual de la persona».

¿Quién se responsabilizará entonces para reparar el daño emocional y físico hecho contra la niña y su familia? ¿Quién atenderá el trauma generado por el abuso? La mayoría de las personas creerá que como no hubo penetración «no pasó nada», que a la niña se le olvidará y que quedará como un acto «incómodo» en una sociedad machista y enferma que naturaliza el abuso y la violencia.

El trauma generado por el abuso sexual, independientemente de si es tocamiento, exposición o penetración, es permanente e impacta en la forma en cómo las víctimas se perciben a sí mismas y en cómo se relacionan con otros.

De acuerdo con la psiquiatra Kelly Brogan, «debido a que no somos típicamente conscientes de las emociones fuertes generadas en la infancia y que dirigen nuestros comportamientos de adultos, vivimos en un estado de represión y proyección, imaginando que lo malo proviene de afuera de nosotros en lugar de nuestras partes rechazadas, abusadas y abandonadas… todos poseemos una sombra, pero no todos la conocemos. Y ese grado de desconocimiento de nuestras partes más oscuras es lo que nos influencia, nos controla y dirige nuestras vidas».

En El Salvador hemos normalizado la violencia y el abuso sexual y, en la mayoría de los casos, solemos depositar la culpa y la vergüenza en la víctima. Al hacerlo contribuimos a dejar en la impunidad a los principales perpetradores de esos crímenes, que en su mayoría son hombres que se encuentran en el círculo íntimo de las víctimas y a un sistema machista y patriarcal que evita cuestionarse a sí mismo, así como las pautas sociales, mentales y económicas que abonan a la violencia en esta sociedad.

Las víctimas necesitan apoyo y refuerzo emocional para que eviten creer que hicieron algo malo o que tienen que avergonzarse por algo que no provocaron. Además, necesitan de una sociedad que se concientice que el abuso sexual es un delito y que se debe castigar al responsable sin importar la vinculación familiar con la víctima o su relevancia social o económica. Necesitamos convertirnos en ciudadanos que dejemos de justificar y normalizar el abuso sexual.

Alfabetización para hacer ciudadanía

Sonia Livingstone me cambió la vida con un artículo de trece páginas. «Concepciones convergentes sobre alfabetización» es un texto de esta sicóloga social inglesa que expone las diferencias que pueden verse entre distintos autores o entidades que trabajan estas temáticas. Ella contrasta cómo suele estudiarse la alfabetización mediática, dirigida a maneras de comprender, analizar y crear materiales para diversos formatos (referidos a medios de comunicación), con la alfabetización informativa, que le suma a lo anterior el uso o comunicación de la información que se ha extraído para abordar problemas o situaciones.

Si vamos más despacio, la alfabetización es el aprendizaje a leer y escribir; por ello puede asociarse a procesos de entender críticamente un texto, de relacionar una novela con un contexto cultural o de interpretar una poesía. Algunos tuvimos la fortuna de que también nos pusieran a trabajar con textos informativos. Y bueno, algunos estudiamos esto antes de Internet… ¿cambia algo la llegada de esta red y de algunos nuevos formatos?

Sí, sí cambia. Hay dos cuestiones que veo fundamentales: debemos aprender nuevas maneras de comunicarnos (hashtags o emojis) y debemos aprender a producir nuestro propio contenido (YouTube, Instagram, Flickr). Saber no solamente cómo descargar una aplicación en el teléfono o en otro dispositivo, o cómo crear un usuario, sino cómo sacarle el mayor provecho posible a esa plataforma.

En esta sociedad de la información y del conocimiento, nos hemos vuelto prosumidores: consumimos lo que los medios o estas redes sociodigitales nos muestran, pero también contamos con herramientas para crear nuestro propio contenido. Y he aquí la cuestión: ¿estamos capacitados para recoger información y producir contenido? ¿Recogemos información de manera crítica y producimos contenido útil?

Retomo de nuevo a Livingstone: «La alfabetización informativa considera la información como una herramienta con la que actuar sobre el mundo». Es decir, volvernos conscientes de lo que leemos en Twitter, lo que «decimos» a través de la foto que subimos a Flickr, lo que dice el video que compartimos en una historia Instagram. No solo de lo que leo o veo, sino de lo que yo produzco, comparto, subo a estas redes o a un blog personal o a una página web (incluso si es institucional o empresarial).

