Prioridades

El Salvador ha logrado bajar sus altísimas cifras de homicidios. La reducción ha sido marcada desde que Nayib Bukele asumió como presidente de la República. El mismo presidente y su gabinete de seguridad afirman que esto es resultado del Plan Control Territorial, del cual se han anunciado tres etapas: una de recuperación de territorios, aplicada a ciertos municipios considerados de mayor peligrosidad; una segunda que tiene que ver más con la reconstrucción del tejido social, y para la cual el Ejecutivo ha solicitado a los diputados que le aprueben un préstamo de $91 millones, y una tercera, que implica el uso de mejor tecnología al combate al crimen, y a la que el ministro de la Defensa atribuye la necesidad del aumento en la partida presupuestaria para su cartera durante 2020.

Aunque muchos dudan de que esta reducción en los promedios diarios de homicidios se deban únicamente al plan del Ejecutivo, y la relacionan con causas que van desde algún tipo de trato con las pandillas, hasta una señal de «buena voluntad» por parte de estas, las cifras son impactantes: De 11 homicidios diarios en 2017, en octubre se cerró con un promedio de 3.6.

Pero mientras los esfuerzos mediáticos y logísticos de la actual administración se centran en la parte de seguridad, otras áreas bastante sensibles para la población siguen requiriendo atención. Dos de las más importantes son la salud y la generación de empleo.

Por un lado, el presupuesto general del Estado para 2020 incluye aumentos en las partidas para salud y educación, pero los recursos se quedan cortos para la cantidad de urgencias que existen en ambas áreas. En salud, y pese a que hace algunas semanas las autoridades afirmaron que la red estaba totalmente abastecida, las carencias persisten, no solo en medicamentos, sino también en camas y otros recursos.

En educación, miles de docentes han detenido sus trámites de jubilación debido a que se les ofrecen pensiones muy bajas. Y mientras los maestros de mayor edad se aferran a sus plazas como única posibilidad de mantener un ingreso digno, otros miles salen graduados cada año sin encontrar posibilidad de ingresar al sistema.

En la parte económica, hay un ambiente de optimismo entre el empresariado. Las diferentes gremiales del sector privado han aplaudido la intención de cercanía del actual Gobierno, y el discurso que este ha mantenido en cuanto a la mejora del clima de negocios. Pero en la práctica, tenemos un Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) —un indicador que se aproxima al Producto Interno Bruto (PIB) —, que cerró a septiembre de 2019 en 1.6, cuando en 2018 era de 2.76, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Y mientras tanto, se siguen perdiendo empleos. Septiembre cerró con 728,538 cotizantes al Sistema de Ahorro para Pensiones, es decir, 7,159 menos que el pasado mes agosto, y 1,528 menos que en septiembre del año pasado, según datos de LPG Datos, unidad de investigación del Grupo LPG. La población cotizante es un indicador de la salud del empleo formal en el país.

¿Qué pasa en un país con más de 6 millones de habitantes, con 4 millones aptos para trabajar, pero donde solo unos 700,000 están cotizando? ¿Cómo coincide eso con una cifra oficial de desempleo que se mantiene en el 7 %? Si solo 700,000 están cotizando, esa es la cifra de los empleos formales con protección social y previsional. Al resto de ocupados los absorbe la economía informal o el autoempleo, y esto tiene implicaciones tremendas.

En los países con tales niveles de informalidad hay problemas sociales —ingresos bajos, precariedad laboral, no se ahorra para la vejez ni se tiene acceso al seguro social—, económicos —menor ingreso de los individuos merma el consumo, la actividad económica sufre en su conjunto—, y fiscales —son las mismas empresas y los mismos asalariados quienes pagan los impuestos—, sin mencionar el efecto en el desarrollo humano de la población, en la distribución del ingreso y en las perspectivas de progreso social.

La lista de prioridades es grande, y aún estamos a la espera de conocer las grandes políticas que se aplicarán en estas áreas. Porque lo que hemos visto hasta hoy han sido acciones aisladas, que requieren de una articulación para convertirse en programas, y estos, a su vez, deben emanar de políticas basadas en información, en resultados, y en modelos, que aún no han sido anunciadas ni publicadas.

De precios y gobiernos

No siempre es fácil entender cómo se determinan los precios de los bienes y servicios que consumimos. No siempre es simple oferta y demanda, o la voluntad de quien los vende. La cantidad de factores que influyen puede llegar a ser grande, y los mecanismos para calcular los precios, bastante complejos.

En El Salvador impera, con sus bemoles, un libre mercado. No hay control de precios, a excepción de productos puntuales como el gas propano. Para el resto, es el mercado el que determina los precios, según, como decíamos al principio, por una variedad de factores.

