Narcoestado

Varios documentos judiciales en Estados Unidos y una investigación de la misión internacional contra la impunidad en Honduras dejan indicios bastante claros de que la presidencia de ese país lleva por lo menos una década penetrada por el narcotráfico. No parece posible aplicar eufemismos aquí: la casa presidencial de Tegucigalpa está empatada con el narco.

Lo que las investigaciones dicen, en breve, es que la organización hondureña de narcotráfico conocida como Los Cachiros recibió dinero del gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) a través de una empresa llamada INRIMAR, la cual obtuvo contratos amañados para construir obras públicas; que los narcos establecieron contactos con el actual presidente, Juan Orlando Hernández, cuando este era líder del Congreso hondureño; y que Los Cachiros lavaron dinero a través de empresas vinculadas a la familia Rosenthal, una de las más poderosas del país.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), de hecho, consideró al actual presidente hondureño como «objetivo» de una investigación abierta en 2013 a una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. En un comunicado que emitió el pasado viernes, el gobierno de Hernández dice que todo se trata de un intento hecho por narcotraficantes hondureños juzgados en Estados Unidos para acusar a otros y buscar rebajas a sus penas de cárcel.

Lo cierto es que estas últimas revelaciones solo añaden a una lista de indicios que apuntan a la casa de gobierno en Tegucigalpa. Ya antes Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros; y Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo y procesado por narcotráfico en Nueva York, habían testificado que el segundo sirvió como intermediario entre los narcotraficantes y Hernández. La extradición a Estados Unidos de Antonio Hernández, hermano del presidente, para que responda por narcotráfico también ha ensombrecido la presidencia hondureña por un buen rato.

Honduras es, de los tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, donde la penetración del crimen organizado en la política parece más flagrante. En Guatemala, el dinero ilícito ha penetrado las campañas políticas desde hace rato y en El Salvador operadores políticos al servicio de los gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes también han cobrado peaje a narcotraficantes como Los Perrones para dejarlos mover droga. En Honduras, por lo visto, el narco ha despachado desde los círculos más íntimos de las dos últimas presidencias.

Lo único que lo anterior quiere decir es que, si en Honduras los diques de la legalidad llevan rotos ya buen rato, en El Salvador y Guatemala existen todas las condiciones de impunidad y corrupción para llegar a donde los hondureños están ahora.

En la base de la penetración del narco está, primero, el desdén por la legalidad y, producto de ello, la impunidad que narcotraficantes y políticos requieren para operar tranquilos, para lucrarse del Estado y para utilizarlo como plataforma y cobertura de sus economías criminales.

Ya entre 2002 y 2008, Los Perrones fueron capaces de operar sin problemas, y de mover toneladas de cocaína por tierras salvadoreñas gracias en buena medida a la aquiescencia de policías, fiscales, jueces y operadores como el fallecido Adolfo Tórrez, quien de acuerdo con múltiples testimonios que recogí para mi libro «Infiltrados», de 2014, era el encargado de cobrar la extorsión a Reynerio Flores Lazo, el líder de Los Perrones hoy condenado a prisión.

Hay que ver a Honduras y entender que la penetración absoluta del Estado nacional por el crimen organizado está a la vuelta de la esquina. Y en El Salvador basta ver hacia adentro: en un país en el que, en los últimos meses, las mafias políticas mataron a la Sección de Probidad de la Corte Suprema y se han asegurado una fiscalía bastante dócil, las puertas al narco, a las mafias políticas y a otros tipos de crimen organizado están abiertas.