Durante la década de los ochenta, las actividades públicas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estaban ligadas a la labor de denuncia. Con la transición del movimiento guerrillero a fuerza política, el partido se caracterizó por no dudar en salir a manifestarse en la calle cuando lo consideraba necesario. Con el gobierno del FMLN pasa algo distinto. En Casa Presidencial se ha establecido un instructivo para evitar que las protestas se acerquen a los mandatarios que antes marchaban en la vía pública. El documento en el que se regula el control de las concentraciones deja algunos vacíos que, a juicio de algunos entrevistados, pueden servir para excusar el uso de fuerza excesiva sobre la ciudadanía.

Las barreras que aíslan al presidente

Un reportaje de Valeria Guzmán

Fotografías de Archivo

No pasan. Las marchas que pretenden llegar hasta Casa Presidencial encuentran su paso cerrado con estas barreras de alambre y metal que coloca la UMO.

“La lucha que viene por la defensa del agua requerirá de mucha lucha y movilizaciones por parte de las comunidades”, dijo en 2007 el entonces diputado Salvador Sánchez Cerén en un foro. Así lo registró una nota del periódico CoLatino. En una década muchas cosas cambian y en abril de este año, mientras el presidente Sánchez Cerén inauguró unos pozos en Apopa, expresó su deseo de que las manifestaciones exigiendo el derecho al agua pararan: “Espero ya no tengan necesidad de ir a bloquear la carretera Troncal del Norte”, les dijo a los vecinos.

El presidente no es ajeno a las marchas ni concentraciones en la calle. De ser comandante de la guerrilla y liderar batallas contra el Ejército durante la guerra civil pasó a ser un político que exigió respuesta a sus peticiones en la calle. Él protestó en la vía pública contra el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos, contra la guerra en Irak, contra la privatización de la salud pública y contra de la toma de posesión de la presidencia de Elías Antonio Saca.

Ahora, Sánchez Cerén, quien solía verse en las calles defendiendo su agenda política, dirige una Casa Presidencial que ha creado un instructivo de seguridad para sus instalaciones que plantea la posibilidad de matar a un manifestante como un escenario posible si lo consideran una amenaza. Aunque no se ha conocido de ninguna ocasión en que la vida del presidente haya sido puesta en riesgo en una protesta, ese instructivo de seguridad plantea un escenario donde es viable el uso de la fuerza letal.

El documento en cuestión es el instructivo 001-2015 y se refiere exclusivamente a medidas de seguridad para proteger al personal y a las instalaciones de CAPRES. Pertenece a la Comandancia General de la Fuerza Armada y le da órdenes a la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y establece la restricción del ingreso de prensa a Casa Presidencial.

Las marchas sirven para comunicar un mensaje y exigir una respuesta. A inicios del siglo pasado un grupo de mujeres en Estados Unidos se mantuvo fuera de la Casa Blanca para exigir su derecho a votar. Durante 2015, en Guatemala, las concentraciones de miles de personas frente al Palacio Nacional lograron la renuncia de los líderes de su gobierno y la Plaza de Mayo en Argentina, frente a la Casa Rosada, sigue siendo el lugar de protesta política por excelencia. En El Salvador no es posible que los manifestantes se acerquen al exterior de su Casa Presidencial a expresar sus descontentos. Varias calles antes suelen ser recibidos por un pelotón de la UMO que bloquea el paso de cualquier protesta.

De acuerdo al Instructivo 001-2015. El documento le brinda directrices a los agentes de la UMO sobre cómo reaccionar ante distintas manifestaciones de la población civil.

El instructivo 001-2015-CI/D-II/EMP

El instructivo consta de siete páginas, y en la parte superior de sus hojas se ha escrito la palabra “confidencial”. Esta revista obtuvo una copia a través de una solicitud de acceso a la información pública.

