La barrera entre el empleo formal y el VIH

Fotografía de Archivo

Aquella noche, el VIH le salvó la vida. Mario pudo haber salido a las calles a buscar clientes junto a Katherine y Tania. A eso se dedicaba. Pero declinó, porque al siguiente día debía estar a las 6 de la mañana en el hospital para pasar consulta y recoger sus antirretrovirales. Era 2009, 8 de junio.

Mario fue a su cita. Le dieron sus medicamentos. Casi al mismo tiempo en que él dejaba el hospital, el cadáver de Katherine (Samuel Flores, de 17 años) era hallado a la orilla de la avenida Jerusalén, entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán, en la finca en donde ahora funciona el parque Bicentenario. Su cuerpo estaba muy dañado, murió por golpes y asfixia. A Tania (Cristian Ardón, de 24 años), la encontraron siete días después, en las profundidades de la misma finca. Su cadáver también era una enumeración de violencias. Tras una larga agonía, la mataron los golpes en la cabeza.

Mario tenía en ese momento 23 años. Ya llevaba seis viviendo con su diagnóstico. Veló a sus amigas. Las lloró. Pero no dejó las calles. No pudo. No tenía alternativa, pese a que las amenazas eran constantes.

“Nos tiraban los carros queriendo atropellarnos. Seguido nos pasaba que acabábamos puros monitos colgándonos de los palos”. Cuenta Mario entre risas que solo se entienden en la lógica de quien sobrevivió a los disparos desde carros en movimiento. “Nos tirábamos al suelo, donde fuera nos metíamos con tal de que no nos mataran”. Después de los ataques, siempre tocaba seguir trabajando.

Al final era eso: una forma de obtener ingresos en un país con débiles instituciones de protección social y con alto grado de intolerancia a la diversidad sexual. A Mario le tocó verse solo en las calles desde que tenía 12 años, cuando su familia lo echó de su casa en el interior del país porque “le gustaban los hombres”. Vino a San Salvador y durmió entre los huecos de la infraestructura del Centro Histórico. En aceras, bajo pasos a desnivel, en la oscuridad y el frío, sus compañeros eran otros adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“Una amiga que conocí en la calle me dijo que ella me prestaba ropa, que así podía dejar de dormir con los piperos y huelepegas, porque ahí no iba a durar mucho”; y comenzó en una ocupación que cinco años después, con 17 cumplidos, lo colocó de frente a una prueba de VIH que dio reactiva.

“Me dijo la enfermera ‘aquí lo que pasa es que usted tiene sida y le quedan tres meses de vida’, y ya, nada más”. Ese diagnóstico no sacó a Mario del trabajo sexual. Era 2003, él no tenía estudios ni familia. Y el sistema de salud pública recibía apoyo de instituciones internacionales para no faltar en la entrega gratuita de medicamentos. Pero para cambiar su forma de vida, Mario requería más que eso.

Hoy, la entrega de medicamentos se mantiene gratuita y la hace el Ministerio de Salud, que atiende también a los beneficiados de Bienestar Magisterial (docentes) y a los de la Fuerza Armada. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por su parte, brinda servicio a los empleados públicos y privados que cotizan. La ayuda internacional se ha reducido según lo pactado.

En este momento, de acuerdo con Ana Nieto, directora del Programa Nacional ITS/VIH-sida del Ministerio de Salud, el Estado asume en su totalidad los costos de los antirretrovirales. El apoyo del Fondo Mundial todavía representa un 60 % de la inversión que se hace en reactivos para hacer las pruebas. Pero el principal reto del abordaje va más allá de lo que se puede hacer solo desde el sector sanitario. El estigma y la discriminación todavía interfieren en la calidad de vida de las personas con VIH.

En El Salvador, hasta 2017, había 17,940 personas viviendo con VIH, de acuerdo con los datos más recientes publicados por el Programa Nacional ITS/VIH-sida. Entre estas personas había 6,999 mujeres y 10,941 hombres. El VIH se concentra entre personas que van de los 19 a los 39 años. Es decir, en edad económicamente activa.

“No hay documentos o investigaciones que crucen el VIH con el acceso a empleo formal. La mayoría de personas con este diagnóstico se dedican al trabajo informal”, explica William Hernández, de la organización no gubernamental Entre Amigos.

El informal puede llegar a ser un empleo de precariedad y riesgo físico en El Salvador. “Lo primero que hay que ver es que si la persona no tiene garantizada la alimentación, tampoco va a poder ser adherente a un tratamiento que requiere disciplina. Sin fuente de ingresos, hay un deterioro veloz que no depende solo de los medicamentos”, señala Hernández.

Para un plato de comida al día y el pago del alquiler de un dormitorio era justo para lo que daba el trabajo en la calle por el que Mario se arriesgaba a ser víctima de violencias. Cuando había suerte, podía darse un lujo, que no era otro que la posibilidad de guardar $1; a veces, hasta $2. Una práctica que acabó siendo fundamental para él.

Hace casi 10 años, Katherine y Tania fueron secuestradas y asesinadas con brutalidad por gente que se hizo pasar por clientes. Ellas pensaban que les iban a pagar por un servicio y acabaron matándolas. Mario tenía 23 años y estaba en esa misma dinámica del trabajo sexual, porque en el sistema laboral no tenía cabida.

Abandonado por su familia a los 12 años, Mario no pudo terminar ni la educación básica. Para poner un negocio que diera suficiente para pagar comida y techo, necesitaba al menos un capital semilla para invertir y no calificaba para préstamos. Diez años después, la situación de acceso a empleos formales no ha cambiado demasiado.

La cantidad de personas que vive con VIH y está afiliada al Instituto Salvadoreño de del Seguro Social fluctúa entre 2,300 y 2,800, de acuerdo con Ana Nieto, directora del Programa Nacional ITS/VIH-sida. En otras palabras, cuanto mucho, el 22 % de personas mayores de edad que viven con VIH tiene un empleo formal con beneficios sociales, como seguro y pensión por vejez o invalidez. Esta cifra es inestable, porque –al margen de las campañas de sensibilización en políticas de VIH en las que están inscritas cerca de 120 empresas privadas– cuando alguien conoce su diagnóstico mientras goza de empleo, su vulnerabilidad aumenta.

“Sabemos de casos de fuga de información sobre el diagnóstico en la empresa o en la institución en la que trabaja la persona con VIH. En esos casos, las personas no son despedidas, pero son obligadas a laborar en un ambiente hostil para que acaben renunciando”, explica Nieto.

El Ministerio de Trabajo conoció ocho denuncias por discriminación a causa de VIH en 2017. Se dice conoció, porque no siguieron el proceso y tampoco fueron colocadas en esta cartera de Estado. “La gente no denuncia por temor a que se tomen represalias. No es solo que no hay cultura de denuncia, es que la gente todavía se siente desprotegida si lo hace”, explica Roxana Martínez, educadora de Fundasida.

Tener un empleo fijo ha llegado a convertirse en un privilegio, algo a lo que pocas personas con VIH acceden. Y no solo es necesario desde el punto de vista económico, sino que también tiene un poder terapéutico. “No hay ninguna duda de que la gente que lleva su diagnóstico y a la par tiene un trabajo está física y emocionalmente en mejor condición, no se enferma”, ilustra Hernández, quien al frente de la Asociación Entre Amigos reconoce que de los 34 empleados, “dos o tres viven con VIH”.

Fotografía de Archivo

Mario parece un ejemplo de esta relación entre trabajo y salud. El guardadito que fue dejando se transformó en $20. Y ese dinero se convirtió en una puerta. Fue la oportunidad que aprovechó y que ahora, una tarde de viernes, lo tiene hablando desde la cima de su propio éxito.

En 2003, tras recibir el resultado de la prueba que dio positivo, Mario empezó a integrarse en algo más que solo recibir el medicamento. La estrategia de Salud comenzó a hacer eco de la urgencia de enfrentar el VIH en colectivo. “Los grupos de apoyo se crearon porque la gente necesitaba un espacio para hablar. A partir de ahí fueron evolucionando y ahora se han convertido en grupos interdisciplinarios, pero el punto inicial fue que la gente quería un espacio para sentirse en confianza y compartir con otros en condiciones similares; esto porque siempre ha existido el estigma”, explica Roxana Arias, de Fundasida.

Esos grupos ahora sirven para más que el desahogo. Ahí se habla de adherencia al medicamento, de disciplina, pero también de dietas y de emprender negocios. “Se comparte conocimiento; si alguien sabe hacer donas, entonces un día lo explica y es conocimiento que ya es de todos. Se le muestra a la gente cómo crear sus propias alternativas de ingresos”, continúa Arias, con la certeza de que muy pocos pueden obtener ingresos de otra manera que no sea un espacio hecho a medida.

En uno de esos grupos, Mario conoció a una amiga que también vivía con VIH y que tenía un puesto callejero de accesorios para celulares en el centro de San Salvador y le cedió un espacio. Mario, con el primer guardadito compró un paquete de calcetines y un paquete de tangas. Vendió los calcetines a dos coras y las tangas a dólar.

En esa transición entre el trabajo sexual y el comercio informal, había noches en las que Mario no podía pagar el cuarto ni las comidas completas. Comía una vez en el día y, para dormir ocupaba el puesto de su amiga. Aun así, obtuvo ganancias con las que siguió alimentando el guardadito para comprar más calcetines y más tangas.

Los grupos de apoyo se convirtieron en norma. Ahora tiene que haber uno funcionando en cada hospital en donde se entrega terapia antirretroviral. Y se han levantado también como una de esas contadas oportunidades de empleo formal para personas con VIH, ya que al menos uno de los que integra el comité interdisciplinario debe vivir con este diagnóstico. Francisco Ortiz, director de Fundasida cree que esto abona a que los recién llegados tengan más confianza y se aferren más rápido a la idea de que el VIH no es una condena mortal, si se cumplen los protocolos.

Mario ya no está en las calles. Las dejó hace rato. Ya tampoco vende calcetines ni tangas ni nada que tenga que ver con ropa. Ahora empieza jornada a las 6 de la mañana y la termina entrada la noche. Tiene una plancha para hacer pupusas y varios carretones de minutas. Su negocio ofrece desayuno, almuerzo, cena y emplea a otras seis personas que conocen su diagnóstico y no lo discriminan.

“A veces me dicen que no me creen que yo tengo ‘eso’; así, dicen que, aunque tenga ‘eso’, yo me veo más fuerte que ellos”, cuenta. Su carga viral, de hecho, es indetectable. Esto se alcanza con una adherencia religiosa al medicamento y a todas las recomendaciones. Mario mira hacia atrás y se siente satisfecho. Su lucha, sin embargo, sigue siendo una entre miles.

El informal puede llegar a ser un empleo de precariedad y riesgo físico en El Salvador. “Lo primero que hay que ver es si la persona no tiene garantizada la alimentación, tampoco va a poder ser adherente a un tratamiento que requiere disciplina. Sin fuente de ingresos hay un deterioro veloz que no depende solo de los medicamentos”, señala Hernández.

Roxana Arias cuenta que en los grupos y en las orientaciones se recomienda que las personas con VIH no elijan como negocio de subsistencia uno relacionado con comida. “Lamentablemente, hay gente que todavía piensa que el virus se puede transmitir por la manipulación de alimentos”.

Mario confirma que en el negocio que fundó de la nada, él se dedica a preparar los materiales como la masa y los frijoles de las pupusas, pero a escondidas, sin que los posibles comensales lo vean: “Por ese tipo de cosas, cuando ya abrimos, me quedo solo en caja, cobrando, así nadie dice nada ni piensa que si me hiero los voy a ‘contagiar’”.

A Ana Nieto este tipo de discriminación no le suena distante. Es la razón por la que en las empresas hay un trato hostil cuando se filtra que alguien vive con el virus. Lo alejan, no comparten mesa ni áreas comunes, como cafetería. “Las capacitaciones que vamos dando en empresas hablan sobre prevención de la transmisión, pero hace falta trabajo en que no se les discrimine”.

El Salvador recibe cada vez menos apoyo internacional para atender el VIH. Ana Nieto, desde la oficina del Programa Nacional que dirige, asegura que como país se ha cumplido con cada obligación y que la muestra es el estable acceso a medicamentos. Desde las ONG, sin embargo, se apunta hacia el vacío que hay en la eliminación de la discriminación y en el involucramiento de otras instituciones aparte del Ministerio de Salud, como los ministerios de Educación y de Trabajo. “Solo se está tomando en cuenta que la gente ya no se muere de sida y, claro, no se muere de esto, pero sí de hambre, porque a alguien que no tenga habilidades para comerciante, ¿qué le queda?”, pregunta Ortiz, de Fundasida.

Mario se sabe en una cumbre. Y sabe que, después, viene la bajada. No se atreve a calcular por cuánto tiempo más tendrá fuerzas para seguir al frente del negocio. Al margen del VIH, la vejez llegará y él no tendrá pensión. “Tengo una cuenta en el banco en la que voy depositando el guardadito, pero sé que si me sale una emergencia, voy a tener que agarrar de ahí; los antirretrovirales me los dan en el hospital, pero, a veces, tengo que comprar algún antibiótico que no tienen y en eso se gasta”. Hacia el frente, la angustia.

Vivir en comunidad y sin escrituras

Comunidades sin escrituras

«Yo perdí mi clientela por tener mi casa. Me tocó trabajar como hombre y me dañé mis rodillas», comienza a contar Ana Miriam, de 75 años. Esta tarde explica que todo el esfuerzo físico ahora ya le pasa factura. A pesar de eso está contenta frente a la fachada de una casa que ella ayudó a construir con sus manos.

Ana Miriam es una de las fundadoras de la Asociación de Cooperativa de Vivienda del barrio San Esteban en el Centro Histórico de San Salvador (ACOVIVAMSE). Paga $60 mensuales y tuvo voz y voto en la forma de construcción de su casa. Coló arena, puso ladrillos y también fue vigilante nocturno cuando la obra estaba en construcción.

No terminó la escuela y se ocupó de criar a sus hijos en un mesón con la ganancia de una venta de comida. Ahora, con sus hijos ya grandes y la familia aumentada, sigue con su vida de comerciante. A su lado tiene un carrito de dulces y galletas. Se le ve cansada, pero pronto saldrá a ofrecer sus productos. Esta vez no tendrá que ir lejos. Ahora vende sus golosinas frente al portón de la comunidad en la que vive desde hace seis años.

La comerciante vive en un condominio con fachada amarilla, calles limpias y plantas cuidadas en el barrio San Esteban del Centro Histórico de San Salvador. El condominio es todo lo opuesto a la realidad de afuera: paredes grises, basura en la calle y humo por doquier.

Antes vivía en un mesón en el que tenía que levantarse antes de que amaneciera para poder bañarse sin tener que hacer una gran fila en los baños comunales. Ese mesón era lo único que podía pagar con lo que ganaba de vender comida. Una vez –cuenta en esta tarde de diciembre– intentaron expulsar a los inquilinos de ese mesón. Los inquilinos protestaron y resistieron. Estaba construido con puras láminas, pero era su hogar, dice.

Frente a la casa de concreto en la que ahora vive, sembró una rosa. Hoy no se preocupa más por un posible desalojo. Aunque no tiene escrituras de la propiedad de esta casa, tiene derecho a vivir acá, y luego sus hijos heredarán ese beneficio. La rosa ya dio 10 botones rojos.

La cooperativa aglutina a 40 grupos familiares. Ninguna de esas familias tiene escritura propia de su casa. Nadie puede vender, alquilar o hipotecar estas pequeñas viviendas de dos plantas. Pero ese no es problema entre los vecinos. En esta comunidad todos aceptaron construir bajo estos acuerdos. Como resultado, tienen una propiedad colectiva.

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Un oasis en San Esteban

Un grupo de niños juega fútbol en la cancha del complejo habitacional. Frente a ellos, dos niños hablan. De lejos, parece una conversación seria y para ellos lo es. Sánder, de 11 años; y Zaila, de nueve, hablan de los regalos que les gustaría recibir. Él quiere un teléfono y ella, una tableta. Sánder es nieto de Ana Miriam y tiene un vago recuerdo del mesón en el que vivía antes con su familia. Lo que más le disgustaba era que el patio era muy chiquito para jugar.

Los niños siguen con su plática y el sol empieza a ocultarse en San Salvador. De la vida caótica del centro, el tráfico de los buses y las ventas, los divide solo un portón que, por regla, debe permanecer cerrado. La seguridad del lugar depende de todos.

El Centro Histórico de San Salvador es un lugar controlado por pandillas. Los comerciantes deben pagar extorsión y es común leer noticias de cadáveres que se encuentran en los alrededores de la zona. Durante estos seis años de habitar el complejo de viviendas, los cooperativistas afirman que no han tenido problemas con ninguna pandilla. El complejo se ha convertido en un oasis para los niños que aún pueden salir a jugar a los pasajes.

«La inseguridad ha modificado la estructura de gastos familiares y las preferencias de la población, que aspira a vivir en lugares seguros», sostiene la Política Nacional de Vivienda de El Salvador. Pero no solo eso, la inseguridad disminuye «las posibilidades de muchas familias de acceder a una vivienda». Por ejemplo, el alquiler de una casa pequeña en una colonia con altos índices de criminalidad en Soyapango puede llegar a costar $40 mensuales. Mientras que el alquiler de una casa con características similares en una zona sin alta criminalidad, cuesta –como mínimo– $200.

En ACOVIVAMSE viven personas que se enfrentaron a ese problema durante años viviendo en un mesón. La asociación se fundó en 2007, conformada en su gran mayoría por jefas de hogar de la zona del Centro Histórico. Ellas se reunieron, fueron capacitadas, gestionaron ayudas y lograron conseguir el terreno en el que ahora viven. Con cooperación internacional obtuvieron un financiamiento para construir sus casas y ahora se encuentran pagándolo. Como lo hicieron con sus propias manos, lograron reducir los costos. Terminarán de pagar la construcción dentro de 14 años.

Pero la cooperativa no termina una vez se construyen las casas. Ahora, seis años después, se encuentran en la fase de la convivencia. Cada uno de los asociados tiene responsabilidades y es parte de un comité diseñado para que la coexistencia funcione.

Aquí los asociados tienen normas: está reglamentado que, por cada casa, solo pueden vivir cuatro personas, tampoco se pueden tener perros y los vecinos deben participar en la limpieza y el cuido de un área común. Además, hay un convivio mensual para que los niños miren películas animadas. También se realizan excursiones en comunidad y no se permiten borrachos en los pasajes. La idea es simple: lograr construir una comunidad que se cuide y respete a sí misma.

Privilegio económico. Para muchas familias, comprar una casa que se encuentre en una zona con baja criminalidad es una meta difícil de alcanzar.

