Nuevas formas de hacer las cosas

En pleno siglo XXI uno podría pensar que la transformación digital ya no es una necesidad, que es algo inherente al quehacer humano pues lo que antes denominábamos «nuevas tecnologías» son ahora parte del día a día.

Sin embargo, esta es una visión bastante alejada de la realidad, sobre todo en países como El Salvador, donde un 80 % de los hogares no cuenta con una computadora, una cantidad similar no tiene servicio de internet, y donde la pobreza —que muerde los talones de cerca de la mitad de la población— es en sí misma un obstáculo para el acceso a la educación y al desarrollo.

En este contexto, la pandemia del covid-19 se volvió un catalizador para que cientos de miles de personas dieran el paso: encerrados en los hogares, muchos trabajadores debieron adaptarse al teletrabajo, y mientras que para niños y jóvenes la continuidad educativa significó buscar la manera de conectarse a clases en línea.

Es también cierto que las tecnologías son herramientas que pueden ayudar a cerrar esas brechas de pobreza y falta de recursos y oportunidades que, en principio, limitan la transformación digital de las personas, de los hogares, de las sociedades, la cuestión es facilitar el acceso a estas a quienes por sus propios medios no podrían tenerlas.

Un caso ejemplar del que no se habla mucho es la plataforma Capacítate para el empleo, disponible en línea desde junio del año pasado, y que contiene cerca de 300 cursos en diferentes áreas del saber, desde estilismo hasta programación. No hay requisitos para inscribirse, los cursos son gratuitos, y se puede tener acceso a plataforma desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
Los cursos son gratuitos. Adicionalmente, quienes completan el proceso pueden certificarse a través del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), también de forma gratuita, e incluir estas credenciales en sus hojas de vida.

En poco más de un año, más de 80,000 personas han aprovechado esta plataforma, pero podrían ser muchas más. Se trata de un recurso gratuito, accesible y que se adapta a las necesidades de cada quien. Al entrar a la página capacitateparaelempleo.org, se encuentra con que los cursos están agrupados según la visión que uno tenga: autoempleo, crear una empresa, acceder a un empleo en determinada área, ampliar un negocio, e incluso hay formación para empleados públicos.

La pandemia del covid-19 ha significado un boom en los sitios que ofrecen formación en línea, y en países como China la denominada nueva normalidad implica ahora una fusión entre las clases presenciales y las que se toman a distancia.

En El Salvador, la Fundación Gloria de Kriete, que desarrolla el programa Capacítate para el empleo, reporta que los jóvenes son los principales usuarios de la plataforma, pero también hay una mezcla importante de otros grupos de edad. Aunque poco menos de la mitad de quienes se han certificado son mujeres, sí reportan una buena presencia de ellas en carreras técnicas.

La formación en línea es un campo al que cada país ha incursionado a su propio ritmo. En lo que respecta a El Salvador, es innegable la presión que significó la pandemia y las medidas de contención aplicadas para tratar de reducir los contagios. Solo en Capacítate para el empleo aumentaron los usuarios un 86 %.

Los recursos en línea y las acciones para aumentar el acceso a estos, sin importar el nivel socioeconómico de la población, son un elemento fundamental para impulsar el desarrollo. La educación en su acepción tradicional se va quedando corta ante los nuevos retos y necesidades que se han enfrentado en contextos como el de la actual pandemia, y la transformación digital es una de las respuestas que han que fortalecer.

¿Y el presupuesto?

La sociedad salvadoreña se involucra muy poco, por no decir nada, en el proceso de elaboración del presupuesto del Estado. Ránkings internacionales sobre transparencia presupuestaria señalan que en general no hay tampoco acceso a la información en esta etapa de «pre budget«, hay poco en la de discusión y aprobación, y limitado durante la de ejecución.

Aún así, periodistas y organizaciones no gubernamentales tratamos de conseguir datos sobre la etapa embrionaria del presupuesto para darla a conocer a la población. Conocer cómo se está elaborando el presupuesto es importante, porque al ver dónde la administración gubernamental está poniendo el dinero, se conocen sus prioridades.

En El Salvador, periodistas y analistas lo hacemos a través de los denominados techos presupuestarios, que Hacienda comunica a cada entidad para indicarle que en su propuesto no puede pasarse de esa cantidad. Así, en años pasados hemos podido reportar cuando los gobiernos planeaban reducir o estancar los recursos asignados a salud o educación, mientras se aumentaban los de Presidencia o seguridad.