Por ejemplo, no es el Ministerio de Economía el que fija los precios de los combustibles, pese a que cada 15 días publica una tabla con precios de referencia. Son nada más eso: referencias. Estos valores los obtiene con una fórmula que toma en cuenta los costos de los diferentes eslabones de la cadena de los hidrocarburos, hasta que la gasolina o el diésel están puestos en bomba en las estaciones de servicio. Y no son de obligatorio cumplimiento, no se puede multar a una gasolinera por no acatarlos. Sirven, al menos en teoría, para orientar a los consumidores y que busquen abastecerse en lugares que no vendan por arriba de estas referencias.

Con la energía eléctrica pasa algo similar. Las tarifas se calculan con una fórmula que tiene en cuenta toda la cadena de generación, comercialización, interconexión, importaciones, distribución, y son precisamente las distribuidoras las que arman los pliegos, que luego son presentados a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), para que esta las avale y publique. La base es el costo de la energía el trimestre previo, y se cambian los días 15 de enero, abril, julio y octubre de cada año.

En periodos secos, el precio tiende a subir porque se depende más de generación térmica, que es más cara: se obtiene de motores que queman búnker, un derivado del petróleo. Por ello, cuando ha habido alzas fuertes en el petróleo, sube también el costo de la energía eléctrica.

Por otro lado, en periodos con lluvias copiosas, la tarifa tiende a bajar porque las presas que opera la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) tienden a generar más, a un costo menor que las térmicas. Tras meses con mucha lluvia, la energía es más barata.

Los gobiernos tienden a anunciar con mucha pompa las bajas en los precios de estos y otros productos y servicios, y a ser muy precavidos o guardar silencio cuando hay alzas, pese a que poco pueden hacer para controlar estas variaciones.

En el caso de los combustibles, lo que sí tiene una incidencia importante es la cantidad de impuestos que se recargan a su precio. En El Salvador pagamos varios cada vez que compramos un galón de combustible, desde el Fondo de Conservación Vial, hasta el FEFE, aún conocido como «impuesto de guerra», que sirve para financiar el subsidio al gas propano.

El gas es otro producto cuyo precio varía cada mes, allí sí, según anuncio de la Dirección de Hidrocarburos y Minas. El Gobierno además entrega un subsidio de alrededor de $5 mensuales a poco más de un millón de hogares, para que lo compren más barato.

Y es a través, finalmente, de subsidios como este, que el Gobierno sí puede tener incidencia en el costo de la energía para los hogares. De hecho, quienes tienen consumos debajo de 99 kilovatios/hora al mes, aún reciben una tarifa preferencial, que es subsidiada por el Estado.

Pero más allá de quitar o poner impuestos, o aplicar o eliminar subsidios, gobiernos de países como El Salvador poco pueden hacer para influir de forma significativa en las variaciones que tienen los precios de productos como la gasolina, o servicios como la energía eléctrica, principalmente porque somos consumidores netos de hidrocarburos, y los movimientos en los precios de estos, que son los que sí tienen peso para mover la balanza, los determinan fenómenos climáticos y geopolíticos ante los cuales muy poco podemos hacer.

¿Periodismo? ¿Para qué?

Para nadie es un secreto que los medios de comunicación están en crisis. Más bien, el modelo de negocios, sobre todo de los medios escritos, está en crisis. Lejos quedaron los tiempos en los que los periódicos tenían un cierto monopolio en cuanto a la difusión de la información, y muchos no han logrado aún encontrar la ruta.

Aún así, soy una fiel convencida de que el periodismo de calidad sí vende. Quizá hemos fallado en recordarles a nuestras sociedades el verdadero papel de los periodistas y de los medios de comunicación en nuestras democracias. Mucha gente incluso cree que los medios tradicionales ya no son necesarios, porque eligen informarse en redes sociales, sin reparar mucho en quién les está presentando esta información.

Sin embargo, aunque los soportes cambien y los medios electrónicos despunten cada vez más, el método del buen periodismo no cambia. Periodismo no es repetir como lorito lo que un funcionario o un empresario dice, ni tomarlo como la verdad absoluta. El periodista recolecta datos, busca información, contrasta fuentes y sabe que, mientras más se esmere en esta búsqueda, más se acercará a la verdad. Como si cada persona con la que se hablara y cada documento que se consultara constituyeran pequeñas presas de un gran rompecabezas, seguir el método periodístico de investigar, contrastar, contextualizar y explicar permite ir armando una fotografía lo más parecida posible a la realidad.

Y, claro que cada medio tiene una agenda, los propietarios tienen sus propios intereses e ideologías, y los mismos periodistas tienen una carga importante de subjetividad, como todo ser humano pero, al final, es el método el que nos permite ofrecer un trabajo del que podamos sentirnos orgullosos. Y a usted, el consumidor de la información, se le presenta un abanico de medios de todos los colores y tendencias, para que usted mismo sea capaz de ir viendo los diferentes enfoques de la realidad que cada uno le presenta.