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Cuando la propiedad es colectiva

«Se puede invertir $10 mil para hacer una casa o invertir $10 mil para formar a 100 cooperativistas que demandarán una política pública y harán 500 casas. Como cooperación internacional, no vamos a construir viviendas, vamos a generar las condiciones para que autogestionen con el Estado, con la municipalidad o con otra cooperación», empieza por explicar Mónica Hernández.

Hernández es la coordinadora regional de Vivienda y Hábitat de la organización We effect, que antes se llamaba Centro Cooperativo Sueco. El modelo cooperativista de vivienda proviene de Suecia y, desde 2003, se empezó a trabajar para cimentarlo en El Salvador.

Hasta ahora, en todas las casas que han sido construidas por ayuda mutua, el financiamiento para la tierra y los ladrillos ha venido de otros países. El Estado salvadoreño no ha invertido, a pesar de que las cooperativas son entes con personería jurídica que garantizan el pago de un posible financiamiento.

Hernández pone ejemplos de otras cooperativas que han sido financiadas con dinero alemán, español y sueco. La construcción de estas colonias, considera, ha permitido demostrar que es un modelo que sí da frutos: «Esto ha servido para que el Estado salvadoreño vea que la gente trabaja y ahorra; que se puede organizar y no se roba la plata».

Actualmente hay un nuevo proyecto para otras cooperativas del Centro Histórico de San Salvador en el que se verían beneficiadas más de 300 familias. «Lo financiará el Viceministerio de Vivienda con fondos de la cooperación italiana, pero son fondos de cooperación bilateral», asegura la experta. Esta sería la primera ocasión en la que el Estado salvadoreño invertiría directamente en cooperativas de este tipo. Pero el posible desembolso para esas 352 familias aún no ha ocurrido.

Este modelo de construcción se basa en cuatro ejes que cada cooperativa debe asumir. El primero es la autogestión: las personas controlan el proceso de construcción y cómo se maneja la comunidad. El segundo es la ayuda mutua, eso se traduce en que los miembros de la cooperativa brindan su tiempo y su mano de obra. El tercer eje es la propiedad colectiva, lo que significa que cada miembro de la cooperativa no puede vender su casa, y así protegen el derecho a un espacio digno. El último pilar en que se basan es la asistencia técnica. Cada cooperativa es apoyada por expertos para garantizar la seguridad de sus edificaciones.

«País de propietarios. Tener un título de propiedad es lo que se nos ha vendido, pero a la gente le interesaba resolver su necesidad de tener un espacio en donde vivir. Y no solo ese espacio… tener una comunidad», dice Hernández, de We Effect.

Que la propiedad sea entendida de manera colectiva, explican algunos miembros de cooperativas, sirve para salvar a las viviendas de sus propios dueños. Julia Ramos, integrante de la Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FESCOVAM), cuenta que conoce a personas de una comunidad donde «salió un proyecto de vivienda –bajo otro modelo– y la gente obtuvo su vivienda, pero ¿qué es lo que pasó? En una necesidad hipotecaron la casa, ya la perdieron y ya se quedaron rebotando».

FESCOVAM aglutina a 20 cooperativas de vivienda en El Salvador. De esas 20, solo hay tres que ya tienen la construcción realizada y el resto se encuentra en los procesos de preobra. Es decir, están gestionando financiamientos, permisos y terrenos.

“Esa tienda no es solo para que puedan generar ingresos, sino que el objetivo fundamental de esa tienda es que las mujeres disminuyan el tiempo que utilizan en hacer las compras y puedan tener más tiempo para participar organizativa y políticamente”, explica Hernández. Dentro de las cooperativas de vivienda, la mayoría de personas asociadas son mujeres. A escala nacional, de acuerdo con estadísticas de FESCOVAM, 70 % de sus miembros son jefas de hogar. La mayoría de ellas se dedica al comercio informal.

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Lo que surgió del terremoto

Tras el terremoto del 13 de enero de 2001, al menos 90 mil viviendas quedaron dañadas. Así surgieron varias cooperativas de vivienda que buscaron apoyo a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular de El Salvador (FONAVIPO). La mayoría de las cooperativas formadas tras la tragedia se disolvió con el tiempo, pero eso no sucedió con una llamada Trece de Enero. Esta cooperativa agrupó a 200 familias que buscaron apoyo en la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL). Ahí recibieron capacitaciones de cooperativismo y administración.

Seis años después de haber perdido sus casas, los miembros de la Trece de Enero empezaron la construcción de su nueva comunidad. Para entonces –en 2007– ya solo quedaban 34 familias dentro de la cooperativa. Decidieron que para hacerla funcionar debían dividirse en varios equipos: consejo de administración y junta de vigilancia; comités de educación, de trabajo, obra, compras y bodega. Todas las decisiones fueron hechas por personas que habían perdido sus casas, que no eran expertas en construcción, pero que habían sido capacitadas en el tema.

Trabajar con la premisa de ayuda mutua, permite hacer ahorros «de hasta el 25 %, según experiencias sistematizadas comparadas con otros modelos de vivienda popular en la región», asegura la organización We Effect.

Lo primero que se construyó en la Trece de Enero fue un salón comunal para tener un espacio en el que reunirse. A la hora de construir, cada familia debía aportar 24 horas semanales de mano de obra, y en la última etapa de la construcción se aumentó a 30 horas semanales, incluyendo turnos nocturnos. Ellos hicieron las zanjas, pusieron ladrillos, colaron la arena y pusieron el techo de sus casas de block. En julio de 2008 pudieron habitar las casas.

Diez años después, la comunidad sigue en pie y la cooperativa ha desarrollado negocios para tener dinero propio. Por ejemplo, hay una tienda donde la cooperativa es la dueña. Así, las ganancias de las compras quedan dentro de la misma comunidad.

«Esa tienda no es solo para que puedan generar ingresos, sino que el objetivo fundamental de esa tienda es que las mujeres disminuyan el tiempo que utilizan en hacer las compras y puedan tener más tiempo para participar organizativamente y políticamente», explica Hernández.

Dentro de las cooperativas de vivienda, la mayoría de personas asociadas son mujeres. A escala nacional, de acuerdo con estadísticas de FESCOVAM, 70 % de sus miembros son jefas de hogar. La mayoría de ellas se dedica al comercio informal.

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La comuna

«Cada vez se ve que la ciudad es más cerrada, hay más muros, hay más razor, hay más portones y me da miedo el vecino de la par y el de enfrente, y yo no quiero que mi hijo crezca así. Nosotros todavía jugábamos en la calle. Yo también quiero que él juegue en la calle», dice Sofía Bonilla en un salón de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Alrededor de ella, un niño de un año estrena algunos de sus primeros pasos en el aula y emite sonidos como queriendo imitar a su mamá.

Aquí está reunido un grupo de personas que forma parte de La Comuna. Hasta ahora, las cooperativas de vivienda han sido una forma de organizarse de aquellas que no pueden acceder a préstamos porque no tienen un trabajo formal. Esto diferencia a La Comuna del resto de cooperativas.

Algunos la llaman «la cooperativa de profesionales» y ellos no parecen estar muy cómodos con el término porque aseguran que cualquier persona, profesional o no, está invitada a ser parte del colectivo en esta etapa. Pero lo cierto es una cosa: son la primera cooperativa de vivienda formada por arquitectos, abogados, músicos, administradores, filósofos, etc.

El primer acercamiento a este modelo que algunos de ellos tuvieron fue mientras estudiaban. Ahí conocieron de primera mano que habían cooperativas de personas con bajos recursos en las que ellos mismos construían sus casas.

Así fue como Carlos Manzano, arquitecto, se dio cuenta de algo: «Nosotros como clase media trabajadora también somos excluidos de poder acceder a la vivienda». Él se preguntó si era posible retomar el proyecto. Habló con algunos amigos y formó un grupo de 10 familias que pretendía formar una cooperativa. Inicialmente se reunieron en una iglesia.

En 2017, preguntaron al rector de la UCA si era posible que este grupo realizara sus reuniones de planificación en la universidad. El centro de estudios dijo que sí bajo la condición de presentar el proyecto de vivienda a la comunidad universitaria. Así la cooperativa creció hasta tener 40 grupos familiares. Ellos se reúnen los sábados para formarse en temas de cooperativismo y entender cómo funcionaría su comunidad de llegarse a construir. Recién en noviembre del año pasado lograron obtener su personería jurídica.

En La Comuna aún no se tiene definido el espacio donde construirán sus casas si consiguen financiamiento, pero tienen una premisa: «No solamente vamos a construir una casa con tecnología alternativa, sino que tenemos que pensar en cómo vamos a construir la sociedad, con más apertura, con disposición a la discusión», sostiene Bonilla.

Javier Rodríguez, miembro de La Comuna, indica que la idea de este proyecto habitacional no es solo construir casas para su propio beneficio. Esperan brindar algún servicio a los vecinos que no formen parte de la cooperativa. Él pone de ejemplo la posibilidad de purificar su propia agua y compartirla con sus eventuales vecinos. «Creemos que, a través del modelo cooperativo, podemos tener más incidencia en diferentes problemáticas que tiene El Salvador. En cambio, otros de mis amigos solo quieren su casa y hasta ahí».

“Me costó ambientarme. Yo ya estaba acostumbrada a las champas”, recuerda Ana Miriam antes de salir a vender sus golosinas. Dice que durante los primeros días viviendo en la casa que construyó se sentía contenta, pero algo la hacía sentirse fuera de lugar. Hasta que, poco a poco, se fue acostumbrando a tener más espacio en el que vivir.

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La nueva vida en San Esteban

«Me costó ambientarme. Yo ya estaba acostumbrada a las champas», recuerda Ana Miriam antes de salir a vender sus golosinas. Dice que durante los primeros días viviendo en la casa que construyó se sentía contenta, pero algo la hacía sentirse fuera de lugar. Hasta que, poco a poco, se fue acostumbrando a tener más espacio en el que vivir.

Ella, solo hasta sus 69 años, pudo obtener un lugar propio y dejar de alquilar una casa de láminas en un mesón. Ahora está cómoda en su hogar. Cuenta que no le duele pagar cada vez que llega el fin de mes. Habla con orgullo de cómo todos los cables de energía van subterráneos y señala, contenta, las gradas de algunas casas que construyeron. Luego, sale a vender los dulces al portón de su comunidad. Cierra con llave. Adentro, en un lugar seguro, su nieto, Sánder, corre detrás de una pelota.

En comunidad. Las familias realizan convivios tras la construcción. Si alguien desea salirse de la cooperativa y dejar su casa podrá recuperar el dinero invertido cuando se sume un nuevo socio que cumpla las reglas del colectivo.

La soledad de la búsqueda

Desaparecidos en El Salvador

«Cómo quisiera uno ayudarle. Aquí su sufrimiento es solo una parte. En el cielo usted no va a sufrir mucho», le dice una mujer con delantal en la cintura a Elizabeth. Ellas platican una mañana de miércoles dentro de la iglesia de San Rafael Cedros, un municipio de Cuscatlán.

Elizabeth es ama de casa y comerciante. Desde que tenía dos años ha vivido en este pueblo; y desde hace 13, es la compañera de vida de Nelson Ortiz. La pareja, aunque ha querido, no tiene hijos. La mujer del delantal –una vendedora– sigue hablando y le pregunta si se ha averiguado algo más de Nelson. «Nada», responde Elizabeth y su interlocutora la mira con compasión.

Frente a ellas, otra mujer reza hincada frente a una imagen del Divino Niño, vestido de rosado. «Dios me la ayude», le dice la mujer y sale de la iglesia. Elizabeth guarda silencio y se contiene. Durante las últimas semanas nadie ha podido encontrar a su pareja.

Nelson es empleado desde hace casi dos décadas de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), una sociedad subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Desde hace un mes, Nelson no se presenta a su trabajo. La única información que se tiene de él es que el 26 de diciembre de 2018 salió de turno a la medianoche. A la mañana siguiente, Elizabeth lo esperaba con el desayuno en casa, pero él no regresó. Desapareció.

Desde entonces, Nelson forma parte de los 2,682 reportes de personas privadas de su libertad durante 2018. Su caso no está definido como desaparición. Esa categoría legalmente solo está reservada para aquellos a quienes los desaparecen policías, militares u otras fuerzas del Estado.

El concepto de «privación de libertad» puede llegar a utilizarse como un término sombrilla. Por ejemplo, si una persona es encerrada en un sitio a la fuerza por alguien de su confianza y logra salir, puede llegar a la policía y poner una denuncia. Esta acusación estará tipificada bajo el mismo delito que el de los desaparecidos que llevan meses o años sin aparecer. Así, El Salvador aún no cuenta con una cifra fidedigna que permita establecer cuántas personas desaparecen. Tampoco se tiene un registro de cuántas son encontradas.

Elizabeth afirma que ella misma perdió su vida hace un mes. Se la pasa pegada a un teléfono que contesta de inmediato cada vez que suena. Sigue esperando una llamada, alguna pista. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, «la persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación». Para Elizabeth, la tortura psicológica es ver todos los días una pared que su esposo dejó a medio pintar.

Ilustración de Moris Aldana

LA DESAPARICIÓN

Veintiún días después de que Nelson ha desaparecido, Elizabeth toma unas sillas de plástico de la iglesia y las coloca a un lado del templo. Desde ahí y con un volumen muy suave, comienza a contar cómo fueron los días previos a la desaparición de su compañero de vida.

«Tengo tantos recuerdos», dice y empieza a enumerar: el domingo 23 pasearon en Ataco y el 24 fueron a un almuerzo en San Salvador. La cena de Nochebuena no la pudieron pasar juntos porque Nelson debía trabajar el turno de la noche, pero Elizabeth le guardó recalentado para el día siguiente. A la mañana del 25, él volvió a casa y Elizabeth le sirvió el desayuno: frijoles, plátanos, huevo y crema.

Ese día platicaron sobre la pintura. A ella una mancha en la pared le recuerda los planes que tenían para la casa en la que ahora se ha quedado sola; antes de que terminara el año, pintarían su hogar. «Teníamos un rodillo, habíamos comprado cubetas de pintura y me dijo: ‘Mañana voy a comprar una brocha’. Y ahí quedó pintada solo una parte de la pared», cuenta la mujer. La cara se le descompone y comienza a llorar.

Ese 25 de diciembre fue el último día que Elizabeth vio a su pareja. Después del almuerzo, le preparó la cena para que se la llevara y él salió a las 3:20 de su casa. Desde entonces, ni la Fiscalía, ni Medicina Legal, ni la Policía han podido ayudarle a reencontrarse con él.

El turno de Nelson comenzaba a las 4 de la tarde y terminaba a la medianoche. Por seguridad –explica la mujer– los trabajadores se quedan dentro de la institución durante la madrugada. La sede de San Rafael Cedros de ETESAL se encuentra cerca del centro del pueblo, pero no está en una calle principal amplia. Para llegar al portón, hay que atravesar una calle rodeada de maleza. Gente de la zona afirma que es un lugar frecuentado por pandillas.

Nelson no volvió. Elizabeth lo esperaba esa mañana del 26 de diciembre. Al notar la tardanza, le llamó. No le contestó, pero ella dice que en esa primera llamada asumió que había sucedido alguna emergencia en el trabajo y que por eso no le contestaba. A lo largo del día siguió insistiendo. A eso de las 5 de la tarde, el celular de Nelson ya sonaba apagado. Ella buscó a un amigo que la llevó en una moto hasta ETESAL. Ahí le dijeron que Nelson salió a medianoche, justo al finalizar su turno.

—Todo estaba bien, por eso no entiendo yo qué ha pasado. Me hago una y mil preguntas. ¿Qué pasó? –exclama la mujer.

En ETESAL, nadie da, de forma oficial, razón del paradero de Ortiz. La institución decidió no corroborar los datos que brinda la pareja del desaparecido. La encargada de Comunicaciones, Estela Valle, expresó –desde su oficina en Santa Tecla– que sí han estado pendientes de la desaparición de uno de sus trabajadores y que sí han tomado acciones de búsqueda.

Al ser cuestionada sobre qué acciones han realizado, dijo que no puede revelarlas, pues solo el gerente está autorizado para dar declaraciones. Desde el 16 de enero, Valle no volvió a contestar su teléfono ni las solicitudes de entrevista. Hasta la fecha, a pesar de que ya pasó un mes desde que Nelson fue visto por última vez en sus instalaciones, ETESAL no se ha pronunciado en público sobre la desaparición de su empleado.

A partir del 10 de diciembre de 2018, una persona puede denunciar la desaparición de un ser querido desde el momento en que identifica el hecho. No hace falta dejar pasar 24, 48 o 72 horas. Este lineamiento forma parte del recién aprobado Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU).

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LA DENUNCIA

«El Estado no tiene forma de atender el problema de los desaparecidos. Por cada familia, es una tragedia de proporciones indecibles», dice Pedro Cruz, sin rodeos. Él es el director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y también fue aspirante a fiscal general en 2015.

Cruz trabaja con familiares de personas desaparecidas. En su labor ha podido corroborar que, cuando alguien quiere informar ante las autoridades la desaparición de su ser querido, ni siquiera hay un criterio unificado de cuánto se debe esperar para que la Policía acceda a tomar la denuncia. «A veces 24 horas, a veces 48, a veces 72. Ni siquiera ellos tenían claro cuánto debían esperar».

A partir del 10 de diciembre de 2018, una persona puede denunciar la desaparición de un ser querido desde el momento en que identifica el hecho. No hace falta dejar pasar 24, 48 o 72 horas. Ese lineamiento es parte del recién aprobado Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU). De ejecutarse con efectividad, el protocolo activaría de inmediato al personal fiscal y policial para encontrar a las personas antes de que sufran tortura, violaciones o se conviertan en víctimas de homicidio.

En la práctica poca gente tiene conocimiento de este protocolo. Nelson desapareció 15 días después de la presentación del PAU y, a pesar de la angustia que sentía desde tempranas horas del día, Elizabeth esperó las 24 horas que creía necesarias para denunciar. Solo hasta las 0:51 horas del 27 de enero declaró en una delegación del Centro Histórico de San Salvador. Un mes después no conoce avances en la investigación.

«Elizabeth (…) manifiesta ser compañera de vida de Nelson Ortiz, de 41 años de edad, quien ha desaparecido desde el día 26-12-2018 a las 00:10 horas», se puede leer en el acta de la denuncia. El delito que en ese papel se identifica es «privación de libertad». En el Código Penal sí existe la desaparición forzada como crimen, pero ese solo aplica cuando lo cometen fuerzas del Estado como la Policía o el Ejército. En el caso de Nelson no se tiene indicios de que haya sucedido así.

Ilustración de Moris Aldana

La desaparición de personas no es una realidad nueva en el contexto salvadoreño. Lo único que cambió fue el victimario. En las décadas previas a la guerra y durante el conflicto armado, la mayoría de desapariciones ocurrían por abusos de poder legitimados por el Estado; y el Código Penal aún refleja esa realidad. Lo que no está recogido en la legislación salvadoreña actual es que ahora los victimarios son parte de otras estructuras criminales.

