Cuando Elena fue contratada como investigadora en institución pública de derechos humanos creyó que había encontrado el empleo ideal. Podía poner en práctica sus conocimientos como abogada. Llegó con muchas ilusiones y expectativas, sobre todo, porque era la oportunidad para materializar su compromiso con la causa. Era septiembre de 2018.

Dos años después, como si estuviese en una corte, Elena lee en voz alta su carta de renuncia: “Esta decisión me ha llevado mucho tiempo de reflexión, porque ingrese al proyecto con mucha motivación, pero poco a poco esto fue apagándose por una serie de situaciones de acoso laboral”, dice sentada en un restaurante de comida rápida en San Salvador.

Con el tiempo, si algo aprendió bien fue a dar alegatos, así que, en la mesa, recitando, Elena cuenta las razones que la obligaron a dejar su empleo. Con la renuncia y las denuncias como pruebas de los maltratos de su jefe, la joven se concentra en señalar una de las causas: su edad y su género.

Al ser una institución nueva, el equipo de investigación era conformado por mujeres jóvenes que continuaban formándose en técnicas relacionadas con el objetivo de la institución. Su jefe, con experticia en el temática, era quien debía de coordinar e instruir al grupo para crear un plan de trabajo, pero esto no sucedió.

A disgusto con su “poca experiencia”, su jefe convertía cada reunión de trabajo en un campo de batalla donde Elena era bombardeada con gritos y reproches cómo: “¿Tiene usted las competencia para ejercer esta labor?”.

Cansada de escuchar los mismos señalamientos y familiarizada con la palabra acoso laboral -actos de violencia psicológica en el lugar de trabajo-, Elena puso una demanda ante el Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

“Nuestro jefe inmediato bloquea el trabajo, al no gestionar recursos técnicos y logísticos para el buen desempeño de nuestras labores; descalifica de manera verbal y públicamente el trabajo, en especial razón, por nuestra edad y condición de mujer”, puntualiza la denuncia presentada por Elena, en 2019, al ISDEMU.

Su denuncia tuvo poco eco, nadie respondió ante sus señalamientos, ni los altos mandos de su entidad creyeron en que los incidentes podían darse en un lugar que tiene como base la defensa de los derechos humanos.

Como Elena, otras 685 mujeres se vieron afectadas, entre enero de 2018 a mayo de 2019, según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), por actos discriminatorios en sus lugares de trabajo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a El Salvador, para observar, en terreno, la situación de derechos humanos del país, expresó en su informe preliminar: la prevalencia de la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral.

De acuerdo con la información obtenida por la CIDH, en el año 2018, el país atendió 1,020 denuncias por violencia en el ámbito laboral. El 60% de estas demandas corresponden a casos de acoso laboral o sexual.

“Recuerdo el día en el que tuve hacer mi primer peritaje, debía anotar cada detalle y la forma en la que habían sido ubicado todo. Para no cometer ningún error pedí asesoría y así asegurarme de que todo lo que había descrito era lo correcto, mi jefe no dudó en preguntarme si realmente ‘yo tenía las capacidades para hacer el estudio técnico’”, cuenta Elena.

En su momento, Elena se cuestionó si denunciar era lo correcto, sobre todo en un país donde tener un empleo parece más un privilegio que un derecho. Uno que en cifras se traduce, aproximadamente, a 1.8 millones de salvadoreños sin trabajo u ocupación. Y donde ser una persona asalariada es mucho más complejo para las mujeres.

En El Salvador, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía, la tasa de la Población Económicamente Inactiva (PEI) asciende al 38.7%. De este porcentaje, las más afectadas son las mujeres encabezar el 75.7% de la PEI en 2018.

La encuesta también demuestra la gran diferencia entre los motivos que obligan a hombres y mujeres a no tener -activamente- un empleo. Las salvadoreñas que no forman parte de la fuerza laboral se dedican a los quehaceres del hogar mientras que los hombres se ocupan de estudiar.

Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la baja participación de las mujeres en el campo laboral y la precariedad del empleo, se debe a la división sexual del trabajo y a un modelo económico basado en la acumulación de la riqueza y explotación de la fuerza.

Julia Aguilar, economista especializada en la temática del cuido y participación laboral y sindical de mujeres, enfatiza en que el sistema económico está basado en garantizar condiciones precarias para las mujeres.

“Las mujeres están ocupadas, principalmente, en actividades de comercio y servicio. En este rubro, cada empleada es vinculada con los quehaceres del hogar, con la limpieza, atención de las personas y la cocina. Es un área pagada, pero con tan poca valoración social. ‘¿por qué las mujeres no buscan otras opciones?’, dicen muchos. Pocos entienden que, a pesar de buscar, no hay otras opciones para ellas en el campo laboral”, sostiene Aguilar.

Con pocas oportunidades, las mujeres se concentran en conservar un empleo a pesar de los abusos. En 2019, Según el observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), 140 mil mujeres sufrieron violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo. Es decir, 8 de cada 100 han sido víctimas de estos tratos.

Con pocas oportunidades, las mujeres se concentran en conservar un empleo a pesar de los abusos. En 2019, Según el observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), 140 mil mujeres sufrieron violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo. Es decir, 8 de cada 100 han sido víctimas de estos tratos.

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Sin alternativas y en búsqueda de soluciones, Elena acudió a la institución, que por hoy, es la más buscada para gestionar el cumplimiento de los derechos laborales: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). De acuerdo con ORMUSA, la entidad es un referente debido a que los mecanismos administrativos del MTPS, no implican una acción legal en contra del empleador, lo que evita represalias, como el despido, para el trabajador.

En diciembre de 2019, un mes antes de su renuncia, Elena llegó hasta la oficinas del MTPS para dar aviso de los abusos de su jefe. Pero buscar un espacio para establecer una denuncia, de momento, también es un terreno complejo. La oficina que se ocupaba de atender los casos por acoso laboral, inequidad salarial y actos discriminatorios desapareció -desde septiembre- de la Dirección General de Inspección de la entidad.

De aquella tarde, Elena aún recuerda la desesperación con la que llegó hasta las oficinas del MTPS para que alguien hiciera algo por ella. Las cartas de recibido -por cada denuncia- y su testimonio eran su única garantía para comprobar que algo sucedió, pero eso no valió.

“Me dijeron que no podían atender mi caso porque el ministerio no podía atender a empleadas de una institución estatal y que en esos casos solo podía actuar la PDDH“, asegura Elena.

En una pausa, en un respiro para continuar con su historia y no perder ningún detalle, Elena toma nota y dice: pregunté si podía regresar al ministerio si las cosas empeoraban y me respondieron que no podían conocer mi caso bajo ninguna circunstancia.

Por este tipo de omisiones, Ormusa, cree que es necesario contar con una unidad capacitada como la que existió por 11 años en el Ministerio de Trabajo. Carmen Urquilla, del programa de justicia laboral y económica de la organización, indica que no hay argumento que valide “el suprimir” un espacio especializado para la prevención de actos discriminatorios. Y es que, la mayoría de empleados, no cuentan con una acreditación en el tema de género.

La necesidad de un espacio, como la Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios, es mucho más evidente cuando la DYGESTIC señala que: son 1.8 millones de mujeres las que se mantienen activas dentro del campo laboral y que, de este aproximado, al menos, 30 de cada 100 se han visto afectadas por actos discriminatorios en sus lugares de trabajo.

La violencia laboral no es un tema nuevo, pero se hace poco para combatirlo. El Salvador tuvo la oportunidad, a mediados de 2019, de ratificar el Convenio 190 de la OIT -durante la Conferencia Mundial del Trabajo- en Suecia; un acuerdo que reafirma la tutela de los Estados frente a los problemas del acoso y la violencia en el ámbito laboral. A pesar de ello, el gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo, se abstuvo de votar.