Recientemente, en El Salvador se ha vuelto común que a los periodistas se nos confunda con inspectores, policías o fiscales. «Si tanto saben, ¿por qué no van a la FGR? ¿Por qué no los denuncian ustedes?». Y sí, lo hacemos. Lo hacemos desde nuestras notas, desde nuestros reportajes, en nuestros minutos al aire, incluso en nuestras columnas de opinión.

Por el papel del periodista no es el mismo de un policía o de un abogado. En el siglo pasado se nos llamaba los «perros guardianes», los vigilantes del poder, los encargados de encender la luz para que la sociedad vea lo que realmente sucede, sobre todo en los ámbitos de poder político o económico.

Nuestro trabajo es la denuncia pública, para que usted, como ciudadano, esté armado con el enorme poder que otorga la información, para que tenga herramientas para tomar mejores decisiones, para indignarse, para reclamar y, ¿por qué no? Para que las entidades encargadas de las investigaciones administrativas y judiciales hagan lo suyo.

Los medios son necesarios en las democracias en su papel de vigilantes, para apuntar los reflectores y señalar el dedo hacia lo que requiere ser señalado. El periodismo de calidad es básico para que los sectores poderosos no abusen de los que están abajo, para pedir cuentas a la administración pública, para hacer eco de las voces de quienes sufren por los problemas sociales, económicos, políticos y humanitarios.

El buen periodismo, hoy más que nunca, se debe defender, apoyar y promover.

Seguridad, tecnología y ciudades inteligentes

Aquello de que de las crisis nacen las oportunidades parece ya una frase trillada, pero es muy cierta. Y si hay un pueblo que sabe de crisis, es el salvadoreño. Venimos de una guerra que nos desangró en todos los sentidos, y de una posguerra en la que hemos bregado con el bajo crecimiento económico, con la descomposición del tejido social y con la inseguridad.

Y es esto último lo que cientos de miles de salvadoreños perciben como el principal de nuestros problemas. La delincuencia y la criminalidad, en sus diferentes manifestaciones, no solo merman casi una quinta parte del Producto Nacional Bruto, sino que tiene tremendas consecuencias humanas y sociales.

Pero es curioso que las necesidades que surgen debido a esta realidad se conviertan en ventanas de oportunidad para que El Salvador se adentre a temas de primer mundo, como las ciudades inteligentes.

En una ciudad inteligente, o «smart city» según el término anglosajón original, se aprovecha el potencial de la tecnología y de la innovación, junto con otros recursos, con el objetivo de promover un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En estas, el día a día se maneja a través del aprovechamiento del «big data», de las aplicaciones móviles, del internet de las cosas y de la denominada industria 4.0, con un enfoque de uso racional de los recursos, ahorro de recursos para los ciudadanos, gobiernos transparentes y producción más limpia, entre otros.

Y si bien es algo que quizá nos suene aún futurista, se vuelve poco a poco una realidad y una cotidianidad en diferentes partes del mundo.

En El Salvador ya están presentes empresas que lideran estos procesos en otras ciudades. Una de ellas es IndigoVision, originaria de Reino Unido y con sede en Escocia. Se especializa en videovigilancia y opera en unos 30 países, pero además trabaja ya en procesos de ciudades inteligentes en países como Colombia, Chile y Perú.

Al país han llegado de la mano de la local Radiocom, principalmente para trabajar la instalación de cámaras de seguridad de alta tecnología que echan mano de inteligencia artificial para ser eficientes y aumentar su capacidad, velocidad y calidad de reacción.

En el país han instalado equipos en el puerto de Acajutla y en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, a través de contratos con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Su sistema de videovigilancia IP ofrece, entre otras cosas, reconocimiento facial y numérico para facilitar la identificación tanto de personas como de placas de vehículos.

El enfoque de la seguridad en las ciudades inteligentes aprovecha la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para la vigilancia, pero también para la prevención del delito. La identificación facial y numérica también facilita la obtención de indicios para las fases de investigación y de pruebas, una vez judicializado el delito.

Contar con sistemas integrados de seguridad que ofrecen este tipo de vigilancia, generalmente combinados con mecanismos de alerta inmediata, se convierten también en un desincentivo para la criminalidad, desde el punto de vista de la economía del delito: hace más probable que alguien que comete un ilícito sea capturado, procesado y finalmente condenado, algo en lo que países como el nuestro aún tienen una deuda grande.

La tecnología, las herramientas y los mecanismos están disponibles. Lo que falta es que se tomen decisiones para implementarlos de forma adecuada para hacer un combate más efectivo a la criminalidad, más enfocado y preciso.

Y, por qué no, aprovechar este primer paso para ir abriendo las puertas a que nuestras ciudades se vuelvan ciudades inteligentes, no bajo la receta de otros, sino como respuesta a nuestras particularidades y necesidades como país.

