Duelo de narrativas en Cuba

Fotografías de Archivo y cortesía

En agosto de 2020 influencers residentes en Miami anunciaron que ya estaban en Cuba cinco contenedores de ayuda humanitaria enviados por exiliados, y que líderes cristianos de la isla garantizarían la distribución de las ayudas para paliar la crisis económica en curso.

Reacio a permitir la distribución de recursos sin su intervención, el régimen anunció mediante el oficialista Consejo de Iglesias de Cuba, su rechazo a la ayuda humanitaria. Ante esto, la youtuber, Ruhama Fernández, invitó a una transmisión en directo al pastor evangélico, Alain Toledano, que replicó la postura estatal y confirmó la disposición de varias iglesias para distribuir los productos a los necesitados.

El canal de YouTube de Ruhama, que vive en Santiago de Cuba y tiene 21 años, se ha sumado con ese y otros videos al nuevo panorama de influencers en la isla cuya sola existencia cuestiona la narrativa oficial del paraíso socialista.

Unos años atrás y desde el exilio también saltaron a YouTube exitosos personajes de marcada tendencia anticastrista, muy vistos en Cuba. Karlito Madrid, en la capital española, logra un éxito notorio con sus revisitaciones de la historia revolucionaria desde una perspectiva antagónica a la propuesta que el gobierno impone en los centros de estudio cubanos o el monopolio mediático.

El creciente impacto de estos nuevos actores mediáticos canaliza, incluso, el voto cubano en La Florida hacia Donald Trump para la reelección de 2020 y la extensión de sus políticas de tolerancia cero con el régimen comunista. La Habana, por su parte, ha reaccionado creando canales “de choque” que desacreditan o rechaza la narrativa independiente.

A su vez, desde estas plataformas, el régimen contraataca sin necesidad de vocearlo por vías tradicionales (radiales, impresas o televisivas), desde donde trascenderían a un importante sector de la población cubana, aún sin acceso a Internet.

Guerrero Cubano, quizá el más conocido de los canales creados por el Estado, ha sido citado como fuente oficiosa ante sucesos como la muerte a manos de un policía de un joven el pasado mes de junio. Junto a ese canal, representado por la imagen de Ogun (deidad del panteón yoruba), Martillando Cubano también se erige como vocero del régimen. Internautas consideran que ambos son sostenidos directamente por la policía política, conocida como órganos de la Seguridad del Estado (OSE).

“Uno de los videos que más visibilidad ha tenido fue el que hice en Las cuchillas, mi lugar de nacimiento, porque se ve la necesidad que viven las personas en el oriente cubano, creo que pocos lo han mostrado, y por eso, tal vez, tuvo tanto éxito”, dijo, mientras el canto de un gallo se metía en la grabación. Ha sido tanto su éxito que, últimamente, ha pensado cambiar la frecuencia de sus emisiones: pasar de tres, a siete semanales para sus casi 10 mil suscriptores.

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Como ocurre en otros países, los youtubers cubanos abordan la cotidianidad del ciudadano común, populares retos en redes sociales, chismes de farándula, pero aunque no sea su intención, en Cuba es inevitable que “se filtre algo de la dura realidad cubana”, considera la periodista Lien Carranza, quien apunta que los hacedores son mayormente veinteañeros, capitalinos y “eufóricos al hablar”.

Sin embargo, otros como Ruhama Fernández sí tienen en la política un tema central de sus transmisiones. En enero de este año el influencer residente en Miami Alex Otaola, apoyó un concurso que premiaría a cinco youtubers cubanos por orden de popularidad. En esa fecha y motivada por la competición, Ruhama comenzó a transmitir.

Desde su habitación en la ciudad de Santiago de Cuba, la joven narra sobre comunidades empobrecidas, nuevas medidas del régimen para paliar la crisis económica en curso y arbitrariedades contra periodistas, artistas y líderes religiosos.

“Uno de los videos que más visibilidad ha tenido fue el que hice en Las cuchillas, mi lugar de nacimiento, porque se ve la necesidad que viven las personas en el oriente cubano, creo que pocos lo han mostrado, y por eso, tal vez, tuvo tanto éxito”, dijo, mientras el canto de un gallo se metía en la grabación. Ha sido tanto su éxito que, últimamente, ha pensado cambiar la frecuencia de sus emisiones: pasar de tres, a siete semanales para sus casi 10 mil suscriptores.

La sencillez con que Ruhama transmite le gusta a su público. Ofrece una sensación de transparencia y honestidad. “La temática de mi canal es la libertad. Y el objetivo de mis publicaciones es que los jóvenes y los no tan jóvenes sean capaces de pensar por ellos mismos y adquieran mayor cultura política; no esa que nos enseñaban en la escuela, con la que nos adoctrinaban, sino la verdadera, la que enseña a defenderte”, acotó.

Ruhama aborda temas que normalmente no aparecen en ningún medio estatal o no estatal, como la crítica al feminismo hegemónico actual o el endilgamiento político de etiquetas como “fascista” a quien no coincida con el discurso de la izquierda radical.

El Media Research Center (MRC) denunció este mes que gigantes tecnológicos como Twitter, Facebook y Google –dueño de YouTube-, censuran el discurso conservador y anunció la creación de un centro de monitoreo. Brent Bozell, directivo del MRC, recordó cómo la senadora de Tennessee, Marsha Blackburn, fue censurada en redes sociales por un anuncio pro-vida de 2017. Otro caso conocido fue el del think tank Praguer University en 2019, esta vez en un intento por limitar la libertad de expresión en Youtube.

Los youtubers cubanos no han vivido algo similar desde gigantes tecnológicos, pero sí han enfrentado la amenaza a su libertad de expresión desde la izquierda extrema en la isla.

Durante este año en Cuba, varios influencers, entre ellos Pedrito El Paketero, de La Habana, y Yander Serra, residente en la ciudad de Manzanillo, sufrieron detenciones en la vía pública por fuerzas policiales mientras hacían audiovisuales.

Serra contó que fue conducido a “dos horas de amenazas” y una multa de 3 mil pesos (120 dólares al cambio actual) tras publicar un video sobre los chivatos o delatores que colaboran con los OSE desde la sociedad cubana. Esa clase de contenido, que indaga en los entresijos dictatoriales se mezcla en un amplio abanico temático con otros más cotidianos.

De ese universo, relativamente nuevo en Cuba, parecen expandirse oportunidades de visibilizar temas más allá de las políticas editoriales de medios o actores políticos tradicionales. Algunos de los más exitosos youtubers reciben patrocinio de negocios privados en Estados Unidos, y esa posibilidad de sostener económicamente sus horas frente a los celulares fortalece estos proyectos personales.

Ruhama cree que los Youtubers están insertando constantemente temas en la agenda mediática independiente, ya sea porque se replican a través de notas lo que exponen en sus canales o porque prenden una especie de mecha noticiosa entorno a determinados sucesos puntuales. “La realidad cubana duele, y cuando se muestra al mundo afuera, sorprende”, dijo. Y agregó: “La gente sigue a Youtubers porque están cansados de la falacia que representa el periodismo oficialista, porque quieren ver algo más allá, la realidad, lo que verdaderamente pasa en el país”.

En una ocasión, un estudiante de Medicina enfrentó a Ruhama en sus redes sociales porque no le agradaba el contenido que producía. Entonces ella lo invitó a debatir en su propio canal, así, convirtió ese espacio en una plataforma para el debate entre distintas ideologías, ese que el régimen prohíbe de facto.

En esos ataques y ofensas tiene mucho que ver el régimen castrista. A la veinteañera la regularon (prohibir que salga de Cuba) cuando alistaba sus documentos para viajar a USA premiada por el concurso de Otaola en que había participado, la han citado a estaciones policiales y han apostado un efectivo de los OSE fuera de su casa, en una suerte de arresto domiciliario sin explicación alguna.

A inicios de septiembre un número desconocido hizo sonar el celular de Ruhama Fernández.

-¿Hola?

-Oye, ¿tú me escuchas?

-Sí, ¿quién habla?

-Mira, enciérrate que la cosa no está muy buena

-¿Quién habla?

-Van a acabar contigo. Tranquila hoy.

-¿Quién eres?

-…

Ruhama pudo grabar la amenaza de un agente de los OSE para que no saliera de su casa aquel día. La subió íntegra a su canal de Youtube. La dictadura le mandó limones y ella hizo limonada.

Ampliar lneas editoriales y enfoques

Iván Daniel Calas empezó a subir contenido a su canal, Voz de verdad, a finales de 2017. Le parecía “que en medio de tanto bombardeo de información” era oportuno generar “contenido sano y edificante” que publica casi todas las semanas.

Aunque lamenta: “A veces es un poco complicado con el famoso tema del Internet en el país”. Cuba aún es de los países con menos penetración de Internet en Latinoamérica, aunque en 2019, al año de iniciar el servicio de datos móviles, contaba con 3.7 millones de líneas que accedían a la red de redes, según la estatal Empresa de Telecomunicaciones.

Ajustando sus amplios espejuelos, Iván Daniel explicó que al ser un canal pequeño (tiene más de 4 mil suscriptores) las entrevistas a cantantes se posicionan con miles de vistas, aunque otros temas, como “la lucha contra el progresismo y la defensa de la fe” son muy seguidos.

“Los temas son diferentes, pero te llevan a un mismo punto. Por ejemplo, si un video es sobre la historia de la Iglesia al final te llevo a una enseñanza sobre arriesgar tu vida por la verdad, por Jesús. Si hago un video apologético sobre la existencia de Dios, estoy encaminando al público a encontrarse con Jesús. Si hago un video de crítica social, ya saben, te llevará a Jesús”, contó el adolescente de 17 años.

Muchos youtubers están tomando parte del ambiente, más que informativo, de análisis de la realidad cubana, y sus públicos crecen de manera exponencial. Iván Daniel cree que “cada estilo tiene su público”, y el suyo lo asume como una responsabilidad, no solo como ocio.

Fotografías de Archivo y cortesía

En las redes sociales es común el enfrentamiento de ideas o argumentos, e Iván Daniel no escapan de eso. “Soy conservador, ya por ahí es fácil imaginar que en el siglo XXI soy un blanco seguro”, bromeó. Sus monólogos tienen un estilo dramático, teatral. Lleva a sus seguidores temas como las fake news, el aborto y la relatividad moral, asuntos que no ofrece desde la perspectiva conservadora ninguna línea editorial de medios independientes o estatales actual.

Yaima Pardo, coordinadora de contenido audiovisual para la web noticiosa ADN Cuba, ha incorporado a algunos youtubers de dentro y fuera de la isla a ese medio independiente. “Caben estos nuevos influencers, sobre todo si están cuestionando su realidad, si salen a la calle a hacer preguntas”, explicó. “Son capaces de llegar a un público que no lee el Granma [diario oficial del Partido Comunista], que no le interesa a la manera aburrida de generar la información”.

¿Cómo lucen las viviendas humildes y las que se rentan por cientos de dólares la noche; cómo es la comida que consumen los cubanos en la calle? Respondiendo a preguntas como esas, muchas veces cámara en mano y enfocado en un público extranjero, ha levantado sus 119 mil suscripciones el youtuber residente en Cuba con más seguidores: Frank Camallerys. Camallerys Vlogs ha logrado una capitalización hasta los 36 mil dólares anuales, según el portal Socialblade, en un país donde el salario medio ronda los 35 dólares mensuales.

Aquellos afortunados que, como él, logran monetizar sus canales deben cobrar el dinero mediante cuentas de familiares o amigos en el exterior. A causa de sanciones económicas de Estados Unidos por las violaciones a los Derechos Humanos en Cuba, se impide la posibilidad de conectar cuentas extranjeras con nacionales.

El salto de un canal personal a insertarse en un medio de comunicación, como la web Cubanos por el mundo (que sumó a Otaola como columnista) y ADN Cuba, lo han dado algunos de los influencers con más seguidores en Cuba, como Anita con Swing, con más de 64 mil suscriptores.

Al referirse a los youtubers que trabajan en ADN Cuba, Yaima Pardo dijo que también asumir ese oficio “es una manera de que los jóvenes se sientan útiles”, algunos ya son tan conocidos que los propios ciudadanos se les acercan para denunciar injusticias de manera directa con ellos. Los youtubers “tienen mucho que decir, ideas que contrastar con las que se ofrecen desde el poder y los mecanismos oficiales de generar información”.

Migrante en medio de una pandemia

Fotografía de Julio Umaña

Andrea, de 13 años, fue víctima de una amenaza de violación y de acoso reiterado. El agresor vive en el mismo cantón que ella, es su familiar, y aprovechaba cada encuentro con la menor para dejarle claras sus intenciones. Por eso, Mirian, madre de la niña, decidió que lo mejor era migrar. Lo hicieron en medio de lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) describe como la “crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial”. Es decir, la pandemia por covid-19.

A Mirian se le nota en la voz la fortaleza del carácter. Y también en algunos de los gestos de su rostro. Habla con la seguridad y la convicción que la llevaron a tomar la decisión de irse cuando vio que la integridad de su hija corría peligro. Emprendieron el viaje para evitar que Andrea formara parte de las 4 mujeres que, en el primer semestre de 2020, buscaron consulta médica cada día a causa de la violencia sexual. Así lo registra el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa: “8 de cada 10 atendidas fueron niñas y adolescentes menores de 18 años”.

Esas cifras muestran que las agresiones contra las mujeres en el país no han parado durante la pandemia. Por eso, aunque el grueso de la migración se ha refrenado (entre un 80 y 90%), según Jorge Peraza, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para El Salvador, Guatemala y Honduras, hay un porcentaje de personas que sigue migrando, huyendo de ese mal que caracteriza a la región: la violencia.

Andrea y Miriam partieron una mañana de julio. Para el camino solo se llevaron una mochila pequeña con tres mudadas de ropa, mascarillas y alcohol gel. Porque, aunque Mirian asegura que la Covid-19 era la última de sus preocupaciones, no dejó de tomar las medidas de higiene recomendadas para evitar el contagio. Ese día, junto a ellas viajaron otras cinco mujeres que, empujadas por múltiples necesidades, también decidieron abandonar El Salvador.

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NO HAY CIERRE QUE DETENGA LA MIGRACIÓN

Karla Castillo, experta en migración forzada, dice que se tiene la idea errónea de que frenar la migración depende únicamente de cerrar fronteras. “Y eso fue lo que hizo la pandemia: cerrarlas. Entonces, todos piensan que la gente automáticamente va a dejar de migrar, pero mientas no se mejoren las condiciones que empujan a los salvadoreños a salir del país, la situación no va a cambiar”, explica. Castillo, quien ha colaborado con Ángeles de la Frontera, agrega que: “Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir”.

Durante todo el proceso de pandemia, se ha experimentado una migración a cuenta gotas, contrario a la que sucedió en los primeros meses del año, cuando los migrantes todavía salían en caravanas, explica el padre Mauro Verzeletti, director de La Casa del Migrante. Además, comenta que, en lo que va del año, La Casa ha acogido a 4,570 personas, frente a las 10 mil que se atendieron el año anterior. “La migración, a pesar de las restricciones, no paró, solo se comportó de una manera distinta”, dice.

Mirian cuenta su historia mientras se mece en una hamaca. Ahí, entre el calor sofocante propio de la zona del país en la que vive, el polvo que cubre el patio y los cerdos y las gallinas que, de vez en cuando se atraviesan, narra que, para su sorpresa, el camino no fue tan complicado como le habían contado. El coyote, a quien pagó $19 mil por el viaje, las llevó desde El Salvador hasta la frontera de Guatemala con México. Ahí, las recibió otro coyote para ayudarlas a pasar en una lancha. Ya en tierras mexicanas, las llevaron a un hotel. Su estadía en ese lugar fue breve, pues, según ella, ahí corrían más riesgo de contraer el virus. Por eso, a la mañana siguiente, las trasladaron a un rancho en el que pasaron 17 días.

“Yo estoy admirada, porque no fue nada difícil. Nadie nos detuvo en el camino. Nosotros pasamos rodeando, pero eso no nos constó. A mí hasta me habían dicho que ahí uno terminaba violada, secuestrada o muerta, pero nosotras venimos alentadas”, explica Mirian. Aunque, por lo general, esa no es la historia que una mujer migrante suele contar.

Rinna Montti, directora del Sistema Regional de Monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, dice que, en una serie de entrevistas realizadas durante estos meses, han identificado que algunas personas que fueron deportadas en marzo, para los meses de junio y agosto, ya estaban de nuevo en Estados Unidos. “Ellos dicen que en esta última migración no tuvieron tantos obstáculos en la ruta. Eso, en parte, se debe a que estábamos en lo peor del brote. Había muchas autoridades, que no contaban con medidas de bioseguridad, que tenían miedo de los migrantes“.

Montti agrega que la razón de esto fue que Honduras era uno de los países con mayor número de personas contagiadas. “Entonces, pensaban que todos eran hondureños. Los evitaban. Este hecho, hasta lo que nosotros hemos podido constatar, fue algo que promovió luego más migraciones, porque la gente consideraba que era más fácil subir. Y, en efecto, algunos lo lograron”, explica.

Huir. El viaje se planeó con prisa. Huir del país, lo más pronto posible, fue la solución que Mirian encontró para proteger a su hija.