En esa etapa, idealmente la sociedad debería poder opinar e incidir sobre este tipo de decisiones. A veces, la presión social después de una de estas publicaciones ha logrado que haya cambios en el proyecto de presupuesto que finalmente se ha entregado a la Asamblea Legislativa.

Este año, sin embargo, esa vía de fiscalización ha estado cerrada. Al solicitar la información sobre los techos presupuestarios se nos ha contestado que aún no los tienen.

Esto es preocupante, porque el 30 de septiembre es la última fecha para que el Ejecutivo, a través de Hacienda, presente el proyecto de Presupuesto General del Estado para que los diputados lo analicen, discutan y aprueben.

El panorama es por demás complicado: los problemas estructurales en las finanzas estatales, que han incluido un déficit perenne que ronda los $700 millones, más el impacto de la pandemia del covid-19 en el país, han hecho que los niveles de endeudamiento crezcan a magnitudes difícilmente manejables.

El gobierno de Nayib Bukele requerirá de recursos para impulsar la reactivación de la economía en 2021, y contará con recursos limitados para hacerlo, puesto que varios meses de cierre total y el propio impacto de la pandemia nos han llevado a recesión.

El presupuesto 2021 nos revelará muchos aspectos claves de cómo el presidente pretende sortear la situación, pero al parecer tendremos que esperar a finales de mes para conocerlo.

Salud mental

¿Qué nivel de dolor debe estar atravesando alguien que decide atentar contra su propia vida? ¿Cuánto dolor se acumulado desde hace cinco meses, cuando el tiempo se detuvo y esta pandemia comenzó a sangrarnos la libertad, la estabilidad, a robarnos padres, abuelos, hermanos, amigos?

La atención en salud mental nunca ha sido un fuerte en El Salvador, ni en lo privado ni en lo público. Estigmas y falacias evitan que incluso quienes tienen la capacidad económica decidan buscar ayuda para sanar sus heridas internas. Nos cuesta mucho entender que buscar atención profesional para poder atender el los padecimientos internos es tan importante como hacerlo cuando padecemos enfermedades físicas.

Somos una población que ha pasado por mucho, demasiado. Venimos de matanzas, guerras, violencia, separaciones, desapariciones y migraciones forzadas, por mencionar algunas de las realidades que nos han formado como sociedad. Miles de personas han padecido pérdidas abruptas, robos traumáticos, intentos de secuestro, y han tratado de continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado.

La pandemia del covid-19 y las medidas tomadas para tratar de contenerla han venido a poner un elemento adicional: la dificultad de obtener atención adecuada. Aún quienes lograron sortear los obstáculos necesarios para buscar ayuda psiquiátrica, ahora se encuentran con mayores limitaciones para conseguir una cita, o un medicamento.

Esta semana hemos tenido al menos dos noticias relacionadas con suicidios o intentos del mismo, y en al menos uno de estos casos hubo un antecedente de haber intentado pasar una consulta siquiátrica, que no estuvo disponible, y se programó para el próximo año. Todos los ojos están puestos en la pandemia, sí, pero el resto de enfermedades, del cuerpo o de la psiquis, siguen allí, y no desaparecerán porque no les pongamos atención.

Y esta es quizá la parte más visible del problema. Estamos también quienes vamos arrastrando un luto mal llevado porque perdimos a alguien víctima del covid-19 sin habernos podido despedir adecuadamente, sin haber tenido tiempo de procesar lo que pasó. Están quienes han visto reducida su calidad de vida porque perdieron un empleo, y se encuentran en medio de la desesperada situación de no tener cómo llevar sustento a sus hogares.

Están los que quizá mantienen su puesto de trabajo pero con ingresos reducidos. Otros muchos que han debido dedicarse a cualquier otra cosa para obtener un ingreso. Los que ven sufrir a sus familiares con enfermedades crónicas porque se ha limitado también la atención en una red pública casi sobrepasada por la pandemia.

Todas y cada una de estas situaciones afectan nuestra salud mental, con lo que esto implica. Infartos, hipertensión arterial, problemas de diabetes derivados del estrés que estamos viviendo. Hogares al borde de la desintegración, episodios de violencia intrafamiliar, agresiones entre vecinos. Andamos con la desesperación a flor de piel y mientras buscamos mantener nuestra salud física a punta de mascarillas, agua, jabón y alcohol gel, por dentro nos vamos deteriorando.

Una vez superada esta crisis sanitaria tendremos muchas heridas que atender, muchas lesiones que sanar y buscar cicatrizar. La mejora en la atención de la salud mental será un reto como nación, no solo desde el lado de la oferta, sino también desde la toma de conciencia de que, como sociedad, debemos decidir que queremos sanar.

