Hay un protocolo que establece una obligación del Estado salvadoreño para garantizar educación sobre la responsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de sus hijos, para evitar la sobrecarga a las madres. Exige prestaciones sociales, como un seguro de salud y un ahorro de pensiones para todas las mujeres trabajadoras e igual acceso a oportunidades de empleo y becas para las mujeres. A lo largo de los últimos 20 años, la necesidad de este protocolo ha sido una coincidencia entre diputadas de diferentes partidos políticos e ideologías, pero no ha habido suficiente apoyo para conseguir la ratificación.
El 85% de los hogares monoparentales en El Salvador son liderados por mujeres, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y, de acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2019, la jefatura de más de un millón de hogares está a cargo de una mujer. Pese a la necesidad de garantizar condiciones más justas para ellas, desde 2001, cuando se firmó, ha sido imposible que en el pleno legislativo se ratifique el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
La participación de mujeres en los cargos de elección popular está normada en la Ley de Partidos Políticos, que establece, en el artículo 37, que estos institutos deben celebrar elecciones internas para seleccionar a sus candidatos a estos cargos, como diputados y alcaldes. El 30 % de los inscritos debe ser mujer, según el artículo 38 de esta misma ley. De acuerdo con la asociación Acción Ciudadana, en el actual proceso de elección sí se está cumpliendo con la cuota de género. Pero, buena parte del porcentaje de candidaturas de mujeres se encuentra en la suplencia.
Para que los intereses, realidades y experiencias de las mujeres se vean reflejados en leyes, dice Morena Herrera, defensora de derechos humanos y fundadora de la Colectiva Feminista, es necesaria la paridad de género en la Asamblea Legislativa.
La paridad, sin embargo, no se trata únicamente de la cantidad de diputadas en un partido, como explica Silvia Juárez, representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Se trata de los cargos que desempeñan en los mismos. “Hay que revisar los puestos de poder o de toma de decisiones, ahí es donde no están incluidas", dice.
En El Salvador, por ejemplo, no existe, actualmente, un partido político que esté dirigido por una mujer. Cristina Rivera, representante de la Unidad de Género del TSE explica que, desde 2015, esta institución ha firmado pactos por la participación política de las mujeres con directores y secretarios generales de los partidos políticos salvadoreños. Y, agrega, también han conversado con las representantes de los sectores femeninos de cada uno de los partidos. Pese a ello, agrega: "Hasta ahora, solo nos hemos entendido con hombres secretarios".
Juárez considera que el simple hecho de llevar mujeres candidatas otorga ventaja a los partidos políticos "por decir que cumplen con estándares progresistas". Sin embargo, agrega que esta participación no se traduce de la misma forma que la de los hombres en cargos directivos dentro de los partidos políticos, por lo que no se puede hablar de grandes avances en materia de paridad.
El Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM) incluye en su lista de logros la aprobación de la Ley Especial para la Regulación de Salas Cunas para las Hijas e Hijos de los Trabajadores. Pero, la entrada en vigencia de esta ley, en el contexto de la pandemia, ha tenido dos prórrogas, llevando su entrada en vigor hasta enero de 2022.
La carencia de un sistema de cuido institucional se ha resuelto de tres maneras, dice la doctora en educación Carolina Rovira en una ponencia para UNICEF El Salvador, “las mujeres salen del mercado laboral para quedarse en casa y cuidar de sus hijas e hijos entre los 0 y 6 años, las abuelas o los parientes asumen este trabajo u otras mujeres asumen el cuido como parte del mercado de trabajo informal”. Es decir, el peso de los cuidados, ante la ausencia de, en este caso, salas cunas, recae sobre las mujeres. Y, por eso, el retraso de la entrada en vigencia de esa ley afecta de manera directa a este sector de la población.
La no ratificación del CEDAW, tras 20 años de intentos, resume bien la necesidad de que el 51 % de la población que se define mujer esté representada en el pleno legislativo. Y hay más.
En partidos como Vamos y Nuevas Ideas, sin tomar en cuenta sus coaliciones, las mujeres corren por menos del 30% de las candidaturas propietarias, y por más del 50% de candidaturas suplentes, según las resoluciones a las solicitudes de inscripción del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por otro lado, en estas elecciones, los dos candidatos a diputados independientes son hombres y, sus suplentes, mujeres.