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TRATO INHUMANO PARA FRENAR Y CASTIGAR LA MIGRACIÓN

Mirian y su hija lograron a pasar a Estados Unidos, pero las autoridades detuvieron el tráiler en el que iban y las regresaron a México. Pasaron la frontera de nuevo, a los cuatro días del primer intento, y tampoco tuvieron éxito. Una de las migrantes que encontraron en el camino les comentó que era imposible que las dejaran quedarse, no importaba que fuera acompañada de una menor. Siempre iban a deportarlas. Esa fue una de las razones que la motivó a regresarse a El Salvador.

Castillo comenta que las medidas para detener la migración se han endurecido. Estados Unidos implementó una política de deportación inmediata, excusándose en que era con la intención de proteger a sus ciudadanos del virus. La medida aplica, incluso, para las personas que solicitan asilo.

Además, agrega, las condiciones en las que se encuentran los migrantes en los centros de detención son inhumanas. Tienen acceso mínimo a implementos de higiene como jabón o alcohol gel. Y, cuando piden más, les dicen que los tienen que comprar. Pero, para los migrantes que van sin dinero, esa no es una opción.

“En las celdas tampoco hay posibilidad de distanciamiento. Y, en algunos centros de detención, los guardias les dicen que no van a tener acceso a médicos, a no ser que se trate de una situación de vida o muerte. Eso ha llevado a que este sea uno de los años con más mortalidad dentro de estos lugares”, dice Castillo.

Mientras estaban en México, Mirian recibió una llamada en la que le informaron que su esposo estaba muy mal de salud. Llevaba ocho días con una fiebre que no cedía. Escuchar esa noticia apresuró su regreso al país. “Yo tenía otro viaje para hoy en noviembre, pero él (su pareja) me pidió que ya no me fuera, porque no vaya a ser que, si me voy de nuevo, lo encuentre muerto”, dice.

Mirian y Andrea están de nuevo en El Salvador, aunque la amenaza que las hizo migrar sigue presente. Ambas tienen miedo de la situación, pero han decidido, al no tener más opción, confiar en las autoridades.

“Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir”

“Aquí estamos sin nada. Los mexicanos son duros con los migrantes cuando se les pide trabajo. Eso se ha vuelto más difícil desde que estamos con esto de la pandemia”.

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INTENTAR SOBREVIVIR EN UN PAÍS DESCONOCIDO

Ana se fue de El Salvador junto a su hija y su nieta porque las estaban extorsionando. Tenían una pequeña venta de ropa y zapatos, con la que lograban vivir dignamente. Pero los pandilleros de la zona comenzaron a pedirles renta, más de la que podían pagar. Y, cuando ya no alcanzaron a cubrir la cuota que les exigían, las amenazaron de muerte. Por eso, en julio del año pasado, sin tener un plan claro, emprendieron un viaje para alejarse, tanto como les fuera posible, de este país.

La razón por la que Ana y su familia huyeron sigue latente. A pesar de que el gobierno afirma tener control sobre las pandillas, el Informe de Labores de la Fiscalía General de la República sigue catalogando la extorsión como uno de los delitos de mayor impacto social en El Salvador. Entre junio de 2019 y junio del 2020, la institución recibió 2,356 casos de extorsión. Sin embargo, hay historias como la de Ana que nunca llegan a oídos de las autoridades.

“Nosotras no tenemos a nadie en Estados Unidos, lo que queríamos era salir de El Salvador y después íbamos a ver cómo hacíamos. Llegamos a Tapachula y ahí me dieron un trabajito de costurera. Así ya lográbamos sacar para la comida y alquilar un lugar para vivir. Después, nos vinimos para Monterrey, porque lo que ganábamos en Tapachula ya no nos alcanzaba para todos los gastos. Pero, la pandemia nos vino a afectar bastante”, cuenta Ana.

Con la llegada de la Covid-19, la situación de Ana y su familia cambió de manera drástica. Ella y su hija perdieron los empleos. Ahora, comen cuando se puede, pues pasan días enteros sin tener ingresos. Tampoco les alcanza para pagar el cuarto en el que viven, pero la dueña de la casa les ha tenido paciencia. Los trámites para conseguir los documentos que necesitan para trabajar se retrasaron mucho por el cierre de las oficinas administrativas. Ellas están a la espera de que la situación se normalice para seguir con el proceso.

“Aquí estamos sin nada. Los mexicanos son duros con los migrantes cuando se les pide trabajo. Eso se ha vuelto más difícil desde que estamos con esto de la pandemia”, dice.

Los derechos de los migrantes siempre han sido violentados, pero la pandemia los ha puesto en una situación de mayor vulnerabilidad, explica Claudia Interiano, coordinadora regional para Centroamérica de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. “Esto se hace bajo el entendimiento de los gobiernos de que no son ciudadanos o ciudadanas de ese país, y como van en tránsito, no hay protección a ese nivel en las rutas migratorias”, explica.

Además, dice Castillo, especialista en migración forzada, también ha aumentado la estigmatización hacia la población migrante. “Cuando va en el camino, la persona se encuentra en desarraigo porque no está en su comunidad, no está en su país. Está en un lugar donde, por la naturaleza de la pandemia, lo ven como el riesgo, el que va a venir a contagiar y, por lo tanto, al que se debe evitar. Al migrante se le cierra la puerta”, explica.

Fronteras. Ahora que ya se comienzan a relajar las medidas en las fronteras, dice Verzeletti, el flujo migratorio va a incrementar.

Comenta también que el riesgo de contagio llevó a muchos albergues a no continuar recibiendo migrantes durante estos meses. Situación que los dejó en una condición de mayor riesgo y vulnerabilidad. Porque, si antes podían depender de un albergue para pasar una o varias noches en tránsito, durante la pandemia, les tocó dormir en la calle.

A esta situación se enfrentó el Albergue Belén, en Tapachula, México. Miguel Guerrero, psicólogo del lugar, comenta que se vieron obligados a cerrar desde el 18 de marzo, cuando la pandemia comenzó a golpear con más fuerza a la ciudad. Lo hicieron para proteger a los migrantes que, en ese momento, estaban viviendo en el lugar. El personal administrativo y de cuidados también tomó la decisión de dejar el albergue, pues eran quienes entraban y salían a diario y, por tanto, los potenciales portadores del virus.

“Nos incorporamos a trabajar el día 20 de julio, que fue cuando ya empezamos a implementar las medidas necesarias de higiene y seguridad. Mientras estuvimos trabajando desde casa, mis compañeros y yo pasamos la enfermedad del Covid. Fueron días difíciles, pero logramos superarla. El aislamiento nos ayudó a evitar contagios dentro del albergue. Aquí solo tuvimos a una persona con síntomas, de 380, pero no se confirmó. Todavía hay un poco de tensión y miedo, pero ya estamos recibiendo a los hermanos migrantes de nuevo”, comenta Guerrero.

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MIGRANTES ABANDONADOS

“Nadie se ha acercado a apoyarnos”, dice Ana cuando se le pregunta si han recibido algún tipo de ayuda durante esta crisis. Lo dice con tristeza y en la voz se le nota la poca esperanza que le queda. Habla suave y resignada.

“Lo que nosotros hemos constatado es que, si no es por la asistencia de albergues u organizaciones de sociedad civil, al menos a nivel estatal, podríamos decir que los migrantes están totalmente abandonados. Cancillería debió buscar protegerlos, pero todo indica que no lo hizo”, dice Montti, de Cristosal.

En eso coincide Interiano, pues explica que desde Cancillería y el gobierno central, no existe una mirada de protección para los migrantes en medio de esta crisis. “Del ejecutivo en sí no hemos escuchado ninguna medida concreta a favor de los migrantes. Se ha hablado de acuerdos migratorios con Estados Unidos y México, pero no están encaminados a proteger a los migrantes, sino a fracasar, porque se realizan bajo la mesa, y van en torno a los temas de seguridad y militarización”, concluye.

Interiano también afirma que, si bien los gobiernos anteriores prestaron muy poca atención al tema de los migrantes en tránsito y a los salvadoreños que viven en otros países, sí se vieron algunos avances. Pero, con el gobierno actual, el desinterés ha sido muy marcado. Eso se puede ver, por ejemplo, en la opacidad y excesiva discrecionalidad en el manejo de la información referente a la migración durante la pandemia.

Para el cierre de este reportaje, no se obtuvo respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la solicitud de una entrevista sobre este tema.

“Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir”

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SER MIGRANTE Y CONTAGIARSE DE COVID-19

Ana tiene 65 años, tuvo todos los síntomas que, según ha escuchado, corresponden a la Covid-19: fiebre, dolor de cuerpo, diarrea, vómito, escalofríos y mucha tos. Sintió, durante 15 días, que se moría. No buscó ayuda médica porque, explica ella “en Monterrey se rumora que si los migrantes, adultos mayores, van a pasar consulta por síntomas de Covid-19, les ponen una inyección para matarlos”. Y, aunque reconoce que la información no le consta, lo que escuchó le bastó para llegar a la conclusión de que prefiere morir en la que por ahora es su casa y no en un hospital que está lejos de su país.

“Es un rumor. Se escucha en los buses y en la calle. Yo no sé si es cierto, pero mejor no fui”, dice.

El padre Verzeletti cuenta que se han encontrado con testimonios de migrantes que, durante esta emergencia, han suplicado por atención médica y no se les ha brindado. Algo similar comenta Montti, de Critosal, en el caso de tres migrantes hondureños que pedían que los deportaran, porque, se presume, estaban enfermos de Covid-19, y se sentían tan mal, que lo único que querían era volver a su hogar.

“Si no es por la Pastoral de Movilidad Humana, que apoyó en ese momento, no se hace nada por esas personas. Cancillería no se activó absolutamente para nada. Estos son casos de Honduras, pero no me extrañaría que pase también en El Salvador”, comenta Montti.

Como Ana, dice Montti, hay muchos migrantes que, por miedo a ser deportados, están viviendo la enfermedad en silencio y soledad. Además, hay otros que también la viven de manera totalmente clandestina, lo que aumenta la posibilidad de que puedan incrementarse las muertes y, por tanto, el número de desaparecidos.

Según el monitoreo de La Casa del Migrante y otras organizaciones de sociedad civil, en lo que va de la pandemia, se han registrado, al menos, 200 migrantes desaparecidos en la ruta migratoria en la región de C.A, frontera México y Estados Unidos.

Este ha sido un año difícil para Ana y su familia. A sus dificultades económicas y de salud se ha sumado la de la delincuencia, misma razón que las hizo abandonar El Salvador. Un pandillero, asegura Ana, recientemente, se acercó a su casa para amenazarlas de muerte. Ella no sabe el porqué del ultimátum. Lo único que sabe es que deben moverse de Monterrey antes de que ese hombre cumpla con su palabra.

“En este momento no tenemos dinero para irnos. Tampoco sabemos cómo hacer para pasar a Estados Unidos. Menos podemos volver a El Salvador. Solo nos queda confiar en que esto mejore para poder movernos de aquí, porque ahorita no podemos hacer nada más”, dice Ana.

Fotografía de Julio Umaña

La única opción para volver a casa fue la auto repatriación

Fotografías de EFE
Fotografías de EFE

El 11 de marzo, Jean Carlos Portillo vio que la advertencia, que horas antes le había hecho la aerolínea con la que regresaba desde California a El Salvador, estaba por cumplirse: al llegar, posiblemente lo llevarían a cuarentena.

Jean, un abogado y notario, había viajado a Estados Unidos apenas cinco días antes por trabajo. Fue adonde un amigo, que, al mismo tiempo, es su cliente, porque se convertiría en su apoderado legal para tramitar documentos en El Salvador. Era una alternativa para comenzar a generar otros ingresos en su bufet. Para su amigo, significaba evitar demoras en sus planes.

Desde 2002 Jean no estaba en Estados Unidos, en aquella ocasión, solo había pasado en escala en un viaje con destino a Europa. Esta vez, se preparó comprando ropa para el invierno y aprovechó sus ratos libres para conocer California. Para entonces, el covid-19 era una enfermedad que acaparaba titulares de noticias que ocurrían en otros continentes, aún no se veía como una amenaza para América. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo había declarado pandemia y todavía no había ningún fallecido por el virus en el continente.

Por esto es que Jean no pensó que aquellos días eran los últimos de la cotidianidad como estaba conocida. Y menos pensó que le costaría tanto regresar a su casa.

Aquel 11 de marzo no entró al país. Su vuelo aterrizó a las 10 de la mañana y él nunca salió del Aeropuerto Internacional Monseñor San Óscar Arnulfo Romero.

Al llegar a una de las salas de terminal aérea se encontró con más de 300 salvadoreños que recibían indicaciones del personal de Migración y Extranjería sobre la cuarentena obligatoria, por 30 días, que tenían que cumplir en un centro de contención. Los buses para trasladarlos estaban afuera.

De regreso. Para pasar de México a Guatemala, el salvadoreño cruzó este río sin más asesoría que la de un coyote.

A un costado de la sala también estaban médicos del Ministerio de Salud que recopilaban las firmas para los que aceptaban ir a cuarentena. El encierro asustaba. Era un mes lejos de la familia, sumados a los días en los que varias personas habían estado afuera del país. El Gobierno impuso ese periodo, aunque la OMS advirtió que los síntomas del virus se manifestaban en 14 días.

Entre el grupo comenzó el rumor de que el destino para la cuarentena sería Jiquilisco, en Usulután. Pero había un desconocimiento de las condiciones del centro de contención. Días después, los salvadoreños que aceptaron ir al encierro comenzaron a difundir imágenes del hacinamiento y la falta de higiene en la que estuvieron sometidos.

Jean supuso lo peor. Pensó en que, al no tener compromisos familiares, le era viable regresar a California y esperar que las cosas se calmaran. Llamó a su amigo para explicarle lo que pasaba en el aeropuerto. Él le recomendó que volviera, porque, en cuestión de un mes, ya podría entrar sin problema a El Salvador.

Compró un boleto y a las 2 de la tarde del día siguiente viajó de nuevo a Estados Unidos. Dejó con la agencia de viaje dos maletas, de las que extrajo lo necesario para guardarlo en una mochila que llevó consigo.

Jean tuvo que comprar más ropa. La que había comprado para su primer viaje era de invierno, y ya necesitaba ropa para el verano, pero también su amigo le tuvo que regalar prendas, porque su estadía en Estados Unidos, al final, se extendió por cuatro meses y 10 días.

El 17 de marzo, el Gobierno decidió cerrar el aeropuerto por el covid-19 y más de 4,000 salvadoreños quedaron varados en el exterior. Ya no había forma de volver, más que esperar vuelos de repatriación, como los que enviaron varios países para sus ciudadanos varados en diferentes partes del mundo, los primeros días de anunciada la pandemia.

En el extranjero, Jean pudo avanzar redactando documentos de su bufet, pero en algún punto, imaginó, eso sería insostenible, ya que los papeles necesitarían firmas de sus clientes.

No pudo sobrellevar sus horas clases en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El ciclo comenzó esa semana y todavía no había claridad de cómo terminarían los procesos educativos en las universidades y demás centros escolares. Reportó su situación a la universidad y decidió renunciar.

Fue un viaje de pocas palabras. “No se habla, ellos (coyotes) nunca saben el nombre de las personas ni yo tampoco supe el nombre de ellos. La advertencia que te hacen es: ‘si nos paran, quienes hablamos somos nosotros, ustedes se callan’. Y no hay nada que hablar, todo el tiempo es silencio”, recuerda.

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Los primeros días de emergencia y cuarentena por el covid-19 en El Salvador, los varados comenzaron a organizase y hacer presión en redes sociales. Armaron grupos de WhatsApp por países o zonas geográficas en las que estaban, cambiaron sus nombres o usuarios en Twitter y etiquetaban con mensajes al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la canciller Alexandra Hill Tinoco.

Al mismo tiempo, propusieron a las embajadas, con insistencia, pagar ellos mismo su retorno y buscar aerolíneas o vuelos chárteres, para regresar. Las condiciones para ejecutar este plan -ante la falta de uno gubernamental- significaba, sin embargo, de que el Gobierno realizara gestiones diplomáticas con otros países para permitirles el tránsito en los aeropuertos y de que El Salvador abriera el Aeropuerto Internacional.

Los varados fueron escuchados hasta que trascendieron mediáticamente cuando un grupo, con ayuda de abogados salvadoreños, interpuso un amparado en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exigiendo su regreso.

Solo de esa manera, los formularios que muchos llenaron para diferentes embajadas pasaron de ser burocracia y el Gobierno se vio obligado a presentar un plazo de repatriación de 14 semanas, según el nivel de vulnerabilidad en el que estuvieran. Un tiempo no acorde al que los salvadoreños podían pasar afuera del país costeándose su alimentación, alquileres o, algunos, comprando la medicina que necesitaban para sus padecimientos.

Y ellos solos comenzaron a ingeniar formas de regreso.

Durante el tiempo en California, Jean tuvo casa, abrigo y comida. “Yo viví de la caridad de mi amigo, de la familia que me acogió. Estaba él y su familia, y realmente son personas súper buenas, que me han ayudado en todo. Yo, en ningún momento, puedo decir que me sentí incómodo”, cuenta.

