Miguel salió rumbo a Montelimar en el municipio de Olocuilta, departamento de La Paz, a eso de la una de la tarde luego de una llamada con un cliente que le solicitó gas propano. Su trabajo consistía en entregar productos a domicilio en la misma localidad. Ir y venir con pedidos a los barrios El Carmen, El Calvario y Cuyultitán era una tarea que, en los últimos siete meses, desarrollaba sin problemas en su motocicleta. A pesar de que debía de cruzar territorios entre una pandilla y otra, rivales, para llegar a las comunidades.

Aquella tarde del 9 de abril, Miguel recogió en el despacho de productos, ubicado en el casco urbano de Olocuilta, dos cilindros de gas de 25 libras y se dirigió hacia Montelimar. Al llegar, Miguel se detuvo en un control vehícular para limpiar las llantas de su motocicleta y ser rociado con una mezcla de alcohol y cloro en un ritual de desinfección que adoptó la comunidad para escapar del coronavirus durante la cuarentena domiciliar que inició el 21 de marzo. Ahí fue visto por última vez.

Quien cuenta esta historia es Sara, la madre de Miguel, una mujer de 40 años a la que el paso de los días, 88 para ser exactos, le ha robado la tranquilidad ante la ausencia de Miguel. Sentada en una hamaca en el pasillo del pupilaje donde vivía su hijo, un pequeño cuarto donde el joven de 21 años acuñaba una cama, unos cajones que ajustaba como ropero y una cocina de mesa, Sara suplica saber: ¿Qué pasó? ¿A dónde está?

En El Salvador, dar respuestas a las súplicas de familias que, como Sara, piden una explicación de cara a la desaparición de un hijo, una hija, un hermano, un sobrino es un terreno complejo. No existe una ley que ayude en la búsqueda ni ampare a los familiares de las víctimas ante su ausencia. Tampoco hay un sistema donde se pueda establecer un reporte -sin necesidad de iniciar una acción legal- para investigar sobre el paradero de las víctimas. Esto hace que muchas familias no se atrevan a denunciar y que las cifras oficiales no den cuenta de estos casos.

De momento, solo hay un documento interinstitucional que da luces a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal y otras entidades para activar el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda (PAU). Lineamientos que suponen actividades inmediatas y coordinadas para la localización de las víctimas tras el reporte de su desaparición. También se cuenta con una reforma al Código Penal que incluye como delito la “desaparición de personas” con penas de cárcel que rondan los 15 a 25 años.

Ahora es la duda, la sospecha de lo que pudo pasar, la que se apodera de esta mujer de cabellos castaños, ojos café claro, piel morena y facciones simétricas. “Algunas personas dijeron que sí lo vieron entrar, pero ya no regresar”, dice Sara mientras se columpia en la hamaca como quien arrulla su propia pena: “¿Quién podría querer dañar a “Miguelito“, si todos lo conocían?”.

Que Miguel y su familia fueran reconocidos en los alrededores del municipio, según Sara, era la única garantía que el joven tenía para repartir pedidos en las comunidades de Olocuilta, ya que por años ella, su esposo y Miguel se ocuparon de ser zapateros en el mercado local. Miguel creció en medio de los vendedores, el comercio, las cocineras y los jóvenes de la zona. Fue un anhelo de superación y la caída del negocio lo que lo llevó a buscar otras opciones de empleo.

Sara se mece entre el llanto y la impotencia de no poder hacer mucho para encontrar a su hijo. La cuarentena domiciliar obligatoria y las restricciones de movilidad que limitaban la circulación de los ciudadanos a fechas específicas de acuerdo al número de identidad, ante la emergencia por el covid-19, la privaron de buscar.

Las medidas vigentes -hasta el 16 de junio- con el decreto ejecutivo 29, también suspendieron la marcha del transporte colectivo y sugería que el incumplimiento del confinamiento podía ser motivo para el traslado a un centro de contención. Sara tuvo pocas opciones para indagar. Así que se apoyó en una denuncia formal para encontrar a su hijo.

