Cómo escribir libros para niños de dos mundos

En venta. René Colato posa con un ejemplar de “Telegramas al cielo”. El libro puede ser adquirido en El Salvador en Librería UCA y en el Museo de la Palabra y la Imagen. También se puede encontrar a Luna’s Press en Facebook.

Sobre su figura han corrido ríos de tinta. Libros que buscan echar luz sobre diferentes facetas de su vida, sobre todo, de aquella etapa en la que se convirtió en “la voz de los sin voz”, un defensor de los derechos humanos en un país repleto de violencia de Estado. De aquella etapa, en suma, que precedió a su asesinato.

Pero esta es la primera vez en que Romero se convierte en el personaje central de un libro infantil. Y, sobre todo, de uno escrito en español e inglés y publicado en Estados Unidos. Se trata de “Telegramas al cielo” (“Telegrams to Heaven”), el más reciente título del autor salvadoreño René Colato Laínez, que vio la luz en septiembre de 2017 bajo el sello de Luna’s Press, la editorial independiente comandada por su compatriota Jorge Argueta.

El libro, que cuenta con las ilustraciones del dominicano Pixote Hunt, se enfoca en la niñez del ahora beato de la Iglesia católica. Y traza, en muy sencillas escenas, el nacimiento de una vocación que lo llevaría a comprometerse de por vida con una fe que, muchas décadas después, lo convertiría en el ocupante de una silla inigualable para alzar la voz en contra de la injusticia.
La historia comienza con un pequeño Romero ayudando a su padre en su oficio, el de telegrafista, maravillado por el hecho de que con solo tocar un botón pudiera comunicarse con todas las ciudades del país. Era la década del veinte, y las facilidades en el flujo de información que ahora disfruta un porcentaje del mundo todavía eran materia de ciencia ficción.

La vocación hacia el sacerdocio inicia con una simple pregunta hecha a su padre: “¿Cómo puedo mandar telegramas al cielo?”, ¿cómo puedo comunicarme con Dios? La respuesta, típica de una familia católica, está en la oración. La que el niño convierte en una de las actividades que terminarán por inclinarlo a su llamado. El libro termina con la noticia de que aquel niño que juró ser el “mejor orador, poeta y músico” para Dios ha regresado a su pueblo natal para oficiar una misa. Nada del futuro de lucha del sacerdote. Era demasiado para un libro para niños.
Así lo dice su autor, René Colato, quien afirma que la idea inicial era otra. En torno a 2001, cuando aún se especializaba en una universidad de Estados Unidos en la narración de historias para niños, Colato imaginó un libro donde se incluyera la historia completa. Contada, obviamente, con los particulares lenguajes y énfasis exigidos por el género.

Pero la realidad le mostró una pared. ¿Cómo era posible que en el libro para niños se hablara sobre un asesinato? Por ello, la idea estuvo guardada por más de una década a la espera de resurgir. Lo hizo hace un par de años, cuando le recomendaron que lo mejor era centrarse en la niñez de su personaje, la misma etapa de la vida de aquellos para quienes el libro estaría destinado.
“Mucha gente conoce al Romero hombre. Hoy yo les presento al Romero niño, un preámbulo a ese gran hombre que llegó a ser. Quiero, sobre todo, que los niños salvadoreños que viven en Estados Unidos se sientan orgullosos de uno de sus líderes y que, a través de él, se den cuenta de que pueden hacer cosas importantes con sus vidas, dejar grandes huellas, a pesar de que el entorno en el que viven les diga lo contrario”, comenta Colato a través de una llamada telefónica desde su casa en Los Ángeles, California.

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En una de sus intervenciones en la serie “Pioneros de la televisión”, el actor estadounidense de origen mexicano Edward James Olmos recuerda la que, para él, significa una de las mayores satisfacciones de su carrera.
En los días en los que encarnaba a William Adama, un líder político y uno de los personajes más importantes de la serie de ciencia ficción “Battlestar Galactica” (2004-2009), una vieja amiga lo telefoneó, al borde de las lágrimas, para contarle lo que su personaje había provocado en su sobrino de 14 años.
“Tía, nosotros (los latinoamericanos) estamos en el futuro”, le dijo el muchacho a la señora.

El festival. Jorge Argueta lee su libro de poemas “Somos como las nubes”, en el Festival de Literatura Infantil, que coordina la Biblioteca Nacional de El Salvador.

El programa de ciencia ficción estaba en su punto más alto de popularidad, y la inclusión de un personaje latino que era el líder de una población multicultural que se parecía mucho a la de Estados Unidos llenaba de esperanzas a un adolescente que, desde entonces, sentía que podía llegar a ser quien quisiera a pesar de hablar español en casa y de ser el heredero de una cultura diferente a la estadounidense.
“Telegramas al cielo”, impreso en pasta dura, es el segundo título publicado por Luna’s Press, nacida para difundir en Estados Unidos literatura de temática salvadoreña en inglés y español para la más demandante e influenciable de las audiencias: la infantil. Una que está creciendo bajo el griterío y la angustia de la presidencia de Donald Trump.
Son los esfuerzos de un grupo de personas por hacer lo que hizo el personaje de Olmos desde una esfera diferente, no tan masiva pero que siembra sus semillas en sitios tan relevantes para la vida de un niño como su salón de clases. La idea es que los niños comprendan que el multiculturalismo, tener una cultura extra a la estadounidense, es siempre una ventaja, nunca un obstáculo para desarrollarse.
Holly Ayala es una salvadoreña nacida en California hace 52 años. Es la pareja de Jorge Argueta, un autor que, para colegas suyos como Carlos Clará, de Índole Editores, puede considerarse uno de los escritores salvadoreños más importantes de la actualidad, sobre todo gracias a los múltiples galardones que ha recibido en Estados Unidos.
Junto a él, Holly ha montado la editorial Luna’s Press, que inició sus tirajes, precisamente, con un libro de Argueta, “Olita y Manyula”, un canto de amor a la elefante que, por más de medio siglo, divirtió a las clases populares de San Salvador.
Desde hace 25 años, Holly trabaja en la producción de un catálogo de publicación periódica en su ciudad natal, San Francisco. La experiencia la ha ayudado para ahora poder montar el proyecto, uno que todavía no le representa ingresos económicos. Por ejemplo, le ha dado los contactos con la compañía que imprime sus libros en China, que permite que sus costos no sean tan altos como si los hiciera una sociedad afincada en Estados Unidos.

En California la educación pública ha podido volver a ser bilingüe. Algo que no era así hasta apenas unos meses, cuando se aprobó, por una arrasadora mayoría, la Propuesta 58, que venía a tirar por los suelos otra iniciativa avalada en 1998, cuando se prohibió que en las escuelas controladas por el Estado se enseñara también en español. El terremoto de Trump provocó que todo un estado se uniera contra la intolerancia a lo ajeno.

Holly se encarga, en su tiempo libre, de realizar todo el trabajo administrativo que requiere la compañía. Y a pesar de que se trata de un sello independiente, cuenta con personas que realizan las mismas tareas que requiere la producción de un libro en una empresa grande: editores, correctores de estilo. Toda la cadena para contar con un producto competitivo.
En California, la educación pública ha podido volver a ser bilingüe. Algo que no era así hasta apenas unos meses, cuando se aprobó, por una arrasadora mayoría, la Propuesta 58, que venía a tirar por los suelos otra iniciativa avalada en 1998, cuando se prohibió que en las escuelas controladas por el Estado se enseñara también en español. El terremoto de Trump provocó que todo un estado se uniera contra la intolerancia a lo ajeno.
Es una oportunidad inmejorable para que un objetivo como el de Holly y los suyos llegue a buen puerto. Incluso han logrado contratos con distribuidoras de contenido educativo para que sus volúmenes lleguen a las manos de maestras en todo Estados Unidos. Cuatro ejemplares de «Telegramas al cielo» han emprendido un viaje de regreso a China, donde fue requerido por docentes que enseñan español e inglés.
“En El Salvador tenemos buenas historias. Nuestro esfuerzo es pequeño, pero esperamos que sirva para que nuestra cultura sea conocida en todo Estados Unidos y en otras partes del mundo”, comenta Holly.
En marzo de 2018, la editorial formará parte de la conferencia de la Asociación Californiana de Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés), donde podrán tener contacto con distribuidores de todo Estados Unidos. Allí también le entregarán un premio a Jorge Argueta por sus contribuciones a la materia en esa nación norteamericana.

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René Colato Laínez es ya el escritor de 12 libros para niños. A excepción del último, enfocado en Romero, a la totalidad de su obra la cruza, como un eje omnipresente, el tema de la migración y de la experiencia traumática de adaptarse a una nueva cultura tras dejar la propia.
“El mensaje de todos mis libros es el de decirle al niño que no está mal que hable otro idioma distinto al inglés, que está bien que tenga su propia cultura”, dice Colato.
Y los libros se basan en su propia experiencia. Desde el primero que publicó, “Esperando a papá”, de 2004. En él, cuenta la historia de un niño que ha debido viajar a Estados Unidos junto a su madre. Ya estando allá, sueña con el día en que volverá a encontrarse con su padre. La versión final de la historia, como en el caso de “Telegramas al cielo”, dista mucho de la primera.
A inicios de 2001, había terminado el cuento que buscaba convertir en un libro ilustrado. Envió el manuscrito a media docena de editoriales, con la esperanza de que genera algún interés. La respuesta fue nula, sobre todo debido a la naturaleza de su libro: en el plan original, el niño y su madre viajaban de manera ilegal a Estados Unidos huyendo de la realidad de su país. Luego, la madre se encargaba de pagarle a un coyote para que llevara, también de manera ilegal, a su padre hacia el país del Norte. La idea de un cuento para niños donde se hablaba de migración ilegal causaba ampollas en los encargados de las compañías.

Usuarios. Niños leen el libro “Telegramas al cielo” en la Biblioteca de los Sueños. La entidad también actúa fuera de sus cuatro paredes en lugares públicos como mercados.

A mediados de ese año, Colato juntó algunos ahorros generados por su trabajo como docente y se inscribió en un taller en Nueva York, en el que estarían presentes representantes de editoriales de todos los estados del país.
Su trabajo llamó la atención de una editora, que, según Colato, se caracterizaba por apoyar proyectos no convencionales. Decidió echarle una mano al suyo y, en los siguientes dos meses, se dedicó a terminar el trabajo. Pero llegó el 11 de septiembre de 2001. El ataque terrorista a las Torres Gemelas inauguró una nueva época, en la que el extranjero se había vuelto mucho más sospechoso para los ojos del estadounidense promedio, sobre todo para el anglosajón. El título se había convertido en un material difícil de vender y la editora decidió cancelar el proyecto.
Tuvo que esperar un año más para que, después de mucha insistencia, Piñata Books, una Rama de Arte Público Press, de Texas, le respondiera uno de sus correos. En este le comunicaban que habían aceptado publicar su libro, pero tendría que ceder a algunas concesiones: no podría hablar de un ingreso ilegal a Estados Unidos. Así, la historia terminó con un niño que llega a Estados Unidos junto a su madre con una visa y a través de un viaje en avión. El padre también llegaría, más tarde, por la misma vía.
Colato pudo, al fin, ver su nombre en un libro ilustrado de pasta dura, pero se quedó con el deseo de contar una historia más acorde a lo que había vivido. Su sueño pudo cumplirlo hasta 2010, cuando publicó “My Shoes and I” (“Mis zapatos y yo”), una suerte de autobiografía transformada en un libro ilustrado. Para este echó mano, como para ningún otro volumen, de la cantera de sus recuerdos.
Y para darle una apariencia amable a la historia de un niño que recorre cientos de kilómetros junto a su padre a través de tres países apenas con lo puesto, utilizó un recurso interesante: los zapatos enviados por su madre de Estados Unidos que le servirán para andar tanto camino se van desgastando a medida que el viaje avanza. El amarillo original se vuelve cada vez más opaco entre tanto lodo y polvo de desierto. Cuando la travesía está a punto de acabar, la suela también cede y se llena de piedras, y uno de ellos está a punto de perdérsele cuando cruza un río. Pero el sacrificio de los zapatos ha valido la pena: son los que le han permitido al pequeño volver con su madre, reunir a la familia que la guerra había separado. Es solo uno de dos libros infantiles en inglés que presentan una entrada ilegal a Estados Unidos. El otro es “Pancho Rabbit and the Coyote”, del mexicano Duncan Tonatiuh, que cuenta la historia a través de animales. En México se prepara una edición en español.
“Es todo un reto tocar temas como estos para los niños. Pero yo lo intento porque creo que, si ellos van conociendo esto de pequeños, generarán la empatía con el otro, el secreto para una verdadera integración”, dice Colato. Y, para ilustrar lo anterior, pone de ejemplo otro de sus trabajos: en este, un niño llamado José va a visitar a su madre recién deportada a un centro de detención en Tijuana, México.

Jorge Argueta

Allí, ella debe explicarle a su pequeño que no estará más con él, al menos por un tiempo. Le dice que, ahora, son como una semillita que debe empezar a germinar. Tras un largo tiempo, comenzará a brotar de ella un tallo, al que le van a salir hojas y que, en un momento, se convertirá en un frondoso árbol que dará frutos. Así, el niño comprende que deberá esperar. El libro finaliza con el sueño de José, donde se reencuentra con su madre, al menos en el terreno de lo onírico.
“No es un final feliz, pero hay esperanza. Los niños, luego de leerlo, se preguntan, ¿y se volvieron a reunir?”, dice Colato, quien puede ver de primera mano el efecto que sus libros causan en los niños porque es maestro de primaria en Los Ángeles. Las regalías en la venta de libros todavía no le permiten vivir dedicándose exclusivamente a escribir.

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En esta historia, el agua nace de las profundidades de la tierra. Va subiendo y, de gotita en gotita, se va volviendo rocío de la mañana, arroyo, mar. Este es el argumento de uno de los libros más recientes del escritor salvadoreño Jorge Argueta, “Agua, agüita”, un nuevo volumen que combina el inglés, el español y el náhuat. Es un trabajo único, editado por Piñata Books, que contó con la ilustración de Felipe Ugala Alcántara, que se inclinó por un diseño relacionado con la pintura tradicional de los pueblos indígenas.
Argueta lo muestra con orgullo como una de sus más recientes conquistas, en este recinto en la colonia América, de San Jacinto, donde funciona su Biblioteca de los Sueños, a la que busca convertir en una extensión para El Salvador de su trabajo en Estados Unidos.

Jorge afirma que sueña con algo como eso, que verá muy pronto la luz a través de Luna’s Press, en versiones bilingües: “Se imagina un Roque Dalton para niños; un libro que cuente la historia de María Isabel Rodríguez, esa señora tan maravillosa, que se pudiera leer en la primaria de forma masiva. Le aseguro que, con esas pequeñas semillitas, tendríamos un país mejor, porque los niños aprenderían algo muy importante que es soñar, creer que pueden ser tan grandes como ellos”.

La Biblioteca de los Sueños. Argueta montó el espacio en una casa ubicada en el mismo barrio donde vivió antes de emigrar a Estados Unidos por la violencia de la guerra.

