Urgencias

Imagínese que enorme responsabilidad: tomar las riendas de un país, ser en buena parte el responsable de la definición de políticas que afectarán la vida de casi 10 millones de personas –porque además de los 6 millones de aquí dentro, están 3 millones allá afuera–.

En un escenario ideal, la transición de una administración a otra en el Ejecutivo sería un proceso ordenado, meticuloso y sistemático. Cada cartera tendría que haber preparado, desde mucho antes de las elecciones, un informe con el estado de las cosas. Este informe debería incluir detalles sobre el funcionamiento de cada ministerio o institución, desde su organigrama hasta la planilla, así como el estatus de ejecución de los proyectos, su programación de desembolsos y, finalmente, las recomendaciones, debidamente justificadas, de todo aquello a lo que se le debería de dar seguimiento.

En otros países esta es una costumbre que, sin estar plasmada en ninguna ley, se cumple con rigurosidad. Al final, se trata de hacerle un bien al mismo país: una transición ordenada y un traspaso de mando transparente y con suficiente información para quienes asumen hace que se reduzca el tiempo y el costo de la curva de aprendizaje.

Dejarle la mesa desordenada al que viene no beneficia a nadie. Talvez, y solo talvez, a quienes tengan algo que ocultar. Por lo demás, que los que lleguen a ocupar los cargos deban empezar de cero implica una inversión de tiempo y recursos que podrían destinarse a cosas más importantes.

En El Salvador, el 1.º de junio próximo el presidente electo y su Gabinete asumen un país por demás complicado: altos niveles de delincuencia, una tasa de homicidios que ha aumentado en el último mes, una economía con un crecimiento muy débil –2 % anual, cuando lo deseable para mejorar las condiciones de desarrollo humano de la población debería de ser al menos el tripe de esto–, corrupción en todos los niveles del Estado, hospitales sin medicamentos, escuelas desmanteladas y asediadas por pandillas y la lista podría continuar y continuar…

Y, bajo todo esto, un problema transversal que complica y limita el margen de acción del nuevo Ejecutivo: unas finanzas públicas deterioradas, con un alto nivel de deuda y una rigidez presupuestaria que hace difícil maniobrar el destino de la mayoría de los recursos que llegan a las arcas del Estado.

Este problema financiero ha hecho en el pasado que se deje de pagar obligaciones con proveedores, muchos de ellos pequeños y medianos, y también con los fondos para pensión. Este último problema se dio en 2017, cuando el Ejecutivo no canceló a tiempo las cuotas pendientes con estos fondos, formados por los ahorros para retiro de cientos de miles de trabajadores. El resultado fue que la calificación crediticia del país se degradó a niveles de “bonos basura”, algo que aún no se logra corregir del todo.

El Fondo Monetario Internacional lleva años promoviendo una corrección a las finanzas estatales vía una combinación de medidas de recorte de gasto y aumento de ingreso. Por el lado del gasto, propone congelar plazas y aumentos, revisar escalafones y aplicar metas más restrictivas de deuda y déficit. Para aumentar el ingreso, la fórmula del fondo incluye el aumento del IVA y la creación de un impuesto predial. Estas medidas, ampliamente impopulares, no han sido retomadas ni desde el Ejecutivo ni en la Asamblea Legislativa, a excepción de los escalafones para el sector salud, que simplemente no se incluyeron en el presupuesto desde 2017, y desde entonces se ha aplicado en apenas un 3 % de incremento.

La parte fiscal es una de las urgencias que deberá atender la nueva administración para tener cómo hacer frente a todo lo demás: asegurar servicios públicos de calidad, sobre todo en el área social, para beneficiar a los más pobres y vulnerables, a la vez que se atiende desde las políticas públicas el serio problema de criminalidad. Y todo esto habría sido más sencillo, al menos más barato y más rápido, con una adecuada transición.

Pensión mínima

Vengo con malas noticias: pocos, muy poquísimos salvadoreños alcanzarán a tener una pensión por vejez, y la mayoría de quienes lo logren llegarán apenas a la pensión mínima.

Si usted es un lector que ha seguido por algún tiempo mis columnas, sabrá que el de las pensiones es un tema recurrente en este espacio, y es así porque me preocupa. A veces me siento como una voz solitaria que grita en el desierto, pero no, por dicha hay entidades como la Fundaungo, donde trabaja gente del talento de María Elena Rivera, que están constantemente llamando la atención, con datos y estudios en mano, del serio problema económico y social que las pensiones representan.

Tampoco es algo exclusivo de El Salvador. Los sistemas previsionales enfrentan una crisis en todo el mundo. Los sistemas de reparto –en los que todo el ahorro de los trabajadores va a una sola bolsa de la que se saca el dinero para las pensiones de quienes se van retirando– se agotan, y con los cambios demográficos se vuelven más insostenibles. Las deudas previsionales en países como Japón son tan grandes que da entre risa y miedo la cantidad de ceros que hay que escribir.

