Pandillas

David y sus compañeros de trabajo pagan, al mes, $400 de renta a la pandilla de la zona. Lo hacen porque es la única manera de trabajar con la garantía de que ahí no van a ser asesinados. Con la llegada de la pandemia y las clases a distancia, los docentes han tenido un respiro. Durante estos meses, no han pagado las “cuotas”. Pero, al volver, no saben si la pandilla va a pedir el dinero acumulado en este tiempo, que serían unos $4,000. Ante el “inminente retorno” a las clases presenciales, en su protocolo, el MIDEDUCYT no contempla cómo abordar las extorsiones.

La Digestyc ha pagado casi $40,000 desde 2017 a Miguel Ángel Hernández para garantizar que brigadas de encuestadores entren y salgan a salvo de los territorios en donde el Estado no está presente. Habitantes de estas comunidades explican que las pandillas aún ejercen control.

La desaparición cometida por cuerpos de seguridad es la única que está contemplada como delito en el Código Penal salvadoreño y es, también, la que menos se denuncia. Durante los últimos tres años, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 46 denuncias por desaparición forzada. Las autoridades admiten que este es un delito en el que el subregistro es dominante. Reconocen que los familiares temen por sus vidas al denunciar a agentes estatales frente a instituciones del Estado.