En el kilómetro 39 de la carrera, en La Libertad, ondea una bandera blanca. Es una que colgó una mujer que, hasta el 21 de marzo, alimentaba a sus tres hijos gracias a la venta de minutas. Como la de ella, hay decenas de familias que, en playas como San Blas, obtenían ingresos del turismo y, ahora, entre la pandemia y la emergencia por lluvias, pasan hambre.
La Enfermedad Renal Crónica tiene una tasa de mortalidad del 54 % en Guatemala. Entre los departamentos en donde más casos se reportan está Escuintla, el departamento en donde también está el 61 % del área de cultivo de la caña de azúcar. En esta, que es la costa del océano Pacífico, se aglomeran muchas comunidades que son vecinas de grandes extensiones de cultivos. Aquí, los agricultores y sus familias viven entre láminas, plásticos, contaminación ambiental, altas temperaturas, sin acceso a agua de calidad y con una enfermedad progresiva. Una de ellas es Sonia, una paciente renal que debe hacerse sus diálisis en un improvisado cuarto que no mide más de un metro cuadrado.
Era pobre, trans y vivía con VIH. Cuando cayó con fiebre y diarrea, buscó atención en el sistema público de salud que, a razón de estar focalizado en reducir el impacto de la pandemia por covid-19, no la admitió. Valeria sufrió exclusión desde que nació, su madre no tuvo cómo tramitarle documentos. Y murió cuando en El Salvador se gobierna sin políticas encaminadas a visibilizar a este sector poblacional.
Rina Bolaños de Zometa es vicedecana de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador. Durante la emergencia por covid-19, Bolaños de Zometa ha ideado un sistema de atención psicológica -por medio de una línea telefónica gratuita- para que los salvadoreños puedan tratar sus emociones frente a la cuarentena domiciliar.
Los pequeños comerciantes no saben cómo volver a la vida laboral después de la cuarentena obligatoria por el covid-19. A casi dos meses de haber suspendido actividades, no han recibido ingresos, pero sí han acumulado deudas. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales estima que, en 2020, El Salvador perderá 216,000 empleos del sector formal e informal, y advierte que la economía del país será la más golpeada de Centroamérica.
En un país donde solo el 21.2 % de los hogares tienen acceso Internet, implementar la estrategia de una educación a distancia por medio de clases virtuales, ante la emergencia por el covid-19, es un reto. Con la urgencia por superar la brecha digital frente a la pandemia, el Ministerio de Educación ha dicho que dotará a 700,000 estudiantes de una computadora. Sin embargo, la entidad ha dispuesto de medida sin contar con un censo actualizado de cuántos niños, niñas y adolescentes necesitan un ordenador. Tampoco se ha realizado un diagnóstico de la situación socioeconómica para que las familias puedan hacer uso de los recursos tecnológicos.
78,198 personas abandonaron el país en 2019. El saldo de flujos migratorios de la Dirección General de Migración y Extranjería apunta que, particularmente, en ese año, la mayoría de viajeros, un 74.8%, optó por la vía aérea para migrar. Una opción que, al menos en ese momento, desplazó a la terrestre.
María Rodríguez Tochetti es asesora regional en sistemas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica. Desde hace un año y medio, Tochetti, trabaja en las cárceles de El Salvador y uno de sus enfoques es mejorar las condiciones y el trato digno de las reclusas a través de la implementación de las Reglas de Bangkok. Una norma creada, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para atender las necesidades de las privadas de libertad e idear sanciones que no impliquen su detención permanente. A 10 años de los principios, la experta considera que el sistema penitenciario es un espacio históricamente abandonado por los países de América Latina y, particularmente, invisibilizado en el tema de las mujeres, de tal manera que, desde su infraestructura, la prisión no es ideada para resguardar a las internas.
Miriam Geraldine Aldana cumple, en mayo, un año de haber sido elegida como Procuradora General de la República, una institución de la cual ya adelantaba en junio de 2019, cuando rindió cuenta por primera vez a los diputados de la Asamblea Legislativa, tenía mora en diferentes áreas y poco personal para atender problemas actuales como el desplazamiento forzado por violencia. En esta entrevista, la funcionaria habla de los retos que le ha implicado trabajar en una instancia con un histórico bajo presupuesto y que necesita actualizarse desde aspectos tecnológico hasta formas de acompañar en un proceso legal.
En El Salvador son 1.8 millones de mujeres las que se mantienen activas dentro del campo laboral. Al menos 30 de cada 100 se han visto afectadas por acciones de violencia laboral, de acuerdo con el Observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC). Quiere decir que en sus espacios de trabajo, las mujeres se enfrentan a la inequidad salarial, amenazas de despidos por permisos, cese de su puesto por maternidad o por edad y discriminación por género. La institución más buscada para gestionar el cumplimiento de los derechos laborales, por hoy, sigue siendo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a pesar de ello, -desde octubre- la unidad que se encargaba de atender este tipo de denuncias desapareció.