Organicémonos

En El Salvador hay una infinidad de necesidades. A veces, cómodos dentro de nuestras respectivas realidades ?que pueden llegar a constituir verdaderas burbujas de privilegio?, nos cuesta estar conscientes de la magnitud de la pobreza y carencias en las que sobrevive una gran cantidad de gente en nuestro país.

Estas carencias van desde la ausencia total de lo que podemos considerar servicios básicos, como electricidad, agua potable y un sistema de aguas negras adecuado, hasta desnutriciones crónicas que minan calidad de vida de familias enteras, de generación en generación.

Sin embargo, también existe una gran cantidad de presonas, entidades, organizaciones, fundaciones, que no solo son conscientes de todo esto, sino que se dedican a tratar de ayudar a mejorar la situación. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a un grupo de personas que dedican su tiempo, recursos y esfuerzos a ayudar al prójimo de alguna manera?

En el espectro de la solidaridad encontramos desde las organizaciones más básicas que cuentan cada centavo para poder seguir trabajando, hasta aquellas que tienen años de operar y logran canalizar importantes cantidades de recursos hacia diferentes tipos de programas.

Nutrición, educación, salud, agua, derechos de la infancia, de la mujer, usted nombre el área de acción, y encontrará mucha gente trabajando para tratar de mejorar la realidad, con resultados más o menos visibles, pero con impactos innegables.

En medio de la crisis por la covid-19, toda la vulnerabilidad de nuestra población con menores oportunidades e ingresos se vio potenciada. Esta situación sin precedentes hizo que un grupo de estas organizaciones decidiera que era momento de hacer las cosas de forma distinta, y crearon una plataforma que se llama +UNIDOS SOMOS+.

De esta iniciativa me llaman la atención varias cosas. La primera, es la pluralidad de sus integrantes. La red va desde grandes fundaciones, cooperación internacional y el mismo sistema de Naciones Unidas, hasta pequeñas organizaciones que tienen su área de acción bien delimitada en zonas aisladas, de difícil acceso, y donde la necesidad es aún mayor. Han integrado a ADESCOS, ONG, grupos de iglesias, todo el que quiera ayudar, y así suman ya 140 integrantes, número que crece semana a semana.

Lo segundo, y que creo que marcará una diferencia importante en el impacto de esta red, es que han decidido sistematizarse, organizarse. La plataforma incluye un mapa de las necesidades que hay en el territorio, de los niveles de pobreza multidimensional y de lo que más se requiere en cada lugar. El mapa también integra las capacidad, áreas de especialización y de influencia de las decenas de organizaciones que se han sumado a la iniciativa. La idea es hacer ese calce entre necesidades y ayuda, para no duplicar esfuerzos y lograr abarcar la mayor cantidad de población posible.

¿Cómo se organizan? Un ejemplo fue la entrega de alimentos y otros productos de primera necesidad, que están realizando desde ya, y con las que esperan llegar a 80,000 familias. Esto involucra a unas 20 organizaciones, la mayoría, ADESCOS. Si bien el donante principal es la Fundación Gloria de Kriete, la cobertura territorial que se pretende solo puede realizarse gracias a las organizaciones más pequeñas.

Muchas cosas serían diferentes si lográramos organizarnos mejor. Esta crisis se profundiza en la medida que no alcanzamos acuerdos mínimos para avanzar, sino más bien nos concentramos en nuestras diferencias, o en anular al otro, al que no piensa como yo, al que me cae mal, al que ha sido mi enemigo desde siempre.

El covid-19 nos está costando vidas y empleos, está profundizando la pobreza y nos ha hecho retroceder décadas en cuanto a desarrollo humano, pero pasará. Sí, la crisis pasará y debemos empezar ya a pensar en cómo vamos a levantarnos, a sentar las bases de nuestra recuperación y para ello, qué mejor que comenzar a organizarnos. Lo de +UNIDOS SOMOS+ es un ejemplo que ojalá se retome en otros ámbitos.

Avanzando a ciegas

El Salvador reporta actualmente más de 5,000 casos confirmados de covid-19, poco más de un centenar de fallecidos, y un ritmo diario de nuevos contagios que se acerca a los 200. Estamos en lo que se puede considerar la etapa más crítica de la pandemia en el país, con una curva que sigue en crecimiento.

