Cierres intermitentes

El SARS-CoV-2, comunmente conocido como «coronavirus», sumió al mundo en una crisis sin precedentes. Sistemas de salud colapsaron, miles han muerto, millones han enfermado. Tras la detección de los primeros casos y con pocas nociones sobre cómo enfrentarlo, rápidamente se esparció y se convirtió en pandemia.

Mientras médicos, científicos e investigadores iniciaron jornadas maratónicas para tratar de entender el comportamiento del nuevo virus, para tratar de encontrar un tratamiento efectivo o una vacuna, las autoridades mandaron cuarentenas y cierres para tratar de contener el covid-19.

Junto a la crisis sanitaria y humana, avanzaba también la económica. Potencias mundiales reportan ya decrecimiento, hay millones de desempleados, y mientras grandes empresas reducen operaciones o anuncian quiebras, la Organización Mundial del Trabajo ha advertido que los profesionales independientes y quienes laboran en el sector informal se llevan la peor parte.

Los modelos económicos tradicionales no aplicaban para esta crisis. Todo se ha ido construyendo sobre la marcha. El combate a la pandemia ha sido una carrera contra el tiempo y en la obscuridad, en la que apenas ahora se comienzan a ver las primeras luces, con países reportando reducciones significativas en los nuevos contagios, y empresas farmacéuticas anunciando que están cercanas a encontrar una vacuna.

Ahora, gran parte de los países que cerraron sus economías para evitar una mayor propagación de la enfermedad están iniciando sus reaperturas. Al igual que con la crisis sanitaria, el nuevo reto de reactivar los aparatos productivos y tratar de impulsar las machacadas economías se ha enfrentado con vagas nociones de lo que se debería o no hacer.

La mayoría de gobiernos ha optado por esquemas en fases, dividiendo a las empresas y negocios según su importancia para la economía en su conjunto y el riesgo que enfrentan sus empleados, o incluso, como en el caso de Honduras, zonificando al país según la cantidad de habitantes y casos positivos que se han registrado. La idea generalizada, por ejemplo, en los países de Centroamérica, es que se debe abrir poco a poco, evaluando si cada fase no conlleva que se disparen los casos nuevos, y dando prioridad a los sectores que se consideran indispensables, como los alimentos y medicamentos.

En El Salvador no hay un plan de apertura, pero dos instancias académicas, el regional INCAE y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) que elaboraron sus propuestas. De nuevo, estas se basan en aperturas graduales, en fases, determinadas por una serie de indicadores que combinan variables de salud y económicas.

El plan de la ESEN, por ejemplo, recoge el concepto de cierres intermitentes que ya ha hecho eco en el ámbito internacional: relajar medidas de contención, evaluar los efectos de ello y, de ser necesario, volver al estadio anterior de restricciones. Por ello, el modelo de la ESEN determina periodos de tres semanas entre aperturas, para tener suficiente tiempo para medir cómo estas inciden o no en nuevos contagios.

El presidente de la República, Nayib Bukele, ha dicho públicamente que las propuestas del INCAE y de la ESEN serán los insumos para el modelo de reapertura económica en El Salvador, que se espera arranque en junio, según los acuerdos que personeros del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa alcancen en su mesa de trabajo que, al cierre de esta columna, aún no había tenido resultados, pero que esperamos sí los tenga para cuando estas líneas sean publicadas.

Es importante que como población internalicemos ese concepto. No se puede pedir que las cosas vuelvan a ser como antes de un día para otro. Comenzar a abrir la economía significará que algunas empresas comiencen a operar de forma parcial, solo con una parte de sus trabajadores, con turnos y horarios escalonados, manteniendo en trabajo remoto los puestos cuyas funciones lo permitan, y aplicando estrictos protocoles de higiene y distanciamiento dentro de sus instalaciones.

Luego se necesitará data confiable y precisa para medir qué tanto podemos ir avanzando en la reapertura sin poner en riesgo la capacidad de atención del sistema de salud ni la reducción en la cantidad de nuevos casos. Se necesitará un seguimiento meticuloso y franco para que el levantamiento de las medidas de restricción no implique pérdida de vidas.

Esperemos que los actores involucrados en que esto sea así tengan la conciencia de lo importante que es asumir la nueva realidad. Y eso nos incluye a todos.

¿Hora de reactivar?

El covid-19 mantiene actualmente bajo medidas de confinamiento a una cuarta parte de la población mundial. La pandemia ha superado los 3 millones de casos confirmados, ha costado decenas de miles de vidas, y ha borrado años de crecimiento económico.

Por la alta virulencia de esta enfermedad, la principal medida de prevención es el aislamiento: millones de personas permanecen en sus casas por orden de sus respectivos gobiernos, en un intento desesperado por frenar la propagación de este nuevo tipo de coronavirus.