Toda esa información que vamos «subiendo» a Internet es esa herramienta con la cual podremos actuar sobre el mundo. Y por eso la Alfabetización Mediática e Informativa (AMI) es fundamental. Es, parafraseando a Livingstone, lo que nos permite reubicarnos como usuarios activos de los medios de comunicación: nos hace parte de la ciudadanía, en tanto nos hacemos cargo de nuestra incidencia en el ambiente que nos rodea.

Si vemos pasar algún taller o encuesta en estos días de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Escuela de Comunicación Mónica Herrera (ECMH) vayamos o llenémosla. Julio César Mateus, comunicador peruano, dio una conferencia como parte del #CampusAMI de la DW Akademie donde la relacionó con una interacción crítica con los medios de comunicación: acceso a medios, qué consumimos en ellos y cuánto estamos expuestos a estos y a los medios sociales.

Y eso, para estas reflexiones tecnopolíticas, nos permite elegir cuáles medios nos aportan «herramientas con las que actuar sobre el mundo», como diría Livingstone. Y esa toma de conciencia y de acción es lo que nos convierte en ciudadanía, que debería integrar tanto el ejercicio en el mundo físico como en el espacio digital. Por eso, dice Mateus, no puede ser una competencia de comunicadores y expertos, sino de todas las personas. Todas las que, eso sí, queramos hacer ciudadanía.

¿Entonces, nos alfabetizamos?

De precios y gobiernos

No siempre es fácil entender cómo se determinan los precios de los bienes y servicios que consumimos. No siempre es simple oferta y demanda, o la voluntad de quien los vende. La cantidad de factores que influyen puede llegar a ser grande, y los mecanismos para calcular los precios, bastante complejos.

En El Salvador impera, con sus bemoles, un libre mercado. No hay control de precios, a excepción de productos puntuales como el gas propano. Para el resto, es el mercado el que determina los precios, según, como decíamos al principio, por una variedad de factores.

Por ejemplo, no es el Ministerio de Economía el que fija los precios de los combustibles, pese a que cada 15 días publica una tabla con precios de referencia. Son nada más eso: referencias. Estos valores los obtiene con una fórmula que toma en cuenta los costos de los diferentes eslabones de la cadena de los hidrocarburos, hasta que la gasolina o el diésel están puestos en bomba en las estaciones de servicio. Y no son de obligatorio cumplimiento, no se puede multar a una gasolinera por no acatarlos. Sirven, al menos en teoría, para orientar a los consumidores y que busquen abastecerse en lugares que no vendan por arriba de estas referencias.

Con la energía eléctrica pasa algo similar. Las tarifas se calculan con una fórmula que tiene en cuenta toda la cadena de generación, comercialización, interconexión, importaciones, distribución, y son precisamente las distribuidoras las que arman los pliegos, que luego son presentados a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), para que esta las avale y publique. La base es el costo de la energía el trimestre previo, y se cambian los días 15 de enero, abril, julio y octubre de cada año.

En periodos secos, el precio tiende a subir porque se depende más de generación térmica, que es más cara: se obtiene de motores que queman búnker, un derivado del petróleo. Por ello, cuando ha habido alzas fuertes en el petróleo, sube también el costo de la energía eléctrica.

Por otro lado, en periodos con lluvias copiosas, la tarifa tiende a bajar porque las presas que opera la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) tienden a generar más, a un costo menor que las térmicas. Tras meses con mucha lluvia, la energía es más barata.

Los gobiernos tienden a anunciar con mucha pompa las bajas en los precios de estos y otros productos y servicios, y a ser muy precavidos o guardar silencio cuando hay alzas, pese a que poco pueden hacer para controlar estas variaciones.

En el caso de los combustibles, lo que sí tiene una incidencia importante es la cantidad de impuestos que se recargan a su precio. En El Salvador pagamos varios cada vez que compramos un galón de combustible, desde el Fondo de Conservación Vial, hasta el FEFE, aún conocido como «impuesto de guerra», que sirve para financiar el subsidio al gas propano.