Pero comenzó a ganarle la desesperación por estar en su país, sobre todo que, pese a las decisiones de la Sala y un ineficiente plan de repatriación, el consulado de California nunca le dio una fecha de retorno. Lo mismo pasó con otros consulados y embajadas. A lo mucho, algunas ofrecían hospedajes a los varados en sus instalaciones o les proporcionaron canastas básicas.

Jean se cansó de no tener una fecha de regreso en un vuelo de repatriación y que los aeropuertos siguieran cerrados. Y le tocó recorrer una ruta que comienza en México y termina en las fronteras de El Salvador con Guatemala.

Una ruta a la que, dice, siguen recurriendo los salvadoreños varados y de la que prefiere que no se publiquen detalles por miedo a que ellos ya no puedan regresar a casa, pues hay ciudades que atravesar, donde por con el covid-19, todavía hay cuarentena y está regulado el libre tránsito.

El trayecto de Jean comenzó el 21 de julio. Tres horas en carro, su amigo lo llevó desde River Side, California, hasta la frontera de San Diego y la ciudad mexicana de Tijuana. Ahí, tomó un vuelo que salió a la 1 de la mañana para viajar a Ciudad de México para encontrarse con otra salvadoreña, y con ella viajó a Tapachula.

En Tapachula se quedaron una noche. Y, a la mañana siguiente, tomaron una tricicleta, de esas que a veces se usan de paseo, pero en este caso, se usaba como medio para hacer un tramo más en el regreso a casa.

Este viaje que han hecho ya muchas personas en una situación similar a la de Jean tiene variantes. Algunos atraviesan México en avión, otros por tierra, todo depende de las posibilidades económicas. Lo importante es llegar a las fronteras entre México y Guatemala.

De México a El Salvador, el viaje puede ser más barato si son varios los varados que retornan. Esto lo coordina un delegado de los varados, que enlaza a aquellos que quieren volver, con un coyote “de confianza” de Guatemala, dice Jean.

Entre fronteras. Jean tomó esta selfie mientras hacía el recorrido de regreso a El Salvador.

Él gastó aproximadamente $800 en su regreso. Casi la mitad de ese monto se la pagó a coyotes. Fueron dos coyotes lo que le ayudaron a él y a la otra salvadoreña a volver. El primero los esperaba en la orilla de un río y, en una balsa, los trasladó al lado de Guatemala.

De esto, Jean tiene una selfie, la publicó en su cuenta de Twitter junto a dos imágenes más, con el mensaje: “La primera foto no es mía, es de un diario de México, pero podría ser mía. La segunda tampoco, es del periódico chapín Prensa Libre, igual podría ser mía. La tercera sí es mía. A esto nos obliga el gobierno corrupto y el plan absurdo de @cancilleriasv @CancillerAleHT #VaradosSV”. En la fotografía mostraba el río y, a un costado, a personas cruzando en balsa.

Jean y su compañera recorrieron Guatemala en el carro de un coyote, que los dejó a cinco kilómetros de frontera La Hachadura, en Ahuachapán. Como llevaban mochilas, para no caminar y para no levantar sospechas, tomaron otra tricicleta que los acercó.

Fue un viaje de pocas palabras. “No se habla, ellos (coyotes) nunca saben el nombre de las personas ni yo tampoco supe el nombre de ellos. La advertencia que te hacen es: ‘si nos paran, quienes hablamos somos nosotros, ustedes se callan’. Y no hay nada que hablar, todo el tiempo es silencio”, recuerda.

En La Hachadura, se registraron con Migración y Extranjería, mientras que personal del Ministerio de Salud les tomó la temperatura, y al no tener ningún síntoma de covid-19, los mandó a ambos a cumplir la cuarentena en su casa.

A Jean lo llegó a recoger su hermano. Y, después de cuatro meses de pandemia, por fin pudo volver a su casa, a su destino del 11 de marzo.

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HAY UN APROXIMADO DE 945 SALVADOREÑOS que se han auto repatriado desde diferentes partes del mundo, dice Manuel Carranza, abogado que organizó la interposición del amparo en la Sala de lo Constitucional y que también regresó a El Salvador por su cuenta. Además, indica, que según formularios internos que manejan entre los varados, aún hay más de 400 afuera.

Los informes que la Cancillería de la República ha rendido a la Sala indican que, hasta el 2 de agosto, 4,346 salvadoreños han sido repatriados. Sin embargo, en muchos de los casos, los varados pagaron su boleto de regreso, cuyo monto varió de acuerdo con el país donde estuvieran. Lo que hizo el Gobierno fue facilitar el trámite con las aerolíneas y el libre tránsito en los aeropuertos.

“Lo indignante: la fuerza que tomaron los varados por el abandono, porque no es posible para ningún Estado que sus ciudadanos estén afuera, corriendo peligro, excepto en El Salvador. Hemos sido abandonados, jamás nos llegaron a traer”, señala Jean.

Él está por iniciar un proceso de denuncia contra el Estado, por violaciones a sus derechos mientras estuvo afuera del país. La presentará en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, luego, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH, incluso, denunció en mayo que a los salvadoreños varados se les habían violado derechos como la nacionalidad y la salud. “En el caso de El Salvador, estamos ante una negación arbitraria y temporal de entrar al país de origen”, se pronunció también en su momento el director de la División de las Américas para Human Rigths Watch, José Miguel Vivanco.

A un mes de haber vuelto a casa, Jean dice que no quiere saber nada de viajes. Ha vuelto a trabajar de lleno a su bufet y prepara su denuncia con una organización.

Necesidades. Cientos de salvadoreños que quedaron varados fuera de su país tuvieron que ser muy creativos para que el dinero, la comida o la medicina alcanzaran. Y, también, lo fueron al establecer su ruta de regreso a casa.

Una ciudad para Danielly

Fotografía de EFE

Danielly Rodrigues, Dani, como la conocen sus amigos, es un caso inusual dentro de la favela: ha estudiado dibujo, ha aprendido español y puede trabajar en su casa. Preparaba su boda cuando el coronavirus truncó sus planes. “Voy, pero no sé cuándo”, dice.

Comparte un piso de dos habitaciones con su madre y su hermano. Es una tercera planta y cuando falla la bomba se queda sin agua durante dos semanas. La suya es una de los mejores zonas de la favela. “Hay lugares pobres y más pobres aún. Dentro de Maré también hay diferencias”.

Dani no ha salido nunca del estado de Río de Janeiro, aunque no pierde la esperanza. También aspira a dejar Maré para instalarse más cerca del centro y poder “disfrutar de la cultura”.

El centro, la cultura, el agua… Mientras la mitad del mundo debate sobre la ciudad poscovid, la ciudad de los espacios verdes y los barrios autosuficientes, la otra mitad imagina cómo abrirse una puerta al futuro.

“Mi ciudad ideal sería sin desigualdad”, dice Dani. “En mis sueños, una ciudad buena para nosotros es donde tenga las mismas oportunidades que una persona que no vive aquí”.

¿Espacios verdes?, ¿bulevares? “Para nosotros no es la prioridad. La prioridad es tener una vida, salir de aquí, o estar aquí y poder moverme por los sitios sin ningún tipo de preocupación, de ver qué voy a comer, qué voy a beber, si llego a casa viva o no”.

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CÓMO VIVIREMOS JUNTOS

Antes de que el mundo contuviera la respiración por el covid-19, la Bienal de Arquitectura de Venecia preparaba su edición 2020 con el lema “¿Cómo viviremos juntos?”. Nadie podía imaginar entonces la dimensión que cobraría esa pregunta. Tres meses han bastado para cambiar el planeta. Superado el pánico inicial, se multiplican los debates sobre la ciudades del futuro.

La historia está plagada de cambios urgidos por la supervivencia. La peste mudó las ciudades romanas, Central Park nació en respuesta a la falta de higiene en Manhattan, los bulevares oxigenaron las grandes capitales y redujeron la mortalidad. La lista es inacabable.

“Tenemos que repensar la vida en nuestras ciudades. Se necesita valentía y también equilibrio”, advierte el arquitecto italiano Stefano Boeri, impulsor de los bosques verticales.

La reflexión no se puede dilatar. El 55 % de la población mundial vive en zonas urbanas. En 2050 la cifra alcanzará hasta el 70 %, más de 6.5 millones de personas. El riesgo de contagio de enfermedades se multiplicará exponencialmente.

La urbanización, pronostica la ONU, crecerá más rápido en los países más pobres. “Sería un gran error volver a la normalidad que ha permitido esta pandemia. Una normalidad en la que continuamos castigando a la naturaleza, creando situaciones de desequilibrio”, continúa Boeri.

Sobre el papel, el dibujo está claro: ciudades verdes, sostenibles, saludables y enfocadas a corregir las profundas asimetrías que condenan a la población de menos recursos. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. Poco tienen que ver las soluciones pensadas para Nueva York, Londres o Pekín con los sueños de Danielly.

Enfermedades. Las infecciones son la gran amenaza. Y el esquema de megahospitales ya no funciona. La tendencia es crear centros con menos camas, con luz, espacios abiertos y corredores.

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INTEGRACIÓN

Maré, donde ella vive, es el mayor complejo de asentamientos informales de Río de Janeiro. Se estima que alberga a unas 115,000 personas. Es uno de los más grandes del mundo, pero no es el mayor. Dharavi en Bombai, India y O Kibera en Narirobi, Kenia, rondan las 800, 000. El hacinamiento y la falta de higiene y servicios mínimos son su denominador común.

Son una “bomba de relojería”,describe Naciones Unidas en un reciente informe.”Hay más de 1, 000 millones de personas viviendo en estas condiciones. En 2030, serán 2, 000 millones y para 2050 se estima que la mitad de la población vivirá en estos asentamientos.

Es preocupante y ahora mismo no está en la agenda”, denuncia Elvis García, doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard. “Son desequilibrios aberrantes”, sentencia.

¿Cómo lavarse las manos para combatir los virus cuando no hay agua?, se pregunta este profesor español experimentado en la lucha contra el ébola en Liberia.

Al menos 2,000 millones de personas se abastecen de aguas contaminadas. La OMS estima que, en apenas cinco años, casi la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. África es el continente más castigado. El 40 % de la población subsahariana carece de agua potable y el uso doméstico por persona y día no alcanza los mínimos calculados por Naciones Unidas.

Buena parte de las últimas pandemias se han originado precisamente en estas zonas. Pero, “¿quién va poner dinero en el África subsahariana para combatir estos brotes?”, reflexiona García.

Para transformar esta realidad hay que ser pragmáticos, sostiene. La experiencia del ébola ha dejado una mejora de las condiciones higiénicas en algunas zonas, pero poco más, admite. “Bastante tienen con adaptarse al día a día como para hacer ciudades basadas en conceptos utópicos”.

La salida, explica Alain Grimard, responsable de ONU-Habitat para Latinoamérica, es la integración.

El primer paso es reconocer los derechos de la población en estos asentamientos, defiende. El proceso requiere de voluntad política y financiación, la llave de todo.

El crecimiento económico, social y ambiental es el pilar del desarrollo sostenible. “Si las autoridades quieren solucionar el desarrollo sostenible de la ciudad, tienen que empezar a invertir en los barrios informales”, concluye Grimard.

La urbanización, pronostica la ONU, crecerá más rápido en los países más pobres. “Sería un gran error volver a la normalidad que ha permitido esta pandemia. Una normalidad en la que continuamos castigando a la naturaleza, creando situaciones de desequilibrio”, dice Stefano Boeri, arquitecto italiano.

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LA CIUDAD IDEAL

En la ciudad ideal, los vecinos resuelven sus necesidades con desplazamientos de 15 o 20 minutos. A pie, en bicicleta, en vehículos eléctricos de uso compartido o en un transporte público sostenible.

Así es la “ciudad en 15 minutos”, inspirada en las “ciudades vivas” de la activista Jane Jacobs y recuperada ahora por París, o el diseño de “superbloques” que ensaya Barcelona, con calles peatonales y más espacios públicos verdes.

También el modelo “8-80”, ideado para facilitar la vida de los ciudadanos de entre 8 y 80 años. O las “Fab City” y sus barrios autosuficientes organizados para paliar los desequilibrios sociales. Aunque se presentan como innovaciones en el paisaje poscovid, la mayoría se inspira en viejos modelos utópicos, desde los falansterios a la Brasilia soñada por Oscar Niemeyer.

Son, en palabras de Boeri, “ciudades caleidoscopio”. Y son “verdes”. El ahorro energético y el cuidado del medioambiente son impostergables. 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado y siete millones mueren cada año por la contaminación.

Más del 90 % de las víctimas, alerta la OMS, corresponden a Asia y África, seguidas por el Mediterráneo europeo y Latinoamérica.

Las áreas urbanas generan alrededor del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y son, a la vez, especialmente vulnerables al impacto del cambio climático. Frenar este fenómeno es un desafío colosal que engloba el uso de energías renovables y la creación de nuevas infraestructuras de movilidad.

“No por hacer autopistas más grandes o circunvalaciones consigues tener menos coches, al contrario, tienes más”, sostiene Juan Espadas, alcalde de Sevilla, España, y presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima. Su gran apuesta es el transporte público.

Pero descongestionar los centros urbanos obliga también a repensar la actividad, los horarios y a apostar por el teletrabajo. Una “revolución de la movilidad”, dice Boeri, para su “ciudad verde”.

La salud es una prioridad. “Un problema en la salud puede hundir completamente la economía. Si nuestros políticos no lo perciben ahora, no han percibido nada”, afirma Miguel Guimaraes, presidente de la Orden de Médicos de Portugal. “Una población más saludable es una población más productiva”.

Las infecciones son la gran amenaza. “Serán nuestros principales enemigos”, adelanta Guimaraes. Y el esquema de megahospitales ya no funciona. La tendencia, describe el especialista luso, son centros con menos camas, con luz, espacios abiertos y corredores. Todo eso y “una red de cuidados intensivos más robusta”.

El envejecimiento de la población, más acusado en Europa, obliga además a mirar hacia la “economía de los cuidados”. Cuestiones que van mucho más allá de peatonalizar calles o abrir parques urbanos. Son cambios tan profundos que no se plasmarán en las ciudades hasta pasados muchos años, opina Óscar Chamat, responsable de Investigación de Metrópolis, una red que engloba 130 ciudades de todo el mundo. No estamos ante una revolución, sino ante una evolución.

La transformación no puede obviar el equilibrio demográfico. Hay que impulsar en paralelo las pequeñas y medianas ciudades, subraya Grimard. El crecimiento urbano, proyecta Naciones Unidas, vendrá precisamente de núcleos con menos de un millón de habitantes.

¿Y el medio rural? “Tiene una oportunidad increíble”, considera Elvis García. “Siempre que los Gobiernos puedan dotarlo de infraestructuras suficientes”, empezando por internet, matiza.

“La urbanización tiene aspectos más positivos que negativos. También en una crisis como esta, como los accesos a los servicios de salud, educación, agua. Es mucho más fácil obtenerlos en las ciudades que en los pueblos pequeños”, puntualiza Grimard.

La clave, alumbra Stefano Boeri, está en buscar “una alianza entre los pequeños pueblos y las grandes ciudades”. Disfrutar de la naturaleza sin perder las oportunidades que brinda la ciudad.

Su miedo, admite, es que se repliquen las “anticiudades”, selvas de cemento y centros comerciales que proliferan en todo el mundo.

“Si no queremos regresar a la anticiudad debemos volver a habitar estos pequeños pueblos en los que está la cultura, la historia, la arquitectura, el arte”, defiende Boeri. “No se trata de nostalgia, de romanticismo”.

 

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CIUDADES INTELIGENTES

Perros-robots vigilan a los peatones en parques de Singapur, drones fumigan las calles, aplicaciones delatan en los móviles el contacto con enfermos. El covid-19 ha anticipado el futuro. ¿Es ese el rumbo de las nuevas ciudades inteligentes?.

Songdo, en Corea del Sur, se vende como el “modelo sustentable del futuro”. Totalmente automatizada, tiene un 40 % de espacios verdes, recicla casi la mitad del agua que consume y prohíbe la circulación de los coches de combustión.

En Europa, capitales como Amsterdam experimentan zonas sostenibles. Es el caso de Schoonschip, con una red de paneles fotovoltaicos y un parque de coches eléctricos compartidos para el vecindario.

En la visión de Óscar Chamat, la ciudad inteligente “utiliza la tecnología más adecuada para responder a los problemas de las personas”.

La conectividad es la llave de estos modelos y está al alcance de más de la mitad de la población mundial. Sin embargo, todavía 3,600 millones de personas carecen de internet. La brecha digital es determinante cuando se aborda el desarrollo: el 82 % de los europeos tiene acceso a internet frente al 28 % de los africanos.

Y en el imperio de la tecnología, ¿dónde queda la privacidad?. El control de los movimientos de la población y los datos personalizados sobre contagios durante la pandemia han reabierto la controversia.

Las aplicaciones con información sobre el virus son, señala García, una herramienta fundamental contra su expansión. “Y no utilizarlas es un lujo que no nos podemos permitir”, añade.

Chamat alerta desde Metrópolis sobre las tentaciones populistas de los gobiernos, pero repara en una contradicción: “Estamos dispuestos a ceder nuestros datos a plataformas y redes sociales, pero nos da mucho miedo cederlos al Estado, es una paradoja”.