Tiene fecha de creación de julio de 2015, lo que significa que en enero de 2016 ya estaba vigente, pero no fue puesto en práctica. Ese mes cientos de policías marcharon hacia CAPRES para exigir un aumento salarial. De manera inusual, no fueron detenidos por los agentes de la UMO y lograron llegar hasta la entrada de la casa de gobierno a pedir respuesta a sus demandas. Esa es la única ocasión en los últimos años en que un grupo de manifestantes que podría volverse violento ha logrado tocar los portones de Casa Presidencial.

“Lo que han hecho ahora es crear como una ventanilla para recibir la correspondencia y eso es todo. Ahí usted no ve a ningún titular, ahí no ve a nadie más”, asegura el ex agente policial Marvin Reyes.

En este año los medios de comunicación también han registrado las protestas de sindicatos de salud, personal del Ministerio Educación, excombatientes de la Fuerza Armada y exguerrilleros que han intentado fijar en CAPRES el destino final de su manifestación. El denominador común entre ellas es el bloqueo.

Las barreras están por todos lados. Se ocupan para cerrar el paso, son metálicas y están construidas con pedazos de hierros y alambres. Están en la acera de un desvío del bulevar Monseñor Romero, en la Plaza del Soldado, cerca del parque de Pelota, a metros de la Basílica de Guadalupe y cerca del redondel Italia.

Casa Presidencial pretende mantenerse aislada de las protestas de sus ciudadanos. Sus aceras están llenas de basura. Botellas de agua, bolsas plásticas y envoltorios de comida chatarra son parte de su alfombra. En este lugar es donde, de acuerdo con el instructivo 001-2015, solo es posible transitar mientras se es grabado con una cámara de videovigilancia, pero no está permitido instalar ninguna protesta pacífica.

El instructivo del Estado Mayor Presidencial considera que pueden ocurrir nueve tipo de manifestaciones. Estas pueden ser individuales o de grandes proporciones. Pueden tener un tono pacífico o violento y se ha especificado cómo se debe reaccionar ante ellas dependiendo del lugar del que provengan.

El documento no explica, por ejemplo, de cuántas personas tiene que estar conformada una protesta para que esta se considere una manifestación de “grandes proporciones”. Las clasificaciones de protestas en este instructivo pueden ser ambiguas y carecen de definiciones para cada tipo de manifestación. La abogada Eva López, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) se pregunta desde su oficina en San Salvador: “¿Quién decide qué tipo de protesta es la tuya? Cuando no hay normas claras, de repente te podrían decir que si vas gritando en la calle es una protesta violenta”.

Casa Presidencial, a través de su coordinador de prensa, se negó a discutir el contenido de dicho protocolo de actuación argumentando que es un tema de seguridad con asuntos secretos.

En coordinación. El ministro de Justicia y Seguridad Pública asegura que la relación de fuerzas policiales y fuerzas militares solo es de coordinación y no de dependencia.

La necesidad de protestar

“Sea lo que sea, cualquier organización, cualquier sindicato, no lo dejamos pasar. Les cerramos el paso aquí en Los Próceres, aquí en La Ceiba…”, dice un agente de la UMO que empieza a hacer un repaso de todas las calles que se bloquean con barricadas para evitar que las manifestaciones lleguen hasta Casa Presidencial. Detrás del agente que habla hay otros dos que escuchan la plática. Los tres se encuentran ubicados en una esquina cercana a CAPRES y acaban de disipar una manifestación que, este 24 de agosto, se dirigía hacia este lugar. Ya no hay amenaza de que la protesta intente avanzar en este sentido y se dedican a observar el tráfico de la ciudad bajo el sol de mediodía.

Este año, tras el incendio de un edificio del Ministerio de Hacienda, el presidente de la república Salvador Sánchez Cerén condecoró a los bomberos y a otros grupos de rescate que ayudaron a evacuar a los trabajadores del edificio. Pero, solo un par de años antes, cuando los bomberos realizaron una marcha hacia CAPRES en la que solicitaron un aumento del presupuesto, fueron recibidos por un pelotón de la UMO.