Pero, ¿qué tan confiables son realmente los datos oficiales? Las dudas y críticas vienen de diferentes sectores, desde alcaldes preocupados porque realizan varios entierros al día bajo protocolo covid-19, hasta expertos que afirman que los datos presentados no pasan las pruebas metodológicas para garantizar su validez, e incluso los mismos ciudadanos que están perdiendo seres queriendos debido al virus y que no ven estos fallecimientos reflejados en las cifras de los informes diarios.

El mismo ministro de Salud, Francisco Alabí, ha admitido que hay un subregistro, asegurando que es algo que sucede en todas partes. ¿Qué tan grande es la brecha entre la fotografía diaria de la situación del covid-19 en el país que nos presenta el Gobierno, y lo que realmente está sucediendo?

Hacerle frente a una pandemia de esta magnitud sin datos certeros es como avanzar en un campo minado con los ojos cerrados. Contar con información real, confiable, actualizada, permitirá tomar mejores decisiones a quienes están dirigiendo esta batalla.

Saber dónde hay más casos es básico para focalizar los esfuerzos para menguar los nuevos contagios. En El Salvador hay municipios que han logrado sortear estos 90 días sin mayor afectación, y otros, como San Salvador, que se han llevado la peor parte. Uno puede caer en el simplismo de decir que es lógico, por la densidad poblacional, pero con la información adecuada se pueden tomar las acciones pertinentes precisamente en estos lugares con mayor afectación.

Por el momento, el monopolio de esta información la tiene el Ejecutivo. La base de datos de las pruebas se encuentra en el Laboratorio Central «Dr. Max Bloch«. ¿Sería muy descabellado pedir que esta base se abra para el análisis de grupos independientes de expertos, que ayuden a validarla? ¿No sería positivo a estas alturas de la pandemia permitir que expertos apoyen en el análisis de dichos datos para enfocar mejor los ya escasos recursos de la red pública de salud? ¿Es demasiado aventurado pensar que con un poco de transparencia y colaboración se lograría salvar más vidas?

Varios gobiernos han echado ya mano de comisiones de especialistas en diferentes áreas para poder combatir mejor la pandemia. El covid-19 es una enfermedad nueva de la que no se sabía prácticamente nada, pero de la que cada día surgen nuevos descubrimientos, tanto en su diagnóstico y prevención como en su tratamiento.

Si bien los esfuerzos en el plano internacional se centran en buscar un tratamiento efectivo y una vacuna, con lo que se espera por fin frenar la pandemia, no se debe descuidar la labor de evitar más contagios e impedir el colapso definitivo de los sistemas de salud.

Nuestros médicos, enfermeros, laboratoritas y especialistas necesitan que se encienda la luz para dar una mejor batalla. Y por supuesto que necesitan además toda la protección que se les pueda ofrecer. Es realmente indignante que a estas alturas un tercio de los contagios corresponda a personal de salud, porque no contarios con el equipo de protección personal adecuado.

Pero tan importante como esto es contar con directrices adecuadas, con un liderazgo que esté a la altura, y con lineamientos basados en evidencia científica. Sus vidas, y las de los miles de salvadoreños en riesgo de contagio del covid-19, no pueden depender de la improvisación y, para esto, se necesita que los pasos a dar no sean pasos en falso, sino bien planificados sobre un escenario lo más claro posible.

Cierres intermitentes

El SARS-CoV-2, comunmente conocido como «coronavirus», sumió al mundo en una crisis sin precedentes. Sistemas de salud colapsaron, miles han muerto, millones han enfermado. Tras la detección de los primeros casos y con pocas nociones sobre cómo enfrentarlo, rápidamente se esparció y se convirtió en pandemia.

Mientras médicos, científicos e investigadores iniciaron jornadas maratónicas para tratar de entender el comportamiento del nuevo virus, para tratar de encontrar un tratamiento efectivo o una vacuna, las autoridades mandaron cuarentenas y cierres para tratar de contener el covid-19.

Junto a la crisis sanitaria y humana, avanzaba también la económica. Potencias mundiales reportan ya decrecimiento, hay millones de desempleados, y mientras grandes empresas reducen operaciones o anuncian quiebras, la Organización Mundial del Trabajo ha advertido que los profesionales independientes y quienes laboran en el sector informal se llevan la peor parte.

Los modelos económicos tradicionales no aplicaban para esta crisis. Todo se ha ido construyendo sobre la marcha. El combate a la pandemia ha sido una carrera contra el tiempo y en la obscuridad, en la que apenas ahora se comienzan a ver las primeras luces, con países reportando reducciones significativas en los nuevos contagios, y empresas farmacéuticas anunciando que están cercanas a encontrar una vacuna.