Repensar la ciudad. El 55 % de la población mundial vive en zonas urbanas. En 2050, la cifra alcanzará hasta el 70 % , es decir, más de 6.5 millones de personas. El riesgo de contagio de enfermedades se multiplicará exponencialmente.

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LA MEMORIA DE MARÍA

María Augusta Rei mira la vida desde la ventana de su casa de Alfama. A sus 89 años es mucho lo que ha visto. Nació y creció en este barrio del corazón de Lisboa. Pero el Alfama de hoy poco tiene que ver con el de María.

“Todo eran pescaderías”, recuerda. Y panaderías, carnicerías y hasta una barbería. Apenas había restaurantes en ese tiempo, ni tampoco turismo, pero sí mucha gente. “Esto era como una plaza”, relata. Era un barrio de calles angostas donde los vecinos hablaban de ventana a ventana.

Pero todo cambió con la llegada masiva de turistas. Los comercios locales fueron desapareciendo para dejar paso a los restaurantes y a las tiendas de souvenirs. Los precios se dispararon y los vecinos se vieron forzados a marcharse a la periferia.

Como en Lisboa, la especulación inmobiliaria, la explosión del turismo y la gentrificación han cambiado el rostro de muchas ciudades europeas y han expulsado a los trabajadores.

En los últimos 20 años se ha agravado la desigualdad dentro de las naciones y se han acentuado las diferencias en la esperanza de vida entre distintas zonas en una misma ciudad. A Grimard le preocupa la “privatización” del espacio público.

Los modelos de barrios cerrados y los centros comerciales han usurpado el papel de los parques públicos. “Hay que cambiar esta dinámica de segregación. Más que nunca hay que poner los espacios públicos como espacios de integración”, defiende.

La tienda de ropa para la que trabajaba María, en la Baixa, muy cerca de Alfama, cerró también. Su patrona enfermó y terminó en una residencia de ancianos. “A veces paso por allí y lo veo todo cerrado. Tengo tanta pena”, confiesa. En la Baixa, “había muchas tiendas de ropa; cerraron todas y ahora son tiendas de chinos”.

“Me gustaría que volvieran las personas que salieron de aquí, como yo, nacida aquí, criada aquí; que volvieran. No como ahora, que son todo turistas. Las personas que había en el barrio desaparecieron. Me gustaría que fuera como antiguamente”. Maria ya vivió su ciudad ideal.

Ahora, ¿cual será de entre todos el mejor modelo?. La respuesta puede estar en las palabras que Italo Calvino pone en boca de Marco Polo en sus “Ciudades invisibles”: “No tiene sentido dividir las ciudades en felices e infelices, sino en otras dos categorías: las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos y aquellas en las que los deseos o bien logran borrar la ciudad o son borrados por ella”.


Con la coloración de Laura Serrano-Conde (Roma) y Carlos García y Cynthia de Benito (Lisboa).

Cámara del Libro hondureña pide reabrir en un país “alérgico” a la lectura

Crisis. La ausencia de políticas, el bajo poder adquisitivo y el escaso hábito de la lectura son factores adversos para la situación que enfrentan las librerías y editoriales ante el covid-19.

Quienes se dedican a editar y publicar libros hacen un gran esfuerzo, pero no son correspondidos por una sociedad que, además, lee muy poco. Es como alérgica a eso, de ahí el gran superávit de ignorancia que tiene el país centroamericano, donde la lectura en muchos casos no es un placer, incluso entre universitarios.

Hay universitarios que leen más por la exigencia de un maestro, entre los que no faltan los que obligan a sus alumnos a que lean, pero textos que escribieron ellos, algunas veces ya desfasados.

Desde que entró en vigor el toque de queda por el coronavirus, el 12 de marzo, diversos sectores han clamado, algunos a gritos y otros con protestas en carreteras y bulevares, para que se les permita vender o comprar alimentos o cualquier otra cosa, pero nadie ha protestado porque a las librerías no se les ha permitido abrir.

Son muchos los que a diario hacen grandes filas para comprar una hamburguesa, pero muchos más los que no alimentan su intelecto, lo que en parte también se está reflejando entre gente que, sabiendo que el coronavirus es mortal, circula sin ninguna protección, pese a los llamados para que al menos lleven puesta una mascarilla.

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PETICIÓN DE LA CÁMARA HONDUREÑA

Para aliviar la difícil situación que enfrentan las librerías y editoriales, representadas en la Cámara Hondureña del Libro (CHL), le han pedido al secretario de Seguridad, Julián Pacheco, autorización para funcionar de manera parcial y supervisada, mientras esté vigente la emergencia sanitaria.

“La cadena del libro está conformada por micro, pequeñas y medianas empresas que, al igual que los demás sectores de la economía nacional, estamos sufriendo las consecuencias negativas del cierre temporal de nuestras actividades; entre otras, el inminente riesgo de perder los puestos de trabajo que genera este sector”, subraya una carta enviada por la CHL a Pacheco.

La CHL considera que “es necesario que niños, niñas, jóvenes, docentes y padres de familia dispongan de libros y otros recursos didácticos para desarrollar de manera integral y creativa el proceso educativo en casa”, añade la carta.

Subraya que, como se sabe, la educación virtual es complementaria y no está al alcance de todos los educandos, por lo que los libros y demás materiales didácticos son imprescindibles para lograr el aprendizaje.

La CHL considera que el funcionamiento de librerías y editoriales colaborará de manera significativa a evitar que se pierda el año escolar por las razones expuestas a Pacheco, lo que traería graves consecuencias para la educación nacional y la sociedad en general.

“La disponibilidad de recursos didácticos y lectura recreativa contribuiría de forma notable a reducir los niveles de ansiedad e incertidumbre de niños, niñas y jóvenes -y también de las personas adultas-, que produce el obligado confinamiento y aislamiento social que está viviendo la población”, resalta la misiva a Pacheco.

La Cámara Hondureña del Libro considera además que es necesario que el Gobierno reconozca la importancia del sector del libro, “sobre todo en estas circunstancias adversas, como aliado clave para el avance de la educación y la cultura nacional”.

En principio,”los libreros”, como se le conoce a la CHL, piden que se les permita funcionar mediante entregas a domicilio y ventas de oficina estrictamente supervisadas.

La CHL también se ha comprometido a velar por el cumplimiento de las regulaciones de bioseguridad para garantizar la salud de colaboradores, clientes y proveedores.

La Cámara Hondureña del Libro considera además que es necesario que el Gobierno reconozca la importancia del sector del libro, “sobre todo en estas circunstancias adversas, como aliado clave para el avance de la educación y la cultura nacional”.

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AUSENCIA DE POLÍTICAS CLARAS

El presidente de la CHL, José Modesto Canales, dijo que el mundo del libro no es nada fácil en Honduras, ni en cualquier país del área centroamericana o latinoamericana.

“Estamos preocupados por muchos aspectos, uno de ellos es que no hay políticas públicas claras de parte de los gobiernos, de los anteriores y el actual, en el afán de integrar la educación y la cultura nacional”, agregó.

Esa problemática, según Canales, hace que todo el sector de los libros se vea afectado y que haya bastante incertidumbre. Los libreros le piden al Gobierno y a la sociedad hondureña que no olviden que hay un sector muy importante en el país que es la industria del libro, la que abarca editoriales, librerías, también a profesionales en cada una de esas áreas como ilustradores y diseñadores gráficos, e imprentas.

Canales expresó que entre los factores adversos figura el escaso hábito de lectura entre los hondureños y el bajo poder adquisitivo de la mayoría, en un país donde más del 60 % de sus 9.3 millones de habitantes son pobres.

Otro factor son los maestros, quienes en el nivel primario “deben hacer una mejor labor, en el sentido de inculcar el hábito de la lectura en los niños y jóvenes, porque es la única forma de concientizarlos de una realidad distinta a la que nosotros vivimos actualmente”, dijo Canales.

Libros. La cadena del libro de Honduras, conformada por micro, pequeñas y medianas empresas, también está sufriendo las consecuencias ante el cierre temporal por el covid-19.

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LA LECTURA NO ES NINGUNA PRIORIDAD

Daniela Herrera, ejecutiva del Grupo Liser, que aglutina a varias librerías del país, indicó que están enfocados en la literatura en general, en parte con textos para instituciones y útiles escolares, pero que el momento actual, por la covid-19, “es difícil” porque no han podido integrarse al sector educativo.

La causa por la que en Honduras se lee muy poco, en opinión de Herrera, es porque esa actividad quizá figure entre “las últimas prioridades de los hondureños”.

“Ese es el problema, los hondureños no han colaborado desde los primeros años de la escuela para darle prioridad a los libros. De ahí viene ese bajo número de lectores a nivel nacional”, subrayó.

El hábito de leer se inculca primero en la casa y después en la escuela, pero en Honduras las prioridades son otras, por lo que se tiene “descuidada” la lectura, además de que “la economía del país tampoco ayuda para esta situación”, acotó Herrera.

El confinamiento forzado por el coronavirus debería de ser una buena ocasión para que más niños y adultos hondureños lean en familia, pero pareciera que muchos padres no saben que un libro cerrado viene siendo como un amigo que siempre espera, y que nadie se muere por leer demasiado, pero sí por ignorancia.

Un falso coronavirus y el porqué del periodismo en África

Fotografía de EFE

Te levantas empapada en sudor y te temes lo peor. Te das una ducha rápida como queriéndote quitar la fiebre, pero sabes que no se irá. Horas después un amigo te deja un termómetro: 39.5 grados. De momento no toses ni te cuesta respirar, pero todo apunta a que podría ser coronavirus y decides aislarte en casa, no tocar a nadie, no poner a otros en riesgo.

Por entonces, la covid-19 no es más que una nebulosa que sobrevuela el continente africano, con la mayoría de sus 54 países con escasos contagios, salvo excepciones como Sudáfrica (210), Burkina Faso (150) y Marruecos (87). Pero el miedo empapa el ambiente y los Gobiernos deciden actuar rápido. No pueden permitirse el mismo derrumbe que ha sobrecogido a Europa.

El 25 de marzo, Kenia suspende la entrada y salida de todos sus vuelos internacionales. Veinticuatro horas después, Sudáfrica inicia un rígido confinamiento que impide que millones de “los nadies”, usando la terminología de Galeano, puedan fácilmente llevarse algo a la boca. Ghana, Etiopía y Nigeria se atrincheran, pero ninguna se atreve todavía a encerrar a sus ciudadanos. Como en muchas otras partes del mundo, aquí la sombra del hambre es mucho más alargada que la del coronavirus.

Según estimaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) se espera que la pandemia casi duplique el número de personas hambrientas en el mundo para finales de año, sumando a los 135 millones de personas que actualmente sufren hambre aguda en 55 países -afectados por la violencia, catástrofes medioambientales y crisis económicas- otros 130 millones de bocas. Ciento treinta millones.

EL FRÍO SE INCRUSTA

La alta fiebre persiste y el cuerpo tiembla de frío. Te castañean los dientes y sientes un poco de miedo. Decides acercarte a un hospital privado, uno de los mejores de Nairobi, y descubres que muchos médicos ya no pasan consulta. “El doctor se encuentra de cuarentena al menos durante dos semanas”, te informa su secretaria.

Finalmente, en Urgencias, unas enfermeras te hacen una analítica y una prueba de la malaria. Todo está bien y regresas a casa durante otro par de días. Pero la fiebre sigue, el miedo aumenta y el frío se incrusta.

26 de marzo. Vuelves al hospital, insistes en que recientemente has viajado a la India y a Somalia, ambos con escala en Etiopía, y esta vez deciden hacerte el test del coronavirus una vez desinfecten una de las pocas salas disponibles para ello. Pagas $130 y dejas que una sanitaria, vestida con el traje aislante y guantes, te extraiga un poco de mucosa.

$130 es el equivalente al salario mínimo mensual en las principales urbes kenianas, donde el 83.6 % de la fuerza laboral está compuesta por trabajadores informales sin protección legal ni subsidio, según la Oficina Nacional de Estadística. Cientos de miles de ellos -mecánicos, empleadas domésticas, vendedores ambulantes- hoy ya han perdido la que era su única vía de ingresos.

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VIOLENCIA POLICIAL

Sudores, cansancio y delirios durante otro par de días. Llamas constantemente al hospital, pero nadie sabe nada sobre el resultado de tu prueba. Finalmente alguien te informa, de manera extraoficial, de que el test ha dado negativo. Crees que deberías alegrarte, pero no estás segura.

Es de noche y hay toque de queda en Nairobi, premisa para que el cuerpo de Policía -con frecuencia asociado a un uso excesivo de la fuerza- actúe con violencia. A fecha de 22 de abril, al menos seis kenianos han perdido la vida por palizas y disparos de las fuerzas de seguridad, según Human Rights Watch, entre ellos un adolescente de 13 años.

A la mañana siguiente un tercer médico se empeña en hacerte las mismas pruebas: otra analítica, otro test de malaria. Todo muestra valores normales y nadie sabe qué te pasa. El miedo crece, y más en un mundo enrocado. No hay vuelos a España, no hay vuelos a ningún sitio: te sientes atrapada.

Lo intentas por cuarta vez con uno de los pocos doctores dispuestos a atenderte. Van a ingresarte.

30 de marzo. Más que en un hospital te sientes en un hotel. Te bloquean de la tarjeta de débito $1,500 para cubrir posibles gastos médicos; aún no lo sabes, pero necesitarás más del doble.

El cuarto es amplio, limpio y todo para ti. Te llegan a la mente flashes desde España: el bullicio de los hospitales de campaña, los cuartos atestados con médicos exhaustos, las miles de familias rotas. Tu habitación es silencio y vacío.

Te colocan una vía intravenosa, te hacen pruebas de rayos X, una ecografía, análisis y más análisis de sangre. Descartada la hepatitis A, la B, el dengue, la tuberculosis. Todo apunta a una infección de hígado cuyas bacterias ya campan a sus anchas por tu flujo sanguíneo. Oyes por primera vez en tu vida la palabra “septicemia”. En Google le acompaña la etiqueta “posiblemente mortal”.

De golpe, la conciencia de la muerte se hace palpable. La fragilidad del organismo humano. Te advierten de que van a cambiar de antibiótico, porque el que te administran no está haciendo efecto. Ya son más de dos semanas a casi 40 grados de fiebre. Temes que el diagnóstico quizá no sea el correcto y que ya sea demasiado tarde.

Con la covid-19 o sin ella, te encuentras sola. Lejos de los tuyos. Forzando alguna que otra sonrisa en esporádicas videollamadas. Quizá, como sugiere la escritora argentina Mariana Enríquez, la muerte masiva y solitaria no sea la excepción, sino la regla.

Quieres justificarles tus decisiones, el haber vivido como periodista en Israel-Palestina y después en Kenia; lejos de ellos, en una ausencia que se convertía en carga. Quieres explicarles que no puedes ni sabes hacer otra cosa. Que siempre serás una privilegiada por poder informar sobre países tan mal entendidos como Etiopía o Somalia, donde un día tu riqueza se mide en cientos de cabezas de reses y, a los pocos meses, las sequías te han dejado sin nada.

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LA VIDA QUE FUE VIDA

Después de cuatro noches ingresada, te dan el alta para continúes el tratamiento con otro antibiótico más fuerte en casa. Regresas al sofá, a las tiritonas y a la fiebre. Por la noche vomitas y lloras. Te preguntas si saldrás de esta y, sobre todo, cómo podrá perdonarte tu familia en caso de no hacerlo.

Comienzas a escribirles mentalmente una carta. Quieres decirles que fuiste feliz y que les amas. Que no quieres lágrimas cuando ya no estés con ellos. Que en una vibrante Ghana y, al otro lado del Atlántico, en México, aprendiste que la muerte no es muerte -tristeza, llanto, despedida- si la vida fue vida.

Quieres justificarles tus decisiones, el haber vivido como periodista en Israel-Palestina y después en Kenia; lejos de ellos, en una ausencia que se convertía en carga. Quieres explicarles que no puedes ni sabes hacer otra cosa. Que siempre serás una privilegiada por poder informar sobre países tan mal entendidos como Etiopía o Somalia, donde un día tu riqueza se mide en cientos de cabezas de reses y, a los pocos meses, las sequías te han dejado sin nada.

Naciones como Mozambique, Congo o Burkina Faso donde la covid-19 es todavía algo secundario; una amenaza más en un avispero de viejas epidemias –ébola, sarampión, malaria-, una juventud desencantada, violencia yihadista en el Sahel y milicias armadas.

Según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), solo en 2019 hubo ocho millones de nuevos desplazados en África subsahariana, una región que acoge en torno al 25 % del total de desplazados en el mundo (50.8 millones). Personas que no podrán confinarse en sus casas con un televisor y conexión wifi.

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CINCO CAMAS PARA UN MILLóN

“Si tú puedes, yo puedo”, le dices a tu propio cuerpo.

5 de abril. La fiebre no sube de los 38 grados. El antibiótico, poco a poco, le gana terreno a la infección. Por primera vez en días, lees los periódicos y la pandemia te golpea en la cara. Por el momento, África apenas registra 9,200 casos, pero tanto la OMS como las organizaciones humanitarias sobre el terreno se preparan para una escalada. Un mes después, a fecha de 6 de mayo, el número total de contagios sobrepasa los 50,000.