La votación estuvo dividida ya que el Consejo Superior del Trabajo, conformado por el gobierno, la empresa privada y la representación sindical, no logró un acuerdo. El sector privado emitió su sufragio en contra del convenio y la parte sindical estuvo a favor.

En un informe de inicios de noviembre, Rolando Castro, ministro de trabajo, detalla a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, las razones que llevaron al gobierno a abstenerse del Convenio 190 de la OIT.

“No se hicieron las consultas tripartitas previas a la discusión del convenio. Ante las posiciones opuestas de la parte empleadora y la trabajadora, se consideró que la manera más inclusiva y adecuada de abordar la discusión es a través del Consejo Superior del Trabajo. En ese espacio se debe consensuar la visión de la parte empleadora y la de los trabajadores”, sostiene Castro.

Entre las justificaciones, el Ministro de Trabajo aseguró que la abstención no implica que el convenio no pueda ratificarse. Pero hasta la fecha, El Salvador permanece como uno de los Estados que no han validado el Convenio 190 dentro del sistema de la OIT.

La Red Feminista frente a la violencia en contra la mujeres asegura que es preocupante el retroceso de los derechos humanos que enfrentan las mujeres, especialmente, porque existen recortes importantes en el presupuesto general de la nación para tutelar y erradicar la violencia en 2020.

Entre esos recortes está la reducción al presupuesto de los programas de salud en el primer nivel atención y protección social como: bono para educación. También se eliminó el plan de fortalecimiento para la salud de la mujer y se reasignaron al nuevo ministerio de desarrollo social, los proyectos y recursos de la extinta Secretaría de Inclusión Social.

Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la baja participación de las mujeres en el campo laboral y la precariedad del empleo, se debe a la división sexual del trabajo y a un modelo económico basado en la acumulación de la riqueza y explotación de la fuerza.

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LAS AFECTACIONES QUE SE INVISIBILIZAN

Previo a su renuncia, Elena fue diagnosticada con depresión debido a que el ambiente laboral se le hizo insostenible.

“La situación afectó directamente mi autoestima profesional, trascendió al ámbito personal y familiar, por lo que me vi obligada a recurrir a asistencia psicológica”, sostiene Elena.

El boletín estadístico más reciente del Ministerio de Economía, sobre los impactos de la violencia en las mujeres en sus espacios de trabajo, expone que las mujeres sufren repercusiones físicas, psicológicos y en otros aspectos de la vida cotidiana debido a los abusos en el ámbito laboral.

En promedio, 436 mil mujeres han sido afectadas por la violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo a lo largo de su vida. De acuerdo con el documento, lo más frecuente -en las mujeres víctimas de una agresión- es la pérdida o el cambio de empleo, seguido de efectos emocionales como la depresión o miedo.

A pesar de la cantidad de mujeres que se enfrentan a la violencia laboral, Rhina Juárez del Centro de Atención Legal de ORMUSA, asegura que es preocupante la falta de denuncia, pero sobre todo el desconocimiento de las mujeres por identificar el problema.

“La gente tiende a tolerar la violencia, no es que les guste, pero la necesidad del empleo las obliga a hacerlo. En nuestro último estudio sobre la percepción de la violencia laboral contra las mujeres, notamos que pocas logran caer en cuenta de lo que sucede en términos conceptuales. De 1,092 mujeres encuestadas, solo 282 identificaron el acoso laboral y otras 204 precisaron en qué es discriminación de género”, asegura Juárez.

Sin ayuda, la única solución para Elena fue renunciar a su trabajo. Decidió que otro empleo, con mucha menos paga, era la oportunidad para huir de los malos tratos que enfrentaba.

“El acoso laboral se normaliza tanto que hasta quienes dicen llamarse defensores de derechos humanos lo ejercen”, concluye Elena.