Inaugurada hace apenas un año, es un proyecto que solo se pudo concretar tras algo que, para Argueta, representó una auténtica sorpresa: recibir en su casa un cheque con las regalías de un libro publicado hace 20 años, “Una película en mi almohada”. Tantos ceros y unos lo dejaron con la boca abierta. Tuvo que hablar a la empresa que editaba el libro para comprobar que no se trataba de un error.
Ese dinero le permitió comenzar con la construcción de este pequeño espacio. También comprar y trasladar desde Estados Unidos libros infantiles bilingües, incluyendo aquellos de su autoría. Su objetivo es que aquellos mismos volúmenes que en el país del Norte han funcionado para que niños de origen latinoamericano se sientan más cercanos a sus raíces aquí sirvan para que infantes salvadoreños conozcan algunas nociones de inglés a través de historias que los cuentan.
Cada cierto tiempo, niños de escuelas cercanas llegan al lugar para utilizar los libros. Son grupos grandes para el sitio, de entre 50 y 60 alumnos. Estudiantes de instituciones más lejanas también pueden asistir gracias a una alianza de Argueta con el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI). Pero la labor no se queda entre estas cuatro paredes.
Argueta arribó a El Salvador precisamente el miércoles 6 de diciembre, para comenzar con una serie de giras en sectores populares, donde llevará los cientos de volúmenes para que cientos de niños puedan tener contacto con ellos. Algunas de las paradas serán el mercado de San Jacinto y varios municipios de Sonsonate, como Santo Domingo de Guzmán, pueblo del que es oriundo.
Jorge, que siempre lleva su abundante pelo recogido en una cola, es también el fundador del Festival de Literatura Infantil, organizado desde 2010 por la Biblioteca Nacional de El Salvador, dirigida por Manlio Argueta. En los ojos se le dibujan múltiples sueños, como traer sus propios libros, los de Luna’s Press, en formatos de pasta suave, más barata, para poder venderlos a precios más asequibles en El Salvador. O que el Ministerio de Educación se interesase en adquirir ejemplares para distribuirlos en escuelas públicas, una labor para la que la compañía tendría la capacidad. Sin embargo, es consciente de la realidad de El Salvador. Solo hay que tomar en cuenta que el último libro de texto estatal se editó en 2009, el último año de la presidencia de Antonio Saca, para hacerse una idea del asunto.
Jorge, ahora, toma entre sus manos uno de los libros que tienen en su Biblioteca de los Sueños. Es un libro que recoge la vida de la poeta chilena Gabriela Mistral, una versión para niños de uno de los íconos nacionales de Chile. Trabajos similares se han hecho de personajes como la mexicana Frida Khalo.
Jorge afirma que sueña con algo como eso, que verá muy pronto la luz a través de Luna’s Press, en versiones bilingües: “Se imagina un Roque Dalton para niños; un libro que cuente la historia de María Isabel Rodríguez, esa señora tan maravillosa, que se pudiera leer en la primaria de forma masiva. Le aseguro que, con esas pequeñas semillitas, tendríamos un país mejor, porque los niños aprenderían algo muy importante, que es soñar, creer que pueden ser tan grandes como ellos”.

Ejemplares. Decenas de volúmenes esperan a los niños. Son libros escritos para que los niños latinoamericanos en Estados Unidos no olviden sus raíces hispanas.

De cómo El Salvador puso fin a los secuestros

Cautiverio. Una vivienda donde permanecieron secuestrados dos empresarios estaba ubicada a cuadras de un puesto policial en Soyapango.

Hubo una época en que el principal problema para las autoridades de seguridad pública de El Salvador era el secuestro: ese delito que consiste en privar de libertad a una persona con el objetivo de exigir un rescate a cambio de su regreso. El mismo que tenía entre sus víctimas predilectas a empresarios, comerciantes y empleados con el suficiente poder adquisitivo como para pagar una suma considerable.

En el primer año del milenio, el secuestro representaba una auténtica crisis de Estado: 114 secuestros en 12 meses según cifras de la Fiscalía General de la República; uno cada tres días. Y en cada jornada, los medios reportaban un nuevo caso o una liberación. Las consecuencias de una no lograda posguerra, con hombres adiestrados para usar las armas y para planificar una operación decididos a vender sus habilidades al mejor postor, habían llevado al país a una atmósfera de incertidumbre.

Se registraba un secuestro cada tres días; y solo llegaba una sentencia condenatoria para el 15 % de estos delitos.

Hubo una época, también, en que el Estado salvadoreño fue capaz de imponerse a una crisis basándose en una estrategia destinada a revertir las tasas de impunidad de un delito (el porcentaje de crímenes que no se castigan) para evitar que la actividad continuara siendo rentable para aquellos que la cometían.

“El de los secuestros es uno de los delitos menos complejos para investigar”, dice Daniel Martínez, sentado a la mesa de este restaurante en la colonia Escalón. “Es uno de los que mayores huellas deja. Siempre habrá alguien que negocia, alguien que cuida a la víctima, alguien que recoge el dinero”.

Hoy empleado jurídico de una dependencia gubernamental, Martínez formó parte del equipo fiscal al que le encargaron la tarea de desbaratar, en el menor tiempo posible, las estructuras que cometían secuestros. Todo se construyó a petición de la cabeza de esa entidad, el entonces recién elegido fiscal general de la República Belisario Artiga.

La misión que le había sido encargada al funcionario desde el gobierno central era acabar con ese delito que había dejado de ser uno de naturaleza patrimonial para convertirse en uno pluriofensivo: el impacto emocional en la víctima dejaba secuelas que nunca se desvanecerían; era común que se asesinara a los miembros de la seguridad privada de aquella persona a la que se pretendía secuestrar.

Secuestrar era una actividad tan atractiva que, según lo descubrirían después los investigadores, toda organización que se dedicaba, por ejemplo, a realizar asaltos a mano armada, pretendía algún día tener los recursos logísticos para hacer un plagio. Era, por lo tanto, el centro de la espiral delincuencial, el punto para alcanzar o superar.

Apoyo. El fiscal Daniel Martínez y Mario Machado, abogado querellante de ANEP.

La tesis se comprobó, por ejemplo, cuando diferentes estructuras realizaban determinadas tareas dentro del secuestro. Eso ocurrió con el plagio del empresario Rodrigo Zablah, realizado el 25 de mayo de 2000: quien se encargó de interceptarlo para capturarlo y, posteriormente, llevarlo a donde estaría recluido fue una banda conformada por policías, a la que se le conocía como Los Catrines. Estos, incluso, utilizaron su patrulla policial para atravesársela al carro en el que se conducía Zablah.

La tarea de aportar la casa de seguridad en la que estaría el empresario recayó en otra estructura, liderada por Carlos Vásquez; y la de negociar y recoger el dinero obtenido por el rescate, en la que capitaneaba Víctor Guardado Díaz. Cada uno de los grupos después tuvo la capacidad de hacer plagios por cuenta propia gracias al dinero ganado.

Pero si, tal como lo dice Martínez, el del secuestro es uno de los delitos menos complejos para investigar por su larga estela de evidencias, ¿por qué las autoridades se encontraban de rodillas hasta entonces frente a las numerosas bandas de secuestradores? ¿Cuáles fueron las claves para superar los anteriores fracasos?

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Las claves del Estado

Plagio. Escena en la que fue secuestrado el empresario Rodrigo Zablah, mientras iba en su vehículo en la colonia Santa Elena, el 19 de mayo de 2000.

En la segunda mitad de 2000, se crearon unidades especiales en la Fiscalía General de la República y en la Policía Nacional Civil. Solo a la correspondiente a esta última entidad, la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), se le destinaron $11 millones para su fundación. Una cifra alta si se considera que en 2017 el presupuesto total de la FGR no superó los $48 millones. Antes ya habían existido otras unidades de esta naturaleza, que no dieron los resultados esperados, pero que tampoco contaron con una inyección económica semejante.

Rodolfo Delgado fue, hasta hace unos meses, uno de los principales asesores del fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Asegura que dejó su anterior puesto para buscar nuevos horizontes, esta vez en el ámbito privado. Fue uno de los fiscales que formaron parte de ese equipo especial desde su conformación, que primero se llamó Antisecuestros 2 y luego adquirió su nombre definitivo cuando se incorporaron nuevos elementos, Unidad contra el Crimen Organizado.

Desde su improvisada oficina, donde hay apenas una computadora en una mesa para reuniones, Delgado señala uno de los puntos clave en la estrategia usada para aprovechar bien los recursos. Este paso comenzó varios meses antes de que siquiera pusieran un pie sobre el terreno: reconocer que no conocían de manera amplia el fenómeno al que se enfrentaban.
Por eso decidieron que lo mejor era que la información relativa a las estructuras se centralizara en esa fuerza de tarea conformada por la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y la División Élite contra el Crimen Organizado de la PNC.

Toda la segunda mitad del año 2000 fue utilizada para hacer este trabajo de colectación. Eso les permitió determinar que todo mundo tenía información de las estructuras que cometían secuestros, desde las diferentes sedes policiales y fiscales a escala nacional, hasta el Grupo de Apoyo de la PNC, el Organismo de Inteligencia Policial y el Organismo de Inteligencia del Estado. Diferentes unidades especializadas de la Fiscalía habían abierto sendos expedientes referentes a varios delitos para miembros de las estructuras. Todos tenían, por tanto, algún trozo del rompecabezas.

Así, comenta Delgado, pudieron superar un prejuicio que permeaba a las instituciones de seguridad: parecía que se le daba más importancia a un caso en el que la víctima era económicamente poderosa que aquellos donde se trataba, por ejemplo, del dueño de una pequeña venta de gas. Se dieron cuenta de que la misma estructura era capaz de atacar a los dos tipos de víctimas en días consecutivos.

También comprendieron que el mismo grupo podía cometer un secuestro o un asalto a una agencia bancaria. Para ilustrar eso, no hay mejor ejemplo que la banda Tacoma Cabrera, a la que los fiscales consultados para este trabajo definen como una “matriz criminal”. A pesar de que el nombre de este grupo delincuencial es el que viene a la memoria para hablar de esta etapa, solo fueron culpables de cuatro secuestros. La mayoría de los cargos era de robo agravado y homicidio.

Eso dio pauta para el otro punto de la estrategia, que era la investigación ya no por caso, sino por transgresor, entender a la estructura como un todo. Por ello, la Unidad Contra el Crimen Organizado no tuvo que derivar casi ninguno de sus casos a otras dependencias de la FGR. Desde la tenencia ilegal de armas de fuego hasta el lavado de dinero comenzaron a ser investigados por las mismas personas. En la indagación de la estructura también se apuntaba a sus máximos líderes, pues se comprendió que la mano de obra, la base de la pirámide, era fácilmente reemplazable.

Para llegar a los cabecillas, una herramienta importante fue la del testigo con criterio de oportunidad, un criminal que acepta, a fin de reducir o evitar su pena, delatar a otros delincuentes. Era una herramienta novedosa, recién estrenada en el Código Procesal Penal promulgado en 1998.

Matriz criminal. La banda Tacoma Cabrera fue una de las más complejas por su diversidad de actividades con la que se enfrentaron las autoridades en esa etapa.

Pero el recurso no fue utilizado en la mayoría de ocasiones, según lo comprobó esta revista mediante la revisión de 15 sentencias del delito de secuestro y secuestro agravado producidas por diferentes tribunales a escala nacional entre 2001 y 2003. Solo en dos de ellos se utilizó el recurso para individualizar a los autores intelectuales. En el resto de oportunidades, el dato revelador se consiguió tras la investigación sobre el terreno: la revisión de decenas de bitácoras telefónicas, el seguimiento de sospechosos, pruebas científicas recogidas en los allanamientos.

La estrategia funcionó y, en apenas un año, la tasa de impunidad se revirtió: los casos en los que los culpables no eran castigados pasaron a ocupar solo el 15% de todo el universo. Una tasa cercana al cero se alcanzó dos años más tarde. Los delincuentes dejaron de ver en la actividad un negocio rentable y su incidencia bajó a niveles mínimos. Las autoridades de seguridad hicieron aquello para lo que fueron creadas: encontrar a los culpables de los crímenes y darles su castigo.

En este restaurante de la colonia Escalón, Daniel Martínez, otro de los fiscales que fue parte de la unidad especial, matiza los logros. Para él las estructuras que combatieron en esa época pertenecían a la delincuencia organizada y no al crimen organizado tal cual. Eran, comenta, grupos mínimamente enquistados en el Estado, donde la máxima influencia podía ser la de un sargento de la PNC “que se había metido a secuestrador”.

“Que yo recuerde, casi no hubo gente con verdadero poder político o económico involucrada en secuestros, que realmente pudiera tener incidencia en el sistema judicial. Me acuerdo de un solo caso donde, de verdad, sentimos que sí tembló la gelatina. Era una persona que ordenó un asesinato. Allí él quedó absuelto y a sus conexiones con el narcotráfico no nos dejaron investigarlas. Se las trasladaron a Antinarcóticos”, comenta Martínez.

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Las claves en la sociedad civil

Hubo una época, también, en que la empresa privada a través de sus gremiales formó una parte esencial de la estrategia de seguridad para acabar con un delito determinado, el secuestro. En esa época, según comenta Belisario Artiga, fiscal general de la República entre 2000 y 2006, él y el director de la PNC, Mauricio Sandoval, se reunieron con representes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para que se sumaran al esfuerzo. Aceptaron gustosos.

Entre ellos había personas que sufrieron en carne propia un plagio, como Saúl Súster, padre de Andrés, el niño que pasó casi un año en cautiverio. Fue el caso que puso el foco de la atención de la sociedad salvadoreña en un problema hijo de una no bien llevada posguerra, que dejó en el limbo a decenas de hombres adiestrados para usar las armas.

Desde ANEP crearon el Patronato Antisecuestros. Allan Hernández fue el director de Unidades Especializadas de la Fiscalía General de la República hasta hace unos meses. También fue el fundador de la Unidad Antiextorsiones. Ahora se enfrenta al reto de perseguir la criminalidad organizada en otro país de Latinoamérica. A principios del milenio, él fue parte de la célula fiscal de élite que lideró la estrategia contra los secuestros. A través de una llamada telefónica, el abogado explica que quizá sin el apoyo de los empresarios, la tarea no hubiera tenido el impacto que consiguió.
Según explican fiscales y policías, fueron los empresarios los encargados de presentar a la fuerza antisecuestros a los familiares de las víctimas, algunos de los cuales eran representados por la propia ANEP. El objetivo era generar un lazo de confianza con unas autoridades de seguridad desprestigiadas.

La estrategia funcionó y, en apenas un año, la tasa de impunidad se revirtió: los casos en los que los culpables no eran castigados pasaron a ocupar solo el 15 % de todo el universo. Una tasa cercana al cero se alcanzó dos años más tarde. Los delincuentes dejaron de ver en la actividad un negocio rentable y su incidencia bajó a niveles mínimos.

Según explica Gustavo Villatoro, fiscal de enlace y jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, algunas de las estructuras de secuestradores tenían entre sus filas a agentes de la Policía Nacional Civil. Era una paradoja que se les pidiera que confiaran en aquellos que, posiblemente, estaban participando en los delitos. Pero la intermediación funcionó.

Allan Hernández afirma que eso les permitió entrar a las casas para cumplir con dos objetivos. El primero era el de coordinar las negociaciones, asegurarse que la suma pagada no fuera alta. Demasiado dinero permitía que una banda se convirtiera en varias. La segunda era la de entrevistar a los familiares de los que habían estado cautivos.  “Era increíble lo que nos servían los pequeños aportes que nos podían dar los familiares. Clarificaban mucho las líneas de investigación”, asegura Allan.

Según Daniel Martínez, otro de los miembros de la Fiscalía en la Unidad Antisecuestro, el apoyo del Patronato Antisecuestros no se limitaba a ello. También aportaban dinero para, por ejemplo, reparar los dos carros que tenía asignados la unidad. A pesar de que el gobierno de Francisco Flores destinó un presupuesto de $11 millones al esfuerzo, la tarea fue realizada en medio de carencias. Según explica Martínez, cuando comenzaron solo contaban con dos computadoras para toda la unidad.

Los empresarios también designaron un querellante para los juicios y presionaron mediáticamente a los jueces para no venderse al mejor postor; y facilitaron recursos para que las víctimas pudieran tratarse psicológicamente. La participación de la empresa privada hizo la diferencia en un momento de crisis como el que enfrentaba el país.

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Palabra de juez

Georgette Safie llegó a las oficinas del Taller Fojume, en la colonia Toluca de San Salvador, a las 8 de la mañana del 23 de febrero de 2001. Mientras esperaba que el vigilante abriera el portón del local para que ella entrara, un carro azul de vidrios polarizados se estacionó en la misma acera. De él bajaron cuatro hombres con el rostro cubierto por gorros navarone.
Venían armados con fusiles que, según lo describió el vigilante, eran AK-47, una de las armas de asalto más utilizadas en el mundo. Lo sabía bien porque uno de los hombres le puso el cañón de una de esas en su espalda para quitarle la escopeta con la que se podría defender. El resto de hombres se encargó de sacar a Georgette Safie de su vehículo para raptarla.

La familia no supo nada de la señora hasta que sus captores se comunicaron por teléfono. En esa llamada exigieron $228,000 como pago. Mientras esto ocurría, Safie estaba en una casa en Santa Tecla, cercana al punto de buses de la ruta 101-D, con dos pasamontañas y cinta aislante que le impedían ver su entorno. Luego, la señora fue llevada a otro inmueble en San Martín.