Esta es, definitivamente, una oportunidad que se puede y se debe aprovechar

El siguiente paso

En El Salvador hay muchas cosas que ya damos por hecho. Una de las más tristes es la resignación a que hay muy pocas oportunidades, y que a estas tiene acceso una porción bien limitada de la población. Indicadores económicos y sociales lo confirman: hay bajo grado de escolaridad, pocos terminan la escuela, muchos menos el bachillerato, y un número aún más reducido logra concluir una carrera universitaria.

Y aún entre quienes logran finalizar sus estudios superiores hay desempleo o subempleo. Nuestra economía crece a duras penas y ninguna de las recetas que se han aplicado a la fecha –apostarle a la maquila, a la sustitución de inversiones, al libre comercio, a ser un centro logístico regional (que esto ni siquiera se llegó a concretar)– han logrado que se despegue.

Con una inversión limitada en educación, es difícil romper el ciclo de mala preparación del capital humano y la falta de oportunidades. Mientras gobiernos van y vienen, sigue sin alcanzarse la cifra casi utópica de destinar un equivalente al 6 % de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública. Ante esta realidad, no es exclusiva del país, surgen iniciativas privadas que buscan llenar, en la medida de lo posible, estos vacíos.

Este mes se celebró una de esas iniciativas, el encuentro Conexiones para el Empleo, organizado por la Fundación Gloria de Kriete. Esta entidad se enfoca en diferentes proyectos sociales, pero la educación es su fuerte. Tienen diferentes programas y plataformas de educación continua, y en este encuentro presentaron a gente de varias empresas el talento humano que han formado a través de estos.

Esta misma fundación lanzó recientemente un sitio web con más de 200 opciones de formación gratuita, para los que el único requisito es saber leer, escribir y tener correo electrónico y una conexión a internet, ya sea en una computadora o un teléfono celular. La plataforma capacitateparaelempleo.org fue desarrollada en colaboración con la Fundación Carlos Slim, que tiene una parecida para México. Al terminar el curso o especialización, se recibe un diploma con un código que garantiza su autenticidad. La plataforma es gratuita y se adecua al tiempo que cada quien tenga disponible.

Además de este portal, que cuenta también con el apoyo de INSAFORP, la fundación ejecuta un programa denominado «Oportunidades», en el que 2,400 jóvenes han sido beneficiados ya con formación y becas para continuar sus estudios más allá de lo que el programa les ofrece. Kódigo, otra de las iniciativas, permite que los jóvenes aprendan programación y desarrollo de software, algo que también se imparte en el Centro de Desarrollo de Software que hay en 15 municipios del país.

Estos y otros programas cubren la parte de formación, pero acciones como el encuentro celebrado este mes son el siguiente paso: acercar a estos jóvenes ya especializados a los potenciales empleadores. Es, por otro lado, un camino de doble vía. Para quienes trabajan en esta fundación es importante conocer lo que demanda el mercado laboral, de modo que su oferta formativa permita que estos muchachos y muchachas cuenten con las habilidades y los conocimientos que los vuelvan competitivos.

En lo personal, me parece un aporte muy valioso contar con una plataforma como capacitateparaelempleo.org, para la que no hay edad límite, y abarca una amplia variedad de oficios y especializaciones, incluso en diferentes áreas de tecnología. La capacitación constante es ahora un concepto que se repite en los foros internacionales sobre el empleo, y constituye un verdadero reto para los adultos que ya contamos con un trabajo. La actualización y la formación son casi una obligación dadas las cambiantes condiciones de la economía global, y esta plataforma es una opción accesible, flexible y gratuita.

Si bien las iniciativas privadas no lograrán cubrir todas las necesidades que persisten en la parte educativa, es importante saber que se cuenta con recursos como estos para que la mayor cantidad de gente posible los aproveche.

Mientras tanto, seguiremos esperando que desde la administración pública se hagan esfuerzos por solventar las graves necesidades que persisten en el sistema educativo público, que junto con la salud constituyen dos de las principales áreas que el Estado debe garantizar para la población, sobre todo la que vive en pobreza.

O conmigo, o contra mí

Los llamados a la unidad son uno de los recursos más antiguos de la política. Los seres humanos, animales sociales, han desarrollado en las ciencias políticas la sistematización de sus formas de relacionarse, sus estructuras de poder y su organización.

Entonces vemos a la unidad como medio y como fin en la obra de muchos teóricos, desde filósofos políticos hasta politólogos, y por supuesto que encontramos la palabra en los discursos de líderes y políticos de todos los tiempos, con resultados variados: desde los llamados a la unidad del proletariado en el «Manifiesto comunista», hasta el afán por conformar alianzas y bloques entre países con fines similares.