Ahora, gran parte de los países que cerraron sus economías para evitar una mayor propagación de la enfermedad están iniciando sus reaperturas. Al igual que con la crisis sanitaria, el nuevo reto de reactivar los aparatos productivos y tratar de impulsar las machacadas economías se ha enfrentado con vagas nociones de lo que se debería o no hacer.

La mayoría de gobiernos ha optado por esquemas en fases, dividiendo a las empresas y negocios según su importancia para la economía en su conjunto y el riesgo que enfrentan sus empleados, o incluso, como en el caso de Honduras, zonificando al país según la cantidad de habitantes y casos positivos que se han registrado. La idea generalizada, por ejemplo, en los países de Centroamérica, es que se debe abrir poco a poco, evaluando si cada fase no conlleva que se disparen los casos nuevos, y dando prioridad a los sectores que se consideran indispensables, como los alimentos y medicamentos.

En El Salvador no hay un plan de apertura, pero dos instancias académicas, el regional INCAE y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) que elaboraron sus propuestas. De nuevo, estas se basan en aperturas graduales, en fases, determinadas por una serie de indicadores que combinan variables de salud y económicas.

El plan de la ESEN, por ejemplo, recoge el concepto de cierres intermitentes que ya ha hecho eco en el ámbito internacional: relajar medidas de contención, evaluar los efectos de ello y, de ser necesario, volver al estadio anterior de restricciones. Por ello, el modelo de la ESEN determina periodos de tres semanas entre aperturas, para tener suficiente tiempo para medir cómo estas inciden o no en nuevos contagios.

El presidente de la República, Nayib Bukele, ha dicho públicamente que las propuestas del INCAE y de la ESEN serán los insumos para el modelo de reapertura económica en El Salvador, que se espera arranque en junio, según los acuerdos que personeros del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa alcancen en su mesa de trabajo que, al cierre de esta columna, aún no había tenido resultados, pero que esperamos sí los tenga para cuando estas líneas sean publicadas.

Es importante que como población internalicemos ese concepto. No se puede pedir que las cosas vuelvan a ser como antes de un día para otro. Comenzar a abrir la economía significará que algunas empresas comiencen a operar de forma parcial, solo con una parte de sus trabajadores, con turnos y horarios escalonados, manteniendo en trabajo remoto los puestos cuyas funciones lo permitan, y aplicando estrictos protocoles de higiene y distanciamiento dentro de sus instalaciones.

Luego se necesitará data confiable y precisa para medir qué tanto podemos ir avanzando en la reapertura sin poner en riesgo la capacidad de atención del sistema de salud ni la reducción en la cantidad de nuevos casos. Se necesitará un seguimiento meticuloso y franco para que el levantamiento de las medidas de restricción no implique pérdida de vidas.

Esperemos que los actores involucrados en que esto sea así tengan la conciencia de lo importante que es asumir la nueva realidad. Y eso nos incluye a todos.

¿Hora de reactivar?

El covid-19 mantiene actualmente bajo medidas de confinamiento a una cuarta parte de la población mundial. La pandemia ha superado los 3 millones de casos confirmados, ha costado decenas de miles de vidas, y ha borrado años de crecimiento económico.

Por la alta virulencia de esta enfermedad, la principal medida de prevención es el aislamiento: millones de personas permanecen en sus casas por orden de sus respectivos gobiernos, en un intento desesperado por frenar la propagación de este nuevo tipo de coronavirus.

Como consecuencia, buena parte de la actividad económica ha parado, y algunas industrias, como la aeronáutica y el petróleo, se han llevado la peor parte. Con aeropuertos cerrados y nadie viajando, las aerolíneas han frenado sus operaciones, y con una población mundial que se transporta poco, el petróleo llegó en abril a negociarse a precios negativos, es decir, los productores llegaron a pagar porque se retirara el producto de sus almacenes.

Paralelamente, la Organización Internacional del Trabajo calcula que se perderán unos 50 millones de empleos, y que el mayor impacto -un 80 % en el caso de América Latina- se lo llevarán los trabajadores independientes. La población más pobre no ha podido salir a ganarse el sustento y la previsión global es que la desaceleración económica supera a la que se tuvo para la crisis de 2008.

Entre el temor natural por la enfermedad, y la crisis económica que han ya generado el covid-19 y las medidas de confinamiento asociadas al mismo, la gran pregunta es cuándo reabrir las economías. En Estados Unidos, el país con mayor impacto por el coronavirus, este proceso ya inició, en medio de críticas por una posible segunda ola de contagios al permitir que más gente salga a las calles para retomar las labores en industrias y comercios que, durante las últimas semanas, permanecieron cerrados.

