En Nicaragua se niega la atención a opositores y se despide a médicos inconformes con el gobierno. En uno de los sistemas de salud pública más deficientes de la región, crece la atención profesional desde la clandestinidad.

Salud a discreción de la política

Un reportaje de Séptimo Sentido

Fotografías de CONNECTAS

Samuel Mairena Rocha, herido de muerte por la policía orteguista durante la rebelión de abril en los barrios orientales de Managua. Samuel también fue a un hospital público donde le hicieron malos procedimientos de operación para causarle la muerte.

Una mañana de inicios de agosto de 2019, el doctor José Luis Borge intenta meter una camilla por una puerta angosta en una casa que, vista desde afuera, luce como cualquiera en Managua. Sin embargo, sus cuartos se han convertido en pequeños consultorios. Borge y otros médicos terminan de trasladar muebles y desempacar medicamentos, después de que su anterior clínica clandestina fue asediada por la Policía Nacional y ellos tuvieron que cambiar de domicilio. Por eso, todavía hay pastillas, jeringas y bolsas de sueros en los pasillos de la vivienda.

Borge detecta un automóvil parqueado en la calle cerca de la residencia. Dice que ya lo había visto desde hace días en ese lugar. Sospecha. «Es peligroso que nos vigilen para nuestros pacientes, porque después pueden seguirlos y capturarlos», afirma. De un cuarto minutos después sale un hombre de 32 años en una silla de ruedas y detrás suyo viene el médico José Vásquez, quien explica que su paciente es parapléjico, porque recibió un balazo en la columna y no lo atienden en el sistema de salud público, porque lo tienen «estigmatizado» como golpista, la etiqueta con que el gobierno descalifica a los opositores que protestaron contra el ejecutivo desde abril de 2018.

Borge y Vásquez pertenecen a la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), una organización que se define como independiente al ejecutivo y que atiende a quienes el Estado rechaza por razones políticas en los hospitales públicos. Formada por 605 médicos en los departamentos de Managua, Matagalpa, Estelí y Carazo, ellos han dado más de ocho mil consultas entre abril de 2018 y agosto de 2019, lo que significa un promedio de 16 atenciones al día, siendo los primeros cuatro meses de la crisis cuando hubo más casos. La organización asegura que entre los beneficiados con sus atenciones hay ex presos políticos, 105 personas han sido intervenidas de balazos en la cabeza, espalda, cuello y piernas. Ocho heridos han quedado parapléjicos con secuelas permanentes y tres murieron.

El caso más conocido del rechazo estatal a un paciente fue el de Álvaro Conrado, de 15 años, quien fue herido en abril del año pasado durante las protestas por el disparo de un francotirador, luego fue trasladado a un hospital público y no lo atendieron. Murió en un centro de atención privado minutos después. Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar lo sucedido entre el 19 de abril y 30 de mayo de 2018 en el país, al menos nueve personas murieron por falta de atención médica. Se trata de otro ángulo de la crisis surgida tras la represión en las protestas, que dejó 328 muertos y más de 2.000 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo que no se sabía es que continúa la situación de discriminación en la atención, lo que se suma a las carencias que enfrenta ya el país. Nicaragua está apenas por encima del parámetro de trabajadores para cubrir las necesidades básicas según la Organización Mundial de la Salud con 2.6 empleados por cada mil habitantes, entre médicos, enfermeras y parteras, cuando el promedio es de 2.3 por cada mil. El gobierno invierte además 77.19 dólares por persona, el más bajo de Centroamérica.

CONNECTAS, la plataforma líder de periodismo colaborativo en la región, solicitó para esta investigación una entrevista a inicios de agosto de 2019 a la directora general de Regulación Sanitaria, Martha Ligia Rosales, sobre las denuncias, pero no respondió. Los doctores de UMN no son los únicos que dan tratamiento de modo clandestino a los opositores. También existe la Asociación Médica Nicaragüense (AMN) y otros especialistas como Alejandro Lagos, quien atiende con sus propios recursos a los heridos en un contexto donde se denuncian represalias contra el gremio, expresadas en despedidos. Solo esta organización tiene registrado que 411 trabajadores de la salud han sido echados de los hospitales públicos por estar inconformes con la decisiones políticas: 121 médicos especialistas, 28 médicos subespecialistas, 79 médicos generales, 54 enfermeras y 129 del personal de apoyo.