«Hay un debate que se está empezando a formular. En algunos países tienen el delito de desaparición por parte de particulares y aquí, a escala de El Salvador, no lo tenemos resuelto», opina Arnau Baulenas, el coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

El protocolo que se firmó 15 días antes de que Nelson desapareciera debía suponer un cambio de paradigma en la búsqueda de los desaparecidos. Pero eso aún no pasa. En las oficinas regionales aún no es conocido ni aplicado en totalidad. «El reto es la socialización del protocolo a todo el personal operativo de FGR, Órgano Judicial, PNC, Ministerio de Justicia y PDDH a escala nacional», reconoce la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos.

Y el reto del que la funcionaria habla permanece grande. Las respuestas que se reciben de las autoridades distan de lo escrito en el papel. Dos semanas después de haberse lanzado el nuevo protocolo, Omar Moreno, de 26 años, desapareció. Él es estudiante de Ingeniería en Sistemas en Santa Ana, y nadie lo encuentra desde el 23 de diciembre de 2018. Su madre reclama que cuando ella pidió información del caso de su hijo, las autoridades le pidieron paciencia, que la investigación, tal vez, avanzaría más rápido cuando terminaran todas las fiestas de fin de año.

“La persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación”.

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LA BÚSQUEDA

«Yo estoy destrozada. Ya no sé qué más hacer», confiesa Elizabeth. Por buscar a Nelson se está quedando sin ahorros. Usualmente ella se encontraría vendiendo cereales para tener ingresos, pero después de un mes de dedicarse solo a la búsqueda por diferentes departamentos, el dinero se está acabando.

Antes de que Nelson desapareciera, Ana Elizabeth dice que no conocía ninguna sede del Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador. Ahora ya ha ido a tres sedes distintas en más de una ocasión para averiguar si han encontrado algún cadáver que coincida con las características de su pareja. A veces va en bus, a veces va acompañada de otra gente de su iglesia, cuenta. «Lo único que uno va pensando es en encontrarlo», reflexiona. Luego asegura que en las sedes de Medicina Legal no ha visto fallecidos, sino que le muestran fotos de cadáveres.

Se pidió una entrevista en el Instituto de Medicina Legal para conocer cuál es el proceso que se realiza con un familiar que busca a su ser querido entre cadáveres. El IML no aceptó.

Mientras habla, Elizabeth mantiene en sus manos una bolsa llena de fotos de Nelson. En el retrato aparece con la barba canosa, una camisa fucsia y el ceño fruncido. Es una de sus fotos más recientes. Ella dice que se va a dedicar a repartirlas más tarde. «¡Ay!, ¡cómo ando la cabeza!», se reprocha. Antes de imprimir las fotos olvidó escribir la leyenda «se busca». Explica que le va a escribir la frase a mano y más tarde irá a pegar las fotos en los lugares donde es posible que alguien lo reconozca.

«De ETESAL jamás me han llamado», se queja Elizabeth. Ella ha llegado a barajear entre las posibilidades que a Nelson le haya sucedido algo dentro de su trabajo, pero rápidamente desecha la idea. Sostiene que no le parece lógico porque, de ser así, «ahí estaría el cadáver».

Alrededor de esta desaparición solo hay silencio. En la Policía se intentó averiguar si ya se tenían posibles sospechosos del caso, pero los oficiales de turno de la delegación centro de San Salvador se negaron a emitir algún comentario. También se buscó entrevistar a la subinspectora a cargo de la delegación donde se presentó la denuncia, pero tampoco se obtuvo respuesta favorable.

En la empresa tampoco dan razón del empleado. En una mañana de mediados de enero, dos vigilantes con uniforme verde y armas largas cuidan el portón celeste que da entrada a ETESAL de San Rafael Cedros. Aquí es el último lugar donde se vio en público a Nelson. Uno de los vigilantes dice que adentro están los compañeros del trabajador y que les preguntará si tienen tiempo de platicar.

Después de un par de minutos, el vigilante vuelve al portón con un mensaje: «Les han prohibido hablar». Dice que los únicos autorizados para hablar sobre la desaparición son sus jefes que se encuentran en Santa Tecla. El vigilante solo se limita a contar que Nelson es un hombre tranquilo y que sí salió de su lugar de trabajo aquella madrugada del 26 de diciembre.

Por ahora no se conoce ninguna captura relacionada al caso. «Me han asignado a un investigador. El investigador solo me dice que tenga paciencia; que hasta ahorita, nada», señala Elizabeth. A veces, una desaparición causa alarma social; la de Nelson no es una de esas. Lo único que hay al respecto es un tuit en una cuenta de alertas donde se dice que se le busca.

“La persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación”.

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LA ESPERA QUE PIDEN LAS AUTORIDADES

Una mujer corre en la tierra con páginas en las manos. En las hojas de papel bond están impresas fotos de hombres acompañadas por la leyenda «se busca». La mujer sigue corriendo y preguntando a quienes tiene enfrente si han visto a su hijo. Escarba la tierra con las manos y llora. Encuentra unos retazos de tela y busca, al menos, los huesos de su hijo. No lo encuentra y grita con la voz desgarrada: «¡Aquí no está!»

La mujer es una actriz de teatro, Alejandra Nolasco, quien durante 2018 presentó la obra «Los ausentes». No es raro que su público llore. La obra está basada en la historia de Milagro, una mujer salvadoreña cuyo hijo fue desaparecido en la vida real. La actriz interpreta algunas noches en el escenario esa espera llena de angustia que cientos de familiares viven todos los días.

Esperar de manera pasiva no es una opción para los familiares de desaparecidos consultados en este reportaje. No, si quieren recuperar a sus seres queridos, vivos o muertos. Y es más difícil tener paciencia cuando –por lo lento que avanzan las investigaciones– intuyen que no se están haciendo búsquedas de la manera más efectiva.

Y esto no es ningún secreto. Incluso se reconoce dentro del Estado: (En algunas ocasiones) «No se hace una investigación o búsqueda inmediata de las personas desaparecidas y la determinación de los presuntos responsables no es efectiva. Por lo tanto, los casos no llegan a judicializarse«. Así lo afirma la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos.

Quienes buscan a sus familiares se ven en la obligación de presionar e insistir a las autoridades para que realicen el trabajo que, por ley, les corresponde hacer. Y para ello, espacios como el IDHUCA brindan cierto apoyo: «Una vez tenemos ya la información, lo único que podemos hacer –porque no tenemos ya la capacidad de ayudar propiamente en la búsqueda– es asesorar para que se ponga la denuncia o incluso para que ellos intenten presionar a las instituciones encargadas de la investigación», explica Arnau Baulenas.

El familiar en lugar de procesar su dolor de manera tranquila se ve obligado a tomar un rol activo dentro de la búsqueda, si quiere ver resultados. La confianza en el sistema está minada. La madre de Omar Moreno –el estudiante santaneco de Ingeniería– lo ejemplifica mejor: » Yo sola ando buscando, porque la policía, nada. A veces me hablan, pero no me han dado número del investigador. Lo salgo a buscar a todos lados. Voy a la morgue todos los días».

La mamá de Omar dice que aún espera encontrar a su hijo con vida; pero, a diario, lo tiene que buscar entre cadáveres. El año pasado, la actriz de teatro de «Los ausentes» lanzó una pregunta: «La esperanza, a veces, es encontrar un cuerpo, un cráneo. ¿Cuándo nos convertimos en un país en el que la esperanza es eso?»

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LO EXCEPCIONAL: CAPTURAS

Una veintena de futbolistas jóvenes corren por la cancha del estadio Ana Mercedes Campos en Sonsonate. Sudan, se esfuerzan y se enorgullecen con sonrisas pequeñas cuando hacen lo que debían hacer con la pelota. Omar Pimentel los observa frente a la cancha. Él es el preparador físico del equipo. Les exige que trabajen mejor y les da consejos a los jugadores. Al finalizar el entreno, se sienta en los graderíos del estadio: «Uno trata de llevar las cosas de la mejor manera, pero quiérase o no, es imposible», dice serio. Este martes se cumplen seis días desde que cinco miembros de su familia desaparecieron.

La noche del miércoles 16 de enero había sido buena para el preparador físico, mejor conocido como «el profe Pimentel«. Había partido y su equipo le anotó cinco goles a sus adversarios de Santa Isabel Ishuatán. El juego se realizó en el estadio de Sonsonate y varias decenas de personas llegaron a apoyarlos. Había gente de todas las edades, ventas de comida y bebidas. Entre la afición estaba su núcleo familiar.

El entrenador vive en Sonzacate junto a su hijo mayor, quien también es parte del club deportivo. Ahí, el equipo les brinda casa. El resto de su familia, en cambio, vive en Chalchuapa. Su esposa, Rosa de Pimentel; su suegra, Silvia Jaco; su hijo, Marcos, de 12 años; su cuñado, Carlos Jaco; y la novia de este último, Tania Monterrosa, fueron a apoyarlo el miércoles pasado.

El partido terminó y la familia se dirigió de vuelta a Chalchuapa. A la altura de la zona conocida como Los Naranjos se les pinchó una llanta y desde entonces, desaparecieron. El equipo de fútbol compartió esta información en su página de Facebook y más de mil personas lo compartieron con sus contactos. Así, los medios de comunicación se enteraron del caso.

Dos días después de que la noticia se hizo pública, la PNC presentó a cuatro personas capturadas. Entonces se dijo que los detenidos son pandilleros de la zona, pero no se explicó cuál es su relación directa con la desaparición de la familia. El preparador físico agradece la respuesta inmediata: «Me ha constado que la policía se mantiene presente en la zona».

La pronta acción de los policías en algunas denuncias resulta un trago agridulce para familiares de otros desaparecidos. Se alegran de que a una persona que atraviesa por lo mismo se le ayude. Por otro lado, se entristecen de que en su caso no haya sucedido así. Claudia Espinoza bien lo sabe. Ella es periodista y conoce cómo funciona el sistema de justicia y sus procesos legales. Su hermano, William López, se dedicaba a realizar viajes privados y desapareció hace casi un año. El caso recibió alguna atención mediática, pero hasta la fecha la investigación no ha dado mayor fruto. «Nos sentimos solas con mi cuñada, quieren que uno resuelva su caso», se queja.

Pimentel reconoce la repercusión que el caso de su familia ha tenido. Pero también sabe cómo suceden las cosas en un país donde difícilmente se investigan los hechos de este tipo: «Cuando el tiempo avanza y no hay algo que identifique, quiérase o no, las investigaciones se paran porque ya no hay cómo seguir y ese es mi mayor temor. Que paren y que esto se quede así».

El de la familia es un caso excepcional por el tiempo récord en que se identificaron posibles sospechosos y se realizaron capturas. Sin embargo, es similar al resto de historias en una cosa: las autoridades no pudieron ubicar a los familiares en la primera semana de su desaparición. Esta mañana de martes, una corriente de aire frío llega a las gradas del estadio en Sonsonate y Pimentel se inquieta. Dice que le preocupan estos vientos, que su hijo puede estar pasando frío.

“Estamos hablando de privaciones de libertad con resultados de homicidios o delitos graves por parte de grupos criminales. Estarían cayendo en una repetición del esquema de impunidad en que se dieron las desapariciones del pasado”.

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LA IMPUNIDAD

«Yo siento morirme. No sé ya dónde buscarlo», dice Elizabeth, desde San Rafael Cedros, mientras piensa en Nelson. En general, los familiares de los desaparecidos se encuentran desamparados. La justicia difícilmente llega para este tipo de delitos. Y David, Morales, el director de litigio estratégico de la organización Cristosal, considera que esta impunidad ha sido heredada.

Morales, quien fue procurador de Derechos Humanos, hace un paralelismo con las desapariciones que se experimentan actualmente y las que ocurrieron durante la guerra civil. Explica que, aunque las razones de origen de estos casos son distintas, la respuesta –ausente– del Estado es un punto de coincidencia.

«Estamos hablando de privaciones de libertad con resultados de homicidios o delitos graves por parte de grupos criminales. Estarían cayendo en una repetición del esquema de impunidad en que se dieron las desapariciones del pasado», opina.

Morales infiere cierto desdén estatal a la hora de buscar justicia y resarcimiento para estas situaciones: «Es cierto que los recursos son limitados, pero son muchos años sufriendo violencia delictiva sin que se hayan visto esfuerzos más serios. Eso lo que denota es una indiferencia para con las víctimas».

Cuando alguien no aparece tras los primeros días de su desaparición, existe una alta posibilidad de que su paradero se mantenga desconocido. Esto es lo que le dice la experiencia al abogado Pedro Cruz. Él labora en una asociación de derechos humanos donde desde 2015 se acompañan denuncias de personas desaparecidas.

De 61 casos con los que han trabajado, solo en dos ocasiones se han podido localizar los cadáveres de las víctimas. En términos penales, el panorama es peor. Durante estos últimos cuatro años, decenas de familiares han llegado a su oficina pidiendo ayuda para encontrar a sus seres queridos y alcanzar justicia. Pero de esas 61 denuncias solo se ha logrado condena en una. Para él está claro: «En general, las desapariciones no están resueltas».

Ilustración de Moris Aldana

Generación 2000: la esperanza traicionada

Fotografía LPG – Archivo

La última tarde de 1999, María Castellanos tomó un bus para conocer a su hija. Su esposo (un policía) estaba de servicio en Usulután. El viaje desde Jutiapa, Cabañas, hasta el Hospital Primero de Mayo en San Salvador fue largo. Así como la espera: el proceso de parto no terminaría sino hasta los primeros minutos del siguiente día, el 1.º de enero de 2000. Su hija, Nelly Milena, se convirtió en la primera salvadoreña nacida en el nuevo milenio.

Más tarde, en septiembre de ese mismo año, los 189 países miembros de Naciones Unidas, entre los que se encontraba El Salvador, decidieron comprometerse a cumplir con ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, destinados a construir un mejor mundo para aquellos que comenzarían a poblarlo en el nuevo siglo. Las metas tenían que lograrse antes de 2015.

Si El Salvador fuera un alumno y estos compromisos fueran la asignatura a cursar, sería uno de los reprobados. Sobre todo en el apartado que corresponde a educación, en el que se estipula que todos los adultos en el país deberían tener, por lo menos, completada su educación primaria, el equivalente a la educación básica.

Nelly Milena fue la primera de 150,176 salvadoreños nacidos en 2000, una generación que este año llegó a la mayoría de edad. Y una que, en términos de acceso a la educación, llegó muy tarde y se fue muy temprano: cuatro de cada 10 entraron de forma atrasada al sistema y se salieron antes de terminar su ciclo de formación.

En un país ideal, cada niño debería empezar su educación en parvularia, entre los cuatro y cinco años. En 2005, cuando estos infantes tenían cinco años, solo un poco más de la mitad del total había sido inscrito en este nivel, según consolidados construidos por el equipo de LPG Datos basados en información proporcionada por el Ministerio de Educación.

Los datos de matrícula en 2007 mejoraron: 138,740 en varios niveles, empezando por parvularia 4. Se trata de una muestra de desigualdad, pues de ese grupo más de 14,000 iban adelantados, en segundo o tercer grado. Al menos 804 de los niños nacidos en 2000 nunca ingresó a un aula de clases en El Salvador, de ningún tipo.

Nelly Milena fue la primera de 150,176 salvadoreños nacidos en 2000, una generación que este año llegó a la mayoría de edad. Y una que, en términos de acceso a la educación, llegó muy tarde y se fue muy temprano: uno de cada cuatro entró de forma atrasada al sistema y se salió antes de terminar su ciclo de formación. En un país ideal, cada niño debería empezar su educación en parvularia, entre los cuatro y cinco años. En 2005, cuando estos infantes tenían cinco años, solo un poco más de la mitad del total había sido inscrito en este nivel.

Graduarse de bachillerato es una de las más grandes fronteras que enfrentan los jóvenes salvadoreños. En 2018, cuando llegaron a la mayoría de edad, solo un poco más del 23 % de los 150,000 nacidos en el primer año del nuevo milenio habían obtenido un título de educación media.

Nelly Milena pertenece a este selecto grupo. El año pasado obtuvo su certificado como bachiller después de incontables sacrificios de sus padres, un policía en activo y la directora de la Casa de la Cultura en Jutiapa. La joven tuvo la oportunidad de completar su educación hasta este nivel en su mismo municipio, sin tener que viajar a pueblos vecinos, un auténtico esfuerzo en un sitio al que separan del poblado más cercano kilómetros de una carretera sinuosa, entre montañas, y del que solo parten y llegan tres buses al día.

Para María Castellanos, su madre, es una auténtica bendición, un maná caído del cielo si lo compara con su propia historia. Ella pudo obtener un título solo yendo a estudiar a Ilobasco, en medio de los estertores de la guerra civil, los mismos que convirtieron, en la década de los ochenta, a Jutiapa en un pueblo fantasma. Todo se fue recuperando (los servicios básicos, las instituciones del Estado) solo hasta unos años antes de que naciera Nelly.

Ambas mujeres hablan desde la oficina que la madre ocupa en la Casa de la Cultura, que dirige desde hace 15 años, el mismo tiempo que tiene instalado el bachillerato en Jutiapa. María Castellanos conserva su sonrisa fácil, sus ojos vivos, los que quedaron retratados en las fotografías que le tomaron cuando nació su hija. Nelly Milena, en cambio, parece incómoda con la experiencia de hablar con un desconocido de su vida y la de sus contemporáneos.

Constantemente limpia el sudor de sus manos en su pantalón, mientras las palabras le salen a cuentagotas.
De la generación de los nacidos en el 2000, solo 61,000 han podido ingresar a cualquier nivel del bachillerato. Pero esa cifra choca con una paradoja, según lo señala Ricardo Montoya, subdirector de Reinserción del ISNA: una gran cantidad de secciones de bachillerato en el país están atiborradas de estudiantes.

“Esto significa que existe una necesidad para doblar la infraestructura y para capacitar a más maestros para este nivel. Eso se pinta difícil, somos el país que menos invierte en educación en toda la región. Además, tenemos un ministerio que continúa organizado para responder a una realidad de hace décadas”, comenta el experto.

A eso hay que añadirle la calidad en la educación. Para 2018, la nota promedio nacional de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) fue de 5.66. Nelly obtuvo una nota de 5, alta, sin embargo, si se le compara con el promedio de la escuela donde estudia, el Instituto Nacional de Jutiapa, que apenas llegó al 4.87.

Al ser la primera salvadoreña del nuevo milenio, se esperaría que a Nelly se le haya beneficiado de alguna manera. Según su madre, les dieron algunas canastas apenas nació. Una institución educativa en la capital, especializada en educación inicial, les ofreció una beca para que la niña fuera cuidada y estudiara en sus instalaciones hasta los siete años. Al vivir en Jutiapa, un poblado para el que hasta Ilobasco representa lejanía, tuvieron que declinar esa oportunidad.