Por otra parte, los sistemas de capitalización individual, en los que cada trabajador tiene su cuenta de ahorro para pensión, tampoco han sido la panacea. Distorsiones como las que ha habido en El Salvador –$9 de cada $10 están invertidos en títulos estatales, con bajísimo rendimiento, de modo que el dinero crece muy poco– son una muestra de cómo estos también llegan a ser insostenibles. En Chile, país en el que El Salvador se inspiró para hacer su propia reforma en 1996, ya van en una tercera generación de cambios en su sistema, aún buscando la fórmula más adecuada.

Pero volvamos al punto que quiero destacar en este texto: las pensiones de hambre que nos esperan a los pocos afortunados que las lleguemos a tener. Piense en su ahorro para pensión, ¿cuánto tiene? Supongamos que son $100,000. La fórmula para calcular su pensión es más o menos así: eso que tiene ahorrado debe durarle para 20 años, así que dividimos $100,000 entre 20, y nos da $5,000. Esto ahora hay que dividirlo entre sus 12 pagos mensuales de pensión y su «aguinaldo», así: $5,000 entre 12.5, lo que nos da $400. Así que su pensión sería de $400.

Antes de la reforma de 2017, además, se caía a pensión mínima una vez que el dinero del ahorro individual se agotaba. Ahora la pensión será estable, en teoría, porque hay una Cuenta de Garantía Solidaria que la mantiene hasta el momento en que usted muera.

Son en realidad muy pocas personas las que logran ahorrar $100,000 para su vejez. Veamos el caso de alguien con un salario de $1,100. Esto, considerado un sueldo alto para los estándares del país, basta para ahorrar aproximadamente $60,000 durante toda su vida laboral. Hagamos el mismo cálculo y entonces la pensión cae a $240. Así es, una persona con un salario de $1,100 se jubila con $240. El panorama es peor si usted gana de $600 para abajo, tiene asegurada la pensión mínima de $207 mensuales, porque su ahorro cubrirá mucho menos que eso, pero por ley no puede tener una pensión inferior.

Ahora creo que el respetable lector entiende mejor mi preocupación con este tema. ¿Otro dato tétrico? La cantidad de gente que realmente llegará a pensionarse. De los 4 millones salvadoreños aptos para trabajar, hay solo 600,000 cotizando en la AFP. Apenas la mitad de estos cumplirá los requisitos de ley para pensionarse, y el resto tendrá nada más devolución de saldos.

La reforma de 2017 dejó muchos puntos pendientes, entre ellos, precisamente, la cobertura del sistema. No es posible que solo 300,000 de los 6 millones de salvadoreños tengan actualmente la seguridad de una pensión. Además, un problema está ya estallando en el rostro de miles de salvadoreños que buscan jubilarse: la suficiencia de las pensiones.

El clamor de quienes vean que sus salarios de $1,000 apenas alcanzan para una pensión de poco más de $200 crecerá cada vez más. ¿Qué respuesta dará nuestra clase política? Ojalá una que sea sostenible y financiable. Parches temporales ya hemos tenido muchos.

El mundo que queremos

¿Se ha pensado cómo sería su mundo ideal? En el mío, entre otras cosas, habría más comunicación: hablaríamos en lugar de asumir, y argumentaríamos en lugar de atacar. Se vería a la violencia como algo a evitar a toda costa, y la empatía sería un valor inherente a cada persona.

Sé que un mundo ideal no existe, que la utopía es como la inyección de combustible que mantiene funcionando al motor, necesaria para avanzar. Sin embargo, cada día pienso en los cambios necesarios para que nuestra realidad sea mejor, más equitativa y más justa para todos.

Entre los pilares de estos cambios está la equidad de género. Las mujeres, relegadas por siglos como seres de segunda categoría, no éramos consideradas ciudadanas ni sujetas de derechos. No podíamos hacer casi nada sin el permiso de un esposo o del padre, ni siquiera tener propiedades, y mucho menos votar. Poco a poco esto fue cambiando, pero no de forma espontánea, sino gracias a la lucha de mujeres que en muchos casos tuvieron que sacrificar su libertad o hasta su vida para conquistarlos.

En nuestra época, el avance es tal que muchos creen que los feminismos ya no son necesarios. Se acuñan términos como «feminazi» y entre las mismas mujeres se repiten aseveraciones de que «no las representan». Se vincula a los movimientos feministas con extremismo, con violencia, con burlas, con extravagancias, y se deja de lado el verdadero valor de sus conquistas.