Desarticulación. Miembros de la Fiscalía y de la PNC durante la conferencia en la que informaron sobre el desbaratamiento de la banda El Gallina, culpable de varios secuestros.

Las negociaciones, realizadas por el sobrino de la víctima, Miguel Gerardo, permitieron que las exigencias se redujeran hasta los $57,140. El día de entregar el dinero llegó el 3 de marzo de 2001. La Policía montó un operativo para detener a aquellos que llegaran a recogerlo. Varios automóviles y motocicletas pasaron una y otra vez en los alrededores de la gasolinera que se fijó como sitio para el intercambio. Los delincuentes se dieron cuenta de la estratagema y abortaron los planes. Sin embargo, uno de los retenes colocados en las inmediaciones dio sus frutos y se pudo capturar a tres de los implicados.

Uno de ellos aceptó declarar gracias al criterio de oportunidad. Plagiarios y familia pactaron una nueva entrega de dinero para el siguiente día, el 4 de marzo. Esta vez, las autoridades de seguridad no montaron otro operativo para seguridad de la víctima. Los $57,140 se pagaron para que liberaran a la señora, que apareció en el centro de San Salvador el mismo día.

La Fiscalía, que fue representada por Allan Hernández, Jaime Wálter Segovia y David Acosta, montó un caso en el que echó mano de múltiples pruebas periciales, documentales y testimoniales.
Todas las evidencias apuntaron a dos acusados, que ya estaban perfilados por las autoridades como sospechosos: Roberto Salomón Gutiérrez (a quien incluso se le encontró parte del dinero marcado por la Policía para pagar el rescate) y Saúl Ernesto Vásquez Rodríguez. En la valoración de la prueba, los jueces dieron por probado cada planteamiento de la Fiscalía a través de la evidencia que desfiló en el juicio. Ambos acusados fueron condenados a 22 años de prisión por el voto unánime de los tres juzgadores del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

Uno de estos jueces era el ahora magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia Martín Rogel Zepeda, quien tiene un muy buen recuerdo del trabajo de ese entonces de los fiscales de la Unidad contra el Crimen Organizado, donde, dice, era plausible que cada investigador sabía qué debía probarle al juez. Según Zepeda, las relaciones de los hechos presentados siempre eran claras y precisas; y la evidencia que se presentaba estaba íntimamente relacionada con un determinado hecho.

“Ahora pasa mucho que se cree que son casos grandes porque se tiene un número desproporcionado de acusados y abundante prueba. Pero cuando uno la analiza detenidamente, uno se da cuenta de que se trata de prueba dispersa, que no termina de comprobar las hipótesis planteadas”, comenta Zepeda, quien ahora también forma parte de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.

Cada testigo propuesto se presentaba a declarar lo que expresamente abonaba a la investigación. Para Zepeda, era innegable que esa persona había sido trabajada con antelación por un fiscal para saber qué hacer en una vista pública. Para el juzgador, una ventaja era que se trataba de casos complejos pero manejables: había una docena de acusados, pero para cada quien se contaba con una investigación sólida. Eso lo respaldan las cifras, de casi 2,000 acusados, solo una veintena contaron una resolución absolutoria. Varios de ellos formaban parte de los procesos de la banda Tacoma Cabrera, una de las más grandes a la que enfrentó la unidad, con casi 100 componentes.

“Ahora pasa mucho que se cree que son casos grandes porque se tienen un número desproporcionado de acusados y abundante prueba. Pero cuando uno la analiza detenidamente, uno se da cuenta de que se trata de prueba dispersa, que no termina de comprobar las hipótesis planteadas”, comenta Zepeda, quien ahora también forma parte de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.

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El legado que no fue

“No podemos decir que cumplimos todas las misiones. Hay gente, como a la familia de Gerardo Villeda Kattán, a la que no podemos decirle eso. Cometimos errores”, afirma Allan Hernández, quien permaneció más de 20 años en la Fiscalía General y ocupó diferentes jefaturas tras salir de la Unidad Contra el Crimen Organizado.

Allan se lamenta frente a un caso polémico, en el que un niño de nueve años fue asesinado en medio de un operativo de las autoridades de seguridad. Pero el lamento podría extenderse ante el hecho de que la experiencia de la unidad no haya permeado al resto de la institución, una que todavía deja traslucir errores en su trabajo.

Para muestra, un botón: en el juicio por lavado de dinero contra Jorge Hernández y cuatro imputados más, se menciona a un testigo clave, al que se le nombra como Olimpo. Sin embargo, en la audiencia inicial del caso, los abogados defensores rieron al señalar que, en la misma relación de los hechos del requerimiento fiscal, se identificó, en un descuido, a la persona que brindó la información con nombre y apellido.

Uno de los pocos trabajos ajenos a los plagios donde la Unidad contra el Crimen Organizado utilizó su experiencia fue el que condenó a varios miembros de la banda de narcotraficantes del oriente del país: Los Perrones.

El caso no fue llevado por la unidad Antinarcotráfico, sino por la de Crimen Organizado, aquella donde estaban algunos de los miembros de la original Antisecuestros 2, como Rodolfo Delgado. La DECO se encargó de la tarea con respecto a la PNC.

En el trabajo fueron apoyados por las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas, donde ya fungía como titular Gustavo Villatoro y trabajaba en el área de investigaciones Daniel Martínez. Fue uno de los último remanentes de una unidad que dio resultados exitosos.

Las pandillas. Pandilleros incursionaron en las bandas de secuestradores a principios del milenio, como Dionisio Arístides Umanzor, cabecilla de la MS. Fue condenado por el secuestro y la muerte de Eduardo Álvarez.

Algunos de los fiscales consultados confluyen en apuntar que es posible que este no traslado de la experiencia a otras áreas de la FGR se debiera a un divorcio entre las unidades élite, vistas por Belisario Artiga, y las otras sedes fiscales, de las que se encargaban su fiscal general adjunto, Romeo Barahona, quien tras la salida de Artiga se convirtió en el titular de la institución.
Otra razón es que para ningún otro delito se destinaron recursos económicos semejantes. Apagado el fuego de los secuestros se creyó que ya todo el trabajo estaba hecho.
¿Podría replicarse la experiencia en crímenes como la extorsión y el homicidio, cometidos principalmente por pandillas? Para Rodolfo Delgado, quien hasta hace unos meses era asesor del fiscal general, se trata de dos realidades diferentes.

En una, la de los secuestros, se trataba de hechos cometidos en zonas geográficas determinadas, con un perfil de víctima y victimario limitado. En los días presentes todo es más difuso y casi cualquiera puede ser víctima y victimario. Para Delgado, sin embargo, sí hay elementos para replicar: mejorar el procesamiento de información a través de un mecanismo de centralización, que permita armar un rompecabezas todavía desconocido.

También el mejoramiento de redes de inteligencia sobre el terreno, donde se trate de obtener de las fuentes de información datos íntimamente relacionados con las investigaciones en proceso. Eso, abona Daniel Martínez, sería mucho más efectivo que la estrategia de choque tomada por el gobierno actual.

Gustavo Villatoro, por su lado, asegura que el camino tomado es uno de palos de ciego, sobre todo porque no se está atendiendo a la forma de la estructura que se combate. La de las pandillas, asegura, exige un esfuerzo coordinado, en el que una unidad de élite centralizada debería de encargarse de los programas, donde están los líderes con mayor peso de la pirámide; y las unidades del resto del territorio deben ir por las clicas. “Eso, que suena tan simple, nunca se ha hecho en El Salvador”, apunta.

Y Daniel Martínez, desde este restaurante de la colonia Escalón, recalca una de las principales necesidades de las que ha hablado desde que formaba parte de la FGR: la creación de una política criminal a largo plazo, en la que institucionalmente se establezca cuál es el camino a seguir: “No es un asunto de gobiernos, sino de Estado. Que los políticos se peleen por la economía, que se den verga. La seguridad es otra cosa. Ahora ves que están jugando con nuestra cabeza en la mesa de billar, con nuestros muertos”.

Vidalina contra el destino de pobreza

El orgullo. Varias mazorcas se secan al sol en el patio de Vidalina. Al fondo está su casa, que ha terminado de construir con su propio dinero.

Hace nueve años, la casa que ahora ocupa el centro de este terreno existía solo en sus sueños. Vidalina Pérez estaba embarazada de su sexto hijo, el último de un matrimonio que duró 20 años y terminó tiempo después de que su esposo decidió migrar a Estados Unidos, donde podría encontrar un empleo que multiplicara por mucho el dinero que ganaba como vendedor de refrescos. El mismo que serviría para construir su casa, un lugar para tener algo que llamar propio en el cantón El Jocotillo, San Francisco Menéndez, Ahuachapán, en el que habían vivido desde siempre. La levantarían sobre este terreno ubicado a unos pasos del río Paz, a unos cuantos metros de la frontera La Hachadura. Ese pedazo de tierra que todavía no era suyo, pero para el que ya habían pagado una prima de $100, prestados por el padre de la mujer.

Vidalina le dijo a su esposo que se quedara, que seguirían sobreviviendo como hasta entonces, trabajando aquí y allá. Pero estaba decidido. Trabajaría por los dos, para que ella se dedicara por entero a la crianza de los hijos. Cuando él ya estaba en Estados Unidos, al término del primer mes le envió $500. Era el cumplimiento de una promesa. Vidalina repartió esa suma en las necesidades más inmediatas: reforzar la champa provisional que servía para no estar a la intemperie, pagar la cuota del terreno, usar algo para la comida de ese mes, comenzar con la instalación del agua potable y con la colocación de los cimientos de su vivienda.

Pero la promesa fue un espejismo y, tras ese envío, ya nada supo de su esposo. El dinero recibido se terminó, con un cúmulo de obligaciones adquiridas ya encima. Vidalina decidió que haría lo de siempre, rebuscarse por un empleo en la zona o salir a vender cualquier cosa para ganar unos dólares. Sus hijas mayores le dieron una mano. Lo que ganaban, sin embargo, era apenas lo necesario para comer tortilla con algo encima, que cuando el tiempo se presentaba bueno eran dos huevos para siete personas. Si no, limón o sal.
Vidalina vive en el campo. Es, por tanto, una mujer rural, un segmento de la población históricamente marginado. Sobre todo en lo que a aspectos económicos y a la posibilidad de ganarse el pan se refiere. Según el informe específico sobre el tema presentado por el Instituto Nacional de la Mujer (ISDEMU) en 2013, para 2012 las mujeres solo representaban el 31.2 % de la Población Económicamente Activa (PEA) de la zona rural, la que, a su vez, solo contiene al 33.6 % del total nacional. Es decir que en todo el país solo una de cada 10 personas de la PEA es una mujer rural.

Toda una paradoja si se toma en cuenta un dato proporcionado por el mismo estudio, obtenido a través de talleres de consulta, en los que participaron 61 mujeres. Entre ellas, 39 contestaron que eran jefas de hogar, que su grupo familiar estaba enteramente a su cargo. Solo 11 aseguraron que contaban con la ayuda de una pareja para hacerlo de manera conjunta. Otras 9 respondieron que era su esposo el que capitaneaba el barco.

Según el observatorio de género de la Dirección Nacional de Estadística y Censos (DIGESTYC), para 2016 la brecha salarial entre hombres y mujeres en la zona rural era del 18.7 %. Es decir que si un hombre gana $150 por una actividad, a una mujer le corresponden $120. Si se toma en cuenta que la mayoría son jefas de hogar, se torna importante que se brinden facilidades para los emprendimientos personales.

Otro tanto ocurre en cuanto a los ingresos percibidos. Según el observatorio de género de la Dirección Nacional de Estadística y Censos (DIGESTYC), para 2016 la brecha salarial entre hombres y mujeres en la zona rural era del 18.7 %, es decir que si un hombre gana $150 por una actividad, a una mujer le corresponden $120. Si se toma en cuenta que la mayoría son jefas de hogar, se torna importante que se brinden facilidades para los emprendimientos personales, donde ellas puedan tener un mayor control sobre sus ingresos.
Y como mujer rural, Vidalina ha tenido que lidiar con estas realidades. Y hace nueve años a ellas se sumaban la partida de su esposo y la adquisición de varios compromisos económicos. Una de las pocas salidas que encontró fue un programa de créditos en el que ya participaban algunas de sus conocidas, gestionado por la Asociación Salvadoreña Pro-Salud Rural (ASAPROSAR), en el que una mujer como ella, sin nada realmente propio, con seis hijos bajo su cargo, podía ser sujeto de un préstamo.
Este, sin embargo, no estaría exento de garantías, aunque estas se depositaban no en documentos o propiedades, sino en la misma comunidad. El esquema es simple: en una localidad se busca a por lo menos cinco mujeres que confíen la una en la otra. Con ellas se conforma un grupo. Este grupo después se integra a un centro, que está a cargo de un coordinador, empleado de la entidad prestamista.

La garantía está en que se trata de créditos solidarios: todo el grupo responde por el crédito de cada una. Si una de las socias no paga, las demás deben cubrir esa cuota faltante de su propio dinero. Por eso, solo ingresa al programa alguien que las demás mujeres están seguras de que pagará, que no terminará por dejarles un problema.

El primer crédito que Vidalina recibió fue de $100, que tuvo que cancelar en 13 catorcenas con cuotas de $11: $143 en total, $43 más que el capital recibido. Puede sonar a mucho, pero en el mundo de los microcréditos es lo estándar, según Mabel de Soundy, especialista de inteligencia de mercadeo del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL). Esto es porque una operación de este tipo tiene diferentes costos fijos, como la infraestructura o el pago de los empleados encargados de cobrar el dinero.
“Los mismos costos genera el cobro de un crédito de $100 que uno de $1 millón”, ilustra Soundy. La ONG de investigación financiera Microfinance Information Exchange fija el costo promedio para administrar un préstamo en Latinoamérica, independientemente de su monto, en $172.

El negocio. Vidalina arroja una tortilla a la plancha en su puesto ubicado a unos cuantos metros de la frontera La Hachadura, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

Con los $100 que le prestaron, Vidalina compró primero maíz negro, maíz blanco, semilla de ayote, frijol y sal en cantidades suficientes para vender atol shuco todos los días por al menos un mes. Compró una olla y pudo adquirir el carretón que antes tenía que alquilar. También compró verduras del lado guatemalteco que revendió en el lado salvadoreño con una interesante ganancia gracias a una curiosa diferencia de precios: si en El Salvador un güisquil cuesta $0.50, al cruzar la frontera se puede adquirir a 1 quetzal, cuatro veces menos.

Eso le permitió juntar suficiente dinero para salir con todas sus obligaciones, incluyendo el crédito, y continuar con la construcción de su casa. El resultado fue mejor de lo esperado. Desde entonces y hasta ahora, Vidalina ha sacado un crédito con la misma entidad cada seis meses. El último que recibió fue de $700. Por este deberá cancelar 13 cuotas de $72, un total de $936.
Este día de octubre de 2017, Vidalina ha regresado a su casa tras pasar varias horas palmeando tortillas. Es delgada y camina siempre erguida, moviendo poco los brazos, en una imagen de rigurosa vitalidad. Tiene 45 años, pero aparenta mucho menos. Abre la puerta y cruza el umbral en medio de sombras. Cuando estas se disipan, se puede ver el interior de su casa, el sueño cumplido de Vidalina: un sillón viejo pero limpio hasta el menor hilo, una televisión de pantalla convencional, un pequeño equipo de sonido, varias sillas y una mesa de plástico. A un lado está el cuarto donde duermen ella y sus dos hijos más pequeños, de nueve y 14 años, los únicos que todavía viven a su lado. Esta casa es su gran orgullo.

“Cuando me quedé sola, yo creí que no lo iba a poder lograr. Pero ya ve, ya hasta tengo agua y luz”, dice Vidalina. Ahora no es capaz de decir cuánto fue la inversión final en materiales para su casa, pues la mano de obra la hizo su hermano, que le cobró $150 por todo el trabajo. Haciendo cuentas, asegura que quizá la suma final fue de unos $4,000. A eso también se le agrega el pago de agua, la conexión de su casa a las tuberías del servicio de agua potable, que fija en unos $1,400.
—Vidalina, ¿cuál es su ganancia mensual?
—Unos $90. Con eso la vamos pasando. Uno de pobre con poco se conforma. Yo eso tengo, que soy algo conformista –dice, mirando de reojo sus pies, esta mujer que, como otras en El Salvador, ha sido sometida a un ciclo diseñado para impedir su desarrollo: cuando tenía solo 16 años, su pareja, de 30 años, la embarazó de su primera hija; nunca estuvo en un salón de clases y no aprendió a leer; ha trabajado desde niña para poder llevarse un trozo de comida a la boca.