Como consecuencia, buena parte de la actividad económica ha parado, y algunas industrias, como la aeronáutica y el petróleo, se han llevado la peor parte. Con aeropuertos cerrados y nadie viajando, las aerolíneas han frenado sus operaciones, y con una población mundial que se transporta poco, el petróleo llegó en abril a negociarse a precios negativos, es decir, los productores llegaron a pagar porque se retirara el producto de sus almacenes.

Paralelamente, la Organización Internacional del Trabajo calcula que se perderán unos 50 millones de empleos, y que el mayor impacto -un 80 % en el caso de América Latina- se lo llevarán los trabajadores independientes. La población más pobre no ha podido salir a ganarse el sustento y la previsión global es que la desaceleración económica supera a la que se tuvo para la crisis de 2008.

Entre el temor natural por la enfermedad, y la crisis económica que han ya generado el covid-19 y las medidas de confinamiento asociadas al mismo, la gran pregunta es cuándo reabrir las economías. En Estados Unidos, el país con mayor impacto por el coronavirus, este proceso ya inició, en medio de críticas por una posible segunda ola de contagios al permitir que más gente salga a las calles para retomar las labores en industrias y comercios que, durante las últimas semanas, permanecieron cerrados.

El economista Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional y profesor en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, fue uno de los primeros en advirtir que la pandemia tendrá serias implicaciones macroeconómicas para la mayoría de loa países. Hausmann está a favor de las medidas que lleven a aplanar la curva de contagios, como el confinamiento, pero aclara que para reducir los efectos de estas medidas sobre las empresas y el empleo, como aplicar medidas de alivio a negocios y personas.

Un punto clave, y en el que se centra actualmente el debate en el país, es cómo volver a retomar la actividad normal después de una cuarentena como la aplicada en El Salvador. El experto aboga por mantener aislados a los adultos mayores antes de levantar la cuarentena, y retomar de forma gradual las diferentes actividades económicas, y ajustar el ritmo de reapertura de las empresas a medida que se cuente con mayor información sobre la evolución de la enfermedad.

El experto sugiere movilizar todos los recursos que sean posibles hacia la lucha contra la enfermedad, aun cuando esto implique adquirir nueva deuda. La prioridad del gasto debe ser el rubro de salud, seguido por la protección de los individuos y, en tercer lugar, de las empresas.

El plan de alivio económico presentado por el Gobierno, que requiere una inversión de $1,000 millones, no aborda la reapertura de la actividad económica, sino más bien medidas para dar liquidez a las empresas, como una prórroga de plazos fiscales, préstamos a bajo interés, y un subsidio a las planillas.

El cómo y cuándo retomar la actividad económica está, por el momento, fuera de la discusión oficial, pese a que el mismo Ministerio de Trabajo ha trabajado ya, junto a gremiales como la de los industriales, protocolos para retomar los procesos productivos de forma más segura.

El covid-19 cambió la forma en la que debemos hacer las cosas. Empresas y gobiernos deben pensar en maneras creativas de reabrir las economías, sin que esto implique volver a dar especio a la pandemia.

Quedémonos en casa

El mundo enfrenta una situación sin precedentes. En pocos meses, una enfermedad ha puesto bajo cuarentena a una cuarta de la población mundial, ha paralizado buena parte de la economía y ha cobrado decenas de miles de vidas. Cada día se reportan nuevos contagios, y pese a que la carrera por encontrar un tratamiento eficaz o una vacuna avanza a todo vapor, no se tendrá fármacos aprobados y viables hasta dentro de unos 18 meses.

El COVID-19 es la enfermedad causada por un tipo de coronavirus descubierto a finales de 2019 en China. En pocas semanas se esparció por el mundo y se convirtió en pandemia. Es altamente contagiosa, y la evidencia recabada hasta hoy muestra que un 20 % de los casos termina necesitando atención médica. La mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es del 2 %.

Para una gran parte de quienes se contagian, no pasa de manifestarse como una gripe. En personas con condiciones preexistentes, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, males renales o incluso obesidad, suele ser más grave.

La propagación del COVID-19 se da principalmente por la exposición a pequeñas gotas de secreción que el portador del virus expulsa al estornudar o toser. El virus también puede sobrevivir en distintos tipos de superficies, principalmente sobre acero y plástico, por lo que las principales medidas de prevención que los expertos aconsejan son el lavado constante de manos y el aislamiento social.

En El Salvador se decretó cuarentena domiciliar obligatoria el pasado mes de marzo, cuando aún no se registraban muertes por la enfermedad. La medida, que generó polémica en cuanto su ejecución y el efecto que tendría sobre la economía y los ingresos de las personas, es la más acertada y la que están recurriendo cada vez más países.