El economista Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional y profesor en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, fue uno de los primeros en advirtir que la pandemia tendrá serias implicaciones macroeconómicas para la mayoría de loa países. Hausmann está a favor de las medidas que lleven a aplanar la curva de contagios, como el confinamiento, pero aclara que para reducir los efectos de estas medidas sobre las empresas y el empleo, como aplicar medidas de alivio a negocios y personas.

Un punto clave, y en el que se centra actualmente el debate en el país, es cómo volver a retomar la actividad normal después de una cuarentena como la aplicada en El Salvador. El experto aboga por mantener aislados a los adultos mayores antes de levantar la cuarentena, y retomar de forma gradual las diferentes actividades económicas, y ajustar el ritmo de reapertura de las empresas a medida que se cuente con mayor información sobre la evolución de la enfermedad.

El experto sugiere movilizar todos los recursos que sean posibles hacia la lucha contra la enfermedad, aun cuando esto implique adquirir nueva deuda. La prioridad del gasto debe ser el rubro de salud, seguido por la protección de los individuos y, en tercer lugar, de las empresas.

El plan de alivio económico presentado por el Gobierno, que requiere una inversión de $1,000 millones, no aborda la reapertura de la actividad económica, sino más bien medidas para dar liquidez a las empresas, como una prórroga de plazos fiscales, préstamos a bajo interés, y un subsidio a las planillas.

El cómo y cuándo retomar la actividad económica está, por el momento, fuera de la discusión oficial, pese a que el mismo Ministerio de Trabajo ha trabajado ya, junto a gremiales como la de los industriales, protocolos para retomar los procesos productivos de forma más segura.

El covid-19 cambió la forma en la que debemos hacer las cosas. Empresas y gobiernos deben pensar en maneras creativas de reabrir las economías, sin que esto implique volver a dar especio a la pandemia.

Quedémonos en casa

El mundo enfrenta una situación sin precedentes. En pocos meses, una enfermedad ha puesto bajo cuarentena a una cuarta de la población mundial, ha paralizado buena parte de la economía y ha cobrado decenas de miles de vidas. Cada día se reportan nuevos contagios, y pese a que la carrera por encontrar un tratamiento eficaz o una vacuna avanza a todo vapor, no se tendrá fármacos aprobados y viables hasta dentro de unos 18 meses.

El COVID-19 es la enfermedad causada por un tipo de coronavirus descubierto a finales de 2019 en China. En pocas semanas se esparció por el mundo y se convirtió en pandemia. Es altamente contagiosa, y la evidencia recabada hasta hoy muestra que un 20 % de los casos termina necesitando atención médica. La mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es del 2 %.

Para una gran parte de quienes se contagian, no pasa de manifestarse como una gripe. En personas con condiciones preexistentes, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, males renales o incluso obesidad, suele ser más grave.

La propagación del COVID-19 se da principalmente por la exposición a pequeñas gotas de secreción que el portador del virus expulsa al estornudar o toser. El virus también puede sobrevivir en distintos tipos de superficies, principalmente sobre acero y plástico, por lo que las principales medidas de prevención que los expertos aconsejan son el lavado constante de manos y el aislamiento social.

En El Salvador se decretó cuarentena domiciliar obligatoria el pasado mes de marzo, cuando aún no se registraban muertes por la enfermedad. La medida, que generó polémica en cuanto su ejecución y el efecto que tendría sobre la economía y los ingresos de las personas, es la más acertada y la que están recurriendo cada vez más países.

No hay, por el momento, una cura probada para el coronavirus. Los casos reportados como recuperaciones van desde personas en las que los síntomas no fueron tan agudos, hasta pacientes que sí debieron estar incluso con respiración asistida por complicaciones en la neumonía que les generó el COVID-19.

En El Salvador hay, hasta este viernes 3 de abril, medio centenar de casos confirmados y tres muertes a raíz de la enfermedad. A poco más de dos semanas de haberse iniciado la cuarentena obligatoria, las cifras comienzan a despuntar y, extrañamente, la población parece más relajada, se ven más personas y vehículos circulando por la calle, pese a que las autoridades han advertido que a quien se encuentre violando la cuarentena sin una justificación válida, se le trasladará a los centros de contención, donde poco más de 4,000 salvadoreños están recluidos.