Noventa dólares son el dinero que le queda después de apartar los $72 que ahora desembolsa cada mes con respecto a su préstamo de $700. Es algo que disciplinadamente aparta. Está, por tanto, dentro de los gastos fijos de su negocio. Otros $90 sirven para pagarle el sueldo mensual a su empleada, a quien ahora ha dejado palmeando tortillas en su puesto fijo, otra conquista para ella, ubicado a unos 50 metros de su hogar.

Desde ahí puede dedicar toda la mañana a producir tortillas, en una jornada que va desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tras ello descansa dos horas para volver a ese rincón y quedarse hasta las 7 de la noche haciendo pupusas y otros bocadillos.
—Pero no se imagina lo liviano que siento ahora que ya no tengo que pagar la letra del terreno o la de la paja de agua. Que ya he podido tener las cosas a mi nombre –comenta Vidalina, angustiada porque el reloj casi llega a las 12 de la tarde y ha dejado a su empleada sola en su puesto fijo. Es hora de volver a trabajar.

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El modelo de microcréditos solidarios utilizado por la entidad que le dio el préstamo a Vidalina Pérez no nació en El Salvador. Proviene de Bangladesh, país asiático de 163 millones de habitantes. Fue creado en los setenta por Muhammad Yunus, ganador del premio Nobel de la Paz en 2006. El esquema ha echado raíces en casi todos los países del mundo, como una posible forma de superar la pobreza en naciones en desarrollo.

Pero no ha estado exento de críticas. Milton Friedman, premio Nobel de Economía, señaló que no se trata de una respuesta integral a los problemas, pues, en la práctica, al tratarse de cantidades muy pequeñas, los fondos otorgados terminaban convirtiéndose en “recursos para la supervivencia”

“No es un instrumento adecuado para los pobres porque el endeudamiento hace que las personas vulnerables lo sean más. Esto no quiere decir que proporcionar recursos financieros no sea importante, pero debe ser a la población que tiene unos mínimos vitales cubiertos”, aseguró el experto, fallecido en 2006.

La familia. Vidalina es la madre de seis hijos. El más pequeño de ellos va a tercer grado, al que le ha podido brindar una casa sólida en un trozo de tierra propio tras esfuerzos y privaciones.

Algo parecido opina Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, quien señala que este tipo de iniciativas solo tendrán verdadero impacto si van acompañadas de otras medidas que combatan el problema estructural. Aunque aplaude el entramado solidario y comunitario que han podido generar entidades como ASAPROSAR, que han permitido que mujeres a las que antes la presión del esposo ni siquiera las dejaba intentar emprender un negocio hoy sí lo puedan realizar, la respuesta todavía se queda corta.

“Hay que ponerse a pensar en cuántas mujeres han logrado destacar y generar ingresos más allá de la sobrevivencia, cuántas realmente han logrado cambiar sus condiciones de vida en el país a través del tiempo… Además, casi nunca se utiliza para cuestiones realmente productivas, como el campo, sino que las mujeres están mayormente concentradas en la comercialización”, comenta Juárez.
Mauricio Choussy, expresidente del Banco Central de Reserva y analista económico, opina de otra forma. Para él, en El Salvador rural de la actualidad, este tipo de financiamientos significa la única salida para personas con pocos recursos, pues permiten iniciar emprendimientos, una respuesta al hecho de que el empleo formal en el campo es escaso y, cuando hay, casi siempre está dirigido al hombre. Para él, todo microcrédito debe ir aparejado con un componente de capacitación.
“El problema no está en endeudarse, sino en hacerlo de manera irresponsable”, sentencia Choussy.

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Ventas. Una residente de San José la Majada, Verónica Marroquín, se dedica a la venta de tamales. Es una de las 3,500 mujeres que actualmente reciben créditos de ASAPROSAR.

El Gobierno nacional no había tenido un programa referido específicamente a financiamiento para mujeres pobres sino hasta hace un año. Lo ha hecho a través del programa FONDO MUJER, una alianza entre el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), la Secretaría de Inclusión Social, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

Esta marimba de nombres y siglas, según lo explica Mabel de Soundy, especialista de Inteligencia de Mercadeo de BANDESAL, produjo un programa que consta de dos partes: una, los fondos entregados para emprendimientos, que en su primer año fueron de más de $125,000; la segunda, un fondo de garantía, que era el que en la práctica respaldaba a aquellas mujeres a las que, por no poseer nada, les era imposible contar con una garantía financiera.

El proyecto tiene otros elementos: la primera parte la desarrolla la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), que durante tres meses brinda capacitaciones a las mujeres sujetos de crédito en diferentes aspectos de un emprendimiento: desde la manera correcta de calcular los costos reales de un negocio hasta la elección de un rubro determinado para el emprendimiento, que tenga esperanzas de rendir frutos según la zona geográfica donde se desarrolle. Una de las partes esenciales de la metodología es que se aprenda a realizar un presupuesto riguroso que se ha de cumplir a rajatabla media vez se reciban los fondos.
Sin embargo, los alcances de FONDO MUJER todavía están por verse, pues en su primer año los fondos se repartieron en solo 76 créditos, que iban de los $300 a los $5,000.

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Cinco mujeres se han reunido en la casa de Ana Paula de Morales, de 82 años, una de las mujeres con más edad de las que han recibido un crédito de ASAPROSAR. Cada una cuenta con un pequeño emprendimiento, que casi siempre se trata de una venta de alimentos, ropa o joyería. Unas gotas de gasolina para una economía antes animada por el café. Este grano, que en otro tiempo constituía la mayor parte de los ingresos de esta comunidad en San José la Majada, Juayúa, solo representa un dinero extra en la época de corta, la que va de noviembre a febrero, en la que cada una participa.

Las nuevas tecnologías para el procesamiento de café, comentan, han dejado a muchos sin la fuente de sustento que antes tenían en la famosa cooperativa de San José la Majada. Por eso, dicen, octubre representa el final de los meses más críticos en lo que a ganar dinero se refiere.

Solo una de ellas estudió hasta sexto grado, Norma Villeda, quien dice que no continuó en el proceso porque su padre considera que a “una hembra no se le da mucho estudio”. Ahora ella vende de todo un poco: sandalias, blusas, comida en las tardes, chocobananos y charamuscas.

“Sin el préstamo quizá no haríamos nada”, dice Ruth Nohemy Valencia, nuera de Ana Paula, quien junto a su suegra ha logrado surtir de más productos la tienda que dirigen. El resto de mujeres asiente a su afirmación, al tiempo que muestran la manera en la que se ordenan para lograr salir con el pago del préstamo: una libreta donde está reflejada cada cuota y el día específico en que ese dinero debe ser entregado en la caja de crédito de San José la Majada, que colabora con ASAPROSAR dándole un local para depositar el cobro del dinero. Las mujeres, además, tienen una cuenta de ahorro solidaria: todo va a un fondo común del que pueden hacer uso en conjunto o individualmente, previa autorización del resto de miembros.

El grupo. Norma Villeda, María Grande, Emma Paula de Morales, Ana Díaz y Nohemy Valencia, del centro La Colina de ASAPROSAR. 

 

En esta foto, una de las libretas con las que ordenan sus pagos.

María Grande, una de las más participativas de esta especie de mesa redonda, ejemplifica en sí misma aquellas palabras de que la mujer rural debe cumplir múltiples jornadas en el día para lograr unos ingresos dignos a fin de mes. “Yo de casi todo puedo, lo único que no es descumbrar los palos”, comenta.Sin embargo, Grande ha logrado romper con uno de los esquemas más recurrentes en el área rural del país: el hecho de que a las mujeres, históricamente, se les ha negado la posesión de la tierra. Gracias a sus ahorros, su esfuerzo y un crédito pudo adquirir un pequeño terreno que, antes de que ella lo tomara, estaba ocioso. En este, ella y su grupo familiar han comenzado a sembrar café.
—¿Cuánto espera ganar con el terreno?
—No le podría decir. No hemos cortado una sola vez todavía. Ojalá que en unos tres años los palitos nos puedan dar un par de quintales –asegura Grande, con la voz envuelta en seguridad.
El de María es un caso excepcional que también se demuestra mediante los números. Según el informe “Situación de las mujeres rurales salvadoreñas en el ámbito económico” del ISDEMU, solo el 14.6 % de los propietarios de la tierra en el área rural de El Salvador son mujeres.

“¿Cuánto espera ganar con el terreno?” “No le podría decir. No hemos cortado una sola vez todavía. Ojalá que en unos tres años los palitos nos puedan dar un par de quintales”, asegura Grande, con la voz envuelta en seguridad. El de María es un caso excepcional que también se demuestra mediante los números. Según el informe “Situación de las mujeres rurales salvadoreñas en el ámbito económico” del ISDEMU, solo el 14.6 % de los propietarios de la tierra en el área rural de El Salvador son mujeres.

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El producto. Nohemy Valencia muestra las charamuscas que han hecho famosa la tienda que maneja junto a su suegra, Emma Paula de Morales. El programa de créditos tiene 23 años.

Vidalina camina con energía de su casa a su puesto y cada tanto debe detenerse para anotar uno que otro pedido. Mientras avanza, afirma que tener $90 libres a final de mes en esta zona del país es mucho mejor que trabajar, por ejemplo, en uno de los muchos comedores o comercios cercanos a la frontera. En efecto, según afirman algunos trabajadores, tras una serie de descuentos, que incluso tienen que ver con su desempeño, el sueldo base no pasa de los $70 en jornadas que superan las 12 horas. En El Salvador, un país con tantas carencias, incluso ganar un sueldo mínimo sigue siendo un lujo inalcanzable para un sector de la población.

Vidalina ya tiene su casa, su sueño de siempre. Por eso, se le cuestiona sobre lo que sigue, cuál será su próxima conquista. La primera corresponde a la educación de sus hijos menores, de 14 y nueve años: quiere que sean los primeros de sus retoños a quienes pueda asegurarles una formación por lo menos hasta bachillerato, aprovechando que en la escuela de la localidad es muy posible que el otro año se incluyan estos cursos.

La segunda es seguir mejorando el lugar donde vive, un terreno amplio que le ha dado espacio para acondicionar, incluso, un gallinero.

“Quizá lo otro es hacer mi muro. No sé, por lo menos dos hiladas de block y lo demás de tela metálica. Ya va a ver qué bonito me va a quedar”, comenta Vidalina, con los ojos llenos de ilusión.

 

Privados de libertad escriben libros sobre el campo y la navidad

Presentación. Privados de libertad en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque presentan los libros que escribieron basados en sus memorias.

“Crecí en El Mozote, vengo del monte, de cerros y de historia de guerra. A veces creo que soy del tiempo y del olvido”. Eso escribió Pablo a manera de presentación en su libro. Él es un joven de 17 años que guarda prisión en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque.

Pablo mide alrededor de un metro y medio, es delgado, lleva el pelo corto y no tiene tatuajes. Su libro, junto a los otros 10 que se presentan este lunes 14 de agosto, ha sido producido a través del proyecto “Soy Autor” de la ONG Contextos.
Durante tres meses, 11 privados de libertad decidieron qué parte de sus vidas querían (y podían) publicar. La historia que Pablo terminó escribiendo es sobre un día en el que recorrió junto a su hermano el río Sapo, la poza de Las Culebras, persiguió cangrejos y corrió entre las veredas de Morazán.

De todos los privados de libertad en este evento, Pablo es quien tiene la cara más tierna. Mientras sonríe ampliamente, los ojos se le entrecierran. Habla despacio, sus gestos son suaves y responde con paciencia las preguntas que el público invitado le hace sobre el libro que escribió. Él es una de las personas que más podrían inspirar confianza dentro de este grupo de gente, de no ser porque es el único que viste una camisa blanca sobre la que se ha pintado una M y una S, acompañadas de dibujos de huesos y cadenas.

Pero en este evento dentro del centro, Pablo sonríe y habla de la poza en la que solía nadar frente a un montón de desconocidos que omiten preguntar cualquier tema relacionado con su camiseta.

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“Mi amigo sincero”. Ese es el título del libro que escribió un privado de libertad en el que narra la muerte de un amigo cuando fue alcanzado por un rayo.

El programa de escritura se realiza “sin defender (a los reos) ni justificar por qué están allá”, explica Zoila Recinos, la directora de programas de Contextos. Ella se encarga de recalcar que con esos programas no se pretende justificar ni apoyar los delitos que estos jóvenes han cometido. Programas como este, comenta, sirven para que los privados de libertad reflexionen sobre su propia historia.

El Centro de Inserción Social de Tonacatepeque es el lugar al que se envían a los menores de edad que se han encontrado culpables de cometer algún delito y tienen vínculos con la Mara Salvatrucha. En el país hay cuatro centros de inserción para menores y en total, albergan a 770 jóvenes.

Cada uno de los autores ha decidido por su propia cuenta qué historia quiere contar. Algunos hablan de su infancia, otros de este presente en el que extrañan a su familia. El escenario que Pablo usa en su libro evoca al campo y la tranquilidad de la vida rural en El Mozote, Morazán.

La historia del libro está alejada de la realidad de este centro. En este lugar pagan su condena algunos imputados por casos de violencia extrema. Por ejemplo, en mayo aquí fue internado un joven acusado de violar a promotoras de salud que llegaron a trabajar a una comunidad, y en junio, dos menores de edad fueron condenados a cumplir seis años de cárcel en este centro por haber asesinado al alcalde de Tepetitán. Los ajustes de cuentas y homicidios entre reos tampoco son un tema superado. En marzo la Fiscalía reportó el levantamiento del cadáver de un interno.

En este ambiente hostil es que los maestros de Contextos imparten un taller de escritura creativa para la paz. La organización sabe que con su proyecto se está creando un libro con poco o nulo impacto en la literatura, pero aseguran que el objetivo de este programa es otro.

Aquí escribir se entiende como la oportunidad de brindarles a estas personas un “proceso de introspección, de compartir sus vivencias”. La directora del programa asegura que cuando los internos reflexionan sobre literatura y sobre lo que escriben se les está dando la ocasión de “escuchar a los demás” y “ modificar los propios sentimientos”. Esas dos cosas suenan básicas, explica Recinos, pero es necesario construirlas desde cero con esta población.

“Soy Autor”. El programa se enfoca en hacer que los jóvenes “lean como escritores” para luego narrar sus memorias. El 14 de agosto fueron presentados 11 libros creados en este.

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Ana trabaja en una maquila. Tiene 33 años y tuvo a su hijo cuando tenía 15 años. Salió de su casa a las 4:40 de la mañana para poder estar a tiempo en este acto. Este lunes está un poco nerviosa porque no sabe si le brindarán una constancia de presencia en este lugar para presentarla en su trabajo. Si el centro no le brinda la constancia, cuenta que le descontarán $20. Si la consigue, el descuento será de $10.

Ana espera sentada en una de las 45 sillas que se han colocado en un salón del Centro de Inserción Social de Tonacatepeque. Ella espera ver a su hijo mientras los trabajadores de Contextos inflan y pegan globos dorados y blancos en las paredes.

Frente a Ana hay una mesa de honor y en la mesa de honor hay un papel con el nombre de su hijo, el interno encargado de dar las palabras de agradecimiento. Conforme los minutos avanzan el salón se empieza a llenar con personal del Ministerio de Educación, invitados y empleados de la ONG. Antes de entrar acá cada uno de los invitados ha pasado un protocolo de seguridad en el que se revisa que no ingrese ningún ilícito al centro; después ha caminado por un pasillo hasta llegar a este salón en el que un guardia se encarga de abrir el candado de la puerta. Al otro extremo del salón, otro custodio vigila el área de ingreso de los reos.

Ana trabaja en una maquila. Tiene 33 años y tuvo a su hijo cuando tenía 15 años. Salió de su casa a las 4:40 de la mañana para poder estar a tiempo en el acto. Este lunes está un poco nerviosa porque no sabe si le brindarán una constancia de presencia en este lugar para presentarla en su trabajo. Si el centro no le brinda la constancia, cuenta que le descontarán $20. Si la consigue, el descuento será de $10.