No hay, por el momento, una cura probada para el coronavirus. Los casos reportados como recuperaciones van desde personas en las que los síntomas no fueron tan agudos, hasta pacientes que sí debieron estar incluso con respiración asistida por complicaciones en la neumonía que les generó el COVID-19.

En El Salvador hay, hasta este viernes 3 de abril, medio centenar de casos confirmados y tres muertes a raíz de la enfermedad. A poco más de dos semanas de haberse iniciado la cuarentena obligatoria, las cifras comienzan a despuntar y, extrañamente, la población parece más relajada, se ven más personas y vehículos circulando por la calle, pese a que las autoridades han advertido que a quien se encuentre violando la cuarentena sin una justificación válida, se le trasladará a los centros de contención, donde poco más de 4,000 salvadoreños están recluidos.

Hay varias excepciones de circulación aún, como los empleados de sectores como los alimentos y el área de salud, los medios de comunicación y los trabajadores de diferentes ámbitos del aparato estatal, así como la Corte Suprema y la Asamblea Legislativa.

La cuarentena y otras medidas aplicadas durante la emergencia están amparadas en diferentes decretos ejecutivos, que en su momento también han generado polémica. Realmente la situación es sumamente seria y grave. Más allá de estar pensando en que un decreto va a dejar de estar vigente para irme para la calle, todos deberíamos estar pensando en forma para reducir nuestras salidas al mínimo posible. El Salvador es un país con un sistema de salud con muchísimas carencias, y el gran reto debe ser reducir al máximo el riesgo de contagio, para no saturar el sistema.

El encierro es desesperante; sí, veremos reducidos nuestros ingresos económicos, sí; la economía sufrirá, sí, pero será todavía peor que no logremos reducir la propagación de la enfermedad, que nuestro sistema de salud colapse y que se dispare la cifra de fallecidos.

Más allá de los decretos y las órdenes desde el Ejecutivo, más allá de lo que apruebe el Legislativo, si le es posible, quédese en casa. Hay aún miles y miles de salvadoreños que deben seguir circulando, porque de ellos depende que aún contemos con los servicios básicos y de alimentos a disposición, pero si no es su caso, no se guíe por los legalismos, guíese por el sentido común, por la razón, por el amor a los suyos.

Lo del COVID-19 es grave y va para largo, la OMS calcula que América alcanzará el pico de casos en dos meses. Más lejana aún está la esperanza de una cura o una vacuna. Por el momento, nuestra única arma es exponernos lo menos posible. Muchos no podrán, pero los que sí, por favor, quédense en casa.

Cosas imprescindibles

¿De qué nos sirven las leyes e instituciones? ¿Por qué le cedemos poder sobre nosotros a las autoridades? ¿De qué me beneficia la existencia de cosas tan abstractas como la República, la democracia, el orden constitucional?

Como humanos, tendemos a vivir en grupos. Con el paso de los siglos, la organización humana dio forma a sistemas políticos y a normas de convivencia plasmadas en leyes: qué se vale, qué no, qué me es permitido, qué definitivamente no se debe tolerar, qué merece castigo y cuál será ese castigo. Las reglas básicas del juego social y ciudadano.

Sin leyes, todo sería un caos. Imagine vivir en un entorno en el que no hubiera reglas que definieran qué es un crimen , su persecución y su castigo. Usted estaría bajo un constante sálvese-quien-pueda, expuesto a todo tipo de abusos y vejámenes, sin nadie a quien recurrir más que su propia fuerza y recursos. Los más débiles y pobres llevarían las de perder, bueno, más todavía.

Entonces es necesario ese código que diga que si alguien me roba, me agrede, atenta contra mi vida, lo puedo denunciar. Que si alguien pasa por mi dignidad humana o mis derechos fundamentales, puedo también ponerle un alto. ¿Quién aplica ese código? ¿Quién vela que las leyes se apliquen? Las diferentes instituciones.

En la historia de El Salvador hemos visto varios experimentos totalitarios, dictatoriales incluso, manoseos de la democracia en los que la voluntad de las mayorías se desechaba en forma de urnas que desaparecían en apagones el día de la votación, o en papeletas encontradas, días después, deshechas en algún río.

La transición entre ese estado de cosas y la democracia que actualmente conocemos —en la que la alternancia nos ha llevado de gobiernos de derecha a otros de izquierda y a la actual administración, que se ha autodenominado «sin ideología»— fue desgraciadamente un conflicto armado que dejó cientos de miles de muertes, un país en ruinas, desintegración familiar y social, y una polarización política que parece solo cambiar de colores.

Nos dimos una nueva oportunidad como nación cuando decidimos dialogar para poner fin al conflicto armado. No me meteré en esta columna al debate sobre si se le debe llamar o no «la firma de la paz», sino al hecho de que se dejaron atrás las armas como método de imposición sobre el adversario político y decidimos apostarle, nuevamente, a la democracia.