¿Pero qué pasa cuando el llamado a la unidad se vuelve, a su vez, una invitación a combatir a quien no se sume a la colectividad en cuestión? Recordemos algunos casos recientes. «Quien no está con nosotros, está contra nosotros», afirmó el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush, la madrugada del 21 de septiembre de 2011, en referencia a que no podía haber medias tintas en la lucha contra el terrorismo. Efectivamente, un grupo de países, incluido El Salvador, formaron un bloque de aliados para combatir a los que se consideraban parte del eje del mal.

La misma República Popular China no admite que sus aliados reconozcan a Taiwán como un país independiente, y su política de una sola China ha puesto entre la espada y la pared a países pequeños como, de nuevo, El Salvador.

Y si bien uno puede llegar a justificar y hasta a compartir posturas como estas, en las que están en juego temas como el equilibrio geopolítico o la seguridad internacional, decir que quien no está conmigo está contra mí también puede ser desafortunado.

Ese es el clima que ahora vivimos los salvadoreños que utilizamos redes sociales: un comentario puede desatar ataques masivos que ponen a prueba la tolerancia y resistencia de cualquiera. Con mayor frecuencia se ha vuelto desafortunado emitir opiniones que pongan en entredicho al nuevo gobierno, más que todo en Twitter, que se ha vuelto la plataforma de comunicación por excelencia de la nueva administración.

Y si bien antes se pensaba que los ataques venían de grupos bien organizados para hacer ruido en las redes sociales, los denominados «troll centers», la verdad es que los ánimos se han caldeado al punto de que los insultos y el acoso vienen de ciudadanos comunes y corrientes, como usted o como yo, que simplemente se valen de la seguridad que da el estar tras un teclado y una pantalla para «poner en su lugar» a quien piensa distinto.

Leemos a dirigentes de Nuevas Ideas hacer llamados a la unidad, mientras cualquier opinión que ponga en duda a algún funcionario del Gobierno es sepultada pronto por cientos de voces prestos a defender al actual Ejecutivo. Es, cada vez más evidentemente, el imperio del odio.

Es desafortunado que se esté profundizando de esta forma la polarización política, algo que como país hemos padecido durante décadas cuando las dos fuerzas políticas preponderantes eran ARENA y el FMLN, exponentes máximos de la lucha entre derechas e izquierdas. Con la elección de Nayib Bukele se repitió una y otra vez que se había puesto fin al bipartidismo, a esa polarización que tanto daño le hizo al país, que tantas decisiones importantes frenó, y que tantas reformas necesarias retrasó.

Y sin embargo, la división continúa: o sos de los nuestros, o estás contra nosotros. ¿Será que somos incapaces de dejar a un lado las diferencias y arremangarnos para rescatar al país? ¿Será que esa lucha eterna por pertenecer al bando ganador será nuestra perdición?

Ojalá que no, y ojalá que toda esa efervescencia en redes no pase de eso, porque ahora más que nunca es que se necesita juntar esfuerzos para resolver los problemas fiscales, económicos, sociales, de seguridad y de inequidad que nos tienen en el sótano en cuanto a crecimiento, y que hacen que nuestra gente huya hacia otros países, sin importar los peligros que eso implique.

Altas expectativas

Las comparaciones son odiosas, pero el ambiente, el ansia de cambio y la esperanza que se respiran, solo me recuerda a junio de 2009. Salvando las distancias, el gane de Mauricio Funes significó para muchos la posibilidad de que las cosas no seguirían igual, de que la situación del país, y la suya propia, cambiarían. La alternancia había llegado finalmente a El Salvador, después de la firma de los Acuerdos de Paz, y tener en el poder al partido de las reivindicaciones sociales, con el rostro de un joven periodista que nunca temió decirles sus verdades a los poderosos, fue para cientos de miles motivo de celebración y de emoción, de alegría hasta las lágrimas.

No voy a ahondar en la decepción que fue precediendo, poco a poco, a este sentimiento de esperanza. Diez años después, cientos de miles vuelven a ver renovada la posibilidad del cambio: Nayib Bukele ganó la presidencia ofreciendo romper el bipartidismo, alejándose de las ideologías preponderantes y manteniendo un discurso en el que se satanizó a «los mismos de siempre» y lo que ellos significaban –corrupción, incapacidad, arreglos oscuros bajo la mesa–. La población le compró la oferta y ahora tenemos un presidente que, incluso dentro de su mismo Gabinete, no se casa con ninguna corriente político-partidaria.

Claro que hay cosas del nuevo presidente que preocupan a diferentes sectores. A los periodistas, por ejemplo, nos enciende las alarmas su aversión a las entrevistas y su preferencia por usar canales unilaterales, como su cuenta de Twitter, para «informar». Hay que recordar que los cuestionamientos, la contraloría social y la rendición de cuentas son elementos indispensables para que nuestra incipiente democracia funcione, pero aún es muy pronto para saber si, ya en el cargo, el gobernante finalmente se abrirá a las preguntas de los medios, sean de la tendencia que sean.