Ana viste sencillo: sandalias, una falda azul y una camisa blanca con rayas. No tiene ni una pizca de maquillaje en la cara y afirma que su error, quizá, fue pasar trabajando todo el tiempo.

Cuenta que Gabriel, su hijo, fue acusado de extorsión. Ahora lleva un año y tres meses encerrado. “No hay palabras para decirle cómo me siento”, dice emocionada cuando ve que uno de los libros que se exponen en las mesas tiene el nombre de su hijo en la portada. Cuenta que cuando ella salía de los turnos de la maquila y regresaba a su casa, Gabriel siempre estaba a su lado. Pero no está segura de qué hacía Gabriel mientras ella trabajaba.

A las 9 de la mañana un guardia abre un candado y luego una puerta. Nueve de los 11 privados de libertad que presentan su libro ingresan al salón. Todos llevan camisas y pantalones anchos y el pelo corto. A excepción del personal del centro y los maestros del programa de escritura, no conocen a la mayoría de los invitados. Caminan hacia adelante y se arrellanan sobre las sillas de la primera fila. Gabriel sale y se sienta en la mesa de honor rodeado de personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos. Ana mira a su hijo y sonríe tímida.

La presentación de los libros empieza. Quien dirige el acto es un maestro de Contextos y Alejandro, un reo que ha escrito un libro. Alejandro es moreno, usa una camiseta de la selección nacional de fútbol, tiene ojos verdes y pestañas largas. Habla medido y no titubea al decir que “somos pandilleros y tenemos sentimientos”.

Después de los saludos de bienvenida, es el turno de Gabriel para dar las palabras de agradecimiento. Se levanta, desdobla una página y lee el discurso que ha escrito a mano con ortografía impecable y lapicero azul. Su intervención empieza con una cita bíblica y termina diciendo: “Gracias por darnos la oportunidad de presentarle al mundo entero que somos seres humanos igual que ustedes dándoselo a demostrar con estas historias”.

Contextos usualmente realiza este programa con grupos de 12 personas. Nadie está obligado a participar. La organización le presenta el programa a toda la población privada de libertad y luego los interesados se presentan a las clases de escritura creativa. Una vez instalado el proyecto, se imparten dos clases por semana hasta completar las 22 sesiones. En esas horas clase se trabajan los borradores de texto y el proceso de edición y revisión de los libros.

“En la clase se abordan experiencias humanas –asegura la directora del programa–. Cada uno tiene la responsabilidad de saber que va a exponer cosas dolorosas. No decimos ‘van a escribir sobre lo que ustedes han hecho, sobre la pandilla’. No, son temas genéricos”.

Por eso, las historias que se presentaron son variadas. Está la historia de un joven que no conoce a su hija porque nació después de que él fue internado, un libro que habla sobre la muerte de una hermana y otras historias como una graduación de noveno grado, o la navidad inolvidable de alguien que pudo usar ropa nueva y jugar fútbol un 24 de diciembre. Todas las historias están situadas en colonias marginales y comunidades. No hay un solo libro en el que se reconozca que el nivel de vida de ellos era privilegiado.

Después de las palabras de agradecimiento del acto, el centro de inserción brinda media hora para que los privados de libertad puedan compartir su experiencia con los invitados. Como sucede en las ferias de logros de las escuelas, los internos se colocan detrás de la mesa en la que está expuesto su libro y hablan con desconocidos sobre el proceso y la dificultad de encontrar las palabras adecuadas al momento de escribir.

Ninguna de las historias profundiza sobre la vida siendo un interno. Pablo, el reo que usa la camiseta con símbolos de la mara, menciona algo que ayuda a explicar cómo incluso estos programas que buscan la expresión de los privados de libertad están regulados por estructuras de poder internas.

Cuando se le pregunta si alguno de sus compañeros se opuso a que él escribiera su historia, él responde que no, porque el proceso “fue avalado por los demás que lo hiciera. De todos modos no es nada malo lo que cuento”. Luego explica que la escritura fue difícil por otros motivos que no tenían que ver con coerción, sino con marcas personales. “Al principio nos costó escribir, porque alguno quería escribir cosas con mucho dolor, entonces mejor escribimos historias más comunes”.

Mencionar que se trabaja en espacios con jóvenes pertenecientes a pandillas funciona como un repelente de donaciones. Así lo explica Zoila Recinos: “Hay empresas donantes que no entienden esta vinculación, que dicen yo voy a apoyar escuelas, no voy a estar apoyando nada que tenga que ver con prisiones o pandilleros porque no lo ven como centros de inserción y ese es uno de los retos de ISNA”.

 

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Cuando a Pablo se le pregunta por qué está encerrado en este lugar responde con evasivas. Se limita a responder: “Son errores de uno. Y como dicen, al que anda en la miel algo se le pega”.

Pablo cuenta que tiene tres hermanas y tres hermanos. Dice que le gustaría volver a El Mozote, pero sabe que solo podría ir de paseo porque “hay varia gente que quedó enojada”. Allá causó temor.

Un vecino de la zona donde vivía Pablo pide no ser identificado antes de hablar de cómo lo vio crecer. Afirma que la gente no nace mala y que nunca se imaginó que Pablo terminaría encerrado. Lo describe a él y a sus hermanos como niños tranquilos que en más de alguna ocasión ayudaban a hacer el oficio del día en casas ajenas.

El Mozote es un lugar reconocido por una masacre ocurrida en diciembre de 1981 en la que soldados mataron a 900 personas de la población civil, incluidos infantes. Dos décadas después de la masacre, nació Pablo. El vecino cuenta que Pablo iba a la escuela local, pero que la abandonó por la calle y se le vio caminando armado por las veredas del lugar. Según la base de datos del Ministerio de Educación de 2016, la escuela del caserío no tiene teléfono, fax, correo electrónico o baños que funcionen con sistemas de alcantarillado.

“Eso es descuido y maltrato de los padres”, dice el hombre tratando de encontrar una razón que explique el presente de Pablo. Él afirma que lo vio crecer y escuchó alguna vez cómo el joven contaba que en su casa lo golpeaban. Hace un par de años, recuerda, dejó de verlo por la zona. El rumor de la comunidad es que fue acusado de amenazar y extorsionar a personas de las comunidades aledañas.

En el libro que ha escrito, Pablo está en el campo. “Me gusta la vida rural, creo que aquí todo es posible”, se lee en su texto. Pero su realidad es Tonacatepeque. Este lunes ninguno de sus familiares vino a la presentación de su libro. Dos de ellos, quizá porque no pueden. Desde su comunidad rumoran que dos de sus hermanos también están presos.

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Proceso. En la presentación de los libros fue posible observar los distintos pasos
del proyecto, incluyendo los cuadernos donde empezaron a escribir sus escritos.

La organización que impulsa el programa empezó a trabajar en 2014 con privados de libertad. Ese año trabajaron con adultos en el penal de Quezaltepeque. Hasta este año se han iniciado los programas “Soy autor” en los cuatro centros de inserción a escala nacional.

La inversión económica para cubrir los gastos de materiales, educación y producción de “Soy Autor” para 2017 es de $167,000. Ese dinero, producto del apoyo de la cooperación internacional y los organismos multilaterales, cubre la ejecución del programa en los centros de inserción social a cargo del ISNA.

Ya que en estos espacios se resguarda a menores infractores de la ley, el presupuesto del centro es parte del presupuesto general del ISNA y no de la Dirección General de Centros Penales. La dirección brinda la seguridad de los centros.

El presupuesto sigue siendo insuficiente para el trabajo de reinserción a la sociedad que estos centros deben realizar. El ISNA destina $3.8 millones para las labores de inserción social. Esta cifra no debe entenderse como sinónimo de lo invertido en programas para que los que ahí entran cambien sus vidas. La mayoría del dinero es para pagar salarios. El rubro de remuneraciones es de $2.4 millones y para la adquisición de bienes y servicios se destinan $1.3 millones.

Ante esta realidad, las ONG que trabajan con las personas que han cometido delitos siendo menores de edad se vuelve crucial. Contextos se financia a través de donaciones y de concursos de fondos internacionales.

Además de trabajar con centros penales, la organización da capacitaciones para maestros de escuelas públicas y trabaja con jóvenes en comunidades de alto riesgo. Sin embargo, mencionar que se trabaja en espacios con jóvenes pertenecientes a pandillas funciona como un repelente de donaciones. Así lo explica Zoila Recinos: “Hay empresas donantes que no entienden esta vinculación, que dicen yo voy a apoyar escuelas, no voy a estar apoyando nada que tenga que ver con prisiones o pandilleros porque no lo ven como centros de inserción y ese es uno de los retos de ISNA”.

Cuadernos donde comenzaron a escribir sus notas.

 

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El maestro de ceremonia avisa que la media hora que tenía el público para platicar con los privados de libertad ha terminado. Todos retoman sus asientos y se procede a la entrega de los diplomas. El maestro que entrega los reconocimientos los llama por su nombre y menciona alguna de sus cualidades. A uno de ellos lo llama “uno de los tipos más listos que conozco”.

En este proyecto se habla de la importancia del lenguaje en situaciones concretas. Eso se evidencia desde el momento en el que los reos se cuidan de decir lo justo, hasta las ocasiones en que la ONG decide omitir la palabra “líder” del lenguaje usado en sus actividades “por el tema de pandilla. Porque en la estructura (criminal) ‘líder’ es otra cosa”.

Terminado el acto, Johana Díaz, una de las maestras que ha dirigido el proceso de estos jóvenes, se muestra orgullosa del resultado. Díaz afirma que otros colegas le han cuestionado por qué trabaja con población dentro de la cárcel, pero afirma estar convencida de la necesidad de trabajar en contra de la estigmatización de los privados de libertad.

Quienes participan en el programa deben leer a diferentes autores y aprender a identificar las emociones que se le adjudican a los personajes de los libros. Eso funciona como un “simulador de emociones para generar empatía”, explica la directora del programa. Aprender a identificar los sentimientos, aseveran, sirve para ver las historias de otra manera y abrirse a hablar incluso del dolor propio.

El acto termina y los internos se preparan para volver a su espacio cotidiano. Antes, la maestra de escritura de este grupo les ha dicho que está agradecida porque “contaron historias que son difíciles de contar”. Alejandro, el pandillero moreno de ojos verdes y pestañas largas, lo confirma. En su libro habla de cómo se sintió cuando su hermano mayor migró huyendo de un problema de pandillas para salvar su vida. “¿Y vos a quién le habías contado eso?”, le pregunta la docente. Alejandro baja por un segundo la guardia, mira hacia abajo y responde: “A nadie”.

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“¿Qué posibilidades les damos a estos menores? ¿Posibilidades de estar estudiando? ¿Posibilidades laborales? Si no existe un entorno favorable, es muy difícil poder hablar de reinserción. En el Gobierno, en la Asamblea se intenta hablar mucho de reinserción. Si todo este discurso, que es muy bonito, no lo acompañamos de hechos reales, es muy difícil”, asegura Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

Los procesos de reinserción no son entendidos solo como un cambio personal que deben hacer los reos, sino, un cambio que Estado y sociedad deben acompañar. “Lo que necesitan los jóvenes pandilleros son oportunidades y sobre todo verdaderos procesos educativos con base en ciudadanización”, escribió en una columna de opinión de LA PRENSA GRÁFICA el especialista en educación Óscar Picardo a inicios de este año.

Contrario a lo recomendado, los esfuerzos de reinserción social estatales están marcados por carencias. Sumado a esas faltas, se tiene la ausencia de núcleos familiares fuertes que puedan recibir a los infractores cuando terminen de cumplir su pena. En este evento, a pesar de que las familias de los jóvenes fueron invitadas, no hay parientes. Entre decenas de personas que vinieron a este espacio a escuchar las historias de los presos solo hay una madre. Es Ana, la mujer que madrugó y tomó varios buses para escuchar la historia que su hijo quiere contar.

*Los nombres de los infractores de la ley han sido cambiados a petición del ISNA.

Más de 700. Los centros de inserción social del ISNA albergan a más de 700 jóvenes que cumplen sus condenas por haber cometido algún delito siendo menores de edad.

La ley inspirada por Pablo Escobar, ¿hasta dónde debe reformarse en El Salvador?

Una de las críticas que se le hacen a la ley es que puede reñir con el artículo 106 de la Constitución, en el que se le prohíbe al Estado realizar confiscaciones. Pero no es tal, pues este concepto se refiere a la privación de un bien a una persona sin el debido proceso, lo que no pasa en la ley. Lo contemplado en la Ley de Extinción de Dominio se sustenta en el artículo 103 de la Constitución, que dice que la propiedad privada no es un derecho absoluto: siempre debe cumplir una función social. Algo obtenido ilícitamente no lo hace.

La figura del colombiano Pablo Escobar es un mito en toda Latinoamérica. Es el nombre que acude a la mente inmediatamente después de que se escucha la frase “capo del narcotráfico”. Ríos de tinta han corrido para contar los pasajes de su historia, hasta los más banales. Varios actores lo han interpretado en la pantalla.

Fuera de la ficción, Pablo Escobar ha representado un auténtico dolor de cabeza para las autoridades colombianas. Fue un hombre que traficó cantidades ingentes de droga y de influencias y, con eso, amasó incalculables cantidades de dinero. Parte de esas ganancias quedó en las manos de su viuda, Victoria Eugenia Henao, y de sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela.

El capo. Pablo Escobar es una de las figuras por las que nació la Ley de Extinción de Dominio en Colombia.
Esta, además de perseguir bienes adquiridos con fondos ilícitos, también se encarga de incautar aquellos que sirvieron
para cometer un delito, como una casa que sirvió para alojar secuestrados o para vender droga. A estos últimos se les conoce
como bienes de destinación ilícita.

Y aunque para el imaginario colectivo de todo un continente Pablo Escobar era, definitivamente, un narcotraficante, la justicia colombiana nunca lo pudo condenar por ningún delito, hasta su muerte en diciembre de 1993. En términos prácticos, Pablo Escobar murió siendo inocente.

Al fallecer, toda causa penal se desvaneció y, con eso, la posibilidad del decomiso de todo aquello que había comprado con el dinero del narcotráfico. Había casos que hacían más difícil, todavía, el trabajo. Como el del edificio Mónaco, famoso por ser el escenario de un atentado contra él perpetuado por uno de sus rivales. Este había sido puesto a nombre de su pequeña hija, Manuela, cuando solo tenía tres años, en 1987. La niña contaba con solo nueve primaveras cuando su padre murió.

Con esa edad, a Manuela no se le podía acusar de nada y, por ser una menor, era civilmente incapaz. La propiedad de ese inmueble se hubiera legitimado a favor de la familia de Escobar si, dos años después de la muerte del capo, Colombia no hubiera promulgado una legislación inédita, la Ley de Extinción de Dominio, la misma que ha permitido que en años tan recientes como 2012 se hayan podido seguir recuperando, a favor del Estado suramericano, bienes adquiridos con el dinero de la droga traficada por Escobar. Y no solo del extinto líder del cartel de Medellín, sino de tantos otros nombres ligados con el crimen organizado en Colombia, como Gonzalo Rodríguez Gacha.

Uno de los casos. Esta vivienda perteneciente al diputado Reynaldo Cardoza le fue incautada de manera preventiva a través de la ley. Un agente custodia la entrada de esta casa, ubicada en los Planes de Renderos.

El Salvador: La discusión servida en la mesa

El Salvador cuenta con su propia versión de la Ley de Extinción de Dominio desde 2013. Fue producto de un largo proceso de consulta interinstitucional e internacional. En 2010, la Organización de los Estados Americanos (OEA) le dio vida al proyecto de Bienes Decomisados para América Latina, más conocido como BIDAL. En ese marco, suscribió, el 20 de diciembre de ese mismo año, un memorando de entendimiento con la Comisión Nacional Antidrogas de El Salvador.

Este incluyó la evaluación del sistema de decomiso nacional. Expertos internacionales vinieron al país para analizar las normas, regulaciones e infraestructura institucionales relacionadas con el rubro. Comprobaron, incluso, la forma en que operaba el parqueo que la PNC tiene en la hacienda Changallo, en Ilopango, donde cientos de carros parecen dormir el sueño de los justos.

