Ipsfa favoreció a titulares de Defensa con terrenos por debajo del precio
En Nuevo Cuscatlán, el ministro René Merino Monroy y el viceministro Ennio Rivera Aguilar ya poseen propiedades vecinas. A solicitud de los funcionarios, el Ipsfa autorizó que ellos puedan pagar por terrenos de más de 500 varas cuadradas a precios de 2011. En el acuerdo, el ipsfa perdió más de $22 mil.
El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, y su viceministro Ennio Rivera Aguilar compraron cada uno un terreno $20 más barato que la tarifa por vara cuadrada que el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) estableció para oficiales y suboficiales interesados en adquirir propiedades en la residencial Kuaukali, un proyecto ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Por los descuentos aplicados a ambos funcionarios, el Ipsfa dejó de percibir $22,419.20.
El 14 de abril de 2021, Merino Monroy y Rivera Aguilar enviaron una correspondencia exprés que se discutió como último punto de agenda en el consejo directivo del Ipsfa, según lo consigna el acta de sesión de esa fecha a la que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA. En el documento consta la lectura de dos peticiones. En la primera, Merino Monroy solicitó desistir del lote número 5 del polígono I, que mide 532.9 varas cuadradas y que él había reservado en 2011.
A cambio del terreno que soltó, Merino Monroy pidió poder comprar el lote número 1 del polígono G, un terreno más grande, de 588.06 varas cuadradas, y más cercano a la entrada de la residencial y a su área social.
En 2011, cuando fungía como director del Centro de Educación e Instrucción Naval, el funcionario pagó $1,000 para reservar la compra del primero de los terrenos, accediendo a un precio preferencial de $135 por vara cuadrada estipulado en una resolución del Ipsfa emitida ese año. Ese acuerdo, vigente a la fecha, quedaba en firme siempre y cuando los oficiales de las FAES hubiesen aplicado a la reserva y se hubieran adscrito a esa resolución.
Seis años más tarde, y bajo el argumento de llegar a una meta de ganancias favorable al Ipsfa, el consejo determinó que el precio de venta para los oficiales que aplicaron en 2011 se mantendría en $135 por vara cuadrada, pero para los que no reservaron ese año subiría a $155. El consejo también determinó que, en caso de que los militares no reservaran los terrenos, estos se abrirían al público general, a un precio no menor de $160 por vara cuadrada.
En 2011 el Ipsfa era dirigido por militares colocados en sus puestos por el exministro David Munguía Payés. Los titulares de la institución, según la ley, son parte del Estado Mayor y son nombrados por el presidente de la República a propuesta del ministro del ramo.
Cambio de Ipsfa, cambio de precios
Aunque las reglas creadas por la administración del Ipsfa en 2011 continúan vigentes, las nuevas autoridades hicieron una interpretación a favor de los intereses del ministro Merino Monroy y concluyeron que este podía cambiar de terreno, adquirir uno más grande y al precio de reserva de hace 10 años.
En otras palabras, el IPSFA no aplicó la regla de 2011, y revalidada en 2017 a través de un plan de mercadeo aprobado por la institución, para el nuevo terreno solicitado por el ministro Merino Monroy. Es decir, para un terreno que no se vendió, y que no fue reservado, no cobró el precio de $155 por vara cuadrada.
Lo mismo ocurrió para el terreno que abandonó Merino Monroy, que pasó a manos del viceministro Rivera Aguilar, que no reservó el lote número 5 del polígono I en 2011, pero también fue beneficiado con la discriminación de precio.
En 2021, el precio por vara cuadrada que ambos funcionarios recibieron fue de $135 a pesar de que los terrenos que compraron este 2021 nunca fueron reservados por ellos en 2011.
La nueva administración del Ipsfa fue nombrada por Nayib Bukele en junio de 2019, a propuesta del beneficiado ministro Merino Monroy. Ese mismo mes, Bukele también nombró como jefe del Estado Mayor Conjunto al actual presidente del Ipsfa, Carlos Alberto Tejada Murcia.
En el acta del consejo directivo no hubo ni un argumento que contradijera las pretensiones de los funcionarios. El consejo directivo, presidido por Tejada Murcia, designó al gerente general del Ipsfa, el contraalmirante Juan Calderón González, para que se encargara de los “demás aspectos legales y administrativos correspondientes” a la transacción.
El acta además consigna que el consejo directivo aceptó la petición del ministro Merino Monroy “en vista de que el lote que se solicita (número 1 del polígono G) comprar en la actualidad no se encuentra con compromiso de venta y se cumple con lo establecido en resolución n.º 53 del acta CD-16/2017”.
En esta acta, el consejo directivo aprobó el plan de mercadeo de la residencial Kuaukali, que fue explicado por Jenny de Ramírez, coordinadora de ventas de inmuebles; por Julio Magaña, coordinador técnico; y por Delmy Vela, jefa del departamento inmobiliario. Ellos explicaron que el proyecto costó poco más de $8.3 millones y tenían una meta de ganancia mínima de $256,125.82. Para lograr alcanzar esa meta, cada vara cuadrada tendría que ser comercializada por al menos $141.
Kuaukali se concibió como una búsqueda de “una sostenibilidad financiera mediante nuevas fuentes generadoras de rentabilidad” para el Ipsfa, pero las ventas a bajo costo que el consejo directivo aprobó muestran lo contrario.
