“En playa San Blas necesitamos comida”, se lee en la tela blanca que colocó a la orilla de la carretera. Este es otro de los varios intentos que ha hecho Rosa por conseguir comida para sus tres hijos. Sentada en una silla de plástico cerca de las riberas de la bocana de la playa San Blas -donde ha construido su hogar con láminas, carpetas negras, manteles de plástico y pilares hechos con bases de ramas-, Rosa espera.

En este pasillo camino al mar, hace tres meses, sonaba la cumbia, los combos, el reguetón, la algarabía de los turistas que escapaban de la rutina. El sonido de la metrópolis desaparecía y en su lugar se alzaba cada vez más fuerte el de olas que reventaban a la orilla del litoral, era señal de que el visitante se adentraba al kilómetro 39 del departamento de La Libertad: La playa San Blas.

Ahora, la soledad y el silencio reinan entre los bares, restaurantes, ranchos y hoteles. Esta aparente calma, más que tranquilidad, le genera angustia a Rosa Campos, de 31 años, una vendedora ambulante de minutas. Luego de más de 70 días de confinamiento domiciliario a causa de la emergencia de salud por covid-19, Rosa se las arregla para que media libra de arroz ajuste, si se puede, para el desayuno y la cena de sus tres hijos de tres, ocho y 12 años.

La cuarentena domiciliar obligatoria, vigente desde el 21 de marzo, permite la circulación en casos de tratamiento o urgencia médica, abastecimiento de alimentos, medicamentos o la compra de artículos de primera necesidad. Salidas que, con el decreto 29, el último mandato emitido por el ejecutivo, son limitadas a fechas específicas, de acuerdo con el número de identidad de cada ciudadano. Una medida que se mantendrá vigente hasta el 15 de junio.

Para Rosa, que mantenía a su familia con la ganancia de $0.25 centavos por cada minuta de a dólar que vendía, el impacto ha sido devastador. Con nostalgia recuerda esos días en que todavía podía comprar “dos coras” de queso fresco y un dólar de huevos para la cena. Hoy, Rosa no junta ni $0.50 en la bolsa.

La Libertad ha sido uno de los departamentos más golpeados por la pandemia, hasta la fecha, según cifras oficiales, los contagios locales ascienden a 244. Es el segundo departamento con más casos confirmados por covid-19. Esto de un total de 1,515 casos activos. Esta localidad costera no solo está siendo impactada por el virus, también es presa de la escasez de alimentos y la crisis económica a causa del desempleo como efecto colateral de las medidas de emergencia. Aquí, 30,904 personas se ocupan de generar ingresos por cuenta propia, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del Ministerio de Economía para 2019.

Con su carretón de minutas, Rosa está entre este grupo. Así también están las vendedoras de mariscos, cócteles, procesadores, maniobreros, pescadores artesanales, viajeros, artesanos, emprendedores locales y vendedores ambulantes. Gente que echa a andar una economía de subsistencia desde el Puerto de La Libertad hasta las playas del litoral. Trabajos que dependen de las actividades comerciales que aviva el turismo. Un sector que en tiempos de covid-19, no tiene permitido funcionar, a excepción de la pesca artesanal y venta de mariscos.

“Cuando no tenemos qué comer y salen otros compañeros al mar, entre nosotros, nos regalamos pescado”, susurra Dagoberto. En tres meses, Dagoberto, solo ha podido ir a pescar dos veces. Mientras aguarda por comida, enlista los motivos que le han impedido trabajar: la falta de turistas, el miedo al contagio, las restricciones de movilidad, el temor de ser detenido y trasladado a un centro de contención tras la imposición del cordón sanitario en La Libertad.

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Dos semanas han pasado de aquel aviso con bandera blanca, pero nadie ha respondido. Sin tanto preámbulo, en prisas, Rosa no duda en repetir: “Tengo tres meses de no ganar, siquiera, una ‘corita’. Y tengo tres hijos que me dicen cada mañana ‘mamá, comida; mamá, comida”.