Hay varias excepciones de circulación aún, como los empleados de sectores como los alimentos y el área de salud, los medios de comunicación y los trabajadores de diferentes ámbitos del aparato estatal, así como la Corte Suprema y la Asamblea Legislativa.

La cuarentena y otras medidas aplicadas durante la emergencia están amparadas en diferentes decretos ejecutivos, que en su momento también han generado polémica. Realmente la situación es sumamente seria y grave. Más allá de estar pensando en que un decreto va a dejar de estar vigente para irme para la calle, todos deberíamos estar pensando en forma para reducir nuestras salidas al mínimo posible. El Salvador es un país con un sistema de salud con muchísimas carencias, y el gran reto debe ser reducir al máximo el riesgo de contagio, para no saturar el sistema.

El encierro es desesperante; sí, veremos reducidos nuestros ingresos económicos, sí; la economía sufrirá, sí, pero será todavía peor que no logremos reducir la propagación de la enfermedad, que nuestro sistema de salud colapse y que se dispare la cifra de fallecidos.

Más allá de los decretos y las órdenes desde el Ejecutivo, más allá de lo que apruebe el Legislativo, si le es posible, quédese en casa. Hay aún miles y miles de salvadoreños que deben seguir circulando, porque de ellos depende que aún contemos con los servicios básicos y de alimentos a disposición, pero si no es su caso, no se guíe por los legalismos, guíese por el sentido común, por la razón, por el amor a los suyos.

Lo del COVID-19 es grave y va para largo, la OMS calcula que América alcanzará el pico de casos en dos meses. Más lejana aún está la esperanza de una cura o una vacuna. Por el momento, nuestra única arma es exponernos lo menos posible. Muchos no podrán, pero los que sí, por favor, quédense en casa.

Cosas imprescindibles

¿De qué nos sirven las leyes e instituciones? ¿Por qué le cedemos poder sobre nosotros a las autoridades? ¿De qué me beneficia la existencia de cosas tan abstractas como la República, la democracia, el orden constitucional?

Como humanos, tendemos a vivir en grupos. Con el paso de los siglos, la organización humana dio forma a sistemas políticos y a normas de convivencia plasmadas en leyes: qué se vale, qué no, qué me es permitido, qué definitivamente no se debe tolerar, qué merece castigo y cuál será ese castigo. Las reglas básicas del juego social y ciudadano.

Sin leyes, todo sería un caos. Imagine vivir en un entorno en el que no hubiera reglas que definieran qué es un crimen , su persecución y su castigo. Usted estaría bajo un constante sálvese-quien-pueda, expuesto a todo tipo de abusos y vejámenes, sin nadie a quien recurrir más que su propia fuerza y recursos. Los más débiles y pobres llevarían las de perder, bueno, más todavía.

Entonces es necesario ese código que diga que si alguien me roba, me agrede, atenta contra mi vida, lo puedo denunciar. Que si alguien pasa por mi dignidad humana o mis derechos fundamentales, puedo también ponerle un alto. ¿Quién aplica ese código? ¿Quién vela que las leyes se apliquen? Las diferentes instituciones.

En la historia de El Salvador hemos visto varios experimentos totalitarios, dictatoriales incluso, manoseos de la democracia en los que la voluntad de las mayorías se desechaba en forma de urnas que desaparecían en apagones el día de la votación, o en papeletas encontradas, días después, deshechas en algún río.

La transición entre ese estado de cosas y la democracia que actualmente conocemos —en la que la alternancia nos ha llevado de gobiernos de derecha a otros de izquierda y a la actual administración, que se ha autodenominado «sin ideología»— fue desgraciadamente un conflicto armado que dejó cientos de miles de muertes, un país en ruinas, desintegración familiar y social, y una polarización política que parece solo cambiar de colores.

Nos dimos una nueva oportunidad como nación cuando decidimos dialogar para poner fin al conflicto armado. No me meteré en esta columna al debate sobre si se le debe llamar o no «la firma de la paz», sino al hecho de que se dejaron atrás las armas como método de imposición sobre el adversario político y decidimos apostarle, nuevamente, a la democracia.

Es difícil que quienes no vivieron el conflicto armado o los regímenes militares que le antecedieron le den la misma importancia a lo que ahora tenemos, que quienes sí sufrieron de represión y persecución. La falta de memoria histórica es una falla de nuestra sociedad y ahora vemos los resultados: se aplauden y defienden prácticas y actitudes que recuerdan a lo ya sufrido en los 70 y que dio pie a la guerra en los 80.