Esta denuncia, en paralelo a la desaparición, también supone otra pena: que el caso de su hijo no fuera relevante durante la emergencia por covid-19. “Fue hasta el 10 de abril que pudimos levantar la denuncia formal de mi hijo”, explica Sara. Y es que, la misma tarde en que Miguel ya no apareció, oficiales de la PNC de Olocuilta le pidieron “esperar la noche” para ver si el joven regresaba a su hogar. En ese momento, relata Sara, los policías de turno hicieron hincapié en que solo estaban atendiendo “situaciones que eran prioridad frente a la pandemia”.

Un día después, el 10 abril, tras levantar la denuncia, el PAU se activó y la PNC dio aviso a la Unidad de Vida de la FGR en el departamento de La Paz. Luego con las restricciones de movilidad por la crisis de salud, la Fiscalía quedó en llamar a Sara para realizar una entrevista y levantar el expediente. Pero fue hasta el 12 mayo, un mes después de los hechos, que la entidad solicitó su presencia en la cabecera departamental: Zacatecoluca. Esto a pesar de que el mismo PAU dicta que la primera línea de investigación para dar con el paradero es la recolección de información.

Para dar prioridad a estas denuncias, la Fiscalía General de la República creó -a inicios de julio de 2019- la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas. La urgencia era dar respuesta a un promedio de nueve casos por día. De enero a mayo de 2020, Guadalupe Echeverría, directora de la dependencia fiscal, sostiene que esta media, de momento, se mantiene con cuatro reportes diarios. Una baja que se refleja en el consolidado de los casos durante los últimos cinco meses: 750 personas. Un 51.12 % menos comparado a las cifras de mediados de 2019.

Este consolidado también es el más bajo comparado a los datos de los últimos tres años. Para 2017, según las cifras oficiales de la FGR, las denuncias -en los primeros seis meses- alcanzaron los 1,378 casos; mientras que en 2018 fue de 1,499 y 1,467 para 2019.

Ahora es la duda, la sospecha de lo que pudo pasar, la que se apodera de esta mujer de cabellos castaños, ojos café claro, piel morena y facciones simétricas. “Algunas personas dijeron que sí lo vieron entrar, pero ya no regresar”, dice Sara mientras se columpia en la hamaca como quien arrulla su propia pena: “¿Quién podría querer dañar a “Miguelito”, si todos lo conocían?”.

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“Nosotros somos el ente que supervisa a nivel nacional todas las acciones urgentes; generamos unas directrices técnicas para la investigación y para el abordaje. Vemos los casos más relevantes. Hay un constante monitoreo con todas las unidades fiscales y policiales para la aplicación de las acciones a nivel territorial”, explica Echeverría.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, para 2020, entre enero y febrero, la tendencia de las denuncias mensuales era de 187 y 198 casos. Luego, en marzo, y abril la media rondó en 160 y 112. Pero fue en mayo cuando los reportes alcanzaron las 93 personas. ¿Qué ha provocado esta baja parcial de las denuncias?.

El confinamiento domiciliario ha tenido que ver con estos índices “tras la limitación ambulatoria restringida de las personas”, asegura Guadalupe Echeverría. Es decir, los familiares no han tenido manera de movilizarse o saber cómo proceder. A pesar de ello, Echeverría, no duda en decir que las 19 oficinas fiscales, a nivel nacional, han trabajado al 100% y nadie ha dejado de operar: “Toda la necesidad que se ha requerido, se ha cumplido”, enfatiza.

En una pausa, Sara da un pequeño recorrido por los objetos que aún conserva de Miguel. Muestra una camisa blanca con rayas rojas y en esta se lee un: Promo 2015- 9 “A”. Ahí, entre un suéter negro y una gorra que aún cuelgan de la pared del cuarto, ella recuerda que su hijo nunca fue bueno para estudiar. Abandonó el bachillerato, pero había prometido retomar las clases para el próximo año.