Como Rosa, Dagoberto Marroquín, un pescador artesanal de 56 años, depende de la actividad comercial que se genera dentro del Puerto de La Libertad para sobrevivir. A la orilla del muelle, cerca del embarcadero, Dagoberto, espera a que uno de sus colegas termine de rematar, entre los mismos pescadores y vendedores, la cola de camarón, boca colorada, camarón jumbo y las corvinas. Este malecón hoy está lleno de lanchas estacionadas, sin música de fondo y sin el bullicio de vendedores.

“Cuando no tenemos qué comer y salen otros compañeros al mar, entre nosotros, nos regalamos pescado”, susurra Dagoberto. En tres meses, Dagoberto, solo ha podido ir a pescar dos veces. Mientras aguarda por comida, enlista los motivos que le han impedido trabajar: la falta de turistas, el miedo al contagio, las restricciones de movilidad, el temor de ser detenido y trasladado a un centro de contención tras la imposición del cordón sanitario en La Libertad.

“Esos dos días ni comimos. Nadie tenía permitido salir a comprar ni ir a pescar tras la orden del Presidente”, recuerda Dagoberto. Fue el 18 de abril que el presidente Nayib Bukele ordenó el cerco sanitario en el Puerto de La Libertad. “Entiendan, ya no estamos en la fase I, ahora, estamos en la fase de contagios comunitarios”, señaló el mandatario como reacción a la publicación de unas fotografías en las que se veía actividad comercial en las calles de este municipio.

Ana Ortiz, presidenta de la cooperativa La Sirena, una asociación de pescadores artesanales y vendedoras del Mercado del Mar del Puerto de La Libertad, cuenta, con un ejemplo, que el paro de labores debido al cerco sanitario fue “catastrófico”: 40 vendedoras perdieron sus productos debido a que ya no pudieron salir a colocar en hielo los pescados y mariscos. Todo se descompuso.

En cálculos hechos con base en testimonios de vendedoras, cada una de las comerciantes perdió entre $50 y $200. “Para muchas, ese dinero era su inversión para echar a andar nuevamente su negocio, ahora, algunas vendedoras no han regresado. No tienen cómo”, dice la Presidenta de la cooperativa La Sirena.

Sobre las repercusiones económicas durante la pandemia y tras el cerco sanitario, aún no hay un consolidado oficial, pero de lo que sí está seguro Miguel Ángel Jiménez, alcalde del Puerto de La Libertad, es de que el 75% de los negocios -conformados por 300 locales- se ahogan en deudas tras el cierre repentino de sus operaciones.

“El Puerto de La Libertad se mantiene vivo ‘comercialmente’ con las visitas de los turistas de los diferentes departamentos o del extranjero. Por el momento, no hemos recibido ningún plan del gobierno que hable de una reactivación económica. Esperamos que, al terminar la emergencia por el covid-19, podamos coordinar junto con el Ministerio de Turismo un mecanismo para esta reactivación, porque, hasta la fecha no hemos visto nada claro para el municipio”, detalla Jiménez.

Con una bolsa negra en mano y con la donación de $2.00 de mojarras, Dagoberto asegura que puede sobrevivir a un par de tiempos en los que le falte comida, pero que no podrá con las deudas del arrendamiento de la casa y el cúmulo de recibos por el pago de la luz eléctrica y el agua que rondan los $330.

“Necesitamos que nos echen la mano. No pedimos caridad, pero sí hacemos un llamado para que tengamos accesos a créditos con bajos intereses para poder trabajar”, repite Dagoberto y se despide.

En una entrevista radial, el 25 de mayo, Morena Valdez, ministra de Turismo, apuntó que las actividades comerciales que dependen del sector turismo serán las últimas en reactivarse. Y agrega que aún no hay fechas para que los negocios inicien labores. Los plazos se darán a conocer, una vez definido el plan de reactivación gradual de la economía. Valdez sugiere “esperar”.