Sin embargo, siguen faltando mascarillas, personal cualificado, respiradores. En conjunto, los hospitales públicos de 41 países africanos no llegan a 2,000 de estos aparatos, según datos de la OMS del 17 de abril, que advirtió que las UCI de 43 naciones no superan en total las 5,000 camas, esto es, unas cinco camas por millón de personas frente a las 4,000 por millón de Europa.

Tu mente, sin poder evitarlo, salta a España. Te acuerdas de tus padres encerrados en casa y de tus amigas enfermeras, mileuristas obligadas a llevar capa. Te carcomen los muertos y esa incertidumbre que todo lo empaña. Qué sucederá dentro de poco en frica?

Las proyecciones varían. El Gobierno keniano alerta que “en el peor de los casos” fallecerán 30,000 personas por coronavirus en este país. La ONU dice que en “el mejor de los casos” morirán al menos 300,000 personas en todo el continente, el cual podría convertirse en el nuevo epicentro de esta pandemia con hasta diez millones de contagios en seis meses. Por el momento, los fallecidos, oficialmente, no llegan a los 2,000.

“Si tú puedes, yo puedo”, te recuerdas. Que los vecinos se lo digan los unos a los otros desde sus balcones, que los padres se lo digan a sus hijos y los nietos se lo repitan a sus abuelos. Que las médicas se lo exclamen a sus pacientes y los pacientes, a quienes más quieran. Sean quienes sean, sean de donde sean. Estamos juntos en esto.

Two diseases on deathly collusion path a story of Jiquilisco, El Salvador

Photography by Maynor Lovo

In countries that are part of the so called developed (or “first” world), Chronic Kidney Disease (CKD) has close medical links to previous health conditions, such as diabetes or hypertension. This means that the deterioration of the purifying function of the kidneys comes as a consequence of the previous failure of other bodily processes. In those countries, it is a disease that represents a serious health problem for researchers and medical experts concerning themselves with diagnosis. It implies – for patients and for health systems – a treatment that is complex and expensive. In these countries, education against a sedentary lifestyle and diets high in fat and sugar, form part of what health authorities need to do.

Not so in Jiquilisco. Jiquilisco is a municipality of 429.99 km2, with a population of almost 50,000 inhabitants and located 103 kilometers from the capital, San Salvador. Julio Pérez lives here. And the disease that lives in his house, with its dirt floors, walls made from dried sticks, and pieces of plastic; is the same kidney disease having the same consequences, yet, only highlights the lack of any abundance; any comforts. Kidney disease in developing countries – or the “third” world – thrives in agricultural communities, among the poorest population.

Julio is 41 years old and no longer remembers how old he was when he started working. It isn’t an anniversary to which attention is paid in this rural area of Jiquilisco, on the coast of the Department of Usulután, in the eastern Salvadoran area. Here, in the very rural canton Roquinte, almost all economic activity is either agriculture or fishing, and there is no age marking when young boys or girls start out in a life mapped by hard, manual labour.

“I carried bricks, in the mangrove swamps, I pulled out curiles (crabs). I learnt masonry and worked in cornfields and quite a bit in sugarcane fields,” he remembers. The list of what Julio has done is extensive; the same applies to the amount and type of chemicals he applied or was exposed.

The disease that has been advancing in the municipality of Jiquilisco for two decades is the same one that has been devastating agricultural communities in Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, and Panama, cutting deathly swathes through agricultural communities in Central America. Chronic kidney disease of non-traditional causes, is like macro cultures: rooted in the depths of the poor communities on the Pacific Coast of this region. The impaired kidney function of people like Julio, is very different from what the United States or the United Kingdom reports. “Our” CKD finds its causes in environmental pollution, limited access to clean drinking water, unsafe working conditions with laborers in frequent and direct contact with agrochemicals, but, more fundamentally: poverty.

Patient. Julio Pérez is 41 years old and, 14 years ago, he was diagnosed with Chronic Kidney Disease. He is one of those affected by this disease in Jiquilisco, Usulután.

For Carlos Orantes, a Salvadoran nephrologist who has dedicated most of his professional life to conducting international research into this disease, the classification that CKD deserves for non-traditional causes – like poverty – has been clear for years. Combined with the strong and clear occurrence within a specific geographical area, he has crystal clear thoughts on CKD.

Doctor Orantes began directing studies in 2009 in the Bajo Lempa, Jiquilisco is in this area. Orantes points out that this is not an “individual” phenomenon; it’s a “population phenomenon” and should be recognized as a pandemic because it is present in more than five countries amongst thousands of workers presenting similar characteristics.

A pandemic is defined as an epidemic disease that spreads to many countries or that attacks almost all individuals in a locality or region. “But, the problem is that we are used to speak about the phenomenon of pandemics only when referring to transmissible diseases,” explains doctor Orantes. The transmissible are those that are passed from one human to another through vectors, as is the case with COVID-19 or HIV/Aids.

In terms of the availability of medical services, Jiquilisco belongs to a micro-network consisting of health units and hospitals. It is in one of these health units where nephrologist, Denis Calero, works. “In the five years I’ve been here, this has always been the micro-network with the highest prevalence of CKD in the country. Both for the number that we handle of already diagnosed cases, as well as for the new ones that are appearing,” he says. Doctor Calero is the director of the Community Specialized Family Health Unit “Monsignor Oscar Arnulfo”.

Jiquilisco’s residents are fighters. Literally for decades, workers here have been fighting a relentless battle against a disease that counts amongst the most deadly and affects the majority of people living this coastal municipality: poverty. Severe poverty is present in 44.5% of households, according to a report of the Procuraduría de Derechos Humanos (El Salvador’s Human Rights Attorney’s Office). Homes like the one Julio shares with his wife, mother, and other family members, are examples of households revered to by Procuraduria de Derechos Humanos. They live in an adobe house – made from mud and straw – that barely stands up and is next to a ravine through which murky waters pass. Santos, Julio’s mother, says that she was able to buy this land with loans that she paid, little by little, with the money left to her by selling tortillas.

To this already precarious and thin life lines, the threat of contagion of COVID-19, is almost too much to bare. The conversation here is not about viruses and contagion. Most people here, are physically and socially so vulnerable, because the prevalence of CKD ensures that contracting COVID-19, feels like a death sentence. Poverty ensures that people here are already disadvantaged because of the cronic lack of food, the fact that people don’t have the resources to travel to collect medicine, and in certain areas don’t even have access to basic services, such as clean water.

“It’s complicated. In the hospital, they used to give us what we need, but now we went to hospital and it was full. We were turned away,” Julio explains from a corridor where a hammock hangs. He recalls there was nowhere to sit and that it was thanks to his mother, Santos, who carried a couple of plastic chairs, that they were able to rest a little while they were waiting. “We’re lending them to other older people also waiting – it’s the right thing to do,” Julio recalls leaning heavily on his cane.

The Ministry of Health were clear: patients with CKD has to be provided with all the materials to continue on continuous outpatient peritoneal dialysis in their homes. But these were mere words for Julio. He should, every four hours, walk to the only room with a brick floor and smooth painted walls, that the house has. This space was built with a lot of sacrifices and is reserved exclusively for him to receive his treatment.

Dr. Calero, in his health unit, has tried to shorten the period patients has to spend at hospital and has continued making house visits personally bringing care to those who need him most. He acknowledges: “We are taking extreme action against COVID-19, but perhaps we are neglecting these patients who suffer this other disease that has been here a long time and which is also one of the leading causes of death in the country,” he says.

For what is strictly limited to the renal unit he is in charge of in Jiquilisco, Dr. Calero confirms that, so far in the mandatory quarantine, three people have died from complications or progress of CKD. Three victims of the two pandemic crossing paths.

The disease that has been advancing in the municipality of Jiquilisco for two decades is the same one that has been devastating agricultural communities in Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, and Panama, cutting deathly swathes through agricultural communities in Central America. Chronic kidney disease of non-traditional causes, is like macro cultures: rooted in the depths of the poor communities on the Pacific Coast of this region.

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FOR THE PAST 20 YEARS, the advance of CKD from non-traditional causes in El Salvador has been unstoppable. In one month – between January and December 2019, 5,133 patients with CKD were diagnosed according to a Ministry of Health’s Institutional Operational Plan assessment report. All those tested, were found to be in stage 5 – the most advanced stage. Stage five this is when people are one step away from depending on renal substitution therapy treatment. Their kidneys do not work, and the cleaning function is performed with hoses and machines.

Of the cases discovered last year, only 10% had access to substitute therapies, according to the report. This means that only 544 of more than 5000 cases, had access to renal substitution therapy treatment, like dialysis (treatment at home with hoses and rehydration solution) or hemodialysis (hospital treatment with a blood filter machine). These numbers don’t paint the entire picture:  numbers do not include the National Hospital Rosales –  the hospital chain with the highest capacity to diagnose and treat kidney patients.

The assumptions medical professionals and health officials made about the causes of CKD, suggest that it is multi-causal and includes among its factors issues that are not medical, but rather social. The 2015 National Non-Communicable Disease Survey says: “The disease (CKD) is caused by occupational exposure to agrochemicals used indiscriminately by unprotected people during agricultural activity and, also, by environmental exposure to substances present in the soil, water, air, and food.” The document continues: “Such exposures enhanced by an intense work activity, developed under high temperatures and inadequate hydration and associated with social determinants – mainly poverty.”

Photography by Maynor Lovo

On the table infront of Julio is a bottle of alcohol gel and he is wearing a mask. Santos, Julio’s mother, explains that 14 years ago when he presented the first symptoms, the first thing they thought was that he was going mad. Fevers made him insane, and his behavior was severely affected.

By then, 2006 (14 years ago), scientific and government discussion about CKD in farming communities, was just beginning. Farmers and their families became sick and died within a matter of weeks, at most, months. Dialysis and hemodialysis treatments, which replace kidney function, were barely known in the community then. Julio was afraid of treatment. “He was convinced that the treatment will kill him because at that time, four of our neighbors died, one after the other,” recalls Santos. For the past 12 years he has been on ambulatory peritoneal dialysis, which means that every four hours, he is confined to his sterile room, and, there, he connects himself to two “hoses”: liquid enters his body through the one and leaves through the other.

Julio has not only been there when his co-workers die. He has also seen his neighbors die of the same disease that affects him. When he was diagnosed, four of his friends died in quick succession.  Throughout his treatment, more friends died. There have been so many… “I don’t even remember.”

The mortality rate for Chronic Kidney Disease in El Salvador grew by 3.3 points in just one year. By 2019, it reached to 56.3 points. In this country, this disease leads to death of more people than cervical cancer or hypertension.

Julio, like his neighbors, has no other health conditions – only CKD. According to the Noncommunicable Diseases Survey, of the total cases of CKD detected in El Salvador, 30% of patients have no high blood pressure, diabetes mellitus, or albuminuria. 30 out of 100 people sick with CKD, contracted the disease because of where they live, the conditions under which they work, the weather, and the kind of work they do exposing them to chemicals.

Lack of quality. 25 % of the Salvadoran housing stock has a poor ceiling, walls or floors, according to a study that, in other institutions, Habitat for Humanity signs.

In Jiquilisco, cases of COVID-19 have already been reported. The highly contagious virus, is already circulating in this community. Due to the risk posed by COVID-19, CKD patients have been encouraged to stay at home and medical consultations suspended to avoid crowding at health centers and hospitals.

Doctors and medical officials are looking for ways to make sick patients stay home and receive their treatment there. Healthy family members are encouraged to collect supplies on behalf of patients. But even these measures, announced to “protect” the vulnerable, carries a death sentence confining patients to their homes: Homes that is radically inadequate to guarantee most people with CKD hygienic and save surroundings to receive medical care.  Most sick people in Jiquilisco can simply not afford this.

In El Salvador, 75% of housing is defective and of poor quality. Among the most presentable of homes, 3.5% do not even meet the minimum requirements established as acceptable for a home, according to the State of Housing in Central America report, supported by Habitat for Humanity, among other institutions.

Doctor Orantes began directing studies in 2009 in the Bajo Lempa, Jiquilisco is in this area. Orantes points out that this is not an “individual” phenomenon; it’s a “population phenomenon” and should be recognized as a pandemic because it is present in more than five countries amongst thousands of workers presenting similar characteristics.

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Santos, Julio’s mother, admits that she bought the land where they live although she was told that the previous owners left because it was not deemed healthy to live there. Santos’ property is one piece of land – of 24% of all land in this area – where families live in homes that is not safe. Taking building materials into account, 25% of all Salvadoran housing has weak ceilings, walls, and/or floors. The floor where Julio is standing, is made of hard-pressed dirt.

Covid-19 and CKD share one health recommendation: frequent and rigorous hand washing. As in many other diseases, personal hygiene is key to forming a barrier between the virus or disease and people. In the case of COVID-19, clean hands can prevent contagion. In CKD, clean, washed bodies, can prevent infections. A major obstacle in this area however, is that 27 out of 100 households have only sporadic access to clean water.

Doctor Calero indicates that he cares for between 600 to 800 patients just in Jiquilisco. His patients are at different stages of the disease. But the patients in stage 5 who are already depending on therapy – either dialysis at their homes or with hemodialysis at a hospital – are the cases most worrying. It is potentially lethal if one of these patients go undetected and untreated during this time. “They can’t be overlooked… There are fears of going to a hospital or health unit because of this quarantine thing. In the renal patient, this is serious; if we don’t control them, it can get complicated, it can get very uremic, or it can get to suffer from pulmonary edema.”

Recently, in one day, Dr Calero, had to visit eight patients in homes so far apart and so difficult to reach, it took him late into the night. Dr Calero uses his own resources to do this. He knows that state hospitals and systems are not designed to accommodate this level of care.

Problem. Macrocrops require a lot of care and resources. Agrochemicals raise production, but deteriorate the health of workers and residents of the area.

The Ministry of Health’s top officials, issued no exceptional guidance for patients with CKD or those suffering from any other chronic non-communicable disease, except, in general, to stay at home to reduce the possibility of contagion.

In an article he published in this newspaper a couple of weeks ago, Dr. Carlos Orantes, nephrologist and researcher, made the point about the risk of this vulnerable sector of the population: “Patients on dialysis are particularly vulnerable to this coronavirus, especially those who don’t receive a proper dose of dialysis,” he explained. The reason is “that it has an impact on a decreased immune state that increases the risk of presenting the most severe form of COVID-19.”

Julio knows he must stay home. But the circumstances in which he and his family must comply with this state directive of social isolation, escapes any social media cliché. There are no books here, no TV or online movie services, and no home delivery of groceries. Santos, Julio’s mother, stopped making tortillas, and now the one who owns the business is her daughter-in-law. They live from what they get selling tortillas. Going out to sell the tortillas, however, is itself risky business. When movement restrictions intensify, as has happened in other municipalities, there will no longer be customers. There will be no income. They will be left alone in their house of badly manufactured bricks and metal sheets, trying to survive two pandemics.


Glenda Girón, Bertha Fellow 2019-2020

Sobrevivir a la pandemia y al agresor

Ilustración
Ilustración de Moris Aldana

Elena aprovechó la única oportunidad que tuvo para salir de su casa y denunciar la violencia que sufría de parte de su pareja. En otras circunstancias, esto quizá tampoco hubiera sido fácil por las represalias que él podría haber tomado, pero esta vez se sumaba otro miedo: que los policías o militares la detuvieran por salir a la calle en medio de la cuarentena obligatoria y el estado de excepción.

Así que, el 30 de marzo, el día que miles de salvadoreños acudieron a las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios para saber si cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de los $300 del gobierno, Elena se contactó con su familia y pudo llegar a un juzgado para denunciar a su pareja por violencia intrafamiliar y solicitar medidas de protección.

El Salvador vivió del 14 de marzo al 13 de abril un estado de excepción ante la emergencia del covid-19. El Ejecutivo buscó prolongarlo sin encontrar consenso en la Asamblea Legislativa, porque uno de los puntos que lo diputados discutieron fueron los abusos atribuidos a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) en las calles.

La noche del 21 de marzo, el presidente Nayib Bukele decretó la cuarentena obligatoria para todo el país y luego la extendió por 15 días más. Esta cuarentena ordena que, a excepción de funcionarios públicos, periodistas y trabajadores de ciertos rubros, solo un miembro de la familia tiene permitido salir de casa para realizar compras. Pero no siempre es la misma persona la que puede hacerlo.

Elena –que no necesariamente se llama Elena- dijo en el juzgado que, con el encierro, estaba prácticamente privada de libertad y que la violencia que ya sufría por parte de su pareja había aumentado. Tras el trámite, logró irse con su familia y salir de aquel lugar que se le había vuelto más hostil.

Con la limitación para circular en las calles, a ORMUSA le tocó convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufrían violencia. A la PNC también le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la vía pública, sino que les acompañara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.

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LA NECESIDAD OBLIGÓ a Silvia Yesenia Menjívar a no quedarse en casa. El pasado 31 de marzo salió de la casa de un familiar, donde trabajaba cuidando niños, y regresaba a la suya.

Fue la última vez que la vieron con vida en Carasque, en Nueva Trinidad, Chalatenango, el cantón en el que ella vivía. Al día siguiente, su cadáver apareció en un predio de esta zona rural.

Menjívar tenía 25 años, y aunque nunca denunció el acoso sexual constante que sufría de Francisco Alberto, la titular de la Dirección Nacional de la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina de Ortega, dice que hay pruebas para acusarlo de su feminicidio agravado.