Pero en medio de todo, lo que más abunda son las altas expectativas. Nuestra gente está, de nuevo, esperanzada. Bukele es un rostro fresco que ha ofrecido hacer la diferencia y las grandes mayorías le han creído. Ahora, con estas altas expectativas, al recién asumido jefe de Estado no le queda más que trabajar para tratar de cumplirlas.

Es justo, sin embargo, aclarar que Bukele llega al Ejecutivo con un reducido margen de maniobra. ¿La razón? Falta de dinero. El presupuesto de 2019 ha sido el más alto aprobado en la historia del país, pero porque la mayor erogación que se hará será el pago de deuda: $1,400 millones, como mínimo. A esto hay que agregarle lo que los economistas llaman «rigidez presupuestaria», el dinero está allí, pero no se pueden hacer mayores cambios en su destino, porque ya hay compromisos que no se pueden desatender.

De cada $100 del presupuesto, aproximadamente $55 ya están comprometidos en gastos como las remuneraciones de los trabajadores del aparato estatal. Otras asignaciones, como el FODES para las alcaldías, y el 6 % de los ingresos corrientes para el Órgano Judicial, hacen que se reduzca la parte del pastel de la que el Ejecutivo, a través de su Ministerio de Hacienda, puede disponer para definir sus políticas.

Además, buena parte de este presupuesto ya fue ejecutada por el gobierno saliente, mientras que las necesidades siguen allí. Como ejemplo, el Ministerio de Agricultura dijo la semana pasada que solo habían comprado la mitad de la semilla mejorada que se necesita para los paquetes que entrega a los agricultores. El resto la deberá adquirir la nueva administración. Y este es apenas uno de múltiples casos que seguramente encontrará el nuevo Gabinete.

En una columna anterior hablábamos de las urgencias que encontrará el nuevo gobierno: desabastecimiento en salud, problemas en el sistema público de educación, delincuencia e inseguridad, una bomba de tiempo en las pensiones, el eterno mal del bajo crecimiento económico y todo esto, con una deteriorada situación fiscal, que requerirá que Bukele y sus funcionarios sean altamente creativos.

Más allá de si usted está o no de acuerdo con el estilo particular del presidente, nadie quiere que se repita la historia, y nadie debería desear que le vaya mal, porque si esto pasa, quienes lo pagaríamos seríamos, allí sí, los mismos de siempre.

Urgencias

Imagínese que enorme responsabilidad: tomar las riendas de un país, ser en buena parte el responsable de la definición de políticas que afectarán la vida de casi 10 millones de personas –porque además de los 6 millones de aquí dentro, están 3 millones allá afuera–.

En un escenario ideal, la transición de una administración a otra en el Ejecutivo sería un proceso ordenado, meticuloso y sistemático. Cada cartera tendría que haber preparado, desde mucho antes de las elecciones, un informe con el estado de las cosas. Este informe debería incluir detalles sobre el funcionamiento de cada ministerio o institución, desde su organigrama hasta la planilla, así como el estatus de ejecución de los proyectos, su programación de desembolsos y, finalmente, las recomendaciones, debidamente justificadas, de todo aquello a lo que se le debería de dar seguimiento.

En otros países esta es una costumbre que, sin estar plasmada en ninguna ley, se cumple con rigurosidad. Al final, se trata de hacerle un bien al mismo país: una transición ordenada y un traspaso de mando transparente y con suficiente información para quienes asumen hace que se reduzca el tiempo y el costo de la curva de aprendizaje.

Dejarle la mesa desordenada al que viene no beneficia a nadie. Talvez, y solo talvez, a quienes tengan algo que ocultar. Por lo demás, que los que lleguen a ocupar los cargos deban empezar de cero implica una inversión de tiempo y recursos que podrían destinarse a cosas más importantes.

En El Salvador, el 1.º de junio próximo el presidente electo y su Gabinete asumen un país por demás complicado: altos niveles de delincuencia, una tasa de homicidios que ha aumentado en el último mes, una economía con un crecimiento muy débil –2 % anual, cuando lo deseable para mejorar las condiciones de desarrollo humano de la población debería de ser al menos el tripe de esto–, corrupción en todos los niveles del Estado, hospitales sin medicamentos, escuelas desmanteladas y asediadas por pandillas y la lista podría continuar y continuar…

Y, bajo todo esto, un problema transversal que complica y limita el margen de acción del nuevo Ejecutivo: unas finanzas públicas deterioradas, con un alto nivel de deuda y una rigidez presupuestaria que hace difícil maniobrar el destino de la mayoría de los recursos que llegan a las arcas del Estado.

