Opinión desde acá

por Mariana Belloso, De cuentos y cuentas

 

Mariana Belloso
Periodista

Penumbras

Vemos el debilitamiento al trabajo de entidades como el Instituto de Acceso a la Información Pública, cuyas órdenes y decisiones son abiertamente desobedecidas por los funcionarios.

Todo lo que se escoge ocultar o hacer en las sombras, bajo la mesa, indefectiblemente genera sospechas. ¿Qué necesidad hay de ocultar algo que se está haciendo dentro de los límites de la legalidad, la ética y, vaya, si lo quiere agregar, de la moralidad? Si se escogen las penumbras o la oscuridad total, pocas veces es justificable.

El ámbito de la administración pública representa un ejemplo lleno de contrastes. Se trata de un aparataje amplio y complejo que funciona mayormente con los fondos que se obtienen de los tributos de toda la población, junto con préstamos que eventualmente serán igualmente pagados con impuestos de la gente. Además, las decisiones que se toman, las políticas, planes y proyectos que se definen, tienen una incidencia directa en el funcionamiento del país y en la calidad de vida de quienes lo habitan.

En la cosa pública, aunque suene a pleonasmo, no cabe lo oculto. Con contadas excepciones, como los casos en los que se alega riesgo de la seguridad nacional, el ciudadano debería poder saber cómo está operando la administración pública, qué hacen sus funcionarios, hacia dónde va el dinero, pero esto es aún, en muchos casos, una utopía.

El seguimiento a la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto general del Estado, el instrumento de política fiscal por excelencia donde además se definen los recursos para ejecutar el resto de políticas, sigue siendo una tarea difícil.

En la fase de formulación, muy pocas personas pueden saber cuánto, cómo y por qué se asigna a cada rubro. Es hasta que el proyecto del presupuesto llega a la Asamblea que se logra una mayor difusión de este, y acceso a su contenido. Sin embargo, el proyecto presentado y el aprobado suelen diferir, y requiere un trabajo muy minucioso encontrar las diferencias.

Finalmente, el presupuesto votado y el ejecutado también varían. Las transferencias entre partidas son difíciles de seguir y rastrear. La semana recién pasada, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) lanzó una herramienta para hacer este tipo de seguimiento que, sin embargo, presenta serias limitantes: la fuente de los datos es el mismo Gobierno, los mismos entes ejecutores, y no ha sido fácil obtener la información. Y es allí, en esos constantes movimientos entre partidas, donde pueden encontrarse los primeros indicios de mal manejo o corrupción. Hacerlo a ciegas, con la luz apagada, es casi imposible.

Luego vemos el debilitamiento al trabajo de entidades como el Instituto de Acceso a la Información Pública, cuyas órdenes y decisiones son abiertamente desobedecidas por los funcionarios, que optan por enfrentar las sanciones económicas o ampararse ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para no tener que dar la información que el IAIP ha solicitado. Más obscuridad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el temor a la transparencia y a la rendición de cuentas?

Acá podrían agregarse ejemplos como el de los procesos abiertos a funcionarios de la Corte de Cuentas de la República, o a los casos en los que la corrupción ha enquistado al mismo poder judicial. Los obstáculos para que la luz brille se acumulan, haciendo más densa la penumbra.

En El Salvador el combate a la corrupción se sigue limitando a juzgar y procesar, en el mejor de los casos y cuando no han huído del país, a ex funcionarios, una vez han dejado sus cargos y el dinero ha desaparecido. El verdadero reto es cerrar los espacios para que se den estos malos manejos, y la mejor forma de hacerlo es con las luces encendidas.


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