Veinte años de nada

Cuando el 4 de abril de 1999 la niña Katya Natalia Miranda Jiménez fue violada y asesinada en la Costa del Sol, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y los tribunales eran, en esencia, instrumentos de las élites políticas para salvaguardar su impunidad. Eso hacía de ambas instituciones cuerpos muy deficientes en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

Katya Miranda, violada y asesinada a pocos metros de un rancho de playa en el que había dormido junto a su padre y su familia paterna, se convirtió desde su muerte en un doloroso recordatorio de esa impunidad perenne que 20 años después sigue ahí, intratable, carcomiendo a las cortes, a la Policía, a la FGR.

Al final, cuando se echa la vista atrás sobre las instituciones que forman el sistema de justicia salvadoreño lo único que se observa es un inmenso valle de impunidad. Habrá, acaso, algún par de picos marcados por la gestión de un puñado de funcionarios independientes que algo intentaron a pesar del poder político. Pero en general el paisaje es desolador.

Para entender por qué la muerte y violación de Katya Miranda fue un reflejo de todo eso hay que volver, siempre, a las circunstancias de los crímenes.

A la niña la sacaron de un rancho en el que dormían su padre, que era entonces escolta del presidente de la república; y su tío, que era el segundo al mando de la División de Investigación Criminal, una de las unidades más letales de la PNC. A la niña la sacaron de un rancho en el que había mucha gente armada. Nunca, ni por un instante, creí que alguien ajeno a ese rancho haya podido sacar a Katya de ahí.

La segunda circunstancia, esencial a todo acto de impunidad, tiene que ver con el encubrimiento. Y en esto el rol de la Fiscalía es muy importante. La Fiscalía, primero bajo las órdenes de Manuel Córdova Castellanos y luego bajo las de Belisario Artiga, se aseguró de que todo se hiciera para que el crimen no fuera resuelto; para que no hubiera justicia. Desde la intervención inicial en la escena del crimen hasta la fabricación de testimonios falsos, la FGR aplicó, íntegro, el manual del encubrimiento que en El Salvador de la guerra había escrito uno de sus puntos más dolorosos tras la masacre de la UCA en 1989, 10 años antes.

Y, como en el caso de los jesuitas, en el de Katya se involucró todo el Estado, no solo el ministerio público, los tribunales y la PNC. La Presidencia de la República, entonces en manos de Armando Calderón Sol del partido ARENA, hizo lo propio a través del Organismo de Inteligencia del Estado. El OIE abrió una investigación paralela cuyo único objetivo fue, de nuevo, obstaculizar la procuración de justicia.

En la década que siguió a la muerte de Katya Miranda, el crimen organizado acompañó al poder político, haciendo simbiosis con él, para apoderarse del aparato salvadoreño de investigación criminal y del de justicia. La década de 2000 fue el periodo en que el narco y los operadores políticos que le servían dejaron su huella en esas instituciones. Muchos de los protagonistas fueron los mismos. Muchos siguen vigentes en la política.

En la segunda década después de la muerte de Katya, la Fiscalía se convirtió, bajo el liderazgo de Luis Martínez, en un lupanar al servicio de narcos, políticos y empresarios corruptos y de cualquiera que pudiera pagar por hacer lo mismo que ocurrió en 1999: encubrir crímenes, inventar pruebas, perseguir a inocentes.

Buena parte de eso último está documentado en el expediente judicial de la llamada Operación Corruptela, en la que, por cierto, aparece el nombre del actual fiscal adjunto como sospechoso de recibir sobornos. Nada ha cambiado en 20 años.