Sobre todo, hay un enorme desdén por cosas que se perciben abstractas y lejanas, y que ya mencionaba al principio: la República, la democracia, la institucionalidad. Y se les resta importancia pese a que son imprescindibles, a que nos han costado mucho y a que apenas comenzamos el proceso de perfeccionarlas.

Necesitamos leyes, e instituciones fuertes y probas que las apliquen, para defendernos a cada uno de los ciudadanos que cohabitamos este país. Requerimos de un sistema en el que el poder no se concentre para evitar los abusos que ha hemos vivido en el pasado. Urgimos de defender la democracia para que las decisiones no sean impuestas por sectores, sino reflejo de la voluntad popular, sin dejar de trabajar por mejorarla, por corregir lo que se ha venido haciendo mal y por volverla cada vez más representativa.

Hace falta trabajar para que los ciudadanos participemos y decidamos basados en el conocimiento, y no el rumor o el miedo. La salud, la educación, la protección de los más necesitamos deben dejar de ser temas marginales o apuestas de coyuntura electoral, para que crezcamos como país, como seres humanos, como tomadores de decisiones y como forjadores de nuestro propio futuro.

El miedo, la confrontación y la intimidación son precisamente todo lo contrario a este propósito.

Penumbras

Todo lo que se escoge ocultar o hacer en las sombras, bajo la mesa, indefectiblemente genera sospechas. ¿Qué necesidad hay de ocultar algo que se está haciendo dentro de los límites de la legalidad, la ética y, vaya, si lo quiere agregar, de la moralidad? Si se escogen las penumbras o la oscuridad total, pocas veces es justificable.

El ámbito de la administración pública representa un ejemplo lleno de contrastes. Se trata de un aparataje amplio y complejo que funciona mayormente con los fondos que se obtienen de los tributos de toda la población, junto con préstamos que eventualmente serán igualmente pagados con impuestos de la gente. Además, las decisiones que se toman, las políticas, planes y proyectos que se definen, tienen una incidencia directa en el funcionamiento del país y en la calidad de vida de quienes lo habitan.

En la cosa pública, aunque suene a pleonasmo, no cabe lo oculto. Con contadas excepciones, como los casos en los que se alega riesgo de la seguridad nacional, el ciudadano debería poder saber cómo está operando la administración pública, qué hacen sus funcionarios, hacia dónde va el dinero, pero esto es aún, en muchos casos, una utopía.

El seguimiento a la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto general del Estado, el instrumento de política fiscal por excelencia donde además se definen los recursos para ejecutar el resto de políticas, sigue siendo una tarea difícil.

En la fase de formulación, muy pocas personas pueden saber cuánto, cómo y por qué se asigna a cada rubro. Es hasta que el proyecto del presupuesto llega a la Asamblea que se logra una mayor difusión de este, y acceso a su contenido. Sin embargo, el proyecto presentado y el aprobado suelen diferir, y requiere un trabajo muy minucioso encontrar las diferencias.

Finalmente, el presupuesto votado y el ejecutado también varían. Las transferencias entre partidas son difíciles de seguir y rastrear. La semana recién pasada, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) lanzó una herramienta para hacer este tipo de seguimiento que, sin embargo, presenta serias limitantes: la fuente de los datos es el mismo Gobierno, los mismos entes ejecutores, y no ha sido fácil obtener la información. Y es allí, en esos constantes movimientos entre partidas, donde pueden encontrarse los primeros indicios de mal manejo o corrupción. Hacerlo a ciegas, con la luz apagada, es casi imposible.

Luego vemos el debilitamiento al trabajo de entidades como el Instituto de Acceso a la Información Pública, cuyas órdenes y decisiones son abiertamente desobedecidas por los funcionarios, que optan por enfrentar las sanciones económicas o ampararse ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para no tener que dar la información que el IAIP ha solicitado. Más obscuridad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el temor a la transparencia y a la rendición de cuentas?

Acá podrían agregarse ejemplos como el de los procesos abiertos a funcionarios de la Corte de Cuentas de la República, o a los casos en los que la corrupción ha enquistado al mismo poder judicial. Los obstáculos para que la luz brille se acumulan, haciendo más densa la penumbra.

En El Salvador el combate a la corrupción se sigue limitando a juzgar y procesar, en el mejor de los casos y cuando no han huído del país, a ex funcionarios, una vez han dejado sus cargos y el dinero ha desaparecido. El verdadero reto es cerrar los espacios para que se den estos malos manejos, y la mejor forma de hacerlo es con las luces encendidas.