“Vivimos en crisis hídrica en términos de calidad, cantidad y acceso”

Andrés Mckinley es un estadounidense nacido en Boston que, desde hace 40 años, reside en El Salvador. Un país del que según Mckinley, se ha enamorado tras conocer la lucha de los salvadoreños por la justicia social.

Desde los años 80, Mckinley ha trabajado con las comunidades del país en su desarrollo local y sustentabilidad. Pero desde hace 15 años, el norteamericano se ha especializado en el estudio de las industrias extractivas y el agua. Uno de los tema que considera clave para el país. Pero sin una normativa, que regule el acceso, calidad y distribución del agua, asegura que las repercusiones sociales y ambientales son alarmantes.

Es necesario idear una nueva forma de hacer política en este país, una que sea menos conflictiva, que entienda los intereses legítimos de otros sectores y busque alternativas.

Según el experto, en términos ambientales, la nación está al borde de una crisis hídrica debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la contaminación de las aguas superficiales y la falta de acceso al recurso. Y considera que, si este panorama no cambia -de inmediato-, la esperanza de viabilidad en el país, será mucho menor a lo planteado, en 2016, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Es decir, a El Salvador le quedarían menos de 80 años para que sea sostenible.

Además, el académico sostiene que organismos internacionales como la Asociación Mundial de Agua (GWP, por sus siglas en inglés), el Tribunal Latinoamericano de Agua y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también han alertado sobre esta crisis hídrica y sobre la amenaza de que el país no pueda responder a la demanda humana frente a la escasez del agua.

A pesar de este escenario, en los últimos 13 años, los diputados que han sido parte de la Comisión Medio Ambiente y Cambio Climático no han podido aprobar una Ley General de Aguas.

Por hoy, Mckinley trabaja con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y con ellos ha propuesto iniciativas para garantizar el derecho humano al agua y su institucionalidad dentro de una política general.

¿Qué lo ha motivado a quedarse en El Salvador?

En El Salvador están los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo mejor de la humanidad está aquí, pero lo peor también. Existen personas que son capaces de hacer cosas que son difíciles de entender. Gente que daña o mata por poco. Otras que solo miran sus intereses y no piensan en los demás.

Pero en este país, también hay personas que están dispuestas a defender los intereses de la mayoría como: San Romero, Rutilio Grande y los sacerdotes jesuitas. Por gente así, uno empieza a enamorarse de este lugar. Y cuando uno comienza a entender sobre sus luchas, se enamora. Y cuando uno se enamora, no deja ir, se enraiza.

Yo estoy aquí por el amor al pueblo y poco a poco me les he unido a su lucha.

¿Cómo encaja en esto la exigencia de una normativa que regule y reconozca el derecho humano al agua?

En esta lucha por el agua hay actores invisibles. Existe gente en esta sociedad que no quiere regular el recurso, porque ellos ya tienen resuelto su problema con el agua. Mientras que las grandes mayorías necesitan de su regulación para poder tener acceso a ella.

Como especialista, habla mucho sobre la crisis hídrica que enfrenta el país.

Vivimos en crisis hídrica en términos de calidad, cantidad y acceso. Pero como todas las demás crisis, a veces , nos acostumbramos a vivir en ella.

En términos de cantidad de agua, hay un estudio de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que detalla que, durante en los últimos 20 años, todos los ríos más importantes de El Salvador han bajado su caudal entre el 15 y 70%.

Lo anterior, es un dato que se debe tomar en cuenta, pero aún sin datos, cuando uno viaja por El Salvador y lo recorre, nota como los ríos van desapareciendo. Yo, en 40 años de vivir aquí, lo he visto. Cuando he cruzado por el río Lempa, a veces, me he dicho: ¿Ese es el gran río Lempa del que se habla tanto en El Salvador?.

Sin duda, hay una escasez. Ahora vemos con mucha más frecuencia como las comunidades están saliendo a las calles para protestar por la falta de agua.

Con respecto al acceso, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) asegura que la institución pierde el 50% de las aguas que procesa, extrae y envía al sector urbano. Esto debido a que se enfrentan con problemas de tecnología y fallas en las tuberías .

La PDDH no ha sido la única que se ha pronunciado, organismos internacionales como la Asociación Mundial de Agua (GWP, por sus siglas en inglés), el Tribunal Latinoamericano de Agua y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también han planteado que el país está al borde de un estrés hídrico y que no habrá suficiente agua para responder a la demanda de los salvadoreños.