Iniciativas estancadas
Algunas diputadas aseguran que, en la Asamblea Legislativa, existen iniciativas que no avanzan por representación de género y por intereses económicos de los partidos o de sus compañeros. "Hay obstáculos de muchos colegas diputados en bastantes temas de enfoque de género", dice Martha Evelyn Batres, diputada propietaria por ARENA. Batres hace alusión al Decreto para la creación de los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación de las Mujeres, aprobado en 2016: "Muchos diputados hombres votaban por darle prórroga a la entrada en vigencia de los tribunales", cuenta.
La diputada agrega que este no es el único caso. Ella, que ha incluido la Ley de Agua en su plataforma electoral, asegura que ese tema debe abanderarse "desde una perspectiva de género, garantizando la participación de los sectores femeninos". Sin embargo, alega que dentro de la Asamblea Legislativa "la voz de los hombres es más escuchada en algunos temas ambientales".
La EHPM contabilizó, en 2019, que 69,527 hogares a escala nacional no cuentan con servicio de tuberías y que, por ello, deben acarrear agua desde fuentes naturales como ríos, quebradas o manantiales. El abastecimiento de agua es una actividad de la que se suele responsabilizar a las mujeres.
De acuerdo con Batres, los diputados se apropian de temas como la Ley del Agua con el fin de responder a intereses "sociales colectivos" que no benefician a "quienes en realidad necesitan la legislación". Hace énfasis, también, en que personas "en la inmensidad" de ARENA le han externado que no están de acuerdo, por temas de género y de intereses partidarios, con que ella lleve en su plataforma legislativa esa ley: “Es un tema que tradicionalmente no se ve dentro de ARENA”.
Además de la presión interna por abanderar o no ciertos temas, hay silencios y frenos en aprobación de legislaciones. De acuerdo con Marcela Villatoro, diputada propietaria de ARENA, su iniciativa de reforma al Código Penal para reconocer como delito de agresión sexual el tocamiento impúdico, al principio, no fue apoyada por algunos diputados hombres, en 2019.
Villatoro asegura que la reforma recibió "sabotajes" dentro de la comisión de legislación. "No sé si era por proteger al magistrado Eduardo Escalante o por pensar que también, después, podía caerles la ley a ellos", dice.
El Informe sobre el estado y situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador de 2020, presentado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) contabilizó, entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020, 707 mujeres atendidas por violencia de género. De este total, 515 fueron atendidas por violencia física y psicológica, y 70 por violencia sexual. Las estadísticas del informe corresponden al período de emergencia nacional por la pandemia de covid-19.
Para el mismo período, la Policía Nacional Civil (PNC) contabilizó un total de 1,010 denuncias por delitos contra la libertad sexual. De este total, 218 fueron denuncias por estupro y 197 por violación en menor o incapaz. En el mismo contexto de emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud (MINSAL) reportó, entre enero y junio de 2020, un total de 258 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años y 6,577 embarazos de niñas y jóvenes entre 15 y 19 años.
Además, Villatoro agrega que la Comisión Ad hoc para estudiar reformas sobre delitos contra la libertad sexual también recibió negativas de parte de diputados en el pleno legislativo: "Varios diputados no querían que se conformara esta comisión. Como que le tenían un poco de miedo", dice.
Por su parte, Dina Argueta, diputada del FMLN, asegura que el anteproyecto de la Ley Especial de las Personas Trabajadoras del Hogar Remuneradas, que su fracción presentó en 2020, se encuentra estancado dentro de la Comisión de trabajo y previsión social de la Asamblea Legislativa. "No ha habido voluntad de estudiar esta propuesta de ley", dice.
"Más del 90% de las personas que realizan labores domésticas en El Salvador es mujer", comenta Argueta. Y argumenta que, por ello, es un tema que debe abordarse con una perspectiva de género. Sin embargo, señala que el anteproyecto no avanza en la Comisión de Trabajo y Previsión Social "por intereses económicos y por falta de concientización".