“Hasta fuimos a ver las instalaciones, fíjese. Bien bonitas. Lástima que no pudimos aprovecharlo”, comenta María, entre risas.

Adultez. Nelly Milena muestra su DUI. Ella es una de las 98,168 personas que solicitaron el documento el año pasado, algo que no hicieron al menos 52,008 de los nacidos en el 2000.

Nelly Milena es consciente de que su infancia ha sido mejor que la de su madre. No ha tenido que trabajar constantemente, por lo que solo en algunas ocasiones ha engrosado las estadísticas de trabajo infantil (de los cinco a los 17 años), que según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la Digestyc en 2017 tuvo un tamaño de unos 130,000 niños y adolescentes.

Casi toda su vida ha residido en una casa propia, comprada luego de que su padre fue a trabajar tres años a Estados Unidos, de 2003 a 2006. Durante ese periodo, María, su madre, mantuvo la casa y a sus tres hijas solo con el dinero que ganaba en su puesto en la Casa de la Cultura. Ahorró cada centavo mandado por su marido.

Nelly es consciente de ello, pero no por eso se siente satisfecha con su suerte. Ahora, su hermana mayor, Gabriela, está estudiando en el Megatech de Ilobasco una carrera técnica. Para sus padres, este es un gasto tan grande que no han podido hacer lo mismo por su segunda hija. El progreso de su educación ha pasado a un estado de hibernación mientras su hermana completa el suyo.

En Jutiapa, las oportunidades de trabajo distintas a la agricultura y a las labores del hogar son escasas. Pasan por las instituciones del Estado, como la alcaldía o la unidad de salud. Y poco más. Por eso, Nelly es, por ahora, una más de los jóvenes de entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan en El Salvador. La EHPM de 2017 coloca esta cifra en 359,670.

“Este grupo llama especialmente la atención, pues están en situación de riesgo al volverse blancos fáciles de grupos delictivos. Además, al no estar en el sistema educativo sus posibilidades de desarrollo profesional futuro se ven minados”, indica la Digestyc en el informe de la encuesta.
—Si llega a concretarse lo de ir a la universidad, ¿qué te gustaría estudiar? –se le cuestiona–.
—Estaba pensando en Administración de Empresas, pero después como que me arrepentí y estaba viendo la carrera de Turismo –comenta Nelly, con la timidez usual–.
—¿Pero lo seguro es que tus aspiraciones no son quedarte en Jutiapa para ser ama de casa?
—No. Pero no sé, como que estoy indecisa. Mi mamá me dijo que hasta que saliera la Gaby, entonces dije yo que iba a seguir investigando. Lo que le rezo a Dios es que la espera no se haga eterna.

Mientras eso no suceda, Nelly ha decidido ocupar su tiempo en el trabajo de su madre, enseñándole a otros jóvenes de Jutiapa lo que ha podido aprender hasta hoy: pintar, tocar guitarra, bailar, hacer manualidades. En El Salvador, solo el 4 % de los jóvenes nacidos en 2000 asiste actualmente a un aula universitaria o de educación superior.

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SU PRIMERA ELECCIÓN

Un total de 150,000 votos pueden inclinar cualquier elección en un país tan pequeño como El Salvador. Ese es el número de los jóvenes nacidos en 2000 que llegaron a la mayoría de edad el año pasado y que podrían participar en los comicios presidenciales del 3 de febrero.

Según la última encuesta publicada por LPG Datos, el 37.8 % de la población de jóvenes entre 18 y 25 años se inclina por un cambio de rumbo que no tenga que ver con partidos tradicionales. El 23 % no tiene una opción definida.
Nelly es una de las que tendrá la oportunidad de decidir en una urna por primera vez en su vida. Los temas políticos ocupan muy poco de su tiempo, concentrado en temas más urgentes para ella. Dice que no mira mucha televisión y escucha radio solamente por la música, sobre todo aquella donde destaca “el sonido de la guitarra”.

Su convivencia con internet, el medio con el que nació su generación, ha sido escasa por decisión de su madre: nunca instaló un servicio en su casa y tampoco le permitió tener un celular sino hasta que, el año pasado, cumplió la mayoría de edad.

“El internet para mí solo ha sido una necesidad para mis estudios”, comenta Nelly. Por eso le es difícil decir por quién votará el 3 de febrero. No sabe siquiera si se presentará a los comicios. Eso sí, Nelly está lista: sacó su DUI en diciembre del año pasado, algo que no han hecho todavía al menos 52,000 nacidos en el año 2000, según consolidados construidos por el equipo de LPG Datos basados en información provista por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

Estos resultan reveladores e indican, por ejemplo, la magnitud de la migración de este grupo etario. Existen municipios, como Tonacatepeque, donde el número de duis donde se ha indicado ese sitio como residencia (1,276) supera mucho al de nacidos en el año 2000 (949). Justamente lo contrario sucede en lugares como La Unión, donde solo 567 personas han sacado el DUI en contraposición a 1,266 nacimientos registrados.

Lo que sí le gustaría, comenta Nelly, es un cambio, uno que le dé más oportunidades a alguien como ella sin tener que abandonar a los suyos, como lo ha visto tantas veces encarnado en compañeros de clases que un día se fueron y ya no volvieron. Que tomaron camino hacia Estados Unidos porque el lugar donde habían nacido ya nada tenía que ofrecerles. Incluso hubo algunos que se fueron después de obtener su título de bachilleres. Para Nelly, pensaron que ni ese anhelado sueño, graduarse, sería suficiente para alcanzar una mejor vida. Recuerda el caso de toda una familia, con hijos menores de 10 años, que tuvo que huir con rumbo al Norte.

Título de bachiller de Nelly Milena.

—Había un muchacho que me decía, “‘habemos’ tantos bachilleres que hasta hay para empedrar, pero trabajo no hay” –dice María, la madre, con una mirada más seria que de costumbre–, antes había como una esperanza en la educación media. Ahora ni eso tienen los jóvenes. Por eso dicen “¿para qué estudio?”, añade.

 

EL CORTE DE LOS 11 AÑOS

La educación es, como se ha visto, la más grande deuda del Estado salvadoreño con respecto a sus jóvenes del 2000. Sin embargo, la cobertura varía y va aumentando según los años. Hasta que se llega a la frontera de los 11 años, la edad en la que los niños escolarizados comienzan a abandonar la escuela.
En la generación de los nacidos en 2000, por ejemplo, cuando estos jóvenes tenían 10 años, en 2010, se registró la mayor cantidad de inscritos: 146,653, en niveles desde parvularia hasta el sexto grado. La cifra comenzaría a decrecer en 2011, con 145,574.

Y, como si se tratase de una curva perfecta, la tendencia continúa a la baja cada año: 145,110 (2012) 140,638 (2013), 133,409 (2014), 123,562 (2015), 105,425 (2016) y 87,414 (2017).

Para Ricardo Montoya, subdirector de Reinserción del ISNA, a la cabeza de ello hay una gran cantidad de factores: el ingreso al mercado laboral, el acoso de las pandillas (a los 11 se puede ser tanto asolado como reclutado), la lejanía de los centros escolares. O, simplemente, la pobreza.

“Programas sociales como el vaso de leche han ayudado, pero no han sido suficientes para lograr que los jóvenes se queden en la escuela, deben buscar formas para subsistir que los alejan de las aulas”, comenta Montoya.
En apenas siete años, la escolaridad en El Salvador para los nacidos en el año 2000 bajó en un 40 %. ¿Dónde se encuentran ahora esos 62,762 que en 2017 estaban fuera del sistema educativo?

***

 

 

EL FUTURO

Para que la espera por seguir estudiando no se haga eterna, Nelly está pujando por un puesto como cajera en una caja de crédito de Ilobasco, con el que pueda pagar sus estudios. Lo hace por recomendación de Karina, una amiga de su madre que se han convertido en un auténtico modelo a seguir para ella: administradora de empresas que trabajaba mientras estudiaba, actual empleada de un banco. Alguien que, en palabras de Nelly, ya es “dueña de su vida”.

Mientras eso no suceda, Nelly ha decidido ocupar su tiempo en el trabajo de su madre, enseñándole a otros jóvenes de Jutiapa lo que ha podido aprender hasta hoy: pintar, tocar guitarra, bailar, hacer manualidades. En El Salvador, solo el 4 % de los jóvenes nacidos en 2000 asiste actualmente a un aula universitaria o de educación superior.
Desde la Casa de la Cultura de Jutiapa hasta su hogar no hay más de medio kilómetro de camino. Abren las puertas y adentro se revela una sólida construcción de tres cuartos, cuyas paredes están tapizadas con los logros de los hijos. Un espacio está reservado para que, en un futuro, el título universitario de Nelly pueda cubrir otro hueco verde.

El hogar. Nelly y su madre, María, posan en la fachada de su casa, comprada por su padre después de una temporada en Estados Unidos. Antes de su nacimiento, la familia no contaba con vivienda propia.

20,000 embarazos adolescentes: una plática pendiente

Prevención

Cuando Celia quedó embarazada, tenía 17 años y estudiaba bachillerato. Decidida a graduarse, siguió asistiendo a clases hasta que llegó la fecha cercana al parto. Tras dar a luz un día de agosto, cambió horas en un pupitre por una cuna durante lo que pensó como un descanso o una adaptación. Cuando su hijo ya tenía seis semanas de edad, intentó regresar a su vida de estudiante y no pudo: “Los maestros no me quisieron ayudar, ni recibir, nada, para poder terminar mi bachillerato. Entonces me tocó repetir el año”, dice hoy, cinco años después.

En 2017, el embarazo adolescente fue causa de deserción en 238 centros escolares, de acuerdo con los datos del Observatorio del Ministerio de Educación. El silencio, en términos de educación sexual, no ha sido efectivo para evitar los embarazos precoces. Solo el año pasado 19,236 niñas y adolescentes se inscribieron a controles prenatales en el sistema de salud público. Las edades de esas madres jóvenes iban desde los nueve hasta los 19 años.

A pesar de que la cifra de embarazos adolescentes es alta, el Ministerio de Educación no ha logrado establecer un mecanismo para medir la magnitud del problema. “Hay que tener en cuenta que en los centros escolares hay un gran subregistro sobre el tema de deserción por embarazo. La mayoría se va y a veces no sabemos que están embarazadas”, dice una funcionaria de ese ministerio, desde su oficina en el centro de San Salvador.

“El Órgano Ejecutivo, en el ramo de Educación, deberá incluir la educación sexual y reproductiva como parte de sus programas, respetando el desarrollo evolutivo de los niños y adolescentes”, mandata el artículo 32 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA). Y aunque la orden de la ley es clara, está lejos de ser una realidad para la mayoría de estudiantes del sistema público de educación.

Hasta el final del año lectivo 2017, solo el 27 % de escuelas contaba con planes de educación sexual. Y ni siquiera los profesores de las escuelas están capacitados por el ministerio para brindar formación en estos temas: de todo el plantel docente a escala nacional, solo el 7.8 % ha completado un curso básico en educación integral de la sexualidad.

Más casos. La Paz, La Unión y Cuscatlán fueron los departamentos donde más casos de embarazos en niñas y adolescentes se tuvo, de acuerdo con un estudio publicado en 2015.

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NI EN LA ESCUELA NI EN LA CASA
“Todos los niños y adolescentes, de acuerdo con su desarrollo físico, psicológico y emocional, tienen el derecho a recibir información y educación en salud sexual y reproductiva, de forma prioritaria por su madre y padre”, dice también la LEPINA. Ese derecho no es una realidad para un gran número de adolescentes, como Celia.

Ella estudió en el sistema público desde que iba al kínder. Es de un pueblo del occidente del país y creció rodeada de primos, tíos y clientes del pequeño puesto de comida de su mamá. Ayudó desde niña en el negocio familiar y, además, en el cuido de sus dos hermanas menores.

A pesar de que su hogar siempre estaba lleno de ruidos y tránsito de gente, ella cuenta que nunca escuchó que le hablaran de relaciones sexuales y de cómo protegerse de un embarazo o de una enfermedad sexual. No tuvo orientación en su centro escolar ni en su hogar, y ahora cree que quizá, de recibir algún tipo de formación, su historia habría sido diferente: “A la escuela nunca llegó una enfermera a explicar cómo planificar. Yo creo que si uno tuviera más información de eso, habría más cuidado en todo”, dice.

Los embarazos adolescentes en El Salvador no escasean. En promedio, 69 niñas o adolescentes quedaron embarazadas cada día en 2015, es decir, un embarazo de menores cada 21 minutos. Así se registró en el Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015. La Paz, La Unión y Cuscatlán fueron los departamentos donde más casos de embarazos de niñas y adolescentes se tuvo. Por el contrario, en los municipios de San Antonio Los Ranchos y El Carrizal, en Chalatenango, no se registró ninguna menor embarazada durante el tiempo en el que se realizó el estudio.

Como Celia no pudo reincorporarse al sistema regular de clases, se integró al sistema de educación flexible. Así empezó a ir a clases solo los domingos. El bebé no paraba de llorar cuando se separaba de su mamá y algún familiar terminaba llevando al niño a las clases para que le diera pecho. Aun con el bebé en brazos, logró graduarse de bachiller. El papá de su hijo, quien antes fue su compañero de escuela, siguió estudiando con regularidad y en la universidad. Celia no.

“El embarazo adolescente implica la pérdida de oportunidades educativas, es una limitante para que las adolescentes puedan desarrollar su potencial como agentes productivos y sociales, y es un factor condicionante de la perpetuación de la pobreza”, sostiene un informe del año pasado del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Que las adolescentes se mantengan en la escuela es prioritario para romper círculos de pobreza. Pero, a veces, las trabas las colocan las personas que, en el mejor de los casos, deben ir abriendo camino. Por ejemplo, en algunos colegios y escuelas se tiende a “esconder” a la adolescente embarazada y se expulsa, explican en el MINED. Así que dicho ministerio cambió la Ley General de Educación en 2011 para especificar que es “falta muy grave” discriminar a una estudiante embarazada o lactante.

A pesar de que la LEPINA brinda a los padres el derecho primario de educar a sus hijos en sexualidad, eso no se cumple en todos los casos. “Ni mi papi ni mi mami hablaron de eso conmigo”, dice ahora Celia, cuando ya su hijo ha ingresado al mismo sistema de educación pública que fue insuficiente para ella.

Enseñanza. El objetivo del programa que tiene el MINED es comenzar en parvularia a decirle a los niños cómo funciona su cuerpo y cómo son las relaciones adecuadas con otras personas.

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¿CÓMO INTENTA ASUMIR EL ESTADO?
En 2008, El Salvador firmó un pacto llamado “Prevenir con educación”. Entonces, los ministros de Educación y de Salud en Latinoamérica y el Caribe acordaron que la prevención era el camino que se tomaría ante el avance de la transmisión del VIH.

Así, se asumió el compromiso de “fortalecer estrategias intersectoriales de educación integral en sexualidad”. Ese pacto marcó también el enfoque que esa prevención debía tener en las escuelas públicas. “Esta educación incluirá aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género”, se puede leer en el documento.

Así, se inició de un proceso de actualización del currículo nacional de clases y se creó el Programa de Educación Integral de la Sexualidad, (mejor conocido como EIS), de acuerdo con Yeni Rivas, oficial de Género del MINED. Rivas es titular de la unidad que tiene por función velar que se cumplan criterios de equidad en el ministerio y, además, trabajar en temas relativos a la enseñanza de la sana sexualidad.

La EIS está diseñada para ser un eje transversal de otros temas que ya se aprenden en la escuela. Este incluye hablar de relaciones interpersonales sanas, explicar temas de autoestima, autocuido y el respeto por el propio cuerpo. “Tenemos que tener claro que la educación integral de la sexualidad no es hablar de cosas eróticas. Cuando se empieza a hablar de la EIS, se habla del tema emocional, del tema cognitivo y se tiene que hablar del tema biológico porque es parte de la sexualidad”, comienza por explicar Rivas.

Ella sostiene que es posible educar en estos temas desde temprana edad: “¿Cómo se puede enseñar EIS para parvularia? Usted a sus niños les tiene que enseñar que tienen órganos, ahí empieza el conocimiento de su cuerpo, en llamar a su cuerpo por el nombre”.

La oficial de Género asegura que con estos temas es posible afectar positivamente al niño y adolescente. Así, según Rivas, el niño aprende que su cuerpo es íntimo y nadie debe tocarlo si él no lo desea. Y además, conoce los cambios que suceden o sucederán en su cuerpo.

En El Salvador hay más de 45,000 profesores en centros escolares, y el Ministerio de Educación solo ha podido formar a 3,571 docentes en un curso básico de sexualidad. La cifra es baja, considerando que los cambios curriculares no pueden ponerse en práctica y presentarse al adolescente si los maestros no entienden los temas. Esos más de 3,000 profesores fueron formados en un curso de 200 horas presenciales entre 2013 y 2016, asegura el ministerio.

Rivas pone un ejemplo: “Tienen que aprender a valorarse como persona para decir ‘no quiero hacerlo’. ¿De qué sirve que el ministerio les enseñe el tema de transmisión del VIH si a la hora de las horas los adolescentes no tienen la inteligencia emocional y la mente crítica y analítica para que, si toman la decisión de tener relaciones coitales, usen condón? Eso es lo primero, que logren desarrollar su inteligencia emocional, que tengan habilidades para la vida y que tengan proyectos”.

Los temas que la EIS plantea son necesarios para estudiantes, pero al socializarlos con los maestros, las autoridades del MINED se dieron cuenta de que, en algunos casos, ni siquiera los docentes tenían conocimientos básicos de anatomía. “Es duro que un docente no sepa que hay órganos genitales internos y externos”, admite Rivas.

Quienes han sido formados solo representan un 7.8 % del total del plantel a escala nacional. Además, el ministerio ha creado planes para educar en el tema a los padres de familia, pero el avance aún es limitado. Y a pesar de que el 58.9 % de las escuelas afirma que conoce sobre la actualización del currículo de educación que incluye temas de sexualidad, solo 27 de cada 100 centros escolares cuenta con planes o programas de este tipo.

“¿Cómo ampliamos la educación integral de la sexualidad a escala nacional?”, pregunta Rivas, y ella misma se responde con una negativa: “No hay presupuesto. Si hubiera una ley, talvez hubiera una designación presupuestaria al tema”, comenta.

Hace más de un mes, un grupo de mujeres presentó un anteproyecto de Ley en Afectividad y Sexualidad Responsable a la Asamblea Legislativa. La propuesta tenía cuatro páginas y planteaba que todas las escuelas deberían estar obligadas por ley a brindar un programa de este tipo. En el anteproyecto, la educación en afectividad y sexualidad responsable fue definida como “la articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos que, bajo un marco de respeto a los derechos humanos, priorice la eliminación de la cultura de la violencia”.