Este problema financiero ha hecho en el pasado que se deje de pagar obligaciones con proveedores, muchos de ellos pequeños y medianos, y también con los fondos para pensión. Este último problema se dio en 2017, cuando el Ejecutivo no canceló a tiempo las cuotas pendientes con estos fondos, formados por los ahorros para retiro de cientos de miles de trabajadores. El resultado fue que la calificación crediticia del país se degradó a niveles de “bonos basura”, algo que aún no se logra corregir del todo.

El Fondo Monetario Internacional lleva años promoviendo una corrección a las finanzas estatales vía una combinación de medidas de recorte de gasto y aumento de ingreso. Por el lado del gasto, propone congelar plazas y aumentos, revisar escalafones y aplicar metas más restrictivas de deuda y déficit. Para aumentar el ingreso, la fórmula del fondo incluye el aumento del IVA y la creación de un impuesto predial. Estas medidas, ampliamente impopulares, no han sido retomadas ni desde el Ejecutivo ni en la Asamblea Legislativa, a excepción de los escalafones para el sector salud, que simplemente no se incluyeron en el presupuesto desde 2017, y desde entonces se ha aplicado en apenas un 3 % de incremento.

La parte fiscal es una de las urgencias que deberá atender la nueva administración para tener cómo hacer frente a todo lo demás: asegurar servicios públicos de calidad, sobre todo en el área social, para beneficiar a los más pobres y vulnerables, a la vez que se atiende desde las políticas públicas el serio problema de criminalidad. Y todo esto habría sido más sencillo, al menos más barato y más rápido, con una adecuada transición.

Pensión mínima

Vengo con malas noticias: pocos, muy poquísimos salvadoreños alcanzarán a tener una pensión por vejez, y la mayoría de quienes lo logren llegarán apenas a la pensión mínima.

Si usted es un lector que ha seguido por algún tiempo mis columnas, sabrá que el de las pensiones es un tema recurrente en este espacio, y es así porque me preocupa. A veces me siento como una voz solitaria que grita en el desierto, pero no, por dicha hay entidades como la Fundaungo, donde trabaja gente del talento de María Elena Rivera, que están constantemente llamando la atención, con datos y estudios en mano, del serio problema económico y social que las pensiones representan.

Tampoco es algo exclusivo de El Salvador. Los sistemas previsionales enfrentan una crisis en todo el mundo. Los sistemas de reparto –en los que todo el ahorro de los trabajadores va a una sola bolsa de la que se saca el dinero para las pensiones de quienes se van retirando– se agotan, y con los cambios demográficos se vuelven más insostenibles. Las deudas previsionales en países como Japón son tan grandes que da entre risa y miedo la cantidad de ceros que hay que escribir.

Por otra parte, los sistemas de capitalización individual, en los que cada trabajador tiene su cuenta de ahorro para pensión, tampoco han sido la panacea. Distorsiones como las que ha habido en El Salvador –$9 de cada $10 están invertidos en títulos estatales, con bajísimo rendimiento, de modo que el dinero crece muy poco– son una muestra de cómo estos también llegan a ser insostenibles. En Chile, país en el que El Salvador se inspiró para hacer su propia reforma en 1996, ya van en una tercera generación de cambios en su sistema, aún buscando la fórmula más adecuada.

Pero volvamos al punto que quiero destacar en este texto: las pensiones de hambre que nos esperan a los pocos afortunados que las lleguemos a tener. Piense en su ahorro para pensión, ¿cuánto tiene? Supongamos que son $100,000. La fórmula para calcular su pensión es más o menos así: eso que tiene ahorrado debe durarle para 20 años, así que dividimos $100,000 entre 20, y nos da $5,000. Esto ahora hay que dividirlo entre sus 12 pagos mensuales de pensión y su «aguinaldo», así: $5,000 entre 12.5, lo que nos da $400. Así que su pensión sería de $400.

Antes de la reforma de 2017, además, se caía a pensión mínima una vez que el dinero del ahorro individual se agotaba. Ahora la pensión será estable, en teoría, porque hay una Cuenta de Garantía Solidaria que la mantiene hasta el momento en que usted muera.

Son en realidad muy pocas personas las que logran ahorrar $100,000 para su vejez. Veamos el caso de alguien con un salario de $1,100. Esto, considerado un sueldo alto para los estándares del país, basta para ahorrar aproximadamente $60,000 durante toda su vida laboral. Hagamos el mismo cálculo y entonces la pensión cae a $240. Así es, una persona con un salario de $1,100 se jubila con $240. El panorama es peor si usted gana de $600 para abajo, tiene asegurada la pensión mínima de $207 mensuales, porque su ahorro cubrirá mucho menos que eso, pero por ley no puede tener una pensión inferior.

Ahora creo que el respetable lector entiende mejor mi preocupación con este tema. ¿Otro dato tétrico? La cantidad de gente que realmente llegará a pensionarse. De los 4 millones salvadoreños aptos para trabajar, hay solo 600,000 cotizando en la AFP. Apenas la mitad de estos cumplirá los requisitos de ley para pensionarse, y el resto tendrá nada más devolución de saldos.