Es difícil que quienes no vivieron el conflicto armado o los regímenes militares que le antecedieron le den la misma importancia a lo que ahora tenemos, que quienes sí sufrieron de represión y persecución. La falta de memoria histórica es una falla de nuestra sociedad y ahora vemos los resultados: se aplauden y defienden prácticas y actitudes que recuerdan a lo ya sufrido en los 70 y que dio pie a la guerra en los 80.

Sobre todo, hay un enorme desdén por cosas que se perciben abstractas y lejanas, y que ya mencionaba al principio: la República, la democracia, la institucionalidad. Y se les resta importancia pese a que son imprescindibles, a que nos han costado mucho y a que apenas comenzamos el proceso de perfeccionarlas.

Necesitamos leyes, e instituciones fuertes y probas que las apliquen, para defendernos a cada uno de los ciudadanos que cohabitamos este país. Requerimos de un sistema en el que el poder no se concentre para evitar los abusos que ha hemos vivido en el pasado. Urgimos de defender la democracia para que las decisiones no sean impuestas por sectores, sino reflejo de la voluntad popular, sin dejar de trabajar por mejorarla, por corregir lo que se ha venido haciendo mal y por volverla cada vez más representativa.

Hace falta trabajar para que los ciudadanos participemos y decidamos basados en el conocimiento, y no el rumor o el miedo. La salud, la educación, la protección de los más necesitamos deben dejar de ser temas marginales o apuestas de coyuntura electoral, para que crezcamos como país, como seres humanos, como tomadores de decisiones y como forjadores de nuestro propio futuro.

El miedo, la confrontación y la intimidación son precisamente todo lo contrario a este propósito.

Penumbras

Todo lo que se escoge ocultar o hacer en las sombras, bajo la mesa, indefectiblemente genera sospechas. ¿Qué necesidad hay de ocultar algo que se está haciendo dentro de los límites de la legalidad, la ética y, vaya, si lo quiere agregar, de la moralidad? Si se escogen las penumbras o la oscuridad total, pocas veces es justificable.

El ámbito de la administración pública representa un ejemplo lleno de contrastes. Se trata de un aparataje amplio y complejo que funciona mayormente con los fondos que se obtienen de los tributos de toda la población, junto con préstamos que eventualmente serán igualmente pagados con impuestos de la gente. Además, las decisiones que se toman, las políticas, planes y proyectos que se definen, tienen una incidencia directa en el funcionamiento del país y en la calidad de vida de quienes lo habitan.

En la cosa pública, aunque suene a pleonasmo, no cabe lo oculto. Con contadas excepciones, como los casos en los que se alega riesgo de la seguridad nacional, el ciudadano debería poder saber cómo está operando la administración pública, qué hacen sus funcionarios, hacia dónde va el dinero, pero esto es aún, en muchos casos, una utopía.

El seguimiento a la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto general del Estado, el instrumento de política fiscal por excelencia donde además se definen los recursos para ejecutar el resto de políticas, sigue siendo una tarea difícil.

En la fase de formulación, muy pocas personas pueden saber cuánto, cómo y por qué se asigna a cada rubro. Es hasta que el proyecto del presupuesto llega a la Asamblea que se logra una mayor difusión de este, y acceso a su contenido. Sin embargo, el proyecto presentado y el aprobado suelen diferir, y requiere un trabajo muy minucioso encontrar las diferencias.

Finalmente, el presupuesto votado y el ejecutado también varían. Las transferencias entre partidas son difíciles de seguir y rastrear. La semana recién pasada, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) lanzó una herramienta para hacer este tipo de seguimiento que, sin embargo, presenta serias limitantes: la fuente de los datos es el mismo Gobierno, los mismos entes ejecutores, y no ha sido fácil obtener la información. Y es allí, en esos constantes movimientos entre partidas, donde pueden encontrarse los primeros indicios de mal manejo o corrupción. Hacerlo a ciegas, con la luz apagada, es casi imposible.

Luego vemos el debilitamiento al trabajo de entidades como el Instituto de Acceso a la Información Pública, cuyas órdenes y decisiones son abiertamente desobedecidas por los funcionarios, que optan por enfrentar las sanciones económicas o ampararse ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para no tener que dar la información que el IAIP ha solicitado. Más obscuridad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el temor a la transparencia y a la rendición de cuentas?

Acá podrían agregarse ejemplos como el de los procesos abiertos a funcionarios de la Corte de Cuentas de la República, o a los casos en los que la corrupción ha enquistado al mismo poder judicial. Los obstáculos para que la luz brille se acumulan, haciendo más densa la penumbra.