Los feminismos –sí, en plural, porque son variados, y conceptual y teóricamente distintos entre ellos– son necesarios. Lo son porque aún hay millones de niñas alrededor del mundo que son explotadas, abusadas, violadas, menospreciadas o vendidas. La realidad de la gran mayoría de niñas pobres es soportar todo esto dentro de sus mismos núcleos familiares, estar expuestas al abandono o a que se les vea como una carga.

Cientos de miles de niñas no tienen acceso a la educación en regiones como América Latina, porque los padres lo consideran un desperdicio, y solo se envía a la escuela a los hijos varones. Estas mismas niñas crecen sin la preparación necesaria para obtener un trabajo que les permita tener un ingreso digno con el que atender y criar mejor a sus hijos. Por ello, la mayoría de «ninis» –jóvenes que ni estudian ni trabajan– de la región son mujeres (Banco Mundial, R. de Hoyos, 2016).

Las mujeres pobres son además las más expuestas a abusos y maltratos, y las mujeres, sin importar su nivel de ingreso, tienen un mayor riesgo a sufrir de violencia intrafamiliar. En El Salvador, una abrumadora mayoría de los casos de violaciones son mujeres, y de cada 10 casos, seis son menores de edad.

En cuanto a la violencia homicida, pese a que los hombres jóvenes constituyen el mayor porcentaje de víctimas, el victimario es también mayoritariamente del sexo masculino. En los feminicidios, el perpetrador no es solamente siempre un hombre, sino alguien con una relación de poder sobre la víctima.

Y si una mujer fue lo suficientemente privilegiada como para estudiar y contar con un trabajo, se enfrenta con la brecha de ingreso: un hombre en El Salvador gana, en promedio, un 17 % más que una mujer con la misma calificación y en un puesto con la misma responsabilidad.

Esta misma mujer encontrará que, al momento de jubilarse, tendrá una pensión inferior a la de un hombre, porque ahorró menos dinero —ganaba menos— y cotizó por menos tiempo, pese a que su expectativa de vida es mayor.

Le pido al lector, pero sobre todo a la lectora de estas líneas, que piense un poco sobre la realidad que viven sobre todo las niñas y mujeres de los sectores menos privilegiados. Allí donde hay pobreza, marginación, promiscuidad, donde el incesto se normaliza y se perdona, allí la lucha está apenas empezando, allí el camino es larguísimo por recorrer, y allí las conquistas son tan urgentes y difíciles como lo fueron para las primeras feministas hace más de un siglo.

Un mundo con mejores condiciones para las niñas y las mujeres es un mejor mundo para todos.

El Gobierno sí importa

¿Ha escuchado usted que «no importa el gobierno que quede, si uno no trabaja, no come»? De seguro lo oyó repetir recién esta misma semana, tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, o lo dijo usted mismo, incluso lo posteó en sus redes, como una forma de afirmar que nuestro bienestar está en nuestras propias manos y que no hay gobierno –o funcionario– que venga y mágicamente nos resuelva la vida.

Sí y no. Definitivamente no hay modo de que alguien desde el poder, desde ese espacio etéreo, lejano y con alcances poco claros para la mayoría de nosotros cambie mi vida o resuelva mis problemas de un día para otro. Pero también es cierto que un buen gobierno, una buena administración pública, puede mejorar las condiciones de vida de la población que lo ha elegido.

De hecho, ese es el deber ser del funcionario: la búsqueda del bien común. En nuestro sistema democrático se elige a quien creemos que está capacitado para llevar a cabo de mejor forma esta misión. Estas personas tendrán la potestad de definir cómo se harán las cosas, de proponer y aprobar las reglas que regirán el juego, qué modelo se seguirá para conciliar el crecimiento económico con desarrollo social y humano, cuáles serán las prioridades de la política pública.

Tendrán bajo su responsabilidad el manejo del dinero público, el diseño del presupuesto, eje transversal de cómo el Estado se vuelve agente de desarrollo. Deben decidir cómo recaudar más y mejor, y luego las áreas en las que se invertirán estos fondos.

Con un buen gobierno, el estado de bienestar deja de ser un concepto de libro y se materializa en más y mejores servicios para la población, especialmente los más necesitados. Los servicios públicos deberían ser de calidad y con amplia cobertura. Con los funcionarios adecuados, no importa qué tan pobre sea una persona, tiene acceso a servicios de salud y a educación.

Las decisiones que se toman desde el Gobierno son la diferencia entre si se deja drenar el erario público en dirección al pozo sin fondo de la corrupción, el uso ineficiente de los recursos y el despilfarro, o si se hace un esfuerzo porque cada dólar tenga un efecto multiplicador.