«Esto es un subregistro porque muchos médicos tienen temor de denunciar», dice Borge, presidente de la UMN. Con más de 28 años de experiencia, este médico fue despedido el año pasado del hospital público «Antonio Lenín Fonseca» por atender a opositores.

Formada por 605 médicos en los departamentos de Managua, Matagalpa, Estelí y Carazo, ellos han dado más de ocho mil consultas entre abril de 2018 y agosto de 2019, un promedio de 16 atenciones al día, siendo los primeros cuatro meses de la crisis cuando hubo más casos. La organización asegura que entre los beneficiados con sus atenciones hay ex presos políticos, 105 personas han sido intervenidas de balazos en la cabeza, espalda, cuello y piernas. Ocho heridos han quedado parapléjicos con secuelas permanentes y tres murieron.

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LA HISTORIA DE SAMUEL MAIRENA

Según médicos privados consultados, que le han dado seguimiento a Samuel Mairena, de 32 años, él es uno de quienes fue atendido de forma negligente en los hospitales públicos «Fernando Vélez Paiz» y «Roberto Calderón» en Managua, donde no le retiraron dos balas que tenía en la espalda. Su historia inicia el 19 de junio de 2018 cuando fue herido mientras resguardaba una de las barricadas levantadas en su barrio. Los impactos provocaron que el paciente quedara en estado de paraplejia, que le impide mover sus piernas. CONNECTAS intentó comunicarse con las autoridades de ambos hospitales, María Virginia García y Kenia Grillo, respectivamente, pero tampoco respondieron.

A Mairena se le formaron dos llagas de más de diez centímetros de diámetro en una de sus nalgas y la cadera. Los médicos lo operaron de los intestinos para que pudiera defecar y le colocaron una sonda en la vejiga para que pudiera orinar. Sin embargo, la epicrisis del hospital Fernando Vélez Paiz, emitida el cinco de diciembre de 2018, indica que «no sufría ninguna complicación», mientras se descartó «paraplejia«.

Sanción. Las autoridades del país han sido sancionadas por Estados Unidos por negar atención a los manifestantes. En la imagen, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, junto al presidente Daniel Ortega.

Desde hace 71 años, la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció que el acceso a la salud es un derecho fundamental «sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social». Sin embargo, opositores y sus familiares describen un panorama distinto en el país centroamericano según esta investigación publicada en NICARAGUA.CONNECTAS, el espacio creado por esta organización para contar la realidad del país centroamericano en un contexto adverso para la libertad de expresión.

El tratamiento que le recetaron a Mairena en el primer hospital que estuvo fue acetaminofén y una pastilla para el dolor de estómago tras ver la epicrisis. A los tres meses recayó y fue internado en el otro centro médico, debido a que las úlceras en sus piernas estaban infectadas. «En los hospitales me quisieron matar», dice Mairena en su casa en el barrio capitalino Villa Austria. «Una enfermera me dijo que mejor me fuera del hospital (Fernando Vélez Paiz) porque la orden que le habían dado a ella era que me atendieran lo menos posible por ser uno de los manifestantes», revela.

Existen reportes de pacientes que aseguran que la influencia política garantiza una mejor atención en el sistema público. CONNECTAS conoció la historia de una joven que le detectaron cáncer y diabetes en un hospital público, y le pidieron llevar una carta del político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para poder hacerle el tratamiento con quimioterapias. «El líder del barrio me dijo que me daba la carta si yo aceptaba andar de casa en casa recogiendo firmas para condenar a los presos políticos (del gobierno) que llamaban terroristas», dice ella que prefiere no identificarse porque en contra de su voluntad hará el trámite que le exigieron para acceder a esos servicios médicos.

La represalia contra los médicos opositores se explica por el control que ejercen operadores del partido gobernante en el Ministerio de Salud (MINSA) desde la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud). Una de las evidencias del afecto al Presidente a manos de ese sindicato ocurrió el 25 de agosto de 2019 en el hospital San Juan de Dios en Estelí, al norte del país, cuando hicieron una fiesta para celebrar la continuidad de Ortega en el poder.

El secretario ejecutivo de Fetsalud desde hace 25 años es el diputado Gustavo Porras, cercano a la vicepresidenta de Nicaragua. Él es el actual presidente de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo. Fetsalud nació en 1974 cuando se oponía a la dictadura somocista. A partir de 1990 fue ocupado como un brazo de presión para desestabilizar a los gobiernos con protestas en las calles y constantes huelgas que buscaban negociar ventajas políticas para el FSLN y hoy es un órgano de «vigilancia», según el cirujano y urólogo José Luis Borge.