En El Salvador el combate a la corrupción se sigue limitando a juzgar y procesar, en el mejor de los casos y cuando no han huído del país, a ex funcionarios, una vez han dejado sus cargos y el dinero ha desaparecido. El verdadero reto es cerrar los espacios para que se den estos malos manejos, y la mejor forma de hacerlo es con las luces encendidas.

¿A qué jugamos?

Hablar de reglas del juego ya es un cliché cuando se habla de clima de negocios y ambiente para las inversiones, pero es un cliché necesario. Pocas cosas hay tan cobardes como el dinero y si la apuesta económica de un gobierno es atraerlo, debe saberse desde un principio cuál será el juego y bajo qué reglas.

A seis meses de iniciada la administración de Nayib Bukele, el tema estrella ha sido la seguridad. Recién esta semana se comenzó a hablar oficialmente de la política económica que se impulsará: el fomento a las inversiones. Hay que aclarar que esto es algo que ya habían mencionado, desde el arranque de la gestión, diferentes funcionarios, como la ministra de Economía y el comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos. Ambos se refirieron en reiteradas ocasiones al hecho de que había varios proyectos detenidos principalmente por trabas como permisos demorados, y que se había montado una oficina en Casa Presidencial para atender estos casos.

Estos proyectos suman, según los funcionarios, entre $2,000 y $3,000 millones y, de echarse a andar, esperan que dinamicen la economía, generen empleos y ayuden a aumentar la tributación. Aunque no se ha dado a conocer en detalle la política fiscal que implementará este gobierno, la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, dijo que el presidente Bukele ha dado la orden de no subir impuestos, y que la apuesta es aumentar los ingresos fiscales con mayor crecimiento.

El fomento a las inversiones puede ser, y ha sido, parte de las políticas de varios gobiernos en el pasado cercano, principalmente en las que estuvieron bajo presidente del partido ARENA. La facilitación de los procesos y trámites y la mejora en lo que se denomina el clima de negocios (reducir los costos y tiempos para establecer y operar empresas) también han estado incluidas en las agendas de presidentes anteriores.

¿Qué será lo que hará diferente a la apuesta por la inversión que están haciendo el presidente Bukele y su gabinete? En su discurso del jueves, el presidente daba algunas luces y se refirió a la innovación, a la facilitación de trámites para los ciudadanos y a la apuesta por sectores específicos, como la agricultura y la construcción.

Es importante señalar que las inversiones por sí solas no son garantía de mayor crecimiento económico, y mucho menos de que esta sea inclusivo. El desarrollo humano es una gran deuda en El Salvador y este requiere reducir las enormes desigualdades en el ingreso que aún persisten, y no solo en eso, sino en aspectos como el acceso a salud, educación, servicios básicos y vivienda de calidad. Mientras grandes porciones de la población, tanto en la zona rural como en las comunidades marginales de las grandes ciudades, carezcan de servicios básicos como agua potable o un techo seguro, se seguirán requiriendo soluciones en este sentido.

La facilitación de las inversiones tampoco puede sacrificar la protección del medio ambiente, ni el equilibrio en la distribución del agua, ya escasa en varias zonas del país. La agricultura no puede limitarse a la agroindustria y si bien se requieren soluciones para sectores como el café, golpeado por bajos precios, plagas y el cambio climático, se debe hacer una apuesta seria por la seguridad alimentaria y la autonomía en granos básicos.

No basta con que venga inversión, debe buscarse inversión de calidad, que genere valor agregado y empleos mejor remunerados. El Salvador tiene un problema de baja productividad que puede corregirse a través de mayor tecnología e innovación, algo que parece tener bastante claro el presidente Bukele, así que habrá que esperar y ver cuáles son las acciones que se toman en este sentido.

Arranca 2020 y por supuesto que no estamos exigiendo que se resuelva en un par de meses problemas que ya se han vuelto estructurales, pero sí es necesario que haya mayor claridad y difusión sobre las políticas económica, fiscal, de salud, de educación, medioambiental, del agro, por mencionar algunas, porque en estas políticas veremos lo que este gobierno quiere hacer, y deben contener los planes con sus apuestas y prioridades, las que se ejecutarán a través de programas y proyectos. Necesitamos saber qué quieren hacer, a qué jugaremos, y bajo qué reglas.

Fe

La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según la definición bíblica. Aunque en el plano metafísico es algo básico y en la parte espiritual es el sostén de millones y millones de personas en el mundo, es cierto que hay muchísimas cosas para las que no basta con creer.

Puedo tener fe en que el próximo año será mejor, pero depende de mí actuar, trabajar y poner de mi parte para que eso suceda. Puedo, así mismo, tener fe en mis gobernantes, en esos a los que les confié mi voto y quienes ahora se sientan en las sillas del poder y deciden cosas que serán determinantes para mi calidad de vida y la de mis compatriotas.