Dicha propuesta no presentaba los contenidos a enseñar, sino que sugería que se creara una comisión especial conformada por el Ministerio de Salud, el de Educación, la Secretaria de Inclusión Social y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, y que esas instituciones definieran las temáticas que estudiarían los niños desde primer grado hasta bachillerato.

A pesar de que en un inicio el anteproyecto tuvo el apoyo de algunos diputados de ARENA, GANA y PDC, el día que fue presentado ante la comisión de cultura y educación, fue archivado de inmediato. No se discutió su contenido ni las motivaciones de las personas que lo respaldaron.

El anteproyecto de ley y el programa actual de la EIS –que aún no es implementado en la gran mayoría de escuelas– coinciden en la necesidad de construir inteligencia emocional en los adolescentes antes de que se encuentren sorprendidos por los cambios hormonales de su cuerpo.

Para explicarlo, Rivas pone un ejemplo: “Tienen que aprender a valorarse como persona para decir ‘no quiero hacerlo’. ¿De qué sirve que el ministerio les enseñe el tema de transmisión del VIH si a la hora de las horas los adolescentes no tienen la inteligencia emocional y la mente crítica y analítica para que, si toman la decisión de tener relaciones coitales, usen condón? Eso es lo primero, que logren desarrollar su inteligencia emocional, que tengan habilidades para la vida y que tengan proyectos”.

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UNA DEUDA HISTÓRICA
Intentar educar en sexualidad no es algo nuevo. El recorrido viene desde, al menos, hace 20 años. Hace casi dos décadas se intentó hacer circular por las escuelas los libros titulados “De adolescentes para adolescentes, manual de la salud sexual y reproductiva”.

La idea de la creación de estos manuales surgió en 1997 tras un estudio de la Organización Panamericana de la Salud que evidenció las carencias de información para menores en este tema. El proyecto fue respaldado por el MINSAL y se pensó como un documento que le hablara directamente a los jóvenes. Pero al ser los primeros de su tipo, los manuales fueron controversiales desde su realización hasta su lanzamiento.

“‘¿Y si para representar los órganos sexuales, en vez de dibujar un pene, dibujamos un pepino?’, dijo la doctora, y se armó esta discusión solo para saber si podíamos hacer una ilustración de un pene o no en un libro de educación sexual”, cuenta, desde una cafetería, Otto Meza. Él es uno de los ilustradores que hace 20 años fueron los encargados de hacer los dibujos de estos manuales. Esta tarde, él asegura que los dibujos que hacía se sometían a discusión con el Ministerio de Salud y que dos décadas después aún puede recordar los comentarios de algunos profesionales de la medicina.

Al final, Otto Meza sí fue autorizado para dibujar órganos genitales. Ese manual estaba dividido en tres grandes áreas que intentaban explicar a los jóvenes qué significaba el afecto y el consentimiento.

La primera área estaba titulada “Adolescencia”, y ahí se explicaba en qué consiste esa etapa de la vida y los roles del joven en la sociedad. En la segunda parte, llamada “Sexualidad”, se abordaban temas como “¿Qué nos puede pasar si tenemos relaciones sexuales sin estar preparados?”, y se enunciaban diferentes orientaciones sexuales. En la última parte del libro, referente a salud sexual y reproductiva, se describía cómo se desarrolla un embarazo, métodos anticonceptivos y se ilustraban los diferentes tipos de enfermedades sexuales que existen. Los manuales fueron retirados en julio de 2000. Habían sido impresos solo siete meses antes.

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SI LA ESCUELA NO LO HACE, ¿QUIÉN EDUCA EN SEXUALIDAD?
“En las redes sociales, más que todo”, responde Kenia Mena, de 16 años, cuando se le pregunta dónde aprenden sus amigos sobre sexualidad. Kenia estudia en un colegio privado católico, viene de una familia con padres profesionales y dice que en su casa siempre le han dicho que si empieza su vida sexual, debe ser cuando ella “ya esté estable” en su relación, y que si en algún momento lo quisiera probar, se tiene “que proteger”.

Kenia ha tomado el consejo y dice que se siente en la confianza de preguntarle algunas cosas de su cuerpo a sus padres. Los dos son psicólogos y comprenden que no hablar del tema sexual con su hija puede tener efectos contraproducentes. Kenia asegura que tiene amigos a los que sus padres les han prohibido hablar de orientación sexual y eso hace que esas realidades sean percibidas como algo malo o tabú.

Si en la casa de los adolescentes algunos temas están vetados de ser discutidos y en las escuelas ni los mismos maestros se encuentran formados, los esfuerzos de orientar en sexualidad se ven relegados a organizaciones no estatales o a iniciativas personales. Por ejemplo, varios estudiantes graduados de un centro escolar católico de Santa Tecla aún recuerdan a una maestra que cierra puertas y ventanas de los salones para explicar formas de prevenir embarazos sin que la monja directora se entere, es decir, a escondidas.

Y, a veces, la información viene de grupos inesperados. Por ejemplo, Kenia se congrega en un grupo de jóvenes católico liderado por laicos. “Es un movimiento religioso, pero es de un grupo limitado… solo van los que quieren. Ahí sí me enseñaron cómo se pone un condón, en una zanahoria”, afirma, sin risa ni morbo.

El Salvador tiene una estrategia nacional de prevención de embarazos adolescentes que fue lanzada el año pasado y espera reducir drásticamente el número de madres precoces durante los próximos 10 años. Uno de los pilares en los que se pretende ejecutar esta estrategia es la educación. En ese documento se puede leer que la diferencia entre las niñas y adolescentes que terminan embarazadas y las que no “radica en la medida en que las personas adolescentes y jóvenes confronten la exposición sexual con información científica y veraz, acorde a su edad y cultura, de tal manera que puedan ejercer una decisión responsable”.

Deserción. Quienes más oportunidades pierden con un embarazo precoz son las niñas, pocas regresan tras el parto a retomar sus estudios.

El Gran Luigi: música en el país que ignora a sus artistas

Luis Mauricio «El Gran Luigi»

Luis Mauricio tiene 11 años. Y, como a todo niño de esa edad, las palabras le salen a cuentagotas. Mira hacia abajo, con los hombros y los brazos caídos, en un cuadro que bien puede definir la timidez. Pero todo cambia cuando al fondo suena una pista para que él la decore con su voz. La postura de su cuerpo es mucho más relajada y los brazos se acompasan al ritmo mientras improvisa algunos versos.

Luis Mauricio saltó a la fama en El Salvador hace un mes y medio, cuando los miembros de una conocida página de Facebook lo grabaron haciendo lo que más le gusta en el mundo, después de que se frustró su intento por participar en el evento de un programa televisivo.

Desde entonces, su nombre artístico, el Gran Luigi, se ha convertido en uno de los más populares del ciberespacio salvadoreño: el video de su primera canción, «La vida», cuenta con más de 61,000 reproducciones con apenas una semana de lanzado. Todo un hito en un país de 6 millones de habitantes.

Aquí, sentado en el tronco de un árbol, en una acera cualquiera de San Salvador, el Gran Luigi parece no ser consciente de lo que eso significa. Apenas hace unas semanas le ayudaba a su madre, Brenda, quien vende dulces en el transporte público, a ganar algunos dólares cantando en los buses junto a su todavía inseparable bocina. Un trabajo que hacía desde hace unos años, sin el que su familia no podría haber pagado las cuentas a final de mes.

—¿Qué fue lo más arriesgado que te pasó trabajando en el transporte colectivo –se le consulta al pequeño.

—Aprender a tirarse de los buses –dice, entre risas, Brenda, su madre de 28 años, atajando la pregunta.

—¿Y él andaba solo desde el principio, cuando era un niño de nueve?

—Sí, andaba solo. Como allá en el trabajo de los vendedores es un bus cada uno. Él se iba en un bus y yo me iba en el que lo seguía, fuera la ruta que fuera –dice Brenda. El circuito de trabajo con el que cumplían todos los días iba del mercado Las Pulgas del bulevar de Los Héroes hasta Metrocentro. Unos 200 metros para ganarse la vida.

Comenzó, cuenta Luigi, cantando «canciones viejitas» acompañado de una caña, un instrumento conformado por una lata rellena de arroz o maicillo. Luego probó el beatboxing, el arte de hacer sonidos con la boca. Se decidió a rapear hace año y medio, para comenzar a imitar lo que hacían sus grandes referentes, el venezolano Canserbero y el mexicano C-Kan. Eso le cambiaría la vida.

Ahora, este niño de 11 años, residente en un barrio popular cercano al campus de la Universidad de El Salvador y asolado por las pandillas, puede jactarse de contar con casi 90,000 seguidores en Facebook y otros 45,000 en Instagram cuando apenas ha grabado una canción, una que suena por lo menos cuatro veces cada hora en la radio, según las cuentas de las emisoras Scan y YXY.

—Mi niño ha tenido suerte –dice Brenda, mirando a su hijo con una sonrisa repleta de orgullo. Yo he visto a muchos como él, pero nadie los toma en serio. Este país es un mal país para ser artista.

El Gran Luigi, además del empuje de la viralidad, ha contado con un apoyo adicional: Jota Sánchez, un veterano de la escena nacional que se ha movido como pez en el agua en el hip hop y otras hierbas. Ahora también capitanea el grupo Cumbia Negra, que combina este género musical con el rock.

Los veteranos. Adhesivo ha logrado presentarse en importantes escenarios de Colombia y México.

Él ha tomado las riendas de la carrera del pequeño después de algunas experiencias previas, como XD Five, un dúo de chalatecos que brilló hace algunos años con temas como «Dulzura», que compitió en las listas de popularidad nacionales con los artistas extranjeros.

Jota es ahora el encargado de sus redes sociales, de su agenda, de a quién o a quién no se le brinda un show, se le da una entrevista. Quien impide que un medio de comunicación visite la casa donde vive el niño, ubicada en un barrio empobrecido entre la frontera de San Salvador y Mejicanos. Brenda dice que el hombre moreno que guarda bajo una gorra su cabellera rubia se ha convertido en un regalo del cielo.

Mientras el pequeño y su mamá hablan, Jota vigila la conversación desde muy cerca. El niño dice que uno de sus temas favoritos para escribir canciones es la política. Quien platica con él, curioso, busca saber cuál es la opinión de un muchacho de 11 años sobre aquellos que manejan la cosa pública.

Jota se acerca aún más e interrumpe la conversación. Para él, este es un tema vedado, uno que les ha traído problemas en el pasado. Hace unas semanas, el Gran Luigi cantó en un evento organizado por el Gobierno. En las redes se desataron ataques contra él, en los que criticaban su apoyo a Hugo Martínez, el candiato del FMLN, que estuvo presente en esa ocasión.

—Te invitan a un evento de INJUVE y llega un político. Ya te relacionan con él… ¡si el niño ni siquiera vota! La realidad del niño es pensar en las necesidades que él tiene, que la música se puede convertir en el instrumento para cubrirlas –comenta Jota, la voz alzada, amenazando con terminar con la entrevista si se continúa con el tema.

Jota afirma que se preparan grandes cosas para el niño, como la grabación de un disco, que estará a cargo de PRV, su productor de cabecera y uno de los más respetados de la escena hip hop del país. Este se encargará de todo el proceso: el diseño de las pistas, la captación de la voz, el masterizado del producto final. No quiere que vuelva a hablarse del tema de la política alrededor de una criatura de 11 años. Por eso ha declinado las invitaciones de los equipos de campaña de los candidatos presidenciales para que el Gran Luigi dé un show en alguno de sus mítines.

—Nosotros en el trabajo con él no queremos que sea un King Flyp, pues, un fenómeno viral, sino alguien a quien se le construya una carrera. Y, usted sabe, la política es capaz de matar cualquier carrera –dice Jota.

Con tanta experiencia, Omniom sabe hablar al vuelo de lo que cuesta, por ejemplo, grabar una sola canción para una banda de cuatro personas: $300 por la captación de instrumentos y voces en el estudio, $100 por la mezcla y otros $150 por la masterización (un proceso que permite la optimización de los sonidos). En total, $550 por una sola pieza, algo elevado para una realidad económica como la salvadoreña.

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COMO EN EL TRABAJO de todo emprendedor, quien se decide a ser músico debe pensar en una inversión inicial, un primer empuje económico que permita que las potencialidades de un talento se conviertan en sonidos concretos. Si no se cuenta con recursos propios para dar este primer paso, o con el apoyo de un patrocinador que lo cubra, es prácticamente imposible. Sobre todo si quien lo sueña es un niño de 11 años que se dedica a cantar en los buses para ayudar con la subsistencia de su familia.

«Tener ingresos constantes es tan importante como el talento», dice Roberto Burgos, vocalista de la banda de death metal Dreamlore, una voz experta en el tema porque lleva casi dos décadas liderando una banda que, a pesar de su prestigio, con múltiples premios regionales, decenas de videos y canciones, todavía no es capaz de generarles ganancias a sus miembros.

Y en la música, una carrera comienza a perfilarse con el lanzamiento de un disco. La realidad es diferente dependiendo del género. No es lo mismo grabar a un solista que a una banda completa: el precio aumentará dependiendo de la complejidad y de las horas requeridas para completar el trabajo. En el país, cada corriente musical tiene un productor especializado. Si se trata de conjuntos musicales, sobre todo de jazz, el indicado es Jorge Lara, «la Vaca». Julio Rodas, por su lado, es el encargado del rock.

Agustín Anaya, mejor conocido como Omniom, es el maestro del hip hop, un estatus alcanzado en el país gracias a su trabajo de más de una década como productor del grupo Pescozada, quizá el más importante en el género de todos los que ha parido el país.

En su estudio de Mejicanos, un lugar acogedor pero diminuto, Omniom mira atento tres grandes pantallas. Allí calcula el volumen y el lugar exacto en el espacio que debe ocupar cada sonido. Acaba de recibir una visita bastante sui géneris para él: un dúo hondureño de música folclórica que colaboró con Los Guaraguao de Venezuela. Esta mañana, en cambio, trabajaba sobre una grabación del español Rapsusklei, una de las figuras más importantes del rap cantado en castellano.

Con tanta experiencia, Omniom sabe hablar al vuelo de lo que cuesta, por ejemplo, grabar una sola canción para una banda de cuatro personas: $300 por la captación de instrumentos y voces en el estudio, $100 por la mezcla y otros $150 por la masterización (un proceso que permite la optimización de los sonidos). En total, $550 por una sola pieza, algo elevado para una realidad económica como la salvadoreña. El hip hop y otros géneros parecidos, como el reguetón, resultan más baratos, sobre todo porque se trabaja sobre una pista. Un EP (disco de no más de media hora) puede grabarse en esas mismas cuatro horas.

Los veteranos. Pescozada, proveniente de Chalatenango, es el talento nacido en la periferia.

Otro asunto es el trabajo de producción. Expertos como él han sabido adaptarse al mercado salvadoreño y ofrecer facilidades. Él, por ejemplo, se ha inclinado por una suerte de combos. El artista, por ejemplo, puede comprarle una de las pistas compuestas por él, un «beat Omniom«, desde $189. A esto puede adicionarse la grabación de la voz y algunos ajustes de la mezcla. Todo esto junto a la masterización cuesta $325. Y hay todavía otras opciones, como el EP exclusivo, donde el productor se encarga de todo el proceso de hasta 30 minutos de música por $800. Una suma impensable para una familia como la del Gran Luigi y Brenda, que tendrían que ahorrar por meses todos los ingresos de su hogar para cubrirla.

Después de grabar un disco, comienza la rebusca, las estrategias por penetrar en el mercado, aquello que impida que esta inversión quede en el olvido. Una labor en la que los miembros de Pescozada son unos expertos. El grupo de Omniom, además de contar con una fuerte presencia en redes, está afiliado a dos organizaciones colectoras de regalías en Estados Unidos: así se aseguran de recibir el dinero generado cada vez que su música suena en cualquier parte del mundo.

A diferencia de Pescozada, Adhesivo, otra duradera banda nacional, no cuenta con este tipo de asociaciones. Por ello, no puede recibir más regalías por su música que aquellas que se reparten en servicios de streaming, como Spotify. Así lo explica Guillermo Serrano, líder del grupo de ska.

Guillermo es, desde hace más de una década, empleado de la Corte Suprema de Justicia. Cumple con un trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La música, como sus tatuajes, es un elemento que se libera solo cuando deja de ser el Guillermo burócrata. Pero no podría sobrevivir sin la combinación de ambos mundos.

Adhesivo es una de las bandas salvadoreñas más conocidas a escala internacional. Ha logrado presentarse en festivales importantes, como Rock Al Parque, en Bogotá, o Vive Latino, en México. También ha colaborado con leyendas del ska como Doctor Shenka, vocalista de Panteón Rococó. Pero ello, dice Guillermo, es el resultado de una inversión: todo el dinero que Adhesivo genera (shows, venta de mercancías, streaming) no va a los bolsillos de sus miembros, sino a la banda, para que esta pueda dar unos pasos más.

«Tratamos de ser ordenados. Creo que la clave para durar está en eso. Nosotros planeamos nuestro futuro para un año o 18 meses», comenta Serrano, quien espera, después de más de 20 años de liderar a su banda, que la música alguna vez se convierta en un negocio rentable.

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EL GRAN LUIGI tiene claras sus prioridades: terminar la escuela y superar la formación de su madre, quien llegó al noveno grado, para convertirse en abogado; comprar una casa propia, donde sus hermanos y sus padres puedan, al fin, vivir con certidumbre; que de todo ello sobre algo para un carro, como el que Jota, su mánager, maneja. Por ello no le importa el cansancio, la agenda apretada para un niño de 11 años que, en un mundo ideal, debería estar en su casa y no ganándose el pan cantando en los buses.

Según Brenda, su madre, todas las pocas ganancias que se han generado con el trabajo del niño han ido a parar a sus bolsillos. Tanto que ahora ella ha podido dejar de vender dulces en los buses para acompañarlo en sus compromisos. En todo este tiempo, dice, Jota no ha recibido ni un centavo.

—Esto de la música es una inversión. No se miran ganancias sino mucho después. Mire lo que dicen los promotores de Ozuna, que para llevarlo donde está tuvieron que gastar más de $3 millones sin ver ni un solo centavo de vuelta por varios años. Esto es así, si se hace bien, es un trabajo de paciencia –comenta Jota, un hombre con pensamiento empresarial. Luego matiza su respuesta, y asegura que lo hace como una forma de devolver algo de lo que la música le ha dado. —A mí mi esposa me dice que ella nunca creyó que algún día podríamos vivir exclusivamente de la música.