“Hasta el momento, no hay buenas noticias. Yo he insistido, los he hostigado por teléfono para enterarme de cualquier novedad o, simplemente, saber cómo va todo. No dejan de repetirme, cada vez que llamo, que la Fiscal asignada no llega a trabajar por la pandemia”, mantiene Sara.

Si la emergencia de salud por covid-19 incidió en una falta de operatividad para el procesamiento de las denuncias dentro de la PNC o FGR, de momento, no es algo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pueda precisar, ya que la entidad no ha recibido ningún reporte con estas características.

Sin embargo, la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana de la PDDH, Beatriz Campos puntualiza que -en el área central- las autoridades están más conscientes de las acciones a tomar ante la desaparición de una persona y la aplicación del PAU.

“A nivel departamental -y en sus municipios- aún falta la difusión y capacitación de los trabajadores de justicia y agentes policías en cuanto al PAU. Todavía no tienen mucha conciencia de que hay que aplicarlo de inmediato sin tener que esperar horas”, concluye Campos.

Por hoy es una carta de permanencia -en la oficina fiscal de Zacatecoluca- lo que certifica a Sara y a su familia sobre la ausencia de Miguel. Un documento que fue solicitado por los mismos, primero, para justificar su salida el 12 mayo y, segundo, para tener algo por escrito que diga que su hijo ya no está.

“Hasta el momento no nos han querido dar copia de la denuncia, ya que nos dijeron que eso lo manejan solo ellos”, dice Sara. Después murmura parte de la carta: La Fiscalía de la República de Zacatecoluca, hace constar que desde las 8:30 am hasta las 15:00 pm se ha atendido a esta convocatoria.

A pesar de la disminución de las denuncias en el transcurso de la cuarentena, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas asegura que la efectividad en la localización de una persona -viva o muerta- es del 54.79%. Algo que se traduce en los últimos tres meses en: 200 personas localizadas y 165 sin encontrar.

Estar del otro lado -dentro del 45.21% de familias que no saben qué pasó- ha llevado a Sara a la desesperación. Come poco, casi no duerme y permanece en un estado de depresión: “Me duele que en todo este tiempo solo haya podido ir a buscar a mi hijo en dos ocasiones”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a El Salvador, para observar, en terreno, la situación de derechos humanos, ha reiterado -tras conocer repetitivas quejas de víctimas sobre el actuar de las autoridades como la FGR y PNC en cuanto a las demoras de su proceso y omisión de sus denuncias- en su informe preliminar de 2019 que: Las investigaciones por los casos de personas desaparecidas son una obligación indelegable del Estado.

“La impunidad no solamente deja sin verdad y sin justicia a las víctimas, sus familiares y a la sociedad salvadoreña en su conjunto, sino que también propicia la repetición de los hechos”, perfila la CIDH en su informe.

De momento, no hay una normativa que responda a la realidad que viven los familiares de las víctimas. Una de las primeras acciones importantes que debe adoptar el país, según Lissette Campos, asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), es que el órgano legislativo ratifique los tratados internacionales sobre este tema. Así una ley especial podrá responder a los mecanismos de búsqueda, reconocimientos de derechos y la definición de los bienes de personas desaparecidas.

Con el fin de la cuarentena domiciliar, a Sara le preocupa regresar a las labores el próximo 7 de julio. Con su trabajo como cocinera a tiempo completo -en San Salvador- le será imposible viajar hasta las oficinas de la Fiscalía en Zacatecoluca para dar cuenta o saber qué sucedió con Miguel.

“Han quedado en llamarme y avisarme cuando la fiscal asignada retome sus labores en la sede. Esperaré tres días, sino volveré a intentar”, asegura Sara. Hasta la fecha, Sara, sigue sin recibir noticias.