El gas es otro producto cuyo precio varía cada mes, allí sí, según anuncio de la Dirección de Hidrocarburos y Minas. El Gobierno además entrega un subsidio de alrededor de $5 mensuales a poco más de un millón de hogares, para que lo compren más barato.

Y es a través, finalmente, de subsidios como este, que el Gobierno sí puede tener incidencia en el costo de la energía para los hogares. De hecho, quienes tienen consumos debajo de 99 kilovatios/hora al mes, aún reciben una tarifa preferencial, que es subsidiada por el Estado.

Pero más allá de quitar o poner impuestos, o aplicar o eliminar subsidios, gobiernos de países como El Salvador poco pueden hacer para influir de forma significativa en las variaciones que tienen los precios de productos como la gasolina, o servicios como la energía eléctrica, principalmente porque somos consumidores netos de hidrocarburos, y los movimientos en los precios de estos, que son los que sí tienen peso para mover la balanza, los determinan fenómenos climáticos y geopolíticos ante los cuales muy poco podemos hacer.

Mal presagio para 2020

Los economistas pronostican una nueva tormenta. El primer trimestre de 2020 pinta mal para la economía de El Salvador y el 90% de los países del mundo, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Una recesión global que iría desde las naciones más grandes a las periféricas. Muchos especialistas dan por hecho esta nueva crisis, pero no se atreven a dimensionar su envergadura. Un panorama gris y desalentador que afectaría frontalmente a una sociedad pobre como la salvadoreña. Y que hace recordar a la última crisis mundial que ocurrió en el bienio 2008 y 2009.

Esto implicaría una caída en la producción, reducción en las exportaciones y menos fuentes de empleo. Pero más allá de los fríos números económicos es de prestar particular atención a las graves implicaciones sociales que una recesión puede tener. Sea como sea, en las últimas décadas, ante cualquier crisis, El Salvador ha tenido la migración, principalmente a los Estados Unidos, como su válvula de escape. Pero ahora esa alternativa es cada vez más difícil por la política antiinmigrante de la administración de Donald Trump y los acuerdos para evitar este flujo que ha firmado con México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Si no hay oportunidades en el país, los salvadoreños las buscaron fuera, sobre todo en Norteamérica. La lógica siempre fue que era preferible correr el riesgo que quedarse sin la posibilidad de mejorar su condición. Pero ahora, muchas familias estarían acorraladas. Esto en un país donde, según las mismas estadísticas del Gobierno, más de medio millón de hogares sufren de pobreza y miles están en riesgo de caer en esa categoría. Con el agravante de la delicada situación que ya viven familias que dependen de sectores que tienen un estado crítico como la caficultura.

A esto se sumaría que los salvadoreños que ya están en Estados Unidos –y son un pilar de nuestra economía– también serían afectados por la recesión. El flujo de remesas bajaría porque EUA sería golpeado por su propia coyuntura. Según el FMI, uno de los detonantes de la posible crisis de 2020 es la guerra comercial que sostiene el gobierno estadounidense con China. De enero a julio de 2019, El Salvador recibió $3,228 millones en concepto de remesas y cada familia con este ingreso tuvo una remesa promedio de $266.80 al mes, en base a los datos del Banco Central de Reserva.

La disminución de este flujo, que para muchas familias sirve para sobrevivir, agravaría la situación. Un panorama que de por sí ya es delicado en el país y la región. Este 13 de octubre se cumple exactamente un año de la primera caravana de migrantes que salió desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Un acontecimiento que ilustró con crudeza el nivel de desesperación de muchas familias por abandonar la realidad que se vive en el triángulo norte conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras.

Ojalá los economistas se equivoquen y la recesión no pase a más. Que El Salvador tan siquiera mantenga el modesto crecimiento que ha tenido en la última década. Nadie quiere escuchar frases del tipo: «Si a Estados Unidos le da gripe, a El Salvador le da neumonía». El Gobierno debe de preparar un plan ante la urgencia. Sobre todo, por las repercusiones sociales que pueda tener en las personas con menores ingresos. Al final, las familias pobres son las que más sufren.