El gobernante es también el responsable de dar los lineamientos para que las políticas de seguridad garanticen el respeto a los derechos humanos, que se prevengan los abusos, la discriminación y la persecución por cualquier causa. Y definitivamente tiene un papel vital para que la Policía sea un ente de aplicación de la ley y no un organismo al margen de esta.

El presidente debe, además, armarse de un equipo probo, preparado y capaz para dirigir de la mejor manera los distintos ramos, desde la economía hasta la cultura y el medio ambiente; un equipo que sume, proponga, que ejecute y que sepa administrar los recursos a su cargo, humanos o materiales, en lugar de solo llegar a servirse.

Un buen gobierno hace que el ciudadano no se sienta estafado cada vez que paga impuestos, porque ve el fruto de estos aportes en buenos servicios y en obras de desarrollo, y no los ve esfumarse en lujos, camionetas, viajes, contrataciones innecesarias, plazas fantasmas o asesores que solo aparecen el día de pago.

El ciudadano de un país con un buen gobierno percibe mejoras en su calidad de vida, y viceversa: la incapacidad al frente de los gobiernos provoca corrupción, violencia, estancamiento y pobreza. Una mala gestión se traduce en poblaciones desatendidas, inconformes y apáticas.

Entonces sí, si uno no trabaja, no come. Pero si además se tiene un buen gobierno, se puede ir a trabajar en un ambiente de relativa seguridad, teniendo un salario justo y sabiendo que a los más vulnerables no les hará falta la protección social básica. Los gobiernos sí importan.

Votos de castigo

En América Latina, los vaivenes de derechas e izquierdas en el poder parecen venir por olas. Hace dos décadas fueron las izquierdas quienes ganaron terreno, para alegría de muchos que, con las cicatrices aún frescas de las dictaduras en la región, lo veían impensable.

Y de estas izquierdas nacieron líderes entrañables, como Pepe Mujica, y otros que decepcionaron, como Dilma Rousseff, quien además cargó con el costo de un esquema de corrupción que se arrastró por el continente y contaminó cantidad de gobiernos, incluido, según aún se investiga, El Salvador.

El desencanto fue entonces el vapor que hizo avanzar la maquinaria de nuevos movimientos, más hacia las derechas, con agendas tan extremas como la de Jair Messias Bolsonaro, el primer militar que asume las riendas de Brasil desde el fin de la dictadura en dicho país.

El hecho de que tenga posturas abiertamente machistas, de que trate con desprecio a sus oponentes políticos y haya llegado a instaurar un régimen de mano dura, además de estar promoviendo la facilitación en la fabricación y compra de armas, y aún con todo esto, sea celebrado por miles de brasileños, es un signo que no se puede tomar a la ligera.

En los tiempos recientes son pocos los gobernantes que llegan al poder por méritos propios, porque se demuestren capaces, probos y preparados, o porque tengan plataformas y propuestas de calidad. Ahora es cada vez más común que las elecciones las ganen dos cosas: la mera popularidad, y el voto de castigo.

En el primer punto no hay mucho que explicar. Políticos jóvenes, carismáticos y bien parecidos no tienen muchos problemas para hacerse de la simpatía de los votantes. En El Salvador tenemos diputados especialistas en explotar su imagen y que ya llevan más de un periodo sin más mérito que verse bien en las fotos, videos o anuncios que comparten en los diferentes medios y redes sociales. Esto puede parecer inofensivo, y lo sería, salvo que estos puestos los deberían estar ocupando personas capaces con agendas claras, profesionales con una visión de país que aporten a la formulación de las políticas públicas y nuestras leyes más allá de lo que le pidan los financistas de sus campañas.

Un efecto secundario y triste del voto por rostro: que nuestra Asamblea se llene de caras bonitas con poco valor agregado.

Pero el segundo aspecto, el voto de castigo, es definitivamente un juego de ruleta rusa. El desencanto con quien ostenta el poder nos lleva a firmarle un cheque en blanco no a la que nos parece la mejor opción, sino a quien vemos que tiene más posibilidad de ganarle a quien queremos sacar del cargo.

Las experiencias recientes en América Latina demuestran que cuando nuestros pueblos deciden dar un voto de castigo, no les importa que esto implique darse un balazo en un pie o un escopetazo en la cara.

El riesgo está en que puede ser que quien gane sea realmente al final un buen funcionario, o todo lo contrario. Es una apuesta en la que quien tiene todo que perder, quien recibe el verdadero castigo en caso de equivocarse, es el pueblo.

A días de la elección presidencial, muchos aún no deciden a quién darán su voto. Otros ni siquiera se han convencido si vale la pena ir a votar. No voy a decirle qué hacer, usted está en su derecho de participar o no en los comicios, pero es importante que sepa que lo que decida el resto, si usted opta por no votar, sí le afectará durante los próximos años. En mi caso, prefiero pensar que sí traté de tener alguna incidencia en lo que, entre todos, decidiremos este 3 de febrero. Yo sí iré a votar.