Con ese poder, dado por la mayoría que acudió a las urnas, pueden decidir en qué usarán nuestros dineros, esos que pagamos cada vez que compramos algo, recibimos un pago o nos aplican tasas e impuestos que ni sabemos que existen —con la gasolina seguimos pagando el FEFE, al que le decían «impuesto de guerra»—. Deciden, además, en qué montos y para qué fines contratar más deuda.

Entonces, sobre esa plata pueden tomarse decisiones que fomenten el bienestar social: invertir en mejorar la salud pública, la educación, los servicios para la población más pobre. Puede priorizarse recursos para reforzar lo que se traduzca en mejoras para la gente y reducir el gasto en cuestiones como viajes o lujos para los funcionarios públicos. Incluso tenemos un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en este sentido.

Mucha fe puedo tener en mis gobernantes, pero allí sí necesito ver, sí necesito saber y sí necesito conocer cómo y en qué usará la plata. No se vale que el proceso de elaboración y discusión del presupuesto sea tan poco público y tan poco transparente. La población tiene acceso al proyecto de presupuesto una vez presentado y luego, tras su aprobación, una vez publicado. Porque pese a que las reuniones de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa se transmitan por radio o televisión, las verdaderas decisiones se siguen tomando a puerta cerrada, bajo la mesa, y según pactos que poco tienen que ver con el bienestar de la gente.

La fe, la confianza en mis funcionarios no puede ni debe ser un cheque en blanco ni un salvoconducto para que hagan lo que les dé la gana. La transparencia ha sido el gran ausente en los procesos de formulación del presupuesto durante décadas y si de verdad vamos a hacer las cosas distintas, cambiar esto es un buen inicio.

Es delicadísimo que el plan de gastos del Estado no se maneje como lo que es: una herramienta de política fiscal cuyos fines deben ser asegurar una gestión alineada con el bienestar social, con la sostenibilidad y con la austeridad en las áreas en las que se pueda aplicar. Seguimos siendo el país con una de las planillas públicas más caras de la región, se sigue manteniendo partidas de gastos reservados, le seguimos dando más recursos a publicidad que a entidades que cuidan del bienestar de los niños, del medio ambiente o de la promoción del turismo. Incumplimos fallos judiciales que nos mandan a tener presupuestos equilibrados y sin gastos subestimados ni ingresos inflados.

El problema de un presupuesto mal elaborado y mal enfocado es que el resultado es una merma en la calidad de la vida de la gente, sobre todo de los más pobres, por dos causas principales. Primero, si no se prioriza bien el gasto, no se dedican suficientes recursos a los servicios básicos, esos a los que la población más vulnerable no puede tener acceso a menos que el Estado se los provea.

Segundo, con presupuestos desequilibrados, se debe recurrir cada vez más a deuda, y los futuros presupuestos deberán destinar, como ya pasó en 2019, más recursos al pago de la deuda que a salud y educación combinados.

No es poca cosa. Tengo fe en que finalmente nuestros gobernantes entenderán. Ojalá no me equivoque.

Prioridades

El Salvador ha logrado bajar sus altísimas cifras de homicidios. La reducción ha sido marcada desde que Nayib Bukele asumió como presidente de la República. El mismo presidente y su gabinete de seguridad afirman que esto es resultado del Plan Control Territorial, del cual se han anunciado tres etapas: una de recuperación de territorios, aplicada a ciertos municipios considerados de mayor peligrosidad; una segunda que tiene que ver más con la reconstrucción del tejido social, y para la cual el Ejecutivo ha solicitado a los diputados que le aprueben un préstamo de $91 millones, y una tercera, que implica el uso de mejor tecnología al combate al crimen, y a la que el ministro de la Defensa atribuye la necesidad del aumento en la partida presupuestaria para su cartera durante 2020.

Aunque muchos dudan de que esta reducción en los promedios diarios de homicidios se deban únicamente al plan del Ejecutivo, y la relacionan con causas que van desde algún tipo de trato con las pandillas, hasta una señal de «buena voluntad» por parte de estas, las cifras son impactantes: De 11 homicidios diarios en 2017, en octubre se cerró con un promedio de 3.6.

Pero mientras los esfuerzos mediáticos y logísticos de la actual administración se centran en la parte de seguridad, otras áreas bastante sensibles para la población siguen requiriendo atención. Dos de las más importantes son la salud y la generación de empleo.

Por un lado, el presupuesto general del Estado para 2020 incluye aumentos en las partidas para salud y educación, pero los recursos se quedan cortos para la cantidad de urgencias que existen en ambas áreas. En salud, y pese a que hace algunas semanas las autoridades afirmaron que la red estaba totalmente abastecida, las carencias persisten, no solo en medicamentos, sino también en camas y otros recursos.