La Comisión de Trabajo y Previsión Social está conformada por nueve diputados y tres diputadas y, actualmente, es presidida por una mujer: la diputada de ARENA Silvia Ostorga. Villatoro, de la comisión, asegura que el anteproyecto de ley para las personas trabajadoras del hogar remuneradas no ha avanzado debido a que la comisión "ha priorizado el código penal de trabajo" y, también, a causa de la pandemia de covid-19.
El anteproyecto de ley no se consideró prioritario. No se le ha dado la misma importancia que a otras iniciativas aun cuando solo el 3.2% de las personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado tiene cobertura de protección social, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y, cuando únicamente el 1.4% tiene cobertura de salud en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). El 89.7% de quienes se dedican a ese trabajo es mujer.
En el contexto de la pandemia, la Comisión de Trabajo y Previsión Social hizo a un lado el anteproyecto a pesar de que, según ONU Mujeres, las personas trabajadoras remuneradas del hogar “son uno de los principales colectivos afectados por la crisis”. Antes de la pandemia, el 26% de los hogares de trabajadores y trabajadoras domésticas se encontraba en condición de pobreza, dice la OIT.
Legislaciones pendientes para las mujeres
La Unión y Morazán son los dos departamentos del país que nunca han sido representados por una mujer diputada propietaria en la Asamblea Legislativa, en los últimos siete períodos electorales, según las memorias de elecciones del TSE. Hasta la fecha, sin tomar en cuenta reelecciones, cada uno de esos departamentos ha tenido 12 diputados hombres. Departamentos como Cabañas, Chalatenango y San Vicente solo han tenido una mujer diputada, y ocho, nueve y siete diputados respectivamente.
Mariana Moisa, antropóloga y activista feminista, asegura que es importante que más mujeres logren ocupar cargos públicos, pero que también es esencial que quienes lleguen se interesen por proponer temas que beneficien a este sector, que es más de la mitad de la población.
Para Herrera, de la Colectiva Feminista, estas elecciones tienen una particularidad: “Hay algunas candidatas que se han presentado declaradamente como feministas y que llevan una plataforma feminista. Y ese es un cambio, un paso, en la construcción de otros discursos para incluirlos en los escenarios electorales”. Herrera reconoce, sin embargo, que, por ahora, no existe ningún instrumento político liderado por mujeres, y que, por eso, estas candidatas no tienen garantía de que serán escuchadas por sus partidos.
Hasta el momento, algunos de los temas pendientes, según Moisa, son la ratificación del Protocolo CEDAW, la ratificación del Convenio 189 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye derechos laborales para las trabajadoras domésticas, y la despenalización del aborto en sus cuatro causales.
“El debate sobre el aborto está plagado de silencios porque, antes, se tendría que hablar de la cultura de la violación”, apunta Silvia Juárez, de ORMUSA. Y agrega que la ausencia de mujeres en puestos de toma de decisiones genera retrocesos en temas como este. Además, no existe diálogo, porque las estructuras partidarias son masculinas. Por ello, considera que la representación de las mujeres en los espacios públicos es necesaria para “trabajar desde la experiencia y la identidad colectiva”
Moisa, aunque reconoce que mujeres de diferentes partidos toman como bandera los derechos de las mujeres, asegura que no se comprometen con las propuestas que suponen cambios estructurales. “Estos temas significan votos para los partidos. En el tema de la violencia es fácil montarse, también en el de la economía y las mujeres jefas de hogar. Es fácil plantear esos temas que no suponen mayor cuestionamiento y no suponen cambios estructurales. Utilizan ciertas banderas fáciles de plantear”, dice.
Herrera ve “bastante probable” que, luego de las elecciones, el número de mujeres en la Asamblea Legislativa disminuya. Y eso implica, también, que la aprobación de legislaciones en favor de los derechos de la mujer vaya más lento. Situación que, según Herrera, hará que “El Salvador aparezca en números rojos frente a compromisos internacionales en materia de participación política y de derechos de las mujeres a la participación política”.
Hasta la fecha, la propuesta presentada por el GPM en 2019 para reformar el artículo 38 de la Ley de Partidos Políticos, y garantizar así que la cuota de participación de mujeres ya no sea del 30% sino del 50%, sigue estancada en la Comisión de Reformas Electorales.