Sin odios ni rencores

Dos políticos de partidos distintos comparten mesa en un hotel capitalino. Ríen, bromean, brindan. Otro grupo está reunido en la casa de algún aliado/patrocinador, y el escenario es parecido: una plática amena y fluida. Muchos se conocen desde hace años. Otros son nuevos en el medio, y se dedican a observar y aprender.

Mientras estas escenas se repiten con muchísima frecuencia. Es parte del arte de la política. Los grandes acuerdos rara vez se gestan en las mesas montadas para el diálogo, o en las comisiones de la Asamblea Legislativa. Las decisiones clave se toman en estos espacios, a puerta cerrada, lejos de las cámaras y los micrófonos.

Para el público se monta otro tipo de espectáculo. Los políticos suelen asumir el papel de rivales y espetar discursos confrontativos en los que suelen atacar las posiciones de sus contrarios y ensalzar el trabajo de los de su mismo color. Frente a los espectadores, nosotros, sus votantes, ellos se intercambian señalamientos y culpas y defienden sus acciones bajo las banderas siempre efectivas de sus líneas ideológicas.

El ciudadano desprevenido puede caer fácilmente en la dinámica de este circo y emular, desde su propio ámbito, esta batalla contra el rival político, contra el simpatizante del otro partido. Aunque es algo que no es nuevo, es recién ahora que los espacios virtuales, las redes sociales y el acceso a la tecnología permiten que esta lucha se haga más visible.

Los muros de Facebook y las cronologías de Twitter se convierten en verdaderos campos de guerra en los que amigos y familiares se enfrentan. Si bien es cierto que el ambiente se exacerba por la influencia de cuentas falsas, troles e información manipulada o tendenciosa, la gente real, esa de carne y hueso con un trabajo y una familia, también suele caer en esta ola de pasionismo electoral.

¿Realmente vale la pena perder amistades, enemistarse con un familiar, o poner en riesgo otro tipo de relaciones por defender al político de mi preferencia? Yo le diría que no, no lo vale. La maquinaria electorera, esa que busca a toda costa la cosecha de votos que manda en este juego de sillas de la alternancia en los gobiernos, se nutre de odios y rencores. Nuestra clase política sabe que es muy poco lo que logra apelando a nuestro intelecto, entonces hace de la seducción a sus simpatizantes algo emocional. Apelan a creencias profundas, a increpar a los valores de la gente, a su religión. Apuntan el dedo hacia el contrincante y le recitan sus defectos para que usted decida votar por ellos, la mejor opción.

El odio por el otro, por el que no piensa como yo, por el que no vota como yo es un efecto directo de este tipo de diseño de campaña electoral. Ellos, el partido contrincante, y todos sus simpatizantes son el enemigo a vencer. En esa polarización, en ese juego de todo o nada, ignoramos u olvidamos que estos mismos colores que ahora defendemos con pasión se mezclarán más adelante en lujosos restaurantes para decidir nuestro futuro, el de todos, sin importar por quién se haya votado, o si ni siquiera se asistió a los comicios.

No vengo a decirle que no se sienta orgulloso de sus colores partidarios, ni mucho menos a sugerir que no es válido ser simpatizante, correligionario o miembro de un partido político. Para nada. Este sistema de partidos, con todo y sus defectos, es parte de nuestra dinámica democrática que tanto nos ha costado conquistar.

Mi invitación, más bien, ahora que nos acercamos a la recta final de esta campaña presidencial, es a que cambie su enfoque, que su elección sea más racional, que se fije en lo que nos prometen y lo recuerde para luego exigirlo. Pero sobre todo, a que dejemos a un lado el odio y el rencor contra quienes piensan y votan diferente a nosotros. No pierda amistades ni aleje a sus familiares para defender a un político. No vale la pena, y él ni siquiera lo necesita.

Carta a Santa

Querido Santa:

Años de no escribirte. No es que haya perdido la fe o que ya no crea en la magia, pero pensé que estarías ocupado y, hasta hoy, he podido arreglármelas con mis deseos de Navidad.

Esta vez me he puesto ambiciosa, y sí creo que necesitaré que me eches la mano para completar mi lista.