Ninguno de los casos críticos del sistema público están incluidos en el último informe que brindó la Vicepresidenta Rosario Murillo el 26 de agosto de 2019 sobre la implementación de la Ley de Atención Integral a Víctimas de la crisis. El documento, no obstante, señala que «equipos muldisciplinarios» del Minsa, Ministerio de Familia y Adolescencia y Niñez y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, visitaron a 768 familias víctimas de la violencia entre el 24 de junio y el 9 de agosto de este año; de las cuales 146 personas fueron remitidas a los centros hospitalarios. El documento revela que encontraron 67 personas con discapacidad «físico-motora, visual, auditiva, psicosocial e intelectual», las cuales han sido ingresadas a un programa para garantizarles su rehabilitación física y apoyarlos.

El paciente Samuel Mairena, que está parapléjico, dice que no ha llegado ninguna delegación estatal a visitarlo. «La única vez que vino alguien del gobierno fue a pintarme de rojinegro (el color de la bandera del partido gobernante) la acera y el poste de la casa», lamenta, mientras señala las pintas «FSLN«. Según sus padres y médicos consultados, Mairena estaba anémico, desnutrido, deprimido y con llagas supurando pus; tenía fiebre, vómito y diarrea. «Fueron los ocho meses más difíciles de mi vida», dice él, sentado en una silla de ruedas. Su madre Nordia Rocha asegura que se estaba muriendo. Como lideresa de una iglesia evangélica y, al verlo en ese estado, ella buscó a un pastor para que orara por él. El religioso salió tan impactado que prometió ayuda. Tres días después, apareció en su puerta Alejandro Lagos, el médico que atiende gratuitamente a los manifestantes y quien fue contactado por el reverendo.

En la calle. El médico José Luis Borge en una manifestación meses atrás en Nicaragua. Ahora atiende a pacientes rechazados por el sistema de salud por razones políticas.

El 22 de febrero de 2019, una tomografía reveló a Lagos que Mairena tenía dos balazos en la espalda, uno rozó su médula espinal y era el que le impedía mover sus piernas. El doctor le dio una buena y una mala noticia al lesionado. La mala era que las úlceras habían adquirido una bacteria multirresistente que solo podía ser combatidas con un tratamiento de más de mil dólares. Pero la buena era que lo podían operar. «No sabía que tenía esos balazos en la espalda. Lo único que me decían en el hospital era que así iba a quedar (sin poder mover mis piernas). Me habían desahuciado».

Desde el diagnóstico, Mairena dejó de ir a los hospitales públicos. El 30 de marzo de 2019, el paciente fue operado con éxito. La otra bala, ubicada en el disco de la columna, todavía la tiene. Aunque la recuperación ha sido lenta, las llagas están cerrando, la bacteria fue eliminada, puede comer sin vomitar y a veces tiene sensibilidad si le tocan con fuerza las piernas. Su padre cura sus llagas, mientras su madre limpia el cuarto. El progenitor cambia la bolsa donde defeca y ella donde orina.

El paciente Samuel Mairena, que está parapléjico, dice que no ha llegado ninguna delegación estatal a visitarlo. “La única vez que vino alguien del gobierno fue a pintarme de rojinegro (el color de la bandera del partido gobernante) la acera y el poste de la casa”, lamenta, mientras señala las pintas “FSLN”.

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SANCIONES AL SISTEMA PÚBLICO

Las máximas autoridades de salud nicaragüenses ya fueron sancionadas por Estados Unidos, debido a su participación en la represión. El 21 de junio de 2019, el legislador Gustavo Porras, médico y operador del Frente Sandinista, fue descrito como quien «ejerce un control significativo sobre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Minsa con la aprobación de la vicepresidenta», en el comunicado del Departamento del Tesoro. La exministra Sonia Castro también fue castigada ese día «por dirigir el Ministerio de Salud que violó los derechos humanos de los manifestantes heridos».

Doctores consultados confirmaron que el 20 de abril de 2018 Castro bajó la orden de no atender a los opositores heridos. «La orden se dio. Si está escrito en algún lugar o estuvo, nadie lo podrá saber. Pero sí había un patrón en todas las unidades de salud: no atender a los manifestantes», dice Ricardo Pineda, médico de la Asociación Médica Nicaragüense (AMN).