Alberto fue capturado tres días después del crimen y ya fue enviado a prisión preventiva.

En el periodo de emergencia por el covid-19, el caso de Menjívar es el único tipificado como feminicidio, pero han sido asesinadas otras tres mujeres. Los asesinatos se investigan bajo el protocolo de este delito, apunta De Ortega.

Ilustración de Moris Aldana

De acuerdo con los datos consolidados por la FGR, desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril, las sedes fiscales recibieron un total de 198 denuncias. Dos son por intentos de feminicidio y las restantes por cuatro de los 11 delitos regulados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV). El 88 % de los casos es por expresiones de violencia.

La FGR también reporta 75 denuncias por violencia intrafamiliar, un delito regulado en el Código Penal y que se convierte en un riesgo para la vida de las mujeres que tienen que estar obligadamente con su agresor, porque buscar un refugio como el que buscó Elena, en esta pandemia, no es posible para todas.

En situaciones de riesgo y desastres, la LEIV obliga al Ministerio de Gobernación, del que depende el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a tomar medidas de atención y prevención de violencia hacia las mujeres por su condición de vulnerabilidad.

El sistema tiene una comisión nacional encabezada por el ministro de Gobernación, en este caso, Mario Durán, y la componen directores de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC). Además de comisiones departamentales, municipales y comunitarias, para operar a nivel nacional, y que involucran a gobernadores, alcaldes y líderes comunitarios.

A casi un mes de la cuarentena, y a casi un año de un nuevo gobierno que se presentó como paritario, en El Salvador sigue sin existir un plan o una política pública para atender a las víctimas de violencia de género en la emergencia del covid-19. La ausencia de esta atención especializada y obligatoria para el Estado tampoco ha llevado a que la entidad rectora de la LEIV, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la demande, al menos públicamente.

Lo que sí ha hecho ISDEMU es lo mismo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil: una campaña en redes sociales para que las mujeres denuncien si sufren violencia, por medio de números telefónicos o por chat de Whatsapp. Y ofrece asesorarlas y darles acompañamiento psicológico o legal.

“El Ejecutivo, a través del ISDEMU, debe prever estas situaciones, debe crear mecanismos eficaces para que la mujer víctima de violencia denuncie. El 911 probablemente no le sea eficaz, porque la policía probablemente llegue o no llegue”, asegura una jueza Especializada de Instrucción de la Mujer que prefirió no identificarse.

La jueza insiste en que debe existir mayor comunicación entre las instituciones estatales e informar sobre las casas de acogida para las mujeres que sufren violencia, un programa coordinado y supervisado por el ISDEMU. No deja de lado que el Órgano Judicial también debe innovar para que, si un juzgado ya ha terminado su jornada laboral, pero una mujer necesita medidas de protección, estas puedan ser otorgadas de forma inmediata.

El decreto de emergencia nacional, que los diputados aprobaron el 14 de marzo y extendieron por 15 días más el pasado jueves, suspende algunas labores en las sedes judiciales, pero permite que los juzgados den a las mujeres medidas de protección por casos de violencia. Ellas pueden llegar a pedirlas a los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, ubicados en San Salvador, San Miguel y Santa Ana; y en los juzgados de paz de cualquier municipio.

El principal problema de los juzgados especializados es que están saturados de trabajo. Mientras que, aún en días normales, hay juzgados de paz se niegan a otorgarles las medidas de protección a las víctimas.

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro están relacionadas con delitos cibernéticos. La fiscal Marina de Ortega señala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgación de material ilegal y 7 por difusión de material pornográfico. Ambos delitos están contemplados en la LEIV.

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EL 8 DE ABRIL, EL ALCALDE DE SAN MARCOS, Fidel Fuentes, publicó una foto con María Antonia Sánchez, en su cuenta personal de Facebook. Sánchez sonreía al lado del alcalde.

Ella era una lideresa del cantón Casa de Piedra, de ese municipio, y la foto donde aparecía era para denunciar su asesinato, ocurrido cerca de su casa. A ella se le pudo llamar por su nombre, quienes la quisieron pudieron contar su historia con ella.

Pero, horas antes de la publicación del alcalde, apareció el cuerpo de otra mujer. Ella, a diferencia de María Antonia, no fue identificada por falta de documentos. El cadáver fue encontrado en el kilómetro 3 de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado. La víctima, dijo la PNC, tenía señales de estrangulamiento.

El 7 de abril fue encontrado el cadáver de otra mujer en un barranco, sobre la carretera a Talnique, en La Libertad. La víctima tampoco portaba documentos y no fue identificada.

El último informe sobre hechos de violencia contra las mujeres, con datos de enero a junio de 2019 y elaborado por el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contras las Mujeres, dice que durante ese periodo hubo 21 casos de violencia física y 17 casos de violencia sexual por día y sumaron 3,138 en el semestre. En un 49.1 % fueron cometidos en domicilios particulares y 67 % de las víctimas fue menor de edad.

“En emergencias suele elevarse la violencia, precisamente por este control que tienen los agresores sobre las víctimas. Porque a mayores periodos de convivencia, mayores prácticas de abuso. Esta es como un medición matemática que han dado los periodos vacacionales y los fines de semana”, sostiene la abogada Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

ORMUSA tiene un observatorio de violencia y un Centro de Atención Legal que ha activado en esta emergencia para recibir denuncias. Desde el 17 de marzo hasta el 13 de abril, recibió 149 denuncias por hechos como violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica, sexual y laboral. En un mes normal, señala Juárez, la organización reporta 30 denuncias, lo que significa que durante el encierro hay un incremento de más del 70 % en menos de un mes.

La organización ha monitoreado el trabajo de los juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer y los juzgados de paz. Los primeros, dice Juárez, han recibido denuncias, e incluso, la jueza del tribunal ubicado en San Salvador y que puede conocer casos de siete departamentos del país, ha activado un número para Whatsapp y notifica documentos por correo electrónico. Sin embargo, hay juzgados de paz que se han resistido a tomar denuncias.

Con la limitación para circular en las calles, a ORMUSA le tocó convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufrían violencia. A la PNC también le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la vía pública, sino que les acompañara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.

La FGR informó el 7 de abril que las denuncias por violencia de género habían bajado en la institución. Juárez enumera tres razones por la que esto pasa: por el miedo que tienen las mujeres a ser detenidas por la PNC si salen de sus casas; las mujeres piensan que aunque logren denunciar, la denuncia no va a ser relevante en medio de la emergencia; además de pensar que las instituciones donde pueden denunciar están cerradas.

Durante la cuarentena obligatoria, Argentina lanzó el 1 de abril una campaña contra la violencia de género. Se llama “Barbijo Rojo” y consiste en una línea de emergencia que las farmacias activan cuando una mujer llega y pide una mascarilla roja, lo que se traduce en una ayuda para interponer una denuncia.

Ilustración de mano con símbolo de la mujer
Ilustración de Moris Aldana

En El Salvador hay instituciones con servicios irregulares para atender las denuncias, como la Procuraduría General de la República y la FGR. No ha sido el caso de las sedes de la Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia (UNIMUJER), de la PNC, según Juárez. Lo que ha permitido que sea la PNC la que se desplace a la casa de la víctima para tomar una denuncia o para movilizarla a que la haga.

Juárez destaca la falta de un plan de seguridad para las mujeres que salen a las calles, cuando culturalmente ellas son las delegadas a salir por comida o trabajar. Y ahora, dice, se enfrentan a territorios solitarios en los que, a veces, tienen que caminar largos tramos, lo que las vuelve vulnerables. Como ocurrió con Silvia Yesenia Menjívar.

Por esto, la abogada cita el caso de Panamá, que también ha ordenado una cuarentena obligatoria, pero ha asignado días para que los hombres o las mujeres salgan a las calles. “Es una situación extrema, pero, la verdad, es que en situaciones extremas, aplican medidas de esta naturaleza, sabiendo las condiciones de vulnerabilidad que las mujeres tienen”, señala.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reportó, del 21 de marzo hasta el pasado lunes, 149 casos de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza cometidos por la PNC y la FAES.

Las falta de planes y protocolos de atención para las mujeres en la emergencia por el covid-19 y las denuncias por los hechos de violencia contra las mujeres han sido constantes en las redes sociales por parte del movimiento feminista y defensoras de derechos humanos. El 9 de abril, a las 6 de la noche, hubo una convocatoria para escribir mensajes en Twitter por medio de la etiqueta #ElFeminicidioNoEstáEnCuarentena.

El pasado 22 de marzo también la activista Morena Herrera preguntó, en Twitter, al presidente Bukele sobre los datos de homicidios y feminicidios, luego que él publicara un mapa mundial que mostraba la propagación del covid-19 e indicara que ya había iniciado la Tercera Guerra Mundial.

“¿No hay? “¿No se cuentan?”, cuestionó Herrera sobre los crímenes. Bukele retomó su tuit y dijo que marzo llevaba las cifras más bajas de homicidios en la historia del país. “Si no he tuiteado sobre eso, es porque enfrentamos una amenaza mucho más grande en estos momentos. Una amenaza que muchos no han logrado comprender”, le contestó.

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EN LAS PRIMERAS DOS SEMANAS de la cuarentena obligatoria, ORMUSA intentó referir dos casos de violencia al ISDEMU, pero no pudo, porque las llamadas a la línea de atención no salieron. La organización se enteró, no por el instituto, sino por otra persona, de que, para entonces, la línea había tenido fallas técnicas, recuerda Silvia Juárez.

Los servicios de ISDEMU son los que menos ocupa ORMUSA, cuenta, ya que el instituto se limita a asesorías. La organización se respalda más de las UNIMUJERES, ya que estas acompañan a las víctimas en trámites de denuncias y, si es posible, hasta al Instituto de Medicina Legal.

Juárez agrega que otra de las preocupaciones en esta cuarentena obligatoria son las menores víctimas de incesto que están viviendo en el mismo lugar con su agresor.

En ORMUSA envían boletines con información dosificada sobre el comportamiento de la violencia de género a las lideresas que están organizadas en los territorios y que saben qué mujeres están vulnerables a la violencia en estos lugares. Lo hacen a través de Whatsapp para que ellas repliquen con otras los mensajes, tomando en cuenta las implicaciones que traería para las mujeres que viven junto a un agresor si estos se enteran que ellas atienden llamadas o ven videos con esta información.

Mariana Moisa es antropóloga y trabaja en la Colectiva Feminista y en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dos organizaciones que han habilitado un teléfono para atender denuncias y brindarles a las víctimas atención psicológica y jurídica.

Hasta el 8 de abril, tras dos semanas de haber habilitado el teléfono, ya contaban 15 denuncias por hechos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica, cuando, por lo regular, en un solo mes, atienden un aproximado de 30 casos. Moisa señala que han recibido avisos de mujeres que dicen que en la FGR no están tomando denuncias, con la excusa de que están en una emergencia. “Lo que vemos es violencia estructural. Es más evidente en este momento y es más evidente frente a la nula política con enfoque de derechos humanos, quitale enfoque de género. De derechos humanos, lo más básico”, indica la antropóloga.

Revista Séptimo Sentido solicitó estadísticas sobre el número de denuncias recibidas en la emergencia por el covid-19 en el ISDEMU, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta de la encargada de Comunicaciones. Tampoco hubo respuesta del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, a la solicitud de entrevistar al ministro de Gobernación, Mario Durán; y a la presidenta de la Junta Directiva del ISDEMU, María Soledad Briones.

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UNA JOVEN ESCRIBIÓ DESESPERADA a la página de la Colectiva Amorales para denunciar la divulgación de fotos íntimas suyas en una página de internet. A ella le habían robado el teléfono y sabía quién había subido las fotos. La colectiva le dio asesoría jurídica, pero cuando la víctima llegó a uno de los juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, ahí le dijeron que solo estaban recibiendo denuncias por casos más graves, dice la abogada Lissania Zelaya.

“¿Cómo calificás un caso grave? La violencia contra las mujeres nunca ha sido un caso grave. Hasta que ya te ven muerta es un caso grave”, cuestiona la abogada.

Zelaya también se refiere al caso de una joven que se enteró, en esta emergencia, que su pareja, quien vive en su misma colonia y con quien tiene una hija, difundió fotos suyas en una página web, porque estaba enojado con ella. La víctima, expone Zelaya, quiso denunciarlo, pero al llamar a UNIMUJER y al ISDEMU, no obtuvo respuesta.

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro están relacionadas con delitos cibernéticos. La fiscal Marina de Ortega señala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgación de material ilegal y 7 por difusión de material pornográfico. Ambos delitos están contemplados en la LEIV.

“En pandemia pueden aumentarse estos casos por el confinamiento. Muy probable es que se capten fotografías y luego existan rupturas (entre las parejas)”, aclara la jueza que habló con esta revista, para quien la FGR necesita peritos idóneos para resolver los delitos cibernéticos contras las mujeres y así encontrar los nexos entre quienes conforman estas redes.

A las denuncias por delitos cibernéticos que la Colectiva Amorales ha recibido, el 13 de abril se sumó una por el allanamiento ilegal de morada que sufrió una joven por un grupo de siete policías y militares, la noche del 13 de abril.

Ese día el gobierno publicó el Decreto Ejecutivo 19, que avala que personal del Ministerio de Salud, no de seguridad, entre a las casas para que evalúen las medidas sanitarias por el covid-19. El decreto ya ha sido rechazado por algunos grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa y por la PDDH, pero el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, dijo que sustituye al régimen de excepción.

Zelaya señala que, en una sociedad diversa como la salvadoreña, hay condiciones de vulnerabilidad para las mujeres de todas las edades, pero que para atender necesidades específicas de toda una población existe un gabinete de gobierno que también puede estar en comunicación con el ISDEMU y así crear los mecanismos de atención. Sin embargo, es algo que por hoy no existe.

Todavía faltan dos semanas para que termine la cuarentena obligatoria. Con el encierro habrá más mujeres intentando sobrevivir a la pandemia y al agresor que tienen a su lado. Y no todas tendrán la oportunidad para denunciarlo como lo hizo Elena.

Volver a El Salvador aún no es una posibilidad

Ilustración de Moris Aldana

Ernesto viajó el 28 de febrero a San José, la capital de Costa Rica, porque de su trabajo lo mandaron a capacitar a personal de cocina para una cadena de bares. Él es jefe de cocina en un bar de San Salvador e iba por un mes y medio a enseñar nuevas recetas. Luego, le alargaron su estadía.

La empresa le daba viáticos y también le pagaba un hotel, pero con la declaratoria del COVID-19 como pandemia y su avance por Centroamérica, el local costarricense donde estaba Ernesto paró operaciones. Así que, de un día para otro, le dijeron que volviera a su país, pero El Salvador ya había prohibido el ingreso de vuelos comerciales por el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y la entrada terrestre en sus fronteras.

A pesar de que la empresa le buscó alojamiento en la casa de un compañero, Ernesto dejó de recibir viáticos y hoy ya no sabe cómo volver el 25 de abril, cuando tenía programado su vuelo. Su compañero está por mudarse y, al menos, le ha dicho que puede seguir alojándolo en la casa de su mamá.

Cuando supo que tenía que mantenerse por su cuenta en el extranjero, Ernesto, desesperado, gastó los $30 que le quedaban de viáticos para comprar provisiones -que no le alcanzaron para mucho por lo cara que es la vida en Costa Rica- y ya se acabó sus ahorros para sobrevivir. “Tenía un poco ahorrado, ya no tengo nada de eso. Ya me toca quizá prestar en El Salvador, tal vez mi esposa puede rebuscarse”, dice en una llamada.

Si no recibe ayuda de su empresa para comprar un boleto de regreso, tiene que buscar de dónde sacar el dinero. No pide volver en avión, está dispuesto a viajar 23 horas en bus con tal de estar de nuevo en el país. Acá no tiene garantizado su sueldo. Parte del equipo de la empresa que lo envió como capacitador, está sin trabajar por la emergencia y algunos compañeros le contaron que no recibieron su última quincena.

Sin pensarlo y en cuestión de horas, una pandemia hizo que Ernesto se quedara sin país. Ha pasado lo mismo con miles de salvadoreños que están varados por el mundo, después de que el 17 de marzo, el presidente Nayib Bukele anunciara el cierre, sin avisar con tiempo, el Aeropuerto Internacional para los vuelos comerciales. Seis días antes, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 una pandemia, ya había comenzado a restringir el paso por las fronteras.

Desde entonces, los salvadoreños que no pudieron volver han tenido que pedir alojamiento donde amigos o conocidos, gastar sus ahorros o prestar dinero. Los gastos de algunos de los que viajaron por trabajo están siendo asumidos por sus empresas o instituciones. Otros ya ni siquiera tienen trabajo y no pueden costearse alquileres.

Los hipertensos y diabéticos no tienen forma rápida de comprar medicinas en el extranjero y no pueden darse el lujo de dejar de tomarlas, como para esperar que les sean enviadas desde la Cancillería de la República. Hay padres pensando en sus hijos, hijos pensando en sus padres o abuelos que viven solos la emergencia en El Salvador.