Erick Portillo es un bombero voluntario desde hace 9 años. Él participó en dicha marcha y asegura que “nada nos costaba convertirla en violenta, tanto equipo de protección llevaban ellos como nosotros”. Al llegar a unos metros de la barricada, los bomberos decidieron hincarse ante los agentes en son de paz. “Los de la UMO nos dijeron que tenían orden de no dejarnos pasar pero que nos entendían la situación”, explica Portillo.

Los bomberos se hicieron a un lado de la calle y el tráfico se reactivó por la calle Manuel Enrique Araujo. “Después de unas dos horas entró un representante del sindicato a hablar con un representante de Casa Presidencial pero al final fue en vano”, asegura el bombero. “Es una cuestión de tramitología nada más, creo que CAPRES ya se acostumbró a este tipo de eventos y ya entendieron que al recibir una comisión se calman las aguas, por lo menos de una manera paleativa”, reflexiona Portillo.

Esa especie de procedimientos por tramitología es similar a lo que describe Stanley Quinteros, del sindicato de empleados judiciales. Él afirma que a inicios de este año realizaron una marcha hacia Casa Presidencial en la que no obtuvieron respuesta de ningún funcionario a sus peticiones: “Solo fuimos atendidos en la ventanilla de recepción de documentos”, dice.

“Lo que han hecho ahora es crear como una ventanilla para recibir la correspondencia y eso es todo. Ahí usted no ve a ningún titular, ahí no ve a nadie más- asegura el ex agente policial Marvin Reyes- la gente quiere que lo reciba alguien de peso que les va a resolver, pero mandan una patrulla, van a dejar el documento a la ventanilla, lo mandan de regreso y que le vaya bien, váyase a su casa”.

Contra los impuestos. En noviembre de 2001 Salvador Sánchez Cerén y Salvador Arias encabezaron una marcha de protesta contra el incremento de los impuestos.

Cuando la protesta es individual

“Me dicen que nadie puede protestar en esa acera porque estoy en Casa Presidencial y el presidente corre peligro si yo estoy ahí. Que me mueva porque si no le van a poner corriente al muro”, dice Bessy Ríos en un café que se encuentra a diez minutos en auto de la oficina del presidente Salvador Sánchez Cerén. Ríos es una abogada activista de derechos humanos. El 29 de junio del 2016 escribió con plumones sobre una cartulina “no al aumento del 13% a la energía”, fue a dejar a sus hijos al colegio y llegó a Casa Presidencial. Cuenta que eran las seis y media de la mañana cuando llegó -sola- a expresar descontento por un decreto ejecutivo que supondría un aumento en las facturas de energía eléctrica.

La activista relata que a menos de 10 minutos de haber llegado a la acera de CAPRES un pelotón de la UMO le pidió que se retirara. Ella se rehusó. Ríos asegura que fue trasladada, en contra de su voluntad, entre ocho agentes de la UMO hacia el otro lado de la calle. Consideró que recibió maltrato por parte del personal de seguridad de Casa Presidencial y pidió los videos de las cámaras del exterior para probarlo. La casa de gobierno negó la existencia de dichos videos y respondió que el accionar de sus agentes había sido de acuerdo a su protocolo de seguridad, es decir, de acuerdo al instructivo 001-2015-CI/D-II del EMP.

El instructivo indica que cuando hay una manifestación individual los agentes de seguridad deben procurar que no se afecte el tránsito de los peatones por la zona y para ello, deben remover a cualquier persona que permanezca fuera de Casa Presidencial. También establece que después de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad deben realizar un informe de lo sucedido. Los informes de eventos de este tipo son información reservada.

Además de servir para justificar el desalojo de los ciudadanos que se manifiesten en las aceras, ese documento también sirve para que fuerzas militares decidan si un medio de comunicación puede o no puede entrar a Casa Presidencial. “Cuando los manifestantes convoquen a los medios para que les den cobertura a sus actividades, no se permitirá el ingreso de medios a las instalaciones de CAPRES”, se lee. Lo escrito no especifica durante cuánto tiempo se prohibirá el ingreso de los periodistas ni por qué una figura militar es la que decide sobre el acceso de la prensa a las oficinas de Casa Presidencial.