El 27 de abril, Merino Monroy concretó la compra de su terreno por $79,388.10, $11,761.2 más barato de lo que tuvo que haber pagado por no reservarlo en 2011, según documentos del Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca. Mientras que Rivera Aguilar pagó $71,941.50, ahorrándose $10,658.
Los terrenos, ahora, ya están inscritos en el Registro de la Propiedad a favor de los titulares de Defensa. Pero, debido a que el Ipsfa no financia estas compras, ambos funcionarios hipotecaron sus nuevas tierras.
Maniobra sin sustentos
Kuaucali o “Casa de los Guerreros Águila”, como la describe el Ipsfa en su sitio web, fue construida en la finca cafetalera Florencia, en la calle Huizúcar. Un muro perimetral recubre las 60,754.77 varas cuadradas que abarca todo el complejo. Sus terrenos que miden entre 350 y 850 varas cuadradas están destinados para casas de una, dos o tres plantas.
Esta residencial se concibió principalmente para beneficiar a oficiales y suboficiales de la Fuerza Armada. Está dividida en nueve polígonos de la A a la I para albergar 131 viviendas, más un área recreativa y de usos múltiples, que tiene una cancha de baloncesto, de tenis, una piscina y una zona para barbacoas.
El proyecto está incrustado en un gran bosque que ofrece un clima fresco y un paisaje repleto de árboles. En 2015, el proyecto fue cuestionado por ambientalistas por no contar con los permisos del Ministerio de Medioambiente.
Los titulares de la Defensa fueron beneficiados con terrenos en una zona exclusiva en la que incluso el Ipsfa cambió la denominación de los terrenos de rurales a urbanos en 2017.
El 18 de octubre por la mañana, LA PRENSA GRÁFICA solicitó una entrevista al ministro, viceministro, el secretario del viceministro y el director de protocolo del Ministerio de la Defensa Nacional para ahondar sobre las compraventas. Al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Asimismo, se envió otro correo al presidente del consejo directivo del Ipsfa, al gerente general y a la encargada de comunicaciones, pero tampoco hubo respuesta sobre por qué el consejo aprobó la venta debajo del precio a sus oficiales superiores.
Tres expertos en transparencia consideran que con esta venta en la que salieron beneficiados los encargados del Ministerio de la Defensa hubo un mal uso de los recursos que deberían funcionar para la previsión y seguridad social para los elementos de la Fuerza Armada, según lo constata la ley del instituto.
Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación DTJ, aseguró que sin importar el precio al que se vendieron los terrenos hubo un conflicto de interés con el consejo directivo del Ipsfa. “Ya sea que lo hagan en el precio que corresponde o en un precio distinto, hay un conflicto de interés. No debería ser el mismo ministro el que está queriendo comprar este tipo de terrenos”, dijo.
Para aprobar la venta, el consejo directivo no justificó su decisión. En el acta, citan el artículo 12, literal h, de la Ley del Ipsfa que “autoriza la adquisición, enajenación y gravamen de los bienes del Instituto y cualquier acto o contrato sobre dichos bienes que persiga los fines propios de la Institución”.
“El consejo directivo tiene que motivar la decisión, no puede ser solo porque sí. Tiene que explayarse, detallando por qué está tomando esta decisión. Si no la motiva, incluso se podría impugnar”, afirmó Wilson Sandoval, del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción en El Salvador. Sandoval también es de la opinión de que el consejo, al ser nombrado por el presidente Bukele a recomendación de Merino Monroy, tuvo que haberse recusado en este caso. “Es un tema de ética pública, porque no podés conocer el caso de alguien que te recomendó”, añadió
El Ipsfa es una de las instituciones que en los últimos años ha tenido problemas económicos. En 2016 y 2017, tuvo problemas para cumplir con sus obligaciones de pagar las pensiones a los militares. “Cualquier arreglo, negocio, que implique una ventaja individual tiene que ser considerada a partir del interés colectivo de todos los beneficiarios del IPSFA”, agregó Roberto Burgos. “Arreglos que impliquen una condición desventajosa para el fondo común del Ipsfa, sea a militares o civiles, perjudica directa e indirectamente a los mismos cotizantes y beneficiarios”, señaló.
Este es un caso que se suma a las irregularidades en las que ha estado envuelto el Ipsfa en los últimos años. En enero de 2020, el ex fiscal general Raúl Melara informó que el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes estaba siendo investigado por la compra de terrenos al instituto.
En el caso, además, estuvieron involucrados tres empleados del Ipsfa, entre ellos el Exgerente general del Ipsfa, René Antonio Díaz Argueta.
La Fiscalía también procesó a auditores de la Corte de Cuentas que no repararon en las irregularidades que favorecieron al expresidente Reyes.
En 2014, una investigación de LA PRENSA GRÁFICA reveló que el efemelenista usó una sociedad que compartía con su asesor, Byron Enrique Larrazábal. Se trata de Terrenos e Inversiones, S. A. de C. V. (TERREIN), que adquirió cinco terrenos por $190,000 menos que el costo oficial.
Kuaukali ya no cuenta con terrenos disponibles, y en la zona, de elevada plusvalía, terrenos privados se cotizan entre $180 y poco más de $200 la vara cuadrada. El único proyecto que se acerca a los precios establecidos por el Ipsfa en Kuaukali es Greenside Santa Elena, el otro proyecto administrado por el Ipsfa y en el que fue beneficiado el exdiputado Reyes.