Ninguno de los que salió imaginó que la ropa que traían para unos días, se convertiría en la ropa que repetirán por semanas. Que la cargarían sucia hasta encontrar un lugar donde lavarla o donde les prestaran mudadas, porque si no era el caso, había que comprar más. Se alejaron del clima tropical y se han enfrentado a cambios de estaciones climáticas, que también exigen cambios de ropa y medicamentos para las alergias.

Ilustración de Moris Aldana

A comienzos de marzo, nadie advertía una pandemia en los aeropuertos de América. Tampoco las aerolíneas advertían sobre los riesgos de viajar. Lo que sí se advertía era a mucha gente con mascarillas intentando estar lejos de otras mientras esperaban vuelos, y afiches del COVID-19 en los pasillos de los aeropuertos.

Para los salvadoreños que viajaron, el virus aún estaba lejano, pero se iba expandiendo. No pensaron que el contagio sería veloz en América y que al terminar un tour, un taller o la visita donde un familiar, deberían asumir las consecuencias de la pandemia en países ajenos, en los que no existen. En un países donde los hospitales ya están abarrotados por enfermos de COVID-19 o donde contagiarse implica mucho dinero para gente que está con lo justo o simplemente ya no tiene cómo sobrevivir.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el 27 de marzo que 3,450 salvadoreños habían solicitado ser repatriados. Este ministerio ha publicado en sus redes sociales un formulario en el que pide los datos de los varados y las principales necesidades que tienen, pero la información solo sirve para hacer un censo.

Hay embajadas que, a partir del formulario, comenzaron a contactar a los salvadoreños y los metieron a grupos de Whatsapp, como la de El Salvador en Argentina. A los 16 salvadoreños en el grupo nos han ofrecido alojamiento en su sede y, si es necesario, colaboración para medicinas o alimentos.

Argentina está en cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo y la ha prorrogado hasta el 13 de abril. Las calles de su capital, Buenos Aires, están vacías y la policía las patrulla a toda hora. Si no hay forma de justificar por qué uno anda en la calle, lo llevan detenido. Solo están abiertas las tiendas, las ventas de comida, farmacias y supermercados.

Los salvadoreños varados en este país, estamos en cuarentena, y al llegar allá estamos conscientes que tenemos que cumplir la cuarentena obligatoria en albergues y someternos a la prueba del COVID-19. Son casi dos meses los que estaremos lejos de nuestras casas, uno en retornar, si el aeropuerto abre cuando termine la emergencia. Otro en pasar en un albergue, si el gobierno no reduce los días de aislamiento.

La de Argentina no es la única embajada que se ha acercado a los varados. La semana pasada, la Embajada de El Salvador en México tuvo una reunión con el grupo de más de 70 salvadoreños que no pudo salir de ese país.

Los salvadoreños plantearon dos formas de volver: por medio de un vuelo humanitario desde México a El Salvador o hasta Guatemala. Si llegan a Guatemala, pidieron que sea el gobierno salvadoreño que los traslade por tierra y ellos se someterán a la cuarentena obligatoria.

“No tenés idea de la envidia de ver que otros países están reaccionando (con vuelos humanitarios). No tenés idea lo que nos duele que nuestros propios hermanos, cuando hay iniciativas, cuando la gente comienza a pedir que hay que repatriarnos, dicen que vamos a llevar la peste”, lamenta Francisco Torres, en una llamada, con la voz quebrada.

Él es uno de los cuatro salvadoreños que fueron delegados para reunirse con el embajador y exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien se comprometió en hacer llegar las peticiones a El Salvador. No hubo resultados, pero sí lograron recibir los kits de limpieza y comida que, hasta el pasado martes, no les eran ofrecidos.

Lo que más les preocupa a los varados en México es que los hoteles pequeños y baratos están cerrando por la pandemia y que, al igual que Nicaragua, el gobierno mexicano no ha tomado las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19 y los contagios pueden expandirse. El viernes había 1,500 contagiados.

Lo único que todos tenemos claro al cierre de esta edición es que no hay vuelos humanitarios desde El Salvador. El aeropuerto sigue cerrado para vuelos comerciales, lo que no ha impedido que países como España y Estados Unidos ya mandaran a repatriar a sus ciudadanos.

Entre los decretos que la Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria del paso miércoles estaba uno transitorio para permitir el regreso de los salvadoreños por vía terrestre, aérea o marítima, de acuerdo con la capacidad en los albergues y protocolos de atención y protección elaborados por el Ministerio de Salud.

El decreto establece que El Salvador facilitará el retorno de los varados, sin importar su condición migratoria, pero los diputados señalaron que son ellos quienes deben pagarse el regreso.

Bukele ya dijo el jueves que los decretos aprobados en la plenaria no tienen su sanción. “ACLARACIÓN: NINGUNA de las reformas o decretos aprobados ayer por la @AsambleaSV cuentan con mi sanción y por lo tanto NO TIENEN VIGENCIA. Cualquiera que, basado en información tendenciosa, intente violar la ley ‘amparándose´ en un decreto no vigente, será sancionado”, publicó en Twitter.

El viernes, la canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco, canceló una reunión ya acordada con los diputados para discutir el tema. Sin embargo, desde su cuenta de Twitter se limitó a mencionar al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y decirle que no tenía sentido reunirse, porque la Asamblea Legislativa había aprobado el decreto sobre los varados sin la opinión técnica de Cancillería y que esta seguirá coordinando con el Centro de Operaciones para la Asistencia Consultar Remota -el centro en el que les atienden- . Ahí, dijo Tinoco, los diputados “pueden llegar”.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anliker, dijo esta semana que el Aeropuerto Internacional recibirá vuelos comerciales con pasajeros hasta el 19 de abril, fecha en ya estaría levantada la cuarentena obligatoria. Sin embargo, Anliker dijo que deberá esperarse la evolución del COVID-19 y qué decisiones tome el gobierno.

Ante la falta de respuesta, los varados comenzaron a buscar soluciones para volver, a través del grupo de Whatsapp que se llama “Salvadoreños en el exilio” y que suma más de 230 miembros. En el grupo se difundió la iniciativa de presentar un amparo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para poder retornar, y mientras hay un fallo, ya coordinan gestiones de retorno.

La madrugada del jueves, el abogado José Ascencio Marinero presentó el amparo en nombre de casi 200 varados. Pidió que el gobierno gestione vuelos o formas alternas de retorno, por medio de sus consulados. Aunque solicitó vuelos humanitarios, aclaró que los salvadoreños están dispuestos a pagar su vuelo.

Expuso también que los varados se someterán a la cuarentena obligatoria y, de ser necesario y si el gobierno lo autoriza, pueden comprar las pruebas del COVID-19. Una opción para hacerlo es en un laboratorio de Miami, Estados Unidos, donde la prueba Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), cuesta aproximadamente $35.

“No tenés idea de la envidia de ver que otros países están reaccionando (con vuelos humanitarios). No tenés idea lo que nos duele que nuestros propios hermanos, cuando hay iniciativas, cuando la gente comienza a pedir que hay que repatriarnos, dicen que vamos a llevar la peste”, lamenta Francisco Torres, en una llamada, con la voz quebrada.

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Romeo Esquivel está a cinco horas de El Salvador, esperando a que abran las fronteras para regresar desde Guatemala. Pero espera que, al volver, los 30 días de cuarentena obligatorias impuestos por el gobierno en los albergues, se reduzcan.

Hace años, Romeo tuvo un accidente y perdió el bazo, un órgano que tiene entre sus funciones combatir infecciones en el cuerpo. Él sabe que el COVID-19 no es una bacteria, pero sí provoca neumonía, y a esto le tiene miedo. “No puedo correr el riesgo de pasar 30 días esperando a infectarme”, dice en una videollamada, en la que explica a detalle lo que una infección pulmonar podría provocarle, ya conoce de casos que se han agravado y que las personas han muerto por infecciones. Tener una salud vulnerable lo ha llevado a investigar sobre la pandemia y cómo otros países la están tratando.

Romero alquila un pequeño apartamento en Guatemala. No sabe hasta cuándo podrá costeárselo, porque es el único que trabaja en su familia y el dinero significa un sacrificio que todos en su casa hacen por su salud. Donde se aloja nada más sale, con mascarilla y guantes, a proveerse de comida.

El 10 de marzo, un día antes de que El Salvador obligara a quienes volvieran del extranjero a ir a albergues a cumplir la cuarentena, Romeo viajó por trabajo y ya no pudo volver. Un grupo de amigos lo hizo, pero fue llevado al albergue de Jiquilisco, en Usulután, uno de los primeros habilitado por el gobierno, desde donde se hicieron varios reportes sobre condiciones de insalubridad y hacinamiento.

Una persona contagiada de COVID-19 puede pasar hasta 14 días sin presentar síntomas, de acuerdo con OMS. Así es como Romeo cuestiona por qué la gente que ya dio negativa en la prueba sigue en los albergues y no es enviada a su casa.

Cuba es un país que acumula más de 3,000 pruebas de COVID-19, pero Bukele aceptó públicamente en una conferencia de prensa que el gobierno salvadoreño solo tiene capacidad de hacer 100 pruebas diarias y, hasta la fecha, hay casi 4,000 personas en cuarentena, en los albergues habilitados. En el sitio que el gobierno ha creado para publicar información sobre el COVID-19, las autoridades sanitarias tampoco indican cuál es la cantidad actual de pruebas que realizan por día.

“Es importante tomar pruebas”, insiste Romeo. Lo hace con la esperanza de que alguien entienda su problema de salud.

 

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MANUEL CARRAZA ES EL PRESIDENTE de la revista Derecho y Negocios. Está varado en Ecuador, pero desde allá fue el enlace para coordinar con abogados salvadoreños la propuesta del amparo en la Sala de lo Constitucional.

Ecuador es el país que encabeza el número de muertos por coronavirus en Latinoamérica. Hasta el pasado jueves habían fallecido 93 personas por la pandemia y otras 2,798 estaban contagiadas. Uno de los lugares más afectados es Guayaquil, la capital de la provincia de Guayas, de la que en los últimos días comenzaron a hacerse virales imágenes de cadáveres abandonados en las calles. No se sabe cuántas de estas personas fueron víctimas del coronavirus.

Manuel explica a la revista Séptimo Sentido que están coordinando bases de datos para que los salvadoreños varados informen cuáles son las tres opciones de aeropuertos cercanos que tienen y quiénes tienen dinero para pagarse el vuelo de regreso. De no tenerlo, el gobierno es el que debe tomar una decisión por ellos, dice, aunque hay una agencia de viajes que podría aceptar vuelos con millas, vuelos que sean pagados con 12 cuotas a tasa cero o posiblemente pueda financiar vuelos.

Entre el grupo que gestiona el regreso, según Manuel, hay personas que tienen la posibilidad de hacer gestiones con aerolíneas y por esto urge saber la cantidad de varados y dónde están. Así se determinan los tipos de aviones que pueden utilizarse para el traslado.

La necesidad de volver que tienen los varados también llevó al partido Nuestro Tiempo a proponer un plan que ya presentaron a la canciller Tinoco y que implica que exista una reducción en salarios de funcionarios que ganan arriba de $3,000.

El plan consiste en que el Ministerio de Relaciones Exteriores identifique a los más de 3,000 salvadoreños varados y clasifique su riesgo de acuerdo con una escala determinada por el país de procedencia, para así garantizar una repatriación y las pruebas del COVID-19.

Además, el partido propone que a los salvadoreños que regresen se les asignen albergues especiales, según su las condiciones de riesgos que establezcan los epidemiólogos. Y que, después de 14 días, los que den negativo en las pruebas puedan realizar una cuarentena domiciliar.

Esto último no solo lo pide Romeo, lo piden cientos de varados: condiciones salubres al volver.

A ella le han llegado testimonios de todo tipo: una enfermera que quedó varada en Estados Unidos, que padece de alergias, no encuentra medicamentos y fue despedida de su trabajo; una actriz que viajó por dos semanas a España para capacitarse y quedó varada; una joven que ahorró para pagarse un viaje a Panamá y ya no pudo volver.

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CLAUDIA NO DEJA DE PENSAR EN SU ABUELA, de 98 años, a la que cuida en El Salvador. Vulnerable por su edad, la abuela ha quedado sola con Jagger, el perro de la casa. Hay vecinos que están pendientes de ella, pero Claudia sabe muy bien que no es lo mismo a que, en medio de una pandemia, su nieta esté ahí para todo lo que necesite.

Fernando y Claudia ahorraron para ir de vacaciones con su hija de un año a Houston. Estarían una semana, pero un accidente de tránsito alargó su estadía y la emergencia por el COVID-19 los dejó afuera de El Salvador sin ningún plan para volver y sin el dinero necesario para seguir sobreviviendo. Ya casi acaban sus ahorros, han tenido que prestar ropa y se han quedado sin trabajo.

El 12 de febrero, un día después de que llegaran a Estados Unidos, un pick up impactó el sedán del motorista de Uber en el que viajaban. Fueron llevados de emergencia a un centro asistencial, porque Fernando tuvo lesiones musculares y su hija pasó en shock nervioso durante tres días. No comía y pasaba llorando por las noches.

Para entonces, alquilaban un hotel, pero solo pudieron seguir haciéndolo una semana, mientras Fernando asistía a las terapias que Uber le pagó. Contactaron al consulado de El Salvador en Houston y este les gestionó la estadía en la casa de una familia salvadoreña, una familia que les ayudó mucho y no les cobró ningún tiempo de comida. Pero, por después, decidieron alojarse en casa de una tía política de Claudia, donde todavía están.

Lesionado y sin computadora, Fernando ya no pudo seguir asesorando a clientes con los que trabajaba y perdió su empleo. Claudia tampoco pudo volver al país para continuar con las consultorías de ingeniería que tenía a su cargo, ni continuar buscando trabajo. Ahora ya no solo les preocupa volver, sino saber si, con la crisis económica que deje el COVID-19, van a encontrar empleo.

El día en que el gobierno cerró el Aeropuerto Internacional, Fernando salió con Claudia a hacerse una resonancia magnética en la que le diagnosticaron inflamación en una vértebra y en el cuello. Con este resultado, Fernando ya podía regresar a El Salvador, porque le dijeron que las terapias podía continuarlas acá.

Ilustración de Moris Aldana

Llegaron a la casa de la tía de Claudia y cuando quisieron comprar boletos para volver, la aerolínea les dijo que Bukele había ordenado el cierre del Aeropuerto Internacional ese día. “Lloramos con mi esposa. Lo primero que dijimos fue ‘nos vamos a gastar el dinero de los boletos. ¿De qué vamos a comer?’”, cuenta en una videollamada. Y se preguntaron por qué antes de cerrar el aeropuerto, el gobierno no avisó.

Fernando es amante de los perros. En 2016, introdujo a El Salvador el canicross, que consiste en correr junto a un perro que está, con un arnés, atado a la cintura del humano. Extraña a Jagger, que, en los primeros días de su ausencia, dejó de comer de depresión. “Es como mi hijo”, dice.

La familia está dispuesta a volver, pero les preocupa que, con una bebé de un año, no tengan las condiciones mínimas de salud para estar en un albergue. Lo más importante para ellos es contar con agua, comida y que haya forma de esterilizar pachas.

Eneyda Ramos pide el mismo trato desde República Dominicana, donde quedó varada. La emergencia por el COVID-19 y la obligación de ir a un centro de cuarentena al volver del extranjero le agarró desprevenida a ella y también a una compañera de trabajo.

El 5 de marzo viajaron al municipio El Cercado, al sur de República Dominicana. Fueron delegadas a conocer sobre las iniciativas de un proyecto comunitario y pretendían volver el 14 de marzo, pero en su organización les aconsejaron que se quedaran esperando afuera, por las condiciones de hacinamiento e insalubridad en los albergues.

Lograron cambiar el vuelo para el 2 de abril, a la espera de que terminara la emergencia por el coronavirus, pero tampoco pudieron volver, porque el aeropuerto cerró. La organización les dio viáticos para el viaje, pero al verse imposibilitadas de regresar, tuvieron que pedir más dinero.

En República Dominicana han tenido la suerte de haber sido acogidas en una casa, por gente que trabaja en la organización que fueron a visitar. Están en la capital y no pagan su estadía. A veces les regalaran comida, pero, para evitar que la familia gaste en ellas, prefieren comprar sus provisiones y cocinar. Les han prestado ropa y ellas tienen que lavar seguido las pocas mudadas que llevaron.

Eneyda cree que el dinero con el que cuentan les alcanza hasta mediados de abril, cuando volverán a recurrir a la organización. Pero no saben si, con la pandemia, la organización tendrá las condiciones económicas para seguirles ayudando. Entonces, van a tomar dinero de su salario o a pedir apoyo a sus familias.

La Embajada de El Salvador en República Dominicana les ha dicho a ellas, y a los 20 salvadoreños que están en un grupo de Whatsapp, lo que ya han dicho otras: que pueden apoyarles con medicamentos y hospedaje, pero que los vuelos humanitarios no están disponibles.

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CADA DÍA SE SUMAN MÁS al grupo de “Salvadoreños en el exilio” y los varados están creando otros grupos, según el país donde estén. En el grupo se insiste en hacer presión al gobierno salvadoreño en redes sociales para el retorno.

En Twitter, se ha creado la etiqueta #VaradoSV y algunos varados han modificado sus nombres de usuarios en esta red social, para identificarse como lo que son por hoy: varados. Gente que está sin país en medio de una pandemia.