Tras ello, la OEA presentó esos resultados al Gobierno salvadoreño a través de la Comisión Nacional Antidrogas, que a su vez trabajaba con Naciones Unidas en un proyecto de ley para traer a la legislación una adaptación de la Ley Modelo de Extinción de Dominio.
Se conformó un comité interinstitucional para discutir la pertinencia de la ley, donde estuvo la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional Civil, la Corte de Cuentas de la República, la Superintendencia del Sistema Financiero y, cómo no, la Asamblea Legislativa a través de sus asesores técnicos.

La ley finalmente fue aprobada por 82 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa en octubre de 2013, tras una larga discusión dentro del congreso y la presión de Estados Unidos, que la puso como uno de los ítems a cumplir para el desembolso de los fondos para la segunda fase de FOMILENIO.

Fue la primera en todo el continente que estuvo basada en la ley modelo de Naciones Unidas. Colombia, en 2014, tuvo que hacerle unas reformas a la suya para que se adecuara más a la propuesta por el ente internacional.

Desde su promulgación ha permitido que el Estado tenga la oportunidad de aprovechar los bienes (que lo haga satisfactoriamente ya es otra historia) de personajes como el exdiputado Wílber Rivera Monge o José Misael Cisneros, apodado “Medio Millón”. Solo a partir de bienes que antes pertenecían a estas dos personas, el Gobierno ha podido recuperar más de dos millones de dólares.

Es penal en cuanto al uso de técnicas especializadas de investigación, que son desarrolladas por la policía y el ministerio público de un país, en nuestro caso la Fiscalía General de la República. También en cuanto a la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin una demanda previa. Y es civil porque su objetivo es vislumbrar si un bien fue adquirido o no con fondos provenientes del cometimiento de un delito. Si el presupuesto anterior se cumple, eso se traduce en que ese acto, el de la adquisición, no fue legal.

Pero el mismo concepto “extinción de dominio” continúa representando un reto. La ley es una rara avis dentro del sistema de justicia salvadoreño, un tanto difícil de comprender para alguien que no sea abogado.

El costarricense Dennis Cheng es especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen. También ayudó a la redacción de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas y dio aportes técnicos a la legislación promulgada en El Salvador. Para él, una forma más fácil de comprender la ley es la siguiente: tener en cuenta que es una mezcla de dos mundos jurídicos diferentes, el penal y el civil.

Es penal en cuanto al uso de técnicas especializadas de investigación, que son desarrolladas por la policía y el ministerio público de un país, en nuestro caso la Fiscalía General de la República. También en cuanto a la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin una demanda previa.

Empresa. El Juzgado de Extinción de Dominio avaló la cautelación de GUMARSAL, perteneciente a Juan Umaña Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra Umaña, en abril de 2017.

Y es civil porque su objetivo es vislumbrar si un bien fue adquirido o no con fondos provenientes del cometimiento de un delito. Si el presupuesto anterior se cumple, eso se traduce en que ese acto, el de la adquisición, no fue legal y, por tanto, no existió: la persona nunca fue dueña del bien. Solo hubo una apariencia de derecho. Es un punto simple donde no importa si la persona es culpable de un delito o no. Se enfoca en la propiedad o bien, no en el individuo.

Pero no todos han estado conformes con ella, pues ya ha sido objeto de tres demandas de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La primera de ellas, presentada en 2014 por el abogado Luis Mario Pérez Bennett, por violaciones a varios derechos constitucionales, fue admitida por la Sala de lo Constitucional y estaría a punto de emitir su fallo. La Sala evalúa si la normativa viola la Constitución por ser retroactiva e imprescriptible, porque revierte la prueba (es decir, el acusado debe probar que es inocente), porque violenta el derecho a la intimidad o porque confisca antes de ser vencido en juicio.

Este año, Mayra Salazar Martínez, hija de José Adán Salazar (Chepe Diablo), procesado por lavado de $215 millones, promovió otra demanda de inconstitucionalidad contra la ley.
Posteriormente, en mayo pasado, algunos diputados comenzaron a verle defectos, a decir que reñía con la Constitución de la República. También fue en mayo de 2017 cuando comenzaron a trabajar en una propuesta técnica para reformarla. Ahora está al centro de un debate público, en el que el diputado Mario Tenorio, de GANA, y René Portillo Cuadra, de ARENA, son los rostros más habituales en los medios de comunicación. La iniciativa, empero, también tiene el apoyo de la bancada del FMLN.

Esta semana, incluso, parecía inminente que se realizaría una votación en torno a estas reformas en el pleno de la Asamblea Legislativa. Eso provocó que personajes como la embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Manes, se pronunciaran al respecto, señalando una sospechosa prisa. El fiscal general, Douglas Meléndez, también salió a la defensa de la normativa.

Y es que las reformas que se han pensado no son accesorias. La primera de ellas, por ejemplo, busca modificar el artículo 3, el que se refiere a la naturaleza de la ley. En la redacción actual se establece que las disposiciones de la ley son “de orden público y de interés social”. La nueva versión diría que es “de carácter sancionatorio”. ¿Qué quiere decir eso?

Alguien con las suficientes credenciales para opinar sobre lo anterior es el exfiscal colombiano Gilmar Santander. Fue parte de la unidad de extinción de dominio y contra el lavado de activos de Colombia; también integrante del grupo de expertos de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas, y del proyecto BIDAL (Bienes incautados de América Latina) de la OEA.

Para él, modificar la naturaleza de la ley se traduciría en que la acción de extinción de dominio sería un castigo, una pena, para la conducta de una persona. Estaría regulada, por lo tanto, por lo estipulado en el Código Penal.

El suramericano opina que las intenciones de cambiarle la naturaleza a la ley representan una “auténtica trampa”, pues minan, precisamente, aquellas ventajas por las que una legislación como esta fue pensada. Así, comenta, no tendría ningún sentido.

En el Código Penal se contempla un término llamado “comiso”. Es la incautación preventiva de un bien. Se hace por variadas razones: si este fue usado para cometer el ilícito; si puede servir para resarcir a las víctimas del crimen, sobre todo en delitos como la estafa. Está ligado, por tanto, a un proceso penal. La extinción de dominio puede definirse como un comiso desarrollado en un proceso no penal.

Cuando a alguien le incautan algo en un proceso penal, es un tercero, porque allí lo principal es la conducta del delincuente. En la extinción de dominio no será tercero, sino el extremo pasivo de la acción, es decir, el demandado.

“¿Por qué se saca? Para que operen unas garantías distintas a las del proceso penal y se superen los obstáculos que este mismo presenta”, comenta Gilmar.

En otros países. Pablo Escobar y los hondureños Yani y Jaime Rosenthal han sido algunas de las personas a las que se les ha aplicado la ley de extinción de dominio en otros países. Para el exfiscal colombiano Gilmar Santander, es otra forma de combatir la impunidad. “La verdadera impunidad en estos tiempos es que el criminal pueda disfrutar de los bienes que adquiere producto de sus actividades ilícitas”, comenta.

Uno de los obstáculos que el colombiano señala con respecto al enfoque penal es que la persona a la que se pretende extinguir un dominio muera, como en el caso de Pablo Escobar. Al no haber a quién castigar, porque no se le puede revivir para hacerle un juicio y encontrarlo culpable, no hay forma de que esos bienes puedan ser devueltos al Estado. Quedarán, por tanto, en las manos de sus herederos.

“En mi país pasaba algo. Y es que estaba el sicario, que era muchas veces de extracción pobre, al que lo mandaban a matar a alguien a cambio de un dinero. A él no le importaban los riesgos o que estuviera en peligro su vida. ‘No importa’, decía, ‘que me maten, porque mi mamá queda con casa’”, acota Santander.

Otro escenario es el del imputado en rebeldía. Si este nunca se presenta al juicio, porque se encuentra prófugo, ¿cómo se le puede juzgar? Puede ocultarse en otro país tanto tiempo como para que el delito prescriba y, al regresar a El Salvador, volver a tomar posesión de sus bienes. La Ley de Extinción de Dominio, al perseguir a la propiedad y no a la persona, supera estos impedimentos.

Para otros profesionales del derecho, como Pedro Cruz, abogado de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), el cambio en la redacción no representaría tal modificación, sino que se limitaría a establecer que las cautelaciones de bienes podrán hacerse efectivas hasta que el juicio de extinción de dominio llegue a su fin. Sin embargo, sigue siendo un cambio que se antoja radical con respecto a la legislación actual.

Pero esto, sostiene Cruz, permitiría que existieran unas garantías que, en su opinión, no se respetan en la ley. En la forma en la que se establece actualmente, todo lo cautelado de manera preventiva pasa a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), lo que Cruz considera incorrecto.

Algo en lo que tanto Cruz como el colombiano Gilmar Santander coinciden, una especie de punto medio entre dos posiciones que pueden parecer contrapuestas, es que se haga una pequeña modificación en ese punto en específico, y que los inmuebles que sirven de habitación para una persona no pasen a la administración del CONAB, sino que solo se les imponga la notificación en el Centro Nacional de Registros para que su dueño no pueda traspasarlos.

Así se evitarán hechos como la curiosa situación del diputado Reynaldo Cardoza, a quien le han cautelado su residencia: para poder seguir viviendo allí, tiene que pagar un alquiler mensual al CONAB. Pedro Cruz ve otros problemas.

“Un gallito que le veo a la ley es que no tiene una prelación, es decir, no se sabe cuál ley se va a aplicar primero. Porque a una persona le pueden estar haciendo un juicio civil por enriquecimiento ilícito, un juicio penal que tiene responsabilidad civil y un juicio de extinción de dominio. Y los tres procesos recaen en la misma casa. No se la pueden quitar tres veces… creo que no hay que modificar el espíritu, solo arreglar pequeñísimos detalles como ese”, comenta.

¿El Estado como lavador de dinero?

Otra de las medidas que se estudian para reformar la ley es la de agregarle un tiempo de prescripción. La sugerencia es de 10 años después de adquirirse el bien. Es decir que si un narcotraficante compró hace 10 años y un día una finca con dinero proveniente del crimen, este terreno pasará a ser de su propiedad con todas las garantías constitucionales que tendría una vivienda por la que una persona se ha tardado 25 años en pagar todas las cuotas en el Fondo Social para la Vivienda.

“Es una norma que pondría al Estado a lavar activos. Porque si pasan 10 años, automáticamente, la ley lavaría activos. A cualquiera. Narcotraficantes, proxenetas, secuestradores. Es como una patente de corso para delinquir. ¿Cuál es el mensaje que una norma así le manda al ciudadano? ‘Usted se puede enriquecer ilícitamente y, si pasan 10 años, eso es suyo’. Lo que tiene origen ilícito, no se puede legitimar”.

Nelson Mena fue el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República en El Salvador a principios de 2000. Actualmente es especialista legal senior del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. Para él, quien opina a título personal y no en representación de la entidad internacional, la medida sería absurda.

“Cuando un bien procede de las ganancias del narcotráfico o la corrupción, ese bien se obtuvo con el producto de una actividad ilícita. Ilícito lo será toda la vida. El transcurso del tiempo no va a sanear ese bien, no importa por las manos que haya pasado”, comenta. En eso coincide con las observaciones enviadas por la Fiscalía General de la República a la Sala de lo Constitucional para defender la constitucionalidad de la ley.

El colombiano Gilmar Santander opina que se trata de algo “gravísimo” y cuenta la historia de la ley en su país, cómo los legisladores habían propuesto, en 1995, que sus posibilidades de acción prescribieran después de 20 años de adquirido el bien, el doble de lo que se pretende en El Salvador.

Allí fue la Corte de Constitucionalidad la que declaró que establecerle un límite temporal a la legislación era inconstitucional, por razones como las expuestas por el salvadoreño Nelson Mena. Fue una resolución que la entidad tomó de oficio, sin una demanda previa, pues consideraba que era un error inhibir al Estado de poder realizar esa acción. Pero Gilmar Santander va aún más lejos.

“Es una norma que pondría al Estado a lavar activos. Porque si pasan 10 años, automáticamente, la ley lavaría activos. A cualquiera. Narcotraficantes, proxenetas, secuestradores. Es como una patente de corso para delinquir. ¿Cuál es el mensaje que una norma así le manda al ciudadano? ‘Usted se puede enriquecer ilícitamente y, si pasan 10 años, eso es suyo’. Lo que tiene origen ilícito, no se puede legitimar”, asegura el exfiscal suramericano.

Los no afectados. La ley contempla una figura conocida como tercero de buena fe, una persona que adquirió un bien sin saber que se trataba de algo que uno de sus dueños anteriores había obtenido ilícitamente. A este se le respetará la propiedad.

Problemas del mundo real

Colombia es el país donde nació la ley. Ha convivido con ella desde hace 22 años. Por eso puede ser un espejo pertinente para saber qué hacer y qué no hacer con una legislación como esta.

En el país suramericano, uno de los principales inconvenientes recae en la histórica mora judicial. Con una realidad de múltiples formas del crimen organizado, con guerrilla, carteles, paramilitares y otras bandas delincuenciales, los casos no dejan de llegar.

Por eso algunos se han eternizado en los tribunales. El periódico colombiano El Tiempo reportó que en septiembre de 2016 la Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Judicatura que diera rápido trámite a casos que llevaban años e, incluso, décadas.

El caso ilustrativo de los problemas en el proceso era el que inició esa orden de la máxima autoridad de la justicia colombiana. Es el de Antonio Nel Zúñiga, un empresario de la palma africana, quien fue acusado y condenado por apoyar a paramilitares en el desplazamiento forzado de miles de campesinos en el departamento de Chocó. Los hechos ocurrieron en 1997. La fiscalía presume que una fortuna de, aproximadamente, $31 millones perteneciente a él y a su hermano Julio César (también acusado y condenado) procedió de estas acciones, que los beneficiaron en la obtención de grandes territorios.

La fiscalía había mantenido ese proceso vivo desde 2003, sin hacer avanzar las investigaciones. Casi 15 años no habían sido suficientes para recabar las pruebas. La corte ordenó celeridad en el caso, que a día de hoy no se ha resuelto.

En El Salvador la ley establece que la cautelación no puede realizarse sino hasta que la petición de la fiscalía es admitida por la jueza Especializada de Extinción de Dominio. Es hasta entonces cuando esos bienes pasan a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

Cuando esto ocurre los plazos están determinados para darle trámite: el juez tiene 20 días para avisar a los afectados, entre los que puede estar un tercero de buena fe, es decir, una persona que no tenía idea de que el bien que le vendieron tenía un origen ilícito (a él se le respetará la propiedad del bien). Tras eso, deberá fijar la fecha de la audiencia inicial para dentro de los siguientes 10 días.

Cuando esta se realice y si, en efecto, las pruebas son suficientes para continuar con el proceso, se establecerá en el calendario cuándo se realizará la audiencia de sentencia, que se hará dentro de los siguientes 15 días. Ese es el proceso normal, pero puede extenderse si la complejidad del caso lo amerita.

En El Salvador, el único Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ha despachado en un tiempo razonable los casos que le ha presentado la fiscalía, aunque no eran más de dos o tres al año. 2017 ha representado un parteaguas, con la entrada en el escenario de los procesos contra los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores y de los presuntos miembros del cartel de Texis.

La ley ha sido criticada con fuerza por los abogados defensores de aquellas personas a quienes se les ha, precisamente, aplicado. Y en la opinión pública se objetan algunos hechos que todavía no se comprenden de la ley, como las razones de por qué las propiedades de Francisco Flores, expresidente ya fallecido, fueron cauteladas de manera preventiva, pues fueron transmitidas a él por su padre en herencia, lo que hace imposible que hayan sido compradas con los fondos que, presuntamente, el exmandatario desvió de Taiwán.

Sin embargo ello tiene sustento de ley, pues se trata de un concepto conocido como “mezcla”, donde un bien lícito sirve para ocultar lo proveniente de actividades ilícitas. Entre sus variables están las mejoras que se pueden hacer a un inmueble, como los lagos artificiales de la hacienda Zapotitán, en Ciudad Arce, que estuvo en propiedad de Francisco Flores.

“Eso está contemplado en las convenciones internacionales, el concepto de la mezcla no es algo que se inventaron en El Salvador. Es como que usted haga un café con leche, no puede separar ya los ingredientes. Usted no puede iniciar un proceso solo contra las mejoras, debe hacerse contra el bien en su integridad”, asegura el costarricense Dennis Cheng, especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen.

¿Somos todos iguales ante la ley?