En educación, miles de docentes han detenido sus trámites de jubilación debido a que se les ofrecen pensiones muy bajas. Y mientras los maestros de mayor edad se aferran a sus plazas como única posibilidad de mantener un ingreso digno, otros miles salen graduados cada año sin encontrar posibilidad de ingresar al sistema.

En la parte económica, hay un ambiente de optimismo entre el empresariado. Las diferentes gremiales del sector privado han aplaudido la intención de cercanía del actual Gobierno, y el discurso que este ha mantenido en cuanto a la mejora del clima de negocios. Pero en la práctica, tenemos un Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) —un indicador que se aproxima al Producto Interno Bruto (PIB) —, que cerró a septiembre de 2019 en 1.6, cuando en 2018 era de 2.76, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Y mientras tanto, se siguen perdiendo empleos. Septiembre cerró con 728,538 cotizantes al Sistema de Ahorro para Pensiones, es decir, 7,159 menos que el pasado mes agosto, y 1,528 menos que en septiembre del año pasado, según datos de LPG Datos, unidad de investigación del Grupo LPG. La población cotizante es un indicador de la salud del empleo formal en el país.

¿Qué pasa en un país con más de 6 millones de habitantes, con 4 millones aptos para trabajar, pero donde solo unos 700,000 están cotizando? ¿Cómo coincide eso con una cifra oficial de desempleo que se mantiene en el 7 %? Si solo 700,000 están cotizando, esa es la cifra de los empleos formales con protección social y previsional. Al resto de ocupados los absorbe la economía informal o el autoempleo, y esto tiene implicaciones tremendas.

En los países con tales niveles de informalidad hay problemas sociales —ingresos bajos, precariedad laboral, no se ahorra para la vejez ni se tiene acceso al seguro social—, económicos —menor ingreso de los individuos merma el consumo, la actividad económica sufre en su conjunto—, y fiscales —son las mismas empresas y los mismos asalariados quienes pagan los impuestos—, sin mencionar el efecto en el desarrollo humano de la población, en la distribución del ingreso y en las perspectivas de progreso social.

La lista de prioridades es grande, y aún estamos a la espera de conocer las grandes políticas que se aplicarán en estas áreas. Porque lo que hemos visto hasta hoy han sido acciones aisladas, que requieren de una articulación para convertirse en programas, y estos, a su vez, deben emanar de políticas basadas en información, en resultados, y en modelos, que aún no han sido anunciadas ni publicadas.

De precios y gobiernos

No siempre es fácil entender cómo se determinan los precios de los bienes y servicios que consumimos. No siempre es simple oferta y demanda, o la voluntad de quien los vende. La cantidad de factores que influyen puede llegar a ser grande, y los mecanismos para calcular los precios, bastante complejos.

En El Salvador impera, con sus bemoles, un libre mercado. No hay control de precios, a excepción de productos puntuales como el gas propano. Para el resto, es el mercado el que determina los precios, según, como decíamos al principio, por una variedad de factores.

Por ejemplo, no es el Ministerio de Economía el que fija los precios de los combustibles, pese a que cada 15 días publica una tabla con precios de referencia. Son nada más eso: referencias. Estos valores los obtiene con una fórmula que toma en cuenta los costos de los diferentes eslabones de la cadena de los hidrocarburos, hasta que la gasolina o el diésel están puestos en bomba en las estaciones de servicio. Y no son de obligatorio cumplimiento, no se puede multar a una gasolinera por no acatarlos. Sirven, al menos en teoría, para orientar a los consumidores y que busquen abastecerse en lugares que no vendan por arriba de estas referencias.

Con la energía eléctrica pasa algo similar. Las tarifas se calculan con una fórmula que tiene en cuenta toda la cadena de generación, comercialización, interconexión, importaciones, distribución, y son precisamente las distribuidoras las que arman los pliegos, que luego son presentados a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), para que esta las avale y publique. La base es el costo de la energía el trimestre previo, y se cambian los días 15 de enero, abril, julio y octubre de cada año.

En periodos secos, el precio tiende a subir porque se depende más de generación térmica, que es más cara: se obtiene de motores que queman búnker, un derivado del petróleo. Por ello, cuando ha habido alzas fuertes en el petróleo, sube también el costo de la energía eléctrica.

Por otro lado, en periodos con lluvias copiosas, la tarifa tiende a bajar porque las presas que opera la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) tienden a generar más, a un costo menor que las térmicas. Tras meses con mucha lluvia, la energía es más barata.

Los gobiernos tienden a anunciar con mucha pompa las bajas en los precios de estos y otros productos y servicios, y a ser muy precavidos o guardar silencio cuando hay alzas, pese a que poco pueden hacer para controlar estas variaciones.