El Gran Luigi, allá lejos, mientras le toman una fotografía, activa su bocina, su compañera de siempre, e improvisa algunos versos, feliz de poder sentir que el futuro, su futuro, se llena de música.

«La declaratoria de persona non grata nos tomó de sorpresa»

Iván Velásquez – Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

Iván Velásquez es un hombre que no camina solo por los pasillos de este hotel de San Salvador. Tampoco lo dejan solo cuando brinda una entrevista, o cuando alguien le pide tomarse una foto con él. A su lado, siempre se mantiene un dispositivo de seguridad.

Desde 2013 fue puesto al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esa oficina ha llevado a cabo investigaciones que han revelado los entramados de corrupción e impunidad presentes hasta en la presidencia. Por ello, en 2015, el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti fueron señalados por defraudación aduanera, y Pérez Molina se vio obligado a renunciar a la presidencia. La dupla presidencial se encuentra en prisión actualmente.

La CICIG, acompañada por el Ministerio Público, también ha escudriñado dentro del sistema judicial y electoral y ha descubierto redes ilegales de repartición del poder. Además, a inicios del año pasado, la comisión señaló al hermano y al hijo del actual presidente, Jimmy Morales, por participar en un fraude. Meses después, se solicitó un antejuicio al presidente por sospechas de financiamiento ilícito electoral. Para esa fecha, Morales, quien en 2015 decía apoyar a la CICIG, tardó solo dos días en declarar al comisionado «persona non grata».

Este modelo no afecta la soberanía nacional porque es una comisión de apoyo no de sustitución de autoridades nacionales.

Un año después, a finales de este agosto, Jimmy Morales, apareció en los televisores guatemaltecos diciendo que se cancelaba la CICIG. Es decir, no renovará su mandato en el país y bajo esta lógica, la comisión funcionará hasta septiembre 2019. La escena fue un tanto extraña: Detrás de él, decenas de militares formaron un bloque que funcionaba como fondo para el discurso. En los días siguientes, Velásquez hizo un viaje de trabajo a Estados Unidos. Allá se enteró de una noticia: El presidente Morales prohibió su entrada a Guatemala por razones de «orden y seguridad nacional».

Así, Velásquez está este viernes a solo cinco horas de la oficina que, en teoría, debería estar presidiendo en persona, pero a la cual no puede presentarse. Ha venido a El Salvador a participar en un foro de la Semana de la Transparencia. Tras su intervención, acepta responder una ronda de preguntas de periodistas salvadoreños. Luego, habla en exclusiva con esta revista después de un periodo de silencio con medios centroamericanos.

Aquí explica que la CICIG seguirá funcionando con la figura de un comisionado adjunto, mientras su situación no se resuelva. Admite que la sola presencia de la CICIG en Guatemala no garantiza la lucha contra la impunidad en un país en el que se requiere que la capacidad del Ministerio Público se multiplique, al menos, «por 10».

En El Salvador se ha planteado la idea de una CICIES. ¿Qué tan necesario es el espaldarazo presidencial para replicar el modelo?

La decisión presidencial es fundamental porque esto significa el acuerdo de un Estado con el organismo internacional que se considere. Naciones Unidas en el caso de Guatemala o la Organización de Estados Americanos en el caso de Honduras. Otra cosa es la discusión interna que se genera para que el Gobierno llegue a hacer una solicitud de esta naturaleza.

Ahora usted mencionaba que quienes se oponen a la idea del modelo quieren seguir gozando de impunidad. Aquí se le ha llamado golpistas a las personas que proponen una réplica.

Creo que siempre hay que examinar las condiciones propias del país que quisiera tener una cooperación de esta naturaleza. No sería trasplantar el acuerdo que constituyó la CICIG, traerlo acá y cambiarle simplemente el nombre y los firmantes porque todo es según las realidades nacionales. Lo que creo es que este modelo no afecta la soberanía nacional porque es una comisión de apoyo, no de sustitución de autoridades nacionales. Mientras la investigación y la persecución penal estén en cabeza del Ministerio Público (MP), sea el MP el que toma la decisión de judicializar los casos, las contribuciones que se hacen no implican injerir en los asuntos internos del país.

Algunos afirman que la CICIG afecta la estabilidad política, que repele inversores y que ha afectado a la economía de Guatemala. ¿Qué intuye detrás de esos discursos?

Lo que hay es una forma de defenderse para evitar que la lucha contra la corrupción se continúe y se profundice. No se puede señalar a la lucha contra la corrupción de desestabilizadora… bueno, desestabiliza un estado anormal de cosas, pero lo que pretende es la estabilidad real. No se le podría reprochar que afecte la economía o que reduzca la inversión, a menos que se esté pensando en una inversión basada en la corrupción. Cuando se cuestionan esas investigaciones lo que se está diciendo es que se quiere seguridad, tranquilidad para la inversión corrupta.

En 2016 usted planteaba la posibilidad de un organismo transnacional para atacar los crímenes transnacionales, como la trata de personas y narcotráfico. Dos años después, ¿qué posibilidad ve de organizar algo así?

Creo que siempre es posible, porque la responsabilidad fundamental (sería) de las fiscalías generales de cada uno de los países que participaran en un proyecto de esta naturaleza. Que haya otros organismos de cooperación como el caso de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en Honduras o de la CICIG en Guatemala, es un plus. Pero lo fundamental es que los organismos nacionales lleguen a esa actividad conjunta a generar grupos de trabajo transnacionales que les permita una mayor fluidez sobre todo en el tema probatorio, en aquello que requeriría asistencia judicial que tradicionalmente es como tan engorrosa y demorada.

Empresarios afectados directamente –o que temían verse afectados en el futuro porque sabían qué habían hecho– se comprometieron con la impunidad; en lugar de comprometerse en la lucha contra la corrupción.

No se renovará el mandato de la CICIG en 2019, ¿no le parece que esto va en detrimento de la creación de un organismo transnacional?

No significaría que con eso la idea queda suprimida. No. Inclusive, aún si no existiera la CICIG, es posible que se utilice un mecanismo de esta naturaleza de cooperación entre los países para conformar un grupo conjunto de investigación en temas que afecten a los tres países.

Iván Velásquez

¿Hay manera de trabajar si no se llegara a tener una Fiscalía eficiente?

Es, realmente, más difícil. No digamos que es imposible. Porque nosotros, además, no trabajamos exclusivamente con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Es nuestra principal contraparte y la contraparte natural de la CICIG, pero también trabajamos con fiscalías de delitos económicos, anticorrupción, de lavado de activos o fiscalía de delitos electorales.

El acuerdo Fiscalía-CICIG que dio origen a la FECI permite una colaboración, un aporte también de la CICIG en cuanto a la escogencia de los fiscales y funcionarios de la FECI, porque se requiere que exista una gran confianza en esos fiscales. De manera que podamos nosotros examinar respecto de su trayectoria y de su honorabilidad para ser contrapartes nuestras. Entonces, el que no exista una fiscalía especial no impide el trabajo conjunto con el Ministerio Público, pero sí es mucho más conveniente que esta fiscalía especial exista.

Se ha hablado sobre una nueva Fiscalía Transnacional. Hay una investigación periodística que plantea que la nueva fiscal, Consuelo Porras, está –de alguna manera– compitiendo por casos. ¿Podría comentarme algo al respecto?

Por lo que yo entiendo, lo que ha dicho la fiscal general, la Fiscalía Transnacional estaría conformada por el MP guatemalteco con el apoyo de agencias de Estados Unidos y estaría la participación, –no sé cuál es el avance de eso porque nosotros no tenemos ninguna intervención– también de otros países de la región, probablemente de los países del Triángulo Norte que lleguen a acuerdo de esa naturaleza, pero su finalidad principal tiene que ver, en lo que yo entiendo, con el narcotráfico y fenómenos anexos al narcotráfico. Es decir, no investigaría en temas de violación de derechos humanos o de corrupción, no sería una Fiscalía Transnacional para investigar toda clase de delitos.

Se ha manejado, de manera informal, que sería la respuesta del Ministerio Público a la cancelación de la CICIG.

En realidad, la idea de la Fiscalía Transnacional la ha planteado esta fiscal general antes de la decisión del presidente Morales de que la CICIG no continuara. Por eso entiendo que no es ni una competencia ni una sustitución de la CICIG, sino que es otro mecanismo de cooperación internacional y en este caso solo de Estados Unidos, pero para los delitos en los que, también por su naturaleza, Estados Unidos tiene interés en que sean reprimidos como estos vinculados con el narcotráfico.

En su reciente informe de rendición de cuentas decía que los grupos de poder se van radicalizando, ¿qué síntomas de esa radicalización ve en Guatemala?

Afortunadamente la situación en el país ahora solo está en campañas de difamación o en decisiones gubernamentales, como esta de no renovar o revocar visas. Pero ninguna acción de violencia desde ningún sector, de ninguna naturaleza, en contra de ningún funcionario de la comisión, como se vivió en Colombia especialmente entre 1997 y 1999, que hubo una racha de investigadores de la Fiscalía que fueron asesinados cuando yo estuve como director regional de Fiscalías de Medellín. Una situación similar no la he advertido todavía en Guatemala y esperamos que no vaya a suceder.

La radicalización a la que nos referimos es que asumieron un papel de franca confrontación con la lucha contra la corrupción. Algunos se vincularon, inclusive, a campañas de difamación. Hay una estructura muy bien montada de noticias falsas, de difamación, que también realizan actos de lobby, como lo reveló recientemente Nómada con una entrevista de uno de los encargados de aglutinar empresarios para pagar a lobbistas en Estados Unidos.

Antes, cuando la lucha contra la corrupción no llegaba hasta esos sectores, ellos mismos apoyaron todo el trabajo que se hacía. Se sumaron al paro nacional que hubo el 27 de agosto de 2015 para exigir la renuncia del presidente Pérez Molina. Pero ya después de mediados de 2016, que empezaron a verse vinculados, sobre todo a partir de un caso que llamamos «cooptación del Estado», empresarios afectados directamente –o que temían verse afectados en el futuro porque sabían qué habían hecho– se comprometieron con la impunidad; en lugar de comprometerse en la lucha contra la corrupción.

La CICIG ha realizado investigaciones que involucran al círculo familiar del presidente Jimmy Morales. En el pasado, él decía apoyar a la CICIG y planteó renovar su mandato hasta 2021. ¿Cómo recibieron dentro de la comisión estos discursos?

Cuando el presidente Jimmy Morales fue elegido y solicitó la renovación 2017-2019, con una anticipación de un año y medio, ahí fue que él anunció al secretario general de Naciones Unidas su voluntad de pedir la extensión 2019-2021, lo cual haría en el momento oportuno. Pero después de todo lo que resultó, de tantos afectados con las investigaciones… el propio presidente Morales en las investigaciones por financiamiento electoral ilícito, pues cambió su posición frente a la CICIG. Hay una franca oposición a la CICIG desde, por lo menos, principios de 2017 que se manifestó mucho más el 27 de agosto de 2017, cuando me declara persona non grata y ahora ya como que absolutamente definitiva con esto del 31 de agosto de comunicar que no iba a renovar.

¿Cómo se vivió tras bastidores esto desde 2017 hasta 2018? ¿Se empezó a delegar el liderazgo de algunas cosas?

Pues la declaratoria de persona non grata nos tomó de sorpresa. Entonces, cuando ya se produce la decisión de la Corte de Constitucionalidad ya significaba que todo tenía que orientarse de acuerdo con esas directrices en una discusión del Gobierno de Guatemala con Naciones Unidas. Y era lo que se venía desarrollando y esperábamos que llegara a una conclusión. No estaba dentro de lo previsto que, saliendo del país se prohibiera mi ingreso.

¿Habría alguna manera de procesar por desobediencia a la Corte de Constitucionalidad a los representantes del Gobierno?

Esa es una discusión que está planteada actualmente en la Corte de Constitucionalidad. El presidente Morales, el vicepresidente Cabrera, la canciller, han dicho públicamente que no se permitirá mi ingreso al país. Y ahora está en la discusión si esas manifestaciones constituyen un desacato.

Además, Guatemala ya tiene casos en el pasado de destitución por desobediencia.

Sí.

El 70% estaba de acuerdo con la permanencia de la CICIG, el 10% estaba de acuerdo con que la CICIG no continuara, y la otra franja del 20% es de los indecisos o que no responden. Ahí no se ve precisamente una polarización.

¿Es posible que la CICIG logre dejar algo cimentado que evite la corrupción para septiembre de 2019?

No. Es que ni siquiera con la presencia de la CICIG se podría decir que eso solo basta para que la lucha contra la corrupción sea exitosa.

Pero es un actor que influye.

Sí, es un actor que influye. Que puede lograr que se genere mayor independencia en el Ministerio Público y en el organismo judicial, pero lo que se requiere para una lucha efectiva contra la corrupción es que haya independencia de los órganos del sistema de justicia y una fortaleza de tal naturaleza que exista capacidad de respuesta de esos órganos del sistema de justicia, particularmente del Ministerio Público y el organismo judicial. Para que haya una respuesta cierta contra la impunidad se requiere que la capacidad del Ministerio Público se multiplique, no sé por cuánto, por 10.

Y Guatemala tiene un gran porcentaje del territorio sin oficinas fiscales.

En este momento es cerca del 90 %. De 340 municipios hay fiscalía en 39, tal vez. La fiscal general actual ha dicho que uno de sus programas, y que va a realizar este año, es crear 25 fiscalías más. Lo que Guatemala requiere es que haya una capacidad, por lo menos, de la mitad de los municipios con presencia del Ministerio Público.

Dentro del accionar de la CICIG, ¿qué ha probado ser lo más complicado de establecer: las investigaciones o la propuesta de políticas públicas para evitar que se vuelvan a instalar mecanismos de corrupción?

En los últimos años lo más difícil ha sido la adopción de políticas públicas y de reformas jurídicas e institucionales que se han propuesto. La experiencia con la reforma constitucional del sistema de justicia es una muy reveladora de cómo un gran proceso –que se adelantó con participación realmente amplia de la ciudadanía– finalmente se ha visto frustrado en el Congreso de la República.

Y esto implica que para 2019, que hay elección de nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, se vaya a utilizar el mismo mecanismo del que ya tenemos evidencia. Las comisiones de postulación son muy susceptibles de presiones de influencias e inclusive de sobornos. Como uno de los casos que tenemos actualmente con el Ministerio Público que denominamos «comisiones paralelas». Y precisamente, por no haber reformado la Constitución en 2016, ahora Guatemala se va a ver abocada a un proceso en el que puede ocurrir lo mismo que ocurrió en 2014, que es lo que hemos ido encontrando evidencias: la influencia para que determinadas personas sean seleccionadas y no por sus méritos de idoneidad, capacidad y honorabilidad, sino precisamente por esas influencias; y luego cómo fue repartido entre el Partido Patriota y el Partido Líder el número de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones. Eso es algo que puede ocurrir también ahora en 2019.

¿Ha recibido amenazas o comunicaciones que no son a través de medios formales con el Gobierno?

No.

¿Usted maneja sus redes sociales?

Sí.

Ahí veo que le escriben amenazas todo el tiempo.

Sí, ahí leo algunas cosas.

En una entrevista se planteaba la posibilidad de que usted vuelva a Guatemala, en enero. Esto trajo amenazas en redes sociales, algunos dicen que lo van a quemar. ¿Cómo se plantea el futuro con la CICIG?

Una forma que ya fue sugerida por el secretario general de Naciones Unidas y, efectivamente, se ha venido desarrollando, es la designación de un comisionado adjunto que debe empezar a trabajar desde el mes de enero del próximo año. La presencia de esa comisionada o comisionado adjunto va a permitir desarrollar mucho más fácil, también, la dirección desde afuera. Lo que yo he dicho es: se debe garantizar una forma que impida que la CICIG se extinga lentamente.

¿Cómo va a ser la situación de la presencia mía? Esto es de acuerdo con las circunstancias, cómo se va desarrollando la situación en el país. Algunos quieren llamar, decía usted, por comentarios en redes sociales, a la confrontación. Hay un propósito de polarizar. Yo creo que la polarización es más artificial que real, cuando se piensa, por ejemplo, en esa encuesta de septiembre de este año, que el 70 % estaba de acuerdo con la permanencia de la CICIG, el 10 % estaba de acuerdo con que la CICIG no continuara y la otra franja del 20 % es de los indecisos o que no responden. Ahí no se ve precisamente una polarización.

Veo que tiene fijado en Twitter una canción y frase que dice «Yo vengo a ofrecer mi corazón».

Sí. Eso lo puse en Guatemala.

¿Es una declaración de principios?

Es una declaración de principios. Sí, yo creo que en eso estamos. Estamos en el tema de las convicciones.

Iván Velásquez

Internet como herramienta para el abuso sexual de menores

Ilustración de Moris Aldana

A Fabiola le da miedo mirar videos en una computadora, en una tableta o en un celular. Teme volver a ver en la pantalla su propio cuerpo desnudo, filmado sin su autorización presuntamente por una expareja de su madre, Graciela, que vivió en su casa por un tiempo y a quien le han perdido el rastro. La joven tenía 15 años cuando eso ocurrió. Fabiola y su madre tienen constancia de que en la web circularon tres videos en los que la joven aparece desnuda.
Ahora a Fabiola le da miedo realizar cualquier actividad que requiera quitarse la ropa, como tomar una ducha en su casa.

La noticia les llegó después de que un amigo de la familia vio las grabaciones en un sitio de internet dedicado a promocionar clubes de prostitución en Centroamérica, en el que de tiempo en tiempo se cuelan videos de contenido sexual. Otra persona les mostró los videos compartidos en un grupo de WhastApp. Graciela piensa que, quizá, bien hubiera podido evitar que a su hija le pasara lo que le pasó.

“Ella me dijo que sentía que ese hombre la miraba feo, que no era normal eso, y que a veces la seguía cuando se iba al baño, que la espiaba cuando se estaba vistiendo”, dice Graciela, que muy pronto llegará a los 40 años de edad.

Graciela y Fabiola todavía no han denunciado el hecho ante ninguna autoridad. Antes se están asesorando con un abogado. El delito que pudo haber cometido la expareja de la mujer es uno de nombre bastante extenso: utilización de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Este está incluido en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, aprobada en 2016 por la Asamblea Legislativa de El Salvador y con apenas dos años de aplicación. Desde 2017 hasta el tercer trimestre del presente año, la Fiscalía General de la República ha recibido 786 denuncias en torno de estas faltas.

Un apartado de la ley se dedica a crímenes contra menores de edad: casi todos son de naturaleza sexual, en los que el perpetrador adulto se vale de las nuevas tecnologías para concretar sus fechorías. Solo de este grupo, del referido a conductas sexuales, la FGR recibió en sus oficinas 80 denuncias, más del 10 % del total.