Luciana Villavicencio, una emprendedora salvadoreña que está en Estados Unidos, insiste en visibilizar las historias de la gente que salió del país y ya no puede regresar. Ella se ha encargado de publicar videos en sus redes sociales, en los que cuenta los testimonios de algunos salvadoreños. Es la madre de una niña de 9 años y la encargada del tratamiento de insuficiencia renal de su madre en El Salvador.

A ella le han llegado testimonios de todo tipo: una enfermera que quedó varada en Estados Unidos, que padece de alergias, no encuentra medicamentos y fue despedida de su trabajo; una actriz que viajó por dos semanas a España para capacitarse y quedó varada; una joven que ahorró para pagarse un viaje a Panamá y ya no pudo volver.

Luciana dice que no están varados por ser ricos. Hay casos de salvadoreños que, como ella, salieron por trabajo.

A los varados les queda esperar que el gobierno decida abrir el aeropuerto. Ya descartan los viajes humanitarios y hay quienes están dispuestos a pagar el regreso. Pero el dinero para sobrevivir en el extranjero se acaba y en unos países el COVID-19 avanza más rápido que en otros. Las aerolíneas y los aeropuertos siguen cerrados, y lo que menos quieren es seguir a la deriva. Necesitan su país.

Living and dying between crops: Chronic Kidney Disease in Chichigalpa

imagen de casa de agricultores
Photography by Glenda Girón

A company, producing sugar and its derivatives, provided housing and basic services to entire colonies of people. They were tenants, thousands of tenant farmers who lived with the smoke from the burning of sugar cane fields, as well as with the spray of agrochemicals thrown by the planes. That’s how it was just over 20 years ago, when braceros, paileros, fumigators and their families lived inside San Antonio sugar mill, toward the Pacific coast of Nicaragua. There were farmer’s markets on weekends, there were days of house cleaning and medical ones. Also, people celebrated birthdays and weddings. People had a home, a job and a family. They were a community, the community that lived and kept alive the San Antonio sugar mill of The Nicaragua Sugar State in Chichigalpa, Chinandega.

Chichigalpa, this hot municipality of narrow streets, was completely changed by three events. The first one was the eruption of the Casitas volcano in October 1998, which left hundreds dead and displaced. In November of that same year, Hurricane Mitch flooded and carried what little was left standing in the mud. The third was of a population’s nature, a movement unprecedented until then: The San Antonio sugar mill removed all the tenants from the sugar mill’s lands. They were thousands. It was 1999.

“Let’s put it this way: Chichigalpa originally had 174 acres. The amount of land that the mill bought for the tenants was, at first, 104 acres. But they got to buy 174. So Chichigalpa practically doubled when they founded La Candelaria”, says Víctor Sevilla, who was mayor of this municipality for three periods. Those extra lots that the mill bought, explains the former mayor, were divided. For each one, two families were placed. “The latrines were so close together that when it rained, overflowed,” says the mayor who puts his hands together to illustrate the distances and extends them as far as he can to illustrate the overflows.

The impact was not only of demographic density. People in those new settlements started to get sick. The common diagnosis: Chronic Kidney Disease. People recently moved from the San Antonio sugar mill to La Candelaria, and other scattered in smaller settlements, began to see their kidney function deteriorate rapidly. From that beginning of the 2000s, people remember that they came from burying one when they had to take another person to the cemetery.

The former mayor does not want photos taken, nor does he get out of his car for this interview somewhere in the middle on the road, outside the city. But he says one thing for sure: “People were taken out of the mill because they were going to start dying and that’s how it was.”

“Our houses, our regions, our cities such as Chichigalpa, El Viejo, Pozoltega, Quezalhuate, and León itself, all are in the middle of the sugar cane fields. The natural environment of these populations is sugar cane,” explains the former mayor Sevilla.

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NICARAGUA IS A COUNTRY THAT WAS SPLIT IN 2018.
Protests against government decisions about social security filled the streets. There was violence and repression. From this event, fear and political polarization are taken to the extreme. Since Daniel Ortega regained presidential power in 2007, the government has obscured his entire management. And, after the recent day of protests, government activity became more secret. In this context, government institutions are not used to providing data. It happens with the statistics of violence and with those of hospitals. The data, if there is any, is not public information.

A study dated 2003 includes, to illustrate the number of diagnoses, a map in which each point is a dead person. The points are concentrated in the departments of León, Chinandega, and Managua, on the side that this country faces the Pacific Ocean. The same strip in which the cases of Guatemala, El Salvador, Honduras, and Costa Rica are also concentrated. This study was carried out by the Nicaraguan Ministry of Health and is one of the few official documents that are available in this regard. At the time, the alert was noticed because in 1990 were only 200 deaths, and it jumps to 500 in the 2000s. “Between 2004-2006 there were more and more cases, but we do not know how many,” explains a medical source who prefers anonymity.

The first ones affected by Chronic Kidney Disease (CKD) in Nicaragua were men: agricultural workers, with little access to drinking water. A profile already described in several of the scientific studies carried out that seek to define why, in this region, CKD is not only a consequence of diseases such as diabetes or hypertension (which is the traditional behavior of the disease), but also affects younger and, apparently, healthier people. But above all, why, if CKD is not a communicable disease, it has a specific niche in farming communities.

No distance. Pedro is standing on the sidewalk that divides his house from the crops. In Chichigalpa, it is impossible to segregate residential areas.

Juan de Dios Guzmán, this morning of February 2020, does not have enough fingers or memory to make a list of how many people from La Candelaria he has seen die from this disease. He prefers to summarize: “Here, we all have creatinine”, this is how Chronic Kidney Disease is known. He is with other neighbors in the patio of his house, a surface of the land and some stones where, with plastics and crooked sticks, he has made a kind of very precarious terrace. Juan is shirtless, the heat, the wind and the dust almost do not let speak. Hemodialysis marks are visible on his arms. They are bulging veins like balls.

Juan was a pailero -a person who cuts the sugar cane with the machete from the field-. Juan has been ill since 2002. Juan says he got sick from working at the sugar mill and living in this area. Juan has children. Juan’s children are paileros. Two of Juan’s children have Chronic Kidney Disease. “We don’t have anywhere else to go. If it isn’t there, there’s no work,” he says as he shrugs. This cycle is the same in most of the houses of La Candelaria. It’s not that the women in the house aren’t sick; they just don’t know, because they’ve never been tested. They don’t have health insurance.

Community. La Candelaria is the neighborhood created for people who were moved from the grounds of Ingenio San Antonio. Here, Juan de Dios takes the bus that takes him to receive treatment for Chronic Kidney Disease in León.

“It’s a tragedy,” is how one of the doctors quoted by Boston University researchers in an independent report published in 2011 describes it. Another of the doctors estimates that the number of cases increases by 10-15% each year; and, pharmacist suggests that the cases increase exponentially: “About five years ago they began to fall like flies, almost every day a dead person appears or extremely sick with this disease.” This document collects the impressions of doctors and pharmacists who are in the front line of battle in diagnosis and treatment.

In 2019, a group of 17 scientists from different countries published another study in which they analyzed, for a year, the cases of 34 patients from El Salvador, Sri Lanka, India, and France. Professionals found in common “lysosomal lesions of proximal tubule cells associated with various degrees of epithelial atrophy and detachment of cell fragments present in 81.3% of kidney biopsy samples from patients.”

Carlos Orantes, Salvadoran nephrologist and one of the 17 researchers in this study says: “The person who suffers from this particular type of CKD has three characteristics as an element of development: poverty, environmental pollution, and unhealthy working conditions.” This document relates the exposure to agrochemicals with a propensity for kidney deterioration. “Geographical or residential provenance is very important in this; where you live, what you do, where you grew up, how you developed are the social determinants of this disease”, he adds from the headquarters of the Ministry of Health in San Salvador, capital of El Salvador.

Productivity area. The municipality of Chichigalpa, in Chinandega, on the Pacific coast of Nicaragua, is an area of ​​high agricultural production.

The study published in scientific journals delves further into the profile of the patients: “They are young men, mainly agricultural workers, with common socioeconomic and occupational determinants that include a warm tropical climate, poverty, and exposure to potentially toxic substances, mainly agrochemicals to through ingestion of contaminated food, through drinking water from shallow contaminated wells, inhalation, and direct skin contact. It has been found among less exposed people, including non-farm workers, women, and children living in the same environment. ”

Chronic kidney disease of non-traditional causes is sown in farming communities, and regardless of whether the causes are not yet determined, the geographic component is undeniable.

Juan has been ill since 2002. Juan says he got sick from working at the sugar mill and living in this area. Juan has children. Juan’s children are paileros. Two of Juan’s children have Chronic Kidney Disease. “We don’t have anywhere else to go. If it isn’t there, there’s no work,” he says as he shrugs. This cycle is the same in most of the houses of La Candelaria.

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La Candelaria is a cloud of light brown powder. In the middle, where the precarious houses stand, it’s impossible for them to be clean. The fine earth sneaks all over the place. And the intense heat forces you to go out, to take your shirt off, and to create shadows with plastics to be able to stay.

That’s how Juan de Dios is when he receives a visit from Jorge Romero. CKD, like dust, sneaks in the middle of every conversation.

—”They were taken out by commitment, to avoid problems, but they knew that all these people came stuck with creatinine,” says Romero, who is 65 years old, worked 14 harvests in the sugar mill, also lives here nearby and also has kidney damage. But he doesn’t need replacement therapy yet, the one in which a machine does the job that the kidneys lose.

—“Nobody has ever given us an answer to this creatinine thing. We have been waiting 20 years”-, points out Juan de Dios.

Between neighbors. Pedro is one of the people who lives in La Isla and who shares space with macrocrops, in this case, sugar cane.

La Candelaria is the starting point for buses full of people who leave for the hospital of León every day. People take turns, because everyone must, at least twice a week, undergo the only treatment that worked among the people of Nicaragua: Hemodialysis. The other alternative, peritoneal dialysis was not massive, since it is domiciliary and requires basic housing and hygiene conditions that are not met in this settlement.

In La Candelaria there is electricity, but there are no sewers. As the former mayor Sevilla described it, the latrines are glued together. And so, too, are the people who live with CKD.

Juan de Dios is one of those patients who fill the buses, which are a service provided by the Chichigalpa city hall. There are so many that Juan belongs to the third group and, even later, there is one more. Every day, four buses with between 60 and 80 people leave La Candelaria for León, the white and tourist city, but they don’t do sightseen, they go straight to the hospital. It’s not just them. Here, in Chichigalpa, some people receive the treatment in Chinandega or Managua. They are various armies of people with withered kidneys. “And those are the sick, but alive. Of the old paileros there is almost no one left,” says Jorge, looking at the ground. Juan de Dios nods.

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Nicaragua has always been agricultural. When it wasn’t sugar cane, it was cotton. These coastal lands have always been sown, always harvested, always occupied.  The sugar industry already celebrated its 100th anniversary. People work here and to live here, they have been fighting space for crops.

“Our houses, our regions, our cities such as Chichigalpa, El Viejo, Pozoltega, Quezalhuate, and León itself, all are in the middle of the sugar cane fields. The natural environment of these populations is sugar cane,” explains the former mayor Sevilla.

In places like these, especially in Chichigalpa, separating residential from industrial areas is practically impossible. “The houses are in the middle of the sugar cane,” says Sevilla. He doesn’t exaggerate.

La Candelaria is the settlement from which the sickest comes out to receive treatment. There’s another town where the dead came from. It received media attention for it. It is called La Isla, but in the newspapers of several parts of the world, for about five years, it has been known as La Isla de las Viudas (The Island of the Widows). This is very common in the countries of this region, attention comes with death, not with sustained social injustices, such as safe access to housing.

Pedro Amador is wearing a dirty bandage covering his catheter. You can see it through his shirt when he extends his arms, as he is doing now trying to list his neighbors from La Isla who have died: “I don’t think I can finish that list today. Just here, on the other side, three went almost at the same time.” With other of his relatives present in this house, he puts together a list in less than two minutes: “Tino Calderón, Pedro Calderón, Felipe Calderón, they were brothers; Julio Altamirano, the other Julio, Salomón, Chepe Luis, Tomás Calderón, Aurelio, Virgil … “. Those only in recent years.

The Island is a community added to a sugar cane field. Pedro’s house is in front of a huge area of ​​newly planted sugar cane. They are barely divided by a dirt path. The cane has its routines. It is sown, it is fertilized, and agrochemical is applied to it that is used to mature it. There are no walls here or any type of border. The fertilizer reaches the mango and avocado trees of Pedro’s house and, when that happens, the fruit rots. Then comes the burning, necessary to overcome the resistant texture of the reed, and then to be able to cut it. At this stage, Pedro, his family, the neighborhood, the municipality, the entire coast, breathe smoke.

Pedro Amador stopped working at the San Antonio sugar mill in 2001 when kidney damage was diagnosed in the same company. Since May 23, 2019, his chart became complicated and he became part of the dozens of men who, on La Isla, live with a catheter in their neck that serves to connect them to a machine that fulfills the function that their kidneys can no longer do.

Today, when he saw two women arrive, Pedro was happy. He thought we were representatives of the association to which he applied for a loan to buy the metallic sheets and fix his house. But no, we are only two journalists to whom he tells what it’s like to live and die among crops.

Access to water. Pedro’s wife collects water from the well. The families of La Isla are supplied by this way. They have no access to controls over the quality of the liquid they use.

Pedro wants to show us the part of the roof of his house that is damaged. He makes numbers, he needs 22 metallic sheets to replace everything and to have one sheet left to leave an overhang. The sheets that for the moment are supported on four walls and protect the sleep of him, his wife, son, daughter, and grandson are corroded, broken. They don’t work. But, if he could remove them, Pedro would not throw them away. He plans to use them to cover the kitchen, which is outside. Because, inside, there is hardly any room for beds, a refrigerator, a table, a screen and a couple of furniture to put their clothes.

Pedro also needs some cement bricks. He does numbers again, adds, multiplies and, in the end, divides the sum he would borrow among all the months in which he could pay it. It doesn’t fit. When he talks about remodeling his house, his face covers him with illusion and frustration. “I am not telling you how much each sheet is worth, because I haven’t asked. I am afraid to, I have no courage to go,” he says today when he is wearing a white shirt with a red heart.

Although he wants to believe that he can borrow the 20,000 córdobas that he needs so that in the next rain nothing gets flooded, or so that the fertilizer from the sugar cane doesn´t impregnate all, he admits that he lives on a pension of 4,600 córdobas. He estimates he could pay a fee of 1,600 a month, and that would mean tightening his belt. People with kidney disease live longer because of the treatment. But not all other basic needs, such as the roof, are met.

Pedro wants to show us the part of the roof of his house that is damaged. He makes numbers, he needs 22 metallic sheets to replace everything and to have one sheet left to leave an overhang. The sheets that for the moment are supported on four walls and protect the sleep of him, his wife, son, daughter, and grandson are corroded, broken. They don’t work.

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At La Isla, while Pedro has been talking, his wife is preparing a pot of soup. She is going to sell it. She has already cut the vegetables and has brought the meat to a boil. But what she has done most is draw water from the well. This is the form of supply that is here in most houses. This is a barely covered well and it is not tested to find harmful chemicals in humans. There was once an attempt to introduce piped drinking water service, but the institution leading the project was not even able to offer a service without long interruptions. People, like Pedro, preferred to continue with their well.

In La Candelaria, when Juan de Dios and Jorge talk, Juan’s wife does the laundry. Here there is a water service by pipeline. But they are not systematically checked either. And, if they are, the results of those controls are not made public. People do not know what kind of water they use to wash, cook, or drink.

The face of this disease is farmer men. But it is a face made based on incomplete data. A nephrologist who has been working closely with them for decades explains: “More male patients come because there are more men among insured. This statistic gives a fictional value, not a real one.”

Universal treatment. The Nicaraguan health system has strengthened the treatment network for Chronic Kidney Disease.

With the outbreak of the Chronic Kidney Disease crisis in the early 2000s, changes in social security were also promoted. “At that time people died in their houses; it was horrible to see them with dry mouths, among high fevers, they said that they burned and that they had sand in their throats. They died in front of their loved ones,” recalls the former mayor Sevilla.

Then, the law required 750 weeks of work to be entitled to a reduced old-age pension. The law was amended in 2013 and then in 2015. Now it requires 250 weeks to be able to have a pension of 1,910 córdobas for people who do not reach the age of 60 that requires retirement. With this, health insurance coverage was extended and more workers were able to extend their lives thanks to the treatments. But the new cases didn’t stop.

The San Antonio sugar mill maintains strict security measures, according to those who have worked there. Among them, are pre-diagnoses, the prohibition of working in the company if you have kidney damage, scheduled breaks, and the indication to only drink water that is inside the facilities, employees cannot bring any liquid from outside. The representatives of the San Antonio sugar mill were asked for an interview, but we were not able to get a response and schedule it.

Between Pedro and Juan there is a common characteristic. They speak in the short term. Every time they figure out the future of wife and children, they do so from their absence. Juan only wants his already sick children to receive better health care than him. And Pedro wants to hurry to inherit a house with the roof in better conditions, at least without holes. It is what it is.

Glenda Girón, Bertha Fellow 2019-2020