Digestyc necesita nexo en territorios dominados por pandillas
La Digestyc ha pagado casi $40,000 desde 2017 a Miguel Ángel Hernández para garantizar que brigadas de encuestadores entren y salgan a salvo de los territorios en donde el Estado no está presente. Habitantes de estas comunidades explican que las pandillas aún ejercen control.
Aun tras su mascarilla, se puede ver la marcada sorpresa con la que la fuente policial habla. Abre los ojos y levanta las cejas antes de advertir: "Todos esos son territorios de pandillas". En sus manos está uno de los informes que Miguel Ángel Hernández Núñez presentó a la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc) en 2019 como constancia del trabajo que ha realizado al gestionar el ingreso de empleados de esta institución pública a territorios dominados por pandillas.
Hernández comenzó a trabajar para la Digestyc en 2017 y se mantuvo hasta 2020. El principal objetivo de su contratación fue convertirse en el encargado de crear protocolos de seguridad y ser el enlace con alcaldías, Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO), Unidades del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI), Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) y "otras organizaciones con presencia en los territorios" para "posibilitar el ingreso y desplazamiento del personal de campo en las zonas con alto índice de violencia social".
Según los seis contratos que ha firmado hasta el momento, Hernández recibió $1,000 mensuales, $575 más de lo que gana una agente de la PNC, por apoyar en la coordinación local a las brigadas en las zonas de alto riesgo. Sin embargo, el plazo de su contratación en algunas ocasiones ha variado, por ejemplo en 2017 y 2020 solo fue contratado de enero a junio.
Su contratación comenzó durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén, cuando estaba en vigor el Plan El Salvador Seguro, y se prolongó hasta la administración del actual presidente Nayib Bukele, con su Plan Control Territorial. Este acuerdo deja entrever que ni el mismo Gobierno ha confiado en sus planes de seguridad para proteger las labores que el mismo Gobierno hace en el terreno, sino que ha recurrido a una coordinación entre un particular y organizaciones territoriales para posibilitar el ingreso y seguridad de los empleados públicos en zonas en control de las pandillas.
El amplio dominio que los grupos pandilleriles aún tienen en los territorios ha sido confirmado por agentes policiales, líderes comunales, habitantes de las colonias, expertos en seguridad y ahora por el mismo Gobierno a través de los contratos que Hernández ha celebrado con la Digestyc.
Entre las comunidades con las que coordina Hernández están lugares a los que policías y los mismos habitantes recomiendan no ir o se niegan a ir con visitantes. Incluso están los 22 municipios que la actual administración ha priorizado en su plan de seguridad.
Sin seguridad
“No te voy a negar que sí hay muchachos (mareros) aquí en la colonia. No te lo voy a negar, porque es como en todas las colonias”, dice Edwin Mejía desde su casa en Jardines de San Bartolo, en Ilopango, una zona que reclama la Mara Salvatrucha (MS-13). Afuera de la casa de Edwin un grupo de jóvenes conversa mientras vigila la entrada principal de la colonia. Las palabras de Edwin resuenan en las bocas de habitantes de las colonias El Pepeto, 22 de Abril, Los Conacaste, Guayacán, en Soyapango, y otras tantas en todo El Salvador.
Tanto Ilopango como Soyapango forman parte de los 22 municipios que el Gobierno ha priorizado en su Plan Control Territorial. La estrategia de seguridad de la administración Bukele fue anunciada oficialmente a través de la cuenta de Twitter del presidente cerca de medianoche del 20 de julio de 2020, minutos antes de llevar a cabo un operativo policial en el centro de la capital. Desde entonces, el número de homicidios por día se vino abajo de un plumazo.
El Gobierno argumentó que se debió al despliegue de su plan, pero investigaciones periodísticas y opiniones de expertos ponen en duda esta versión y apuntan a una posible negociación con las pandillas. Jeannette Aguilar, investigadora sobre temas de violencia, ha afirmado, en diferentes espacios, que desde que inició este gobierno ha habido un pacto con las pandillas.
El cantón San Bartolo, donde está ubicada la comunidad de Edwin, fue uno de los lugares recurrentes de las coordinaciones que Miguel Hernández hizo en 2019. Desde agosto hasta diciembre, brigadas de encuestadores de la EHPM entraron a esa zona para levantar datos.
La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) es una herramienta que sirve para que el Gobierno y la población tengan indicadores y datos de la situación socioeconómica del país. Para 2019, la muestra estuvo compuesta de 19,968 viviendas en 50 municipios. Entre ellos, los 22 priorizados en el Plan Control Territorial.
Edwin explica que, en años anteriores, ha visto brigadas llegar a su colonia y, para 2020, vio a un par de encuestadores del ministerio de Economía llegar a su comunidad en carros de la Alcaldía de Ilopango. “Los muchachos, al ver el carro de la alcaldía, ya no hacen nada”, cuenta para detallar la reacción que la MS-13 tiene en su comunidad cuando alguien entra a su territorio.
La dinámica
La fuente policial que accedió a hablar bajo la condición de anonimato conoce bien algunas de estas zonas de riesgo: es un agente destacado en Soyapango que recorre los territorios. Los patrullajes -cuenta- llegan a todos lugares, pero las patrullas salen en corto tiempo de los territorios de pandillas. “La Policía entra en cualquier lado; pero ya al interior de las colonias, los pandilleros tienen controlado todo”, sentencia.