El delito del que Fabiola fue víctima castiga a quien lo comete con una pena de ocho a 12 años de prisión. Puede contar con varios agravantes, como que el acusado sea el responsable del menor. Entonces, la pena máxima puede ser de hasta 16 años.

“A mí me aflige que ella no quiera, en un futuro, entablar una relación con una persona que le guste. Ya me ha dicho cosas que me preocupan, como que no se atrevería a estar desnuda con un hombre, en un cuarto, para tener intimidad; que no va a poder dejar de pensar en que la van a estar grabando también allí”.

Para Martin Rogel Zepeda, magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal de la primera sección del Centro de San Salvador, las leyes deben contar con una característica: la precisión. Por eso la nueva tipificación es un paso adelante porque permite castigar a eslabones de la cadena que en el artículo correspondiente del Código Penal, su antecesor, no era posible: allí la acción se dirigía solo a aquella persona a quien se le comprobaba que había producido un material de pornografía infantil o a aquel que lo almacenaba, no a quien lo había visto, por ejemplo, vía streaming o en ese espacio un poco momentáneo de un chat.

Ahora la investigación de las autoridades debería apuntar a la expareja de Graciela, pero también a aquellos que vieron el video en el grupo de WhatsApp o a través de la página web descubierta por el amigo de la familia. Aquellas personas que dieron aviso a Graciela también podrían ser acusadas, pues tuvieron acceso al material.

Ese proceso, sin embargo, sería bastante difícil para la Policía Nacional Civil de El Salvador si no se tiene acceso físico a los dispositivos desde donde se vieron las piezas: a pesar de que se cuenta con toda una unidad dedicada a los servicios informáticos, todavía no existe la tecnología en el país para, por ejemplo, detectar qué IP (la dirección única de la conexión de un aparato con internet) se ha conectado con determinado video o fotografía, lo que sí ocurre en países desarrollados.

Las autoridades salvadoreñas encargadas de investigar este tipo de hechos también tienen otras falencias: dentro de la Fiscalía General de la República, que también cuenta con su departamento correspondiente, solo hay un experto certificado para verificar la autenticidad de la evidencia informática, pero está dentro de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la que se encarga de los casos de lavado de dinero y activos. Para utilizarlo, por tanto, debe haber una coordinación entre jefaturas, que lleva tiempo.

Esto parece ser un síntoma de una tendencia en El Salvador: se le da más peso a delitos que tienen que ver con aspectos financieros, como lo observa el gerente de Programas de Plan International, Adolfo Vidal.
“Aquí el tema de los delitos cibernéticos está más tipificado con el tema de fraude financiero, con el tema bancario, con eso es que se aprobó… Cuando nos digitalizamos, digitalizamos las amenazas; tenemos que avanzar realmente en esto y, por último, hacer una ley específica solo para regular la divulgación de imágenes de niños y niñas en redes sociales”, aseguró en una entrevista para LA PRENSA GRÁFICA.

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VÍCTIMAS DE LOS DELITOS

Cuando se piensa en “delitos informáticos”, lo primero que se viene a la cabeza es una serie de números binarios y un escenario parecido al de la película “Tron”, donde todo se da en un plano abstracto, casi inofensivo. Parecería demasiado sofisticado para ponerle el rostro de una víctima.

Pero internet, herramienta neutra, es utilizado para el cometimiento de crímenes atroces contra la sexualidad de menores de edad con mucha regularidad. Eso es lo que demuestran los números recogidos por la Fundación de Vigilancia de Internet (Internet Watch Foundation, IWF), una organización basada en Inglaterra que recibe denuncias de contenido de pornografía infantil de todo el mundo.

En 2017, la entidad acogió más de 80,000 reportes de páginas web que albergaban material en video o fotografía de menores de 15 años siendo abusados sexualmente. De ese grupo, en el 55 % de las piezas, las víctimas lucían como niños por debajo del umbral de la década de vida. Y un alarmante 2 % (1,600) eran menores de dos años. Alguien filmó a un adulto abusando sexualmente de un niño menor de dos años para que otro adulto lo viera. Y las cifras continúan: el 44 % del total de videos o fotografías mostraba violaciones o torturas sexuales a niños. Treinta y cinco mil doscientos, la misma cantidad de asientos que tiene el estadio Jorge “Mágico” González, de San Salvador. Hasta el 92 % del total de material pornográfico infantil estaba alojado en sitios de acceso gratuito.

Ahora la investigación de las autoridades debería apuntar a la expareja de Graciela, pero también a aquellos que vieron el video en el grupo de WhatsApp o a través de la página web descubierta por el amigo de la familia. Aquellas personas que dieron aviso a Graciela también podrían ser acusadas, pues tuvieron acceso al material.

Pero estos no son, siquiera, números que reflejan la realidad a escala mundial. La IWF asegura que hasta el 97 % de la data con la que elabora sus informes proviene de Europa y Estados Unidos. Y América Latina es la región con el menor número de reportes a la entidad, apenas alcanza la decena. No existe una institución similar para conocer el tamaño del problema en este lado del mundo.

Con ese panorama, es posible comprender las palabras de Graciela, que considera “un alivio” que su expareja no haya abusado de su hija. Pero la violación de su intimidad y la colocación de su cuerpo en un espacio de consumo sexual han dejado profundas huellas en su vida.

Desde que sucedió, ha estado viendo a un terapeuta por lo menos dos veces al mes: no puede irse de su mente la sensación de que alguien, en cualquier momento, pueda estar viendo su cuerpo. Se siente constantemente vulnerable.

Eso ha desatado un cuadro de ansiedad en la joven, muy parecido, según se le ha dicho a su madre, al de una víctima de violación.

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DEUDAS DE LA LEGISLACIÓN

La difusión de este tipo de material es un golpe fuerte para una víctima menor de edad, pues esta todavía está descubriendo su identidad. Por eso, se ha pensado en múltiples formas de prevenir estos delitos. Una de esas es la de crear una figura muy parecida a la que un sujeto obligado tiene en la ley correspondiente a lavado de dinero y activos.

Eso es lo que recomienda el Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados, con sede en Virginia, Estados Unidos, en su informe “Pornografía infantil: modelo de legislación y revisión global”, publicado en 2012.

Este señala a dos tipos de posibles sujetos obligados. En un primer grupo deben estar personas con actividades profesionales cotidianas que, como resultado de sus responsabilidades laborales, puedan estar “potencialmente expuestos a la pornografía infantil”. Allí se incluye a profesionales informáticos, quienes podrían tener acceso de forma accidental a este tipo de material cuando, por ejemplo, reparan una computadora o un teléfono celular.

El segundo grupo es el de organizaciones o empresas cuyos servicios sean usados para fomentar la proliferación de la pornografía infantil. Por eso, deben ejercer cierto grado de responsabilidad. Aquí están los proveedores de servicios de internet, las empresas de tarjetas de crédito y los bancos. Estos dos últimos se consideran porque quien busca acceso a pornografía infantil puede pagar por ella a través de estas instituciones.

“Debe promulgarse un requisito de ‘notificación y remoción’ en la legislación nacional, y considerarse la creación de protección legal para permitir que los proveedores de servicios de internet puedan denunciar de forma completa y eficiente a la Policía o a otros organismos designados cualquier incidente de pornografía infantil que descubran, incluida la transmisión de imágenes”, dice parte del informe.

En El Salvador, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos aún no contempla esta figura, como tampoco castiga, en específico, la promoción de turismo sexual con menores de edad como víctimas a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esto último ya es una realidad en otros países de la región, como Ecuador.

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

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LA TRAMPA EN LA RED

El vacío legal permitía que una persona solo pudiera ser acusada si cometía el abuso sexual. Padres que se daban cuenta de que esto pasaba entre un adulto y su hijo debían conformarse con la idea de que evitaron algo peor.

El caso más mediático relativo a este delito ha sido el del sacerdote católico Adonay Chicas Campos, quien fue enviado a juicio por, además de sostener relaciones sexuales con un menor, haberlo incitado a hacerlo a través de un chat de WhatsApp. El caso tiene reserva total.

Pero este no es el único que ha llegado a las cortes del país. Hay otros que han terminado incluso en condenas. Ese es el caso de uno ocurrido en San Salvador, del que se omitirán detalles específicos por instrucciones del tribunal de Sentencia que lo vio, pues la víctima es un menor de edad.

Todo comenzó con una inocente rutina de convivencia. Ella llegaba donde la abuela del pequeño para llevarlos a él y a su prima de 14 años a pasear. Él ni siquiera había llegado a la década de vida. Pasaba en esa vivienda mientras su madre trabajaba.

Lo que ni la madre ni la abuela del niño sabían es que, en los recorridos de regreso al hogar, ella le besaba la boca. También lo acariciaba de sus partes íntimas, según explicó el infante en su testimonio.

Ella tenía alrededor de 30 años, dos hijos y un esposo. Él ya contaba con un celular. La mujer le ayudó a descargar la aplicación WhatsApp. Así pudieron estar en comunicación contante. En ese chat ella le decía palabras cargadas de sugerencias sexuales. También había conversaciones inocentes, donde le preguntaba cuál era su serie favorita, qué materias le gustaban más en la escuela, si era fan de los perros o de los gatos. Le pidió, también, que fueran novios. El niño, en su inocencia, aceptó la propuesta.

Un día a inicios de 2017, el infante se enfermó. Estaba solo en casa. Se lo hizo saber a la mujer, que no dudo un solo minuto en acercarse, no sin antes cerciorarse de que, en efecto, no había nadie más en la vivienda. Llego hasta el cuarto del pequeño y se desnudó. También a él le quitó la ropa. Lo besó y acarició. Incluso hubo contacto coital, para el que la mujer se las arregló como pudo.
Al siguiente día, el niño seguía con fiebre y con lo que parecía ser una infección urinaria, pues su madre notó que iba mucho al baño. Luego, se dio cuenta que el celular del pequeño no dejaba de sonar. Lo revisó y vio los mensajes que le había mandado a su hijo la mujer. En estos le preguntaba si le había gustado lo del día anterior. La madre denunció el hecho inmediatamente.

La mujer fue condenada por violación a purgar 14 años de cárcel. Sin embargo, una cámara superior decidió que el delito debía modificarse a otras agresiones sexuales. El castigo se redujo a ocho años. La Fiscalía decidió no acusarla por Corrupción de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad a Través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a pesar de que lo ocurrido cumplía al pie de la letra con la tipificación. Si se hubiera hecho así, la mujer podría haber enfrentado por lo menos a otros ocho años en prisión.

En el juicio donde fue condenada, dijo que ya antes había tenido experiencias parecidas y que nunca la habían atrapado.
El peligro también puede estar en la escuela. Ese fue el caso de los alumnos de Edwin Baltazar Villalobos, quien era profesor en un centro escolar de San Salvador, concretamente del octavo grado. Sus estudiantes, por tanto, eran menores de 15 años.

El hombre, de 40, les pedía a través de su cuenta personal en Facebook que se filmaran o tomaran fotografías de ellos en situaciones sexuales. A cambio, prometía comprarles regalos o ayudarlos con sus notas. Cuando los alumnos accedían a entregarle el material, este los citaba en un centro comercial para darles su regalo.

Ninguno de los alumnos denunció los hechos. El caso llegó hasta la Fiscalía General de la República cuando los padres de una joven de 14 años encontraron su teléfono desbloqueado. Allí se dieron cuenta de lo que pasaba. En la conversación pillada, Baltazar Villalobos le pedía que le enviara videos con contenido sexual. Le ofreció como pago zapatos y ropa de una exclusiva tienda.

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LAS HUELLAS

Fabiola y su madre intentan sobreponerse al golpe que les significó ver su cuerpo desnudo en una pantalla. Es un esfuerzo lento en el que hay semanas de avances y semanas de retroceso.

Sobre todo, a Graciela le interesa que su hija recupere su confianza, que, como las demás jóvenes de su edad, pueda desarrollarse con toda normalidad.

“A mí me aflige que ella no quiera, en un futuro, entablar una relación con una persona que le guste. Ya me ha dicho cosas que me preocupan, como que no se atrevería a estar desnuda con un hombre, en un cuarto, para tener intimidad; que no va a poder dejar de pensar en que la van a estar grabando también allí… Cuánto daño le hicieron a mi hija, y ni siquiera sé por qué. Parece que le quisieron arruinar la vida con algo que parece una broma”, dice Graciela.

La familia no ha decidido si podrá continuar viviendo la vida de antes, en el lugar de siempre. Han pensado, incluso, en abandonar el país. Un cambio rotundo provocado por algo que todavía les sigue pareciendo una mala broma y que impide que Fabiola pueda tomar siquiera una ducha con toda normalidad.

Testimonios y huesos: las primeras pruebas de la masacre de El Calabozo

Fotografías de Ángel Gómez

Juana de Jesús ha llorado durante 36 años por el mismo motivo. Esta mañana de octubre se muestra parca. Es una mujer de 63 años que recibe a amigos y desconocidos en el patio de su casa. Hoy, en un terreno cercano se intentará desenterrar algo de los huesos de su mamá, su papá, una cuñada y sus hermanos.

En el patio se han colocado unas sillas plásticas azules y se forma un círculo con amigos, familiares y vecinos. Otros tres hermanos de Juana también están aquí. Y antes de empezar cualquier diligencia judicial, a las 10 de la mañana, adultos y niños se toman de las manos y rezan juntos.

Este 29 de octubre inicia la primera exhumación solicitada por la Fiscalía General de la República para investigar la masacre de El Calabozo. En este hecho se cree que fueron asesinadas al menos 200 personas, incluyendo niños. Para sobrevivir, Juana se escondió durante varios días en el monte. Escondida, alcanzó a escuchar la balacera.

Desde entonces, su voz se quiebra cuando habla del último momento en que vio a sus papás. El dolor de Juana no se ha quedado con ella. Una nieta joven toma la palabra en la rueda que se ha formado y se echa a llorar: “Las historias van de generación en generación. No los conocí, pero siento que es algo que ellos no merecían. Me gustaría que se hiciera justicia algún día. Es lo único que pido para que ellos descansen en paz”.

A las 10:30 de la mañana, personal de la Fiscalía General de la República, policías, una antropóloga forense, un juez, empleados del Instituto de Medicina Legal y el abogado particular del caso se presentan en este patio. Llegan para explicar cómo se procederá a la extracción de los huesos. Hace 36 años un hermano de Juana enterró lo que quedó de su familia en secreto. Hoy, esos restos serán descubiertos.

***

“A FRACASAR FUERON”

Juana vive en el cantón San Jerónimo de Santa Clara. El cantón es frontera con Amatitán Abajo, lugar donde se denuncia que ocurrieron la mayoría de asesinatos en la masacre. Cerca de su hogar pasa el caudal del río Amatitán. Su casa está en la zona rural y la mayor diversión de la zona es una cancha que durante las fiestas patronales se convierte en campo de ruedas.

Tras la explicación, un grupo de 40 personas –personal de instituciones estatales, defensores de derechos humanos y familiares– empieza una caminata de 15 minutos. Avanzan entre veredas que se ensanchan y reducen según la pendiente del terreno.

Juana no acompaña al grupo. Tiene un problema que le impide caminar del todo bien. Después de pasar tres cercos que dividen los terrenos, se llega a una tumba que tiene tres cruces pintadas de verde y adornada con flores plásticas rojas. Está rodeada por una milpa. Al lado pasa el agua de una quebrada. Este es el último paisaje que los padres de Juana vieron.

En comunidad. Antes de iniciar la exhumación, la familia Realegeño y algunos vecinos y amigos se reúnen para hacer una oración.

Ella tenía 27 años cuando la guerra civil la tocó directamente. “Yo pensé que la guerra iba a durar unas dos semanas”, admite ahora. Para 1982 ya tenía dos hijos: uno de siete meses y otro de cuatro años. Nunca fue a la escuela y en la casa de sus padres se ocupaba del oficio: hacer la comida para la familia y servirla. En agosto de ese año la vida paró.

“Uno tenía desconfianza de estar en la casa porque si lo hallaban, ahí lo mataban. Por eso fue que nosotros huimos”. Su familia se unió a los cientos de personas que intentaron escapar de los militares durante la noche del 21 de agosto del 82. Pero mientras ella avanzaba junto con el resto de gente, sintió una presión en el estómago. Dice que lo interpretó como una señal de alguna fuerza superior que le decía “ni un paso para delante, ni uno para atrás. Aquí quedate”. Así que se mantuvo quieta y llamó a sus papás. Ella calcula que eran las 11 de la noche.

—Papá, ¿y mi mamá?
—Ahí viene adelantito de vos. ¿Qué querés? ¿Hablar con ella?
—Sí, y también con usted, papi.

Juana empieza a revivir esa plática y entrelaza la mano izquierda con la derecha. Las coloca sobre su regazo, como quien no deja escapar algo delicado. Mientras huía, ella chineaba a su hijo de siete meses y su mamá llevaba al niño de cuatro años. Esa noche le pidió a su madre que le diera al niño mayor.

—Quiero merecer un favor. No sé qué me va a pasar. Pero siento en mi cuerpo algo. No sé qué me conviene. Por si acaso yo muero, quiero estar con mis hijos. Uno a cada lado.
—No te lo voy a conceder, hija. Te vas a llevar al chiquito porque le das pecho, pero a este no te lo llevas –cuenta Juana que le respondió su madre.
—Vaya, pues. Espero que se cuiden y cuídeme al niño también.

Esa fue la última plática que recuerda con ella: “A fracasar fueron. Más adelante estaba la emboscada de la Fuerza Armada”.

Según los testimonios, durante la madrugada del 22 de agosto llovió, y el río Amatitán creció. La corriente era fuerte y los campesinos estaban cansados. Cruzarlo no era la mejor decisión. En la mañana, cuando cientos de campesinos recuperaban fuerzas para seguir caminando, fuerzas militares los alcanzaron y les dispararon.

Intergeneracional. A pesar de que la masacre de El Calabozo no fue reconocida oficialmente cuando sucedió, los testimonios se han ido compartiendo entre hijos y nietos de los supervivientes.

***

LA EXHUMACIÓN
La familia de Juana fue asesinada en este terreno cerca del río, de acuerdo con el testimonio. “Todos estaban así, como formando una corona”, explica la mujer. Esta es la segunda visita que se hace a este lugar en relación con el expediente judicial. Aunque la masacre fue denunciada en 1992, no fue indagada. En 2016, la Sala de lo Constitucional ordenó que se investigara. Así, en enero de 2018 se hizo la identificación oficial de los lugares en los que los supervivientes aseguran que ocurrió la masacre. Fue entonces que se identificó esta tumba.

Al llegar, el juez del caso, Joaquín Bonilla, juramenta a la forense encargada de la exhumación:

—¿Acepta este cargo? –pregunta el juez.
—Acepto –responde la antropóloga Silvana Turner.
—¿Promete ejercer este cargo fiel y legalmente?
—Lo prometo.
—En este momento, queda nombrada como perito –finaliza Bonilla.