Cuando la disponibilidad del agua llega a los 1,700 metros cúbicos por persona, al año, se considera que ya existe un estrés hídrico. Según los análisis de estos organismos, El Salvador tiene como disponibilidad de agua entre: 1,750 a 2,000 metros cúbicos de agua por persona al año.

Estamos al límite.

Sí, estamos al borde, por muy poco. Esto lo dice la CEPAL, El Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial de Agua que es una asociación enorme de organizaciones sociales, gobiernos e instituciones. No es gente radical, no es gente con una agenda. Son personas con un análisis científico y ellos han planteado esto.

En comparación a otras naciones, nosotros estamos al borde. Por ejemplo, Belice cuenta con 64,000 o 65,000 metros cúbicos de agua por persona al año. Nicaragua, sino me equivoco, tiene como 35,000. Guatemala tiene 12,000. Mientras que El Salvador tiene entre: 1,750 a 2,000 de metros cúbicos de agua por persona al año.

Sin duda, hay una escasez. Ahora vemos con mucha más frecuencia como las comunidades están saliendo a las calles para protestar por la falta de agua.

Es espantoso pensar que la toma de decisión, sobre uno de los temas más estratégicos para El Salvador, está en manos de gente que no sabe de medio ambiente.

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Una vez el país esté inmerso en esta crisis, ¿qué nos espera?

La batalla por el agua, frente a una crisis, vendrá en forma de: ¿cuál será la prioridad para el uso de agua?. Nosotros insistimos en que se debe priorizar en lo doméstico, en su uso diario. Pero otros sectores puede que insistan en que se utilice para la agricultura y se priorice en la industria o en la generación de energía, el turismo. Todos estos subsectores de agua pueden terminar compitiendo para el uso de los recursos.

Por esta razón, nosotros insistimos en que el agua debe ser un bien público y debe ser visto como un derecho humano. Un derecho que debe de ser administrado por el Estado.

Por 13 años, la discusión sobre una Ley General de Aguas se ha mantenido en la Asamblea Legislativa. La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, por cuatro períodos, no ha podido llegar a un acuerdo. ¿A qué cree usted que se debe esta negativa de no aprobar, por años, una normativa?

Aquí hay una lucha de intereses. Y en ella, tenemos a los actores visibles que son los partidos políticos, los movimientos sociales, la iglesia, la UCA. Todos somos visibles, estamos ahí, moviéndonos, haciendo propuestas. Pero es la gran empresa la que no quiere que exista una regulación del agua.

Sin una institucionalidad adecuada, las grandes empresas han logrado monopolizar el recurso. Lo tienen garantizado. Son ellos los que quieren preservar esta situación.

Cada vez que la Comisión de Medio Ambiente se ha acercado a lograr acuerdos, el proceso se interrumpe, como en 2013.

Para ese período, los diputados consensuaron más de 80 artículos.

Sí, en 2013, la Comisión presidida por el diputado, Francis Zablah estaba llegando a acuerdos. Se estaban basando en una propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentada en 2012. En su momento, los diputados y diputadas empezaron a debatir y aprobaron 91 artículos, excluyeron los artículos de la institucionalidad porque nunca han podido ponerse de acuerdo con el ente rector, pero estaban avanzado.

¿Será posible que en esta legislatura se llegue a un consenso y finalmente se tenga ley?

Durante el transcurso de los años, las comisiones de medio ambiente han dejado mucho que desear. Pero la comisión actual borró el tema de la mesa cuando hizo un intento de pasar la Ley Integral de Agua, pero esto no fue posible ya que la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Universidad de El Salvador (UES) y la iglesia se pronunciaron, salieron a las calles.

Ellos anularon rápido esa decisión porque vieron una reacción inmediata de desaprobación de parte de la población. Para la comisión iba a ser dañino políticamente aprobar esa ley y un ente rector con mayor representación del sector privado cerca de las elecciones.

Ellos tiene el poder de decidir, ellos pueden pasar la ley que quieran porque tienen los votos, pero no tienen poder de influencia en la ciudadanía… no tienen el poder de la calle.

Ahora, con las elecciones que se avecinan, ¿qué sucederá?

Vamos acercándonos a otra coyuntura electoral. Aquello fue una prueba de “a ver si podemos hacer esto y salir bien”, pero no les fue posible. Aunque a mí me preocupa otro elemento.