La reforma de 2017 dejó muchos puntos pendientes, entre ellos, precisamente, la cobertura del sistema. No es posible que solo 300,000 de los 6 millones de salvadoreños tengan actualmente la seguridad de una pensión. Además, un problema está ya estallando en el rostro de miles de salvadoreños que buscan jubilarse: la suficiencia de las pensiones.

El clamor de quienes vean que sus salarios de $1,000 apenas alcanzan para una pensión de poco más de $200 crecerá cada vez más. ¿Qué respuesta dará nuestra clase política? Ojalá una que sea sostenible y financiable. Parches temporales ya hemos tenido muchos.

El mundo que queremos

¿Se ha pensado cómo sería su mundo ideal? En el mío, entre otras cosas, habría más comunicación: hablaríamos en lugar de asumir, y argumentaríamos en lugar de atacar. Se vería a la violencia como algo a evitar a toda costa, y la empatía sería un valor inherente a cada persona.

Sé que un mundo ideal no existe, que la utopía es como la inyección de combustible que mantiene funcionando al motor, necesaria para avanzar. Sin embargo, cada día pienso en los cambios necesarios para que nuestra realidad sea mejor, más equitativa y más justa para todos.

Entre los pilares de estos cambios está la equidad de género. Las mujeres, relegadas por siglos como seres de segunda categoría, no éramos consideradas ciudadanas ni sujetas de derechos. No podíamos hacer casi nada sin el permiso de un esposo o del padre, ni siquiera tener propiedades, y mucho menos votar. Poco a poco esto fue cambiando, pero no de forma espontánea, sino gracias a la lucha de mujeres que en muchos casos tuvieron que sacrificar su libertad o hasta su vida para conquistarlos.

En nuestra época, el avance es tal que muchos creen que los feminismos ya no son necesarios. Se acuñan términos como «feminazi» y entre las mismas mujeres se repiten aseveraciones de que «no las representan». Se vincula a los movimientos feministas con extremismo, con violencia, con burlas, con extravagancias, y se deja de lado el verdadero valor de sus conquistas.

Los feminismos –sí, en plural, porque son variados, y conceptual y teóricamente distintos entre ellos– son necesarios. Lo son porque aún hay millones de niñas alrededor del mundo que son explotadas, abusadas, violadas, menospreciadas o vendidas. La realidad de la gran mayoría de niñas pobres es soportar todo esto dentro de sus mismos núcleos familiares, estar expuestas al abandono o a que se les vea como una carga.

Cientos de miles de niñas no tienen acceso a la educación en regiones como América Latina, porque los padres lo consideran un desperdicio, y solo se envía a la escuela a los hijos varones. Estas mismas niñas crecen sin la preparación necesaria para obtener un trabajo que les permita tener un ingreso digno con el que atender y criar mejor a sus hijos. Por ello, la mayoría de «ninis» –jóvenes que ni estudian ni trabajan– de la región son mujeres (Banco Mundial, R. de Hoyos, 2016).

Las mujeres pobres son además las más expuestas a abusos y maltratos, y las mujeres, sin importar su nivel de ingreso, tienen un mayor riesgo a sufrir de violencia intrafamiliar. En El Salvador, una abrumadora mayoría de los casos de violaciones son mujeres, y de cada 10 casos, seis son menores de edad.

En cuanto a la violencia homicida, pese a que los hombres jóvenes constituyen el mayor porcentaje de víctimas, el victimario es también mayoritariamente del sexo masculino. En los feminicidios, el perpetrador no es solamente siempre un hombre, sino alguien con una relación de poder sobre la víctima.

Y si una mujer fue lo suficientemente privilegiada como para estudiar y contar con un trabajo, se enfrenta con la brecha de ingreso: un hombre en El Salvador gana, en promedio, un 17 % más que una mujer con la misma calificación y en un puesto con la misma responsabilidad.

Esta misma mujer encontrará que, al momento de jubilarse, tendrá una pensión inferior a la de un hombre, porque ahorró menos dinero —ganaba menos— y cotizó por menos tiempo, pese a que su expectativa de vida es mayor.

Le pido al lector, pero sobre todo a la lectora de estas líneas, que piense un poco sobre la realidad que viven sobre todo las niñas y mujeres de los sectores menos privilegiados. Allí donde hay pobreza, marginación, promiscuidad, donde el incesto se normaliza y se perdona, allí la lucha está apenas empezando, allí el camino es larguísimo por recorrer, y allí las conquistas son tan urgentes y difíciles como lo fueron para las primeras feministas hace más de un siglo.

Un mundo con mejores condiciones para las niñas y las mujeres es un mejor mundo para todos.