  1. Un sistema de procesamiento de votos eficiente. Que el próximo 3 de febrero sepamos rápido y sin dudas quién será nuestro próximo presidente. Que no haya espacio para sospechar de fraude, que ganadores y perdedores se porten a la altura y, sobre todo, que estén conscientes del país que reciben, uno del que no podrán servirse, sino porque el que tendrán que trabajar duro, muy duro, para poder sacar a flote.
  2. Un gabinete decente. Hasta ahora no tenemos idea de quiénes son los cuadros que se perfilan como nuestros futuros ministros. Esto te lo encargo mucho porque, como sabrás, el país no anda bien casi en ningún área, y nos urge gente que sepa administrar bien los pocos recursos que tenemos y que llegue, finalmente, a servir, y no a servirse, como ha sido costumbre.
  3. Un ministro de Hacienda con don de convencimiento. Los que hemos tenido hasta hoy saben el tipo de problemas que hay en el erario público pero no han logrado que sus jefes, los presidentes, los comprendan. Requerimos a alguien que logre apoyo del Ejecutivo, del Legislativo y de la Corte Suprema para tomar decisiones difíciles pero necesarias para poner en orden las finanzas del Estado.
  4. Cuerpos de seguridad que respeten los derechos humanos. Sueño con un país en el que no se te persiga por ser joven y pobre, en el que no haya abusos ni se excedan en el uso de la fuerza, y que nuestros policías y soldados nos hagan sentir seguros y orgullosos.
  5. Jueces probos. Ya sé que esta te la puse difícil, pero vamos, es Navidad, y se puede creer en milagros. Por favor, haz que la nueva Corte Suprema de Justicia se tome en serio el tema de la depuración judicial, y que el castigo para los malos jueces sea, cuando menos, la remoción, ya no digamos un debido proceso si han incurrido en delitos. Que eso de que nada más los cambien de juzgado quede en el pasado. Y a los jueces, hazlos conscientes de su gran responsabilidad, y que lleguen a trabajar, aunque no tengan que marcar asistencia.
  6. Tolerancia. Muchos de los problemas de nuestro país nacen del hecho de que somos mecha corta, nos peleamos por todo y nos encanta discutir por cualquier cosa, desde el equipo de fútbol al que apoyamos hasta religión. Mándanos mucha tolerancia, sobre todo para no abusar de nuestro poder y nuestro privilegio para reprimir a quienes son diferentes a nosotros o a los menos favorecidos. Quítanos el deseo de andar armados o de tomarnos la justicia por nuestra cuenta.
  7. Solidaridad. No creas, no todo es malo por estos lares. Hay mucha gente que trabaja, sin recibir nada, por ayudar a otros, por alimentar a las madres de los niños que deben permanecer en los hospitales, por llevar un poco de compañía o consuelo a los ancianos que no tienen hogar o familia, por alimentar y dar refugio a los perros y gatos de la calle, por reunir dinero para pagar operaciones urgentes que nuestro sistema público de salud no alcanza a cubrir. Pero aún es poco, porque no todos ayudamos. Danos solidaridad para que se multipliquen las manos y los recursos dedicados a hacer el bien.

Hasta acá me quedo, Santa. Te tendré chocolate caliente y salpores de arroz debajo de mi arbolito de chirivisco.

Ella es Imelda

“Imelda tiene 20 años, pero parece de 15. Es una niña a la que el Esta do le ha fallado una y otra vez.

No logro sacar de mi mente la imagen de aquella señora bajita, morena, muy humilde, que venía acompañada de un amigo activista que se movilizó para lograr que entrara a los juzgados de Usulután, donde se lleva el caso de Imelda.

Llegó al final, fue la última en entrar. Antes de ella desfilaron diversas personalidades del mundo de los derechos humanos. La última en entrar fue ella y fue a la única a la que registraron, no llevaba nada en las manos, pero la detuvieron los dos guardias que antes nos habían tratado a todos con mucha amabilidad.
Cuando esa señora de reducida estatura vio a Imelda en la sala de audiencia, la saludó con una sonrisa de oreja a oreja y un infinito cariño en la mirada. ‘¡Hijita! ¿Cómo estás? ¡Aquí estoy!’, le dijo, con la ternura que caracteriza a las abuelitas.

La abuelita de Imelda se emocionó al ver a su nieta, quien le respondió, con las manos aún esposadas, con una sonrisa tímida y los ojos clavados en el suelo mientras temblaba de miedo en medio de los que queríamos defenderla.

La abuela contemplaba a esa nieta que le arrebataron a los 12 años, cuando aún vivía feliz y protegida bajo sus cuidados. La madre de Imelda se la llevó a vivir con ella y su nueva pareja, sin imaginar que ese hombre enfermo de más de 60 años violaría una y otra vez a su pequeña hija durante siete años.