¿Por qué cuesta salir a la calle?

En abril de 2015 miles de personas se manifestaron en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala. La plaza se encuentra frente al Palacio Nacional de la Cultura. Allí, con miles de carteles, batucadas, comunidad indígena, ladinos, mujeres y hombres exigieron la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti tras conocerse su implicación en un caso de corrupción.

Las manifestaciones fueron pacíficas, multitudinarias y lograron su objetivo. No se conoció de ningún disturbio que pusiera en peligro la vida de las personas que llegaron a protestar contra los líderes de su gobierno.

En Guatemala “los partidos políticos no tuvieron nada que ver (en la protesta), aquí en El Salvador, desafortunadamente, los dos grandes partidos controlan las movilizaciones a través de sus estructuras directas partidarias o de sus organizaciones aliadas”, considera Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral.

Él asegura que la ausencia de partidos políticos a la hora de convocar manifestaciones es una de las cosas que distingue la participación política de la ciudadanía guatemalteca a la hora de protestar en la calle. Sostiene que él se encontraba en Guatemala para el momento de las movilizaciones en 2015 y que la composición social de quienes se manifestaban era de “profesionales, universitarios y pequeños empresarios”.

A su juicio, en El Salvador aún se tiene la imagen de que salir a manifestarse es “salir a una batalla campal. Ha quedado así en la memoria colectiva de la ciudadanía”.

“Sea lo que sea, cualquier organización, cualquier sindicato, no lo dejamos pasar. Les cerramos el paso aquí en Los Próceres, aquí en La Ceiba…”, dice un agente de la UMO que empieza a hacer un repaso de todas las calles que se bloquean con barricadas para evitar que las manifestaciones lleguen hasta Casa Presidencial.

El instructivo 001-2015 de CAPRES muestra cómo el Estado se prepara para combatir las manifestaciones. El documento plantea que el lugar en el que se pueden hacer protestas pacíficas es la plaza José Gustavo Guerrero, sin embargo, cuando las manifestaciones se dirigen en ese rumbo, son bloqueadas antes de llegar a ese sitio.

De ese mismo lugar fueron desalojados alrededor de 15 jóvenes que hace cinco años se manifestaban. Así lo explica el estudiante de Derecho Gabriel Gasteazoro. En 2012 Gasteazoro acababa de cumplir la mayoría de edad y se unió a otra decena de jóvenes que protestaban en la plaza José Gustavo Guerrero con el movimiento Yo me visto de blanco.

Los jóvenes pedían que se respetaran las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Para ello, se reunieron en esa plaza y llevaron una copia gigante de la Constitución. Gasteazoro asegura que la Unidad de Mantenimiento del Orden intervino y los presionó para que se retiraran del lugar a pesar de manifestarse pacíficamente. “Aunque éramos solo 15 jóvenes con una Constitución gigante y cartulinas. Fue algo ridículo”, dice.

Bloqueo. De acuerdo con el instructivo, cuando las manifestaciones sean de carácter político, la UMO debe denerlas a la altura del parque de Pelota.

Los archivos fugaces de la seguridad

Sobre la entrada de Casa Presidencial de la calle Manuel Enrique Araujo hay cuatro cámaras de videovigilancia. Bessy Ríos se sentó cerca de una de ellas y asegura que, por lo que observó, estaba siendo grabada. Un día después de ser desalojada de la acera de CAPRES pidió, acompañada por la Fundación DTJ, una copia de los videos de seguridad.

El 7 de diciembre de 2016 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) celebró una audiencia en la que se demandó a Casa Presidencial por no entregar los videos solicitados. Luis Portillo, el abogado representante de CAPRES explicó que “esa copia del video, primero no grabó a la señora , segundo, al no haberse reportado un incidente relevante, tampoco se ha guardado copia dentro de la Presidencia”.