La otra modificación incluida en la propuesta técnica de reforma corresponde al artículo 5. En la legislación actual, para que se inicie un proceso de extinción de dominio, el fiscal debe realizar una investigación previa para aportar al juez Especializado pruebas conducentes. Con eso a la vista, el juzgador decide si hay razones suficientes para iniciar el procedimiento.

La nueva versión pide que el juez razone fehacientemente la existencia de evidencia. Según el abogado salvadoreño Nelson Mena, del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, esto modificará el estándar de la prueba requerida. Esta ya no será de probabilidades razonables, sino que, en la práctica, un proceso de extinción de dominio ya no será admitido si en lo presentado en la investigación preliminar no están todos los elementos requeridos para que la fiscalía gane el caso.

En la actual redacción también se estipula que la extinción de dominio se puede aplicar a todos los bienes “que constituyen un incremento patrimonial no justificado”. Con la modificación, solo se podrá promover previa declaratoria de autoridad competente, es decir, si el imputado fue hallado culpable. Eso, por ejemplo, habría hecho imposible iniciar el procedimiento contra el diputado Reynaldo Cardoza, al que le han sido cautelados todos sus bienes gracias a la ley a pesar de que el Tribunal Civil lo eximió de sus cargos.

La restante modificación incluida en la propuesta técnica de reforma indica que la ley se mantendrá tal cual solo para las pandillas y para las estructuras del crimen organizado. Eso significa que no procederá así contra una persona que haya adquirido bienes ilícitamente por delitos como robar fondos del erario público o aceptar un soborno por adjudicar una licitación: en pocas palabras, corrupción.

Eso vulnera un artículo de la Constitución, según el exfiscal colombiano Gilmar Santander. Se trata del número 3, que indica que “todos somos iguales ante la ley”. La propuesta de modificación ni siquiera contempla el argumento de una justificación para el trato diferenciado.

“Me recuerda esa frase que aprendí aquí en Centroamérica: ‘La justicia es una serpiente que solo muerde al descalzo’”, acota.

Las otras utilidades de la ley

¿Cómo ha funcionado la ley en otros países, qué otras utilidades puede darle a la justicia de una nación? El costarricense Dennis Cheng, especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen, asegura que una de sus principales funciones es la de despojar a las grandes organizaciones criminales de sus brazos financieros, aquellos que les permiten canalizar recursos para corromper la justicia, es decir, comprar jueces, policías y cualquier otra parte del rompecabezas del sistema. En pocas palabras, ayuda a debilitar su capacidad para asegurarse impunidad.

“Es una herramienta indispensable para los nuevos enfoques que buscan perseguir a la macrocriminalidad, sobre todo la transnacional, porque es un golpe a un aspecto que no siempre se toma en cuenta al estudiar a estas organizaciones: sus finanzas. Es un mensaje muy claro a la sociedad de que el delito no paga, de que en algún momento, si usted adquirió lo que tiene de forma ilícita, se lo van a quitar”.

El centroamericano trae a cuenta dos casos que le son muy cercanos, pues en los últimos tiempos ha trabajado en Honduras. Se trata del proceso contra Los Valle y Los Cachiros, dos de los carteles más poderosos de ese país, a los que las autoridades catrachas y norteamericanas han identificado como nodos estratégicos entre organizaciones criminales de Colombia, Guatemala y México.

Para Cheng, el proceso de extinción de dominio puede convertirse en un excelente antecedente de ofensivas mayores contra organizaciones de la criminalidad organizada. Así pasó, precisamente, en estos casos.

En agosto de 2014, las autoridades hondureñas le cautelaron varias lujosas propiedades a la familia Valle, en un momento en el que sus miembros eran considerados intocables. Luego vinieron otras extinciones. Tras eso, sus principales líderes fueron capturados y extraditados a Estados Unidos.

Otro tanto pasó con Los Cachiros, a los que les incautaron de manera preventiva (el proceso no ha terminado) unos $800 millones. Algunos de sus socios también fueron atacados gracias a la ley. Ese es el caso de Jaime Rosenthal y Yoni Oliva, acusados por Estados Unidos de lavarle dinero a esta organización a través de sus empresas y su banco, el Continental.

“Es una herramienta indispensable para los nuevos enfoques que buscan perseguir a la macrocriminalidad, sobre todo la transnacional, porque es un golpe a un aspecto que no siempre se toma en cuenta al estudiar a estas organizaciones: sus finanzas. Es un mensaje muy claro a la sociedad de que el delito no paga, de que en algún momento, si usted adquirió lo que tiene de forma ilícita, se lo van a quitar”, comenta Cheng.

Bienes equivalentes. Cuando la fiscalía no puede disponer del bien que fue adquirido ilícitamente (porque fue destruido o pasó a las manos de un tercero de buena fe), puede dirigir la acción de extinción de dominio a otras pertenencias de la persona que obtuvo ilegalmente el bien en cuestión. Estas tienen que ser de un valor equivalente.

Un expresidente no tan excepcional

Ingresos asegurados. Barack Obama recibe una pensión de más de $200,000 al año por ser expresidente de EUA.

Después de dejar la Casa Blanca, a Barack Obama se le ha visto disfrutar de un deporte que como presidente se le había vetado por el riesgo que supone, el kitesurf, y dedicarse a algo que como gobernante también tenía prohibido: ganar mucho dinero y muy rápido. Hace unas semanas se hizo público que un fondo de inversión llamado Cantor Fitzgerald le pagará $400,000 por dar una conferencia sobre sanidad en septiembre próximo. Poco antes, se supo que él y su esposa, Michelle, habían vendido sus memorias por $61 millones, según el Financial Times y otros medios, aunque donarán una parte a su fundación.

Previamente, y como descanso después de ocho años de un trabajo duro, muy duro, se tomó unas vacaciones que incluyeron paseos en el yate del millonario David Geffer por la Polinesia Francesa –en compañía de celebridades como Tom Hanks y Oprah Winfrey– y la práctica del añorado kitesurf con otro magnate, Richard Branson, dueño de la aerolínea Virgin.

Algunos republicanos le han criticado, pero también los sectores más progresistas de su partido le han afeado los cobros millonarios por discursos. “El expresidente Obama es un ciudadano normal ahora y puede hacer lo que quiera, pero me parece desafortunado. El expresidente de Goldman Sachs es el consejero económico de Donald Trump, y entonces ves esto, me parece desafortunado”, dijo Bernie Sanders, rival de Hillary Clinton en las primarias demócratas.  “Muestra el poder de Wall Street y la influencia de las grandes fortunas en política”, lamentó. Al ser preguntada sobre este asunto, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, referente de los demócratas y azote del sector financiero, respondió con un lacónico “me preocupa”.

Estos gestos de Obama no benefician a los demócratas, que se enfrentan a un reto clave: conseguir que su partido vuelva a ser visto como el de la clase media y recuperar el voto de muchos obreros y jóvenes millennials que rechazaron a Hillary Clinton por considerarla amiga de Wall Street, puro establishment.

“Como anunciamos hace un tiempo, el expresidente Obama dará discursos de cuando en cuando, unos serán remunerados y otros no”, señaló su portavoz, Eric Schultz, y aseguró que el exmandatario pensaba dedicar la mayor parte de su tiempo a escribir y ayudar a formar a una nueva generación de líderes. En cuanto a la conferencia de septiembre, Schultz recalcó que “en 2008 Obama logró de Wall Street más fondos que ningún otro candidato en la historia y aplicó en ese sector las reformas más duras desde Roosevelt”.

Lo cierto es que la moda de discutir sobre las ganancias de expresidentes la inauguró Gerald Ford (el primero en facturar a placer por conferencias y entrar en consejos de administración) y se mantuvo con otros muchos, como Bush y Clinton (el caché de Bill se dice que rondaba los $200,000 y el de Bush hijo oscilaba entre los $100,000 y los $200,000 al dejar la Casa Blanca).

Forma de vida. Bill Clinton y George Bush hijo también han hecho cobros por dar discursos
después de dejar la presidencia de Estados Unidos.

Pero una polémica especialmente señalada en la hemeroteca es la de Ronald Reagan. El actor, considerado como uno de los mejores gobernantes de la historia de EUA, dio la campanada cuando en 1989, pocos meses después de dejar la presidencia, se fue de viaje durante nueve días por Japón, invitado por el Gobierno nipón, con el patrocinio de un grupo de comunicación llamado Fujisankei. Esta empresa le pagó $2 millones (de los de entonces) por conceder entrevistas a algunos periódicos y cadenas de televisión. La guinda fue que esta gira tuvo lugar en un momento de tensión económica entre Japón y Estados Unidos. Según una crónica de la época de The New York Times, Reagan no tuvo problemas en tachar de “hipócritas” los recelos de algunos estadounidenses hacia las grandes inversiones niponas.

Así que Obama parece seguir el patrón de otros expresidentes. Pero es precisamente ahí donde reside la sorpresa para muchos: que un jefe de Estado tan excepcional en ciertos aspectos se parezca tanto a sus antecesores en este tema. Los presidentes de EUA tienen garantizada una vida acomodada cuando dejan el cargo: cobran una generosa pensión vitalicia (actualmente de $207,000 anuales) que se fijó en los años cincuenta después de que Harry Truman se quedó, tras salir de la Casa Blanca, con una pensión del Ejército de $112 al mes como único ingreso. Truman, quien regresó a vivir a su modesta casa de Misuri, rechazó jugosas ofertas para trabajar como consultor o lobista, aunque vendió los derechos de sus memorias a la revista Life. “Nunca me prestaría a una transacción que, aunque respetable, mercantilizase el prestigio de la presidencia”, dijo.

Entonces había unos estándares que no existen ahora, admite el historiador Mark Updegrove, autor de “Second Acts. Lives and legacies after the White House” (“Segundos actos. Vidas y legados después de la Casa Blanca”). El experto explica que la moda de los expresidentes conferenciantes fue creciendo “a medida que ha crecido la globalización y el peso de EUA en el mundo”. Updegrove defiende a Obama: “Entiendo que Truman no quisiera que pareciera que comerciaba con la presidencia, pero no creo que cobrar un honorario lo sea”. “No veo contradicción entre señalar la desigualdad y al mismo tiempo aceptar esas cantidades de dinero; además, vamos a ver a Obama volcarse en buenas obras a través de su instituto y de su biblioteca, le veremos devolver mucho más dinero del que se queda”, sostiene el historiador.

A Hillary Clinton sus cachés de unos $200,000 como conferenciante le persiguieron durante toda la campaña electoral. La diferencia con Obama es que él no tiene intención de presentarse a ningún cargo político y se libra, así, de la sospecha de que esos pagos generosos puedan traducirse en leyes más favorables para, por ejemplo, la banca. Pese a todo, que un gran fondo de inversión le pague el equivalente a un buen salario de todo un año por hora y media de conferencia es la quintaesencia de los excesos del mundo financiero que Obama ha criticado.

Ni la pobreza da carta de pureza progresista ni ganar dinero inhabilita a alguien para arengar contra la desigualdad, pero no hay duda de que las fotografías a bordo de yates de millonarios y la química especial que Obama muestra con ellos se incluirán en la lista de las contradicciones del expresidente.

Los estándares han cambiado mucho desde la época de Truman. Gerald Ford se saltó el tabú y el resto de expresidentes han seguido sus pasos. Obama, simplemente, parece que ha optado por no romper con esto.

Una película de fantasmas

Ilustración de Moris Aldana

En el sueño mataban a una mujer. La pesadilla se repite cada cierto tiempo. Unas veces, el cadáver está en medio del charco creado con sus propios fluidos; otras, cuelga de una soga con la lengua de fuera, hinchada como un bistec. Me temo que este es otro de los efectos del medicamento que estoy tomando. El brebaje me sumerge en un sueño placentero que va tornándose quebradizo, como el cascarón de un huevo, y despierto temiendo que solo he traspuesto el umbral a una nueva pesadilla.

Si no consigo dormir, me vienen a la memoria el viejo bóer sosteniendo sus anteojos manchados de sangre; el cura Neto agujereado a tiros; y la chiquilla esa, Viviana Gallardo, la que murió por amor, sollozando en el rincón de una estrecha celda. Todos ellos se encuentran en estas páginas que escribí únicamente para satisfacer la curiosidad de Albertina, mi hada madrina.

En la ciudad se exhibe “Ghost”, un drama romántico de fantasmas. En la cola para entrar al cine miro a Edmundo Font. Jamás me lo hubiera esperado. Lo conocí en Managua en aquellos años, cuando llegaban personajes de todo el planeta, locos de felicidad, para apoyar una, dos, tres guerras, las que hiciera falta. Font era entonces un gigantón con cara de niño que reunía dinero para apoyar la Revolución sandinista. Ahora estaba convertido en un funcionario de la embajada mexicana en San Salvador, estaba gordo y usaba unas gafas cuadradas que le conferían un aire doctoral. Yo tenía un trabajo de medio tiempo, pasaba apuros económicos, usaba el bigote atusado en las puntas y, para acentuar mi aire chic, de “recién llegado”, lucía una pequeña argolla en la oreja. Todos estábamos un poco cambiados. De hecho, el mundo entero era muy extraño al de antes, pero nos reconocimos de inmediato y nos abrazamos dándonos unas estrepitosas palmadas en la espalda.

A la salida, conmovidos por la película y animados por el reencuentro, decidimos ir a tomarnos algo. Perseguí su Volvo de vidrios oscuros hasta el Club Campestre, en la falda del volcán. Desde la terraza, la vista nocturna de San Salvador es espectacular. ¡Hasta las bombillas de las zonas más miserables de la ciudad lucen como un joyero de Swarovski!

—Míranos no más, ‘sobrebebiendo’, sin heridas –dijo Font a modo de brindis, guiñándome un ojo.

Olvidaba Font que una herida es cualquier cosa que te rompa, y yo andaba por la vida poniéndole remiendos a algo dentro de mí que se agrietaba cada vez más.

Font hablaba sin parar de sus perros, de sus viajes, de su trabajo como consejero en la embajada mexicana: apenas un peldaño de su ambicioso plan en el servicio exterior. Tenía metas claras para los próximos 15, 20 años. Yo, en cambio, vivía al centavo. Le expliqué que no tenía interés en participar en las riñas del caldeado ambiente que siguió al fin de la guerra. Las cosas no estaban fáciles.

—¿Cómo? ¡Un hombre con tu capacidad! ¡Saldrás adelante!

Font pagó los tragos y antes de despedirnos me animó a asistir a las actividades de su embajada.

—¿Para qué? ¡Qué pregunta! Pues, para vernos, para ganar la calle, maestro. Conocerás gente interesante –me dijo, dándome un puñetazo en el hombro.

No tenía muchas ganas, pero fui, por primera vez, y… ¡vaya decepción! Los personajes más conspicuos de la velada eran un dirigente de la logia masónica local, un académico medio sordo, con el pelo teñido, y una poetisa chiquitita, ya mayor, que no paraba de hablar de sus días en el Colmex e insistía en ser llamada “doctora”. Habían tenido vidas intensas y encantadoras, ni dudarlo, pero ya eran agua pasada: ninguno servía para mis propósitos de vida. Pero seguí yendo, por la insistencia de mi amigo. Hice lo correcto porque, si bien yo no lo sabía, en esas tediosas tertulias, poco a poco, la rueda de la fortuna comenzaba a girar a mi favor.

Así fue como conocí a Albertina, en la fiesta del Día de Muertos. Llegué atrasado y me instalé en la primera mesa que encontré, justo al lado de su silla. Micrófono en mano, Font se deshacía en halagos a Dolores del Río, la difunta en cuyo honor se había erigido el altar de muertos de ese año. Después que sirvieron los tragos, me acerqué a Albertina presentándome como alguien que volvía de la pacífica Costa Rica a abrirse paso en el nuevo país. La joven me dijo que acababa de volver de Miami con un posgrado en mercadología. Lo suyo eran los negocios. Quería hacer cosas diferentes. Comenzamos hablando, naturalmente, de la muerte. El ambiente del salón la evocaba por todas partes. Además, le dije, no existe personaje tan justiciero, ni nada provoca tanta incertidumbre a los humanos, como ella. Hicimos clic. Hablamos de música y luego sobre cine. Días más tarde, nos encontramos para un café y, en menos de lo que canta un gallo, comencé a caer los fines de semana a su apartamento en Torre del Sol para disfrutar de sus 13 favoritas películas de miedo, que ella organizó con videos de Blockbuster. Entre los sobresaltos provocados por mellizas asesinas, posesiones diabólicas y muertos vivientes, conocí a publicistas, restauranteros, arquitectos, consultores y funcionarios de la cooperación internacional, prósperos, astutos y, sobre todo, cobardes. Sí. La valentía terminó desacreditada por causa de las atrocidades de la guerra. Incluso escuché a idiotas reivindicando la cobardía en nombre de la no violencia. Pero mi estómago iba aprendiendo a digerirlo todo.

