Gabinete de Seguridad

El primer asunto que debe de enfrentar el presidente electo, Nayib Bukele, en el tema de seguridad pública es el de las pandillas.

A estas alturas, después de las treguas de la administración Funes y las más locales auspiciadas por alcaldes y candidatos de los principales partidos políticos, y después de las políticas de exterminio impulsadas por la administración Sánchez Cerén, el de las pandillas es un tema impostergable.

Las treguas, legítimas si se entiende que la negociación desde el Estado es una política plausible en una democracia, siempre y cuando el Estado imponga el tono, y siempre y cuando lo haga desde la legalidad, no fueron solución porque se hicieron desde la oscuridad.

Los actores políticos que emprendieron las treguas tuvieron casi siempre como norte beneficios electorales o partidarios, no el bien público; por eso las hicieron desde la oscuridad, de espaldas a los ciudadanos afectados por la violencia pandillera.

El uso ilegal de la fuerza pública, cuyas principales expresiones durante la administración saliente del FMLN fueron las ejecuciones extrajudiciales, la persecución ilegal de jóvenes en zonas dominadas por pandillas y la tolerancia de esas ilegalidades desde altas jefaturas en la Policía y el Ejército, ha producido resultados mixtos.

Viendo las cifras de homicidios en los últimos años es imposible negar que ha habido una reducción de asesinatos desde 2015, cuando en los albores de la administración Sánchez Cerén, las pandillas respondieron con violencia brutal al fin de cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno. No puede decirse lo mismo del delito de extorsión. Las pandillas habían aprendido que los asesinatos son su principal capital político.

El problema con el uso ilegal de la fuerza pública como política de Estado es, primero, ese: es ilegal. Ninguna democracia puede esperar resultados positivos de la ilegalidad. Incubar escuadrones de la muerte en las fuerzas policiales y militares solo significa que el Estado ha renunciado a todos los principios de convivencia social que, se supone, ordenan la convivencia democrática. Y, en la práctica, esto implica que cualquiera de nosotros, al final, puede ser víctima de un Estado capaz de violar los derechos de sus ciudadanos desde el derecho a la privacidad hasta el derecho a la vida.

Al final, y como bien lo prueban las escaladas de violencia protagonizadas como las pandillas con regularidad, esta política de violencia estatal ha probado ser ineficiente. Las autoridades viven diciendo que han debilitado a la MS-13 y al Barrio 18, que han empezado a recuperar los territorios que ambos grupos controlan. Pero a juzgar por la situación que aún se vive en esas comunidades, y por la capacidad intacta de los pandilleros para matar, aun policías y militares, está claro que esas afirmaciones gubernamentales aceptan muchísimos matices.

Nayib Bukele, quien ha llegado al poder abanderado en buena medida por un discurso de alejamiento con las formas políticas tradicionales en el país, tiene el inmenso reto de abordar el asunto de las pandillas desde la creatividad, la valentía y el compromiso con las normas esenciales de la democracia. Esto pasa, primero, por definir con claridad cómo interactuará su gobierno con la MS-13 y el Barrio 18.

La primera señal, en esto, debe de ser el nombramiento de su Gabinete de Seguridad: la vuelta a comisionados de la PNC comprometidos con la ilegalidad y la corrupción sería fatal. Ya dio, Bukele, una señal positiva sobre su gabinete al nombrar a Alexandra Hill como canciller (una profesional sin pasado político oscuro y con experiencia real en Washington, capital del más importante socio político del país). Si es cierto que, en el caso de Relaciones Exteriores, Bukele trascendió a las demandas de los grupos de influencia que le rodean, es imperativo que lo mismo aplique en el tema de seguridad pública. Ese es el asunto más urgente.