Según contratos celebrados con la Digestyc, la principal tarea de Hernández es crear protocolos de seguridad para que brigadas de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) no resulten afectados por trabajar en zonas donde la presencia de policías o soldados no es garantía de seguridad.
Entre los seis contratos, Hernández ha cobrado en total $39,967.74 en los cuatro años que ha trabajado para la Digestyc durante los Gobiernos de Sánchez Cerén y de Bukele. Las contrataciones han sido por servicios profesionales y financiadas por el Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Economía, con la aprobación del titular de la institución.
Los contratos de 2017 a 2019 establecen de manera específica que Hernández debe realizar las “coordinaciones necesarias a nivel local con las alcaldías y organizaciones comunitarias, para la entrada de brigadas a las zonas definidas por la muestra de hogares, priorizando en los segmentos identificados con alta presencia de pandillas”.
Para 2020, los contratos 7/2020 y 97/2020 son casi idénticos a los de los años anteriores, exceptuando que se omite que Hernández coordina el ingreso a territorios de pandillas. Según los documentos firmados el año pasado, Hernández debe “garantizar la entrada de las brigadas de encuestadores a las zonas de alto riesgo mediante la gestión con instituciones que realizan trabajo territorial, principalmente con alcaldías y organizaciones comunitarias y otras organizaciones con presencia en el territorio”.
El director de la Digestyc, Juan Carlos Salmán, y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, fueron los últimos que aprobaron la contratación de Hernández. Salmán, quien además fue precandidato a diputado de La Libertad por Nuevas Ideas, justificó en un memo esta contratación ante la ministra Hayem afirmando que hay un déficit de personal permanente en la institución; por ello, es necesario celebrar contratos por servicios profesionales para garantizar que se cumpla el trabajo de campo y las coordinaciones locales para que el personal entre a territorios de alta peligrosidad. El déficit de personal del que habla Salmán data, entonces, desde 2017.
LA PRENSA GRÁFICA buscó a Salmán y a la ministra Hayem para tener una explicación sobre este punto y ahondar en las funciones específicas de Hernández. Aunque se prometió una entrevista, Salmán dijo que, por el cierre de año, estaba saturado y dijo que se buscara a Walter Hernández, jefe de comunicaciones, para agendar otra fecha. Luego de explicarle el motivo de la solicitud de entrevista, el jefe de comunicaciones de la Digestyc dijo que haría lo posible para gestionar una hora de entrevista y que la contratación de Miguel Ángel Hernández data desde hace años.
Luego se explicó que solo a través del personal de comunicaciones del Minec se puede gestionar entrevistas. El viernes 8 de enero de 2021, se hizo la solicitud a la encargada de prensa del Ministerio de Economía, Mariela Kawas, para entrevistar a Salmán y a Hayen. También se hizo la solicitud para entrevistar a Hernández Núñez, pero la empleada pública no respondió los mensajes.
Pieza clave
Las coordinaciones que Hernández hace pasan por alto a los cuerpos de seguridad. El agente de la PNC explica que los habitantes de las comunidades dominadas por pandillas prefieren evitar el contacto con policías por miedo de que los pandilleros piensen que son informantes. Jeannette Aguilar, experta en temas de seguridad y exdirectora del Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), explica que pedir seguridad de la Policía puede perjudicar al momento de recabar datos certeros y puede poner en peligro la vida de los habitantes de estas zonas.
En los contratos no se define específicamente el perfil de Hernández, pero, según el memo que el director de la Digestyc envió a la ministra de Economía, sí cumple con los requisitos técnicos y profesionales para realizar las coordinaciones con los territorios dominados por pandillas.
En los informes y procesos de contratación, sin embargo, no se establece cuál es el perfil que la Digestyc busca para realizar esas tareas. El registro de la PNC señala que Hernández tiene antecedentes de hurto en 2008. La fuente policial que confirmó esta información explicó que no aparece ningún homónimo en el sistema y el número de NIT y la dirección que proporcionó coinciden con los datos en el Centro Nacional de Registros (CNR).
Con la contratación de Miguel Ángel Hernández el pasado y actual gobierno reconocen que incluso el mismo Gobierno necesita gestionar permisos para recorrer todo el territorio y contradicen el éxito de sus planes de seguridad.
El agente policial reconoce que ha habido un cambio que él no puede explicar desde que entró en vigor el Plan Control Territorial. Los patrullajes son más laxos, no buscan enfrentamiento y las fronteras que antes se disputaban a punta de pistola las pandillas, ahora están en calma.
La contratación de Miguel Hernández, a pesar de la propaganda del Gobierno, siguió siendo necesaria hasta 2020, cuando la narrativa oficial pregonaba el éxito de su estrategia de seguridad. El inicio de 2021, además, ha estado marcado por un incremento de muertes violentas.
Dudas del PCT
El Plan Control Territorial ha priorizado 22 municipios; los cuales forman parte de los 50 con los que Hernández coordina para levantar datos de la situación socioeconómica de los hogares.