A 42 kilómetros del Puerto de La Libertad, “El Tunco” se nombra sin el “playa” Aquí, sobre la arena, sentado junto a Javier Rivas, presidente de la ADESCO de la comunidad, Gilles Ortmans, presidente del Comité de Desarrollo Turístico de Playa El Tunco (CDT), dice: “Se perderán unos 250 empleos tras la pandemia”.

Un golpe inevitable en una zona que se ha caracterizado por la prosperidad económica y el desarrollo local. “Necesitamos una fecha para organizarnos y colaborar en los protocolos de salubridad que está trabajando el MITUR“, dicta Javier Rivas, presidente de la ADESCO de Playa El Tunco.

Sin plazos, pero decididos a resistir, el CDT de Playa El Tunco ha trabajado una propuesta para la reiniciar las labores del sector y zonas aledañas. Entre las urgencias está la necesidad de elaborar iniciativas comunitarias de adaptación y protección para evitar los contagios de covid-19; permitir el ingreso, tras habilitar los viajes por vía terrestre y el aeropuerto, a turistas provenientes de países con contagios controlados; abrir las playas a las prácticas de deportes, como el surf, que no requieren contacto físico; impulsar programa de microcréditos a pequeños empresarios y limitar el ingreso de los visitantes a las playas.

Volver a esta “nueva normalidad” es mucho más apremiante cuando la Ministra de Turismo asegura que las pérdidas para este sector son de $960 millones. Sobre todo cuando el comercio, los restaurantes y los hoteles, concentran la mayor parte de población ocupada con el 30.7 %. Solo el departamento de La Libertad abarca 82,254 trabajadores en este rubro, según la EHPM de 2019.

El impacto socioeconómico por el covid-19 se acentuará en las personas más vulnerables, en aquellos que necesitan trabajar a diario para poder tener acceso a los alimentos, en los ciudadanos que, de momento, no pueden hacerlo ante las restricciones de movilidad y el aislamiento obligatorio. Así lo estima el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Estamos a tiempo de evitar que la pandemia por covid-19, se convierta en una pandemia de hambre”, advierte Miguel Barreto, director regional del PMA para América Latina y el Caribe. De acuerdo con la entidad, la inseguridad alimentaria severa (InSA) -un indicador que apunta si los hogares poseen la cantidad de alimentos suficientes para el consumo o si las personas cuentan con limitaciones monetarias para la adquisición de granos básicos- aumentará en gran parte por la pandemia.

Es decir, los países de la región, entre ellos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana podrían doblar el número de ciudadanos en condición de pobreza y hambre. Según las proyecciones del PMA, las personas afectadas por la inseguridad alimentaria en América Latina y El Caribe ascenderían a los 13.7 millones para 2020. Un alza -de alrededor del 73%- comparado a la cifra de 2019: 3.4 millones.

Entre estas proyecciones ya se embarcan Rosa y sus tres hijos, a quienes el hambre les sabe a “una sopita de arroz” o “arroz frito”. Frente a la calle, entre el corredor y los pisos de tierra, Rosa instala su cocina hecha de parrillas de hierro. Intenta prender las brasas y coloca un comal para dorar media libra de arroz. Su dieta durante los últimos tres meses de confinamiento.

“No crea, para que me duren unas cuantas libras de arroz he tenido que dejar de comer y hacer dos tiempos por día”, suelta Rosa. Con tres hijos, racionar los alimentos la ha llevado a precisar que solo con el desayuno y la cena debe bastar.

En esta misma tarde, mientras Rosa explica cómo hace malabares, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) llegan con 12,000 paquetes de alimentos al Centro el Centro Escolar “Alianza” en el Puerto de La Libertad. Esto como medida para “paliar” los efectos económicos durante la crisis de salud por coronavirus.

En la sede educativa, militares, residentes, policías y voluntarios cargan camionetas con bolsas que contienen cuatro libras de frijol, arroz, dos libras de azúcar, una botella de aceite, dos libras de harina de maíz, tres libras de leche, cuatro salsas de tomates y un paquete de espagueti. Esta es una dotación de alimentos que, según el gobierno, debe ser suficiente para alimentar a una familia de cuatro miembros durante 15 días.. Luego de este tiempo, según César Turcios, coordinador del despacho del MAG, se echará a andar un plan para cultivar hortalizas e insumos que utilizan los restaurantes en el Puerto de La Libertad en “tierras ociosas del municipio de Tamanique“.