¿Cuál?

En mi opinión esta comisión no ha tenido la capacidad. No solo es falta de voluntad, también es falta de capacidad. Han tenido cinco propuestas y no han podido formular una ley de concertación para esta nación. Esta es una gran falta de capacidad legislativa. Ellos no están legislando.

Desde 2017, El Salvador cuenta con una ley que prohíbe la minería metálica. ¿Qué incidió en los diputados?

Al principio, cuando la minería quería entrar al país, nadie sabía sobre el tema. Yo trabajaba en una organización que conocía sobre la minería. Teníamos programas en Indonesia, Estados Unidos y América del Sur. Viajé a Perú, Ecuador, Colombia para conocer al respecto. En su momento, era un reto trasladar ese conocimiento a las comunidades. Tuvimos que enseñar y decir: ¿Esto es algo bueno para ustedes o algo malo?

En esta lucha tuvimos que construir un sujeto político. La gente se empoderó, movilizó y hubo un despertar.

Sin un consenso y sin una ley, ¿a qué nos enfrentamos?

El escenario que tenemos es de una comisión de medio ambiente con poca capacidad de concertar. Es espantoso pensar que la toma de decisión, sobre uno de los temas más estratégicos para El Salvador, está en manos de gente que no sabe de medio ambiente. Es espantoso pensar en ello. Pero nadie le da la dimensión que debe. Por hoy, no hay otro tema en el país que sea tan importante como el medio ambiente y el agua.

Por el momento, pienso que la comisión está en espera de la propuesta del gobierno. La misma Presidenta de la comisión ha dicho que está esperando esa propuesta. Por nuestra parte, nosotros estamos dialogando con el MARN para poder garantizar los principios de institucionalidad en esta iniciativa.

Hablando del papel del gobierno, el ministro de medio ambiente, Fernando López ha expresado que el Estado es quien debe regular el agua; también ha dicho que es importante incluir a la empresa privada, siempre y cuando el Estado esté al frente del ente rector.

Uno debe tomar siempre en cuenta los intereses del otro. La empresa privada tiene intereses legítimos, no todo es malo. Aquí en la UCA, por ejemplo, no decimos que todo lo que plantea la empresa privada es malo. La empresa privada está haciendo lo que debe hacer la empresa privada, defendiendo sus intereses. Mientras que nosotros estamos defendiendo los intereses de la población y la nación en su totalidad, ya que este país no tiene una viabilidad sin agua. La misma empresa tiene que despertar y reconocer de que sin agua no hay empresa privada.

Es necesario idear una nueva forma de hacer política en este país, una que sea menos conflictiva, que entienda los intereses legítimos de otros sectores y busque alternativas.

En el tema del agua, ¿cuáles serían estas alternativas?

Si usted analiza la propuesta de la UCA, nosotros le hemos dado una participación grande al sector privado, acá, en el Comité Consultivo; pero cero acá, en el ente rector. Ellos pueden opinar, incidir, dialogar, proponer, pero no decidir.

Cuando Nayib Bukele dice que la empresa privada debe participar, yo estoy de acuerdo. Pero debe ser en el Comité Consultivo, no en la junta directiva, que es donde está el poder de decisión del agua. Hay que entender estas dos diferencias: entre influir y decidir.

¿Cómo funciona la institucionalidad del agua en América Latina?

En estos países existen diferentes formas de garantizar la participación de la empresa privada, pero no está en el ente rector. Ni en Estados Unidos sucede esto. Hace unos siete meses, vino una experta que explicaba sobre la institucionalidad del agua en Sudáfrica y Estados Unidos, países que sufren grandes problemas de agua, y yo le pregunté: ¿En estos países las empresas exigen su participación en el ente rector de agua?. Ella respondió que no. Me dijo que no conocía ningún caso.

La poca participación ciudadana en estos temas supone un gran reto, ¿cómo esto puede cambiar? ¿qué se necesita?

Tenemos que aumentar nuestro poder. Tenemos que empoderarnos. En primer lugar, pienso que se debe realizar un trabajo constante con la ciudadanía para mantenerla informada. También es importante educar e informar a través de los medios de comunicación porque esto fortalecerá la postura de los ciudadanos. Ya que estamos frente a una lucha de ideas. Entre una verdad o una mentira.