Las mujeres violadas de un país que no protege ni medica

El Salvador es el país con la tasa más alta de homicidios de Centroamérica. Más de seis mil personas fueron asesinadas en el 2015; el 91%, hombres. Las cifras indican que a las mujeres las asesinan menos. El peligro que ellas corren es otro. Ser mujer en este país significa correr un riesgo nueve veces más alto que el de un hombre de ser víctima de una agresión sexual. Siempre en 2015, el 90.34% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres.

Solo en ese año, la Fiscalía General de la República (FGR) registró las historias de 5,019 mujeres a escala nacional que sufrieron abusos sexuales, acoso, estupro, inducción a la prostitución, entre otros delitos.

Por cada diez delitos sexuales que se reportaron ese mismo año, siete sucedieron en el lugar de residencia de la víctima. La casa, en lugar de ser un espacio seguro para crecer, jugar y aprender, se convierte en el escenario de la mayoría de agresiones. “Este dato desmitifica la creencia (de) que las mujeres son violentadas sexualmente en la calle y por extraños. El mayor riesgo lo enfrentan en sus hogares”, dice el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en su ¨Informe sobre hechos de violencia contra las mujeres¨.

La mayoría de víctimas de abuso sexual no habían cumplido los 20 años cuando ya se encontraban en medio de un proceso judicial en el que tenían que declarar ante la justicia cosas que ninguna persona debería vivir. El 63% de las víctimas de hace dos años eran niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años.

Los casos de violencia contra las mujeres aumentan conforme ellas avanzan hacia la mayoría de edad. 287 niñas que tenían entre 5 y 9 años fueron reportadas por la Fiscalía como víctimas de agresiones sexuales durante el 2015.

Cuando las mujeres cumplen los 19 años, los actos de violencia sexual hacia ellas disminuyen drásticamente. De mil 700 actos de violencia sexual contra adolescentes entre los 15 y 19 años, la cifra se reduce a 354 agresiones para el grupo de mujeres de 20 a 24 años.

La violencia sexual no solo las obliga a someterse a procesos legales. Las agresiones traen consecuencias directas en la salud de quienes las sufren. Si el Estado salvadoreño no ha podido evitar que año con año miles de salvadoreñas sean víctimas de estos abusos, está obligado a garantizarles su derecho a la salud de acuerdo al artículo 57 de la Ley especial integral para una vida de violencia de las mujeres (LEIV), la Guía Clínica de la Profilaxis Pos Exposición del Ministerio de Salud y los Líneamientos técnicos para la atención integral a todas las formas de violencia del MINSAL.

La garantía de la salud no siempre se concreta. Así, aunque una víctima de violación se acerque después del ataque a las autoridades de justicia, existe la posibilidad de que no sea trasladada a tiempo a un hospital para recibir anticoncepción de emergencia y tratamiento contra el VIH.

Setenta y dos horas. El sistema de salud solo tiene tres días desde que sucede un ataque sexual para empezar a proveerle medicamentos que previenen el desarrollo del VIH (antirretrovirales) a una víctima. Si ese periodo se pasa sin atención médica, las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades de transmisión sexual y de quedar embarazadas.

Además de recibir medicina antirretroviral, las víctimas de violación sexual tienen derecho a recibir anticonceptivos de emergencia en las horas posteriores a su violación. El personal médico evalúa si la víctima corre riesgo de embarazo tomando en cuenta si la afectada se encontraba bajo algún método de planificación familiar. La “pastilla del día después”, como es conocida comúnmente, no se entrega si las mujeres estaban utilizando algún otro método anticonceptivo cuando sucedió la agresión.

Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer comenta que no es posible saber con exactitud cuántas mujeres violadas recibieron estas pastillas de emergencia porque la entrega se registra dentro de las cifras de anticoncepción oral generales. La anticoncepción de emergencia de una mujer le cuesta entre 35 y 75 centavos al Ministerio de Salud.

González calcula que la atención a una víctima de violación sexual ronda, en total, entre $300 y $500. Esto siempre y cuando la violencia ejercida no alcance niveles extremos. La coordinadora agrega que los costos varían porque “hay víctimas acompañadas de una violencia física tan deshumanizada que terminan con lesión de hígado, de bazo, con desgarros terribles y pueden perder el útero.¨

Cada hora que pasa después de una violación sexual es vital para intentar recuperar la salud de las víctimas. Si estas horas transcurren sin que la mujer reciba tratamiento y su agresor estaba contagiado de la enfermedad, ya nada puede hacerse para evitar que ella también la contraiga.

Los tratamientos de protección contra el VIH después de una violación se empezaron a entregar en el año 2001. A quienes se les indica, deben completar la medicación durante 28 días. Algunos médicos explican que causa náuseas, vómitos y malestar general. Antes de ese año, a una víctima de violación sexual el Estado no le ofrecía la oportunidad de prevenir una enfermedad que podría afectarla para toda la vida a pesar de pedir ayuda médica.

1,103 mujeres fueron remitidas en el 2015 al Instituto de Medicina Legal para que su cuerpo fuera revisado. Ahí se buscan lesiones y residuos biológicos del violador como sangre, semen y vellos púbicos. Si se compara el número de violaciones que instituciones del Estado registran con los tratamientos para la prevención del VIH que el MINSAL brinda, se comprueba que solo el 44% de las víctimas registradas en Medicina Legal por haber sido violadas recibieron terapia antirretroviral en el 2015. Es decir, solo 492 mujeres.
De acuerdo con Medicina Legal, las violaciones aumentaron el año pasado. Pero, los tratamientos de este tipo disminuyeron. En el 2016 solo 294 mujeres recibieron medicamentos para prevenir el VIH en la red del MINSAL. Es decir, el 24%.

Los medicamentos para prevenir el VIH después de una violación “solo están disponibles en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud”, asegura Ana Nieto, la coordinadora del Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA del MINSAL. Sostiene que quien quiera tratarse fuera del sistema nacional de salud, difícilmente podrá hacerlo porque “no van a encontrar los medicamentos en el sistema privado”.

El Ministerio de Salud maneja cifras diferentes a las de Medicina Legal sobre agresiones sexuales. La Unidad de Violencia y Lesiones reporta que en el 2016 le dieron atención a 1,654 personas por violencia sexual. Amílcar Henríquez de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) aclara que no todos esos casos son violaciones pues no todas incluyen penetración y las estadísticas también toman en cuenta otros tipos de abusos sexuales.

Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer del MINSAL asegura que el año pasado registraron 828 casos de violación de agresión sexual en niñas, adolescentes y adultas. Si se omite el dato de reconocimientos de Medicina Legal y solo se toma en cuenta las violaciones de mujeres a las que Salud les dio atención, la cifra de entrega de antirretrovirales aún es baja. Solo cubre al 35% de las víctimas de abuso sexual.

Cada tratamiento de medicamentos retrovirales le cuesta 100 dólares al Ministerio de Salud de acuerdo con el Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA. Los antirretrovirales se adquieren con financiamiento proveniente del Presupuesto General de la Nación. Se compran por adelantado alrededor de 500 tratamientos antirretrovirales dando por descontado que habrá víctimas de atención sexual.

Hay niñas que son agredidas sexualmente mucho antes de que puedan hablar, caminar o tomarse una foto con su primera piñata de cumpleaños. El año pasado Salud le brindó atención a 4 niñas menores de un año por este motivo. El Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA también registró que en el 2015 se le brindó atención retroviral a 26 niñas de entre 1 y 4 años tras ser violadas. En el 2016 la cifra de tratamientos entregados disminuyó considerablemente y una niña de ese rango de edad recibió protección contra el VIH.

Entre los 10 y 14 años se supone que las niñas deben estudiar de cuarto a octavo grado y aprender sus primeras lecciones de álgebra. También es en este rango de edad en el que son más abusadas. 435 niñas de estas edades fueron violadas en el 2016 de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal. El grupo que le sigue son las adolescentes que tienen entre 15 y 19 años, con 406 violaciones. En ese periodo, 87 hombres abusados llegaron a la institución para someterse al mismo proceso.

¨La posibilidad de la transmisión de VIH en la violación sexual es más alta que en una relación sexual no violenta por el mayor daño en tejidos que puede haber”, establece la guía clínica de Profilaxis Post Exposición del MINSAL. Esta guía indica una serie de pasos y consideraciones que el personal médico debe tomar en cuenta cuando recibe a una víctima de violación.

Si es una unidad de salud el lugar al que ha acudido la persona que se enfrentó al abuso, lo primero que deben hacer es atender cualquier lesión que amenace su vida y enviarla a un hospital. Ahí se evaluará si debe recibir tratamiento antirretroviral.

El personal médico hace ¨evaluaciones de riesgo¨ para decidir si la víctima podrá iniciar el tratamiento para evitar el VIH, un embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual como hepatitis, gonorrea y clamidia. Por ejemplo, si una mujer fue violada pero no es posible determinar si tuvo contacto con semen o sangre de su agresor, no se prescriben los medicamentos antirretrovirales.

Cuando Ana Nieto, la coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, es cuestionada por el bajo número de tratamientos retrovirales que se proporcionan comparado con las cifras de violaciones sexuales que se registran año con año, ella explica que un posible motivo que hace que ese número sea bajo es el factor temporal. “¿Cuántas de estas víctimas llegaron después de las 72 horas?”, pregunta.

Las personas que sufren violencia sexual y buscan auxilio del Estado, lo hacen pronto. El 77% de las víctimas de violencia sexual denuncia a menos de un mes de la agresión. Solo un 10% espera nueve meses o más para iniciar una acción legal, de acuerdo con el informe del Ministerio de Justicia. Los primeros tres días desde la agresión son los más importantes para lograr evitar enfermedades y prevenir un embarazo no deseado.

“La primera idea que se le atraviesa a una víctima después de una violación es un embarazo y VIH. Esos son los dos terrores más grandes”, afirma Silvia Juárez, la coordinadora del Programa para una Vida libre de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Desde su trabajo acompañan a mujeres que atraviesan situaciones de este tipo y cree que la falta de atención médica en las primeras horas después de una violación se traduce en un proyecto de vida frustrado.

Hasta 1998 en El Salvador estaba permitido el aborto cuando el embarazo era producto de una violación, cuando el feto no era compatible con la vida y cuando la madre corría peligro de muerte. Sin embargo, el Código Penal actual obliga a las mujeres que no tienen acceso a anticonceptivos de emergencia a cargar en su vientre al hijo de su agresor.

El artículo 57 de la LEIV establece que a todas las mujeres que enfrenten hechos de violencia sexual se les garantizará “recibir atención médica, tratamiento adecuado y especializado, en los casos que lo ameriten. Así como la utilización del Protocolo de atención en caso de violencia sexual, para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual y la Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar.”

De acuerdo con la página web del Ministerio de Salud, la Guía Ténica de Atención en Planificación Familiar es un documento derogado y para los casos de violaciones se siguen los pasos establecidos en los Lineamientos técnicos de atención integral a todas las formas de violencia. Los lineamientos establecen que el manejo médico de las mujeres víctimas de violencia sexual debe orientarse, entre otras cosas, a “la prevención del embarazo indicando la anticoncepción de emergencia”.

La anticoncepción de emergencia previene el embarazo antes de que ocurra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que este tipo de medicamentos son preventivos, no abortivos: “La anticoncepción de emergencia no puede interrumpir un embarazo establecido ni dañar al embrión en desarrollo.”

El Ministerio de Salud ya se posicionó a favor de una reforma al Código Penal que permita interrumpir los embarazos en las causales que se permitían con la legislación anterior.
En el polo contrario se situa la postura de la Fundación Sí a la Vida. Una organización que se ha pronunciado tajantemente en contra de cualquier reforma que pretenda hacer legal cualquier tipo de aborto. La fundación continuamente realiza foros y campañas de sensbibilización con las que busca reducir los abortos. Sí a la vida defiende que incluso en casos de violación, las mujeres deben llevar a término el embarazo porque consideran que la interrupción de la gestación es igual al asesinato de un inocente.


¿Por qué las víctimas no llegan a los hospitales dentro de las primeras 72 horas?

Entre las instituciones hay un rebote de culpas. En el MINSAL se dice que los procuradores de justicia no agilizan procesos para que las víctimas lleguen pronto a recibir atención médica. Y en la PNC, una agente que ha trabajado con casos de violencia contra la mujer señala que los recursos que tienen para atender a las víctimas de violencia no son suficientes.

La agente de la policía se encarga de dejar en claro que, en teoría, hay lineamientos que garantizan el acceso a la salud de las mujeres desde que tienen contacto con la autoridad, pero en la práctica esto no se cumple. Pone de ejemplo que un policía puede llevar a la víctima a la Fiscalía para que les entreguen una orden de reconocimiento de violación en Medicina Legal. Y este proceso puede tardar horas.

A la agente se le pregunta si conoce casos en los que hayan pasado más de 72 horas sin que la denunciante de una violación sexual haya sido referida al hospital. No duda en responder: ¨Totalmente¨ y luego afirma que, a veces, los retrasos se deben a que, a su juicio, hay poco presupuesto asignado para las unidades de atención a las mujeres en la policía. “¿Qué implica trasladar a una mujer desde San Juan Opico hasta Santa Tecla? ¿Acaso tengo unidades disponibles?”, pregunta.

¨Nos toca ver cómo en el sistema de justicia (la violación sexual) no siempre es una emergencia, incluso en el mismo sistema de salud. A veces les dicen que pasen a consulta externa¨, relata Silvia Juárez. En esto también coincide la policía. Ella cuenta que esa es una escena conocida. Ha sabido de casos en los que el personal policial acompaña a una víctima de abuso a la clínica y la respuesta que reciben es: “Haga cola”.

En otras ocasiones, las personas que han sido abusadas llegan al sistema de salud público con el único deseo de ser atendidas, sin ninguna intención de denunciar ante las autoridades por temor a represalias. Pero, el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual establece que los médicos y enfermeras deben dar aviso a la FGR o la PNC.

Cuando hay víctimas que no quieren denunciar porque no se sienten seguras y se dan cuenta de que el personal de Salud ha dado aviso de un posible delito a las autoridades, se les coloca -lastimadas como están- ante la disyuntiva entre tener acceso a su salud o hacer frente al riesgo y el miedo de las represalias.

¨Hubo una ocasión en que acompañamos a una mujer victimizada por pandillas y le dijimos al personal de salud ´ella no quiere poner la denuncia y necesita ser atendida porque estamos al filo de las 72 horas´. El personal nos dijo ´esperen en esta sala´. Luego escuchamos que estaban llamando a Fiscalía. Cuando la víctima oyó eso entró en crisis y nos ha tocado salir en fuga¨, relata Juárez.

Ya sea por el temor a denunciar, por horas perdidas en burocracia, o porque alguna parte del personal sanitario no prioriza la atención médica por violaciones sexuales, Salud no logra proteger de enfermedades de transmisión sexual ni de embarazos no deseados a todas las personas abusadas.

Autoridades del MINSAL han dicho que las víctimas llegan muy tarde, pero en ORMUSA, Silvia Juárez hace otra lectura de los datos: “Si las víctimas le importan al Estado, él va, las busca y las protege. No pone como excusa que fueron ellas las que no llegaron al sistema de salud. Parece un acto cruel decir que ellas fueron las que no vinieron cuando fue el Estado (el) que no las supo proteger».

Ana Nieto insiste en que lo que falta para mejorar el acceso a la salud de las víctimas de violencia sexual es coordinación interinstitucional. Ella cree que es necesario que todo aquel profesional que interviene cuando una mujer ha sido violada debe conocer que lo que prima en estos casos es que las víctimas reciban atención médica. De lo contrario, dice, en lo que se espera que la persona declare, que llegue un juez o mientras aguardan para ser atendidas en Medicina Legal, “perdemos horas valiosas.”