El argumento de CAPRES para decir que no existe video se basó en explicar que la activista se encontraba debajo de la cámara, y que en ese ángulo la cámara no pudo haberla grabado. Sin embargo, al iniciar la audiencia, Portillo entregó al IAIP un escrito donde indicaba que la cámara tenía una capacidad de rotación de 360 grados.

Además, explicó el representante de Casa Presidencial, los videos de seguridad de esas cámaras se borran cada cinco días. Y a pesar de que fueron solicitados al día siguiente de la protesta individual, los archivos no fueron protegidos.

¿Quién manda?: La discusión de los militares y la Policía

El documento está firmado por dos coroneles del Estado Mayor Presidencial. El artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada establece que esa es la instancia encargada de brindarle seguridad y asistencia al presidente de la república y, de acuerdo con el reglamento interno del Órgano Ejecutivo, le corresponde establecer los servicios militares de seguridad correspondientes al presidente. Sin embargo, no se menciona nada sobre girar órdenes a dependencias policiales.

El instructivo del Estado Mayor Presidencial especifica qué procedimientos deberán realizar los policías de la Unidad del Mantenimiento del Orden, lo cual abre una discusión que se remonta hasta los Acuerdos de Paz.

En 1990, tras una década de enfrentamiento armado, los líderes de los movimientos guerrilleros del FMLN y el Gobierno se sentaron a discutir condiciones para cesar la guerra civil. Algunos firmantes de la paz han descrito que restarle poder político a la Fuerza Armada fue la jugada más arriesgada de la negociación. Tras la firma de los acuerdos se creó la Policía Nacional Civil y en la Constitución de la República quedó marcada una división explícita entre PNC y Ejército.

“La Policía Nacional Civil (…) será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada”, dice el artículo 159 de la Constitución. Ese artículo es en el que se basa Eva López, de DTJ, para argumentar que, a su juicio, el instructivo plantea una situación irregular: “A lo largo de todo eso te dice cómo va a actuar la UMO, pero las órdenes que en todo momento se le dan son del EMP y hay una incompatibilidad constitucional que te dice que eso no podría ocurrir”.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, no comparte esa idea. “No, mire, es más una cuestión de coordinación. La Policía o la UMO no están orgánicamente dependiendo de otra institución diferente, pero el trabajo se hace en apoyo”, responde cuando se le cuestiona sobre la relación de fuerzas civiles y militares en Casa Presidencial.

“Es una intromisión a las funciones de la Policía como tal. La UMO ya sabe cuál es su procedimiento, qué tiene que hacer y el Ejército no tiene que estarle dando órdenes porque son instituciones totalmente diferentes con fines totalmente distintos”, declara en contraste Marvin Reyes. Él es un exagente reconocido entre los policías por ser líder del Movimiento de Trabajadores de dicha institución. Tras la manifestación que llegó hasta CAPRES, él y otros cuatro trabajadores fueron destituidos de la Policía.

“Es una intromisión a las funciones de la Policía como tal. La UMO ya sabe cuál es su procedimiento, qué tiene que hacer y el Ejército no tiene que estarle dando órdenes porque son instituciones totalmente diferentes con fines totalmente distintos”, declara en contraste Marvin Reyes. Él es un exagente reconocido entre los policías por ser líder del Movimiento de Trabajadores de dicha institución. Tras la manifestación que llegó hasta CAPRES, él y otros cuatro trabajadores fueron destituidos de la Policía.

Aunque el ministro Ramírez Landaverde asegura que la relación que queda plasmada en el instructivo entre EMP y Policías es solo de coordinación, en la Fundación DTJ se encargan de recalcar la necesidad de dividir las órdenes por institución específica. “En nuestro contexto histórico este fue un argumento para generar paz –asegura López– argumentar que es algo operativo lo que hace es no reconocer el origen histórico de esto. Cualquier instructivo tiene que respetar esos contextos históricos que nosotros vivimos”.