“Se ha realizado un censo de acuerdo con los indicadores de pobreza proporcionados por Protección Civil y el Ministerio de Gobernación. Con base en ello, se dispuso de la cantidad de familias que serían beneficiadas con los paquetes de alimentos. Así se llegó a un total de 12,000”, asegura Turcios. Sin embargo, el número de salvadoreños que se ven afectados por la condición de pobreza -solo en el departamento de La Libertad- alcanza los 83,796 residentes, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía para 2019.

En El Salvador, los parámetros para determinar el estado de la pobreza relativa y multidimensional están sujetos a la cantidad de ingresos y la falta de poder adquisitivo -de una familia- para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). A ello, se suma la privación de las capacidades para el desarrollo de una vida digna como: el acceso a la educación, condiciones de la vivienda, trabajo, salud, servicios básicos, seguridad alimentaria y calidad del hábitat.

A Rosa esta pobreza le es conocida. La ganancia por la venta de minutas se va en un dólar diario de tortillas, algunos huevos, el queso, la leche y, si queda, papel higiénico. No hay manera de pensar que, al final de mes, ella pueda hacerse de $121.81 para costear completa la canasta básica ampliada en el área rural. Rosa tampoco puede pagar por la construcción de un baño de letrina o por la conexión de un sistema de agua potable.

“Aquí, sin pandemia, la situación ya era dura. Por ejemplo, para poder tomar agua o cocinar, nos toca ir a pedir, vamos con un cántaro a los ranchos privados”, relata Rosa.

Frente a esta falta de acceso a los alimentos debido a la crisis económica, el paro de labores, confinamiento y restricciones de movilidad por el covid-19, Jennifer Guzmán de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), una organización que lucha por la protección y conservación del medio ambiente, expresa que es urgente contar con una Ley de Soberanía Alimentaria para atender las próximas crisis.

“Desde el año 2008, el anteproyecto por una Ley de Soberanía Alimentaria se mantiene en pausa en la Asamblea Legislativa. Han pasado 12 años sin que se le preste atención al tema. En estos tiempos de crisis por covid-19 u otra emergencia, la ley ayudaría a que la alimentación se vea como un derecho y no como mercancía”, apunta Guzmán.

Entregar paquetes de alimentos tampoco es suficiente, asegura Guzmán, sobre todo, porque la canasta no está compuesta por una dieta saludable y nutritiva. Para la experta, esta es solo una medida “paliativa”. “¿Qué pasará cuando las familias se coman todo lo de sus canastas?, ¿cuál es plan para el manejo sustentable de esta crisis alimentaria?”, cuestiona.

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Al teléfono, luego de una semana de aquella visita a San Blas, Rosa habla de las pérdidas que le dejó la tormenta tropical Amanda tras su paso, el 31 de mayo, por El Salvador. Su casa de láminas de 11 x 5 metros fue inundada por la creciente de la bocana. Los vientos se llevaron una que otra lámina y, sin techo, la lluvia cae sobre bolsas de plástico con las que ha tratado de cubrir la ropa y las camas.

“Al otro lado de la bocana han evacuado a las familias, pero a este lado, nadie ha venido. ¿Para dónde nos vamos?”, dice Rosa resignada. Su desesperación por proteger a sus hijos también la ha llevado a escribirle a desconocidos, a gente que en redes sociales ofrece ayuda ante la emergencia por el covid-19 y las lluvias: “Me han dicho que vendrán. Ahorita, estamos comiendo gracias a que unos vecinos se movilizaron y exigieron canastas de alimentos a unas personas que llegaron a repartir al Puerto de La Libertad”.

Su bandera blanca sigue ondeando a la orilla de la carretera, pero nadie ha respondido a su llamado de auxilio.