Cuando todavía era ministra en febrero de este año, en entrevista con la televisora Canal 10, Castro lo negó. «Se reforzó la atención médica, los turnos, el proceso de traslado, la clasificación, porque llegó un momento en que algunos hospitales tenían mucha demanda», dijo. Sin embargo, la resolución estadounidense señala que «el Minsa rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión, lo que empeoró las lesiones e incluso condujo a la muerte de algunos manifestantes por la falta de atención médica».

En esa entrevista, con la bandera del partido gobernante a su espalda, Castro aseguró que durante las protestas, que ella llamó «intento de golpe de Estado», los hospitales públicos atendieron a 2,600 personas «sin distinción de clase, sexo, religión o creencia». Sin embargo, sus declaraciones que describen una ausencia de injerencia de política en el sistema de salud contrastan con la historia de María Espinoza, sobrina de Blas Espinoza Ordoñez, un leñador que murió el 23 de febrero de 2019 porque nunca consiguió un carnet de militante del Frente Sandinista para que lo atendieran en un programa para personas que sufren insuficiencia renal crónica, lo que ella asegura ocurrió porque lo consideraban opositor.

La atención a los pacientes sin ningún distingo es una responsabilidad ética, según el cirujano Gabriel Guzmán, quien labora en el hospital privado Vivian Pellas, un centro que atendió gratuitamente a heridos durante la crisis. El 24 de junio de 2019, el nefrólogo Víctor Manuel Zeledón, de la ciudad de León, al occidente del país, se vio obligado a atender durante 14 días a sus pacientes en los pasillos del hospital porque la directora del mismo centro le prohibió la entrada y él quería evitar que lo despidieran acusándolo de abandono de trabajo. Él había sido víctima de persecución de simpatizantes sandinistas.

Según el médico internista Freddy Gabino, las consecuencias de las pérdidas de especialistas la sufre la población que está recurriendo más a los hospitales públicos. Entre febrero de 2018 y febrero de este año, 149,049 personas dejaron de cotizar al INSS, un grupo que era atendido en programas privados y ahora van los centros de atención públicos, de acuerdo con datos oficiales publicados en la investigación de CONNECTAS. En febrero de 2019, la exministra de Salud dijo que los despidos de los médicos fueron por «medidas disciplinarias y fallas internas». En esa ocasión, Castro informó que se contrataría a 350 trabajadores de la salud. «Plaza que se va saliendo, es una plaza que se repone por cualquier causa», dijo.

Prueba. Esta la bala que le extrajeron médicos privados a Samuel Mairena, luego que en los hospitales públicos no lo hicieron.

La injerencia de la política ocurrió también en el espacio académico para evitar otra protesta. A finales de junio de 2019, más de 100 universitarios se graduaron en sandalias y ropa informal después de que las autoridades de la Universidad Americana, en la que tiene acciones el Ejército de Nicaragua, suspendieron la ceremonia de graduación en el Teatro Nacional porque los graduandos pretendían hacer un homenaje en memoria de Raynéia Lima, estudiante de Medicina de este recinto asesinada durante las protestas. Entre los universitarios se encontraba Ariana Ortega, nieta del mandatario, quien se negó a participar en el evento y llegó al último día del ensayo de la graduación con una chaqueta rojinegra, colores del partido en el poder, un gesto que tomaron como una provocación política.

La mayoría reprobó esa actitud y el tributo se realizó de forma espontánea cuando los estudiantes exigieron sus diplomas en un auditorio. La nieta del gobernante se ausentó, pero se tomó una fotografía, de toga y birrete, celebrando el título y acompañada únicamente por simpatizantes sandinistas, la que se divulgó en las redes sociales horas más tarde. Así como la política afecta al sector educativo, lo que muestran este caso, también ha cambiado las prácticas profesionales de los médicos que decidieron atender a los opositores, desafiando al sistema desde clínicas improvisadas y clandestinas para cumplir con el juramento hipocrático.


Este trabajo fue realizado en el marco de NICARAGUA.CONNECTAS, un espacio para contar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión

Protesta de los estudiantes. Los estudiantes de la Universidad Americana exigieron su título, después de la cancelación de la graduación, y lo fueron a recoger en sandalias. Al otro lado, Ariana Ortega, nieta del mandatario, se tomó una fotografía con su título, al lado de simpatizantes de su partido y en otra imagen apareció con su birrete cobijada con una bandera del FSLN.

 


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