Imelda, una hora después, derrotada y defraudada, abrazaba a su abuela al escuchar que la audiencia se suspendía porque la fiscal del caso avisó a las 8 de la mañana que no llegaría porque tenía faringoamigdalitis, sí, ¡faringoamigdalitis! Increíble que un juzgado admita la suspensión de una audiencia por una gripe, una gripe que le significa a Imelda un mes más en la cárcel, un mes más de maltratos porque el sistema de justicia salvadoreño le está haciendo pagar desde que estaba en el hospital la pena por ser mujer, por ser joven y pobre, por tener un parto extrahospitalario y por haberse desangrado posterior al parto y no haber rescatado a la bebé que acababa de parir, cuando ella misma había solicitado a gritos ayuda a sus familiares, que la encontraron casi desmayada en aquella letrina testigo de su desgracia.

Me dueles, Imelda. Me duelen las más de 3,000 niñas y adolescentes que son violadas al año en nuestro país, que viven su calvario en el silencio, con miedo porque saben que la sociedad, que las instituciones y hasta la iglesia les dan la espalda y no les creen”.

El anterior es el extracto de un post de la doctora Victoria Ramírez, ginecóloga y obstetra, y colaboradora técnica de la defensa de Imelda Cortez. Imelda enfrenta una pena de 20 años por el supuesto intento de homicidio de su hija recién nacida. Su bebé sigue viva y ella está en prisión.

Esta es parte de su historia, una de esas historias que debemos escuchar para quitarnos de la mente la imagen de que en todos los casos de emergencias obstétricas como esta se trata de mujeres de sangre fría y desalmadas que deciden asesinar a sus bebés. Son las historias que se silencian en los medios y en los procesos judiciales para dar gusto a una sociedad donde se desprotege a las niñas y mujeres y se les criminaliza en casos como este.

Son las historias que no queremos escuchar, porque en nuestra mente estas mujeres son asesinas y punto. Son las historias ignoradas que están costando la vida y la libertad a cientos de mujeres en El Salvador

Todopoderosos

Si a El Salvador le cumplieran todo lo que le han prometido en periodos de campaña, seríamos un país próspero, seguro y desarrollado, un ejemplo de prosperidad y modernidad.

Pero, como sabemos, la realidad es lo opuesto: gobiernos van y vienen y seguimos siendo una nación pobre, insegura, dividida y decadente, en la que la corrupción es una bofetada en el rostro de miles y miles de ciudadanos que han probado de primera mano las carencias en los servicios sociales públicos. Colores van, colores vienen, y las necesidades continúan allí, crecientes y grises.

Nosotros, el electorado, decidimos nuestros votos según diferentes factores. Algunos votan por el partido que siempre le ha simpatizado a su familia; otros, según quién es su empleador. La gran mayoría está desencantada y simplemente se rehúsa a acudir a las urnas. Pero las grandes masas de votantes, esas que sí acuden a los comicios, suelen creer que con su marca en la papeleta cambiará algo, que llegará, al menos en alguna pequeña proporción, aquello que su candidato o candidata le ha prometido.

Si vemos las propuestas de campaña de nuestros políticos, nos daremos cuenta que tienen una falla de raíz: prometen cosas que no podrán cumplir. Primero, porque nos ofrecen generalidades –seguridad, prosperidad, más centros deportivos–, pero rara vez nos dicen cómo o con qué dinero lo financiarán. Y segundo, y quizá lo más grave, es que incluyen propuestas que se escapan del que llegaría a ser su ámbito de acción, en caso de ser elegidos.

Así, tenemos candidatos a alcaldes prometiendo cosas que dependen del Ejecutivo (seguridad, educación), aspirantes a diputados ofreciendo acciones que corresponden a las municipalidades (desarrollo local, higiene, lugares de esparcimiento), y prospectos presidenciales que nos muestran un abanico de acciones que requerirían, en el menor de los casos, de la aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa.

La figura del presidente suele ser vista como la más importante de entre los tres poderes del Estado. El Ejecutivo es el rostro más visible del poder, incluso el más respetado. Pero sin el concurso de las municipalidades, del Legislativo y del Judicial, el presidente poco puede hacer por mejorar la situación del país. De hecho, cuando el Ejecutivo y el Legislativo están en franco enfrentamiento, lo que se genera es seguidilla de iniciativas fallidas, en las que los diputados niegan sus votos para reformas clave, mientras que el presidente veta las iniciativas avaladas por la Asamblea. Lo hemos vivido demasiadas veces.

Debemos dejar de ver a los candidatos presidenciales como todopoderosos, como figuras superdotadas que podrán marcar un verdadero cambio de rumbo en la atropellada ruta que hasta hoy llevamos como nación. Un presidente por sí mismo no puede asegurar que terminará la criminalidad, ni que sacará a la economía de su estancamiento, o que garantizará que finalmente haya salud y educación gratuitas y accesibles para todos. Con propuestas adecuadas puede, sí, ofrecernos hacer un mejor uso de los recursos, enfocar mejor el gasto público, apostarle a políticas adecuadas e impulsar un modelo económico más justo.