Silvana Turner es parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización fundada en los ochenta que ha trabajado para identificar a las víctimas de diversos crímenes alrededor del mundo. El EAAF no solo se dedica a sacar huesos. Los integrantes del equipo entrevistan a supervivientes o familiares, realizan la exhumación, analizan el material genético y, además, entregan los restos recuperados a sus familias. Su experiencia es amplia: durante más de 30 años, el EAAF ha trabajado en la identificación de víctimas de la dictadura argentina, en la identificación de los restos de Ernesto “Che” Guevara, en Kosovo, Sudáfrica, en Guatemala y también en El Mozote, Morazán. La presencia de Silvana Turner le da solidez a la investigación.

Tras la juramentación de Turner, se procede a trabajar. Algunos lugareños ayudan a quitar la maleza con sus corvos y a limpiar el área de trabajo. A las 12:01 de la tarde, se empieza a martillar la plancha. Poco a poco, el cemento va cediendo y se van retirando los pedazos de ladrillo y concreto.

“Las historias van de generación en generación. No los conocí, pero siento que es algo que ellos no merecían. Me gustaría que se hiciera justicia algún día. Es lo único que pido para que ellos descansen en paz”.

Mientras, Turner saca dos sillas plegables de su mochila y camina unos 5 metros hacia arriba de la tumba. Ahí, comienza a entrevistar a los hermanos de Juana. En la entrevista intenta conseguir información sobre señas específicas de las víctimas que permitan identificarlas. Luego, les pincha un dedo y se los aprieta de manera que la sangre sirva para manchar unos papeles que guarda y se utilizarán para comparar ADN.

La segunda persona a quien Turner entrevista es Fernando, hermano de Juana de Jesús. Es un hombre serio, con mirada desconfiada. “¿A su papá le faltaba algún diente? ¿No había ningún rasgo que recuerde? ¿Alguna característica?”, le pregunta la argentina a Fernando. El campesino lucha con su memoria y no recuerda algún detalle así de tajante. Lo mismo se le pregunta sobre su madre y sus hermanas. Luego, con serenidad, la antropóloga le pregunta por la ropa que sus familiares usaban antes de ser asesinados. Tampoco tiene mucha suerte.

“Yo hice la excavación pacha porque no andaba con qué hacerlo”, empieza a contar Fernando. Él volvió a unos días de la matanza y encontró a sus familiares en aquella forma de corona que Juana recuerda. Dice que también le dio sepultura a unos huesitos pequeños. Además, enterró el pantalón con las piernas de su papá y unas “cabecitas, pero no sabría decir de quién son porque estaban ya peladas”.

Tumba. La familia Realegeño construyó una tumba sobre el lugar en que quedaron los restos físicos de sus familiares. Cuando la tumba se destruyó, se conservaron las cruces.

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EN UN PARPADEO
Juana pasó tres noches escondida. Hasta que, según sus cálculos, al cuarto día, decidió volver a su casa. “Ya no aguantaba andar sin comer, sin tomar agua”, explica. Ya no podía darle pecho a su hijo de siete meses porque ya no tenía leche. “Si yo no me alimentaba, ¿qué iba a comer el niño?”, pregunta.

“La casa la encontré cerrada, como mi mamá la dejó”, dice. Ella sostiene que la Fuerza Armada no había salido de la zona. Por eso decidió comer en su casa, pero durante las noches, volvía a dormir con su hijo entre la vegetación.

Desde que supo que su familia había muerto, su mente empezó a engañarla. Por momentos, deseaba no parpadear. “Recién muertos, yo volteaba a ver para allá y bien miraba a mi papá con mi hermanito, mi niño, mis hermanas, mi mamá. Y cuando parpadeaba, se me perdían. Eso me pasaba en el día. El problema era que yo parpadeara. Los miraba y se me perdían”, cuenta.

En esos momentos, el dolor no amainaba para Juana, y pensó en el suicidio. “Me iba a matar porque me sentía sola. Mi papi había dejado unas pastillas para echarle al maíz, una de esas me iba a echar. Yo quería que terminara el dolor”, narra.

Los hermanos que han podido darle su declaración a Silvana Turner se salvaron porque no estaban en el cantón cuando ocurrió la masacre. Así lo comenta Juana. Gracias a su hermano Fernando y a un cuñado, ella es una de las pocas supervivientes que aseguran saber dónde están los restos de sus familiares:

“Vinieron a vigiar, a buscarlos. Los encontraron. Hicieron lo posible de quererlos enterrar, pero como les echaron ácido, cuando le agarraron el brazo a mi mami y a mi papi, ya las carnitas toditas se caían. Con el ácido, todos los cuerpos se ablandan. Así pasó con ellos, por eso es que no (soportaban) el mal olor. Me dijeron que iban a dejar que los huesitos se secaran porque no se soportaba el zumo de todos ellos. Cuando vinieron a querer enterrarlos, ya estaban solo los huesitos”.

Solo dos años después de esta masacre, en septiembre de 1984, el embajador de Estados Unidos en El Salvador confirmó al periódico The New York Times que el ejército salvadoreño poseía armas incendiarias de napalm. Esa sustancia fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial por científicos de Harvard que trabajaban con el ejército estadounidense. En esos años, The New York Times también publicó que “el comandante de la fuerza aérea de El Salvador dijo que las armas incendiarias de napalm se habían usado contra las fuerzas guerrilleras”.

Tras la masacre, Juana se fue a vivir al refugio Fe y Esperanza, en San Salvador. “Allá me sentí un poco más ventaneada, más ocupada, porque allá había trabajo de hacer limpieza y hacíamos comida para todos, pero cuando iba a almorzar, ahí lloraba”. Antes, cuando Juana cocinaba, los primeros platos que servía eran el de su papá y el de su mamá.

Ella guarda entre sus pertenencias una foto amarillenta. Está con el pelo corto y entre sus brazos chinea a un niño que mira serio a la cámara. Ella hace una mueca similar a una sonrisa. La foto fue tomada en el refugio donde vivió por años hasta que pudo volver a las riberas del río y poner unas flores a su mamá, papá, sus dos hermanas, su cuñada y su hermano de 10 años.

Primeras pruebas. En la tumba se encontraron algunos huesos. El análisis genético determinará, probablemente, la identidad de las víctimas. Foto de Engracia Chavarría

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APARECEN ALGUNAS PRUEBAS
A la 1:38 de la tarde de este lunes de octubre, empieza a descubrirse un pedazo de tela en el terreno. Los forenses de Medicina Legal van sacando la tierra del área por capas ayudados de brochas y cubetas.

Dos minutos más tarde, un forense encuentra un hueso pequeño y se lo muestra a Turner. La antropóloga le explica que cuando encuentra algo en la tierra no lo tiene que levantar, tiene que exponerlo, es decir, apartar con la brocha lo que lo rodea para no modificar la posición de la pieza.

La tierra que se saca de esta área no se tira. Se mete en una cubeta y luego se zarandea. Pronto, Turner les hace una observación a los profesionales salvadoreños: “Están apareciendo huesos en la zarandeada. Esto significa que ustedes se los están pasando”.

“La posibilidad de recuperar ADN de los restos existe; no obstante, debido al mal estado de preservación, se definirá más claramente al momento del análisis de laboratorio”, comenta Silvana Turner.

Turner mete los pequeños huesos dentro de una bolsa de papel. A este punto, las personas de la comunidad ya se han ido por su propia voluntad. Ninguna mujer de la familia se queda para ver si descubren o no los huesos de sus padres y hermanos. Pero una cosa es segura: el hijo de Juana –quien tenía cuatro años cuando la masacre ocurrió– no está aquí.

“Había gente bastante quemada. La mataron y le pusieron fuego. Había bastantes chupones de ceniza, y yo decía que a saber cuál de esos sería mi niño”, explica. Ella vivió en duelo por su hijo durante años, hasta que nueve años después, se reencontró con él. Juana no se explica por qué, pero los victimarios de sus padres no mataron a su hijo. Él creció en San Salvador.

Antes del atardecer, el trabajo del día se termina. Unos médicos forenses sostienen que se puede observar la parte de un cráneo. La indicación de Turner es que no se levante, pues falta apartar más tierra para analizar mejor del hueso. Los médicos forenses del IML comienzan a hacer una zanja porque es posible que llueva durante la noche y necesitan crear un camino para desviar el agua lluvia. Se coloca un plástico blanco sobre el área excavada. Antes de que el sol caiga, la gente empieza su camino de vuelta. Dos policías cuidan la tumba toda la noche.

Recuerdo. A la izquierda, Juana de Jesús sostiene a su hijo en el refugio donde vivió tras la masacre. A la derecha, su hermana Alicia. Ella murió a los 17 años, en la masacre.

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SOLO EL INICIO
Al principio se planteó que la exhumación duraría tres días, pero duró cuatro. El 1.º de noviembre se terminaron de sacar los últimos restos. Algunos testigos de la exhumación cuentan que, junto a los huesos, se encontró una cartera pequeña de mujer, un trapo que parece un pañuelo y una pequeña navaja similar a las que se usan para pelar naranjas. Entre los huesos no hay armas, pistolas o algo que denote que las personas estaban armadas.

Esta exhumación es parte de las primeras investigaciones relacionadas al caso que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián. El caso aún tiene más retos, como individualizar la acusación. Hasta ahora, explica el acusador particular del caso, David Morales, ha sido difícil tener acceso a documentos militares de la época para poder empezar a señalar responsabilidades específicas.

Además, “Silvana Turner no se pudo llevar los restos ni el ADN”, indica Irene Gómez, trabajadora de Cristosal, una organización que labora directamente con los supervivientes de la masacre y brinda apoyo jurídico. Ella sostiene que debido a que la exhumación se extendió un día más, hubo un atraso en el permiso final para sacar las muestras.

Los huesos ahora están siendo resguardados por Medicina Legal. El 6 de noviembre, el juez de Primera Instancia de San Sebastián giró un oficio en el que autorizó la salida de la muestra del país. Pero una gestión con la embajada argentina demoró. “Ahorita lo que ha quedado es que le manden (a Turner), a través de la valija diplomática, las muestras para hacer la respectiva evaluación”, argumenta Gómez.

“La posibilidad de recuperar ADN de los restos existe; no obstante, debido al mal estado de preservación, se definirá más claramente al momento del análisis de laboratorio”, comenta Silvana Turner a través de un correo electrónico. A ella se le pregunta cuánto tiempo demora, usualmente, el análisis de las muestras. “No puedo dar mucha precisión, pero normalmente calculamos alrededor de dos meses mínimo desde el momento en que las muestras llegan a Argentina”, responde.

Mientras tanto, Juana sigue esperando que le devuelvan los restos. Ella planea hacer, por fin, una vigilia, un rezo y un entierro digno. No los va a enterrar en un cementerio, volverán al lugar en el que han permanecido por 36 años, cerca del río Amatitán. Mientras habla de esto, dos de sus nietas pequeñas juegan en el patio. Sonríen, tienen el pelo liso y castaño. Les encanta jugar en la tierra.

Técnica especializada. El personal del Instituto de Medicina Legal apartó con brochas y palas la tierra para descubrir los restos y no dañarlos.

Trece mujeres, trece tumbas

Tumba de Vilma Pérez

Vilma Pérez

Vilma Pérez

A ella la mató su esposo y vigilante privado, José Adán Menjívar. Le disparó en el centro de Apopa, frente a sus dos hijos, mientras iba a denunciarlo en la unidad de la mujer de la Policía por los maltratos físicos y psicológicos a los que la sometía.

Tumba de Vilma Pérez

Carla Ayala

Carla Ayala

Un compañero policía la asesinó el 29 de diciembre de 2017 en la madrugada, después de una fiesta navideña donde hubo alcohol, en la sede del Grupo de Reacción Policial (GRP).

El cadáver de la agente Carla Ayala permaneció desaparecido durante más de nueve meses.  A raíz de este asesinato, el GRP fue desintegrado y más de 80 elementos fueron reubicados. El principal sospechoso del asesinato, Juan Josué Castillo, sigue prófugo de la justicia.

Tumba de Carla Ayala

Julia

Julia

Héctor Danilo Leonor García, subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), es acusado de inducir al suicidio a su esposa, la también agente policial Irma Julia García de Leonor, quien se quitó la vida el pasado 19 de diciembre, hace casi un año. Julia era víctima de violencia física, sexual y psicológica por parte de Héctor, quien la denigró en su calidad de mujer y la indujo al alcoholismo. Este ciclo de violencia, dicen fuentes de la fiscalía, llevó a García, que estaba destacada en la delegación policial de Soyapango, San Salvador, a tomar la decisión de quitarse la vida.

Tumba de Julia

Lorena

Lorena

La agente policial Lorena Beatriz Hernández, de 24 años, fue asesinada en los dormitorios de mujeres de la subdelegación de Mejicanos el 31 de diciembre de 2017. Néstor Alfonso Coto, un agente con quien mantenía una relación sentimental y estaba ebrio esa noche, le quitó la vida tras una discusión y trató de hacer pasar el caso como un suicidio. Los restos de Lorena descansan en el cementerio municipal de Izalco.

Tumba de Lorena

Karla

Karla

Karla Turcios era periodista. Nunca habló acerca de maltrato doméstico. Fue asesinada el pasado 14 de abril. La estrangularon y su cadáver fue encontrado en la carretera a Santa Rosa Guachipilín. Su esposo, Mario Huezo, está en prisión acusado de asesinarla y después deshacerse del cadáver en el carro en el que también viajaba el hijo de ambos.

Karla

Jocelyn

Jocelyn

En julio, Rónald Atilio Urbina, de 33 años, fue captado por diferentes cámaras de videovigilancia del Sistema 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) el viernes 6, en la madrugada, mientras recorría San Salvador y Antiguo Cuscatlán, donde lanzó los restos de su pareja, Jocelyn Milena Abarca Juárez, de 26 años. Unos días antes y en varias ocasiones, Joselyn le había comentado a su mamá que tenía fuertes discusiones con su pareja y que se separaría. El 5 de julio, amigos y familiares intentaron comunicarse con ella, pero solo respondía mensajes vía WhatsApp, los cuales se supone fueron enviados por Rónald Atilio. Ya la había matado.

Jocelyn

Rosa María

Rosa María

Denys Edenilson Suárez, de 35 años de edad, es acusado por el delito de feminicidio en perjuicio de su compañera de vida, Rosa María Bonilla Vega, con quien convivía sentimentalmente desde hace algunos años. El hecho se dio durante una discusión ocurrida en la vivienda de la pareja el pasado 23 de enero. La mató a golpes, mientras el hijo adolescente de ella se encontraba en la misma casa. Bonilla Vega era doctora de profesión y trabajaba como colaboradora técnica y referente de componente materno de la región occidental del Ministerio de Salud (MINSAL), en Santa Ana.

Rosa María

Katherine

Katherine

Katherine Lisbeth Cárcamo, de 27 años, fue encontrada sin vida y con señales de haber recibido una fuerte golpiza el martes 24 de abril al mediodía, dentro de una vivienda ubicada en una colonia del municipio de San Sebastián Salitrillo (Santa Ana). Miembros del Instituto de Medicina Legal (IML) explicaron que la principal causa del deceso fue por asfixia mecánica; además, señalaron que el rostro de la víctima presentaba varias fracturas. En mayo, un juzgado ordenó enviar a prisión a Bryan Alexis Arévalo, de 24 años de edad, acusado del delito de feminicidio en contra de su esposa, Katherine.

Katherine

Lilian

Lilian

Henry Alberto Salazar, de 26 años, fue enviado ayer a prisión preventiva por el feminicidio de su novia embarazada, Lilian Beatriz Méndez Ramírez, y del aborto no consentido de su hijo. Salazar estranguló a Lilian Méndez y luego arrojó el cadáver en la carretera. Una hora después se fue a un bar ubicado en la colonia San Luis, de San Salvador, donde permaneció hasta horas de la madrugada, según lo que ha reconstruido la fiscalía. En esta tumba descansan ella y el bebé que no llegó a nacer.

Lilian

Blanca Iris

Blanca Iris

El 17 de julio, Blanca Iris Rivera, de 32 años, se sentó en su pequeño escritorio de administradora del mercado de Agua Caliente, Chalatenango. Lo ordenó. En ese afán estaba cuando su expareja, Álvaro Rodríguez, entró en la oficina. Sacó su arma. Álvaro le apuntó y le disparó tres veces. Para ese día, Blanca ya había puesto cuatro denuncias por violencia en contra de Álvaro, quien era padrastro de sus dos hijas y padre de su hijo. Él está prófugo.

Blanca Iris

Graciela

Graciela

Graciela Ramírez Chávez, de 22 años, fue hallada asesinada el 13 de febrero a las 6:30 de la mañana en uno de los pasajes de los condominios Zacamil, del municipio de Mejicanos. La policía la encontró con 56 heridas provocadas con un arma cortopunzante. Ella recibió 803 llamadas telefónicas de su prometido, José Héctor Otero Turcios, en un lapso de 40 días, un promedio diario de 21. Otero está acusado de ser el autor directo, mientras que un pariente de él es señalado como cómplice al haberle ayudado a deshacerse del cadáver. La tumba de Graciela está en el cementerio de Mejicanos.

Graciela

Delmy

En el juzgado, José Rodríguez Ángel, de 54 años, se declaró inocente de los cargos: “Esa es cosa del diablo, es cosa que a veces uno no lo piensa; me arrepiento de lo que hice, yo no soy asesino”, dijo en su defensa para intentar justificar lo ocurrido. A Delmy Rosibel Cabrera de Rodríguez, de 49 años de edad, José la mató a machetazos, y después se hirió con la misma arma blanca con intenciones de suicidarse. El feminicidio ocurrió el domingo 16 de septiembre por la tarde, en el caserío Las Peñas, del cantón El Zope, en el municipio de Santo Domingo de Guzmán, departamento de Sonsonate. José, sin vergüenza, intenta convencer a la fiscalía de que darle a una mujer una vida de abusos y acabar matándola es amor.

Delmy

Roxana

Roxana

Roxana Marisela Jiménez tenía 21 años de edad. La asesinó José Balmore Callejas, un jardinero de 54 años. Roxana trabajaba como empleada doméstica en Antiguo Cuscatlán y fue acosada por Callejas al punto de que antes de matarla con un machete, le dejó 80 llamadas perdidas. La madre de Roxana declaró ante el juez que llevó el caso que su hija ya le había comentado lo que Callejas hacía: “El 31 de diciembre le ofreció dinero y ella no aceptó, le dijo que el amor no se compra. Yo la notaba triste. Me pedía que el día que la mataran que yo recogiera a sus hijos”. Callejas cumple una pena de 30 años de prisión. Esta tumba está en el cantón Bellos Horizontes, Comasagua.

Roxana