Con púas. Las barreras que se usan para detener el paso de las marchas están hechas de alambre y metal. Aun cuando no hay protestas estas se mantienen en las calles cercanas a CAPRES como medida de seguridad.

La posibilidad de matar en una protesta

“El uso de la fuerza letal será el último recurso y solo se realizará excepcionalmente en el caso de que exista amenaza directa sobre personal o medios de CAPRES”, indica el instructivo de seguridad de la casa de gobierno. A pesar de plantear la posibilidad de matar a manifestantes en situaciones amenazantes, el documento no define cuáles son los “medios” referidos.

“El derecho penal reconoce que si se pone en riesgo tu vida, podés por legítima defensa o por otras causales, usar fuerza en contra. En la misma medida que es la amenaza podés resistir. (Pero) los medios de CAPRES no queda claro qué significa, podrían ser instalaciones, podría ser que ellos creen que si rompés una ventana, podrían usar ellos fuerza letal para defenderla”, plantea la abogada de DTJ, Eva López.

Esta revista solicitó, a través del coordinador de prensa de Casa Presidencial, una entrevista con el jefe del Estado Mayor Presidencial para consultar dudas que quedan al leer el instructivo, pero se obtuvo una respuesta negativa. También se solicitó, a través de correo electrónico, al director de Comunicaciones del Ministerio de l Defensa, una entrevista con uno de los coroneles que firmaron el documento. No se obtuvo respuesta.

“Es una falta de definición de conceptos lo que tiene eso. Y el uso de la fuerza letal nunca podría estar consignada en un documento de esa naturaleza porque sería dar un cheque en blanco para posibles ejecuciones sumarias, es decir, que se pudiera usar la fuerza como se usó en la época de la dictadura militar”.

“Ese tipo de lenguaje que no está determinado llena a la gente de incertezas jurídicas. No sabés cómo proceder, no sabés cuándo tu vida va a correr riesgo”, sostiene López.
El presidente del Instituto de Estudios Jurídicos es más contundente a la hora de analizar cómo se plantea el uso de la fuerza letal: “Es una falta de definición de conceptos lo que tiene eso. Y el uso de la fuerza letal nunca podría estar consignada en un documento de esa naturaleza porque sería dar un cheque en blanco para posibles ejecuciones sumarias, es decir, que se pudiera usar la fuerza como se usó en la época de la dictadura militar”.

A pesar de los vacíos que encuentra en el instructivo, Ulloa considera que el documento representa “un buen esfuerzo, pero que necesita ajustes para conseguir los objetivos”. Luego plantea la necesidad de impulsar desde el Estado medidas que permitan “un equilibrio justo entre permitirle a los que están descontentos el espacio público, pero a la vez garantizarle a la otra parte de la población su derecho a la movilidad, a llegar al trabajo a tiempo, etc”.

Por ahora, algunos de los que se han manifestado consideran que las movilizaciones sociales tienen poco impacto en un gobierno que se rehúsa a escuchar sus peticiones. Dos años después de solicitar un aumento de presupuesto y durante un receso de su trabajo, el bombero Érick Portillo, afirma que en Casa Presidencial la respuesta que tuvieron fue “una intervención en crisis con una promesa de gestionar la solución de los problemas que llegan a manifestarse, pero al final no sucede absolutamente nada, nada de nada”.

Y a pesar de que el instructivo plantea que ante las manifestaciones una comisión de Casa Presidencial debe salir a recibir documentación con las demandas de los manifestantes, en el caso de Ríos, ella asegura que el diálogo no se le planteó como posibilidad. Mientras el mediodía se acerca reflexiona: “A este país le costó 12 años de guerra y como 50 de represión el poder tener la libertad que ahora tenemos de pararnos en cualquier lugar y decirle al presidente que no estamos de acuerdo en lo que está haciendo. No podemos retroceder”.

Antes de ser gobierno. Diputados del FMLN encabezaron una protesta en la autopista al aeropuerto. En 2006 protestaban por el alto costo de la vida, el incremento al pasaje, agua y energía eléctrica.

 


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