En el caso de los combustibles, lo que sí tiene una incidencia importante es la cantidad de impuestos que se recargan a su precio. En El Salvador pagamos varios cada vez que compramos un galón de combustible, desde el Fondo de Conservación Vial, hasta el FEFE, aún conocido como «impuesto de guerra», que sirve para financiar el subsidio al gas propano.

El gas es otro producto cuyo precio varía cada mes, allí sí, según anuncio de la Dirección de Hidrocarburos y Minas. El Gobierno además entrega un subsidio de alrededor de $5 mensuales a poco más de un millón de hogares, para que lo compren más barato.

Y es a través, finalmente, de subsidios como este, que el Gobierno sí puede tener incidencia en el costo de la energía para los hogares. De hecho, quienes tienen consumos debajo de 99 kilovatios/hora al mes, aún reciben una tarifa preferencial, que es subsidiada por el Estado.

Pero más allá de quitar o poner impuestos, o aplicar o eliminar subsidios, gobiernos de países como El Salvador poco pueden hacer para influir de forma significativa en las variaciones que tienen los precios de productos como la gasolina, o servicios como la energía eléctrica, principalmente porque somos consumidores netos de hidrocarburos, y los movimientos en los precios de estos, que son los que sí tienen peso para mover la balanza, los determinan fenómenos climáticos y geopolíticos ante los cuales muy poco podemos hacer.

¿Periodismo? ¿Para qué?

Para nadie es un secreto que los medios de comunicación están en crisis. Más bien, el modelo de negocios, sobre todo de los medios escritos, está en crisis. Lejos quedaron los tiempos en los que los periódicos tenían un cierto monopolio en cuanto a la difusión de la información, y muchos no han logrado aún encontrar la ruta.

Aún así, soy una fiel convencida de que el periodismo de calidad sí vende. Quizá hemos fallado en recordarles a nuestras sociedades el verdadero papel de los periodistas y de los medios de comunicación en nuestras democracias. Mucha gente incluso cree que los medios tradicionales ya no son necesarios, porque eligen informarse en redes sociales, sin reparar mucho en quién les está presentando esta información.

Sin embargo, aunque los soportes cambien y los medios electrónicos despunten cada vez más, el método del buen periodismo no cambia. Periodismo no es repetir como lorito lo que un funcionario o un empresario dice, ni tomarlo como la verdad absoluta. El periodista recolecta datos, busca información, contrasta fuentes y sabe que, mientras más se esmere en esta búsqueda, más se acercará a la verdad. Como si cada persona con la que se hablara y cada documento que se consultara constituyeran pequeñas presas de un gran rompecabezas, seguir el método periodístico de investigar, contrastar, contextualizar y explicar permite ir armando una fotografía lo más parecida posible a la realidad.

Y, claro que cada medio tiene una agenda, los propietarios tienen sus propios intereses e ideologías, y los mismos periodistas tienen una carga importante de subjetividad, como todo ser humano pero, al final, es el método el que nos permite ofrecer un trabajo del que podamos sentirnos orgullosos. Y a usted, el consumidor de la información, se le presenta un abanico de medios de todos los colores y tendencias, para que usted mismo sea capaz de ir viendo los diferentes enfoques de la realidad que cada uno le presenta.

Recientemente, en El Salvador se ha vuelto común que a los periodistas se nos confunda con inspectores, policías o fiscales. «Si tanto saben, ¿por qué no van a la FGR? ¿Por qué no los denuncian ustedes?». Y sí, lo hacemos. Lo hacemos desde nuestras notas, desde nuestros reportajes, en nuestros minutos al aire, incluso en nuestras columnas de opinión.

Por el papel del periodista no es el mismo de un policía o de un abogado. En el siglo pasado se nos llamaba los «perros guardianes», los vigilantes del poder, los encargados de encender la luz para que la sociedad vea lo que realmente sucede, sobre todo en los ámbitos de poder político o económico.

Nuestro trabajo es la denuncia pública, para que usted, como ciudadano, esté armado con el enorme poder que otorga la información, para que tenga herramientas para tomar mejores decisiones, para indignarse, para reclamar y, ¿por qué no? Para que las entidades encargadas de las investigaciones administrativas y judiciales hagan lo suyo.

Los medios son necesarios en las democracias en su papel de vigilantes, para apuntar los reflectores y señalar el dedo hacia lo que requiere ser señalado. El periodismo de calidad es básico para que los sectores poderosos no abusen de los que están abajo, para pedir cuentas a la administración pública, para hacer eco de las voces de quienes sufren por los problemas sociales, económicos, políticos y humanitarios.

El buen periodismo, hoy más que nunca, se debe defender, apoyar y promover.