Entonces debemos ser críticos a la hora de escuchar las promesas que se multiplican en estos días. ¿Realmente se podrá hacer esto desde el Ejecutivo? ¿Es la forma adecuada de hacerlo? ¿Cómo se medirán los resultados de estas políticas? ¿Hay recursos para poder echarlo a andar?

Y aún más importante, es hora de que exijamos a nuestro futuro presidente que se deje a un lado la lesiva costumbre de iniciar los gobiernos de cero. Es hora de comenzar a reconocer que el camino más atinado es construir sobre lo que ya se tiene levantado, impulsar y seguir las iniciativas y políticas que han dado resultado, corregir lo que haya que corregir, y aprovechar la experiencia de quienes han demostrado que han sabido llevar bien puestos importantes.

Construir a partir de bases ya establecidas, en lugar de llegar a hacer demolición y obra desde cero, así como aprovechar la experiencia de buenos funcionarios, son prácticas que han funcionado a países más desarrollados, y que deberían ser fundamentales para naciones como El Salvador, donde los recursos son tan limitados.

Interesémonos en lo que nos están proponiendo, veamos todo con ojo crítico y hagamos las preguntas adecuadas. Es nuestro futuro lo que está en juego.

Verdadero civismo

Cada septiembre, nuestro país se viste de azul y blanco. “Los colores patrios”, nos enseñan desde que estamos pequeños. Se canta el himno nacional, se recita la oración a la bandera y se hacen presentaciones de danzas folclóricas, en un amasijo curioso que se ha vuelto ya tradición para estas fechas.

Al crecer, vamos perdiendo el entusiasmo por este tipo de celebraciones, y comenzamos a reclamar que es una celebración vana. “¿Independientes de qué?”, dirán muchos, “si siempre dependemos de otras potencias mundiales”. Y sí, yo también me he sentido desencantada, pero creo que es momento de retomar el civismo y darle su verdadero valor.

Este país, querido lector, es su casa. En ningún otro lugar usted gozará de los derechos que tiene aquí —a menos que logre conseguir otra ciudadanía—, ni tendrá el arraigo cultural, emocional, de recuerdos y de vivencias que compartimos los salvadoreños.

Ahora, es posible que no le guste su casa, porque está sucia, manchada con emblemas de pandillas, con rastros de sangre, porque es un lugar violento y donde muchas veces es la ley del más fuerte la que impera. Lo entiendo y lo comparto. En lo que no estoy de acuerdo es con la idea errónea de que todo es culpa del vecino, del poderoso, del mal gobierno.

Es hora de apropiarnos de la casa y de cuidarla. De conocer y reconocer nuestros derechos ciudadanos –claro, no todo es exigir derechos–, y entender que lo aquí pasa nos afecta a todos.

¿Cree que la forma en la que se elabora el presupuesto general del Estado no le afecta? Pues le cuento: allí se junta la planificación de cómo se gastará lo que usted y yo y todos hemos pagado en impuestos, se decide si se recurrirá a más deuda, y se define en qué se usará. Si al año siguiente no hay suficientes insumos en los hospitales o pupitres o maestros en las escuelas, algo ha fallado en el diseño de ese presupuesto.

Por eso es un tema que nos debe interesar, que debemos comprender, y que debemos exigir que se maneje bien. Ya basta de darle el voto al político que nos habla bonito, al guapo o al popular. Al menos optemos por gente que tenga nociones básicas de política fiscal y que nos explique el tipo de modelo económico con el que simpatiza y que quiere impulsar.

¿Le parece que a usted como ciudadano común y corriente le da lo mismo que tengamos o no magistrados en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Piénselo de nuevo. Ante cualquier atropello de parte del Estado, la última instancia para que los ciudadanos nos amparemos es la Corte. También han sido los magistrados, sobre todo los de la sala que recién salió, los que han llevado equilibrio a los otros dos poderes del Estado y que han evitado, por ejemplo, que nuestros ahorros para pensión los usara el gobierno de turno para pagar deuda.

Somos todos, los ciudadanos de esta gran casa, los responsables de reencauzarla, de ordenarla y limpiarla. Y nuestra incidencia individual se vuelve sumamente importante en momentos de decisión colectiva, como las elecciones. Escojamos bien a quiénes ponemos en el poder, hagamos las preguntas correctas, involucrémonos, informémonos. Dejarnos llevar por caras bonitas, o al menos simpáticas, sin buenas propuestas bajo el brazo, ya nos ha costado bastante caro.

Piense, si quiere, en El Salvador como un carro. Acá vamos todos en el mismo. Sí es su problema si algo va mal, porque si este carro se descarrila, nos descarrilamos todos con él. Sea un buen ciudadano, practique un civismo real, un civismo útil. Preocúpese por su país, por su casa, ayude a mejorarlo.